Más parches frente a una luz disparada

El precio de la luz en origen se ha duplicado desde junio y cuadruplicado en el último año, subiendo el recibo un +35%. El precio mayorista de la luz sube en toda Europa, pero más en España porque tenemos un mercado muy estrecho, donde las eléctricas manipulan precios y no hay competencia ni se importa luz (somos una isla eléctrica). Y este precio mayorista afecta cada día a la mitad del recibo, mientras en Europa las subidas se suavizan con contratos anuales. El Gobierno bajó los impuestos a la luz en junio, pero el recibo de agosto subió un 8,3%. Ahora aprueba un Plan de choque para mantener la bajada impuestos y quitar beneficios injustificados a las eléctricas (2.600 millones), prometiendo que el recibo bajará un 22%. Pero todo apunta a que la luz subirá hasta primavera. Urge tomar medidas de fondo y no parches que encubren el problema: pagamos de más por la luz. Falta transparencia en el mercado eléctrico. Lea y entienda lo que pasa.

Enrique Ortega

Todo el mundo sabe que este verano se ha disparado el precio de la luz. Veamos cuánto y por qué. Primero, aclarar que hablamos del precio de la luz en origen, en el mercado mayorista, donde cada día acuden Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP para vender su electricidad a 333 comercializadoras, que luego nos la venden a nosotros. Este mercado ibérico (MIBEL) marca cada día un precio, que es el que se ha disparado: hoy jueves es de 188,18 euros por megavatio hora (MWh), más del doble que a principios de junio (84,85 euros) y más de cuatro veces que hace un año (43,49 el 13 de septiembre de 2020). Y los expertos apuntan a que este precio mayorista superará los 220 euros por MWh este invierno.

¿Qué ha pasado para que el precio mayorista de la luz se dispare? Hay dos causas que explican el 70% de esta subida, según un informe del Banco de España. La primera, que explica el 50% del aumento, es que se ha disparado el precio internacional del gas natural, debido a un aumento de la demanda mundial (sobre todo en China) y un recorte de la producción y las ventas de Rusia (por Ucrania), además del conflicto entre Argelia y Marruecos (por donde llega gas a Europa). El resultado es que el precio del gas ha saltado de 10,49 euros/MWh hace un año a 40 en julio y 63,72 euros/MWh ayer. Y este gas es el que utilizan las centrales térmicas para producir la electricidad que falta para completar la demanda.

La otra causa (20% de la subida) es el aumento disparatado de los derechos de emisión de CO2, que han pasado de 27,81 euros/Tm hace un año a 61,37 euros hoy. Estos derechos los tienen que comprar las eléctricas que producen electricidad contaminante (centrales de gas, fuel y carbón) y lo cargan directamente en el precio mayorista que exigen. Es el coste de forzarles a que ofrezcan energías más limpias y que por eso es un coste que tendríamos que asumir. Pero ojo, este mercado europeo de CO2 es objeto de una fuerte especulación financiera: hay Fondos y bancos de inversión (Goldman Sachs y Morgan Stanley) que invierten en este mercado (que mueve 100.000 millones de euros), comprando derechos de CO2 en el mercado secundario y especulando con ellos (con rentabilidades del 92,2%). Con lo que unos derechos que pretenden producir una luz más limpia son además un negocio financiero que nos encarece más la luz.

Este precio mayorista de la luz se fija en toda Europa por un sistema (“marginalista”) que es de locos: cada día se calcula la luz que hace falta y las eléctricas ofrecen su producción. Y la energía última que se oferta es la que fija el precio final, normalmente las centrales de gas, la más cara. Y todas las demás reciben ese precio, aunque les haya costado mucho menos producir la electricidad. Es como si alguien compra carne picada y el carnicero nos mezcla chuletón, ternera, cerdo y pollo, y nos la cobra toda a precio de chuletón… Así que las eléctricas le sacan 60 euros por MWh (precio centrales gas), por ejemplo, a luz que han producido con centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros/MWH) o nucleares (22 euros/MWH). Se estima que estos sobrecostes del sistema han hecho, sólo en España, que los consumidores paguemos 2.000 millones extras al año desde 2006. Echen cuentas…

Las eléctricas dicen que este sistema es igual en toda Europa y no se puede cambiar salvo que lo decida la UE. Pero hay un hecho: el precio mayorista de la electricidad es más alto en España que en el resto de Europa (salvo Reino Unido e Irlanda, dos islas). Así, hoy, el MWh cuesta en España 188,18 euros, frente a 158,94 en Alemania, 160,44 en Paises Bajos, 165,52 en Austria, 169,36 en Francia y 183,42 en Italia. Y lo mismo pasa en el precio medio de septiembre (145 frente a 126 en Francia y 127 en Alemania) y del último año. Y esto se debe a que el mercado eléctrico en España es estrecho, poco transparente, con escasa competencia y donde las grandes eléctricas manipulan precios.

Es un mercado estrecho porque hay 4 grandes productores de electricidad y 333 comercializadoras compradoras, a las que imponen sus precios (los 4 grandes venden y también compran, porque comercializan el 85% de la luz en España, son “juez y parte”). Y es un mercado muy volátil, con más oscilaciones de precios que en Europa, donde un operador puede influir mucho en los precios. De hecho, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto varios expedientes a Iberdrola, Endesa y Naturgy por parar centrales (hidroeléctricas o nucleares) o por aprovechar el alto coste de la luz para vaciar embalses (en Zamora y Cáceres este verano). Además, las eléctricas se acogen  a subir su precio de producción con la subida del gas, a que el precio internacional supera los 60 euros/Tm, cuando una gran parte del gas que tienen almacenado les costó la mitad o menos.

Y además, en el mercado eléctrico español hay poca competencia, ya que apenas se negocian contratos de luz a plazo (sólo al día: mercado “spot”) y el 92,9% son para Iberdrola y Endesa, para abastecerse ellos. En España los contratos de suministro a un mes, un trimestre o un año son 19 veces menos que en Alemania y 13 veces menos que en Francia, donde los grandes consumidores negocian contratos fuera del mercado diario, lo que rebaja y estabiliza los precios. Y lo más preocupante: tenemos un mercado eléctrico cerrado, porque no entra casi electricidad de fuera( ni sale): en septiembre, sólo se ha importado el 3,90% de la luz consumida (saldo import-export), mientras en Francia, Alemania e Italia se importa del 10 al 15%, lo que ayuda a tener precios más bajos. Aquí, somos “una isla eléctrica” y eso dificulta que las grandes empresas y los comercializadores puedan buscar ofertas mejores fuera.

