Sanidad obsoleta, precaria y desigual

La sanidad es ya la tercera preocupación de los españoles, tras el paro y la economía. Los  recortes de gastos (10.000 millones) y plantillas (41.000 médicos y enfermeras) la han colapsado, con más las listas de espera, urgencias saturadas y deterioro del servicio, plantillas precarias, instalaciones viejas y tecnología ya obsoleta. Y lo peor: la atención sanitaria es muy desigual por autonomías, porque unas gastan más que otras: es mala en Valencia, Canarias, Murcia y Cataluña y buena en Navarra, Aragón y País Vasco. Quien se beneficia de la saturación de la pública es la sanidad privada, donde se desvían pacientes y recursos públicos (un 12%), mientras 11 millones de españoles  pagan un seguro médico. Urge poner más dinero en apuntalar la sanidad pública, para renovar plantillas, instalaciones y tecnología, y reformarla a fondo para que se pueda pagar: hoy se lleva un tercio del presupuesto autonómico y si no se hace nada, se llevará todo en 2040. Reformas y gestión eficiente, no más recortes.
 

enrique ortega

Este 2017 será el tercer año en el que sube el presupuesto de Sanidad de las autonomías, pero todavía poco como para contrarrestar el duro ajuste que sufrió el Sistema nacional de Salud (SNS) entre 2009 y 2013: el gasto sanitario se redujo en 9.787 millones de euros (-13,4%), 1 de cada 7 euros perdidos, según datos de Hacienda. Y entre 2010 y 2014 se perdieron 41.000 puestos de trabajo en la sanidad (11.000 médicos y 30.000 enfermeras), de los que sólo se han recuperado 4.000 empleos entre 2015 y 2016. Estos recortes de gasto y de personal han deteriorado mucho la oferta de servicios mientras ha seguido aumentando la demanda, por el crecimiento de la población y su envejecimiento. La consecuencia es que la sanidad pública está al borde del colapso y cuando hay epidemia de gripe o es fin de semana, saltan las alarmas, provocando protestas de pacientes y profesionales (las “mareas blancas”), como se ha visto recientemente en Cataluña o Andalucía.

Uno de los mayores problemas estructurales de la sanidad pública es la precariedad de sus plantillas: un tercio de sus empleados (480.626 en 2016) son eventuales (con contratos temporales), de ellos la tercera parte interinos (169.828), personal sanitario que ocupa temporalmente el puesto de otro. Y sólo la mitad de los médicos (50,7%) que trabajan en el Sistema nacional de Salud (SNS) tienen una plaza en propiedad, según una encuesta de la CESM. De la otra mitad, un 19,2% son contratados fijos y el 30,8% restante son médicos contratados, muchos desde hace una década y  la tercera parte con contratos de menos de 6 meses, que se renuevan una y otra vez. Y aún hay más precariedad entre enfermeras y enfermeros. Todos ellos se ven afectados por las recientes sentencias del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), que dictaminan que “el encadenamiento de  contratos temporales para un puesto que es fijo incumple el derecho comunitario” y que la normativa debe poner límites a estos contratos. La legislación española lo hace (los contratos temporales deben tener una duración máxima de 2 años, ampliables a 12 meses más por convenio), pero la sanidad pública se rige por un Estatuto que sí permite encadenar contratos sin límite (el Estatuto Marco del Personal de los Servicios de Salud españoles, en vigor desde 2003).

La precariedad laboral del personal sanitario más el recorte de medios han tensionado la atención sanitaria, lo que se traduce en el aumento de las listas de espera y la consiguiente saturación de las urgencias: los pacientes tardan meses en operarse o  ir al especialista y si tienen un problema, optan por ir a urgencias, donde los enfermos se agolpan en los pasillos. Y mucho tienen que ver las listas de espera: había 549.424 pacientes esperando para operarse a finales de 2015 (últimos datos de Sanidad), 89 días de media, con un 10,6% de ellos esperando ya más de 6 meses para operarse. Y en lista de espera para ir al especialista había 1.650.000 pacientes (43,35 por 1.000 habitantes) y aunque su espera ha bajado a 58 días, el 42,4% de ellos llevan más de 6 meses esperando para ir al especialista. Y también se ha deteriorado la atención primaria, con más pacientes y menos tiempo por médico.

