A rehabilitar tocan

Mientras se espera que el Gobierno apruebe en unas semanas la polémica Ley de Vivienda, ya aprobó a primeros de octubre dos decretos que abren el camino a rehabilitar 510.000 viviendas en los próximos 3 años, con Fondos europeos. Va a ser la 2ª mayor partida de gasto del Plan de recuperación, tras la reconversión al coche eléctrico. El programa de rehabilitación energética (aislamientos, ventanas, fachadas...) invertirá 6.820 millones hasta 2023 y los primeros 1.631 millones ya se han liberado y transferido a las autonomías, que gestionarán el 80%. Ahora tienen que crear Oficinas municipales de rehabilitación, donde las comunidades de vecinos y los particulares (incluso inquilinos) pueden pedir las ayudas para rehabilitar su edificio o vivienda, subvencionando entre 3.000 y 18.000 euros por vivienda, además de deducciones fiscales en el IRPF (del 20 al 60%) y créditos con aval del ICO. Una oportunidad única para remozar nuestro viejo parque de viviendas  y crear 188.000 empleos. Lea las condiciones y ayudas disponibles, individualmente o con su comunidad de vecinos. A rehabilitar tocan.

Enrique Ortega

La rehabilitación energética de viviendas y edificios es una de las prioridades de la Comisión Europea para las próximas tres décadas, porque los edificios europeos son responsables del 40% del consumo energético y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por eso, su gran objetivo, dentro de la estrategia UE contra el Cambio Climático es que los edificios y viviendas de toda Europa “estén libres de emisiones (0 emisiones netas) en 2050”. Para lograrlo, han incluido la rehabilitación energética de los edificios como una de las prioridades del Plan de recuperación europeo, el programa Next Generation UE, que invertirá 750.000 millones entre 2021 y 2024, de los que 140.000 millones serán para España (70.000 millones como subvenciones a Fondo perdido).

A partir de aquí, España ha establecido la rehabilitación energética de edificios y viviendas como la 2ª prioridad del Plan de Recuperación español, enviado a Bruselas en octubre y autorizado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio. En concreto, se destinarán 6.820 millones de euros entre 2021 y 2023 al “Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”, la 2ª mayor partida de gasto del Plan de Recuperación, tras la dedicada “a la movilidad sostenible” (13.203 millones de inversión). Su objetivo es muy ambicioso: rehabilitar energéticamente 510.000 viviendas en los próximos 3 años y 1,2 millones hasta 2030. Y con esta demanda potencial, poner en marcha “una verdadera industria” de rehabilitación de viviendas, apoyada por un esfuerzo inversor privado, con otro objetivo aún más ambicioso: rehabilitar una media de 300.000 viviendas anuales a partir del año 2030, lo que permitiría rehabilitar 7,2 millones de edificios y viviendas para el año objetivo 2050.

Para España, este objetivo rehabilitador suena “desmesurado”, si se tiene en cuenta que en 2019 se rehabilitaron sólo 31.110 viviendas, el 0,12% del parque residencial, con lo que somos el país europeo que menos viviendas rehabilita: Francia rehabilita anualmente el 2,01% de sus viviendas, Alemania el 1,49%, Italia el 0,77% y la media de la UE-27 está en una rehabilitación del 1,5% de sus edificios. Sin embargo, tenemos un parque de viviendas bastante deteriorado, que pide una rehabilitación urgente, tanto para mejorar su habitabilidad (1 millón de viviendas están en estado deficiente, malo o ruinoso) como para reducir su alto consumo energético (las viviendas particulares consumen en España el 11,7% de toda la energía, según el IDAE). De hecho, tenemos un parque de 25,7 millones de viviendas, de las que 19 millones son viviendas principales. Y más de la mitad (9,7 millones) se construyeron antes de 1980, cuando se aprobaron las primeras normas energéticas de edificación, por lo que esas 9,7 millones son las viviendas candidatas a rehabilitarse.

El programa de rehabilitación energética 2021-2023 aprobado por el Gobierno (y ratificado por la Comisión Europea) contempla 4 grandes Planes donde se invertirán esos 6.820 millones de Fondos europeos previstos. El primero y fundamental (3.420 millones) se refiere a la rehabilitación de viviendas y edificios particulares y tiene tres frentes de actuación: subvenciones directas para la rehabilitación de edificios enteros y viviendas individuales (1.994 millones) y de barrios enteros (976 millones), además de deducciones fiscales en el IRPF a los particulares que rehabiliten. El 2º Plan del programa de rehabilitación (1.000 millones) busca la regeneración de viviendas en pueblos de menos de 5.000 habitantes (hay 6.815 localidades donde el 30% de las viviendas fueron construidas antes de 1960 y el 10% están en estado deficiente o ruinoso), para frenar la huída de población de la España vaciada. El tercer Plan contempla la rehabilitación de edificios públicos  de la Administración central, autonómica y municipal, desde centros educativos y sanitarios a deportivos, culturales o asistenciales, con 1.080 millones de inversión. Y el cuarto Plan  incluido en el programa (1.000 millones de inversión restante) contempla construir 20.000 viviendas de promoción pública para alquiler, energéticamente eficientes, entre 2022 y 2023.

El Plan de Recuperación de España donde se incluyen estos 4 programas de rehabilitación fue aprobado por la Comisión Europea el pasado 13 de julio. Y ese mismo día, el Consejo de Ministros liberó la primera partida de dinero público para rehabilitación: 1.631 millones (de los 2.036 millones previstos gastar en 2021): 1.151 millones para la rehabilitación de viviendas y barrios y otros 480 millones para rehabilitar edificios públicos. Y como había prisa, unos días después, el 21 de julio, Gobierno y autonomías pactaban el reparto de este primer gasto en rehabilitación por autonomías, que son las que gestionarán el Plan y abrirán con los Ayuntamientos la ventanilla de solicitudes de ayudas. El reparto (ver cuadro) se ha hecho teniendo en cuenta el número de hogares de cada autonomía, con lo que 4 regiones van a recibir más de 100 millones de ayudas para rehabilitar: Andalucía (199,9 para particulares y 85,6 para edificios públicos), Cataluña (186+78,7), Madrid (161,2+68,5) y Comunidad Valenciana (124,6+51,15). Para futuras entregas, hasta 2023, el Gobierno está pensando en primar la buena gestión de las ayudas, con lo que podrían recibir más dinero las autonomías que mejor gestionen los programas de rehabilitación.

Con este primer dinero ya repartido para la rehabilitación energética, las autonomías trabajan ahora en poner en marcha en sus territorios toda la operativa para que particulares y comunidades de propietarios soliciten las ayudas para rehabilitar viviendas y edificios. El programa incluye la creación de Oficinas específicas, “ventanillas únicas” en autonomías y Ayuntamientos para facilitar los trámites a los vecinos interesados. Además, el Gobierno está promoviendo la creación de empresas para facilitar la rehabilitación “llave en mano” (que elaboren el proyecto técnico, busquen las ayudas y la financiación y se encarguen de ejecutarlo), algo que parece interesar ya a empresas constructoras, energéticas y bancos. Además, el ejecutivo ha pedido a la banca que colabore ofreciendo “créditos para rehabilitación”.