Otra cuestión importante. El precio mayorista de la electricidad se ha disparado en toda Europa, pero en los demás paises no preocupa ni abre los telediarios. Y eso, porque el consumidor europeo no se ve afectado cada día en su factura de la luz por los altos precios en origen. La mayoría de los paises (Portugal o Alemania, por ejemplo) tienen sistemas de tarifas con revisiones anuales y otros semestrales o trimestrales, lo que “aplana” las subidas (al menos hasta ahora). En España, el 40% de los consumidores (10.643.175), los que están en el sistema de precios “regulado” (PVPC), les repercute cada día el precio mayorista de la luz. Y el resto (16.230.261 consumidores), el 60% que están en el mercado “libre”, notarán la subida cuando su comercializadora le revise el contrato (al año), sin olvidar que estas tarifas “libres” son un 17% más altas que las reguladas, según la Comisión de la Competencia (CNMC).

Este sistema de tarifas, diferente del europeo, está vigente desde 2014, cuando el PP cambio el anterior sistema de revisión de precios trimestral, porque estimó que ese sistema de subasta suponía un extracoste para el consumidor. Y pensó que era mejor ligar el recibo con el precio diario de la luz, que el usuario pagara directamente “el precio del Merca Madrid de la luz”. Pero ahora, el sistema se ha vuelto en contra, al dispararse el precio en origen. Y el resultado es muy preocupante: Si hasta el verano, el precio mayorista de la luz suponía un 33% del recibo (otro 48% eran los precios regulados y el 19% eran impuestos), ahora, ese precio en origen supone un 50% del recibo de la luz, según la simulación de la CNMC (los impuestos han bajado al 15% del recibo y los precios regulados un 35%).

Esto explica que el recibo de la luz, lo que pagan cada mes los consumidores, se haya también disparado: ha aumentado un +34,9% en el último año (agosto 2020-agosto 2021), según el INE, con una factura media de 318 euros en estos 8 primeros meses de 2021, 69 euros más que el año pasado. Y la previsión de la ministra de Transición Ecológica era que la factura de la luz suba un 25% este año: 644 euros de coste para una familia media, 132 euros más que el año pasado (+11 euros más al mes).

La fuerte subida del precio mayorista de la luz ya hizo en junio que el Gobierno aprobara dos medidas: bajar impuestos a la luz (el IVA del 21 al 10% hasta fin de año y suprimir el impuesto de generación eléctrica,7% en el tercer trimestre) y quitar a las eléctricas un ingreso que reciben injustificadamente: las centrales hidroeléctricas, nucleares y renovables se benefician de que las demás centrales (gas, carbón, fuel) carguen en los costes de producción de la luz el pago de los derechos de CO2 que ellos no emiten. Son los llamados “beneficios llovidos del cielo”, 1.000 millones al año que llevan cobrando injustificadamente desde 2005 y que dejarán de cobrar en unos meses, cuando se apruebe el decreto-ley en el Congreso.

Esta bajada de impuestos no ha servido de mucho, porque el precio mayorista se ha duplicado desde junio y el resultado es que el recibo de la luz subió en agosto un +7,8%, según el IPC. Así que el Gobierno aprobó este martes un Plan de choque, para intentar abaratar el recibo de la luz, un -22% hasta finales de año. Por un lado, mantiene y amplía la bajada de impuestos: sigue la rebaja del IVA hasta fin de año, se amplía la rebaja del impuesto eléctrico (7%) al 4º trimestre y baja el impuesto especial de electricidad del 5,1127% al 0,5% (un recorte de ingresos públicos de 1.400 millones de euros).

Además, se aprueba otro recorte a los beneficios injustificados de las eléctricas: esta vez se les quita parte de los “beneficios llovidos del cielo” que obtienen con el gas natural: las centrales que no utilizan gas para producir electricidad (nuclear, hidroeléctrica, renovable) dejarán de ingresar el sobreprecio que hoy ingresan por el mayor coste del gas (que no usan). No se les quita todo el coste, sólo lo que supere los 20 euros/Tm, el precio medio de los últimos 4 años. Si ahora cargaban 62 euros, les quitan un ingreso extra de 42 euros (menos un regalo de un 10%...). Y sólo por un tiempo, hasta marzo de 2022, cuando se espera baje el gas. Hasta entonces, se les quita un ingreso extra (no justificado) de 2.600 millones.

Además, se amplía de 4 a 10 meses el bono social eléctrico (que beneficia a 1.137.295 consumidores). Y se limita la subida del gas natural al 4,4% por trimestre, hasta primavera. Y se obliga a las 4 grandes eléctricas a que hagan, antes de fin de año,  una subasta de electricidad al margen del mercado diario, para cubrir un  6,5% de la demanda. Y además, se va a modificar la Ley de Aguas, para regular lo que hacen las eléctricas con los embalses y evitar abusos como los de este verano. Finalmente, se solicita al Congreso que se tramite por vía de urgencia el recorte de los beneficios caídos del cielo por el CO2 (1.000 millones) y el Fondo que se quiere crear para quitar del recibo (en 5 años) el coste de las ayudas a las renovables (7.000 millones anuales).

Son medidas importantes, que buscan “taponar” agujeros del mercado eléctrico en una coyuntura desesperada. Y que ayudarán a bajar el recibo al consumidor, al trasladar lo que se quita a las eléctricas (3.600 millones) y los mayores ingresos por CO2 a rebajar los costes regulados del recibo (35%). Pero la mayoría son medidas coyunturales, “parches”, que no van al fondo del problema: tenemos un sistema eléctrico distorsionado, con escasa competencia y demasiado fraude, donde pagamos costes de más por la luz que alimentan año tras año los beneficios de las eléctricas, comparativamente los más elevados de Europa. Una parte de la reforma, la del sistema de fijación de precios, depende de Europa y el lobby eléctrico evita que la Comisión lo revise, aunque acabará haciéndolo si no bajan los precios. Pero otra parte depende de España, de que el Gobierno tome medidas de fondo en el mercado y cambie el sistema de traslación de costes al recibo.

Porque hay un hecho claro: la luz sube en toda Europa pero España tiene la 5ª luz más cara del continente, tras Alemania (0,3006), Bélgica, Dinamarca e Irlanda, según Eurostat (datos 2º semestre 2020): 0,2298 euros por kwh para los consumidores domésticos (impuestos incluidos), frente a 0,2134 céntimos de media UE-27, 0,2153 en Italia o 0,1958 en Francia. Y para los consumidores industriales, tenemos la 9ª tarifa eléctrica más cara: 0,1422 euros por kWh, frente a 0,1225 euros de media en UE-27. Y esto es preocupante, no sólo porque cada vez hay más familias que no pueden pagar la luz sino porque afecta muy negativamente a las cuentas de las empresas, sobre todo de las grandes consumidoras de electricidad (metal, siderurgia, química, papel, cemento, automóvil), que tienen más difícil competir. Y que se quejan de que no pueden comprar electricidad en otros mercados ni reciben las ayudas y exenciones que reciben las empresas en Francia o Alemania.