Otro grave problema de la sanidad pública, aunque se ve menos, es que se está quedando obsoleta, porque lleva 7 años sin invertirse apenas en equipos y tecnología. De hecho, el 28% del equipamiento de los hospitales públicos supera los 10 años de vida, según un estudio de Esade y Antares. Y así, 1 de cada 3 resonancias magnéticas  y 1 de cada 4 TAC tienen más de 10 años, los ecógrafos y sistemas de monitorización están anticuados y los equipos de radiología son antiguos e irradian demasiado a los pacientes, con riesgo de provocar cáncer, según denuncia la patronal de tecnología sanitaria Fenin. Para comprender el retraso tecnológico de la sanidad pública, basta compararla con la privada: los hospitales privados sólo tienen un 33% de las camas del país pero disponen del 56% de todos los equipos de resonancia magnética, del 59% de los dispositivos LIT por ondas de choque, el 55% de los densitómetros óseos, el 47% de los aparatos de tomografía y el 41% de los mamógrafos, según los últimos datos (2016) de la Fundación ISIS.

Pero no es sólo que los aparatos estén viejos, es que los hospitales tienen ya muchos años y apenas se ha gastado en mantenimiento y reparaciones. Y por eso, en febrero se derrumbó el falso techo sobre 2 pacientes en el hospital La Paz (tiene 52 años), un mes después de otro derrumbamiento en el hospital Gregorio Marañón de Madrid  y de la inundación por rotura de una tubería la planta de oncología del Hospital 12 de Octubre. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que “algunos hospitales de Madrid están obsoletos”. Lo que no dice es que para mantener las infraestructuras y la tecnología de 35 hospitales y 400 centros de Salud en Madrid se gastaron en 2016 sólo 100 millones de euros… Y en otros lugares, como las zonas turísticas y grandes ciudades, el problema es que los hospitales se han quedado pequeños y no se construyen otros nuevos.

Esta mayor presión sobre la sanidad pública, muy deteriorada por los recortes, se ha aliviado desviando pacientes a la sanidad privada, que ha duplicado su negocio (factura más de 10.000 millones al año), gracias sobre todo a los “conciertos” con la sanidad pública, de donde proceden ya el 23% de sus ingresos anuales. Son miles de pacientes derivados cada día de centros y hospitales públicos a centros privados, para realizar pruebas, análisis y operaciones, más la gestión privada de 9 hospitales “públicos” (5 en Madrid y 4 en Valencia). En 2015, la sanidad pública pagó a la privada por estos “conciertos” 7.623 millones, un 11,6% del presupuesto del SNS. Y en 2016, habrá “desviado” más del 12% del presupuesto público a la sanidad privada, un porcentaje que sube al 25% en Cataluña (hay 32 hospitales privados integrados en el sistema sanitario “público”), el 10,6% en Madrid, el 10,5% en Canarias y el 9,6% en Baleares.

Además, las listas de espera y los problemas en la sanidad pública alimentan el negocio de la sanidad privada por otra vía: los seguros médicos privados, el tipo de seguro que más ha crecido con la crisis. Ya son 11,14 millones los españoles que tienen contratado un seguro médico privado, pagando entre 100 y 300 euros al mes por familia, básicamente para ir al especialista o para operaciones no graves, un negocio que ya factura 7.975 millones anuales y que aporta un 62% de los ingresos de la sanidad privada (el 23% son los conciertos con la sanidad pública y el 15% restante lo aportan los pacientes privados que pagan directamente sus tratamientos y operaciones).

Junto a estos problemas estructurales, la sanidad pública tiene un problema que quizás sea el más grave: la desigual atención sanitaria por autonomías. Los recortes han sido para todas, pero hay autonomías que consiguen gastar más en sanidad que otras y tienen más camas, más médicos y más enfermeras por habitante. Las que más gastaron en sanidad en 2016 fueron Asturias (1.587 euros por habitante), País Vasco (1581 euros), Navarra (1.551), Extremadura (1.395) y Cantabria (1379 euros). Y las que menos, Andalucía (1.048 euros por habitante, un 50% menos que asturianos y vascos), Cataluña (1.179), Comunidad valenciana (1.170), Murcia (1.197) y Madrid (1.210 euros), según el informe 2016 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Y las que tienen más camas, médicos y enfermeras por habitante son Navarra y el País Vasco y las que menos Andalucía y Cataluña, según otro estudio del Círculo de Sanidad.

Al final, gastar menos en sanidad y disponer de más o menos camas y profesionales se nota en la atención sanitaria, muy diferente según la ciudad donde uno enferme. Así, en 2016, la mejor sanidad la tenían Navarra (83 puntos sobre 106), Aragón (82), País Vasco (82), Castilla y León (73) y Asturias (69), según la valoración profesional de la FADSP, que puntúa como mala o deficiente a la sanidad de la Comunidad Valenciana (46 puntos), Canarias (49), Murcia (55), Cataluña (55) y Andalucía (97). Lo peor es que la Comunidad Valenciana y Canarias son “el farolillo rojo” de la sanidad pública en estos estudios desde 2009.

