Vuelve la burbuja de las criptomonedas

En pocas semanas, 400.000 españoles han hecho cola en Centros comerciales para que les escanearan el iris a cambio de unas pocas criptomonedas (80 euros). Coincide con una nueva fiebre por la compra de bitcoins y otras monedas digitales, que cotizan otra vez a precios récords, tras casi 2 años de desplome, al estallar en 2021 la anterior burbuja, donde se perdieron 2 billones de dólares. Pero los inversores, la mayoría jóvenes, no aprenden, y han vuelto a las compras masivas, amparados por los nuevos Fondos en bitcoin y una anunciada reducción de la oferta: son 580 millones de personas las que tienen criptomonedas, 4,7 millones en España. El BCE se lo acaba de repetir: “el valor real del bitcoin es cero”. Es sólo especulación. Pero proliferan plataformas, webs y cajeros de compraventa, mientras Europa ha aprobado un Reglamento sobre criptomonedas que no entra en vigor hasta el 30 de diciembre. Ojo donde mete su dinero: nadie da duros a peseta, por muy digital que sea.

                        Enrique Ortega, a partir de "El cambista y su mujer", de Marinus van Reymerswale   

Los últimos datos señalan que 580 millones de personas en el mundo eran usuarios de criptomonedas en 2023, un +34% que en 2022, según crypto.com. Más de la mitad (296 millones) han operado con Bitcoin, la cripto líder del mercado, y una cuarta parte (124 millones de usuarios) con Ethereum, a las que se suman, muy lejos, otras criptomonedas como Thether USDT, BNB, Solana, XRP, USDC o Cardano, las ocho con más capitalización. En conjunto, las criptomonedas alcanzan una capitalización (valor de mercado al precio actual) que ronda los 2,5 billones de dólares (más que el PIB español), de los que 1,35 billones corresponden al Bitcoin. En España, un 12% de los adultos poseen criptomonedas, unas 4.700.000 personas, según estima el Banco de España. Eso nos coloca como el 5º país europeo con más inversores en criptomonedas, tras Reino Unido, Francia, Alemania y Paises Bajos.

Los criptoactivos son monedas y activos digitales que emplean un cifrado para identificar a su dueño y poder realizar transacciones. Un 20% están respaldadas por activos como el oro, el dólar y otras monedas, pero la mayoría (el 80% del mercado) son criptoactivos sin respaldo detrás de un activo concreto, sobre todo criptomonedas, monedas digitales que no tienen detrás el respaldo de un país y un Banco Central sino que las fabrican y emiten miles de empresas privadas, que controlan también su distribución y mercado. Las criptomonedas se basan en una red mundial de ordenadores descentralizada, unos “mineros” (que generan informáticamente nuevas monedas) y las plataformas de compraventa, que permiten cambiar divisas por criptomonedas, almacenarlas en “billeteros digitales” y comprarlas y venderlas después, con altísimas comisiones.

Se trata de un mercado muy reciente, ya que la primera criptomoneda, el bitcoin, empezó a funcionar en enero de 2009 (ver historia criptomonedas) y a la que han seguido hasta 20.000 criptomonedas, 9.000 de ellas registradas actualmente. Al principio, su valor fue muy escaso, con pocos compradores, lo que hizo que el bitcoin cotizara en 2015 a 327 dólares. A finales de 2016 superó ya los 900 dólares y en 2017 dio el primer gran salto, cotizando a 19.345 dólares en diciembre. Hubo una corrección en 2018 y 2019, seguido de una caída por la pandemia (5.165 dólares en marzo 2020), para iniciar un fuerte repunte en octubre de 2020, que llevó al bitcoin a un primer máximo histórico: cotizó a 64.400 dólares el 12 de noviembre de 2021. A partir de ahí, empezaron las ventas masivas y se desinfló la burbuja, hasta alcanzar un mínimo de 15.409 dólares en diciembre de 2022.

Más de año y medio de caída de cotizaciones (”el invierno de las cripto”), entre mediados de 2022 y principios de 2024, que se llevaron por delante a millones de pequeños inversores, que perdieron más de 2 billones de dólares, y provocaron quiebras y cierres de empresas y plataformas de venta muy conocidas, como FTX, Terra (Luna), Three Arrons Capital, Celsius o Voyager, con historias de emprendedores digitales famosos ante el juez o en la cárcel.

Muchos pensaron que era el final de las criptomonedas, el fin de otra burbuja especulativa más, pero no ha sido así: la fiebre por el bitcoin y las demás cripto ha vuelto en el último mes y con fuerza: el 6 de febrero empezó este último “rally”, pasando el bitcoin de cotizar a 40.064 dólares a un máximo histórico de 68.562 dólares el 4 de marzo, para superarlo y cerrar en otro máximo histórico este viernes: 68.720 dólares (ver gráfico cotización). Y a su vera, se ha disparado también la cotización de otras criptomonedas, incluso las llamadas “memes”, unas criptomonedas con caras de perro o de la rana Pepe (¡ en serio¡) , como Dogecoin (apoyada por Elon Musk: ¡ya vale tanto como Telefónica!), Shiba Inu, Pepe Coín, Dogelon Mars, Samoyed Coín o Mona Coin, que se han revalorizado hasta un 1.000% en el último mes. La fiebre de compra ha vuelto, olvidando la debacle de 2022 y hay millones de inversores que meten dinero cada día en todo lo que huela a “criptomonedas”, por si acaso. Las llaman inversiones FOMO (“Fear of missing out”) : “miedo a quedarse fuera”…

Los expertos explican esta nueva “burbuja cripto” por tres causas. La primera, porque los inversores esperan una bajada de tipos de interés (en primavera o verano) y eso les hace buscar otras alternativas de inversión. La segunda causa, clave en la subida de cotización de las cripto estas últimas semanas, es que Estados Unidos aprobó, el 10 de enero, la comercialización de los primeros Fondos (ETF) en bitcoin, lo que permite ahora que muchos inversores “más serios” (Fondos, instituciones, bancos, grandes inversores) se lancen a poner su dinero en Fondos (ETF) que replican a bitcoin, pero que pueden comprar en instituciones “serias” (Fondos, gestoras y bancos de inversión) y operar con ellos sin problemas, sin tener que recurrir a billeteras virtuales y plataformas de bitcoin. Y pagando comisiones mucho más bajas que en las plataformas de criptos.

La autorización de 11 Fondos (ETF) en bitcoin la dio la Comisión del Mercado de Valores USA, la SEC (el equivalente a la CNMV española), que lleva años vigilando y criticando el bitcoin. Y lo hizo por imposición judicial, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal de Apelación de Columbia contraria a los expedientes de rechazo a la aprobación, tras múltiples litigios legales de poderosos Fondos y bancos de inversión, que querían unirse al negocio cripto. Pero la autorización de la SEC es forzada, como señaló su presidente al aprobar los nuevos Fondos (ETF) de bitcoin: “Hoy hemos aprobado determinados Fondos cotizados sobre el bitcoin al contado, no hemos aprobado ni respaldado al bitcoin. Los inversores deben mantener la cautela ante los innumerables riesgos asociados al bitcoin y a los productos cuyo valor está vinculado a las criptomonedas”…

A pesar de esta “advertencia”, los grandes inversores han aprovechado la aprobación de Fondos (ETF) de bitcoin, que suponen un salto cualitativo para las criptomonedas, para entrar a saco en este nuevo mercado, disparando un 35% las cotizaciones del bitcoin ( y las demás cripto, hasta las “memes”…).  La ETF en bitcoin más popular, IBIT, comercializada por Black Rock (la mayor gestora de fondos del mundo) recibió hasta 10.000 millones de inversiones en las primeras 7 semanas, un récord histórico. Y hasta la fecha, los 4 mayores Fondos (ETF) en bitcoin han captado ya cerca de 20.000 millones de dólares.... Una carrera a la que se han apuntado los principales Fondos y bancos de inversión, salvo Vanguard, la 2ª mayor gestora USA, argumentando que “es más especulación que inversión”.