La luz es más cara en España que en la mayoría de Europa porque pagamos costes de más en las tres partes del recibo: en el coste mayorista de la electricidad, en los costes regulados (pagamos parte de ayudas a la electricidad en las islas y a los grandes consumidores,  a las renovables, al parón nuclear y al mantenimiento de la deuda eléctrica y un extracoste en el transporte y comercialización de la luz) y en los impuestos (somos el tercer país de Europa con más peso de la fiscalidad en el recibo). Así que, en vez de parches, hace falta tomar medidas urgentes en todos esos frentes. Como dice Jorge Fabra, uno de nuestros mejores expertos, bajar impuestos no es bajar la luz, dar un hachazo a las cuentas de las eléctricas no es bajar la luz, es esconder el problema un tiempo. Bajar la luz exige hacer una auditoría de costes, para no pagar extracostes en el recibo. Y forzar una reforma del mercado eléctrico en Europa, resistiendo las presiones del lobby eléctrico.

Todo hace pensar que este Plan de choque será insuficiente y que la luz seguirá subiendo hasta la próxima primavera, aunque menos de lo que subiría si el Gobierno no hubiera hecho nada. Y las eléctricas aprovechan para lanzarnos ofertas y tratar de que esos casi 11 millones de consumidores “regulados” vayan al “mercado libre”, ofreciéndoles contratos estables a 2 años (Endesa y Naturgy) y a 5 años (Iberdrola). No les importa vender ahora “electricidad a pérdidas”, si a cambio ganan clientes a los que ya sacarán beneficios después (además, lo que pierdan con la comercialización lo ganan con las centrales). Y de paso, se quitan a parte de los 333 comercializadores que venden luz y les hacen competencia (muchos quebrarán). Aprovecharán los vaivenes de precios  para ganar mercado. Y si vienen mal dadas, amenazan con cerrar centrales nucleares o ir a los Tribunales, donde casi siempre ganan (el Supremo acaba de obligar al Estado a devolverles 1.400 millones por un canon hidráulico que aprobó Rajoy en 2015…).

Si ha leído hasta aquí, habrá visto que el problema eléctrico es muy complejo y no se resuelve con soluciones simplistas ni fórmulas mágicas. Exige actuar en muchos frentes, en España y en Europa, con firmeza y con un objetivo claro: que paguemos la luz por lo que cuesta de verdad producirla, transportarla y comercializarla. La batalla será larga y difícil.

Curso escolar 2021-22: presencial y con recortes

Niños y adolescentes han vuelto a colegios e institutos en este tercer Curso escolar en pandemia, que se espera sea mejor: enseñanza presencial, casi todos los profesores vacunados  y más de la mitad de los alumnos de 12 a 19 años con 2 dosis, aunque seguirán las mascarillas, la distancia de seguridad y el riesgo para los menores de 12 años (4,5 millones). El objetivo es recuperar el temario perdido los años anteriores, pero los centros chocan con los recortes: la mayoría de autonomías van a contratar este curso menos profesores de refuerzo (entre 12.500 y 15.000 menos), a pesar de que el Gobierno les han transferido más dinero para afrontar  la COVID, tanto el curso pasado (+2.000 millones para educación) como este (+13.500 millones para todo). Lo gastarán en otras cosas, a pesar del deterioro de la educación con la pandemia. Urge que centros y familias lo eviten. Es un problema más prioritario que otros también importantes (jueces, delitos de odio, subida de la luz…): en la enseñanza nos jugamos el futuro.

Enrique Ortega

Este Curso escolar 2021-2022 se espera que vuelvan a crecer los alumnos de las enseñanzas no universitarias, un +0.9%, y que estudien en colegios e institutos 8.370.000 alumnos, según Educación, algo menos en la Educación infantil (1.720.000), que ha bajado por la pandemia, y en Primaria, por la menor natalidad (se esperan 2.850.000 alumnos), aumentado los alumnos de Educación especial (casi 40.000), ESO (2.050.000), Bachillerato (rondarán los 700.000) y, sobre todo, en Formación Profesional, la enseñanza que más crece y donde se llegará al millón de alumnos, aunque faltan 50.000 plazas en centros públicos, según los sindicatos, sobre todo en Cataluña (-10.000 y Madrid (-6.938). El alumnado de estas enseñanzas no universitarias sube en todas las autonomías, salvo en Castilla y León y Extremadura, donde cae por la despoblación, y se estanca en Castilla la Mancha y Canarias. Dos de cada tres alumnos (67,1%) estudia en centros públicos, una cuarta parte (25,6%) en la enseñanza concertada (su peso aumenta curso a curso) y el 7,3% en centros privados.

Los 28.624 centros de enseñanza no universitaria (y sus 725.000 profesores) afrontan este nuevo Curso escolar con menos incertidumbre que los dos pasados. Por un lado, este año están vacunados casi todos los profesores (del 92% en Cataluña al 95% en Extremadura). Y por otro, están inmunizados con las 2 dosis (muchos con sólo 1 están inmunizados, porque se contagiaron este verano) más de la mitad de los alumnos de 12 a 19 años (el 55% el 9 de septiembre) y las tres cuartas partes (78,4%) tienen 1 dosis y se va a agilizar su vacunación total estos meses. Esto va a facilitar las clases en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, aunque todavía no se ha autorizado ninguna vacuna para los 4,5 millones de alumnos menores de 12 años (infantil y primaria), donde seguirán “los grupos burbuja”.

Esta mejor defensa de profesores y alumnos ante el COVID 19 permitirá que la enseñanza no universitaria sea este curso totalmente presencial, salvo situaciones especiales, aunque los alumnos seguirán acudiendo a clase con mascarilla y con distancia de seguridad (1,2 metros en vez de los 1,5 metros del curso pasado), escalonando las entradas a los centros escolares y ventilando frecuentemente las aulas. También compartirán bibliotecas y salas multiusos y se retoman las actividades extraescolares, deportes y educación física. En líneas generales, las medidas anti-COVID pactadas entre Educación y las autonomías para este curso son más estrictas que en la mayoría de Europa: en Reino Unido y Paises Bajos no es obligatoria la mascarilla en los centros, la ventilación es sólo una recomendación en Italia y en muchos paises (como Alemania o Francia) no se fija una distancia mínima entre los alumnos ni se reducen los alumnos por clase…

Esta relajación de las medidas anti-COVID ha sido aprovechada por la mayoría de autonomías para aumentar el número de alumnos por clase (de 20 a 25 en Infantil y Primaria, 30 en Secundaria y 35 (hasta 38) en Bachillerato, con lo que se ahorran parte de los profesores de refuerzo contratados el curso pasado para atender a los desdobles de clases. De los 40.000 profesores de refuerzo contratados por las autonomías el curso pasado, desaparecen este curso 12.500 profesores, según CCOO (y hasta 15.000, según el sindicato CESIF). Según la información aportada por cada autonomía, sólo 5 autonomías mantienen los profesores de refuerzo del Curso pasado: País Vasco, Cataluña. Castilla y León, Castilla la Mancha y Navarra. Baleares dice “que lo va a intentar” y Cantabria los mantiene el primer trimestre del nuevo curso. El resto, 8 autonomías, aprovechan para reducir profesores: -8.000 profesores contratadas este curso en Madrid, -1.900 en Canarias, -1.500 en Murcia, -1.000 en Andalucía, -1.050 en Galicia, -500 en Asturias, -150 en Extremadura y un recorte indeterminado en La Rioja.

