Respiramos un aire que mata

Las primeras semanas de 2015, la contaminación se agravó en Madrid y Barcelona, saltando todos los límites por el buen tiempo y la falta de lluvias. Pero no se trata de un problema coyuntural: la mayoría de los españoles (como los demás europeos) respiramos un aire muy contaminado, que provoca enfermedades y mata. De hecho, la contaminación provoca 450.000 muertes al año en Europa, de ellas 26.800 en España. Son 20 veces los muertos que causan los accidentes de tráfico. Ahora que se acercan las elecciones, los partidos volverán a hablar de la contaminación, pero nadie afronta con seriedad el problema. Y España está pendiente de varias multas europeas por incumplir los límites comunitarios. Urge tomar medidas para penalizar el diésel, cambiar de coche, fomentar el transporte público y obligar a eléctricas, refinerías y grandes industrias a contaminar menos. Porque en cuanto crezcamos más y no llueva, el aire será más peligroso. No podemos seguir respirando veneno.
 

enrique ortega

En noviembre, la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) volvió a dar la voz de alarma: hasta el 98% de la población europea vive en lugares que rebasan los límites de contaminación del aire que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y si se toman los límites de contaminación de la Unión Europea, menos estrictos, un tercio de los europeos respira un aire contaminado por encima de los límites UE. Una contaminación que provoca enfermedades (respiratorias, cardiovasculares, cáncer) y muertes: sólo en Europa se producen 450.000 muertes al año por la contaminación, según la AEMA. Y de ellas, 26.800 son en España, 20 veces más mortalidad que los accidentes de tráfico (1.131 muertos en 2014). Además, la contaminación deteriora el medio ambiente y las cosechas, provocando daños a dos tercios de la superficie cultivada en España, según la AEMA.

En España, un 95% de la población (44,8 millones de españoles) respira aire contaminado, que supera los límites marcados por la OMS, según el último informe de Ecologistas en Acción. Y si se toman los límites de la UE (más laxos), un tercio de los españoles (36%, 16,8 millones) respiran un aire que infringe las normas europeas. Hay 5 tipos de contaminantes en el aire que respiramos. El más extendido es el ozono troposférico (O3, el ozono “malo”), producido sobre todo en verano por la fotooxidación de NO2 y compuestos orgánicos volátiles (COVs), procedentes de vehículos, calefacciones e industrias. Media España incumple los límites europeos de O3 (Madrid, sur de Castilla y León, mitad sur de España, la Rioja, valle del Ebro y Cataluña), afectando a unos 23 millones de habitantes. El contaminante que más crece es el dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico que procede en un 80% de los vehículos (diésel) y que afecta a Madrid, Barcelona y otras 11 grandes ciudades, con 12 millones de habitantes afectados. Es  el que ha subido mucho este mes de enero. Y el único contaminante donde España tiene más porcentaje de población afectada que Europa.

El tercer contaminante, las partículas PM 10 y PM 2,5, procedentes de los vehículos diésel (35-50%), las calefacciones, centrales térmicas e industrias, es el menos extendido pero el más grave, porque las partículas más pequeñas (PM 2,5) penetran fácilmente en el aparato respiratorio y pueden llegar al torrente sanguíneo. La OMS fija un límite anual de 10 microgramos por metro cúbico y tanto Barcelona (14) como Madrid (10) lo han rebasado en ocasiones. El cuarto contaminante, el dióxido de azufre (SO2) lo producen sobre todo las industrias (refinerías y químicas), afectando a la bahía de Algeciras y Tenerife. Y el último contaminante en detectarse, el benzopireno (BaP), producido por el uso de estufas de madera y calefacciones de biomasa, está afectando a 9 de cada 10 habitantes urbanos en Europa, según el estudio de la AEMA. Y en España hay pocas estaciones de detección.

Está científicamente demostrado que estos cinco contaminantes en el aire afectan muy negativamente a la salud. El ozono troposférico agrava las enfermedades respiratorias y la contaminación de los motores diésel causa cáncer de pulmón y de vejiga, según certificó la OMS en julio de 2012. La contaminación también provoca enfermedades cardiovasculares y arritmias, asma infantil, problemas en los fetos (bajo peso al nacer),crisis cardiorrespiratorias a los ancianos y hasta diabetes y obesidad, según numerosos estudios médicos. Y lo último: en octubre de 2013, la Agencia de Investigación del Cáncer (IARC) clasificó la contaminación ambiental como “cancerígena, sin ninguna duda científica”. De ahí que se estimen 26.800 muertes al año por la contaminación en España, de ellas 2.000 en el gran Madrid y 3.500 en las 40 ciudades del área metropolitana de  Barcelona.

Un  coste muy alto en vidas humanas, al que hay que sumar el deterioro del medio ambiente y los cultivos. De ahí que la contaminación cueste a España entre 20.000 y 42.000 millones al año, según un cálculo de la AEMA, que estima entre 59.000 y 189.000 millones el coste para toda Europa, entre muertes prematuras, costes de hospitalización, enfermos, pérdidas de horas de trabajo y daños en cosechas y medio ambiente. Además, la contaminación puede acarrear más costes a España, porque estamos pendientes de tres multas de Bruselas (Tribunal Europeo de Justicia), una al Estado y dos a los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, por expedientes abiertos al incumplir desde 2010 la normativa europea sobre contaminación ambiental. Y Bruselas ha rechazado el Plan del Gobierno Rajoy que pretendía eximir de cumplir la normativa europea hasta 2020 a 34 instalaciones industriales, la mayoría centrales de carbón (la Robla, As Pontes, Anclares o Velilla). Ahora, tendrán que adaptarse o cerrar.