La 3ª causa que ha disparado las cotizaciones de las criptomonedas es el inminente recorte de los bitcoins disponibles, un proceso que se repite cada 4 años para controlar la oferta y mantener los precios. Lo llaman el “halving” (“reducir a la mitad”) que consiste en reducir a la mitad la recompensa que los “mineros” (los que generan bitcoin) reciben por validar bloques en el blockclain de bitcoin. Su objetivo es recortar la oferta de bitcoin, que tiene un máximo (hay otras criptomonedas que no, lo que infla su oferta), para estabilizar los precios. Y los inversores saben que las tres ocasiones anteriores en que se ha recortado la oferta (noviembre de 2012, julio de 2016 y mayo de 2020), la cotización se disparó, porque suelen bajar los precios y es un buen momento para comprar y posicionarse a medio plazo. En el último recorte, la cotización saltó de 9.558 (mayo 2020) a 61.283 (marzo 2021). Y ahora, con el recorte que se espera para abril (no hay fecha: entre el 8 y el 22), creen que volverá a subir.

En medio de esta nueva euforia de muchos inversores (pequeños y grandes) por las criptomonedas, que olvida la reciente crisis, los expertos del sector apuestan porque la cotización del bitcoin supere este año los 100.000 dólares y alcance entre120.000 y 150.000 dólares en 2025, al margen de esperadas correcciones. Todo apunta a una nueva “burbuja cripto”, donde los grandes Fondos y bancos de inversión aprovecharán los picos y serán los primeros que abandonen el barco, en perjuicio de los pequeños inversores (muchos jóvenes), que sostienen el tinglado, pagando altas comisiones y perdiendo al final casi todo lo invertido Es lo que pasó en la anterior burbuja cripto y lo que volverá a pasar, porque se trata de un activo especulativo, no apoyado en ningún activo con valor real.

Lo ha dicho bien claro (22 de febrero) el Banco Central Europeo (BCE), al hilo de la fuerte subida del bitcoin: “reiteramos que el valor real del bitcoin es cero”, escribieron en el blog del BCE dos de sus economistas, Ulrich Bindseil y Jürgen Schaaf. Y añadieron: “tras 15 años, el bitcoin ha fracasado en su promesa de ser una moneda global y descentralizada y sus transacciones siguen siendo lentas y costosas, además de haber sido incapaces de combatir su uso por los ciberdelincuentes”. Estiman que el bitcoin se utilizó para blanquear 23.800 millones de dólares en 2023 y para que empresas y particulares pagaran 1.100 millones de dólares en chantajes de ciberdelincuentes (por “ransomware”, secuestro de datos). Los economistas del BCE reiteran que el bitcoin no tiene ningún activo real detrás, contamina el medio ambiente (su “minería” consume mucha electricidad) y su cotización es “un espejismo” que se desplomará a medio plazo, porque su valor real es cero. “Se trata sólo de especulación y habría que tomar medidas drásticas contra su uso”, concluyen.

La Comisión Europea presentó en septiembre de 2020 una primera propuesta para regular este mercado “salvaje” (según otro miembro del BCE), tan peligroso como lo fueron en su día las hipotecas de alto riesgo (las “subprime) que provocaron la crisis financiera de 2008. El Reglamento MiCA, la primera normativa europea para regular la operativa en criptomonedas, lo aprobó el Parlamento Europeo en abril de 2023 y el Consejo Europeo en mayo, publicándose el 9 de junio en el Diario Oficial de la UE. Pero se concede un periodo de adaptación a entidades y paises, con lo que la nueva normativa no entrará en vigor hasta el 30 de diciembre de 2024 (algunos temas, el 30 de junio de 2024).

Mientras, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han lanzado ya dos alertas a los inversores sobre las criptomonedas. En su 2ª alerta conjunta, publicada el 9 de febrero de 2022, ya advirtieron del “elevado riesgo de estas inversiones”, por la extremada volatilidad, complejidad y falta de transparencia. Además, recordaban a los inversores (sin éxito, por lo que se ve) que los criptoactivos “no están regulados, no tienen consideración de medios de pago ni tienen el respaldo de los Bancos Centrales ni están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos e Inversiones”. Y, tras insistir que son “instrumentos complejos, no adecuados para pequeños inversores”, alertaban que “son muy especulativos y se puede perder todo lo invertido”. Por si fuera poco, ambos organismos reiteraban que es un mercado con poca transparencia en la formación de precios, con poca liquidez (hay dificultades para venderlos) con muchos problemas para reclamar a plataformas que están en el extranjero, sin control.

En paralelo a estas “advertencias”, la CNMV ha regulado la publicidad de las criptomonedas, supervisando miles de webs, plataformas e influencers, lo que llevó a dar un “toque de atención” (en 2021) al futbolista Andrés Iniesta, por anunciar en sus redes sociales (38 millones de seguidores en Instagram) la plataforma de criptomonedas Binance. Y el Banco de España creó, en octubre de 2021, el primer registro obligatorio para las empresas que ofrezcan criptoactivos en España: hay registradas 89 empresas (36 en 2023), aunque el propio Banco de España reconoce que eso no significa que supervise su actividad: sólo podrá hacerlo a partir de 2025, cuando entre en vigor el Reglamento MiCA europeo.

A pesar de tantas advertencias, los inversores españoles siguen lanzados a operar con bitcoins y otras criptomonedas, sobre todo los más jóvenes. Un ejemplo reciente refleja esta “fiebre cripto” : unos 400.000 españoles (ojo: casi el 1% de la población), la mayoría jóvenes, han hecho cola en las últimas semanas en los stands de la empresa de Inteligencia Artificial de ChatGPT (Open AI) para que les escanearan el iris y les pagaran la información con 13 criptomonedas de WordCoin (80 euros), la nueva cripto creada por Sam Altman, el padre de Chat GPT. Con ello, la empresa mata dos pájaros de un tiro: consigue datos biométricos claves y a cambio relanzan una nueva moneda, cuya cotización se ha disparado un 35% tras esta operación que han realizado también en otros 36 paises, desde EE. UU. a Japón y desde Noruega o Turquía a Sudáfrica.

Al final, el pasado 6 de marzo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) prohibió a Worlcoin seguir recogiendo datos del iris durante 3 meses ni utilizarlos, mientras va a investigar su operativa la Agencia de Datos europea. Pero el caso revela que el mundo cripto moviliza a los jóvenes, sea para lo que sea y aunque hayan tenido que hacer luego nuevas colas para cambiar estos criptos en cajeros,  que les han cobrado hasta el 25% de comisión…

Parece increíble, pero estamos ante una nueva burbuja cripto, con muchos inversores pequeños y jóvenes lanzados a este mercado como si fuera un casino, a pesar de las reiteradas advertencias del BCE, Banco de España, CNMV y múltiples expertos: ”es una estafa piramidal posmoderna” (Nobel P. Krugman), “es una herramienta de lavado de dinero y evasión fiscal“ (Nobel J. Stiglitz), “es como ir al casino” (Warren Buffet, uno de los mayores inversores del mundo). Y frente a un “lobby” poderoso de la industria cripto, que consigue enormes fortunas a base de comisiones y compraventas especulativas y opacas, a costa de sus clientes más vulnerables, que son los que se arruinan. Urge parar esta especulación, con normas, supervisión, multas y cárcel. Y quien piense entrar en este mundo cripto, recuerde: nadie da duros a peseta, por muy digital que sea.

