El gasto de los hogares batió un récord histórico
en 2024: creció un +12,5% sobre antes de la pandemia, por la fuerte
subida del gasto en sanidad, alimentación, vivienda, educación, hoteles y restaurantes. Un mayor gasto,
sustentado en la subida de salarios y pensiones, que es “un espejismo”:
gastamos más por la inflación, porque todo ha subido, pero en
realidad gastamos menos que en 2019 (-7,5%). Los que más han aumentado su
gasto estos años son las familias con menos ingresos, porque gastan
porcentualmente más en alimentación y vivienda, lo que más ha subido, por lo
que tienen más problemas para llegar a fin de mes. Y además, la renta real de
los hogares (ingresos descontando la
inflación) es todavía menor que en 2008 (-4,3%). Un dato que explica por qué muchos
españoles no acaban de “notar” la mejora de la economía, aunque crecemos
y creamos más empleo que Europa. Pero la inflación ha subido un 33,5% y ese
aumento se ha “comido” nuestro nivel de vida. Enrique Ortega
El gasto medio por hogar fue de 34.044 euros
en 2024, un 4,4% más que en 2023 y un máximo histórico, no sólo respecto a
antes de la pandemia (30.243 euros en 2019) sino respecto a antes de la crisis
financiera (31,773 euros en 2008), según la reciente Encuesta de
Presupuestos Familiares del INE. La mayor parte del gasto familiar se
destina a la vivienda, agua, luz y gas (11.029 euros en 2024, el 32,4%
del gasto total), seguida de la alimentación (5.391 euros anuales, el 15,8%),
el transporte (3.877 euros, el 11,4%), los hoteles y
restaurantes (3.374 euros, un 9,9% del total), seguidos a distancia del
gasto en actividades recreativas, deporte y cultura (1.692 euros, el 5%
del gasto total), vestido y calzado (1.432 euros, el 4,2%), sanidad
(1.377 euros, el 4%), muebles y
artículos del hogar (1.274 euros, el 3,7%), seguros y financiación
(1.270 euros, el 3,7%), cuidado personal y servicios (1.228
euros, el 3,6%) y bebidas, alcohol y tabaco (447 euros, el 1,3%).
Otro hecho relevante es que el gasto familiar no es
homogéneo y ha crecido más, tanto en 2024 como en los últimos
años, en las familias con menos ingresos, que son las que suelen gastar
más porcentaje de sus ingresos en vivienda, alimentación y sanidad, lo que más
ha subido. Así, según
el INE, el 20% de las familias con menos ingresos aumentaron su
gasto en 2024 (17.610 euros) un 10,9% y el 40% siguiente con rentas bajas y
medias (que gastan entre 24.500 y 30.907 euros anuales) los aumentaron un 6%, por encima de la media
(+4.4%), mientras el 20% más rico sólo aumentó su gasto un +1,9% (hasta 58.272
euros).
Esta estructura del presupuesto familiar en 2024 revela un
cambio en los hábitos de gasto de los españoles tras la pandemia.
Básicamente, ha aumentado el gasto de los hogares en sanidad (gastamos
ahora +31,4% que en 2019,
por la ampliación y subida de los seguros médicos más otros gastos sanitarios,
como la atención bucodental, óptica y rehabilitación),
en alimentación (el gasto familiar en comida y bebida ha aumentado un +25,78%
desde 2019), en vivienda (+16,8% de gasto, por la subida de
alquileres e hipotecas, junto al agua, luz y gas, a pesar de las ayudas y la
bajada del IVA), en educación (+14,96% por las guarderías, colegios
privados y concertados más transporte y comida escolar) y en el mayor gasto en
hoteles y restaurantes (+13,58%), porque tras la pandemia “salimos más”.
Aquí también ha habido un comportamiento diferente del
gasto, tras la pandemia, según los ingresos del hogar. Así, el
gasto en viviendas y alimentos (lo que más ha subido) tiene mucho peso
en las familias con menos ingresos: para el 20% más pobre, ambas
partidas se
llevan casi dos tercios de sus ingresos (el 60,2%, frente al 60,7% en 2019).
Y gastan más en restaurantes y hoteles (6,3% del gasto total frente al 5,6%
en 2019), mientras gastan porcentualmente menos en transporte (6,6%
frente al 7%) y lo mismo en ocio y cultura (5%). El 40% restante, con
rentas bajas y medias, gasta ahora más en vivienda y alimentos que en 2019,
también en bares y restaurantes y menos en transporte y ocio. Pero el 20%
más rico gasta mucho menos que el resto en vivienda y alimentación (el
40,1% de su presupuesto, un tercio menos que los más pobres), lo que más ha subido
y más en transporte (15,9%), restaurantes y hoteles (11,9%) y ocio y cultura.
Por autonomías, las más ricas son donde más ha
aumentado el consumo de los hogares entre 2019 y 2024, según el INE: País Vasco
(15.504 euros de gasto por persona, un 13,8% por encima de los 13.626 de gasto
medio por persona en España), Madrid (15.108 euros de gasto por persona
en 2024), Cataluña (14.476 euros), Baleares (14.421 euros), Asturias
(14.221 euros) y Aragón (14.178 euros). Y donde menos, en las regiones más
pobres, que gastan casi la mitad: Melilla
(8.586 euros por habitante), Extremadura (11.398 euros), Ceuta (11.858
euros), Andalucía (11.865 euros) y Castilla la Mancha (11.921 euros).
El aumento del gasto de los hogares tras la pandemia
ha sido posible por la subida del empleo (1,8 millones más trabajando) y
la subida de salarios y pensiones. Pero no ha sido suficiente y los
españoles han tenido que “tirar de los ahorros” para pagar sus
gastos y llegar a fin de mes: la tasa de ahorro cayó del 25,6% a
mediados de 2020 al 7,7% en septiembre
de 2022, para afrontar lo peor de la inflación, aunque luego volvió a subir (se
ahorraba el 14% de los ingresos al principio de 2024) y ahora lleva año y
medio bajando (12,8% de ahorro el primer trimestre de 2025, según el INE).
En cualquier caso, el gasto histórico de los españoles en
2024 es “un espejismo”, porque en realidad gastamos menos que en
2019, porque
la inflación se ha disparado estos años. Así, si en 2024 gastamos de media
34.044 euros por hogar, un 12,5% más que en 2019, como la inflación
creció un 20% estos cinco años, en realidad estamos gastando un 7,5% menos.
A lo claro: gastamos más, pero compramos y consumimos realmente menos.
Esta realidad explica quizás que muchos españoles no
acaben de “notar” la mejora de la economía, porque la inflación se ha
comido parte de sus ingresos y sigue costándoles mucho llegar a fin de mes. Por
un lado, los salarios en convenio han subido menos entre 2019 y 2024 (+13,39%)
que la inflación media (+17,50% estos años). Y eso, junto a que todo ha
subido, ha obligado a tirar de ahorros y ayudas para conseguir gastar
más (para comprar menos). Otra forma de verlo es analizar la evolución de renta
media neta de los hogares: ha pasado de 30.690 euros en 2019 a 38.365 euros en
2024. Pero si descontamos la inflación, la renta media real sólo ha crecido
de 27.258 a 28.742 euros (+5,44%), según
Funcas. Y un dato más llamativo: la renta real (descontando la
inflación) de los hogares en 2024 (28.742 euros) era inferior
a la renta real de 2008 (30.045 euros por hogar).
A lo claro: ganamos más, pero en realidad ingresamos
menos que en 2008, porque la inflación acumulada (+33,5%) se ha comido
nuestro aumento de ingresos (+27,7%), según
Funcas. Eso podría explicar por qué una mayoría de españoles (55,3%) veían
la economía española en una situación mala (37,3%) o muy mala
(18%) en el Barómetro
del CIS de mayo 2025, una valoración más pesimista que la del Barómetro de mayo 2019
( sólo un 43,4 % veían la situación económica de España como mala o muy mala). Sin
embargo, este pesimismo sobre la economía contrasta con el mayor
optimismo sobre la propia situación económica personal: ahora (Barómetro CIS mayo 2025),
el 69,3% de los encuestados la ven muy buena (3,8%), buena (65,5%) o regular (7%)
y sólo un 23% mala o muy mala, mientras hace cinco años, antes de pandemia, eran
la mitad que hoy (el 33,7%) los que la veían bien.