Centros y profesores se quejan de estos recortes, porque este Curso deben intentar reforzar la formación de sus alumnos y recuperar el temario perdido, tras el cierre de colegios en marzo de 2020 y el curso semi presencial 2020-21. Y reiteran que han aumentado, con la pandemia, los alumnos rezagados y que necesitan refuerzo, por lo que consideran inadmisible perder entre 12.500 y 15.000 profesores, máxime cuando las plantillas ya eran cortas antes de la pandemia, por los recortes en la educación hechos entre 2010 y 2015 (se perdieron 45.000 empleos, según UGT). Su temor, además, es que al haber menos profesores y más alumnos por clase, aumenten los repetidores y el abandono escolar.

El Gobierno y muchos expertos denuncian que estos recortes de profesores este Curso están injustificados porque las autonomías reciben más dinero público que nunca para la educación, por la pandemia. La ministra de Educación ha recordado a las autonomías que el año 2020 recibieron 16.000 millones extras para combatir el COVID, de ellos 2.000 millones transferidos sólo para educación. Y este año 2021, el Gobierno central aprobó en agosto una partida de 13.458 millones para ayudar a las autonomías, con dos prioridades fijadas: servicios sociales y educación. Una parte de este dinero ya se ha transferido en septiembre y el resto se les enviará en noviembre. Una cifra global que supone 2.357 millones extras para Andalucía, 2.170 para Cataluña, 1.863 millones extras para Madrid o 1.400 millones para la Comunidad Valenciana. Y además, las autonomías contarán este año con otros 1.486 millones más para educación, 1.398 de ellos del Fondo europeo de recuperación, que deben destinarse a digitalización, libros y refuerzo alumnos vulnerables.

Así que las autonomías están recibiendo más dinero público, también para enseñanza, pero muchas aprovechan que se flexibilizan las medidas anti-COVID en los centros escolares para despedir profesores. Ante eso, la Plataforma estatal para la escuela pública (sindicatos, padres, estudiantes y profesores) ha anunciado movilizaciones para exigir que no haya despidos e incluso se contraten más profesores. Y el PSOE ha registrado una proposición en el Congreso para instar al Gobierno a llegar a un acuerdo con las autonomías para reducir de forma permanente los ratios (alumnos por clase) en centros “de alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa”.

La pandemia dejó al descubierto lo vulnerable que es la enseñanza no universitaria, escasa de medios y profesores por un recorte continuado del Presupuesto educativo. España ha recortado el gasto público en educación, año tras año, desde 2009: entonces el gasto público en educación suponía el 5,04% de la producción del país (PIB) y fue bajando, año tras año, hasta un mínimo del 4,21% en 2018, apenas mejorado en 2019 (4,26% del PIB en educación), el último año del que Educación publica estadísticas. Eso significa que si el gasto público en educación era en 2009 de 53.895 millones, en 2019 era de 53.053 millones, todavía menos. Y eso nos coloca a la cola del gasto en educación en Europa, según la última estadística (2018): gastamos 6.006 euros por alumno de primaria y 1ª etapa de secundaria, frente a 6.359 de media en Europa, 6.622 euros en Italia, 6.700 en Francia, 7.663 en Alemania o 8.030 euros por alumno en Finlandia, el país puntero en educación. Y en Secundaria 2ª etapa, gastamos 7.400 euros públicos por alumno frente a 7.762 de media en la UE-27, 7.579 en Italia, 10.190 en Francia o 10.291 euros por alumno en Alemania.

Lo peor no es sólo que estemos a la cola europea en el gasto educativo. Es que además, hay enormes diferencias en el gasto según las autonomías, derivadas del diferente ajuste hecho tras la anterior crisis. Así, hay 7 autonomías que gastaban menos en educación en 2019 que en 2009: Castilla la Mancha (-15,7%), Cataluña (-12%), Castilla y León (-8,1%), Galicia (-4,2%), Canarias (-3,1%), País Vasco (-1,1%) y Asturias (-0,6%), según el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y las otras 10 autonomías gastaron más en educación que en 2009, sobre todo Baleares (+15,8%), Comunidad Valenciana (+17%) y Cantabria (+8%). Con ello, tenemos “dos Españas” educativas. Por un lado, 8 autonomías que gastan en educación más que la media (863,50 euros por alumno): País Vasco (1.274,63 euros), Extremadura (1.006,17), Cantabria (998,04), Comunidad Valenciana (989,98), Murcia (965,68), Andalucía (890,38) y Galicia (867,01). Y 9 autonomías que gastan menos: Madrid (723 euros por alumno, casi la mitad que Euskadi) y Cataluña (771,67 euros), las dos regiones más ricas, Asturias (782,92), Castilla la Mancha (810,17), Castilla y León (829,08), Aragón (837,53), Baleares (841,68) y la Rioja (862 euros por alumno).

Este recorte del gasto público en educación, confirmado por las estadísticas entre 2009 y 2019, ha obligado a que las familias españolas gasten más cada año para compensarlo. De hecho, las familias gastaron en educación en 2019 un total de 11.417 millones de euros, un 56% más que en 2004. Y con ello, la enseñanza es la tercera partida de gasto familiar que más ha crecido en estos 15 años, tras los gastos en vivienda (+187%) y en salud (+181%). El resultado es que las familias financian ya el 12,3% del gasto educativo (frente a 86,7% el Estado y un 1% otros), lo que convierte a España en el país europeo que menor porcentaje de recursos públicos destina a la enseñanza y el 2º país donde más pagan las familias (12,8% del gasto en Alemania, 7,8% en Francia, 5,3% en Italia y sólo el 0,8% en Finlandia), según la OCDE.

En resumen, tenemos una enseñanza con pocos recursos públicos, menos en comparación a la riqueza del país que hace una década, un gasto desigualmente repartido por autonomías y donde las familias cada vez pagan más. Y esta falta de financiación pública más una gestión política discutible y con muchos vaivenes (se han aprobado 8 Leyes educativas en la democracia) nos ha llevado a una educación bastante deficiente, como lo demuestran tres indicadores: tenemos récord de repetidores (el 28,7% de los alumnos de 15 años, frente al 13% de media en Europa), récord en abandono escolar temprano (16% jóvenes de 18 a 24 años no completan la 2ª etapa de secundaria, frente al 10,2% en Europa) y nuestros jóvenes sacan bajas notas frente a los de otros paises  en comprensión lectora, ciencias y matemáticas en los Informes PISA. Y otro indicador aún más preocupante: los jóvenes españoles (menores 25 años) tienen más del doble de paro (35,1%) que los europeos (16,2%) y cuatro veces más que los alemanes (7,5% de paro juvenil), según Eurostat.