8-M: récord de mujeres trabajando

Mañana se celebra el 8-M y hablarán de la discriminación que las mujeres sufren todo el año. Hay avances: un récord histórico de mujeres trabajando (9,92 millones) y la brecha salarial con los hombres baja al -18,6%, la menor en 15 años. Pero sigue la discriminación: menos mujeres activas, menos trabajando (-1,4 millones que hombres), con peores contratos, puestos y sueldos (-4.341 euros de media), más paro, menos desempleo (cobran -16,28%), pensiones más bajas (-45% de jubilación) y sufren más la falta de ayudas a la Dependencia. La principal causa de su discriminación es que las mujeres cargan con “los cuidados” (hijos y dependientes), descuidando su profesión. Por eso, necesitamos enseñanza gratuita de 0 a 3 años y reforzar la Dependencia, para liberarlas. También aplicar Planes de igualdad en las empresas (2 de cada 3 no tienen). Y que los hombres ayuden en casa. Urge un Pacto nacional por la igualdad, desde la escuela al trabajo y los hogares, para mejorar la difícil situación de media España.

                    Enrique Ortega

Lo primero que choca es que la población femenina ha aumentado más que la masculina en España, según el Censo del INE, tanto en los últimos 5 años (+973.195 mujeres frente a +790.763 hombres, entre el 1 de enero de 2019 y el 1 de enero de 2024) como en los últimos 16 años (+1.797.909 mujeres frente a +1.216.062 hombres entre 2008 y 2024). Pero ojo, al mirar la cifra de habitantes con más detalle, se ve que la cifra de mujeres nacidas en España ha bajado (-16.610 mujeres entre 2008 y 2024, frente a +44.287 hombres) y que si hay más mujeres censadas en España hoy es porque han venido muchas mujeres nacidas en el extranjero (hay +1.724.519 que en 2008, según el INE), sobre todo latinoamericanas, marroquíes y rumanas. Así resulta que, de las 24.875.363 mujeres censadas el 1 de enero en España, 4.528.894 nacieron en el extranjero (el 18,2%). 

A partir de aquí, de las mujeres que viven en España, analicemos su situación. La primera discriminación es que hay muchas más mujeres inactivas, que no buscan trabajo y se quedan en casa. De los 40.818.900 españoles en edad de trabajar (más de 16 años), a finales de 2023 (EPA),  20.996.800 son mujeres y 19.822.100 hombres. Pero casi la mitad de esas mujeres potencialmente activas decidieron quedarse en casa (9.543.400 mujeres “inactivas”, el 45,5%), frente a menos hombres (7.198.100 “inactivos”, el 36,3%). Y cuando se busca la causa, el 20% de mujeres inactivas lo justifica en que atienden a menores y dependientes (de 25 a 49 años suben al 29,4%), frente al 4,9% de hombres que lo aducen. En otros casos, las mujeres no buscan trabajo porque tienen menos formación, piensan que no lo encontrarán o porque han decidido “dedicarse a su hogar”.

Lo positivo es que ,en los últimos años, muchas mujeres se han lanzado al mercado laboral, para aportar ingresos al hogar (muchas de ellas, inmigrantes). Y así las mujeres activas, que trabajan o buscan empleo, aumentaron en +609.300 entre 2019 y 2023, mientras los hombres activos sólo crecieron en +309.400. Las que más se han lanzado a buscar trabajo son las mujeres mayores de 45 años, sobre todo entre 55 y 64 años (casi +500.000 activas), que buscan trabajo como cuidadoras o empleadas de hogar y en el comercio, la hostelería y la limpieza. Pero, aunque hay más mujeres en edad de trabajar, sólo hay 11.453.400 mujeres activas (trabajan o buscan trabajo) frente a 12.624.100 hombres, según la EPA.

La segunda gran discriminación es que estas mujeres activas encuentran menos empleo que los hombres. Los datos educativos revelan que las mujeres acaban más formadas que los hombres, pero encuentran más dificultades para acceder al primer empleo: hay menos chicas que chicos trabajando entre los 16 y los 24 años. Un factor importante es que los roles de género llevan a que las niñas y adolescentes opten más por estudios y carreras de humanidades frente a las de ciencias, que son “más de chicos”. Un estudio reciente revela que la segregación se da tanto en FP (sólo un 7% de chicas se gradúan en titulaciones técnicas frente al 52% de chicos) como en la Universidad (sólo hay un 14% de mujeres en Informática, un 27% en carreras técnicas y un 37% en matemáticas y estadísticas), lo que reduce su empleabilidad. Además, también cuenta la discriminación en las pruebas de selección, en las prácticas y becas y en “la cultura” de muchas empresas, que en igualdad de condiciones “prefieren contratar a un hombre que a una mujer”.

Al final, el resultado es que hay 1,4 millones de mujeres menos trabajando que hombres (aunque insisto, son más en edad de trabajar). A finales de 2023, había en España 21.246.900 personas ocupadas, 11.323.500 hombres (el 53,9%) y 9.923.400 mujeres. Un dato que refleja la discriminación laboral de la mujer, aunque también llama a la esperanza, porque las mujeres han conseguido una mayor parte de los nuevos empleos creados en España en 2023 (+437.200 de los 783.000 creados)  y entre 2019 y 2023 (+765.100 empleos, un 63,3% de los 1.208.500 creados en total). Con ello, el empleo femenino bate un récord histórico en España: nunca ha habido tantas mujeres trabajando (9.923.400 en diciembre de 2023) y son 1,2 millones más del anterior récord de empleo femenino (8.714.900 mujeres ocupadas en septiembre de 2008). Mientras, los hombres, aunque les ganan en empleos (11.323.500), todavía trabajan menos que en septiembre de 2007 (récord empleo masculino: 12.175.900). En 2024 se espera que trabajen en España más de 10 millones de mujeres, superando un listón impensable, aunque seguirá la discriminación mientras trabajen más hombres.

La tercera gran discriminación es que las mujeres tienen peores contratos, puestos de trabajo y categorías que los hombres. La reforma laboral (que entró en vigor el 31 de marzo de 2022) ha beneficiado a todos los trabajadores, reduciendo los contratos temporales y la precariedad, pero más a los hombres que a las mujeres, según los datos de la EPA. Así, el porcentaje de asalariados con contrato temporal ha bajado entre los hombres del 24,93% en 2019 al 14,2% a finales de 2023 (-10,73%) y del 27,37% al 18,9% entre las mujeres (-8,47%). Eso se debe, sobre todo, a que la mayor tasa de temporalidad se da en el sector público, donde hay más porcentaje de mujeres, sobre todo en sanidad y educación.

Con todo, el dato clave para explicar gran parte de la discriminación laboral de la mujer es que siguen aumentando los contratos a tiempo parcial (por horas o días): se hicieron +87.600 nuevos en 2023, +75.400 de ellos a mujeres. Eso refleja lo que pasa: las mujeres encuentran más trabajo que antes, pero la mayoría es a tiempo parcial. De hecho, de las 2.869.300 personas ocupadas a tiempo parcial, el 74% son mujeres (2.121.000). Y ojo, no es porque lo quieran así: la mitad de ellas dicen que es porque no encontraron un trabajo a jornada completa y de la otra mitad, solo un 10% eligió esa jornada, el 40% restante lo hace para cuidar a hijos y mayores dependientes.

Además de tener peores contratos, las mujeres se concentran en sectores con trabajos peor pagados y en categorías laborales más bajas, al margen de su formación. Unos ejemplos del INE: encargados (7,6% de los hombres y 4,7% de las mujeres), mandos intermedios (7,8% frente a 6,7%), directores de pequeña empresa o sucursal (8,3% frente a 4,9%). Además, el INE indica que sólo había un 34,8% de mujeres en cargos directivos (directoras o gerentes) de empresas en 2023. Y en los Consejos de Administración de las empresas del IBEX sólo hay un 37,3% de mujeres consejeras, un 20% en cargos ejecutivos, un 26% en la alta dirección y sólo un 11,8 % son presidentas.

