Educación: nueva Ley, viejos problemas

La próxima semana reabren colegios e institutos, tras el retraso por la nieve. Y entra en vigor la nueva Ley de Educación, la Lomloe, que nace con polémica aunque tiene más apoyos (7 partidos) que la controvertida Lomce (apoyada solo por el PP). La nueva Ley cambia el sistema de matriculación, ya esta primavera, para impedir que las familias más pobres y los niños inmigrantes se concentren en los centros públicos y los concertados “elijan” a sus alumnos. Y para el próximo curso, se cambiarán temarios y evaluaciones, para evitar un exceso de contenidos que no se pueden dar. Además, este año se aumenta la oferta de plazas de 0 a 3 años y el Presupuesto de Educación, un +139%. Pero tenemos una educación deficiente, con demasiados repetidores y alumnos que abandonan, escasas habilidades (PISA) y estudios poco útiles, que nos llevan a un 40,9% de paro juvenil, un escándalo. Si no han conseguido pactar la Ley, al menos acuerden su aplicación en los próximos meses.

Enrique Ortega

La nueva Ley de Educación, la Lomloe, aprobada a finales de diciembre, es la 8ª que se aprueba en España con la democracia, tras dos aprobadas en los ochenta (1980 y 1985), dos en los 90 (1990 y 1995) y las tres anteriores de este siglo (en 2002, que no llegó a aplicarse, 2008 y 2013). Y como las anteriores, ha sido imposible el consenso político, aunque tiene más apoyos (7 grupos políticos) que la anterior Lomce, la polémica Ley Wert que el PP aprobó en solitario en 2013, gracias a su mayoría absoluta (182 votos). El problema ahora es que el Gobierno Sánchez ha tenido que pactar la Lomloe y eso ha tenido “dos costes” sobre el borrador inicial. Uno, que la Lomloe elimina el castellano como lengua vehicular, para conseguir el apoyo de ERC y el PNV, algo poco práctico a corto plazo (hay sentencias del Constitucional y el Supremo que garantizan la enseñanza en castellano), pero que ha dado un arma a la derecha contra la Ley. Y la otra, que se refuerza el control de la enseñanza concertada y la apuesta por la enseñanza pública, para contentar a los grupos de izquierda y conseguir también el apoyo de Más País, Compromis y ERC, además del PSOE, Podemos, PNV y Nueva Canarias (178 votos a favor de la Lomloe).

Al final, la Ley de Educación que ha salido era “la única posible” (vistas las alianzas),aunque PP, Vox y Ciudadanos la utilicen para atacar al Gobierno, convocar movilizaciones y colgarla una serie de “sambenitos”, con la ayuda de los colegios concertados, que han calado en muchas familias que no se han leído la Ley (ver BOE 30 diciembre 2020): no da libertad de elección de colegio a las familias (falso), quiere acabar con la educación especial (falso) o  ataca a la educación concertada (falso). Lo que cuestionan estas críticas es un modelo de enseñanza que apuesta por la escuela pública y la integración en los centros, con un cambio en el modelo de enseñanza que reduzca el fracaso escolar.

El primer gran cambio de la Lomloe entrará en vigor esta primavera, cuando las familias quieran reservar la plaza de sus hijos para el curso 2021-2022. Ahora, los criterios para entrar en un centro serán no sólo la cercanía y tener hermanos, sino también el nivel de renta. Con ello, la Ley trata de que los colegios concertados acepten niños de familias con bajos ingresos y niños inmigrantes, que ahora son sistemáticamente “desviados”  a los colegios públicos. Dos datos: el 79% de los niños inmigrantes están en centros públicos y lo mismo el 90% de los hijos de las familias más pobres. A cambio, los colegios concertados intentan “elegir a sus alumnos”, buscando clases media y altas, a los que cobran cuotas disuasorias. Y así, tenemos colegios públicos con alumnos que obtienen peores resultados y que además han sufrido los recortes y colegios concertados con alumnos de más nivel y con más recursos, porque la enseñanza concertada ha aumentado las subvenciones públicas.

Los datos son muy elocuentes. Año tras año, ha ido ganando peso la enseñanza concertada (25,60% de los alumnos) y privada (7.30%), a costa de la pública (67,10% de los alumnos no universitarios). Y hay cinco autonomías, las más ricas, donde el porcentaje de alumnos que van a la concertada es mayor: País Vasco (49,2% alumnos van a centros concertados o privados), Madrid (46,17%), Navarra (35,7%), Baleares (35,4%) y Cataluña (34,7% alumnos en la concertada y privada). Y mientras, el peso de la educación concertada  es mucho menor en los barrios y autonomías más pobres: Melilla (sólo el 16,7% alumnos van a la concertada), Castilla la Mancha (19,9%), Extremadura (19,7%), Ceuta (21,3%), Canarias (24%) y Andalucía (25,7%). Y en los últimos años, la enseñanza pública ha perdido 10.000 alumnos y la concertada ha ganado 50.000, gracias a las ayudas de algunas autonomías, según un informe de CCOO.