Mientras las autonomías saben ya el primer dinero con el que van a contar y preparan su intendencia, el Gobierno acaba de aprobar el marco normativo de las ayudas a la rehabilitación, un Real decreto (853/2021) y un Real decreto Ley (19/2021) aprobados el pasado 5 de octubre. El primero establece los tres tipos de subvenciones directas (a fondo perdido) que se van a conceder para rehabilitar energéticamente viviendas (aislamientos, ventanas, fachadas...). Y no sólo a los propietarios de su vivienda habitual, también a los que viven en alquiler: el Gobierno contempla que los inquilinos puedan recibir ayudas para la rehabilitación de la vivienda donde viven si acuerdan con su casero costear a su cargo la obra de rehabilitación a cambio del pago de la renta. Lean con atención el abanico de ayudas.

Las mayores subvenciones se dan para rehabilitar energéticamente barrios enteros. Se fija una exigencia mínima de que la rehabilitación ahorre un 30% de energía y a partir de ahí la subvención varía según el ahorro, con un máximo de 21.400 euros por vivienda para la rehabilitación que ahorre el 80% de energía (y hasta el 100% del gasto hecho si el propietario es una familia vulnerable). El 2º mayor nivel de ayudas se da para rehabilitar energéticamente edificios enteros y viviendas unifamiliares. Aquí también se exige un ahorro energético mínimo del 30% y la ayuda varía según el alcance de la rehabilitación, con un máximo de 18.800 euros por vivienda para la rehabilitación que ahorre un 80%. Y el tercer nivel de ayudas es para rehabilitar viviendas aisladas, que solicite un particular para su domicilio “habitual y permanente”: se le subvenciona el 40% de la rehabilitación (que ha de cumplir una exigencias de ahorro energético o sustitución de elementos constructivos) con un límite de 3.000 euros por vivienda (el gasto mínimo ha de ser 1.000 euros por vivienda).

Además de estas subvenciones (ayudas a fondo perdido), se han aprobado nuevas deducciones en el IRPF a los particulares que hagan obras de rehabilitación para la mejora energética de su vivienda o edificio. Se establecen 3 deducciones fiscales. Una del 20% del importe de la rehabilitación (con un tope de 5.000 euros por vivienda) a los que reduzcan el consumo de calefacción un 7%. Otra del 40% (con un tope de gasto de 7.500 euros por vivienda) para los que reduzcan un 30% su consumo o alcancen la calificación energética A o B para su vivienda habitual. Y una deducción máxima del 60% (con un gasto máximo de 15.000 euros por vivienda) para los particulares que vivan en edificios residenciales donde se reduzca un 30% su consumo energético, alcancen la calificación energética A o B y hayan hecho actuaciones de mejora que afecten al conjunto del edificio.

Además, el Gobierno ha aprobado una línea de avales del ICO por importe de 1.000 millones de euros para que las comunidades de propietarios puedan financiar con créditos la rehabilitación de edificios enteros. Y para facilitarlo, el Real Decreto Ley incluye una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, con objeto de que una comunidad de propietarios pueda aprobar por mayoría simple la solicitud de un crédito para rehabilitar el edificio (una decisión que hasta ahora exigía la unanimidad). Así que ahora, el crédito para rehabilitar el edificio lo podrá pedir la comunidad  (no cada propietario), con el aval del ICO, y su pago se incluirá dentro de los gastos generales del inmueble.

La mayor cuantía de las subvenciones y de las deducciones fiscales hace que lo más interesante para rehabilitar una vivienda es que esté incluida en un Plan para rehabilitar el barrio completo y si no, que la comunidad de vecinos contemple rehabilitar todo el edificio, un camino más rentable que rehabilitar uno sólo su casa (salvo que viva en una vivienda unifamiliar). Además, las comunidades de propietarios tienen ahora dos ayudas más. Una, de hasta 3.500 euros de subvención, para elaborar un Libro del edificio (una especie de auditoría energética) donde se refleja su situación actual y sus carencias. Y la otra ayuda, hasta 30.000 euros, para pagar un Proyecto de rehabilitación que elabore una empresa especializada y que será la base para solicitar las ayudas públicas y hacer las obras de rehabilitación energética.

En líneas generales, el programa de rehabilitación “suena” bastante bien y debería llevar a muchas comunidades de vecinos a estudiarlo y decidirse a rehabilitar energéticamente su edificio, aprovechando los Fondos europeos, que se van a traducir en subvenciones (hasta 18.000 euros por vivienda si se rehabilita un edificio) y deducciones fiscales en el IRPF (hasta el 60% del gasto de un propietario si se ha rehabilitado su edificio), más créditos para pagar las obras avalados por el ICO ( por lo que los bancos deberían concederlos). Los problemas pueden encontrarse, como siempre, en el papeleo y la burocracia (autonomías y Ayuntamientos) y en que el exceso de demanda colapse la rehabilitación, porque hacen falta empresas y trabajadores suficientes para atender esta ola de rehabilitación. Además, hace falta agilidad en la puesta en marcha del programa, porque la entrega de Fondos europeos en 2022, 2023 y 2024 está ligada a que se gasten los fondos entregados. Y que se gasten bien: si hay “picaresca” y corruptelas, Bruselas nos exigirá el dinero mal gastado.

Estamos ante “una oportunidad histórica” para remozar parte de nuestro parque de edificios y viviendas, consiguiendo unas casas más confortables y energéticamente eficientes con muchas ayudas públicas y poco gasto de las familias. Un Plan de rehabilitación energética que “mata 3 pájaros de un tiro”: consigue mejores viviendas, reduce el consumo español de energía (-40% de energías fósiles) y nuestras emisiones de CO2 (-650.000 Tm. anuales) y crea empleo adicional (188.000 nuevos empleos) y más crecimiento (aporta +13.500 millones al PIB español en tres años). Por todo ello es clave que el Plan de rehabilitación salga bien, lo que exige colaboración institucional (que no haya peleas “políticas” entre el Gobierno, las autonomías y Ayuntamientos: rehabilitar debe ser una prioridad de todos) y un decidido apoyo de empresas y autónomos de la construcción, bancos, administradores de fincas y comunidades de propietarios, así como un esfuerzo informativo para que el Plan y sus ayudas sean conocidos por todos los propietarios. A rehabilitar tocan.

Los "misterios" de los Presupuestos 2022

Este miércoles se presentan los Presupuestos 2022, aprobados el jueves. El Gobierno  los vende como “el mayor gasto de la historia” (verdad), para consolidar la recuperación y beneficiar a pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias desfavorecidas. Pero no aclara los “misterios” del Presupuesto. ¿Cómo pueden aumentar el gasto sin subir los impuestos? ¿Cómo pueden gastar más y reducir el déficit público a la mitad? El Gobierno no hace “milagros”: cuadra las cuentas públicas gracias no al dinero europeo (aporta “sólo” el 14% del gasto total) sino a la mayor recaudación fiscal, porque espera ingresar un 20% más (sobre 2020) gracias al fuerte crecimiento económico (+7% PIB). Y no dice que el 85% de esta recaudación la pagaremos los ciudadanos normales, en la Renta, al comprar (IVA) o echar carburante, pagando sólo un 15% las empresas y los más ricos. Y pueden gastar más y bajar el déficit porque ahorran 26.000 millones en intereses de la deuda, paro y ERTEs. Lea para entender las claves de estos "misteriosos" Presupuestos para 2022.