Todas estas discriminaciones laborales, en los contratos, puestos de trabajo y categorías, se traducen en una 4ª discriminación, la más visible: las mujeres ganan menos que los hombres. Hay dos maneras de medir esta “brecha salarial”, las dos con datos del INE: una, el sueldo principal que refleja la EPA (último dato 2002) y la otra, la Encuesta de Estructura Salarial (último dato 2021). Según la primera estadística, el sueldo medio de los hombres fue de 27.642 euros brutos en 2022 y el de las mujeres 23.301 euros, 4.341 euros menos. Es una “brecha salarial” (lo que debería subir el sueldo de la mujer para equipararse) del -18,63%, alta, pero la menor en los últimos 15 años en España, según CCOO, que recuerda que ha bajado del -31,4% máximo en 2014 al -22,6% en 2019 y al -20,9% en 2021. Si nos atenemos a la estadística de salarios, en 2021, el salario medio bruto de los hombres era de 28.388 euros frente a 23.175 euros las mujeres, 5.213 euros menos,  una “brecha” del -22,5% según CCOO (no el 18,4% que dice el INE), porque es el porcentaje que tendría que subir el sueldo de la mujer para equipararse al hombre. Y esa brecha, medida con esta otra estadística, también ha mejorado y es la menor desde 2008 (-28%).

¿Por qué ganan menos las mujeres? Un informe de CCOO responde que el 70% de esta discriminación salarial se debe a que tienen un exceso de contratos a tiempo parcial (el 74% del total), contratos por horas o días en los que ganan menos de la mitad de lo que ganarían con un contrato a jornada completa (11.650 euros frente a 28.185, según el INE). Según el sindicato, si las mujeres tuvieran el mismo porcentaje que los hombres de trabajo a jornada completa, la brecha salarial bajaría del -18,6 al -5,7%, a menos de la tercera parte.

 Y otro factor que, según CCOO, pesa muy negativamente es que las mujeres cobran muchos menos complementos que los hombres y eso aumenta la brecha salarial final, que no es tan grande en el salario base. Así, las mujeres no suelen cobrar complementos como los que se abonan por esfuerzo físico, penosidad, nocturnidad o disponibilidad horarias, que suelen estar “masculinizados”. También cobran menos complemento por antigüedad, dado que la maternidad acorta sus carreras profesionales. Y en paralelo, como tienen menos puestos directivos, cobran también menos pluses y bonus discrecionales ligados a tareas directivas.

Hay otro factor más que explica los menores salarios de las mujeres: los sectores en los que trabajan mayoritariamente, que tienen sueldos más bajos. Así, el 42% de las mujeres asalariadas se concentran en 7 sectores que pagan un salario por debajo de la media (2.128 euros mensuales en 2022, según la EPA): empleo doméstico (cobran 981 euros brutos de media), hostelería (1.390 euros), agricultura, ganadería y pesca (1.477), actividades administrativas y auxiliares (1.567), actividades artísticas y recreativas (1.598), otros servicios, entre ellos los cuidados (1.599 euros) y comercio (1.771 euros).

Y llegamos a la 5ª gran discriminación: hay más mujeres que hombres en paro, debido a que aumentan las que buscan trabajo y la mayoría de empleos se los llevan los hombres. A finales de 2023, en España había 2.830.600 parados (EPA), de los que 1.530.000 eran mujeres (13,3% de tasa de paro) y 1.300.600 eran hombres (10,30% de tasa de paro sobre activos). Y se ha reducido menos el paro entre las mujeres que entre los hombres, tanto en 2023 (-93.000 frente a -100.400) como respecto a 2019, antes de la pandemia (-128.800 frente a -205.500 que redujeron el paro los hombres). La mayor parte del paro femenino se concentra en mujeres que trabajaban en la hostelería (144.600), el comercio (116.000), sanidad y servicios sociales (66.200), administrativas y servicios auxiliares (61.600), la educación (52.800) y la Administración Pública (-51.400), aunque la mayoría son paradas que perdieron su empleo hace más de 1 año (620.500).

Y estas mujeres paradas sufren la 6ª gran discriminación: el seguro de desempleo les cubre menos (porque muchas, por los cuidados, han interrumpido su cotización o no han cotizado) y les paga un subsidio menor. En 2023, había 983.997 mujeres beneficiarias del desempleo (sólo 408.000 con prestación contributiva, según lo cotizado y 574.729 con prestación asistencial), frente a 790.537 beneficiarios hombres (391.823 con prestación contributiva y 398.874 asistencial), según el SEPE. Pero como hay más mujeres paradas que hombres, la tasa de cobertura de las mujeres (el porcentaje que reciben alguna ayuda) fue del 63,3% de media frente al 75,7% los hombres. Y además de estar menos cubiertas, cobraron menos de subsidio contributivo (el asistencial son 480 euros mensuales, iguales para todos):  888 euros de media mensual las mujeres frente a 1.032.6 los hombres. Otra “brecha”, en el cobro del desempleo, del -16,28% (-20,29% para paradas de 50 años a 60 años y -23,20% para paradas mayores de 60 años), según los datos del SEPE.

Como las mujeres trabajan menos, ganan menos e interrumpen sus carreras de cotización o cotizan menos años (por los cuidados), también tienen pensiones más bajas que los hombres, la 7ª mayor discriminación de la mujer: la pensión media de las mujeres, el 1 de febrero de 2024, era de 1.020,93 euros, frente a 1.506,02 los hombres, según la SS, una “brecha” en todas las pensiones del -47,51%. Y en el caso de las pensiones de jubilación (que cobran 2.639.170 mujeres, frente a 3.811.619 hombres), la diferencia es también enorme: 1.132,89 euros de jubilación cobran de media las mujeres frente a 1.647,8 euros los hombres, otra “brecha” del -45,45%. La mayor brecha, fruto de las brechas de una vida…

Y queda otra discriminación más, la 8ª: la discriminación en la Dependencia, debido a que las mujeres viven más que los hombres (85,8 años de media frente a 80,3) y por tanto tienen más riesgo de necesitar ayuda y ser dependientes al final de su vida. De hecho, casi 2 de cada 3 dependientes con más de 80 años son mujeres (el 63,11%). Y por eso sufren más los problemas de retrasos en las ayudas (hay 158.198 dependientes reconocidos “en lista de espera” para recibir las ayudas, lo que provoca que 70 dependientes mayores mueran cada día sin recibirlas, 44 de ellos mujeres) y de falta de medios y atención, desde la ayuda a domicilio a la teleasistencia y la falta de residencias.

Por si fueran pocas estas discriminaciones laborales, las mujeres sufren también otra discriminación en su propia casa, porque cargan con la mayor parte de las tareas del hogar y de los cuidados de hijos y padres, complicando más su vida laboral. De hecho, el 45,86% de las mujeres cargan con la mayor parte de las tareas del hogar, algo que sólo hacen el 14,92% de los hombres. Y otro 34,96% de mujeres realizan una parte importante, aunque compartida. Eso supone que el 80,82% de las mujeres cargan con las principales tareas del hogar, frente al 48,61% de los hombres. Y un 51,37% de los hombres  (casi 10 millones) confiesan que hacen poco o nada, según la última Encuesta del INE (2021). Un 40,2% de las mujeres se ocupan mayoritariamente del cuidado de los niños, frente al 4,8% de los hombres. Y un 48,3% se encargan mayoritariamente del cuidado de los mayores, frente al 20,5% de los hombres.

