Estirar la vida laboral: jubilarse y trabajar

Mañana 1 de abril entra en vigor la 3ª fase de la reforma de las pensiones, iniciada por el Gobierno en 2021 y continuada en 2023. Los cambios, pactados con sindicatos y patronal el verano pasado (y apoyados por el PP en el Congreso), incentivan retrasar la jubilación y facilitar que un jubilado trabaje o se jubile parcialmente y siga trabajando. Se busca reducir los  nuevos jubilados (368.000 en 2024), para frenar el gasto en pensiones, que en 2024 superó los 200.000 millones (73% para pagar jubilaciones). De momento, las medidas tomadas para penalizar las jubilaciones anticipadas y retrasar la jubilación han dado frutos: 34.273 trabajadores retrasaron su jubilación en 2024, el 9,3% del total y el doble que en 2021. Con todo, cada año aumentan los jubilados, con pensiones más altas, y preocupa que las reformas consigan sostener a medio plazo las cuentas. Hoy, la AIReF publicará un balance, impuesto por Bruselas, para ver si las reformas funcionan o si hay que tomar nuevas medidas.

                            Enrique Ortega

El gasto en pensiones en España sigue batiendo todos los récords. En marzo de 2025, la Seguridad Social pagó 10,31 millones de pensiones, por un importe histórico de 13.492 millones de euros (+50% que los 8.946 de marzo 2018). Ya en 2024, el gasto en pensiones batió todos los récord: 200.000 millones de euros, +38% que en 2019 (144.834 millones). Y casi dos tercios de esta factura (el 73%) se destina a pagar pensiones de jubilación: 6.558.073 jubilaciones en 2024, que cobraron 6.450.903 jubilados el año pasado (3,82 millones hombres y 2,61 millones mujeres), con una pensión media de jubilación de 1.450 euros mensuales (1.143 en 2019).

El problema de la factura de las pensiones es doble. Por un lado, cada vez hay más españoles en edad de jubilarse, por el envejecimiento de la población. Así, el número de pensiones de jubilación ha saltado de 5.994.755 pensiones en diciembre de 2018 a 6.562.698 pensiones de jubilación en febrero de 2025 (+9,5%). Y por otro, estos nuevos jubilados (368.234 en 2024) cobran más, porque han tenido mejores carreras profesionales, han cotizado más años y por sueldos crecientes, con lo que se jubilan con pensiones mucho más altas. Así, los que se jubilaron en febrero pasado lo hicieron cobrando 1.650 euros de media, un 11% más de los que se jubilaron en 2019. Y además, aunque también hay bajas, los nuevos jubilados cobran un 20% más de lo que cobraban los que se han muerto.

Esta es la endiablada “trampa de las pensiones”: cada año hay más jubilados (en 2024 se jubilaron 64.671 trabajadores más que en 2019) y se jubilan cobrando más, porque han cotizado más años y por sueldos más altos. Y esto va a empeorar a medio plazo: a partir de 2025, el coste de las jubilaciones va a aumentar más (hasta 2044), porque se jubila la generación del “baby boom” (los nacidos entre 1960 y 1977). Y además, como van a vivir más (la esperanza de vida subirá de 83,5 años a 86,5 a mediados de siglo), cobrarán las futuras pensiones (más altas) durante más años (casi 20).

Para afrontar este panorama y conseguir que las pensiones sean “sostenibles”, en España se han hecho varias reformas en las últimas décadas. La primera reforma la hizo Zapatero, en julio de 2011, apoyada por los sindicatos, la patronal, PSOE y CiU. Era una reforma impuesta por la Comisión Europea, que exigía hacer recortes para que España evitara el rescate. Esta reforma de ZP intentó frenar el gasto futuro con 4 medidas polémicas pero eficaces: subir la edad de jubilación (de 65 a 67 años en 2027), elevar el periodo cotizado para recibir el 100% de pensión (de 35 a 37 años en 2027), aumentar los años exigidos para retirarse a los 65 años (de 35 a 38 y 6 meses en 2027) y aumentar el periodo de cómputo cotizado (de 16 años a 25 en 2022).

La segunda reforma de pensiones la aprobó Rajoy en septiembre de 2013, esta vez en solitario, con Bruselas también vigilante en una época de recortes. Dos fueron las medidas impuestas: una mínima revalorización de las pensiones (no con el IPC, sino en función del déficit de la SS), que aumentó las pensiones un +0,25% entre 2014 y 2017, y un Factor de Sostenibilidad, para subir menos las pensiones futuras (suponía un recorte del -30% para 2050). Al final, Rajoy tuvo que dar marcha atrás en 2017, forzado por el PNV (lo necesitaba para aprobar los Presupuestos de 2018) y aprobó una mayor revalorización (+1,6% en 2018) y retrasó (de 2019 a 2023) la entrada en vigor del Factor de Estabilidad.