La pandemia ha agravado los problemas de la enseñanza, tensionando la falta de medios y aumentando los alumnos con problemas o que necesitan refuerzos, sobre todo en los barrios y familias más afectados por la crisis derivada del COVID19. El curso pasado se trató de paliar con más medios y profesores, pero ahora se recorta de nuevo, cuando las necesidades siguen ahí y encima las autonomías reciben más financiación. Hay que aprovechar la pandemia y los Fondos europeos para reforzar la educación en España, en especial la no universitaria, que adolece de muchos problemas de fondo. Y eso exige retirar los recortes anunciados, gastar más en educación (5% del PIB) y pactar la aplicación concreta de la última Ley de educación aprobada, la Lomloe, que entrará en vigor el próximo curso 2022-2023, el primero sin pandemia. Debería ser la gran prioridad ahora, junto al reforzamiento de la Sanidad y el buen uso de los Fondos europeos para reconvertir la economía. La renovación del CGPJ, los delitos de odio, la subida de la luz o la integración política de Cataluña son temas importantes, pero más la educación, aunque se hable menos de ella. Ahí nos jugamos el futuro.

El rescate del fútbol español

Una de las noticias de agosto ha sido la marcha de Messi del Barça, al no poder pagarle por su penosa situación financiera. Una grave crisis, agudizada por la pandemia, que afecta a todo el fútbol europeo y español: los 42 Clubes de 1ª y 2ª A perdieron 870 millones la pasada temporada (tras 8 años con beneficios) y están aún peor los 102 equipos de 2ªB y los 397 de 3ª división. Por eso, LaLiga ha pactado un rescate con el Fondo británico CVC (el que gestionaba la Fórmula 1), para recibir 2.675 millones en créditos a 40 años a cambio de una parte de los ingresos de patrocinio y TV de los Clubes. El objetivo es sanear sus cuentas en un par de años, gracias a un Plan de reconversión que busca aumentar los ingresos por TV y por el negocio internacional, digitalizando el fútbol con Fondos europeos. Hay que aprovechar la pandemia para racionalizar el negocio del fútbol, evitar que estalle esta peligrosa “burbuja” y lo paguemos todos.

Enrique Ortega

 

La pandemia ha pinchado la “burbuja” del fútbol en toda Europa y en España. Ya en la primera temporada afectada por el COVID, la 2019-2020, los equipos europeos perdieron 8.700 millones de euros en ingresos, según la UEFA: -7.000 millones los equipos de las máximas categorías y -1.500 millones las ligas menores. La mitad de esas pérdidas fueron por el cierre de estadios (pérdidas de recaudación entre 3.600 y 4.000 millones), una cuarta parte por la bajada de ingresos por patrocinios (entre 2.400 y 2.700 millones menos) y el resto por la merma en los ingresos de TV (entre 1.200 y 1.400 millones menos). Y en la pasada temporada 2020-2021, la caída de ingresos habrá sido mayor, aunque no dan una cifra. Eso sí, la UEFA advierte que en las dos últimas temporadas, 42 Clubes europeos han suspendido pagos y hay 120 Clubes con Fondos propios negativos, que requieren financiación urgente para seguir funcionando: estiman que necesitan 3.000 millones de capital.

En la primera temporada afectada por el COVID, la 2019-2020, todas las Ligas europeas tuvieron pérdidas, salvo LaLiga española, según un informe de la consultora PwC: la Liga inglesa perdió 1.000 millones de euros, la italiana -750, la francesa -500 y la alemana -210, mientras LaLiga cerraba la temporada con 77 millones de beneficios  (frente a 225 la temporada anterior), gracias al salvavidas de los ingresos por traspasos y al aumento de los ingresos por TV. Pero en la pasada temporada, en 2020-2021, LaLiga entró también en pérdidas: -733 millones de euros, según los datos de LaLiga, que en realidad son -870 millones de pérdidas, al haber subido las pérdidas del Barça. Unas pérdidas que rompen 8 años de beneficios en el fútbol de 1ª y 2ª división, desde la temporada 2012-2013, gracias al Plan de ajuste que se puso en marcha en 2013, para recortar gastos (salarios y fichajes) y aumentar ingresos (TV, patrocinio y negocio internacional).

El impacto de la pandemia en el fútbol español, con el cierre de estadios entre marzo de 2020 y mayo de 2021, ha sido tremendo: los ingresos de los 42 Clubes de 1ª (20) y 2ª división (22) cayeron de 5.043 millones en la temporada 2019-2020 a 3.545 millones en 2020-2021, un 29,7% menos, según LaLiga. El mayor impacto se ha dado en los ingresos por taquilla (caen un -66%: de 796 a 271 millones), al no poder acudir a los estadios las 900.000 aficionados que iban cada semana en 2019. Los ingresos por retransmisiones de TV se han salvado (bajan de 1.770 millones a 1.762) y también los ingresos comerciales por patrocinio (bajan sólo de 987 a 912 millones), mientras caían a menos de la mitad los ingresos por traspasos y otros (de 1.490 millones a 600 millones de ingresos en 2020-2021).

Todos los 42 Clubes de 1ª y 2ªA  han sufrido esta caída de ingresos y las consiguientes pérdidas, pero el peor balance lo tiene el Barça, que reconoce estar en una situación financiera “dramática” (Laporta dixit): tuvo la pasada temporada unas pérdidas de -481 millones de euros y una deuda de 1.350 millones de euros (673 con los bancos y 389 con los jugadores), según los datos del propio Club. Y lo peor: tiene un patrimonio neto “negativo” (-451 millones), lo que sería un motivo de disolución si fuera  una Sociedad Anónima (SA) y no un Club de fútbol. Esta penosa situación financiera ha obligado al Barca a pedir un préstamo de 595 millones a Goldman Sachs y a implantar un Plan de ajuste, con un drástico recorte de gastos, venta de jugadores, rebaja de sueldos y no poder pagar la ficha a Messi.

Otros Clubes de 1ª división con serios problemas financieros son el Valencia, el Betis o el Athletic Club, mientras están algo mejor el Madrid (perdió 70 millones la temporada 2020-21) o el Atlético de Madrid (perdió 50 millones). Peor están los 22 Clubes de 2ªA, que han reducido drásticamente gastos y fichajes. Y se desconoce la situación financiera real de los 102 equipos que integran la 2ªB y, sobre todo, los penosos balances de los 397 equipos de 3ª división, todos ellos mucho más afectados por el cierre de los estadios que los grandes equipos (en 2ª B, los ingresos por abonos y taquilla suponen el 50% de los ingresos, mientras que sólo aportan un 15% del Presupuesto en el caso del Real Madrid).