Con todo este panorama, se comprende que la sanidad sea ya el tercer motivo de preocupación de los españoles, sólo por detrás del paro y la situación económica y por delante de la corrupción y la educación, según el Barómetro del CIS de enero 2017. Eso sí, los españoles todavía aprueban a la sanidad pública (le dan una nota de 6,55, similar a los 6,55 puntos de 2011) y es la que eligen cuando tienen un problema serio de salud, según el último Barómetro sanitario (2015). Pero un tercio cree que necesita cambios de fondo.

La sanidad pública necesita cambios no sólo porque esté saturada sino porque el gasto sanitario se va a disparar en los próximos años, por varias razones. La primera y fundamental, por el envejecimiento de la población: va a haber más mayores (serán el 25% en 2029) que vivirán más años (90 años de esperanza de vida en 2066, frente a 82,8 hoy), pacientes que supondrán más gasto. Y aumentarán los enfermos crónicos (hoy ya 4 de cada 10 españoles)  y las enfermedades complejas (ELA), más costosas de tratar. Además, seguirá aumentando el gasto farmacéutico (hoy ya supone 20.000 millones anuales, el 30% de todo el gasto sanitario), con nuevos tratamientos más costosos. Y se avanzará en la detección de enfermedades, con una tecnología sanitaria también más costosa. Por todo ello, algunas estimaciones, como Esade y Antares, apuntan que el gasto sanitario español (66.000 millones en 2016) podría duplicarse en 2025, aumentando más de 5.000 millones al año. Y si hoy la sanidad se lleva un tercio del Presupuesto de las autonomías, en 2040 podría llevarse ya todo el Presupuesto público si no se toman medidas, según la OCDE.

La primera medida a tomar es, evidentemente, aportar más recursos a la sanidad, los que se recortaron con la crisis y más. ¿Cuánto? Una pista puede ser que España gaste en sanidad lo que el resto de Europa, cosa que ahora no pasa: el gasto sanitario en España supone el 6,2% del PIB (2015), frente al 7,2% de la UE-28, Alemania o Italia, el 8,2% de Francia, el 7,6% de Reino Unido y el 8,6% de Dinamarca, según los recientes datos de Eurostat. Así que gastar en sanidad como los europeos supondría gastar 11.000 millones más al año. Una cifra que apuntalaría el futuro de la sanidad pública y que es asumible si España recaudara impuestos como el resto de Europa, porque  ingresa 85.000 millones menos que la media, por el mayor fraude y porque pagan menos grandes empresas, multinacionales y ricos.

Algunos expertos y el último informe del FMI sobre España proponen establecer copagos en la sanidad pública, como un pago por acudir a urgencias o al especialista o por día de hospitalización, para reducir la demanda y conseguir más ingresos. Sería una medida injusta (los pacientes ya pagan la sanidad con los impuestos), que afectaría más a los más pobres y que podría provocar problemas sanitarios posteriores, porque habría personas que cuidarían menos su salud (para no pagar), como ha pasado con el copago farmacéutico (un 7% de jubilados han dejado de medicarse, según un estudio en Valencia). Y al final, acabarían en urgencias o hospitalizados, con más coste para el sistema.

Además de aportar más recursos a la sanidad, hay que reducir su precariedad, convocando oposiciones y ampliando plantillas, primero para cubrir los puestos perdidos o eventualizados (CCOO pide una convocatoria especial de 94.000 plazas) y luego para cubrir los desfases con la sanidad europea (tenemos 5,1 enfermeras/os por 1.000 habitantes frente a 8,4 en Europa: igualarnos supondría contratar 153.450 enfermeras/os más). Y renovar la tecnología, con nuevos aparatos, a la vez que se gasta más en mantenimiento y se construyen nuevos centros de salud y hospitales en las zonas sanitariamente más colapsadas.

Pero además, hay que reformar a fondo la sanidad, para que el gasto no crezca como una bola de nieve que sea imposible de financiar en unas décadas. Y para ello, hay que apostar por la prevención, por gastar más en la atención primaria para poder gastar menos en los hospitales (lo más caro). Y, sobre todo, trabajar en la detección y tratamiento preventivo de las enfermedades crónicas, como las cardiovasculares y la diabetes, que tienen mucho que ver con malos hábitos de vida. También es clave separar la atención a los ancianos de los hospitales, hoy colapsados por los mayores: los expertos creen que una mejor atención a los ancianos en residencias, geriátricos, centros de día y en sus hogares reduciría enormemente el gasto hospitalario y sanitario futuro.

Tenemos una sanidad que sigue siendo una de las mejores del mundo, a pesar de todos los problemas causados por los recortes y la mala gestión. Pero estamos en un momento crucial: o se apuntala con más recursos y reformas de fondo, o puede estallar en unos años, asfixiada por el gasto y la demanda de los pacientes. Hay que planificar la sanidad que queremos a 20 años vista, como las pensiones o la educación, no ir saliendo al paso como se puede cada año. No retrasen más la reforma. Nuestra salud es demasiado importante.