En 2020, la mayoría progresista que apoyaba al Gobierno Sánchez, promovió en la Comisión del Pacto de Toledo (Congreso) la aprobación (el 27 de octubre) de 22 medidas de reforma de las pensiones (apoyadas por todos los partidos, salvo VOX, y la abstención de ERC y Bildu), que se resumían en 4 medidas básicas: revalorización de las pensiones con el IPC, quitar a la SS de gastos impropios, acercar la edad de jubilación real a la oficial y una subida extra de las cotizaciones del 0,6%. Con este amplio acuerdo político, el Gobierno Sánchez aprobó en 2021 y 2022 la 1ª fase de esta tercera reforma de pensiones. Primero, a finales de 2021, aprobó la revalorización de las pensiones con el IPC previsto para 2022 (+2,4%), un decreto Ley que votaron en contra PP, Vox y Ciudadanos. Segundo, ya en 2021 transfirieron a la SS 13.929 millones para cubrir parte de los gastos “impropios”. En 2022 transfirieron otros 18.396 millones y 22.567 millones más en 2023, lo que suprimía el déficit del sistema.

La 3ª medida, aprobada en 2022, fue penalizar más a los que se jubilen anticipadamente (la edad real de jubilación era 64 años y 6 meses en 2021), lo que suponía un gran ahorro (14.000 millones anuales por cada año que suba la jubilación real). Y en paralelo, incentivar (con un cheque) a los que se jubilen más tarde de lo debido. Y la 4ª medida, aprobada en 2022 y la única no apoyada por la patronal CEOE, fue implantar una cotización extra, del +0,6% (+0,5% lo pagarán las empresas y el 0,1% sus trabajadores), a pagar entre 2023 y 2032, para crear una “hucha” (el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, MEI), para reforzar los ingresos del sistema de pensiones a partir de 2032, cuando se dispare el gasto con las jubilaciones del “baby boom”.

Estas 4 medidas de la 1ª fase de la reforma de pensiones del Gobierno Sánchez recibieron en 2022 el visto bueno de la Comisión Europea, obsesionada (como en 2011 y 2013) porque las pensiones disparen el déficit público en España. Pero no les bastaban: creían que se había tapado el déficit de la SS, con los ingresos trasvasados de los Presupuestos, pero que no se aseguraba el futuro de las pensiones. Y pedían más medidas, como requisito para que España siguiera recibiendo Fondos europeos en 2023. Así que el Gobierno contempló aprobar una 2ª fase de la reforma al revés: negociando primero con Bruselas.

Al final, el 16 de marzo de 2023, el Gobierno Sánchez aprobó una 2ª fase de la reforma de pensiones, pactada con Bruselas y los sindicatos pero rechazada por la patronal, PP, Vox y Ciudadanos. Esa nueva reforma se centraba en aumentar los ingresos (15.000 millones anuales hasta 2050), que saldrán de aumentar las cotizaciones, sobre todo a los sueldos más altos. Y además, se subieron los años de cómputo para calcular la pensión, de 25 a 27 años, con dos “cautelas” para suavizar el ajuste: que los futuros pensionistas podrán “elegir” (hasta 2044) entre tomar los últimos 25 años cotizados o los últimos 29 quitando los dos peores  y que el nuevo sistema se implantará de forma progresiva hasta 2038.

Tras esta 2ª fase, quedaban unos “flecos” a la reforma de pensiones, que se pactaron entre los sindicatos, la patronal y el Gobierno en julio de 2024, firmándose en La Moncloa el 18 de septiembre de 2024 y trasladándose a un Real decreto Ley aprobado por el Gobierno en diciembre de 2024 y convalidado en el Congreso el 22 de enero pasado (con el voto favorable del PP y los votos en contra de Vox, Bildu, Podemos y BNG). Esta normativa, que cierra las reformas de las pensiones de 2021,2022 y 2023, pretende hacer compatible la jubilación con un empleo, que la opción de un trabajador no sea trabajar o jubilarse sino que pueda seguir trabajando después de los 65 años (o de los 66 años y 8 meses ahora, si ha cotizado menos de 38 años y 3 meses) e incluso compatibilizar pensión y trabajo (jubilación activa o parcial), como se permite en muchos paises. Objetivo: reducir el número de jubilados y frenar el aumento de la factura de las pensiones.

La nueva normativa pactada, que entra en vigor este 1 de abril, se centra en 3 tipos de jubilaciones. Una, la jubilación demorada: se aumentan los incentivos para que un trabajador retrase su jubilación después de los 65 años (o 66 años y 8 meses en 2025 y 67 años en 2027). Ya había un incentivo, aprobado en 2022, para aumentar un 4% cada año la pensión de quien la retrase. Ahora, se mejora este incentivo: se cobrará el extra por cada 6 meses de demora, sin esperar al año. Así, alguien que retrase su jubilación 2 años y 7 meses, cobrará un extra en su pensión del 4% por año y del 2% por los 6 meses de retraso (+10% en total).