En cualquier caso, al margen de la
percepción sobre la economía del país y la propia, tenemos un problema
de fondo: la inflación se ha disparado en los últimos 16 años y los
ingresos de los hogares han crecido menos, aunque en los últimos años hayan
mejorado salarios, pensiones y empleos. Eso quiere decir que no
podemos bajar la guardia de la inflación, porque aunque ahora sea
baja (+2,2% anual en junio), se va acumulando y se come nuestros ingresos,
dificultado el consumo y llegar a fin de mes. Y aunque España crezca más que la
mayoría, la mayoría de los familias (sobre todo las más modestas) “no lo notan”.
Habría que actuar en dos frentes. Por un lado, tomar más
medidas eficaces contra la inflación, que pasan por mejorar la competencia en
todos los sectores y actividades, evitando “monopolios de hecho en muchos
negocios y reduciendo márgenes (beneficios) injustificados. De hecho, el
BCE y otros banqueros centrales asumen que “la avaricia de las empresas (disparando
márgenes y beneficios) disparó la inflación” y que, ahora, con la
inestabilidad comercial y geopolítica mundial, es otra vez el mayor riesgo de
repunte de la inflación.
Y por otro lado, hay que aumentar los salarios e ingresos
de los hogares, que siguen siendo más bajos que en el resto de Europa: 4 de cada 10 trabajadores
ganan menos de 1.214 euros netos y el salario por hora en España (18,9
euros) queda
lejos del de la UE-27 (25,2 euros), Francia (29,7 euros), Alemania (33,6
euros) e Italia (35,2 euros). Esto
explica, junto a la inflación, que el consumo per cápita real
(descontando la inflación) de los españoles haya aumentado
sólo un +0,2% entre 2019 y 2024, mientras en la eurozona aumentó
+1,4%.
Pero hay que hacer una reflexión de fondo:
para que los españoles tengan mejores salarios, hay
que mejorar la productividad de la economía, para que crezca no sólo
porque hay más gente trabajando (como pasa ahora, sobre todo por la llegada de inmigrantes)
sino porque los que trabajan sean más eficientes, no tanto por ellos sino
porque mejore y se modernice el modelo económico español, incorporando más
innovación y tecnología, más digitalización, más industria y exportación, unas
empresas de mayor tamaño y mejor organizadas, que integren y organicen mejor el
capital humano. Todo un reto, la mejora de la productividad, que lleva años,
pero que es clave para conseguir que más gente gasten y vivan mejor.
Y lo noten.
La primera ola de calor de este verano ha dejado un
mapa de muertes y problemas en toda Europa, especialmente en España.
Y junio ha sido el mes más cálido de la historia. No es casualidad: la
ONU reitera que la culpa es del Cambio Climático, que el Planeta se está
volviendo “más caliente y más peligroso”. Pero el miércoles, con
Bruselas a 37 grados, la Comisión Europea “suavizó” su política climática,
aprobando “un truco contable”: permite a paises y empresas emitir
más CO2 del previsto si a cambio pagan a otros paises
(pobres) que reduzcan sus emisiones. “Externalizan” la gestión de las emisiones
como algunos proponen hacer con los inmigrantes… Y eso pasa cuando los autócratas
de medio mundo, de Trump a Milei, niegan el cambio climático y el
PP y Vox hacen políticas negacionistas en Murcia, Valencia,
Extremadura o Aragón, además de en sus Ayuntamientos. No nos quejemos
del calor extremo: exijamos a los políticos que aceleren las medidas
contra la emergencia climática. Ya.
Ya son varios años en que se producen olas de calor,
sobre todo en España y la Europa del sur, con un tremendo saldo de muertes,
incendios forestales y daños a la agricultura y la ganadería, las infraestructuras,
el turismo y las empresas, así como a los
ecosistemas terrestres y marinos. En Europa se produjeron 47.690 muertos
por olas de calor en 2023, según un estudio de Nature Medicine. Y en España, los
datos del sistema MOMO señalan que hubo 3.521 muertos por olas de calor
en 2024. Pero sólo en la primera mitad de 2025 (hasta junio), se estima que
ha habido ya 2.168 muertos por altas temperaturas.
El calor extremo ya no es una novedad en el mundo y menos en
la Europa del sur, donde llevamos varios años sufriendo olas de calor,
especialmente desde 2022. “El Planeta se está volviendo más caliente y
más peligroso: ningún país es inmune”, declaraba
la semana pasada en Sevilla (a más de 40 grados) el secretario general de
la ONU, Antonio Guterres. Y los expertos insisten: “la ola de calor no es
una casualidad, es consecuencia del Cambio Climático, que la hace 5 veces más
probable”, según la plataforma
científica Climate Central. El “mecanismo” es bien conocido: la acumulación
de gases de efecto invernadero (CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos,
perfluorocarbonos y hexafluoruro de
azufre) hacen como de “paraguas” que retiene el calor solar y aumenta las
temperaturas. En España, la temperatura media de 2024 fue 1,64
grados más alta que en 1961.
Los expertos
de la ONU (IPPC) calculan
que cada medio grado adicional de calentamiento global de la atmósfera causa aumentos
importantes en la intensidad y frecuencia de las temperaturas extremas. Y
dado que el Planeta sigue calentándose año tras año, estiman que los paises sufriremos
cada vez más olas de calor, que llegarán antes
(normalmente se daban en julio y agosto, pero ahora han sido en junio) y que
serán más graves y duraderas. Así que no nos extrañemos de lo que
está pasando: “el calor extremo ya no es un fenómeno raro, se ha convertido en
la nueva normalidad”, alertó
Antonio Guterres en Sevilla, pidiendo “más ambición” a los Gobiernos en la
lucha contra esta “emergencia climática.
El problema es que el clima empeora cuando en medio mundo se
consolidan los líderes políticos que niegan el Cambio Climático, como
Trump en USA o Milei en Argentina. Los autócratas del mundo y la extrema
derecha han convertido la lucha contra las políticas “verdes”
como uno de sus principales caballos de batalla cultural y política
(junto a los inmigrantes, el feminismo y los impuestos). El
“anti-ecologismo” es una seña de identidad de la extrema
derecha y parte de la derecha internacional, con su corolario de oposición a
cualquier regulación medio ambiental (“imposición
ideológica verde”, dice Vox) para
frenar el Cambio Climático. Y con ello, hay cada vez más paises y Gobiernos que
no toman medidas decididas para reducir las emisiones que provocan y aceleran
las olas de calor.
En Europa, las últimas elecciones en la UE (junio
2024) supusieron una
derechización del Parlamento Europeo y la Comisión, con un mayor peso
de la derecha y la extrema derecha. Por eso, el PP Europeo vetó la Ley
de Restauración de la Naturaleza, que puso salir adelante en el Parlamento
europeo (julio de 2023) gracias al voto de socialistas, liberales, verdes,
izquierda y algunos eurodiputados 'populares' que apoyaban la norma (324 votos a
favor y 312 en contra). Y además, el PPE promovió el aplazamiento
de la entrada en vigor de la Ley de Deforestación y diluyó la Ley
de Biodiversidad. Con la nueva Comisión Europea y la extrema derecha
negacionista ganando terreno en media Europa, ganan peso los que creen
que Europa debe echar
el freno a las políticas climáticas de vanguardia, porque
perjudican a la competitividad de las empresas europeas.
El último ejemplo de esta “nueva ecología europea”
lo dio la Comisión Europea el miércoles pasado, 2 de julio, precisamente cuando
en Bruselas hacía unos inusuales 37 grados… El Gobierno europeo aprobó
una enmienda a la Ley europea del Clima (en vigor desde julio de 2021)
que pretende “flexibilizar” algunas medidas para reducir las
emisiones europeas, manteniendo el mismo objetivo final de la Ley: que se
reduzcan el 90% para 2040 (respecto a las de 1990) y emisiones netas cero para
2050.
La primera
medida “de flexibilización” es
que se permite a los paises, sectores y empresas que en vez de reducir las
emisiones previstas, puedan reducirlas algo menos a cambio de que compren
derechos de emisiones de CO2 a paises y empresas de fuera de la UE. Es
decir, que un sector como el automóvil o la aviación, por ejemplo, pueden
recortar menos sus emisiones de CO2 (desde 2036) siempre que a cambio compren
derechos (paguen) a paises o empresas que hayan reducido emisiones, por ejemplo
una empresa que tiene bosques en Brasil o una sociedad extranjera que ha
invertido en renovables o en mecanismos de absorción de carbono. A lo claro: yo
sigo emitiendo a cambio de pagar a otros (paises pobres y empresas del sur
Global) para que emitan menos. Se trata de “externalizar”
una parte de las emisiones (hasta el 3%), un mecanismo que ya
intentó Italia con sus inmigrantes (en Albania) o que hace Trump con las
prisiones de El Salvador.