LaLiga ya puso en marcha, en marzo de 2020, un Plan de ajuste para afrontar la caída de ingresos de la pandemia, actuando en varios frentes. El primero y fundamental, negociar con el Gobierno y los bancos un paquete de créditos ICO de 600 millones de euros, con la garantía del Estado (o sea, de todos los españoles). Y en paralelo, varios grandes Clubes (Atlético, Barça y Real Madrid) solicitaron préstamos a Fondos de capital riesgo nacionales e internacionales. La segunda vía de escape fue solicitar un ERTE para las plantillas de los Clubes de fútbol, que aprovecharon 7 Clubes de 1ª (Barça, Sevilla, Atlético de Madrid, Valencia, Alavés, Espanyol y Osasuna) y otros 10 de 2ªA, más 41 Clubes de 2ª B y muchos más de 3ª división. A la vez, los Clubes pidieron a sus jugadores que se bajaran los sueldos, no sin resistencia, entre el -10% (Madrid) y el 70% algunos como el Barça.

La cuarta vía de recortes se produjo en los fichajes, primero en el verano pasado: el gasto cayó de 1.291 millones gastados por los grandes Clubes en el verano 2019 a los 483 millones (-66%)  gastados en el verano 2020, según la LFP. Un ajuste en fichajes y salarios que LaLiga ha vuelto a exigir a los Clubes esta temporada 2021-2022, con nuevos límites según los ingresos estimados para cada Club. Eso ha vuelto a colocar a la Liga española como la más austera de las Ligas europeas: el gasto en fichajes de los equipos españoles de 1ª ha sido, en la campaña de verano de 2021, de 293 millones de euros, frente a 1.351 millones que han gastado los equipos de la Liga inglesa, los 549 millones de la Liga italiana, los 416 millones gastados en fichajes por la Liga italiana y los 356 de la Liga francesa.

Este mayor ajuste impuesto por LaLiga a los grandes equipos españoles explica que el Barça no haya podido retener a Messi, porque su agujero financiero y los ingresos previstos no permitían pagar su ficha (135 millones). Sorprende que sí la ha podido pagar el PSG  (35 millones anuales por 2 temporadas), cuando el Club francés tiene también problemas financieros y se ha permitido incluso fichar a 6 costosos jugadores (incluidos Ramos y el lateral Achaf, por 60 millones). La explicación es doble. Por un lado, la Liga francesa (Ligue 1) está en una peor situación financiera que LaLiga (lleva 2.600 millones de pérdidas operativas en las 2 últimas temporadas) y aprobó en 2018 límites salariales a los Clubes, pero no entrarán en vigor hasta dentro de 2 años (cuando vence el contrato de Messi con el PSG). Por otro lado, el PSG ha burlado tradicionalmente las normas financieras de la UEFA, que ahora ha suavizado con la pandemia. Y además, el PSG es un Club propiedad de un multimillonario Fondo ligado a la familia real de Qatar, con lo que no tiene problemas para inyectar periódicamente fondos, lo que ha trastocado y trastoca el negocio del fútbol europeo.

Volviendo al fútbol español, la persistencia de la pandemia ha obligado a LaLiga a ir más allá en sus Planes de ajuste y buscar un rescate financiero que asegure el futuro de los Clubes. Y así, tras 10 meses de negociación, LaLiga anunció en agosto un acuerdo con el Fondo británico CVC (que gestionó durante una década la Formula 1) para recibir una inyección de 2.667,5 millones de euros, 2.460 millones para préstamos a 40 años (sin intereses) a los Clubes de 1ª y 2ªA, 100 millones para el fútbol femenino y categorías no profesionales y otros 100 millones para la digitalización de LaLiga. A cambio de este dinero, el Fondo CVC recibirá una parte (11%) de los ingresos de patrocinio y TV de LaLiga en los próximos 40 años (aunque los gestionará solo LaLiga) y será su “socio industrial” para impulsar el desarrollo multinacional del fútbol español.

Este rescate financiero al fútbol español ha sido aprobado en agosto por 38 de los 42 Clubes de 1ª y 2ªA, aunque cuenta con el rechazo del Madrid y el Barca (que creen que pueden financiarse por si mismos y no quieren un Fondo gestionando parte de sus ingresos), el Athletic Club y el Oviedo, que quedarán fuera del acuerdo. Ahora, con ese dinero, LaLiga lo repartirá entre los Clubes, según su tamaño (250 millones le correspondían al Madrid o al Barça, 184 al Atlético de Madrid, 120 al Sevilla, 117 al Valencia, 115 al Athletic o 108 al Villareal). Y les exige un compromiso a la hora de gastarlo: el 70% del préstamo debe ir a infraestructuras (estadios) e innovación tecnológica, otro 15% para compra de jugadores y el 15% restante para reestructurar su deuda financiera.

Este rescate financiero a los grandes Clubes (¿qué pasa con el resto?) trata de asegurar su supervivencia esta temporada, cuando de momento sólo se permite un 60% de público en los estadios. Y en paralelo, LaLiga, la entidad que dirige el fútbol español, sigue adelante con su reconversión profesional de los Clubes, avanzando en tres vías. La primera, aumentar los ingresos que obtienen de las retransmisiones por TV, tratando de que pasen de los 1.800 millones actuales a 2.300 millones en unos años, para lo que quieren negociar con nuevos operadores (Amazon, DAZN) y aumentar las plataformas de emisión de partidos en el extranjero (van a lanzar una aplicación de pago, LaLiga Xtra, en 70 paises). La segunda vía de reforzamiento es aumentar los ingresos internacionales de los Clubes: aumento sobre todo de patrocinios (pasar de 90 a 112 millones y que el 50% de estos ingresos se generen fuera de España), en Africa y Oriente Medio, aunque también en Asia y América.

Pero la gran apuesta de LaLiga es la digitalización del fútbol español, que los aficionados (sobre todo los jóvenes) tengan múltiples plataformas (APPs, plataformas de transmisión por streaming…) para seguir la competición además de acudir a los estados. LaLiga ya ha invertido 200 millones en digitalización desde 2014 y ha firmado un acuerdo con Microsoft para desarrollar soluciones tecnológicas para la retransmisión de partidos. Y ahora, España es el único país que ha incluido el deporte entre los sectores que van a beneficiarse de los Fondos de recuperación de la UE: se van a destinar 300 millones para su digitalización, que se canalizarán a LaLiga y a los Clubes. Fútbol en la nube.

Al final, la pandemia ha desvelado lo vulnerable que es el negocio del fútbol y el grave riesgo de que estalle la “burbuja” económica creada alrededor de este deporte. Pero puede ser también una oportunidad para reconvertir el mundo del fútbol, consiguiendo en unos años sanear las cuentas de los Clubes y asentar sus balances y su futuro. Eso exige mejorar sus ingresos y racionalizar sus gastos, evitando sueldos escandalosos e inversiones faraónicas. Pero mientras haya jeques y Fondos de inversión que trastoquen el deporte en especulación, será difícil conseguirlo. La UEFA habla mucho de “Fair Play Financiero” pero piensa en suavizar sus normas cuando acabe la pandemia. Y LaLiga es hoy la más austera y vigilante, pero está sometida a la presión de la Premier británica y las demás. Así que el ajuste actual puede ser sólo una tregua y quizás no se pinche la burbuja del fútbol. Un grave riesgo, porque si vuelve a haber problemas, quizás tendremos que rescatarlos nosotros.   