En resumen, que aunque su ocupación mejora y baja la brecha salarial con los hombres, la situación de las mujeres en 2024 sigue siendo muy preocupante. Para CCOO, el problema de fondo es que hemos relegado a la mujer a los cuidados (de niños y padres o familiares dependientes) y con eso la hemos condenado a interrumpir su carrera laboral y tener más problemas para optar a mejores puestos, fomentando el trabajo a tiempo parcial y los bajos salarios. Se ha avanzado con la reforma laboral y las subidas del salario mínimo (que favorecen más a las mujeres), pero las desigualdades siguen ahí, de fondo, porque las mujeres siguen “atadas” a los cuidados. Por eso, muchos expertos apuestan por tomar 2 medidas claves para “liberarlas en parte”: aprobar la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años (pendiente Presupuestos 2024) y mejorar la atención a la Dependencia, para que haya más ayudas y recursos, más atención pública a los dependientes en el hogar, en centros de día y en residencias.

En paralelo, los sindicatos se quejan de que las empresas, sobre todo las pymes, no se han tomado en serio los decretos que obligan a llevar un registro de salarios (obligatorio) y a aprobar Planes de igualdad, que son obligatorios en las empresas de más de 50 trabajadores desde el 8 de marzo de 2022. Han pasado 2 años y CCOO estima que no existen estos Planes en el 66% de las empresas. Y tampoco el sector público, desde los Ayuntamientos a las autonomías, Ministerios y empresas públicas, está dado ejemplo. Y falta una política de racionalización de horarios, desde las empresas a los restaurantes, locales de ocio y TV, que permita a las mujeres conciliar su trabajo con su familia. Y queda la gran asignatura pendiente, el reparto de tareas en el hogar, donde los hombres tienen que hacer mucho más (no sólo “ayudar”…) Y también los chicos adolescentes.

Al final, cada año pasa lo mismo con el 8-M: se habla mucho de la discriminación de la mujer, pero se avanza poco, poniendo parches a un problema muy complejo, como pasa también con la Crisis Climática. Y a este paso, la igualdad de la mujer tardará 135 años, según el Foro de Davos. Urge pactar acuerdos legislativos, económicos, laborales, educativos, sociales y familiares, para afrontar uno de los grandes retos de este siglo, al margen de las ideologías: lograr la igualdad para media España. Ganaríamos todos.

España: menos productivos, menos ricos

España creció más que la mayoría de Europa en 2023. Pero ojo, la OCDE acaba de alertarnos de un dato preocupante: la renta per cápita de las familias españolas es menor ahora que en 2007. ¿Cómo es posible? Porque hemos tenido que repartir el crecimiento entre más gente (+3,8 millones) y porque la inflación se ha comido el aumento. Pero hay una causa de fondo: España produce menos por habitante (y por trabajador) que otros 16 paises europeos, la mayoría más pequeños. Somos menos productivos, por 2 motivos: aquí trabaja menos gente y trabaja peor, con menos eficiencia, por culpa de la peor formación, menor tecnología, innovación y digitalización, menos inversión, pequeño tamaño empresas, escaso peso de la industria y la exportación, deficiente gestión empresarial y organización del trabajo, más una falta de financiación y un exceso de burocracia. En marzo, el Gobierno creará el Consejo Nacional de Productividad, para intentar ser más productivos y conseguir así vivir mejor. Una asignatura pendiente desde hace décadas (o siglos). 

                    Enrique Ortega 

España volvió a crecer en 2023 más que la mayoría de Europa: el PIB aumentó un +2,5%, cinco veces el aumento de la UE-27 y la zona euro (+0,5%), por encima de Francia (+0,9%), Italia (+0,7%) y sobre todo de Alemania (cayó un -0,3%), incluso de Reino Unido (+0,1%). Con ello, España se consolida como la 4ª mayor economía de la UE, con una producción (PIB) de 1.462.070 millones de euros en 2023, sólo por detrás de Alemania (4.121.160 millones), Francia (2.639.092 millones e Italia (1.946.079 millones). Y si tomamos toda Europa, seríamos la 5ª mayor economía europea, porque Reino Unido es la 2ª (2.953.557 millones de PIB). A España le siguen, de lejos, Paises Bajos (1.032.841 millones), Polonia (654.594 millones), Bélgica (554.044 millones) e Irlanda (506.582 millones).

Pero este dato del PIB total es engañoso, porque unos paises tienen más población que otros. Por eso, lo relevante es lo que produce cada país por habitante, el verdadero indicador de la renta y la riqueza de cada país. Y aquí, la situación cambia drásticamente: España produjo 30.253 euros por habitante en 2023, un 83% de la media UE-27 (36.419 euros), un 62% que Alemania (48.853 euros per cápita), un 78% que Francia (38.770 euros) y un 91% que Italia (33.075 euros). Pero producimos casi la mitad que Paises Bajos (57.980 euros por habitante) y menos de la mitad que Dinamarca (63.162 euros), Irlanda (97.474 euros) y Luxemburgo (117.468 euros), los 3 paises más productivos de Europa.

Este dato tampoco es el real, porque hay que tener en cuenta la inflación de cada país, para medir el PIB per cápita según el poder de compra. Eurostat no ha publicado el dato de 2023, pero en 2022 España ocupó el lugar 17º en el ranking de producción por habitante, descontando la inflación: produjimos el 86% de la media europea (UE-27), algo más que en 2021 y 2020 (83%), pero peor que antes de la pandemia (91% en 2019) y que en 2017 (93%). Cuando España ingresó en la CEE, en 1986, teníamos un PIB por habitante que era el 76% de la media europea y en el año 2000 rozamos la media (98%), para superarla por primera vez en 2002 (101%), alcanzando nuestro máximo en 2006 (105% del PIB por habitante europeo) y manteniéndonos por encima en 2007 (104%), 2008 (102%) y 2009 (101%). Con la crisis financiera y de deuda, nos dimos un batacazo en 2010 (el PIB por habitante bajó al 96% de la UE-28), para seguir cayendo después, hasta un mínimo en 2020 y 2021 (83%), por la pandemia, que apenas se recuperó en 2022 (86%: la “brecha” con Europa de 1990).

Esto significa que España, aunque sea la 4ª mayor economía de la UE, está por detrás de 16 paises europeos en producción por habitante y renta. En 2022, había 11 paises UE que producían más por habitante que la media UE-27 (índice 100) y por eso son los más ricos, según Eurostat: Luxemburgo (256% del PIB por habitante europeo, porque tiene un alto PIB y poquísima población censada), Irlanda (235%, porque tiene radicadas muchas multinacionales que facturan allí y producen en otros paises), Dinamarca (produce un 136% del PIB medio UE), Países Bajos (130%), Austria (124%), Bélgica (120%), Suecia (119%), Alemania (117%), Finlandia (110%), Malta (104%) y Francia (100% PIB por habitante UE).

Luego hay un 2º grupo de paises comunitarios que están por debajo de la media de productividad de la UE-27 y cuya renta es inferior a la de los paises más ricos, liderados en el puesto 12º por Italia (97% del PIB medio UE, que perdió en 2014) y con España en el puesto 17º (86% del PIB por habitante UE en 2022), tras ser “adelantada” en los últimos años por 5 paises pequeños: Malta (nos superó en 2014 y tiene el 102% del PIB por habitante de la UE-27), República Checa (nos adelantó en 2019 y ahora tiene el 90% del PIB por habitante europeo), Chipre (94%), Eslovenia (90%) y Lituania (89%), tres paises que adelantaron a España en 2020. Y tenemos cerca a Estonia (85%), que superó a España en 2021, quedando más lejos Portugal y Polonia (79% del PIB por habitante UE). En 2023, según los datos del FMI, España habría ganado dos puestos, hasta el puesto 15º del ranking UE-27, adelantando a Lituania y República Checa (dudoso), pero colocándose en el puesto 21º en el ranking mundial de los paises más productivos (y más ricos).