Además de este “nuevo mecanismo” para facilitar la
descarbonización de empresas y sectores europeos, la
enmienda aprobada permite otro mecanismo de “flexibilización”: la
reducción de emisiones se podrá compensar entre sectores y empresas, de tal
manera que se evita imponer un plan “rígido” de recorte, lo que ha sido
aplaudido por las empresas. Y además se incluyen nuevos mecanismos para reducir
emisiones y cobrar derechos de CO2, como la reforestación y las técnicas de
captura y almacenaje de CO2 (poco desarrolladas y “poco viables”,
según muchos expertos, que lo consideran una vía de posibles fraudes).
Muchos expertos y ecologistas han
criticado con dureza estas nuevas medidas de Bruselas,
calificándolas de “trucos contables” para retrasar medidas
efectivas contra las emisiones. Y creen que ante la grave emergencia
climática que vivimos, “socaban la credibilidad de las políticas climáticas
europeas”, según
la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB). Para Greenpeace,
las medidas “abren la puerta a hacer trampas para reducir las emisiones”
y critican dejar en manos de terceros una responsabilidad que debe asumir
Europa: “pagar a otros paises (pobres) para que reduzcan tus emisiones en tu
nombre no es liderazgo, es posponer el problema”, añaden, criticando que la
Comisión priorice los criterios económicos (competitividad e inversiones) sobre
la urgencia medioambiental.
Ahora, estos cambios en la gestión de las emisiones han de
ser ratificados por los Gobiernos europeos y por el Parlamento Europeo,
algo que parece muy posible. Y el siguiente paso es que
Europa apruebe su Plan Climático 2035, que debía haber presentado en
febrero y que ahora se promete para septiembre. Ahí volveremos a ver si la Comisión
Europea suaviza sus objetivos medioambientales, como se temen muchos expertos y
ONGs. Mientras, la
ONU insiste en que hay que avanzar más, que los paises “se
tienen que poner las pilas” y aprobar Planes de recorte de emisiones más
drásticos y eficaces. Porque con los Planes presentados hasta
ahora por los 192 firmantes del Acuerdo de París, la temperatura de la
Tierra aumentaría 2,6 grados para 2100, un aumento que trastocaría el
clima y la economía, dado que supera con crecer el tope límite de 1,5 grados
fijado como “sostenible” por los expertos.
La ONU y los científicos están muy preocupados porque la
emergencia climática avanza a mayor ritmo y los paises no reducen emisiones
sino que las aumentan: en 2024, las emisiones de CO2 en el mundo fueron
de 37.400 millones Tm de CO”, un +0,8% que en 2023., según
Carbón Monitor. China (responsable del 32% de las emisiones mundiales)
aumentó sus emisiones un 0,2%, EEUU (responsable 13% emisiones totales) las bajó
un 0,6%, la India (8% emisiones mundiales) las aumentó un 4,6%, la Unión
Europea (7% emisiones totales) las bajó un 3,8% y el resto del mundo (38%
emisiones) las subió un 1,1%. Y este año 2025, hasta abril, las emisiones
mundiales han subido otro 3%, según Carbón Monitor. España aumentó sus emisiones de CO2 en 2024
(278 millones Tm, +0,9%).
Ante este panorama, con Trump en plan negacionista (“perfora, niño, perfora”) y China e India “a su aire”, el papel de Europa es aún
más decisivo, aunque avancen los negacionistas. Por todo ello, la
ONU organizó una “Cumbre Climática virtual” el 23 de abril,
donde participaron Brasil y 17 líderes de economías desarrolladas (entre ellos
Pedro Sánchez, de España), China, África y Asia, más paises e islas muy vulnerables
al Cambio Climático, para impulsar Planes nacionales más ambiciosos
contra el Cambio Climático. “Ya hemos negociado bastante: hay que
pasar a la acción”, les dijo Antonio Guterres. El objetivo es tener en
septiembre Planes climáticos hasta 2035 de los 192 paises firmantes del Acuerdo
de París, para darles un impulso definitivo en la próxima
Cumbre del Clima, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém
(Brasil). Será una COP30 clave.
Mientras los dirigentes europeos y mundiales
no afrontan con decisión la lucha contra la emergencia climática (una “guerra
mundial” que estamos perdiendo), los ciudadanos estamos cada vez más
preocupados: el 85% de los ciudadanos europeos consideran que el
Cambio Climático es “un problema grave” , según
el Eurobarómetro de junio. Pero luego apoyan y votan a partidos que, en
muchos casos, niegan ese Cambio Climático y dicen que es “una cuestión
ideológica”, como si no tuviera nada que ver con las olas de calor.
En España, esta contradicción entre lo que piensan
los ciudadanos y algunos de sus partidos es especialmente relevante, porque el
negacionismo de Vox se ha acabado contagiando al PP, que utiliza
cada vez más las políticas ambientales como “una bandera de enganche” para
captar votos. Y además, los pactos PP-Vox en algunas autonomías
han llevado a varios Gobiernos a aprobar medidas que favorecen la crisis
climática, así como en
sus Ayuntamientos (retraso zonas de bajas emisiones y supresión carriles
bici) . En
Murcia, el pacto presupuestario PP-Vox (junio) incluye modificar la
Ley de Protección del Mar Menor y un rechazo explícito “a las políticas medioambientales
europeas”, lo mismo que ha hecho Mazón en
la Comunidad Valenciana para aprobar sus Presupuestos con Vox. Y
también en
Extremadura se han revisado normativas de protección ambiental, como
en Castilla y León, Andalucía, Cantabria y Aragón, con o sin Vox. Da
miedo pensar lo que harían si Feijoo y Abascal llegan a la Moncloa…
“No podemos retroceder en la acción climática”,
acaba
de decir el Secretario General de la ONU. Pero no parece que esa sea la
prioridad de muchos políticos mundiales, europeos y españoles. Así que no
basta con quejarse de la ola de calor. Habría que salir a la calle y
manifestarse a favor de políticas más decididas contra la emergencia climática,
para salvar el Planeta y nuestras vidas. Y sobre todo, no votar a nadie
que sea “negacionista”. El
Cambio Climático está aquí y es un problema más grave que las guerras,
la inmigración o el paro. Es una cuestión de supervivencia. Y
si retrasamos las medidas o las “suavizamos” nos estamos engañando y poniendo
en peligro. Ya lo sabemos: si no se reducen drásticamente las emisiones, habrá
más olas de calor, más graves y más mortíferas. Seguro.
Otro año más, los empresarios se quejan de que
no encuentran personal para trabajar en algunos sectores, como hostelería,
construcción, el campo o el transporte. Y que los candidatos están “poco
formados”. Pero España es el país que crea más empleo en Europa y el
que tiene menos “vacantes” (152.000). Los sindicatos replican que
la falta de trabajadores es “un cuento”, que el problema es que muchos
empleos están mal pagados y con horarios imposibles y que por eso no hay
candidatos (salvo inmigrantes). Sí es verdad que algunas empresas
tecnológicas no encuentran trabajadores cualificados, en parte porque
pagan poco y no “cuidan” el talento. Además, las empresas españolas gastan
poco en formar a sus trabajadores, mientras sólo un 10% de los parados
hacen cursos. Y encima, 7 de cada 10 empresas no usan el dinero disponible
para formación. En vez de quejarse, las empresas deberían pagar mejor
y formar a sus plantillas, “cuidándolas” más, porque el
57% de los trabajadores en España están “desmotivados”. Así, el trabajo no atrae.
Sin embargo, este presunto déficit de empleos no se
registra en las estadísticas: España ha creado 1,8 millones de nuevos
empleos desde la pandemia, el
40% de los empleos europeos. Y somos el país de la UE-27 con menos “empleos
vacantes”, según
Eurostat: el 0,9% del total en el primer trimestre de 2025, frente al 2,2% de
media en la UE-27, el 4,2% en Paises Bajos, el 4,1% en Bélgica, el 2,7% en
Alemania, el 2,5% en Francia y el 2,2% en Italia. Y los “empleos vacantes”
han crecido de 101.009 en 2019 a 152.885 en marzo de 2025, según
el INE, una cifra mínima frente a los 21.765.400 ocupados que hay en
España.