Pandemia: mejor, pero queda todavía

Seguimos en la 5ª ola de la pandemia, aunque con la tercera parte de contagios (198) que a finales de julio (687), gracias al extraordinario avance de las vacunaciones (7 millones recibieron la 2ª dosis en agosto). Pero el turismo y la gran movilidad han provocado 430.000 nuevos contagios y 2.854 muertes por COVID en agosto. Ahora, con la vuelta a casa, los contagios se trasladarán a las grandes ciudades, empresas y centros educativos, con la mayoría de jóvenes sin vacunar (faltan 5,37 millones). Lo más preocupante es que también están sin vacunar totalmente 2 millones de personas con más de 40 años (834.000 con más de 60), más vulnerables a la variante Delta. No hay que bajar la guardia: el virus sigue ahí, es muy contagioso (incluso para los vacunados) y mata más. Y habrá que pasar del 70% de población vacunada hoy al 90% para inmunizarnos. Es la clave para asentar la recuperación económica iniciada y un empleo que ya iguala al de antes de la pandemia. Hagamos el último esfuerzo.

Enrique Ortega

 

La pandemia en el mundo ha acelerado los contagios este verano, pasando de 3,75 millones de contagios semanales a finales de julio a 4,59 millones a finales de agosto, según los datos de la Universidad Jhons Hopkins. Hoy son ya 220,68 millones de personas contagiadas por COVID 19 en 193 paises, un 2,8% de la población mundial. El continente más afectado sigue siendo América (84,5 millones de contagiados), junto con Europa (65,7 millones) y el sudeste de Asia (41,5 millones), seguidos de lejos por el este del Mediterráneo (14,7), el Pacífico (6,7) y África (5,6 millones), según la OMS. Por paises, lideran los contagios Estados Unidos (34,94 millones) e India (33,02), junto a Brasil (20,89), seguidos a mucha distancia por Francia (6,92 millones), Reino Unido (6,91), Rusia (6,91), Turquía (6,42), Argentina (5,20), Colombia (4,91), Italia (4,57), España (4.877.755 contagiados) y Alemania (4,01 millones).

Los muertos por la pandemia se han estabilizado en julio y agosto, en torno a los 69.500 fallecidos cada semana, y hoy se ha alcanzado la cifra de 4.567.387 fallecidos en el mundo por COVID 19 (2,8 millones este año), según la Universidad John Hopkins. Casi la mitad de los muertos se han producido en América (2.112.810 fallecidos), seguida de Europa (1.278.191), sudeste de Asia (650.040), Mediterráneo oriental (269.421), África (136.742) y Pacífico (92.506 muertos), según la OMS. Por paises, encabezan el ranking de mortalidad Estados Unidos (648.472 muertos), Brasil (583.628) e India (440.752), seguidos de lejos por Rusia (183.896), Reino Unido (133.553), Italia (129.515), Colombia (125.278), Francia (115.401), Argentina (112.511), Alemania (92.360) y España (84.795 muertos, de ellos 34.159 este año).

En Europa, los contagios por COVID 19 no se han cuadruplicado en agosto, como vaticinaba en julio el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades (ECDC), sino que se han estabilizado, en los 199 contagios por 100.000 habitantes a finales de agosto. Ahora, la previsión del  ECDC es que los contagios se mantengan en las próximas 2 semanas (quedando en 194 contagios/100.000 habitantes el 12 de septiembre) y bajen bastante en Francia (de 403 a 283), España (de 270 a finales de agosto a 142 a mediados septiembre) y Portugal (de 306 a 273), subiendo en Alemania (de 137 a 217) e Italia (150 a 160). De momento, España es el 8º país europeo con más contagios (198,25 por 100.000 habitantes el viernes 3), por detrás de Reino Unido (706), Irlanda (506), Suiza (413), Francia (361), Portugal (293), Bélgica (245) y Paises Bajos (200).Y tenemos más contagios que Alemania (158), Italia (147), Suecia (133) y la mayoría de paises del Este.

En España, el nivel de contagios de esta 5ª ola se ha reducido drásticamente en agosto, bajando de los 700 contagios el 26 de julio (el techo) a 198,25 contagios el viernes 3 de septiembre, según Sanidad. Un nivel de contagios que nos coloca todavía en “riesgo alto” (150 a 250 contagios), aunque la incidencia sigue siendo muy dispar por autonomías. Así, tenemos 6 regiones en “riesgo extremo” (más de 250 contagios/100.000 habitantes): Melilla (428), Ceuta (394), Extremadura (382), País Vasco (267), Cantabria (258) y Castilla la Mancha (251). Otras 11 autonomías están en “riesgo alto”: La Rioja (243), Baleares (240), Galicia (218), Madrid (215), Aragón (214), Navarra (213), Murcia (202), Castilla y León (200), Andalucía (193), Cataluña (162) y Comunidad Valenciana (155). Y sólo 2 regiones están en “riesgo medio” (50-150 contagios por 100.000 habitantes): Asturias (83) y Canarias (125), según Sanidad.

El motor de los contagios en esta 5ª ola siguen siendo los jóvenes, la mayoría sin vacunar (más vulnerables) y con más movilidad y contacto social, especialmente en vacaciones. Con todo, en agosto ha bajado drásticamente su nivel de contagios: entre los adolescentes de 12 a 19 años, la incidencia ha caído de 1.193 contagios por 100.000 habitantes a finales de julio a 364 el viernes 3; entre los jóvenes de 20 a 29 años, los contagios han caído de 1.193,9 a 267; y entre los niños menores de 12 años, de 373 a 240. En el resto de edades, los niveles de contagios son inferiores a la media española (198,25 contagios el viernes), según Sanidad.

En agosto, por las vacaciones, se han hecho menos pruebas COVID (tanto PCRs como antígenos), bajando de 1,2 millones semanales a finales de julio a 741.000 a finales de agosto. Y también ha bajado drásticamente el porcentaje de positivos en estas pruebas: del 16% que salían a finales de julio a un 8,1% de pruebas positivas el viernes 3, todavía un porcentaje alto (“riesgo medio” para Sanidad, que estima no debía superar el 4%). Sin embargo, todavía hay un porcentaje demasiado alto de positivos en Castilla la Mancha (13,08%), Aragón (11,84%), Andalucía (10,40%) y País Vasco (10,09%). Y lo peor es que en agosto, con la gran movilidad de la población, ha sido muy difícil rastrear los contactos: en un 36% de los casos no se han encontrado contactos y cuando se han investigado, la media ha sido de sólo 2 contactos por contagiado, según Sanidad.