El problema de la menor productividad de España viene de lejos y explica que, aunque crezcamos más, los españoles no lo noten apenas, porque este mayor crecimiento se reparte entre más población y la mayor parte se lo come la inflación. Es lo que revela un reciente estudio de la OCDE: la renta real de los hogares españoles era a finales de 2023 inferior (-2,4%) a la renta que tenían en 2007, antes de la crisis financiera. El PIB ha crecido en 386.531 millones de euros en estos 16 años (+35,93%), pero ha crecido mucho la población española (hay 3.808.250 habitantes más para repartir) y los precios han subido un +39,7% (comiéndose el crecimiento del PIB). Eso explica que la renta real (descontando la inflación) de los españoles haya caído desde 2007 mientras subió un +22% en los 34 paises que integran la OCDE. Junto a España (-2,4%), también cae la renta real en Grecia (-20,9%) e Italia (-6,8%), 3 de los 4 paises que sufrieron los ajustes tras 2010 (pero en Portugal sube un +10,5%). Los paises que han ganado más renta per cápita desde 2007 son Polonia (+65,9%), Hungría (+50,7%), Estados Unidos (+26%), Eslovenia (+23,7%), Dinamarca (+23,2%) y República Checa (+22,3%), junto a Paises Bajos, Finlandia y Alemania (+13%).

Es tremendo: la renta real de los españoles es hoy algo más baja que en 2007. Un dato, como el PIB por habitante frente al resto de Europa (puesto 17º), que refleja que España crece, pero con poco potencial, con poca productividad. ¿Qué pasa? Básicamente hay 2 causas de fondo que explican que seamos menos productivos y por ello tengamos menos renta que dos tercios de los europeos: en España trabaja menos gente y trabajan peor, con menos eficacia y productividad. Veámoslo.

Primero, trabaja menos gente: hay menos personas en edad de trabajar que están ocupadas y creando riqueza (PIB). La tasa de empleo en España (porcentaje de personas de 15 a 64 años ocupadas) era del 65,7% (tercer trimestre 2023), frente al 70,4% en la UE-27, el 77,3% en Alemania, el 74,3% en Francia o el 66,1% en Italia (y el 81,5% en la República Checa o 78,6% en Lituania, por ejemplo), según Eurostat. Este bajo nivel de empleo tiene mucho que ver con nuestro modelo de crecimiento, basado en los servicios y el turismo, en empresas más pequeñas, con poca tecnología y exportación, que crean menos valor añadido y menos empleo. Ojo: si España tuviera la tasa de empleo de la UE-27, tendríamos 2,2 millones de personas más trabajando (y aumentando nuestro PIB por habitante y nuestra renta). Y si tuviéramos la de Alemania, en España trabajarían casi 4 millones más.

Segundo, los que trabajan lo hacen “peor”, son menos eficientes. Un dato lo resume bien: en la eurozona, cada hora trabajada aporta 61 dólares al PIB, frente a 53 dólares en España (-13,11%), según la OCDE. Y esa menor productividad en España acumula una caída del -7,3% del año 2.000 al 2022, mientras en Estados Unidos creció un +15,5%, en Alemania un +11,8% y en Francia un +0,8%, bajando también en Italia (-5,1%), según un reciente estudio de la Fundación BBVA e Ivie. Esta pérdida de productividad en las últimas dos décadas no se debe a la productividad del trabajo (PIB dividido por horas trabajadas), que ha crecido una media anual del +0,7% (menos que el +1,1% en la UE), sino a la caída de la productividad del capital (valor añadido generado por el capital disponible), que ha bajado un -1,2% anual. Y eso, por el exceso de inversión inmobiliaria, que ha supuesto un lastre para la productividad del capital en España, por el exceso de activos inmobiliarios poco productivos acumulados por las empresas. Y también por la baja inversión de las empresas españolas en “activos intangibles”, claves para aumentar la productividad: I+D+i, software y bases de datos, diseño, imagen de marca, formación y organización y gestión.

Es un mito decir que la caída histórica de la productividad en España se debe al gran peso de los servicios, el comercio y el turismo. En realidad, la caída afecta a casi toda la economía: cayó un -19% frente a Europa (entre 1995 y 2019) en todos los sectores, un -20% en la industria y un -26% en las actividades profesionales y servicios. Y sólo mejoró la productividad en el campo (+14%), según este estudio de Fedea. Y hay una gran desigualdad en la productividad por regiones: superan la media española (índice 100) el País Vasco (122,4), Madrid (119,5), Navarra (113,4), Cataluña (105,1), la Rioja y Baleares (100,9), las autonomías más ricas, y muy por debajo Extremadura (82,2), Murcia (83,5), Canarias (87,7), Andalucía (87,8) y Castilla la Mancha (89,1), según este otro estudio de Fedea.

¿Por qué España tiene menos productividad? La causa que siempre se argumenta es nuestro modelo productivo, el elevado peso en la economía de los servicios (turismo, hostelería y comercio), actividades intensivas en mano de obra y con baja productividad, y el menor peso de la industria. Pero si España tuviera la misma estructura productiva del resto de Europa, seguiríamos teniendo un -10% de productividad, según la Fundación BBVA e Ivie, que señala otro factor que suele esgrimirse, con razón: el menor tamaño de nuestras empresas (exceso de pymes), lo que les dificulta financiarse, invertir e innovar. De hecho, el 80% de las empresas españolas tienen menos de 3 trabajadores y sólo hay 5.273 empresas (el 0,18%) con más de 250 trabajadores. Pero resulta que cuando se comparan las empresas españolas con las alemanas, francesas o italianas, todas producen entre un 10 y un 20% menos, independientemente de su tamaño.

Por eso, estos expertos argumentan otras causas con más peso. La primera y fundamental, la menor formación de los trabajadores españoles y sus jefes. Por un lado, el 48% de la población activa española carece de título universitario o FP y tienen un gran peso los trabajos que exigen poca cualificación. Hay pocos trabajadores con formación tecnológica y capacidades digitales y las empresas españolas, con salarios más bajos, atraen menos “conocimiento”. En paralelo, muchas empresas adolecen de capacidades gerenciales y hay empresarios que gestionan sin la suficiente formación y sin capacidad de organizar equipos, apoyados muchos en el “ordeno y mando” y sin capacidad de innovación organizativa y gerencial.

La 2ª causa, igual de importante, es la falta de tecnología e innovación en las empresas. En España, el gasto en I+D+i se redujo en 2022 al 1,44% del PIB, frente al 2,24% de media en la UE-27. Y esta baja inversión en tecnología es aún menor en las empresas (0,7% del PIB, la mitad que las empresas europeas). Eso conlleva fabricar productos poco complejos, de bajo valor añadido y con un empleo poco estable. Y, además, las empresas invierten poco en digitalización, big data, e-commerce, teletrabajo, redes sociales e inteligencia artificial. Y también en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), además de inversiones en bienes no tangibles (software, bases de datos, marca, diseño…).

Un tercer factor que juega contra la productividad es la caída de la inversión en España, pública y sobre todo privada, desde 2008. Otras causas de la baja productividad se atribuyen a factores institucionales: demasiada economía sumergida (¿20%?), excesiva dependencia de las empresas del crédito bancario (más que en el resto de Europa ), mucha  burocracia (sólo en 2022, el Estado y las autonomías aprobaron 11.000 nuevas normas), barreras de entrada sectoriales y territoriales que reducen la competencia, dispersión normativa en 17 autonomías y dificultades regulatorias y fiscales para que las pymes superen los 50 trabajadores.

