lunes, 8 de febrero de 2016

Vuelve la "guerra del agua"


El Gobierno Rajoy está “en funciones”, pero hace cosas. Entre ellas, aprobar en el primer Consejo de enero los 16 Planes Hidrológicos 2016-2012, a pesar de que en septiembre, varios fueron rechazados por los nuevos gobiernos de Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña, que van a denunciarlos  en  Bruselas y ante los Tribunales. Y ayer domingo, 50.000 personas se manifestaron en Amposta contra el Plan del Ebro. Rajoy reabre así la “guerra del agua” entre autonomías, que el ministro Cañete había cerrado en 2013, gracias a que el PP controlaba las autonomías enfrentadas y a que no había tanta sequía como ahora. El problema de fondo es la escasez de agua y que con el cambio climático habrá menos, mientras estos Planes fomentan los regadíos (consumen el 82% del agua) y no planifican bien el reparto del agua. Y que España, siendo el país con más déficit de agua de Europa, es el que menos invierte en infraestructuras y gestión del agua. Urge un gran Pacto del agua.
 

enrique ortega


La “guerra del agua” en España viene de lejos, desde la Edad media y antes. Pero más recientemente, saltó en 1.979, con la entrada en funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, que abastece a 2,5 millones de personas en Murcia, Alicante y Almería y proporciona agua a unos 80.000 agricultores. Mientras hubo agua, los enfrentamientos entre Castilla la Mancha y Levante fueron menores, pero en 1994 la “guerra del agua” estalló con virulencia, con una agria polémica entre Bono (CLM) y Lerma (C. Valenciana), donde no pudo mediar el ministro Borrell. Y los problemas siguieron latentes, mientras la ComisiónEuropea pedía a España, desde 2009, que aprobara los Planes de cuenca para gestionar mejor los ríos. Pero Zapatero no lo hizo, para evitar más enfrentamientos entre autonomías. Y en junio de 2011, Bruselas denunció a España ante el Tribunal de Luxemburgo, señalando además que si 14 Estados europeos se habían puesto de acuerdo sobre el Danubio, aquí debería ser más fácil.

Cuando el ministro Cañete llegó al Ministerio, en diciembre de 2011, se encontró con que sólo había un Plan de cuenca (distrito fluvial de Cataluña) de los 25 que deberían haberse aprobado. Y se puso a la tarea de elaborar los Planes, empezando por los ríos menos conflictivos. En octubre de 2012, el Tribunal europeo condena a España por no tener los Planes (anunciando multas) y en noviembre, el Comisario europeo de medio ambiente visita Madrid y da otro “toque” al Gobierno: hay que aprobar ya los Planes de todos los ríos. Para hacerlo, el ministro Cañete convoca en Toledo, en enero de 2013, a los tres barones del PP implicados en la “guerra” del trasvase Tajo-Segura, Cospedal (CLM), Fabra (Valencia) y Valcárcel (Murcia) y cierra un pacto que busca contentar a todos. Y con él, aprueba, a finales de 2013, los 25 Planes hidrológicos de cuenca 2009-2015.

Pero los años han pasado y ahora tocaba aprobar el segundo ciclo de los Planes, para el periodo 2016-2021. Y el Gobierno Rajoy quería dejar el tema “atado y bien atado” antes de irse. Y sobre todo, antes de que llegaran otros partidos a las autonomías implicadas, con las elecciones de mayo 2015. Y así preparó los 16 Planes ahora aprobados por el Gobierno en funciones (12 estatales y 4 regionales que afectan a Galicia y Andalucía). La reacción de las autonomías afectadas no se ha hecho esperar. El gobierno socialista de Castilla la Mancha va a denunciar los Planes del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura ante Bruselas y ante los Tribunales, donde ya denunció este verano los dos trasvases de agua (20 Hm3 y 15 Hm3) aprobados en julio y agosto por el Gobierno Rajoy, en plena sequía. Y lo mismo hará el nuevo Gobierno catalán, después de que el presidente Puigdemont arremetiera en su investidura contra el Plan hidrológico del Ebro, otra "bandera" más del independentismo catalán.

Las autonomías afectadas por esta nueva “guerra del agua” se quejan de que el Gobierno Rajoy ha aprobado estos Planes hidrológicos sin un acuerdo previo. Por un lado, los nuevos Gobiernos autonómicos no pudieron presentar alegaciones contra estos Planes, porque el plazo para hacerlo terminó el 30 de junio y ese día fue el que se constituyó el nuevo gobierno de la Comunidad Valenciana y aún no habían tomado posesión los nuevos gobiernos de Castilla la Mancha (3 de julio) y Navarra (23 julio). Y se quejan de que Rajoy haya aprobado los Planes a pesar de que en el Consejo nacional del Agua, celebrado el 30 de septiembre de 2015, hubo 12 votos en contra de los Planes (76 a favor y 6 abstenciones), los de Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra, varias organizaciones ecologistas y una de agricultores. El voto en contra lo justificaban en que estos Planes incumplían la normativa europea (Directiva marco del Agua) en temas medioambientales (al no asegurar unos recursos suficientes para regenerar los ecosistemas de unos ríos muy contaminados), apostaban por aumentar los regadíos (750.000 hectáreas más), no regeneran los acuíferos y no aseguran la cantidad y la calidad de los suministros futuros de un agua cada vez más escaso.