Esta “segregación” de la enseñanza, fomentada por la Ley Wert, ha deteriorado la calidad de la enseñanza pública, porque está demostrado que los niños de familias con bajos ingresos tienen un peor rendimiento educativo, lo que concentra en los centros públicos mayores porcentajes de repetidores (casi la mitad del total se dan en alumnos con padres que tienen estudios básicos) y de abandono escolar (el 29,7% de alumnos entre el 20% de familias más pobres y sólo el 4,1% de abandono en el 20% de familias más ricas), según un informe del Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil.

Además de tener más alumnos desfavorecidos, educativamente más “problemáticos”, la enseñanza pública ha sufrido los recortes del Gobierno Rajoy, entre 2012 y 2015, mientras que los centros concertados veían aumentar sus subvenciones. Entre 2009 y 2018, los conciertos educativos que han pagado las autonomías a los colegios concertados han subido en +448 millones (+7,6%), de 5.891 a 6.339 millones, mientras los colegios públicos perdían -1.553 millones esos años, un -5% de sus recursos, en perjuicio de la calidad de su enseñanza. Y casi un tercio de ese aumento de ayudas a la escuela concertada se fue a Madrid (+146 millones, un +16,7%), que les trasvasó 51,2 millones más en 2019.

Este doble “rasero” entre enseñanza pública (más alumnos desfavorecidos y pocos recursos) y enseñanza concertada (alumnos de clase media alta, fuertes subvenciones y cuotas a los padres) es lo que quiere romper la Lomloe, tratando de repartir de forma más equitativa los alumnos y fomentando los centros públicos, no los concertados, que nacieron en 1992 (con Felipe González) para “complementar” la enseñanza pública (al ampliarse la enseñanza obligatoria de 14 a 16 años), no para sustituirla. Y eso ha provocado la rebelión de muchos colegios concertados, que temen por su negocio ahora que ha bajado la natalidad y no hay tantos nuevos alumnos. Y también muchos padres prefieren la segregación actual, poder elegir colegios mejores,  donde no haya niños pobres ni inmigrantes. Esa es la cacareada “libertad de elección de colegio” que defienden algunos: una enseñanza pública con peores alumnos y mal financiada y una concertada de más calidad y subvencionada.

Otro cambio que ha sido manipulado es el de la educación especial, la educación de los niños con discapacidad. Actualmente, la mayoría de estos 35.000 niños con problemas asisten a centros de educación especial y si sus padres quieren integrarlos en colegios “normales”, tienen muchas dificultades. Eso incumple la Convención sobre los derechos de las personas discapacitadas de la ONU, que España ratificó en 2008. La Lomloe da un plazo de 10 años para que los centros educativos “normales” se preparen para acoger paulatinamente a estos alumnos discapacitados en sus colegios, “salvo cuando sus necesidades exijan ser atendidas en centros especiales”, que seguirán existiendo (hay 480). Y siempre, con la opinión de los padres, que ahora no pueden muchas veces elegir llevarlos a colegios “normales”.

La Lomloe supone dos cambios más, a partir de la próxima semana. Uno, da mayor autonomía a los centros escolares en su organización y planificación educativa. Y el otro, da más competencias al Consejo escolar (profesores, familias y alumnos a partir ESO), que perdió competencias con la Ley Wert y ahora participará en la elección del Director y en la aprobación del proyecto educativo y la programación del centro.

Otros cambios de la Lomloe no se aplicarán hasta el curso que viene, el 2021-2022. El principal será el cambio en los “currículos”, en los programas educativos, que ahora son demasiado extensos y obligan a los profesores a una carrera contra reloj para impartirlos antes de junio (dejando a muchos alumnos por el camino). Los nuevos programas, que se introducirán paulatinamente en los dos próximos cursos,  serán más cortos y menos “enciclopédicos”,  basados menos en la memoria y más en el fomento de habilidades, en “enseñar al alumno a aprender”. El Ministerio de Educación ha invitado a las autonomías a elaborar estos futuros programas, que serán también de responsabilidad autonómica un 50% (el 45% en regiones sin lengua propia). Y se prevé que los centros puedan también decidir una parte de estos programas (en Portugal deciden el 25% de contenidos y funciona muy bien).

Junto a esta tarea, de fijar nuevos contenidos, la Ley contempla la posibilidad de fusionar asignaturas (hay alumnos que al pasar a la ESO tienen más asignaturas que años) y quita peso a la asignatura de Religión no cuente para selectividad y becas y pueda elegirse en su lugar una asignatura de Valores cívicos y éticos. Además, se eliminan los itinerarios educativos que desviaban en 3º de la ESO a la FP a los alumnos con malos resultados, incluyéndolos en un programa de diversificación curricular que les permita terminar la ESO. Y se suprimen también las reválidas de la Ley Wert (4º Primeria y 2º ESO), sustituyéndolas por 4 pruebas diagnósticas del sistema educativo (dos para todos los alumnos, en 4º primaria y 2º de la ESO y dos para una muestra de alumnos, de 6º primaria y 4º ESO), que servirán para evaluar la enseñanza, al estilo del informe PISA, sin calificaciones para los alumnos. Y también se limitan las repeticiones: sólo se podrá repetir una vez en Primeria y dos veces en toda la enseñanza obligatoria, con lo que los alumnos no repetirán automáticamente con 2 suspensos, sino que lo decidirán los equipos docentes, buscando lo mejor para cada alumno. Porque hoy, las muchas repeticiones (el 28,7% de los alumnos de 15 años)  son la antesala del fracaso escolar y tienen un alto coste: 3.340 millones al año, según Educación.