Al final, la reflexión es que el crecimiento de España se ha basado en el esfuerzo, en el trabajo (se hacen más horas que en otros paises) y el capital tangible (maquinaria, naves e infraestructuras) más que en el progreso tecnológico, la innovación y la inversión en intangibles (desde la imagen de marca al big data). Urge avanzar por un triple camino: mejorar la productividad del trabajo (empleados mejor formados), mejorar la productividad del capital (invirtiendo en tecnología que permita producir más) y mejorar la organización y gestión de las empresas, para ser más productivos con el trabajo y el capital disponibles. Tareas que exigen cambios de fondo en la enseñanza (de la escuela a la Universidad), en el reto tecnológico y digital, la comercialización y exportación, la organización del trabajo y las políticas públicas, que deben promover la productividad.

Para avanzar en estos retos, el Gobierno anuncia que en marzo creará el Consejo Nacional de Productividad, un organismo que recomendó Bruselas en 2016 y que tienen todos los paises europeos, salvo España, Italia y Estonia. El objetivo será “conseguir empresas más grandes, más productivas y competitivas”. Podría ser un instrumento clave para reorientar la economía y dirigir los 83.000 millones de créditos pedidos por España como adenda al Plan de Recuperación, apoyados por la futura empresa pública de Transformación Tecnológica (SETT), donde se agruparán las participaciones públicas en empresas tecnológicas. Todo hará falta para conseguir que, en las próximas 2 décadas, España sea más productiva, con más empresas competitivas. Nos jugamos mejorar el nivel de vida y acercarnos a la Europa rica. Es nuestra gran asignatura pendiente.

La inflación ha beneficiado a los súper

Los precios se han moderado en febrero, bajando al 2,8%  anual. Con ello, parece cerrarse el ciclo de alta inflación, que ha durado 3 años, el peor 2022 (cuando los precios subieron +6% y hasta +10% en verano). Este ciclo ha beneficiado sobre todo a los supermercados, que ganan cuota de ventas (acaparan el 74,9%), en perjuicio de las tiendas tradicionales, logrando beneficios récord. Y las subidas, sobre todo en los alimentos (17 meses subiendo más del 10%), han cambiado nuestras tendencias de compra: ahora, los consumidores sólo buscan ofertas o marcas blancas y miran más el precio que la calidad o el origen, en perjuicio del campo español. Lo peor es que la inflación ha deteriorado las cuentas de los hogares y comemos peor: menos frutas, verduras, carnes y pescados, sobre todo las familias con menos ingresos. Y hay 550.000 niños que apenas comen carne y pescado. Todavía los alimentos están caros, por lo que seguirá la guerra de precios y ofertas en el súper todo el año 2024.  

                   Enrique Ortega

La inflación en febrero (+ 2,8% anual, la más baja desde agosto), anticipada hoy por el INE, parece confirmar una tendencia, tras los datos de enero (+3,4%), diciembre (+3,1%) y noviembre (+3,2%): la inflación se modera, en el entorno del 3%, donde no estaba desde agosto de 2021 (+3,3% anual). Y parece que se cierra un ciclo de alta inflación, que ha durado casi 3 años, con 13 meses de inflación por encima del 6% (todo 2022) e incluso por encima del 10% (junio, julio y agosto de 2022). Ahora, salvo “sustos” por la energía o los conflictos geopolíticos (Ucrania, Palestina y cierre del Mar Rojo), se espera una inflación moderada en 2024, subiendo entre el 3 y el 3,5%, en España (+3,3%) y en toda Europa (+3,2%).

Pero seguirán caros los alimentos: subieron un +7,4% anual en enero y se han "estabilizado en febrero", según el INE, tras 17 meses subiendo más del 10% anual (entre abril de 2022 y septiembre de 2023). Y eso, porque el cambio climático ha reducido drásticamente muchas cosechas, lo que mantiene precios altos, junto al aumento de costes a los agricultores y ganaderos y la recuperación de márgenes en la larga cadena alimentaria. De hecho, llenar el carrito de la compra subió un +30,8% entre septiembre de 2021 y septiembre de 2023, afectado a 9 de cada 10 productos que compramos, según un estudio de la OCU. Y estiman que, sólo en el último año, la cesta de la compra se encareció un +14,1%, afectando al 90% de los productos que compramos, en especial al azúcar (+66%), zanahorias (56%), cebollas (+40%), arroz (+36%) y aceite (+21%). Si la cesta media de una familia es de 502 euros al mes, estamos pagado 118 euros más al mes que hace dos años (384 euros).

Esta subida en la cesta de la compra no va al campo, a los agricultores y ganaderos, que se quejan de que sus precios no cubren costes en muchos productos y que sus márgenes apenas han subido, que las subidas de precios se quedan por el camino: intermediarios, almacenes de distribución, empresas de alimentación, transporte, grandes distribuidores, supermercados y puntos de venta. El sector y los expertos llevan años pidiendo que el Ministerio de Agricultura publique los datos de la cadena alimentaria, pero no se hace de forma transparente y apenas se han aplicado sanciones a los que compran por debajo de coste o disparan márgenes. Pero hay un Observatorio de Precios, el de la organización agraria COAG, que publica mensualmente la diferencia de precios agrícolas y ganaderos entre origen y destino.

En enero de 2024, el último Informe (IPOD) refleja que los productos agrícolas se venden en destino a una media de 4,17 veces más del precio que se paga en origen. Y en los productos ganaderos pagamos 3 veces el precio de origen. Esta enorme diferencia es casi la misma que hace un año (4,50 veces se pagaban los productos agrícolas y 2,93 veces los ganaderos). Hay ejemplos “sangrantes”: limón (se paga el agricultor a 0,20 kg y se cobra al consumidor a 1,96 euros, 9,8 veces más), patata (de 0,32 a 1,83 euros, 5,72 veces más), plátano (de 0,27 a 2,25, 8,33 veces más), naranja (de 0,39 a 2,05, 5,26 veces más), tomates ensalada (de 0,61 a 2,39, 3,92 veces más), ternera (de 5,45 euros a 21,03, 3,86 veces más), pollo (de 1,119 a 3,28, 2,76 veces más), cerdo (de 1,66 a 6,45, 3,89 veces más), huevos (de 1,67 a 2,46, 1,47 veces más) o leche (de 0,52 a 0,92 euros litro, 1,77 veces más).

Los supermercados se defienden diciendo que ellos no han disparado los precios de los alimentos, que su margen de venta es inferior al 5% y que sólo ganan dinero gracias a su volumen, a su aumento de ventas. Una facturación que se les ha disparado a cifras históricas estos años, gracias a la inflación, a esa subida del 30,8% en la cesta de la compra. Y ese tirón de la facturación se ha traducido en beneficios históricos para los supermercados (el sector de la alimentación, desde la agricultura a la industria y la distribución, es el que más ha aumentado sus beneficios con la inflación, según el Banco de España), mientras el campo se queja y los consumidores pagamos más. Pero, además, este ciclo de alta inflación (2021-2023) ha coincidido con una “guerra de precios”, en la que los grandes supermercados han ganado cuota de mercado, en perjuicio de las tiendas pequeñas de barrio.

El proceso de crecimiento y concentración de los supermercados lleva dos décadas, pero se ha acelerado en los últimos años y sobre todo a partir de 2021, con la inflación. Así, en 2002, los supermercados (e hiper) concentraban dos tercios de las ventas de alimentos y droguería y limpieza (62,1%). Saltaron al 69,4% en 2019 y cerraron 2023 con una cuota de mercado del 74,9%, según la consultora Kantar. Y precisamente, del 12,8% que los super han aumentado su cuota, casi la mitad ha sido desde 2019. La mayor ganancia de cuota la tuvieron el año de la pandemia (+2,2% en 2020) y los dos años con mayor inflación, 2022 (+1,7%) y 2023 (+1,3%). En paralelo, estos años han seguido cerrando tiendas tradicionales (fruterías, carnicerías, pescaderías, tiendas de barrio), que no han podido afrontar la mayor competencia y la guerra de precios desatada por los súper.