Los datos revelan que la gran mayoría de estos “empleos
vacantes” (152.885) se
encuentran en el sector servicios (88%), no en la industria
(sólo el 6% de las vacantes) ni en la construcción (otro 6%). Y según
los últimos datos de las oficinas de empleo (SEPE), los puestos de trabajo
sin cubrir se concentran en la hostelería y el turismo, la construcción, la
agricultura, el comercio, información y comunicaciones, sanidad y servicios
sociales, personal de limpieza, instaladores, reparación de vehículos y
transporte.
Un estudio
de Funcas analiza estos datos del SEPE por autonomías y deduce que la
principal razón por la que algunas empresas tienen dificultades para
cubrir vacantes son “las malas condiciones laborales” (salarios,
horarios y contratos), sobre todo en el turismo, el transporte y la
construcción. También hay otras razones, como la falta de “habilidades”
y cualificación de los candidatos, así como el envejecimiento de la población,
que lleva a que muchas profesiones no encuentren un relevo generacional. El
estudio concluye que la falta de mano de obra en España tiene un
doble componente: carencia de candidatos (pocos y que
piden mejores condiciones laborales) y carencia de competencias o
cualificaciones específicas (en el caso de empresas de sectores más
tecnológicos e innovadores).
Así que la
información disponible revela que si faltan trabajadores es, en unos
casos, por los contratos poco atractivos que se les ofrecen y, en otros, por
falta de cualificación del candidato, dos motivos diferentes y
que exigen diferentes medidas. En el primer caso, se trata de ofrecer mejores
condiciones de trabajo (“Paguen
más” dijo Biden primero y luego
la ministra Yolanda Díaz
y los sindicatos). Y en el segundo, hay que mejorar la cualificación
de los jóvenes (de la escuela a la Universidad), a la vez que se mejora
la formación de las plantillas de las empresas, para reciclar a muchos y que
puedan prepararse para las nuevas necesidades del mercado laboral.
En cualquier caso, no es verdad que la falta de trabajadores
tenga que ver tanto con la “aptitud” como con la “actitud”, como dijo
hace años Antonio Garamendi, el presidente de la patronal CEOE,
culpando así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar
poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Los sindicatos ya han reiterado
que la
falta de talento es “un cuento” y que el problema son los
bajos salarios y las malas condiciones laborales, que impiden cubrir
muchas vacantes. Y aportan este dato; de los 2.789.200 parados que había en
España en marzo (según la EPA),
750.000 tenían estudios universitarios y otros 730.000 tenían la 2ª etapa de secundaria
o FP. El problema de fondo, añaden, es que el actual modelo productivo no
es capaz de ofrecer empleos dignos a suficientes personas formadas. Y
eso se refleja en otro dato: España es el
país con más jóvenes “sobrecualificados”: el 35,8% de los
graduados superiores (20 a 64 años) están empleados en puestos de baja
cualificación (licenciados que trabajan de camareros o cajeros de
supermercado), frente a sólo el 21,9% de jóvenes “sobrecualificados” en
la UE-27.
Así que unos puestos no se cubren porque ofrecen malas
condiciones laborales y otros tampoco aunque el candidato sea universitario.
El hecho cierto es que los sectores donde hay más falta de trabajadores,
como hostelería, construcción, campo y transporte son los que tienen unos sueldos
más bajos, según la
estadística de salarios (16.985 euros brutos en hostelería, el 60% de los 28.049
euros de sueldo medio) y donde se hacen más horas extras sin
cobrar (11% de los trabajadores en hostelería, 9% en construcción y
transporte, según CCOO), también donde hay más contratos temporales y a
tiempo parcial. Además, en los dos últimos años, muchos puestos no se cubren
porque los trabajadores no
pueden pagar el alquiler que les supone ir a trabajar a algunas ciudades e islas.
Está claro que además de las malas condiciones de trabajo,
muchos trabajadores y parados tienen una baja formación (el 35,8%,
frente al 16,4% en la UE-25, según
la OCDE). Una parte de “la culpa” la tiene el sistema educativo,
donde muchos jóvenes no acaban sus estudios y otros se forman en carreras con
pocas salidas. Y además, en España, la Formación Profesional (FP) tiene
poco peso (12% de los estudiantes, frente al 25% en la UE y el 40% en
Alemania). Pero otra parte de la “culpa” la tienen las propias empresas,
que gastan en la formación de sus plantillas la mitad que en Europa y la
tercera parte que en EEUU, según
la consultora Élogos. Y además, la mayor parte de esta formación la hacen
las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10% del total. Otro
dato: empresas
españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la
última década: gastaron un máximo de 110,95
euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y cayó a 60,51 euros en 2021 y está en 70,32 en
2024, según el INE.
El problema no es sólo que las empresas gasten poco en
formación. Además, el sistema vigente para formar a los trabajadores y
parados no
funciona. Existe una cuota de formación que pagan cada año las
empresas (0,6% de las nóminas) y los trabajadores (0,1%), para destinar estos
recursos (2.500 millones de euros) a formar a parados (la mitad del dinero, que
gestionan las autonomías y sus oficinas de empleo) y a trabajadores ocupados
(una parte a través de las autonomías y la SEPE, y la mayor parte gestionado
por la FUNDAE, una Fundación tripartita (patronal, sindicatos y Estado),
que ofrece cursos gratuitos y financia cursos que hacen las empresas. El
problema es que la mitad del dinero que gestiona la FUNDAE no
se gasta en formación, bien porque las empresas no solicitan cursos
(7
de cada 10 empresas no los aprovechan), porque tienen que adelantar el
40% del importe y tardan en recuperarlo, o por no dar permisos retribuidos para
hacerlos a sus empleados.
Para paliar la falta de trabajadores cualificados y no
cualificados, habría que actuar en varios frentes, según
este estudio de Funcas. Por un lado, seguir abriendo vías a la inmigración
legal y ordenada, con acuerdos para contratar en
origen a extranjeros para sectores que no son “atractivos” para los españoles (agricultura,
hostelería, turismo, empleadas de hogar y cuidados). Por otro, intentar la
vuelta de jóvenes españoles que han emigrado por falta de oportunidades en
España (se estima que han sido 650.000 tras la pandemia). Además, hay que reestructurar
toda la política de formación y reciclaje de trabajadores y parados,
para que se gasten todos los recursos de formación dirigidos a trabajadores en
activo y para que haya más parados que hagan cursos de formación (sólo los
hacen menos
del 10% de los desempleados), ligando esa formación y reciclaje a los
puestos donde faltan candidatos. Y a medio plazo, urge una política
educativa que ayude a los jóvenes a orientarse hacia estudios y carreras con
más salidas profesionales, ligadas a la tecnología y la innovación (carreras STEM),
la digitalización y la descarbonización de las empresas y la economía.
Otro punto clave es mejorar “la motivación” de los
trabajadores, sobre todo de los más jóvenes, que en muchos casos están muy
descontentos con su trabajo. El dato es impactante: un 57% de los
trabajadores españoles están “desmotivados”, según
el último informe Hays. La mayoría dice que lo está por sus bajos
sueldos, que han perdido poder adquisitivo (-2,5% entre 2019 y 2024, según
la OCDE), pero otros señalan una larga lista de motivos para estar “desmotivados”
con su trabajo: horarios, falta de reconocimiento, dificultades de promoción,
excesiva carga de trabajo, presión por cumplir metas, falta de trabajo en
equipo, autoritarismo de los jefes, fatiga y agotamiento, además de problemas
psicológicos. Al final, esta
“falta de motivación” por el trabajo no ayuda a aumentar la oferta de
trabajadores ni a que los jóvenes se formen más y afronten retos futuros y
mejoren la productividad.
En resumen, no tenemos tanto un problema de empleos vacantes como de empleos
que muchos no quieren por su baja remuneración y su dureza. Y sí tenemos un
problema grave de falta
de trabajadores cualificados, que exige modificar el sistema
educativo, potenciar la FP y, sobre todo, apostar por la formación y
cualificación permanente de empleados y parados. Una tarea en la que las
empresas necesitan gastar más en formar a sus trabajadores ante las nuevas exigencias
tecnológicas. Menos “culpar” a los
trabajadores y más arrimar el hombro para conseguir una mano de obra
preparada y competitiva. Ganarían ellos y todos.