Enrique Ortega

 

Los Presupuestos de un país, España, se hacen al revés que los de una familia: no se mira lo que uno ingresa o gana para ver lo que uno puede gastar sino que se empiezan las cuentas fijando el techo de gasto que se puede hacer (el gasto no financiero a controlar, que es el gasto total menos el gasto financiero (deuda), el pago del desempleo, los gastos financiados por la UE y las transferencias a autonomías y Ayuntamientos, según la AIReF). Es una imposición de la Unión Europea, que forzó a España (y al resto de paises del sur) a aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2011, endurecida por el PP en 2012, para controlar el gasto y con ello el déficit público. Para 2022, sin estar en vigor el tope del déficit (lo ha levantado Bruselas hasta 2023, por la pandemia), el Gobierno ha presentado unos Presupuestos con un tope de gasto no financiero de 196.142 millones de euros, un gasto “histórico”, aunque sólo 45 millones más de gasto no financiero que en 2021 (196.097 millones), también “histórico”.

Una vez fijado el tope de gasto no financiero, queda resolver el problema principal: cómo conseguir los ingresos para pagarlo. Y sobre todo, cuando se quiere gastar mucho más de lo habitual, porque el techo de gasto para 2022 (recordemos: 196.142 millones) es mucho mayor que el gasto en 2020 (+68.542 millones, un 53% más) y casi el doble que en 2018 (119.834 millones), cuando los últimos Presupuestos de Montoro. Y aquí llega el primer misterio de estos Presupuestos: ¿Cómo se puede gastar un 53% más sin subir los impuestos? Porque el Gobierno dice que no va a tocar los impuestos en 2022, salvo un mínimo retoque a las grandes empresas (sube el tipo mínimo efectivo en Sociedades al 15%), para contentar a Podemos, una concesión “populista” de cara a la galería que es muy poco efectiva: sólo se aplica sobre la base imponible  (que es la cuarta parte de los beneficios, tras los ajustes fiscales) , con  lo que afectará sólo a 1.070 grandes empresas (el 12% de las grandes), que pagarán 400 millones más en 2022 (+373.000 euros de impuestos cada una…).

Así que si no suben impuestos a las grandes empresas (ni a los más ricos), ¿Cómo consiguen gastar 68.542 millones más de lo habitual en 2022? Algunos creen que es por porque va a llegar mucho dinero de Europa. Eso ayuda, pero poco: se esperan recibir 27.633 millones de euros de Fondos europeos, una cantidad vital pero que sólo supone un 14% del tope de gasto no financiero. Así que tiene que haber otra vía para “cuadrar los ingresos”. Y esa vía es la recaudación fiscal, que dará un salto en 2022, gracias al fuerte crecimiento de la economía que el Gobierno espera (+7% subida del PIB el año próximo). Y con ello, la recaudación de impuestos, sin subirlos, va a aumentar 38.301 millones en 2022 (+19,73%) sobre lo recaudado en 2020. Así que ya tenemos solución al “misterio”: se va a hacer un gasto histórico porque se espera una recaudación de impuestos histórica, no sólo por los Fondos UE.

Y ¿Quién paga esta recaudación récord? Se lo pueden imaginar… Pero los Presupuestos 2022 lo reflejan claramente: el 85% de lo que se espera recaudar procede de los ciudadanos normales, los que pagan impuestos con la Renta, al comprar (IVA) o al echar carburante o comprar alcohol y tabaco (impuestos especiales). De los 232.352 millones que espera recaudar Hacienda en 2022, 100.132 millones los ingresará con el IRPF (que en un 85% pagan los asalariados y pensionistas), 75.651 millones por el IVA (consumo, la mayoría de las familias), otros 21.843 millones de impuestos especiales (carburantes, luz, alcohol, tabaco) y el resto (10.224) son otros ingresos. Y las empresas sólo aportarán 24.477 millones en el impuesto de sociedades (la cuarta parte que IRPF), la mitad de lo que pagaban en 2007 (44.823 millones), gracias al múltiple abanico de exenciones y desgravaciones fiscales que permitió a las empresas pagar un 8,3% sobre sus beneficios en 2020, menos que las pymes y los particulares. Y mientras, los ingresos por IRPF , que pagamos el resto, crecieron de 81.879 millones (2007) a 100.132 (2022).

Aclarado cómo y quién paga el gasto histórico del Presupuesto, queda desvelar otro “misterio”: ¿Cómo se puede gastar más en 2022 y a la vez rebajar a la mitad el déficit público? (del -11% del PIB en 2021 al -5% prometido a Bruselas en 2022). Aquí tampoco hay “milagros” para cuadrar las cuentas. Por un lado, se rebaja el déficit porque se recauda más aunque se gaste más. Y por otro, hay “un truco”: se ahorran el año que viene 26.000 millones de gasto que no se va a hacer y que puede ir a otras partidas, sobre todo a pagar las pensiones y mejorar el gasto social. Las 3 partidas de ahorro son los intereses de la deuda pública (-1.490 millones en 2022, porque baja la deuda, del 120% del PIB en 2020 al 115,1 por 100, y además pagamos intereses más bajos, gracias a las compras del BCE), el gasto en desempleo (-2.555 millones, porque se espera bajar el paro del 15,2 al 14,1%) y sobre todo el gasto en ERTEs (-22.000 millones si dejan de necesitarse en abril).

Así que, entre el aumento esperado de recaudación fiscal (+17.357 millones), los Fondos europeos (27.633 millones) y los ahorros en tres partidas (-26.000 millones), son casi 71.000 millones más, para gastar (solo +45 millones, una mínima parte) y sobre todo para rebajar drásticamente el déficit (71.000 millones) y dar una señal a Bruselas de que “somos serios y cumplidores”, que no nos tendrán que aplicar la disciplina fiscal (“recortes”) en el futuro (2023), porque prometemos bajar el déficit, al 5% del PIB ahora (2022), al 4% en 2023 y al 3,4% en 2024. Así se entiende otro “misterio” de estos Presupuestos: suponen un gasto histórico (aunque similar al de 2021), pero podría haberse optado por gastar más. Y no se ha hecho para mandar un mensaje (Calviño) de estabilidad presupuestaria a Bruselas y evitar futuros “recortes” y “problemas con los mercados”.