Luchar contra la contaminación del aire no es fácil y en Europa hay dos modelos. Uno, el de París, Milán o Bolonia, que opta por actuar cuando hay un episodio de contaminación: dejar circular sólo matrículas pares un día e impares otro, limitar la velocidad, fomentar las bicis… Y el otro, el de Berlín, Londres, Estocolmo o Copenhague, con medidas más estructurales: más impuestos al coche, peajes por entrar en las ciudades, prohibición acceso al centro vehículos “sucios”, rebaja precio transportes públicos… En España, Madrid optó en julio por subir el precio del aparcamiento a los coches más contaminantes y quiere aplicar medidas como las de París en febrero. Y la Generalitat aplicó en Barcelona este 9 de enero un protocolo que incluyó reducir la velocidad en vías rápidas (de 100 a 90), informar al ciudadano e “instar” a las eléctricas y cementeras a reducir emisiones. Pero no aplicó dos medidas del protocolo que serían más efectivas: subir un 25% peajes autopistas y aparcamientos municipales y reducir a la mitad el precio de los transportes públicos.

La normativa contra la contaminación está en manos de autonomías y Ayuntamientos, pero es clave que Europa fije unos límites estrictos, para forzar a cumplirlos. Y, por desgracia, la nueva Comisión Europea ha descartado aprobar una normativa más estricta contra la contaminación, como le pide la OMS, el conocido paquete Aire limpio para fijar techos de emisión más estrictos a partir de 2020. Baste decir que el límite legal europeo para la contaminación por partículas, que ha entrado en vigor en 2015, es el doble del que existe en EEUU y 2,5 veces el recomendado por la OMS. Y todo ello porque Bruselas se ha plegado a las presiones de las grandes industrias, eléctricas y multinacionales del automóvil, que no quieren límites más estrictos de contaminación, argumentando la crisis y el empleo. De hecho, la nueva normativa de emisión de coches deja a los fabricantes hasta 2021 para adaptarse. Y podrán compensar fabricar más contaminantes con fabricar híbridos y eléctricos.

España tiene un problema de contaminación más grave que el resto de Europa por tres razones. Primera, porque tenemos más coches: somos el cuarto país del mundo con más coches por habitante (480 por 1.000), tras Italia (602), Alemania (510) y Francia (495), por delante de EEUU (439) y Japón (450). Segunda, porque nuestros coches son más viejos y contaminan más: la edad media del parque son 11,3 años (8 años en la UE) y la mitad de los vehículos tienen más de 10 años. Tercera, somos “un país diésel”: un 60% de vehículos circula con gasóleo, frente al 37% en Europa. Y dos de cada tres coches vendidos en 2014 fueron diésel. Un carburante que emite seis veces más de NO2 y partículas PM10 que la gasolina. Además, tenemos un gran parque de centrales térmicas de carbón (3 están entre las 100 empresas más contaminantes de Europa: Andorra, Almería y Compostilla, las tres de Endesa), químicas y refinerías (la de Repsol en Tarragona está en ese ranking).

El Gobierno Rajoy aprobó en abril de 2013 el Plan Aire 2013-2016, que pretende crear un marco común para todas las ciudades (cada Ayuntamiento va a su aire) y promover tres medidas concretas: limitar la velocidad, poner colores a los coches (según contaminen) para posibles limitaciones de acceso a las ciudades y subir el impuesto de circulación a los más contaminantes. Pero el Plan apenas se ha aplicado, salvo las ayudas a la renovación de vehículos comerciales (Plan PIMA aire) e industriales (Plan PIMA Transporte), junto al mantenimiento del Plan PIVE, que ha renovado 755.000 vehículos entre 2012 y 2014.

Habría que hacer mucho más para reducir la contaminación. A corto plazo, subir los impuestos al gasóleo como piden Bruselas y el FMI (equipararlo con la gasolina supondría subirlo 7 céntimos por litro), aumentar impuestos a los coches más contaminantes, limitar la velocidad en las ciudades, fomentar el transporte público con mejoras del servicio y bajadas de precios, subir los aparcamientos y fomentar el uso híbridos y eléctricos en las flotas de autobuses, empresas y vehículos comerciales. Y a medio plazo, pactar con las petroleras la fabricación de carburantes menos contaminantes (como ha hecho Obama en USA) y con los fabricantes la producción más barata de coches híbridos y eléctricos. Junto a un Plan de incentivos  y créditos para recortar las emisiones de calefacciones colectivas y grandes empresas (sobre todo eléctricas, químicas, refinerías, acerías y cementeras).

Todo eso cuesta tiempo y dinero, pero más caro es no hacer nada, en muertes y en costes múltiples. Y más cuando llegue la recuperación, ya que tenemos el aire muy contaminado cuando el consumo de carburantes y electricidad ha caído con la crisis. ¿Qué pasará cuando la economía despegue? Hay que afrontarlo antes, con realismo y sin demagogias electorales. Tenemos que cambiar todos, automovilistas, propietarios de viviendas, transportistas y empresas (sobre todo). No podemos seguir envenenando el aire. Es un suicidio colectivo.