Que la situación económica de los jóvenes
es alarmante no es noticia, desgraciadamente. Lo más preocupante es que
se han beneficiado poco del fuerte crecimiento del empleo
tras la pandemia, que siguen teniendo mucho paro y empleos precarios
y mal pagados. Y que ahora, con los alquileres y pisos por las nubes, no
pueden formar una familia ni emanciparse. Pero además, un reciente
informe señala otros dos problemas de fondo para los jóvenes. Uno, que el
bajo crecimiento de la población lastra la economía mientras a sus padres
les benefició el “baby boom”. Y el otro, que la política y la economía benefician
hoy más a los mayores que a los jóvenes, que son menos que los jubilados
y no tienen casi protagonismo político. Urge tomar medidas para evitar
que malviva toda una generación y acabe siendo utilizada por la
extrema derecha. Medidas que van desde la educación y formación a
los contratos, los sueldos y condiciones laborales, la conciliación laboral y,
sobre todo, la vivienda.
Y lo mismo pasa con el paro: se redujo de 3.191.900
desempleados a finales de 2019 a 2.789.200 en marzo de 2025 (-402.700
parados), según
la EPA, pero sólo bajó el desempleo de los jóvenes (16-24 años) en
-12.500 parados (-2,70%), mientras bajaba el paro en 422.000 personas (-19,02%)
entre los de 25 a 54 años y subía en +31.000 parados (+6%) entre los mayores de
55 años, por el aumento del paro de larga duración. Y el paro juvenil (menores 25 años), aunque ha bajado (del 30,5%
en 2019 al 25,6% en marzo de 2025), es todavía casi el doble del
europeo (14,8%) y cuatro veces el de Alemania (6,8%), según
Eurostat.
Así que el crecimiento, el empleo y la bajada del paro han
beneficiado menos a los jóvenes, que tienen un problema de entrada:
tardan varios años en colocarse y tienen una tasa de empleo más baja que
el resto de la población y que en el resto de Europa. Así, en España, la tasa
de empleo es del 42,3% entre los 16 y 29 años (trabajan menos de la mitad
de los que podrían hacerlo), mientras es del 67% para el conjunto de la población
(16 a 64 años). Y si comparamos a nuestros jóvenes con Europa (la
estadística de Eurostat se refiere a los jóvenes de 15 a 29 años), en
España trabajan el 40,3%, frente al 49,5% en la UE-27, el 62,9% en
Alemania, el 48,6% en Francia y el 34,4% en Italia.
Trabajan menos jóvenes en España por 2 razones, según los
expertos. Una, por el modelo económico español, que tiene
empresas más pequeñas y un menor peso de la industria y la tecnología, con un
exceso del sector servicios, que ofrece un empleo más vulnerable. Y la
otra, por la menor formación de los jóvenes españoles, con más universitarios
pero menos con formación media y FP: hay una “brecha” del 37% entre los
empleos que buscan las empresas y la formación de los jóvenes que buscan empleo,
según un informe de McKinsey. Y además, eso provoca que España sea el
país con más jóvenes “sobrecualificados”: el 35,8% de los
graduados superiores (20 a 64 años) están empleados en puestos de baja
cualificación (licenciados que trabajan de camareros o cajeros de
supermercado), frente a sólo el 21,9% de jóvenes “sobrecualificados” en la
UE-27.
El siguiente problema de los jóvenes, cuando ya encuentran un
empleo, es que suele ser muy precario y mal pagado. En 2024, el
60,5% de los contratos de los menores de 30 años fueron temporales, según
un reciente estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Y además, muchos
contratos de los jóvenes son a tiempo parcial, por horas o días: más de la
cuarta parte de los jóvenes que trabajan (el 27,7%) tienen uno de estos
contratos a tiempo parcial, el doble que el conjunto de trabajadores (la
parcialidad global afecta al 14,1% de los ocupados). En consecuencia, en 2024
había 852.900 jóvenes (16 a 29 años) trabajando a tiempo parcial
(la mayoría, 518.600, mujeres jóvenes). Y lo más preocupante es que casi la
mitad de estos jóvenes que trabajan menos horas (el 46%) lo hacen porque no
encuentran un trabajo a jornada completa, según los datos de la
EPA.
Con tantos empleos temporales y a tiempo parcial, la
consecuencia es que el sueldo de los jóvenes es más bajo que el
del resto de los trabajadores.: el salario medio bruto de los menores de 30
años es de 1.558 euros mensuales, un 27% más bajo que la media de sueldos en
España, según
el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Y por franjas de edad, hay
sueldos aún más bajos: 11.313,36 euros brutos de media ganan los menores
de 20 años (el 40% de la media nacional), 15.364 euros es el sueldo
medio de los que tienen de 20 a 24 años (el 55% de la media) y 21.039 euros
el sueldo anual de los que tienen entre 25 y 29 años (el 75% de la media
nacional), según
la Encuesta de salarios del INE (2023).
Además de estos bajos sueldos brutos, el sueldo neto de los
jóvenes es también bajo, porque pagan impuestos y cotizaciones. Aunque muchos
jóvenes no declaran, por sus bajos sueldos, soportan una alta carga
fiscal por pago de cotizaciones sociales e IVA. Así, los jóvenes menores
de 20 años pagan un 6,45% de su sueldo bruto (11.313 euros anuales) en cotizaciones,
los que tienen de 20 a 24 años (y ganan 15,364 euros) pagan un 7,31% entre IRPF
más cotizaciones y los que tienen entre 25 y 29 años (que ganan 21.039 euros
brutos) pagan un 18,56% entre IRPF y cotizaciones, según
el Consejo de Economistas. Y a la hora de comprar y pagar el IVA,
los menores de 35 años son los que dedican más parte de sus ingresos a pagar
IVA: el 7,7%, frente al 6,6% los que tienen entre 55 y 64 años, el 6,4% los que
tienen entre 65 y 74 años y el 6,3% los mayores de 75 años.
Además de la precariedad y los bajos sueldos, los jóvenes
llevan una década sufriendo el
disparatado precio de la vivienda, tanto la compra (los pisos han
subido un +55,4% entre 2014 y 2024) como el alquiler (+81% subida
desde 2024). Mientras la mayor parte de sus padres tienen su casa en propiedad
(el 70%), sólo
el 42% de los hogares jóvenes ha podido comprar o acceder a una vivienda.
Y la mayoría tiene que alquilar, algo difícil porque apenas hay
alquileres disponibles (cada oferta tiene 35 potenciales inquilinos) y porque
su precio está disparado (1.305 euros de media en España, 1.953 euros en Madrid
y 2.151 en Barcelona, según Idealista) y obliga a los jóvenes a destinar el 40%
y más de su sueldo a pagar el alquiler, algo que limita su emancipación y su
movilidad geográfica.
De hecho, los jóvenes se
emancipan en España a los 30,3 años (era a los 28,4 años en 2008), frente
a los 26,4 años en la UE-27 y los 23 y 24 años a los que se emancipan en
Francia o Alemania. Y además, muchos jóvenes, al no ver oportunidades en
España, emigran: entre 2021 y 2024 han salido de España 650.000
jóvenes de 18 a 35 años, buscando una oportunidad laboral y vital en el
extranjero, según
el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. En paralelo, muchos
jóvenes no
pueden irse a trabajar a otra ciudad distinta a la que viven sus padres
(en la hostelería o como profesores, médicos o policías) porque no pueden pagar
allí el elevado alquiler (caso de Madrid, Barcelona y las islas).
Junto a todos estos problemas, los jóvenes españoles sufren
una “doble desventaja estructural”, según
el reciente estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. La primera, que la
demografía no les ayuda (como a sus padres) sino que les supone
ahora un lastre: si en el siglo pasado (entre 1980 y 1999), el
crecimiento per cápita creció mucho (+59,4%), en gran parte fue por la demografía,
el “baby boom” (aportó un 11,15%). Pero ahora, entre 2000 y 20129, el
crecimiento per cápita ha sido la tercera parte (+20,34%) ha sido porque la
demografía (pocos nacimientos) ha lastrado el crecimiento (-2,76%). A lo claro:
la demografía frena ahora el crecimiento de los jóvenes mientras empujó el
de sus padres.
La otra desventaja, más polémica, es que la política
económica y las prioridades de los Gobiernos son los mayores y no los jóvenes,
porque son más y votan, según
el estudio de Fedea y el Consejo de Economistas. Si en los años 80 y 90,
los padres de los jóvenes actuales protagonizaban la economía y la política, sus
hijos “no
tienen aliados”, según el estudio, que insiste en el protagonismo
económico y político de los mayores. Y se apoyan en que las pensiones
se llevan ya el 30% del gasto público y suponen el 12,9% del PIB, siendo “las
más generosas de Europa”: la pensión pública representa el 77% del último salario en España,
frente al 62,6% en Paises Bajos, el 59,3% en Italia, el 41,6% en Francia o el
36,8% en Alemania, según
datos de Eurostat (2022).