El 2º cambio afecta a la jubilación activa, a los que compatibilizan durante un tiempo pensión y trabajo. Esto ya se podía hacer, pero ahora se introduce una mejora clave: se elimina el requisito de tener una carrera cotizada completa (38 años y 3 meses) y se permite compatibilizar pensión y trabajo a los que hayan cotizado 15 años. Esto beneficiará a los trabajadores con carreras cortas e intermitentes, especialmente a las mujeres. El acceso a poder trabajar de nuevo se permite 1 año después de la jubilación y el jubilado podrá cobrar el 50% de la pensión (si es autónomo con al menos 1 empleado, cobrará el 100%) y el sueldo que le paguen por su trabajo (a jornada completa o parcial). Otra novedad importante es que esta jubilación activa permitirá cobrar también los incentivos a la jubilación demorada señalados antes. Así que cada año que demore la jubilación y tenga una jubilación activa, aumentará el porcentaje que cobra de pensión (si es 5 años o más cobrará el 100%).

El tercer cambio afecta a la jubilación parcial, que permite compatibilizar la jubilación anticipada (a los 63 años si ha cotizado suficiente) con un trabajo por cuenta ajena con reducción de jornada: ahora se permite una reducción del 25 al 50% de la jornada, pero con el cambio puede llegar al 75% de reducción si se contrata a un joven como relevo (y además, en este caso, se permite la jubilación parcial a los 62 años). La pensión que cobrará el jubilado parcialmente será en función de lo que recorte su jornada como trabajador. El objetivo es incentivar a los trabajadores en sus últimos años de vida laboral (62 o 63) a que trabajen menos horas para dejar hueco a un joven (que debe tener contrato indefinido, para evitar fraudes), pudiendo cobrar una parte de su pensión según la jornada que haga.

Una variante que también cambia es la jubilación anticipada en la industria manufacturera, prorrogando el marco actual hasta 2029 (incluido), rebajando sus cotizaciones al 80%, permitiendo una organización más flexible de las empresas y mejorando la situación de los jóvenes “relevistas” (el que sustituye a un mayor que se jubila parcialmente). Estas mejoras son claves para muchas industrias, como las del automóvil, que han presionado al Gobierno y a los sindicatos a facilitarles la renovación de sus plantillas en España.

Otro cambio que incluye la nueva normativa es la mejora del acceso a la jubilación de los trabajadores fijos discontinuos, que sólo trabajan unos meses (o días) y el resto cobran el paro, una figura muy usual en hostelería, turismo, campo o construcción. Se mantiene el beneficio del coeficiente multiplicador (1,5) al calcular sus cotizaciones para jubilarse: 6 meses cotizados equivaldrán a 9 meses. Y por último, el Real Decreto aprovecha para incluir otro cambio: a partir de ahora, los médicos de familia podrán “derivar” a las Mutuas las pruebas y la rehabilitación de los trabajadores con bajas por problemas musculoesqueléticos, siempre que el trabajador quiera (el médico es quien seguirá dando las altas y bajas).

Todos estos cambios, la 3ª fase de la reforma de las pensiones, deberán ser evaluados por el Gobierno y la SS a finales de 2028, para ver si han funcionado y aceleran el retraso de las jubilaciones y las jubilaciones activas. De momento, las reformas de 2021 han reducido las jubilaciones anticipadas: de 123.498 en 2021 (el 39% del total) han bajado a 108.968 en 2024 (el 29,60%), por lo que mucho que se pierde ahora al jubilarse anticipadamente (del 3,26 al 21%: ver cuadro). Y en paralelo, los incentivos a retrasar la jubilación han hecho que lo hagan muchos más trabajadores: 34.273 en 2024 (el 9,31%), el doble que en 2021 (15.250, el 4,8%), según los datos de la Seguridad Social.

Con todo, no se puede cantar victoria, porque cada mes hay más jubilados y más gasto. Y aumentará más con la jubilación de los “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1977). Por eso, la Comisión Europea nos vigila de cerca, porque “no quiere sustos” y que el gasto en pensiones rompa la extraordinaria bajada del déficit público (del 9,9% del PIB en 2020 al 2,8% en 2024) . Y ha encargado un informe a la Autoridad Fiscal española (AIReF) para que haga un balance del gasto en pensiones 2022-2024, tras las reformas. Informe que se conocerá hoy, 31 de marzo. Si hay un desfase entre ingresos y gastos (se habla de 12.000 millones), Bruselas podría forzar a España a nuevas reformas en los próximos meses. En realidad, la reforma de las pensiones es “una reforma permanente”, con cambios periódicos para asegurar su futuro. Así que la reforma que entra en vigor mañana será “la penúltima”. Atentos a las noticias.