Además de estos cambios, la Lomloe apuesta por 3 cambios a medio plazo. Uno, aumentar las plazas públicas para la educación infantil, de 0 a 3 años. El Plan es aumentar en 8 años el porcentaje actual de plazas públicas (34%) al 55%, aumentando plazas en Ayuntamientos y autonomías, con 600 millones del Presupuesto en los próximos 3 años (en 2021 ya se gastarán 200 millones en crear 21.794 plazas de educación infantil). El segundo, crear un nuevo modelo de profesorado, aprobando en un año cambios en la formación universitaria de los profesores (quizás con una selectividad específica, como en Finlandia y Cataluña), renovando el sistema de oposiciones, mejorando la carrera profesional y quizás introduciendo el sistema de “prácticas tuteladas”, una especie de MIR como el de los médicos para profesores. Y el tercer cambio de calado de la Lomloe, el compromiso de aumentar el gasto en enseñanza, para que pase del 4,3% actual al 5% del PIB que tienen muchos paises de la OCDE, lo que supondría gastar 10.000 millones de euros más al año en educación.

De momento, este año 2021, el Presupuesto en Educación es uno de los que más crece, un +139%, dedicando 5.697 millones de gasto del Estado (más 42.500 millones las autonomías, que cargan con el grueso del gasto educativo). La mitad se destina a tres partidas: becas y ayudas, que suben 515 millones (+35%), la mayor dotación de la historia (2.090 millones), el aumento de plazas en la educación infantil (+200 millones) y la digitalización de la enseñanza (1.013 millones), para aportar 750.000 dispositivos a los centros y facilitar la enseñanza digital, muy retrasada: de los 28.000 centros públicos y concertados, 3.000 no cuentan con Internet de alta velocidad (sobre todo en Madrid, Barcelona y la España vaciada).

Hasta aquí lo fundamental de la nueva Ley de educación, la Lomloe, que ahora tiene que concretarse y aplicarse, en los dos próximos cursos, con el firme rechazo de las autonomías del PP, en especial Madrid y Murcia, aunque no tanto Castilla y León, Galicia y Andalucía (su consejero, Javier Imbroda, ha dicho que “la educación concertada no corre ningún peligro con la Ley Celáa”). Lo importante sería que si no se ha pactado la Ley, al menos se pacte lo más posible su aplicación, para mejorar la situación de la enseñanza en España, que es bastante deficiente. Basten algunos datos: lideramos el porcentaje de repetidores (28,7% de los jóvenes de 15 años han repetido frente al 13% en Europa y el 11,4% en la OCDE) y de abandono escolar temprano (17,3% jóvenes 18 a 24 años sólo tienen la ESO o ni siquiera, frente al 11,9% en Europa), mientras el 24,7% de los que hacen la ESO no terminan Bachillerato ni FP (el 16,6%) en Europa. Los alumnos de 15 años (4º ESO) sacan bajas  notas en comprensión lectora, ciencias y matemáticas (informe PISA 2018) y los alumnos de 10 años (4º Primaria) tienen un conocimiento deficiente en Ciencias y Matemáticas (Informe TIMSS 2019).

La primera consecuencia de esta deficiente educación, muy memorística y poco práctica, es que los jóvenes españoles tienen muy difícil trabajar: sólo están empleados (18-24 años) el 21,4%, frente al 29,9% en la UE y el 33,2% en la OCDE, según el Panorama de la Educación 2020 de la OCDE. Un 58,8% de esos jóvenes siguen estudiando (parecido al 57,5% de la UE y el 52,7% de la OCDE), pero tenemos muchos más jóvenes parados: el 19,7% ni estudia ni trabaja (son los “ni-nis”), frente al 12,9% en la UE y el 14,3% en la OCDE, con datos de 2019. Y si contamos los jóvenes de 16 a 25 años, el 40,9% están parados en España, frente al 17,7% en la UE-27, según Eurostat (2020). Un dato tremendo, que refleja el doble fracaso, de nuestro sistema educativo y nuestro modelo económico.

Con esta Ley educativa o con otra, habrá que mejorar la enseñanza en España, que sigue siendo muy discriminatoria (familias pobres e inmigrantes concentradas en centros públicos), clasista (el 45% de los hijos de padres con estudios básicos se quedan en ese nivel: no funciona el “ascensor social”), muy desigual por autonomías (en el gasto y en los resultados, según el informe PISA), demasiado memorística y poco útil para conseguir un trabajo. Habrá que cambiar programas, contar con profesores mejor preparados, tener más medios y más presupuesto. Y contar más con los profesionales y los centros, despolitizando la gestión educativa. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos y nietos.