A pesar de esta oposición, los Planes están ahí y ahora falta ver qué hacen Bruselas, los Tribunales y las autonomías afectadas, mientras el próximo Gobierno ha de decidir si los deroga o no. Los dos Planes más polémicos son los del Tajo y el Ebro. En el Tajo, el problema es que el río recibe un 47% menos de agua y sus pantanos están al 15% de capacidad, mientras el río está muy contaminado, razones que esgrimen en Castilla la Mancha para oponerse al trasvase de agua a Levante, lo que puede provocar nuevas “guerras” con la Comunidad Valenciana (ahora gobernada por el PSOE, como CLM) y Murcia (que sigue en manos del PP). En el Ebro, las quejas son de Cataluña (no de Aragón, de momento), que pide recibir el doble de agua para salvar el delta del Ebro, mientras se quejan de que el Plan autorice 400.000 nuevas hectáreas de regadío, que consumirán la escasa agua disponible. Ayer domingo 7 de febrero, una multitudinaria manifestación en Amposta (Tarragona) protestó contra el Plan del Ebro, exigiendo un mayor caudal para que sobreviva el ecosistema del delta.

El tema de fondo, al margen de las peleas políticas, es que el agua es un bien escaso y cada vez lo será más. En las últimas dos décadas, los aumentos de temperatura, sobre todo en primavera (cuando más debía llover) han provocado una reducción del agua de los ríos de un 14,3%, según un estudio de CEDEX. Y con el cambio climático, esta tendencia se agravará en el futuro, de tal manera que se espera que haya un 20% menos de recursos hidráulicos en 2021 que en 1990, según un estudio de Ecologistas en Acción. Y el problema es que, en paralelo, el consumo crecerá para entonces un 10%. Es decir que para 2021, el déficit de agua crecerá un 30% sobre 1990. Eso se traduce en que si ahora hay sólo una cuenca con un déficit estructural de agua (la del Segura), en las próximas décadas tendrán también déficits estructurales de agua las cuencas del Júcar, Guadiana, Guadalquivir, cuencas internas de Cataluña, Guadalete-Barbate y Cuencas mediterráneas, además de parte de las cuencas del Tajo y Ebro. O sea, la mitad de España, la mitad sureste del país.

¿Qué se puede hacer? Los expertos lo reiteran: reducir la demanda de agua (la presente y la futura) y gestionar mejor el menor agua disponible, de mala calidad. Eso pasa, primero, por actuar sobre los regadíos, que hoy suponen el 82% del consumo total de agua (el otro 18 % lo consumen el turismo, los hogares y la industria). La propuesta de Ecologistas en acción es reducir los regadíos actuales (de 4 millones de hectáreas a 3-3,2 millones) y no aprobar más (los Planes de Rajoy autorizan 750.000 hectáreas más), a la vez que se busca una mayor eficiencia en los cultivos, ahorrando agua. Además, proponen reducir el consumo de agua en el turismo y el urbanismo de costa, sobre todo en el Mediterráneo. Y apostar por un menor consumo de los hogares (137 litros por persona), más con campañas y una facturación por persona (que penalice los consumos elevados) que con subidas de tarifas: el agua es más barata en España que en Europa (1,76 e/m3 frente a 3 euros), pero los precios ya han subido mucho en poco tiempo (+26% desde 2009) y además son muy diferentes según las ciudades (desde recibos de 29,35 euros mensuales en Murcia o 23,49 euros en Barcelona a 11,82 euros en Valladolid o 11,31 euros en Zaragoza, según un estudio de Facua).

Además, España debe volcarse en invertir mucho más en infraestructuras de agua, para evitar inundaciones (se repiten cada año en los mismos sitios), asegurar los aprovisionamientos y mejorar la calidad del agua. No es de recibo que Bruselas haya vuelto a demandar a España en 2015 ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir las directivas europeas de depuración de aguas residuales. De hecho, en pleno siglo XXI, España tiene abiertos 4 expedientes en la Comisión Europea por no depurar correctamente las aguas residuales de 800 localidades de todo el país (afecta a 6millones de personas). Y el 68% de las ciudades españolas de más de 10.000 habitantes no cuentan con los sistemas de depuración terciaria que exige la Unión Europea a los países miembros desde 2015…Tercermundista.

La realidad es que los gobiernos de Zapatero y Rajoy han recortado las inversiones hidráulicas desde 2007, inversiones que rondan ahora los 2.200 millones anuales. De hecho, España, que es el país europeo con más déficit hídrico, es también el país europeo (salvo Suecia) que menos invierte en infraestructuras de agua: un 0,11% del PIB frente al 0,27% de media en la UE-28 (y frente al 0,28% PIB de Francia o el 0,27% de Alemania, países donde llueve mucho más). Habría que recuperar este atraso y regenerar el patrimonio hidráulico, con importantes inversiones en infraestructuras, canalizaciones, aprovisionamientos y saneamiento. Los expertos hablan de invertir entre 10.000 y 15.000 millones en obras hidráulicas, en agua. Y en paralelo, actuar más como país contra el cambio climático (menos petróleo, carbón y gas y más renovables y ahorro de energía), la principal causa de que haya menos agua.

El agua es uno de los grandes problemas de España, como el paro, las pensiones, la educación, la pobreza  o el futuro del estado de Bienestar (sanidad, servicios sociales  y dependencia). Y asegurar que haya agua suficiente y de calidad no se resuelve con “guerras” entre autonomías, entre consumidores y agricultores. Hace falta un gran Pacto del agua, que garantice un uso racional y solidario del agua, un bien público cada vez más escaso. Y dedicar más dinero a inversiones que aseguren un mejor abastecimiento, mientras se conciencia a las familias, a las industrias y al turismo de un consumo responsable. España es el país más vulnerable de Europa a la falta de agua y lo será más en el futuro, por el cambio climático. Gestionar bien el agua debería ser un objetivo de todos, al margen de peleas políticas y localismos. Porque sin agua no hay futuro.

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