En definitiva, el
estudio señala que hay un desequilibrio en las prioridades y el gasto
a favor de los mayores (que son más: 10 millones de españoles tienen
más de 65 años) y en perjuicio de los jóvenes (hay 7 millones entre los 18 y 30
años), que además se encuentran socialmente más aislados, “pasando
de la política” y sin cauces propios de representación institucional
(salvo la “atracción” por la extrema derecha en muchos casos). Por eso, estos
expertos piden “reequilibrar el contrato generacional”, destinar
más recursos a las políticas juveniles y a mejorar la productividad de la
economía, para alentar un crecimiento de fondo, al margen de la demografía. Y por
eso piden que
se cumpla una regla sencilla: por cada nuevo euro que
España gaste en mayores, que se gaste otro euro en políticas dirigidas a los
jóvenes. Y que en todas las nuevas Leyes y en el Plan de recuperación
en marcha, se tenga en cuenta el impacto sobre los jóvenes.
Además de orientar más la política y la economía a los jóvenes,
los expertos coinciden en la necesidad de tomar medidas
en varios frentes para dar una salida a las nuevas generaciones. Hay
que empezar por el principio, por la enseñanza: mejora de la
formación en colegios, institutos y Universidades, para adecuarla a lo que
necesitan las empresas, mejorando la orientación laboral de los jóvenes y su
digitalización. En el mercado laboral, hay que fomentar la
contratación indefinida y avanzar en la formación dual (trabajo y formación) y
en mejorar las prácticas y becas (el
Estatuto del Becario sigue sin aprobarse por el Gobierno, tras
anunciarse con los sindicatos hace más de 700 días). Y hay que mejorar la
conciliación laboral de las familias jóvenes, con más ayudas por hijos.
Pero sobre todo, urge una política de vivienda que facilite el alquiler a
los jóvenes, con ayudas hoy escasas e ineficaces.
En resumen, que la situación de los jóvenes es cada vez más
preocupante en España, quizás porque los
distintos Gobiernos han pensado más en los mayores, que son los que
más cotizan, pagan impuestos y votan. Pero si queremos tener futuro como país,
hay que cambiar las reglas del juego y pensar que son los jóvenes los que
han de protagonizar la modernización de la economía y la mejora del nivel de
vida, la digitalización, la descarbonización y el salto formativo y tecnológico que nos hagan más productivos
y competitivos. Sin abandonar a los mayores, pero reequilibrando el “contrato
generacional” en España. Urge pactar un Plan de medidas a favor
de los jóvenes, a corto y medio plazo, para conseguir que los jóvenes
de dentro de 20 años vivan mejor que los de hoy. Se lo debemos.
Unos días antes de cumplirse los 2 meses del apagón (28 de abril), se han
hecho públicos tres informes que aclaran poco lo que pasó.
Uno del Gobierno, que reparte culpas entre Red eléctrica (REE) y las
compañías. Otro de REE que culpa a las eléctricas y un tercero de las
eléctricas que culpa a Red Eléctrica. Al final, seguimos sin saber
quien tuvo la culpa y quien debe indemnizar a empresas y
consumidores. Mientras, el Gobierno aprobó este martes un Decreto para
reforzar la seguridad del sistema eléctrico, multiplicando los controles y
las exigencias a las compañías, que tardarán meses en ser efectivas y podrían encarecer
el precio de la electricidad. Y en paralelo, incluye medidas para potenciar las
renovables, mejorando su seguridad y facilitando que almacenen su energía. De
momento, el precio mayorista de la electricidad se ha multiplicado por 4
en junio, por la mayor demanda y la menor producción hidroeléctrica. Y
todo apunta a que el recibo medio subirá entre 5 y 6 euros este mes. 
El segundo informe, presentado un día después (el 18 de
junio) es el
de Red Eléctrica: niega que su programación para el 28 de abril fuera
incorrecta y culpa a las eléctricas de no haber regulado tensión
con sus 9 centrales de apoyo (6 térmicas de gas y 3 nucleares), como era su
obligación (y por lo que cobran). REE les achaca, como el Gobierno, dos
errores: no ayudar a regular la tensión con estas plantas “de apoyo” y
realizar “desconexiones injustificadas” de algunas plantas, que aumentaron la
tensión y aceleraron el apagón. Eso sí, ni el informe de REE ni el del Gobierno
dan nombres de instalaciones y empresas, porque así lo han exigido las
eléctricas en cumplimiento de la Ley (en los informes están “tachados”).
Cinco días después, el 23 de junio, las
eléctricas presentaron su propio informe,
elaborado por dos consultoras. Ahí se señala como “responsable único” del
apagón a Red Eléctrica, por “falta de planificación” (la generación programada
era ·escasa”, sobre todo en el sur de España) y “mala gestión” (critican que no
se dispusiera de toda la generación hidráulica disponible). Además, rechazan
que sus plantas de apoyo no regularan correctamente la tensión y añaden que
todas las instalaciones que se desconectaron “cumplieron los protocolos”.
Así que entre todos la mataron y el sistema se apagó…Los
informes hablan del cómo pero no del porqué del apagón. No hay
responsabilidades claras ni
ceses o dimisiones. Ahora falta conocer el 4º informe, el de la Comisión
Europea, que podría conocerse después del verano. Y el
informe de la Comisión de la Competencia (CNMC), que tardará meses y
que podría acabar en expedientes con inhabilitaciones y fuertes multas para REE
o para las eléctricas. Y en paralelo, hay empresas y particulares que ya están
pensando en ir a los tribunales para exigir indemnizaciones por el gran apagón”.
Mientras, el 12 de junio se tomó la primera medida
para evitar nuevos apagones: la
CNMC aprobó la revisión de las normas técnicas que regulan
los “servicios de ajuste” del sistema eléctrico, el mecanismo que permite disponer
de centrales de apoyo (normalmente térmicas de gas) frente a posibles tensiones
en el sistema, algo que no funcionó el 28 de abril. Lo más llamativo es que Red
Eléctrica ya había
pedido esta nueva norma… en 2021, a la vista de que la norma
actual es del año 2000 y por la necesidad de dar más seguridad al sistema por
la entrada de renovables. La CNMC ha tardado pues 4 años en aprobar este
nuevo procedimiento de control de tensión que, según muchos expertos, habría
evitado el gran apagón si hubiera estado vigente.
Ahora, se va a modernizar
y dotar de un marco retributivo al control de tensión, incluyendo también a
las energías renovables. Pero este nuevo modelo de operaciones no
estará listo hasta la primavera de 2026, con lo que hasta entonces,
lo que hace Red Eléctrica es curarse en salud y tener más centrales
convencionales disponibles, aunque esa medida esté encareciendo el coste de
la luz, para pagar estos “servicios de ajuste”.
Tras su informe sobre el apagón, el Gobierno ha aprobado
este martes 24 de junio un Decreto-ley para reforzar la
supervisión y resiliencia del sistema eléctrico. Incluye medidas para
controlar mejor el cumplimiento de las obligaciones de los distintos agentes
del sistema, la inclusión de nuevas herramientas para reforzarlo (como la norma
aprobada por la CNMC), además de medidas para impulsar el almacenamiento y la
electrificación. Por un lado, refuerza la vigilancia y la supervisión del
sistema eléctrico, con
más poder de la CNMC y REE, que deben hacer informes periódicos de
funcionamiento y control de tensión, modificando procedimientos y regulación.
Por otro, se fomenta el almacenamiento de las energías renovables (baterías)
y la electrificación de la economía, para sustituir el uso de combustibles
fósiles (petróleo, fuel, gas) por electricidad renovable. Para ello, se bajará
la luz a las industrias más consumidoras, se facilitará la instalación de
postes de recarga de vehículos eléctricos y se fomentará fiscalmente que los
edificios tengan climatización por aerotermia.
