4ª subida de tipos: inútil y dañina

Hoy jueves, el Banco Central Europeo (BCE) sube los tipos de interés, por 4ª vez desde julio. Pretenden así bajar la inflación, aunque saben que subir tipos no sirve para bajar ahora los precios de energía y alimentos: la inflación en la zona euro es más alta (10%) que antes de las subidas (8,6%). Además de inútil, la subida de tipos hace mucho daño a las economías, encareciendo las hipotecas de las familias, los créditos de las empresas y el pago de la deuda pública, lo que va a provocar en Europa una recesión (“técnica”, de sólo 6 meses) entre finales de año y el verano, destruyendo empleos y empresas. Así que el BCE (una institución a la que nadie elige) se empeña, junto a la FED norteamericana, en agravar la crisis en Europa, imponiendo una receta monetaria “neoliberal”, inútil y dañina. Los Gobiernos deberían buscar otras medidas contra la inflación, reformando los mercados energéticos y alimentarios,  además de frenar unos márgenes empresariales injustificables. Y evitar una recesión “provocada”.

Enrique Ortega

Los precios siguen altos en todo el mundo, más en Europa, agravados por la guerra de Ucrania y los viejos problemas en la producción mundial de bienes y servicios y los atascos en las cadenas de suministros. Los Gobiernos tratan de paliar sus consecuencias, con ayudas a familias y empresas y más gasto público (500.000 millones en Europa), abandonando las viejas políticas “neoliberales” de recortes que se aplicaron frente a la crisis de 2008-2012 y que hundieron más las economías, con un alto coste social. Pero los bancos centrales, esas instituciones que nadie elige y tanto mandan, mantienen sus viejas políticas monetarias “neoliberales”: contra la inflación, subida de tipos, aunque provoquen una recesión. El “ricino” lo empezó a aplicar la Reserva Federal USA, con una 1ª subida el 16 de marzo, a la que han seguido 6 subidas más, la última este miércoles 14 de diciembre, subiendo los tipos oficiales del 0 al 4,5% en 9 meses. Y le siguió el Banco Central Europeo (BCE), que retrasó su 1ª subida al 21 de julio, a la que han seguido 3 subidas más, la última hoy  jueves 15 de diciembre, que subirá el precio del dinero en la zona euro del 0 al 2,5% en 5 meses.

La “misión” de estos bancos centrales, desde la postguerra mundial, es vigilar la inflación y que se mantenga en unos límites “normales”, no superar el 2% anual. No vigilan el crecimiento ni el paro de las economías, sólo “que no se desmanden los precios”. Y cuando esto pasa, aplican su receta, sin consultar con Gobiernos ni Parlamentos (son “independientes”): subir los tipos de interés lo que haga falta, aunque el coste sea frenar en seco la economía y provocar recesión y paro. Esta vieja receta monetaria se ha aplicado varias veces, la más drástica de 1979 a 1981, provocando entonces la mayor recesión mundial desde 1929. La novedad ahora es que la alta inflación que sufre el mundo y Europa (supera el 2% anual desde julio de 2021) tiene un origen distinto: no se debe a que la economía crezca demasiado, esté “recalentada” por un exceso de demanda (inflación de demanda), sino por un aumento de costes, por la subida de la energía y materias primas, más los atascos en las cadenas de suministros (inflación de oferta). Y por eso, la vieja receta de subir tipos no es eficaz ahora: “la subida de tipos no puede reducir el precio del gas y no puede parar la guerra”, ha reconocido la presidenta del BCE, Christine Lagarde. Pero sigue subiendo los tipos.

El BCE sabe que no estamos ante la clásica inflación de demanda (causada por un exceso de consumo y de inversión) sino ante una inflación de oferta (por subida de costes), donde encarecer el dinero no va a frenar los precios de la energía ni de los alimentos. Pero se siente obligado a “hacer lo que tengamos que hacer para frenar los precios”. Aunque eso provoque una recesión. El BCE admite que su política monetaria “es más un machete de pescadería que un bisturí”, porque actúa sobre toda la economía y con retraso, tarda en surtir efecto. Pero no ve otra salida: intenta que la inflación baje, aunque sea “por las malas”, inducir un “coma” al enfermo, para que la actividad se ralentice al mínimo y la inflación baje como sea. Y reconoce que “no tienen otra alternativa”, aunque subir tipos será “doloroso”. Primero, porque la razón de ser del BCE es bajar la inflación. Segundo, porque van a remolque de la Fed: EEUU ha bajado tipos 7 veces ya,  más que Europa (4 veces, hasta el 2,5% hoy frente al 4,5% en USA) y eso atrae capitales e inversiones hacia Norteamérica, fortaleciendo el dólar a costa del euro (que ha pasado de valer 1,1379 dólares el 1 de enero a 0,967 dólares el 26 de septiembre, no recuperando la paridad hasta el 4 de noviembre). Y con el euro débil (hoy vale 1,0605 dólares y cae un -6,8% este año), la inflación importada  (energía y alimentos se pagan en dólares más caros) sube aún más en Europa.