Los supermercados más grandes son los más beneficiados por la alta inflación de estos años y la consiguiente guerra de precios. Sobre todo, Mercadona, cada vez más líder: cerró 2023 con una cuota de mercado del 26,2%, según Kantar, +0,6% más que en 2022 y +3% más que en 2019. Su poder de mercado es tal que por sus 1.619 tiendas han pasado en 2023 el 95,2% de los compradores españoles… Le sigue, a mucha distancia, la cadena francesa Carrefour, con un 9,9% de cuota (+0,2% que en 2022 y +1,1% que en 2019), que visitan el 65,2% de los compradores. El 3º en el ranking es la cadena alemana Lidl, con un 6,4% de cuota (+0,5% que en 2020 y +0,1% que en 2019), seguida del Grupo Eroski, con 4,4% de cuota (+0,1% que en 2022 y -0,1% que en 2019) y del Grupo DIA, con 4,1% de cuota (la única que perdió cuota en 2023, -0,5%, por la venta de 233 tiendas a Alcampo). Estas 5 grandes cadenas de supermercados controlan más de la mitad del mercado (51%) de alimentación, droguería y limpieza en España, seguidas de Consum (3,4% cuota), la francesa Alcampo (3,1%) y la alemana Aldi (1,5%), aunque el 2º mayor grupo lo constituyen los supermercados regionales (17% del mercado cuota), que siguen ganando cuota.

En el último año, Mercadona ganó mercado a partir de abril, cuando estaba perdiendo cuota y decidió recortar el precio de 500 productos. Las otras dos cadenas con fuerte crecimiento han sido las alemanas Lidl y Aldi, que se dedican a abrir nuevas tiendas y gastan mucho en publicidad (sobre todo en TV). Y también crece más Carrefour, apoyada en sus promociones y su programa de fidelización, en tanto aguanta Eroski en la zona norte y se sostiene Alcampo, con más tiendas y promociones. Lo que más sorprende es el fuerte crecimiento de los súper regionales, asentados en marcas locales y una buena oferta de frescos, que en algunas zonas superan el 20% de cuota de mercado.

Para 2024, todas las cadenas de supermercados apuestan por seguir ganando cuota a costa de mayores ventas de productos frescos, que son la esencia de las tiendas tradicionales de barrio, que sólo tienen un 24,1% del mercado de alimentos y limpieza pero que todavía acaparan el 32,5% de las ventas de productos frescos, sobre todo frutas y verduras (40% ventas en tiendas tradicionales) y pescado fresco (34,1% cuota). Y también hay una pelea de los súper por los alimentos para mascotas (el 37,8% en tiendas especializadas) y por la venta de platos preparados (21% en tiendas especializadas).

La alta inflación de los tres últimos años ha provocado un cambio en muchos hábitos de compra de los consumidores, según refleja la consultora Kantar. El primero y fundamental, que cada vez compramos más por precio, no por calidad ni por origen. Es algo que se ha consolidado en 2023, el primer año en que las compras por precio (38%) han superado a las compras por calidad (29%), según la Encuesta de hábitos de consumo de MPAC.  Eso provoca que los consumidores hayamos aumentado las visitas para comprar, llenando la cesta entre distintos supermercados y tiendas, para aprovechar precios, ofertas y promociones: casi la cuarta parte de todo lo vendido en 2023 han sido productos en oferta, según la consultora Nielsen. Eso sí, en cada visita, la mayoría (un 74% de los consumidores) compra menos y con una lista escrita, para evitar “caprichos” y disparar el ticket.

Otra tendencia clara en la compra de estos años es el auge de las marcas blancas, las marcas de distribuidor, que ganan peso: en 2023 supusieron el 43,4% de la cesta de la compra, frente al 38,3% en 2021, según la consultora Kantar, con lo que los españoles somos los europeos que más compramos marcas blancas, mientras bajan las marcas de fabricantes. Y hay supermercados, los líderes, donde el peso de las marcas blancas (propias) en las ventas es abrumador, como es el caso de Mercadona (74,5% en 2023), Lidl (81,9%), Aldi (69,3%) o Día (56,3%), mientras también crece en otras cadenas donde tienen menos peso, como Carrefour (31,4%), Eroski (28,4%), Alcampo (24,3%) o incluso El Corte Inglés (un 15,2% de las ventas son ya marca blanca ECI). Sin embargo, el empuje de los supermercados regionales se hace con marcas de fabricantes (y frescos).

En las compras de alimentos, limpieza y droguería, la venta online ganó terreno en 2023, pero lentamente, aunque creció en el 23% de las categorías. Y se espera que este canal siga creciendo, sobre todo para ventas de productos no frescos y de mucho peso o volumen, aunque en Mercadona, por ejemplo, los clientes apuestan más por los pedidos a domicilio que las compras online, que prefieren solo algunos clientes más jóvenes.

Cara a 2024, aunque los precios suban menos, los expertos creen que seguirá la “guerra de precios”, en base a promociones, ofertas y formulas de “fidelización” (puntos canjeables). Y la otra batalla de los supermercados serán los frescos, conseguir que el cliente cargue en el carrito frutas, verduras, carnes y pescados no congelados. Es la gran asignatura pendiente que no acaba de aprobar Mercadona (tampoco Alcampo, Lidl, Dia y Aldi) y en la que triunfan muchas cadenas regionales. Pero, a pesar de ofertas, promociones y marcas blancas, la alimentación seguirá con precios altos en 2024 (la subida anual fue el +7,4% en enero, según el INE, más del doble que el IPC general, +3,4%), por las malas cosechas, las subidas de costes en el campo y los altos márgenes a lo largo de la cadena alimentaria (al menos hasta que haya información y multas ejemplares).

Otra consecuencia de los altos precios de los alimentos es el cambio en los hábitos alimenticios de los españoles: comemos menos frutas, verduras, carnes y pescados que antes, porque son los alimentos que más han subido estos años. Y, además, el 63% de las familias consume ahora alimentos de peor calidad, según un estudio de Facua. Se ha reducido la dieta de ternera (-15% en dos años) e incluso de pollo (el 60,7% lo consumen una vez por semana), de frutas y verduras (sólo el 62% de los encuestados las consume 4 de 7 días, frente al 77,7% que lo hacían antes) y de pescado (el 60,9% familias lo consume sólo 1 vez a la semana). Una peor alimentación, por la inflación, que es malo para la salud.

Pero hay más. La alta inflación y los elevados precios de los alimentos ha dañado más a las familias con menos ingresos, las más vulnerables, que han tenido que reducir otros gastos o no pagar recibos para poder comer. Y para poder comer peor. La alta inflación ha provocado que el 9,3% de los españoles llegara a fin de mes con mucha dificultad en 2023 (el 8,7% en 2022), según la última Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Y que un 6,4% de la población (más de 3 millones de españoles) no hayan podido comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. Además, como la inflación ha aumentado la pobreza, hay un 6,9% de niños y adolescentes (556.000 menores de 18 años), que tienen problemas para comer cada 2 días carne, pollo o pescado, según la ONG Educo. No es sólo que los alimentos sean caros, es que muchos españoles se ven obligados a comer peor.

En resumen, parece que lo peor de la inflación ha pasado, pero todavía será cara la comida, en especial los productos frescos, los más necesarios para una dieta sana. Y como reacción, comprar será otro año más una dura tarea, que nos obligará a comparar precios y buscar ofertas y promociones. Y seguiremos comprando más por precio que por calidad o por origen, lo que perjudicará a nuestros agricultores y ganaderos, porque los distribuidores y supermercados buscarán lo más barato, venga de donde venga. Es lo que hay.