Este “Decreto antiapagones” , además de
multiplicar la vigilancia y los controles sobre el sistema eléctrico (para
evitar “sustos futuros”, tiene otro objetivo: dar
un empujón a las energías renovables, que antes del apagón pasaban por
un momento “delicado”: los precios de la luz habían bajado mucho (reduciendo su
rentabilidad), sufrían muchas dificultades burocráticas (retrasos en los
permisos y recursos en los tribunales) , falta de regulación, aumento de costes
y problemas de financiación (por dudas de los inversores). Ahora, este Decreto flexibiliza
y agiliza los plazos para instalar nuevos proyectos renovables,
incentiva el almacenamiento (ayudas a las baterías) y facilita que
las renovables participen en el control de tensión del sistema (cobrando
por ello). El objetivo es avanzar en los proyectos renovables, donde el sector
debe invertir 200.000 millones para cumplir el gran objetivo: que el
81% de la electricidad sea renovable en 2030
(ahora es el 64%).
Parece que, tras el apagón, el Gobierno, la CNMC y Red
Eléctrica “se han puesto las pilas”, con más control de la
operativa y cambios legales para tener un sistema eléctrico (decenas
de operadores, cientos de intermediarios y 700.000 kilómetros de Red) más
regulado y más seguro. Pero ahora queda convalidar
este Decreto antiapagones en el Parlamento, algo que será complicado
por los enfrentamientos políticos. Y luego, queda que las eléctricas
colaboren y operen con más transparencia, algo que no suelen hacer. Basta
recordar las multas que les han impuesto los reguladores en el pasado:
en noviembre de 2015, la CNMC impuso una multa
de 25 millones a Iberdrola, por reducir la producción de algunas centrales
hidroeléctricas `para “manipular” al alza el precio. En julio de 2022, la
CNMC multó a Endesa con 4,9 millones por dos infracciones de “abuso
de posición dominante” en dos nudos de acceso a la red de transporte de
energía. Y en julio de 2023, la
CNM multó a Naturgy con 6 millones por “manipular” el precio en el
mercado eléctrico…
Mientras se sacan conclusiones del apagón para reformar el
sistema eléctrico, los consumidores asistimos a una fuerte subida de
la luz en junio: el precio medio en el mercado eléctrico mayorista (en
origen) ha sido de 69,65
euros por MWh entre el 1 y el 25 de junio,
lo que supone cuadruplicar el precio medio mayorista de mayo (16,97
euros/MWh, el
2º más bajo de la historia) y duplicar con creces el de abril (26,81
euros/MWh), antes del apagón. En este caso, la subida del precio de la luz en
origen no se ha debido a que REE se cubra en salud y tenga disponibles más
centrales de gas (luz más cara), que fue lo que pasó en mayo, sino que este
encarecimiento de la luz en origen se debe a 2 causas:
un fuerte aumento de la demanda, por el calor (+7%, frente al -2,1% y el
-0,8% que cayó en abril y mayo) y una menor generación eléctrica hidráulica
(pocas lluvias), además de la subida del gas (por los ataques
a Irán) en las centrales térmicas. Mientras, la aportación de las renovables
fue similar (62% de la electricidad en junio).
Con esta fuerte subida de la luz en origen, nos subirá
también el recibo de junio, entre 5 y 6 euros de media : de los 60,44
euros que pagamos en mayo (según la OCU) podría subir a unos 66 o 67
euros en junio. Y el recibo también subirá en julio y agosto, por la
mayor demanda de electricidad en verano, la falta de lluvias y el mayor uso de
las centrales de gas (más caro) para que REE se asegure de que no tendremos
nuevos apagones. El “sobrecoste” por este mayor uso de centrales de reserva( los “servicios
de ajuste”) se mantendrá todo el año y hasta que las nuevas medidas
aprobadas por el Gobierno y la CNMC entren en vigor. Ese “extracoste” se traslada
directamente al recibo de los consumidores que tienen tarifa regulada
(PVPC), que son 8,3 millones de clientes, pero no deberían pagarlo los
consumidores que tienen una “tarifa libre” (24,1 millones), al menos
hasta que llegue la revisión anual de su contrato, según
ha advertido ya la CNMC a las eléctricas y comercializadoras. Pero algunas
ya han anticipado que van a subir las tarifas un 7% por estos costes extras…
Cara a los próximos meses, la luz en el mercado mayorista subirá
en verano (hasta los 100 euros/MWh) y bajará en octubre y noviembre (hasta los 85 euros), para bajar en 2026,
año en que los futuros auguran un precio mayorista de 65
euros/MWh, según OMIE. Y a partir de ahí,
los precios mayoristas seguirían bajando en 2027 (58,30 euros) y en 2030
(57,70 euros), gracias a la mayor producción de electricidad renovable (81%
previsto en 2030), lo que permitirá un menor coste del recibo a los
usuarios y una
ventaja competitiva a la industria española. Pero para que esto sea posible, hay que asegurar
que el sistema eléctrico funciona como un reloj, que se hacen los ajustes e
inversiones necesarias, que los que tienen que vigilar vigilen y que los que producen
y transportan electricidad cumplan los protocolos y no hagan trampas. Sólo así,
con vigilancia, normas y responsabilidad se evitará otro gran
apagón.
Queda hasta fin de mes para presentar la declaración de
la Renta por los ingresos de 2024. Y casi todos vamos a pagar más,
porque han subido los salarios, las pensiones y el empleo, además de que
Hacienda sigue sin descontar la inflación en los ingresos. Pero el problema es
que el IRPF sigue ganando peso en la recaudación (el 44% del total) y los que pagan la Renta son
básicamente los trabajadores con una nómina (fáciles de controlar),
sobre todo las clases medias, mientras los más ricos apenas pagan.
Además, España tiene otro problema: somos uno de los paises que menos
recauda por impuestos, debido a que hay mucho fraude y que tanto
la Renta como sociedades e IVA son como un queso de gruyere,
con demasiados agujeros (exenciones y deducciones) que reducen la recaudación.
Así que, otro año más, pagamos impuestos desiguales e insuficientes
para consolidar los servicios públicos. Y nadie habla ya de pactar una
reforma fiscal, como pide Europa, algo políticamente
imposible. Enrique Ortega
Esta primavera, Hacienda
espera recibir 24.868.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los
ingresos que tuvimos en 2024, un +3,1% que en 2024. Pero la mayoría de
los contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque la declaración
les sale a devolver: serán 17.069.000 declaraciones (el 68% del
total y 2,5 millones más que en la campaña pasada), que recibirán 14.908
millones de euros en unas semanas o meses (+9,6% que el año pasado), porque
pagaron de más en 2024 (o por deducciones). Al otro tercio de los
contribuyentes, 6.066.000 según Hacienda (1 millón menos que el año
pasado), les sale a pagar el IRPF este año: ingresarán ahora 19.093
millones de euros,+13,3% que en 2024, debido a que han ingresado más por
sueldos, pensiones, dividendos, intereses y Bolsa.
La declaración del IRPF de este año tiene pocas
novedades fiscales, salvo el aumento de la deducción a los
trabajadores con ingresos bajos y medios
(sube de 6.495 a 7.302 euros), la deducción adicional de 1.000 euros
para guardería a las madres trabajadoras y los cambios en el tratamiento fiscal
de los alquileres a los propietarios, según a quien alquilen y lo que cobren.
Eso sí, este año no pueden olvidarse los ingresos en plataformas de venta
de segunda mano y los ingresos online, porque Hacienda va a vigilar
especialmente los movimientos en la Red.
Donde hay más cambios es en la parte autonómica del IRPF, porque
la mayoría de autonomías cambiaron tipos y deducciones en 2024. Por un lado, las
autonomías gestionadas por el PP (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria,
Castilla y león, Galicia, Madrid, la Rioja, Canarias), más País Vasco y Navarra,
“deflactaron”
la tarifa autonómica del
IRPF (la rebajaron para compensar la inflación). Y han
modificado deducciones, tanto familiares como personales, un listado con
grandes diferencias. Con ello, al presentar la Renta sigue habiendo grandes
diferencias según donde se viva. Para ingresos de 20.000 a 45.000
euros, se paga menos IRPF en el País Vasco y Madrid y más en Cataluña,
Extremadura, Baleares, Asturias y Castilla la Mancha, según
este estudio del Consejo de Economistas. Y para mayores ingresos, sobre
todo a partir de 110.000 euros, se paga mucho menos Renta en Madrid y país
Vasco y más en Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Canarias.
El IRPF se consolida como el primer impuesto, la
mayor fuente de ingresos tributarios en España: en 2024, Hacienda
recaudó por IRPF 129.408 millones de euros, casi la mitad (el 43,90%)
de toda la recaudación fiscal en España (294.734 millones en 2024). Y esa
recaudación supone un crecimiento del 7,6% sobre 2023 (120.250 millones) y un +48,92%
sobre lo recaudado antes de la pandemia (86.892 millones en 2019). Además, la
recaudación por IRPF se ha multiplicado por 4.11 en los últimos 30 años (de
31.418 millones en 1995 a 129.408 en 2024).