Los nuevos contagios se están produciendo, en un 88%, por la variante Delta (India), que es mucho más virulenta y provoca el doble de hospitalizaciones en los no vacunados (o que no hayan completado la 2ª dosis), según un estudio publicado en The Lancet. Por eso han aumentado las hospitalizaciones en agosto, pasando de 7.955 el 23 de julio a un máximo de 10.184 el 4 de agosto, aunque ahora ha bajado a 6.245 hospitalizados (un 5,30% de camas ocupadas por enfermos COVID, un nivel de “riesgo medio”), según Sanidad. Lo más preocupante es que muchos de estos hospitalizados (los mayores de 40 años no vacunados y algunos jóvenes) acaban en la UCI, donde han aumentado mucho los pacientes: de 1.292 el 23 de julio a 2.031 el 9 de agosto y todavía 1.460 el viernes 3 de septiembre. Donde peor están las UCIs (en “riesgo extremo”) es en Madrid (29,5% camas ocupadas por enfermos COVID) y Cataluña (28,10%), estando en “riesgo alto” (15-25% UCIS ocupadas) Navarra (21,31%), Aragón (18,92%), País Vasco (18,59%), Baleares (17,73%) y Canarias (15,69%).

Pero lo peor de la pandemia en agosto han sido las muertes: han saltado de 265 fallecidos la última semana de julio a 785 la primera de agosto, 464 la segunda, 666 la tercera, 1.530 muertos la cuarta semana de agosto (viernes 20 a viernes 27), con un récord de 194 muertos el 31 de agosto, y 795 fallecidos la última semana (27 agosto-3 septiembre). En total, 2.854 personas muertas por COVID en agosto, frente a “solo” 611 muertes por la pandemia en julio. Y eso se debe a que la variante Delta es más virulenta y ha atacado a mayores vulnerables sin vacunar (e incluso vacunados), volviendo a matar en las residencias de ancianos, donde han aparecido rebrotes más virulentos (de 7 fallecidos semanales a finales de junio a 170 en la primera semana de agosto).

Este negro balance de la pandemia en agosto habría sido mucho peor si no se hubiera dado un gran salto en las vacunaciones: de 26,42 millones vacunados con las 2 dosis el 27 de julio (el 55,7% de la población) se ha pasado a 33,37 millones totalmente vacunados el 31 de agosto (el 70,3% de los españoles). Son 6.956.296 personas totalmente inmunizadas en agosto. Un récord que coloca a España como líder de vacunación en Occidente, sólo por detrás de Portugal (73,6% vacunados) y por delante de Canadá (66,6%), Reino Unido (62,6%), Israel (62,4%), Holanda (62,3%), China (61,1%), Italia (60,5%), Alemania (59,9%), Francia (58,8%), USA (51,7%), Japón (43,5%), y Rusia (24,9%), según Ourworldindata.org.

Pero queda mucho por hacer, dado que la pandemia no se acabado (el nivel de contagios, ahora en 200, debería bajar de 50) y hay todavía muchos españoles sin vacunar, según los últimos datos de Sanidad. El colectivo prioritario siguen siendo los mayores de 40 años sin completar las 2 dosis: eran 2.096.713 personas el viernes 3 de septiembre, tanto entre 70 y 79 años (faltan 60.919), entre 60 y 69 años (faltan 223.606), entre 50 y 59 años (faltan 549.911) y entre 40 y 49 años (1.262.277 no tienen la 2ª dosis). Y en paralelo, hay que vacunar a los menores de 40 años, donde se concentran más los contagios, especialmente  ahora que empiezan los colegios y la Universidad. En este grupo (de 12 a 39 años), faltan de completar la 2ª dosis un total de 5.376.717 jóvenes, alcanzando la inmunidad a dos tercios de los jóvenes (20-39 años), pero sólo a poco más de un tercio de los adolescentes (un 39,4% de los que tienen 12-19 años están vacunados).

Sólo completando la vacunación de los mayores de 40 años (reitero: faltan 2.096.713) y de los jóvenes de 12 a 39 años (faltan de inmunizar 5.376.717) se puede llegar a la inmunidad de rebaño que ahora piden los expertos frente a la variante Delta, el 90% de la población con las 2 dosis de vacunas (los menores de 12 años suponen el 11% del censo). Visto lo conseguido en la estrategia de vacunación, puede conseguirse para finales de octubre, pero requiere planificación sanitaria y convencer a las bolsas de indecisos y negacionistas, obligando a vacunarse si fuera necesario (sanitarios, residencias, empleados públicos…).

En paralelo a completar la vacunación, es importante mantener las actuales restricciones y no bajar la guardia en las medidas de prevención (distanciamiento, mascarilla, controles en ocio y hostelería) hasta que el nivel de contagios baje de 50 por 100.000 habitantes. Y controlar en especial la vuelta a los trabajos y a las aulas, porque un repunte de contagios en la enseñanza sería ahora dramático. Y hace falta un Plan de choque en la sanidad, para reforzar los Centros de Salud y la atención primaria (deben reanudarse las consultas como antes), así como la atención especializada y en los hospitales, con un Plan para reducir las listas de espera, sobre todo en operaciones prioritarias.

No se puede bajar la guardia, porque el virus sigue ahí y pone en riesgo no sólo nuestra salud y nuestra vida (155 muertos por COVID el viernes 3 de septiembre, no lo olvidemos) sino también la salida de la crisis, la recuperación económica, ya iniciada: en el 2º trimestre España volvió a crecer un +2,8% (tras estancarse en el 4º trimestre y caer un -0.4% en el primer trimestre), el mayor crecimiento entre los grandes paises europeos (la UE-27 creció un +1,9%, Francia un +0,9%, Alemania un +1,5% e Italia un +2,7%, según Eurostat). Y la mejora del consumo y la mayor actividad en la construcción, la industria y el turismo han conseguido que el empleo lleve 4 meses con un fuerte crecimiento, con la mayor bajada del paro en agosto de la historia. Y así, en agosto se ha conseguido recuperar el nivel de empleo anterior a la pandemia: 19.477.505 cotizantes a la Seguridad Social (19.479.814 en febrero 2020), aunque todavía hay 272.190 trabajadores “aparcados” en ERTES.

Todo esto se puede poner en peligro si ahora, a la vuelta de vacaciones, relajamos la lucha contra el virus, descuidando las normas de distanciamiento social, y no nos volcamos en vacunar lo antes posible a todos los mayores de 12 años a los que falta poner la 2ª dosis (7.473.230 personas en total) para conseguir ese 90% de vacunación que nos permita lograr la inmunidad de rebaño y estar más tranquilos, salvar vidas y recuperar la economía y el empleo. Es el último esfuerzo, en estos próximos meses, para evitar un repunte de contagios y salvar el futuro. Merece la pena.