Visto el marco general de los Presupuestos 2022, veamos las decisiones políticas de gasto, que alcanza el año que viene un total de 458.956 millones de euros, sumando al techo de gasto no financiero (los 196.242 millones "controlados"), los gastos financieros (intereses deuda), el desempleo, el gasto financiado por la UE y las transferencias que se hacen a autonomías y Ayuntamientos. Casi medio billón de gastos públicos para 2022 que pretenden afianzar la recuperación y el crecimiento, por dos vías: aumento de las inversiones públicas y fomento del consumo, con múltiples transferencias a pensionistas, funcionarios, jóvenes y familias, a lo que el Gobierno llama “la clase media y trabajadora”. 

El motor clave de la recuperación van a ser las inversiones públicas, que saltan a 40.238 millones de euros, otro “máximo histórico” gracias a los Fondos europeos: eran 39.340 millones en 2021 (por la pandemia), pero rondaban los 15.000 millones entre 2015 y 2020 y fueron sólo 12.801 millones de inversión pública en 2012 (primer Presupuesto de Rajoy). La mayoría de estas inversiones van a la industria y la movilidad (19,8%), la tecnología (19,6%), las infraestructuras (9%), el comercio, turismo y pymes (7,1%), la educación (5,8%), más todas las inversiones horizontales para digitalizar la economía y luchar contra el Cambio Climático.

Todas estas inversiones públicas buscan ser una locomotora de inversiones privadas, para modernizar la economía y aprovechar el gasto y los Fondos europeos para conseguir una economía para competitiva, entre 2021 y 2023. El otro gran frente del gasto son los gastos sociales, también “históricos”, porque suponen ya 248.391 millones, el 59% del gasto presupuestario. Tienen un doble objetivo: atender necesidades sociales e inyectar dinero a la economía para que las familias gasten y consuman más, para que la economía crezca más.

El principal gasto social de los Presupuestos 2022 son las pensiones, que se llevarán 171.165 millones (+4,8%), casi un 40% de todo el gasto. El año que viene entra en vigor la reforma de las pensiones (aprobada con el voto en contra de PP y Vox), que contempla subirlas cada año lo que suba el IPC del año anterior: para 2022, la inflación media (de noviembre 2020 a noviembre 2021) se espera suba un +2,3%, que será lo que se revalorizarán las pensiones el año que viene (+3% las mínimas). La 2ª mayor partida de gasto irá a pagar los intereses de la deuda pública (30.223 millones, -4.7%) y la 3º el pago del desempleo (22.457 millones,-10,2%), seguido del pago a los 2,8 millones de funcionarios (19.229 millones de gasto en 2022,+3,8%), que tendrán una subida del +2%, aumentando además las plantillas (el 110% de las jubilaciones), tras unas ofertas de empleo público muy importantes en los últimos años (+109.718 empleos públicos entre 2018 y 2021), para paliar los recortes hechos a partir de 2012 por los gobiernos de Rajoy. Y el 5º gasto prioritario será Ciencia (I+D+i) y digitalización: 13.298 millones, más del doble (+88,5%) que en 2020.

A partir de ahí, otras partidas de gasto del Presupuesto 2022 son menores, aunque algunas crecen mucho más que la media (+3,6%) para 2022: Seguridad Ciudadana y Prisiones (10.149 millones, +4,3%), Defensa (9.791 millones,+7,9%), Fomento del empleo (7.648, +10,1%), Servicios sociales (6.154 millones, +20,3%, con un salto del +23% en las ayudas a la Dependencia, un aumento del +43%  en el bono social térmico y 40 millones más contra la pobreza infantil), Sanidad y vacunas (6.606 millones, +10,2%), Educación (5.023 millones, +10,6%), Acceso a la vivienda (3.295 millones, +33,9%), Política Exterior y Cooperación (2.254 millones, +25,6%) y Cultura (1.589 millones, +30,2%), según los documentos presentados.

Otra novedad importante de los Presupuestos 2022 es que se aumentan mucho las transferencias a autonomías y ayuntamientos, responsables de muchos gastos básicos. Así, mientras conocemos el desglose de 2022, se anuncia que las autonomías va a recibir r en los 4 años de Gobierno Sánchez (2019-2022) un total de 490.161 millones de los Presupuestos, 130.000 millones más de los que recibieron en los últimos 4 años de Rajoy (360.950 millones en 2014-2017). Y los Ayuntamientos recibirán 23.350 millones del Estado en 2022 (+17%). Además, el 39% de los Fondos Europeos esperados (27.633 millones) irán a las autonomías (8.712 millones) y Ayuntamientos (2.050 millones), según Hacienda.

Una novedad de los Presupuestos 2020 son los gastos destinados a los jóvenes: 12.550 millones de euros, más del doble que en 2021 (+84,8%), partidas incluidas en 13 Ministerios. Destacan el gasto en digitalización (3.139 millones), becas (2.199 millones para 808.517 beneficiarios), fomento del empleo (2.144), Formación Profesional (2.075), Ciencia e innovación (1.684) y dos nuevos cheques para jóvenes: un cheque cultural (210 millones para gastar en cultura, del que se beneficiarán 475.000 jóvenes) y un cheque vivienda (250 millones para pagar 250 euros al mes a jóvenes con trabajo que ganen menos de 23.725 euros, lo que beneficiará a unos 40.000 jóvenes).

Ya sabemos cómo quieren gastarse en 2022 el dinero público que sale mayoritariamente de nuestros bolsillos. Suena bien, pero para que el Presupuesto 2022 salga hace falta que España crezca mucho, tanto el año que viene (un +7% el PIB) como este año 2021: hace falta que la recuperación se consolide en el tercer y 4º trimestre, ya que el Gobierno apuesta por crecer un +6,5% en 2021 y, de momento, sólo hemos crecido un 0% en el primer trimestre y un +1,1% en el 2º trimestre, según el INE. Si la economía no se recupera con más fuerza este otoño –invierno, será difícil crecer un +7% en 2022. De hecho, la OCDE apuesta porque crezcamos en 2022 un +6,3%, lo mismo que prevé la Comisión Europea . El problema de crecer menos es que Hacienda recaudará menos y sólo tendrá dos caminos: o gastar menos de lo presupuestado o tener más déficit, algo que sería mal visto en Bruselas.

Las cuentas públicas son una estrategia que apuesta a una carta: crecer mucho más este año y el que viene (más que Europa, que espera crecer el 4,5% en 2022), para poder recaudar lo suficiente como para gastar lo previsto y así conseguir crecer y modernizar de paso la economía española. Por eso nos jugamos mucho con estos Presupuestos. Primero, crear más empleo: la previsión es crear 531.000 nuevos empleos en 2022 y superar los 20 millones de españoles trabajando (y consumiendo y pagando impuestos y pensiones). Y segundo, modernizar la economía española, invirtiendo en industria, digitalización, medio ambiente y servicios públicos, aprovechando los Fondos europeos y la mayor recaudación, para ser más eficientes y competitivos en el futuro, con objeto de ser menos vulnerables en la próxima crisis. Todo ello, crecer y modernizarse, exige gastar bien y cumplir con agilidad y eficacia el Plan de recuperación. Un reto que exige colaboración social (empresas, sindicatos y ciudadanos) y política (Estado, autonomías, Ayuntamientos). Hay que cambiar el país en esta década.