El 2º mayor impuesto por recaudación, lejos del IRPF,
es el
IVA, que recaudó 90.541 millones en 2024 (+7,9% sobre 2023 y
+26,56% más que en 2019), ese impuesto que pagamos cada vez que compramos y
cuya recaudación se ha multiplicado por 4,45 en los últimos 30
años (recaudaba 20.337 millones en 1995). El tercer impuesto por recaudación es
el impuesto
de Sociedades, el que pagan las empresas, que recaudó 39.096
millones en 2024 (la tercera parte que el IRPF), +11,5% más que en 2023 y
+64,73% que antes de la pandemia (2019), por la mejora de ventas y beneficios
de las empresas, que pagan por Sociedades 5,14 veces más de lo que
pagaban en 1995 (7.605 millones). Y el 4º impuesto son los impuestos
especiales (alcohol, tabaco, carburantes, electricidad…), que recaudaron
22.128 millones de euros en 2024 (+6,6% sobre 2023 y +3,49% sobre 2019), los
que menos han crecido en los últimos 30 años (1,92 veces sobre 1995). Estos 4
grandes impuestos suponen el 95% de la recaudación, que se completa con lo
recaudado por tasas y otros impuestos (13.560 millones en 2024).
Lo que pagamos al declarar el IRPF se
ha incrementado un +48,92% desde 2019 por varias razones: hay más
gente trabajando y pagando impuestos (+1,8 millones de ocupados tras la
pandemia), los que trabajan ganan más (los sueldos han subido un 15,9%
entre 2019 y 2024), han subido también las pensiones y los inversores
cobran ahora más dividendos e intereses y han ganado más en Bolsa. Todo eso ha
elevado los ingresos de la mayoría de los contribuyentes, también en 2024, con
lo que pagaremos más IRPF este año. Pero hay otro factor importante
que explica por qué pagamos más: Hacienda no ha querido “deflactar la
tarifa”, descontar el efecto de la inflación en los ingresos (la
inflación ha subido un 18,2% entre 2019 y 2024) y eso ha hecho que suban los
ingresos y muchos contribuyentes “salten” de tramo y paguen una tarifa
más alta en el IRPF.
Funcas
estima que la no “deflactación” de la tarifa ha permitido una recaudación
extra en el IRPF de 16.800 millones de euros entre 2021 y 2024, algo más de
la mitad del aumento de recaudación (+34.952 millones entre 2019 y 2024). Unos
millones que los contribuyentes hemos pagado “de más” (por no ajustar los
ingresos y la tarifa con la inflación) y que suponen una media de 255 euros
extras, según
el Registro de Economistas, un pago extra menor para los ingresos bajos (+207
euros para rentas hasta 25.000 euros) y uno mayor para los que más ganan (+1.500
euros extras para declarantes de más de 350.000 euros. Hacienda ha
rechazado “deflactar” la tarifa porque dice
que beneficia más a las rentas más altas y que estos mayores
ingresos han ido a aumentar las ayudas a las familias vulnerables y
a aumentar las deducciones de los contribuyentes con menos ingresos.
La consecuencia es que los contribuyentes pagamos más IRPF
de lo que han crecido nuestros ingresos reales, según
Funcas, porque la renta real neta de los hogares (descontada la
inflación) es ahora inferior a la de 2008 (el 95,7%) mientras
pagamos más de IRPF (el 114,4 %), por el efecto de la inflación. Eso ha
subido la presión fiscal por el IRPF (del 6,5% del PIB en 2019 al 8,1%
en 2024) y la presión fiscal total: la “cuña fiscal”, el
porcentaje de los ingresos que pagamos en impuestos y cotizaciones sociales,
era del 40,6% en 2024 (37,5% en 2022), según
la OCDE, algo por encima de la media de los 38 paises desarrollados que integran
la OCDE (34,9%) pero todavía por debajo de la presión fiscal de Bélgica
(52,6%), Alemania (47,9%), Francia (47,2%), Italia (47,1%), Finlandia
(41,9% y Suecia (41,5%).
En consecuencia, ahora pagamos más en el IRPF, por el
aumento de ingresos y la inflación: el tipo medio ha saltado del 12,7% en 2019 al 14,4% en 2024, según
Funcas.
Pero además, el pago de la Renta sigue cayendo en los
trabajadores (cuyas nóminas e ingresos son fáciles de controlar), sobre
todo las clases medias. Así, según el balance de la declaración de 2022 (la
última con datos de la AEAT), el 91,4 % de las declaraciones presentadas
(20,93 de 22,89 millones) tienen rentas del trabajo y son minoría las que
tienen también rentas de capital e inmobiliarias. Además, quienes pagan el
grueso del IRPF son las rentas medias y medias altas: los que declaran
entre 30.000 y 60.000 euros (el 21,7% de declarantes) pagan el 36,84%
del IRPF, una media de 8.212 euros por declarante. Los contribuyentes que
declaran menos de 30.000 euros (el 67,88% de las declaraciones) pagan
el 21,5% del IRPF, entre 48 y 3.742 euros por declarante. Los contribuyentes
que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,53% del total) pagan el
23,20% del IRPF, unos 24.230 euros de media. Y los contribuyentes que declaran más
de 150.000 euros (159.816 contribuyentes, el 0,7% del total) pagan el
18,45% del IRPF, una media de 81.589 a 540.741 euros por declaración.
Visto así, parece que en el IRPF pagan más los que más
tienen. Y es así. Pero estos datos esconden un problema grave de nuestros
impuestos: no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría
de los españoles (el 69,4% no se creen que en España pague más impuestos quien
más tiene, según la última Encuesta del CIS). Recientemente, una
experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de
impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan
el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar
impuestos. Eso se debe a que el actual sistema fiscal penaliza más los
ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que
los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías) y
a que los más ricos utilizan empresas y otros instrumentos de “ingeniería fiscal”
para pagar menos “legalmente”…
En definitiva, que casi la mitad de la recaudación fiscal sale
del IRPF, un impuesto que pagan sobre todo los trabajadores y en especial
los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros. Y que los que tienen ingresos
altos, apenas declaran en el IRPF y tienen otros sistemas para “evadir
impuestos legalmente”. Eso ya debería ser una razón para pedir
una reforma fiscal, que reparta mejor los pagos, haciendo tributar
más a los ingresos no salariales. Pero hay otra razón de peso: con el vigente
sistema fiscal, España
recauda menos que la mayoría de Europa, no sólo porque hay mucho
fraude y los que más tienen tributan poco sino porque la mayoría de impuestos son “un queso de Gruyere”, con múltiples agujeros (deducciones
y exenciones) por los que se pierde una parte de la recaudación.
Los datos son inapelables: en 2025, la
Comisión Europea estima que España recaudará por todos los impuestos el
42,8% de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27,
, el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del
PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200
millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania…
Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit
público del 3% obligado por Bruselas.
¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa?
Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o
un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de
Grecia y Portugal, según este
estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay
muchas deducciones y exenciones fiscales. En
el IVA, somos también el tercer país
que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de
Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes
exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos
especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un
2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y
también ingresamos menos por las
herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.
La Comisión Europea lleva años pidiendo
a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en
el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de
mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que
favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que
tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)
y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a
la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó
al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro
Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un
cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento
parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…
En resumen, que tenemos que volver a declarar por el IRPF,
además de lo que ya nos retuvieron y pagamos en 2024. Hay que pagar impuestos
si queremos luego tener servicios públicos y una Administración que nos ayude
cuando haya problemas. Pero tenemos todo el derecho a exigir que los impuestos
sean más “justos”, más progresivos, que de verdad pague más quien más tiene,
algo que ahora no pasa. Eso obliga a una
reforma fiscal en profundidad, que reforme todos los impuestos y consiga
aumentar la recaudación, para mejorar los servicios públicos, el estado del
Bienestar y los nuevos gastos en Defensa y Seguridad . Pero para ello, hace
falta pactar una reforma fiscal, algo imposible con un Parlamento
enfrentado y donde la derecha y la extrema derecha sólo hablan de bajar
impuestos, no de reformarlos y hacerlos más justos. Así que de reforma
nada. Seguiremos pagando (más) los de siempre.