Si los Presupuestos 2022 están “en el alero”, pendientes de que España crezca lo esperado por el Gobierno (y que casi nadie comparte), están aún más en el aire porque ahora tienen que ser aprobados en el Congreso, donde el PSOE y Podemos sólo tienen 155 votos y necesitan 21 votos más para ganar la enmienda a la totalidad que seguro presentarán PP, Vox y Ciudadanos (149 votos). Eso les exige pactar los Presupuestos al menos con ERC (13 escaños) y PNV (8), además de intentar el apoyo de otros pequeños grupos, como consiguieron con los Presupuestos 2021 (apoyados por 188 votos de 11 partidos). Ahora, el Gobierno lo tiene más difícil (quizás no cuente con PDeCAT), la negociación será dura y compleja, con todos los partidos buscando contrapartidas. Y todos sabiendo que, si tensan demasiado la cuerda y no se aprueban estos Presupuestos, caería el Gobierno y habría elecciones. Un riesgo que pondría en peligro la recuperación.

Más jóvenes "ni-nis" (sin salida)

Todo el mundo sabe, por sus hijos y nietos, que los jóvenes no lo tienen fácil, tras sufrir dos crisis en una década. Pero el último dato de la OCDE es escalofriante: 1 de cada 5 jóvenes españoles de 18 a 24 años ni estudia ni trabaja. Son 666.252 “ni-nis”. Y si miramos a los de 15 a 29 años, salen 1.510.511 jóvenes “ni-nis”. Son más que antes de la pandemia y el peor dato en Europa tras Italia. El problema no es tanto que el 46% de estos “ni-nis” no estudien (menos que en Europa) sino que la mayoría (54%) no trabajan. Y no porque no busquen  trabajo (lo buscan) sino porque no lo encuentran. Tardan más que en Europa en trabajar y cuando lo hacen, dos tercios sólo consiguen contratos temporales y mal pagados. La solución es formarles mejor y ayudarles a conseguir su primer empleo, lo que pretende el nuevo Plan de Garantía Juvenil 2021-2027.  Pero es insuficiente: urge un Plan de choque. Hay que dar una salida a los jóvenes.

Enrique Ortega

La pandemia ha afectado negativamente a la economía de casi todos, pero especialmente a los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y sobre todo, ha agravado la situación de los jóvenes de 26 a 36 años, “la generación de las 2 crisis” (la de 2008-2013 y la de 2020-21). Pero hay un grupo de jóvenes que preocupa especialmente, los llamados “ni-nis”, que ni estudian ni trabajan. Eran ya un número importante en 2010(el 20% de “ni-nis” entre 16 a 29 años), porque muchos jóvenes habían dejado sus estudios para trabajar en la construcción o en la hostelería, pero luego, con la anterior crisis, el porcentaje creció hasta un máximo del 22,5% de “ni-nis” en 2013. Y a partir de ahí, con la mejora de la economía, bajaron hasta un mínimo  del 14,9% de ni-nis en 2019. Pero con la pandemia, volvieron a crecer los jóvenes (16-29 años) que ni estudian ni trabajan: el 17,3% en 2020, según la EPA.

De hecho, España es el país europeo donde más han crecido los “ni-nis” en 2020, según el informe de la OCDE publicado en septiembre, “Education at a Glance 2021”: aumentaron un +14,4% frente a un +10,7% en Europa (UE-22) y +16,1% en la OCDE (37 paises). Y además, España es el 2º país de Europa con más “ni-nis” (tras Italia) y el 4º del mundo (tras Brasil, México e Italia). Con datos de 2020, España tenía un 19,9% de ni-nis entre los jóvenes de 18 a 24 años (son 666.252 jóvenes), frente al 13,3% Europa (UE-22) y el 15,1% la OCDE, destacando los porcentajes altos de Brasil (35,9%), México (23,4%) e Italia (35,9%) y los muy bajos de Holanda (7,6%), Alemania (8,1%), Noruega (8,8%) y Suecia (9,4%). Y si ampliamos la franja de edad, entre los 15 y los 29 años, España sigue como el tercer país del mundo con más ni-nis (tras Italia y México), con un 20,7% (1.510.511 jóvenes que ni estudian ni trabajan), por  delante la UE-22 (13,6% de “n-nis”) y de la OCDE (13,6%), según el informe.

Los “ni-nis” incluyen a los jóvenes que ni estudian ni trabajan (porque no buscan trabajo o porque lo buscan y no lo encuentran). ¿Qué porcentaje supone cada uno de los dos problemas? El informe de la OCDE lo deja claro y evidencia que en España, el problema de los ni-nis es más “laboral” que “educativo”. Así, centrándonos en los jóvenes de 18 a 24 años que son ni-nis (el 19,9% en España), menos de la mitad (un 46%, el 9,2% de los jóvenes de esa edad) son inactivos, no buscan trabajo (básicamente porque cuidan hijos o familiares, están enfermos o trabajan en la economía sumergida), mientras el 10,7% (el 56% de los ni-nis) no trabajan porque no pueden, porque no encuentran empleo aunque lo buscan. Sin embargo, en Europa (UE-22) y la OCDE la situación es diferente: el 60% de los ni-nis son inactivos, no buscan empleo, la mayoría mujeres que cuidan hijos o familiares o que ni pretenden trabajar. Concretamente, en todos los paises de la OCDE, salvo España, Portugal y Francia, hay más jóvenes “ni-nis” inactivos que parados buscando empleo.

Otra forma de ver que el problema de los “ni-nis” es más laboral que educativo es mirar lo que hacen los jóvenes de 18 a 24 años, según los datos que aporta la OCDE. En España, el 58,9% de esos jóvenes (3.348.002 en 2020) están estudiando, un porcentaje muy similar al de los jóvenes europeos (58,5% están educándose) y algo más que en la OCDE (53,2% jóvenes estudian). Sin embargo, al mirar cuántos jóvenes (18 a 24 años) trabajan, en España son sólo el 21,3%, frente al 28,1% en la UE-22 y el 31,8% en la OCDE. Y hay paises donde los jóvenes trabajan aún más, como Reino Unido (43%), Noruega (40%), Suecia (33,4%), Portugal (31,5%), Irlanda (30,3%) o Alemania (28,7%). En definitiva, en España hay un porcentaje similar de jóvenes estudiando pero mucho menos trabajando, la razón básica por la que tenemos más ni-nis. Aunque también tenemos más “abandono escolar” (jóvenes que no completaron la 2ª etapa de Secundaria, que no acabaron Bachillerato o FP): son el 16% de los jóvenes españoles (18 a 24 años), frente al 10,2% de media en Europa.

En consecuencia, reducir el porcentaje de “ni-nis” en España pasa por actuar en dos frentes: reducir el abandono escolar temprano (evitar que los jóvenes abandonen los estudios antes de terminar Secundaria), lo que exige reducir el número de repetidores y reforzar a los alumnos con problemas, y, sobre todo, conseguir que haya más jóvenes trabajando, el problema más grave. Porque actualmente, los jóvenes españoles tienen una tasa de empleo muy inferior a la del resto de Europa y la OCDE, según el informe “Education at a Glance”. Y eso pasa en todos los jóvenes, tengan más o menos formación. Entre los jóvenes universitarios (18 a 24 años), en España trabajan el 75% frente al 83% con empleo en la UE-22 o la OCDE (y el 88% en Alemania). Entre los jóvenes con Bachillerato hecho o FP, trabajan el 65% en España y el 76% en la UE o la OCDE. Y entre los jóvenes con la ESO o menos, trabajan sólo el 58% en España, similar a la OCDE y más que en la UE (56%).

Los jóvenes trabajan menos en España por el modelo económico español (que ofrece menos empleo a todos: el 69% de los españoles de cualquier edad trabajan frente al 77% en la UE y el 82% en Alemania) y, sobre todo, porque tienen más dificultades para acceder a un empleo, según el informe de la OCDE. Así, un 28% de los  licenciados en España (los jóvenes con más empleo) siguen en paro a los 4-5 años de terminar sus estudios, mientras en la UE y en la OCDE sólo están en paro un 12% tras esos años. De hecho, la tasa de empleo de los jóvenes en España (16-24 años) es el 38,4%, casi la mitad que la del conjunto de españoles (63,5% de las personas de 16 a 64 años trabajaban en junio 2021, según la EPA).

Y además de tener muchas dificultades para conseguir su primer empleo, los jóvenes en España consiguen trabajos muy precarios y mal pagados. Lo más escandaloso es el altísimo porcentaje de contratos temporales que tienen: un 67,9% de los jóvenes que trabajan (16 a 24 años) tienen contratos temporales, frente al 25,1% en el conjunto de trabajadores, según datos de Trabajo. Y lo peor es que el 67,2% son “temporales involuntarios”, los cogen porque no tienen otra cosa (en la eurozona, son el 26,3%). Y los jóvenes duplican los contratos a tiempo parcial, por horas o días: un 41,28 de sus contratos, frente al 24,4% en el conjunto de los trabajadores. Y aquí también, el 43,5 % tienen estos contratos de forma “involuntaria”, sin escogerlos, frente al 21,4% entre los jóvenes europeos.

Y luego están los sueldos, que en muchos casos no llegan ni a “mileuristas”. Si el sueldo medio anual (bruto) es en España de 24.395 euros (2019), según el INE, los jóvenes menores de 20 años ganan dos tercios menos (9.101 euros brutos anuales), los de 20 a 24 años la mitad (12.640 euros) y los de 25 a 29 años, más de una cuarta parte menos (17.772 euros brutos anuales). Además, los jóvenes que han empezado a trabajar en la última década ganan menos que antes de la crisis: en 2018, el sueldo medio de los menores de 30 años era 12.954 euros anuales, un 5,66% menos de lo que ganaban en 2010 (13.732), según denuncia UGT con datos del INE. Y los que entraron a trabajar en 2013 cobraban un -7,2% menos que los jóvenes que empezaron a trabajar en 2007. Y ahora, tras la pandemia, los sueldos de los jóvenes se verán lastrados a la baja durante 15 años, según Fedea.

Un panorama poco halagüeño para los jóvenes que sí trabajan, aunque es peor para los jóvenes en paro, que son todavía un 33% de los menores de 25 años (451.000 jóvenes a finales de agosto), más del doble que la media europea (16,2% de paro juvenil) y el peor dato de toda Europa, alejado incluso de Grecia (30,8% de paro juvenil), Italia (27,3%) o Portugal (22,6%) y muy lejos del paro juvenil de Alemania (7,5%) o Francia (19,9%), según Eurostat. Y un paro juvenil que se ha agravado con la pandemia: hay 134.400 jóvenes más en paro (menos 25 años)  ahora que a finales de 2019, según la última EPA.

Volviendo a los “ni-nis”, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, la clave para que salgan de esa situación es mejorar su formación, según la mayoría de los expertos. Porque la formación de los jóvenes españoles es peor que la del resto de Europa y la OCDE, según el último informe “Education at a Glance”: entre los 25 y 34 años, tenemos más universitarios que Europa (47,4% de estos jóvenes frente a 44,5% en la UE-22) y la OCDE (45,5%), pero la mitad de jóvenes con mediana formación, con el Bachillerato o la FP (24,3% frente al 43,1% en la UE-22 y el 40,2% en la OCDE) y también más jóvenes con poca formación, con la ESO o menos (28,3% en España frente al 12,3% en la UE-22 y el 14,8% en la OCDE). Y eso explica, en buena medida, que nuestros jóvenes trabajen aquí menos que fuera: a más nivel de formación, más acceso al empleo, según el informe de la OCDE.

Esta mejora de la formación de los jóvenes, sobre todo de los “ni-nis”, pasa por completar la formación de los que no han terminado Bachillerato y FP (“repescarlos”) y por redirigir a más jóvenes a la Formación Profesional, tras la ESO: España tiene un bajo porcentaje de jóvenes en FP (el 33% de los titulados en Secundaria), frente a la media europea (46,3% jóvenes Secundaria hacen FP en la UE-23) y a paises como Alemania (44,2%), Italia (58%) o Reino Unido (62,6% de los titulados), paises con una elevada tasa de empleo joven. Eso obliga a crear más plazas públicas en Formación Profesional, donde este curso han faltado 50.000.  Y además, urge reconvertir la formación universitaria, para conseguir una enseñanza más ligada a lo que piden las empresas y evitar la baja empleabilidad de los licenciados.

Frente al grave problema de los “ni-nis”, la Comisión Europea creó en 2013 la Garantía Juvenil, un sistema por el que se hacía una oferta a los jóvenes europeos que ni estudiaban ni trabajaban: ofrecerles en 4 meses un trabajo o un curso de formación. De momento se han beneficiado 24 millones de jóvenes europeos, aunque el problema de los “ni-nis” sigue ahí y creciendo ahora tras la pandemia. En España, el sistema de la Garantía Juvenil no ha tenido demasiado eco y se ha informado poco sobre sus resultados, aunque había 2 millones de jóvenes inscritos a finales de agosto, según el SEPE. En junio pasado, el Gobierno aprobó un nuevo Plan de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, que se financiará con fondos europeos (del FSE). Un programa que ofrece dos opciones a los jóvenes “ni-nis”: un curso de formación o un empleo, en 4 meses, con la colaboración de 50 Centros de inserción juvenil, 50 Clúster de empleo joven y 15.000 empresas colaboradoras.

Está bien, pero urge además poner en marcha un Plan de choque contra el paro juvenil, que el presidente Sánchez anunció en mayo (“1.365 millones para facilitar la formación y contratación de 1 millón de jóvenes)  pero del que no se sabe más. La grave situación de los jóvenes (un tercio parado y el resto trabajando en precario) exige un Plan ambicioso, a medio plazo, con medidas en varios frentes: educación (lucha contra abandono escolar y refuerzo alumnos con problemas), formación, acceso al primer empleo (un contrato de formación y prácticas sin abusos, como en el caso de “los becarios”), ayudas a la contratación de jóvenes, mejora de su calidad en el empleo y salarios dignos, más un abanico de medidas para facilitar su emancipación y la creación de nuevas familias. Aquí es clave resolver su problema de vivienda, para lo que el cheque de 250 euros para alquilar puede ser un principio.

En definitiva, reitero lo abordado decenas de veces en este blog: los jóvenes son uno de los graves problemas pendientes que tenemos, empeorado con la pandemia. Su penosa situación es un fracaso de todos nosotros como país. Los jóvenes, empezando por los “ni-nis”, deben ser una prioridad en la recuperación. Hay que darles una salida. Son nuestro futuro.

La venta de coches no despega

La economía empieza a recuperarse, pero la venta de coches apenas crece y se ha hundido en agosto y septiembre, con un 33% de matriculaciones menos que en 2019. La culpa de que el automóvil no despegue no es sólo de la pandemia: los clientes no saben qué coche comprar ahora que se penaliza el diesel o la gasolina y encima hay retraso de varios meses en las entregas, por la falta de microchips, lo que dispara las ventas de coches de 2ª mano. Preocupa el futuro del automóvil, la 3ª mayor industria española (tras la alimentación y la química) y la 2ª mayor de Europa, que emplea a 2 millones de trabajadores. Tiene que reconvertirse contra reloj (en 2035 no se podrán vender coches contaminantes) y relanzar el coche eléctrico, donde España está a la cola europea en modelos, compras y puntos de recarga. Una parte de las ayudas europeas irán a su reconversión y al despegue del coche eléctrico, que mantendrá menos empleos. Habrá menos coches y más limpios.

Enrique Ortega

La pandemia fue un mazazo para el sector del automóvil, que sufrió antes que nadie los efectos de la COVID-19: ya en enero y febrero de 2020 empezaron a sufrir la falta de piezas y componentes que llegaban de Asia, en especial de China. Y el 14 de marzo, cerraron en España fábricas y concesionarios, con lo que los coches ni se fabricaban ni se vendían. Y así, hasta finales de abril de 2020, cuando se reanudó la producción en algunas fábricas españolas de automóviles, aunque los concesionarios no abrieron hasta el 11 de mayo. El resultado fue un hundimiento de la producción y venta de coches, que no se recuperó con el verano ni el resto del año. Con ello, 2020 se cerró con 2.268.185 coches fabricados en España, un 19,6% menos que en 2019 (504.000 menos) y unas matriculaciones de 851.211 turismos y todoterrenos vendidos aquí (-32,3%), la cifra más baja desde 2014.

La esperanza es que las ventas de coches remontaran este año 2021, con la vuelta a la actividad y el ahorro acumulado en  2020. Pero no ha sido así. Mes a mes, las ventas no han despegado apenas sobre las bajas matriculaciones de 2020 y este verano ha sido la puntilla, con un mes de agosto en que se vendieron incluso menos coches que en 2020 (47.584 frente a 66.923), siendo el peor agosto desde 2013. Y lo mismo acaba de pasar en septiembre: se han vendido menos turismos (-15,7%) que en 2020 (59.641 frente a 70.728), según ANFAC. Y con ello, llevamos 674.955 turismos matriculados entre enero y septiembre de 2021, sólo 79.519 vehículos más que el año pasado (+8,8%) pero  un tercio menos (-33%) que los turismos matriculados en ese periodo de 2019 (965.339 vehículos).

La culpa de que las ventas de coches no despeguen no es sólo de la pandemia. El sector está sufriendo además la entrada en vigor, el 1 de enero de 2021, de la nueva normativa europea de emisiones (WLTP), que introduce parámetros de medición de gases más estrictos, lo que provoca un aumento efectivo de las emisiones de los vehículos, que se traducen en que muchos coches que antes no pagaban impuesto de matriculación ahora lo paguen (y otros paguen más). El resultado de esta nueva normativa de emisiones, según el sector, es que los coches se encarezcan este año un +5% de media, lo que provocará por sí solo que se vendan este año en España 100.000 coches menos.

Otro factor que retrae las ventas es la incertidumbre de los clientes sobre qué coche comprar. Los que antes compraban un diesel, ahora se lo piensan por todas las informaciones sobre lo que contaminan, lo mismo que los coches de gasolina, mientras las ciudades anuncian medidas en contra de la entrada de coches con motores de combustión. Y los coches eléctricos todavía son caros, con poca autonomía y pocos puntos de recarga. Por todo ello, muchos conductores esperan a cambiar de coche o compran uno de 2ª mano.  

Y encima, los que se deciden a comprarlo, están sufriendo retrasos de meses en la entrega, porque todas las fábricas están sufriendo problemas de fabricación por falta de microchips, un problema agravado desde primavera y que las empresas creen que durará hasta el verano de 2022. Fabricar un coche necesita hasta 120.000 semiconductores y la industria del automóvil (que consume el 37% de los chips mundiales) tiene que pujar ahora con otras industrias (informática y electrónica, material eléctrico, productores de plástico y caucho, coquerías y refinerías) para conseguir los chips, que en un 70% se fabrican en China y el resto de Asia (sólo un 10% de chips se fabrican en Europa), donde la pandemia redujo la producción y todavía tardará en normalizarse. Esto ha provocado que todas las fábricas de coches reduzcan su fabricación, lo que obliga a regulaciones temporales de plantilla (en España, en casi todas las factorías) y un retraso de 4 a 6 meses en la entrega de coches a los concesionarios. Y con ello, los compradores, o posponen la compra de un coche nuevo o deciden comprar un coche de 2ª mano, cuyas ventas han subido un +21%.

El resultado de todos estos factores (pandemia, normativa emisiones, dudas de los clientes y falta de chips) es que el automóvil no despega (incluso ha “pinchado” en julio y agosto) y no está siendo un motor de recuperación post COVID. Las ventas en España no tiran, pero tampoco en el resto de Europa y del mundo, donde se exportan 3 de cada 4 coches fabricados en España. Eso ha reducido la fabricación de coches, donde España es el 2º fabricante europeo (el 1º de vehículos industriales), tras Alemania, y el 8º mayor del mundo, con 17 factorías que fabricaron 2.772.523 vehículos en 2019 y medio millón menos en 2020 (2.268.185). Se fabrican menos coches porque caen las ventas en España y también caen las exportaciones de vehículos (es el primer sector exportador del país), que cayeron de  44.217 millones de euros en 2019 a 38.524 millones en 2020. Y eso porque los paises compradores de nuestros coches, Francia (el 21,9% de los fabricados aquí), Alemania (18,2%), Italia (11,7%) y Reino Unido (11,1%) también sufren el problema de que no despegan las compras de coches.

Al final, la previsión del sector es que no se va a recuperar en 2021 y que las matriculaciones rondarán los 900.000 turismos vendidos a fin de año, sólo 50.000 más que en 2020 (en plena pandemia) y 358.251 coches menos que los vendidos en 2019 (1.258.251 turismos). Sería el 2º peor dato de matriculaciones en España desde 2014 (857.650). Y lo peor es que no esperan que las ventas despeguen mucho antes del verano próximo, cuando se normalice el mercado de chips y las entregas. Y persiste el problema de fondo: los conductores no saben qué coche comprar, sabiendo que el gasóleo y la gasolina tienen poco futuro (en 2035 estará prohibida la venta en Europa de coches con motores de combustión).

Los conductores lo han asumido y cada vez compran menos coches de gasóleo y de gasolina, pero no acaban de apostar por los electrificados. El cambio en las ventas de coches de combustión ha sido drástico. Los coches de gasoil suponían el 71% de las matriculaciones en 2007, bajaron al 56,8% en 2014, al 27,9% en 2019 y son ahora el 20,2% de las ventas en España (enero-septiembre 2021), según ANFAC. Y los coches de gasolina (que emiten más CO2 que los diesel y menos No2 y partículas) han subido sus ventas, del 25% del mercado en 2007 al 60,1% en 2019 y el 46,9% este año 2021 (enero-septiembre). En cambio, el resto de vehículos (enchufables, eléctricos, gas y GLP), que apenas se venían en 2007 (4% del mercado), saltaron al 8,9% en 2019 y al 32,9% este año, según ANFAC, superando con mucho a los coches de gasoil y acercándose a los de gasolina.

Con todo, España está a la cola de Europa en la fabricación y venta de coches electrificados y alternativos. Sólo se fabrican aquí un 7,02% de coches eléctricos (2,47%), híbridos enchufables (3,7%) y de gas (0,85%). Y en cuanto a las matriculaciones, en España se han matriculado este año sólo un 2,6% de coches eléctricos puros, la tercera parte que en Europa (6,7%), donde la venta de vehículos electrificados ha superado a los diesel en agosto. La propia patronal del automóvil, ANFAC, alerta sobre el aumento de la brecha de España con Europa en electrificación, por dos motivos: menos ventas (estamos a la cola de la UE, sólo por delante de Hungría y Chequia y muy lejos de los líderes en eléctricos, Noruega y Paises Bajos) y, sobre todo, por el retraso en la instalación de puestos de recarga (España, con 11.847 puntos está en penúltima posición, tras Chequia).

Pero el despegue del coche eléctrico no es el único reto del sector del automóvil en los próximos años. El otro gran reto es su papel en el transporte futuro y el auge del transporte alternativo (bicicletas, patinetes), del coche compartido y del transporte público, lo que reducirá su demanda a medio plazo. Y agravará la presión para reducir el uso de los vehículos contaminantes, nuevos y de 2ª mano, máxime cuando se confirma cada día su responsabilidad en la contaminación de las ciudades: 73 de las 80 ciudades más pobladas de España superan los nuevos límites de NO2 que acaba de fijar la OMS (10 microgramos por m3). Y cada año se producen 44.600 muertes prematuras por contaminación atmosférica en España (la mitad de todas las muertes de la pandemia), en su mayoría por los coches y el transporte.

Todo ello va a obligar a una profunda reconversión de la industria del automóvil, en el mundo y en España, donde es la 3ª industria más importante del país (tras la agroalimentaria y la química) con 65.000 empleos directos y 2 millones de empleos totales. Tenemos una industria del automóvil muy potente, con luces y sombras. Las luces, la alta competitividad de las 17 factorías instaladas en España, con un alto nivel tecnológico, un personal muy formado y unas relaciones laborales que ajustan el trabajo y la producción a la demanda. Las sombras, básicamente que las 7 multinacionales que controlan el sector deciden sus estrategias en Alemania, Francia, Japón, Corea o Estados Unidos, no en España, lo que nos hace muy vulnerables a las variaciones del mercado y a los costes, con el riesgo de que las empresas trasladen un modelo a Turquía, Marruecos o México, con costes más bajos.

Un elemento clave, para asegurar el futuro, es que España fabrique cada vez más coches electrificables, donde se juega el futuro del sector. De momento, en España sólo se fabrican 8 modelos de coches eléctricos, mientras en Europa se fabrican 241 modelos, la mayoría de los de más tamaño y precio. Ahora, la clave es que las multinacionales apuesten por sus factorías españolas en su reconversión eléctrica, para lo que será clave la renovación tecnológica de las fábricas y contar cerca con fábricas de baterías, una carrera a la que se han lanzado ya todos los paises europeos (el 97% de las baterías vienen de fuera de la UE). En España, el Gobierno ha iniciado el proceso con un acuerdo público-privado para crear una fábrica de baterías para coches en Cataluña, con Seat e Iberdrola. Y hay otros proyectos de fábricas de baterías en 9 autonomías más, destacando el proyecto de Ford y la Comunidad Valenciana y otra iniciativa del País Vasco, Navarra y Extremadura (que aportaría su mina de litio).

El futuro del automóvil está en el coche eléctrico, aunque eso va a suponer un recorte del empleo en el sector, porque un coche eléctrico sólo tiene 200 piezas frente a 1.400 que tiene un coche de combustión, lo que exige un 30% menos de mano de obra, según los sindicatos, en las fábricas de coches y en las de componentes. Y el auge de las ventas online también reducirá el empleo futuro en los concesionarios (donde trabajan 153.000 personas). En cualquier caso, el sector del automóvil se plantea una profunda reconversión, con ayuda de los Fondos europeos. El 15 de junio de 2020, el Gobierno aprobó el Plan de impulso de la industria de automoción, que prevé destinar 3.750 millones de fondos públicos hasta 2023 (la mayoría procedentes de Fondos UE) para impulsar la competitividad y sostenibilidad del sector (2.690 millones), renovar el parque de vehículos (550 millones), innovación y digitalización (415 millones) y para la formación (95 millones), además de prometer revisar la fiscalidad del sector (IVA e impuesto de matriculación).

Junto a este Plan de impulso a medio plazo, el Gobierno aprobó el 13 de julio de 2021 un PERTE (proyecto estratégico para la recuperación y restructuración industrial) centrado en el diseño y la fabricación del coche eléctrico, al que destinará 4.295 millones públicos (con Fondos UE) para movilizar otros 19.700 millones privados (24.000 millones de inversión total hasta 2023), un proyecto que arrancará a final de año. Y ahora empiezan a funcionar las ayudas  del programa MOVES III (100 millones de euros) que conceden hasta 8.000 euros de ayuda por la compra de vehículos no contaminantes (se pide en las autonomías). Y la semana pasada, el presidente Sánchez anunció otra ayuda de 50 millones más para que las grandes empresas renueven sus flotas con coches eléctricos.

Dinero público (y privado) para tratar de salvar al sector del automóvil, aunque su futuro se decide fuera de España. Por eso, sería clave asegurar de alguna manera (no es fácil) que si las multinacionales reciben dinero público (europeo y español) se comprometan a no recortar su fabricación y empleo en  España, como ya han hecho antes. Con todo, el medio ambiente y los cambios en la movilidad harán que el automóvil tenga menos peso en la economía y el empleo en las próximas décadas. Habrá menos coches y más limpios.