Hasta aquí las justificaciones, teóricas (ideológicas) y prácticas, para subir los tipos. Pero la realidad es que esta subida de tipos ha sido ineficaz, no ha frenado apenas la inflación. Algo más en EEUU, donde la inflación anual estaba en el 7,9% en febrero (antes de la primera subida de tipos del 16 de marzo) y en noviembre está en el 7,1%. Pero no la ha bajado en Europa, donde la inflación de la zona euro era del 8,6% en junio (antes de la primera subida de tipos del 21 de julio) y estaba en el 10% en noviembre, tras 4 meses de subidas consecutivas y una mínima bajada en noviembre (del 10,6 % en octubre al 10%). Y la previsión es que la inflación europea siga por encima del 8% hasta la próxima primavera.

Así que la subida de tipos es ineficaz contra la inflación actual, como ya alertaban muchos expertos, porque las causas que la provocan (la guerra de Ucrania, las subidas de energías y alimentos y el aumento de márgenes empresariales) no se resuelven con el dinero más caro. El problema es que esta subida de tipos es muy dañina para las economías, porque va a encarecer las hipotecas de las familias, el crédito de las empresas y el coste de la deuda de los paises, frenando la actividad y provocando problemas a las empresas, menos consumo y más paro, agravando el riesgo de que Europa entre en recesión. De hecho, el BCE admite que la subida de tipos acelerará la recesión, aunque la suaviza hablando de que será una recesión “técnica”, que la caída del PIB durará sólo 6 meses. Aunque sea así, será medio año que agravará, innecesariamente, la situación de familias, empresas y paises.

El primer efecto de esta subida de tipos ya lo sufren muchas familias, las que están pagando una hipoteca a tipo variable y tienen que revisar la cuota (anual o semestralmente). Aunque la subida oficial del BCE se inició el 21 de julio, el Euribor (el tipo al que se prestan los bancos y que sirve para revisar las hipotecas) lleva subiendo desde abril, el primer mes en positivo tras estar en negativo desde 2016. En noviembre, el Euribor mensual estaba ya en el +2,828%, frente al -0,487% en noviembre de 2021. Eso significa una subida del Euribor de +3,315% en el último año, un aumento nunca visto antes. Y afecta mucho a los hipotecados: de los 5,5 millones de familias españolas con una hipoteca viva, el 70,5% (3,87 millones) tienen una hipoteca a tipo variable, el 90% referenciada al Euribor. Así que esta histórica subida afecta a 3,5 millones de hipotecados, que pagarán más al revisar su hipoteca.

Con el Euribor de noviembre, los que revisen su hipoteca en diciembre pagarán unos 3.000 euros más al año de hipoteca (+250 euros al mes), para un préstamo medio (150.000 euros a 25 años, con un tipo del Euribor+1%), que llegaría a una subida de 6.000 euros anuales para hipotecas mayores (180.000 euros). El mayor problema, dentro de esos 3,5 millones de hipotecados, lo tendrán los 1,5 millones que tienen una hipoteca más reciente, hecha entre 2016 y 2021, que apenas han pagado intereses hasta ahora, porque se han beneficiado del  Euribor en negativo (entre 2016 y marzo de 2022). Pero todos pagarán una cuota más alta de la que pagaban, lo que dificultará sus cuentas en un momento de alta inflación, que ya se come sus salarios y pensiones con la subida de la energía y los alimentos.

El mayor problema lo tendrán las familias más vulnerables con hipoteca, aquellas donde la cuota mensual ya superaba el 40% de sus ingresos. Para evitar impagos y desahucios, el Gobierno ha pactado con la banca un Código de buenas prácticas (voluntario para las entidades), dirigido a reducir la subida de cuota en los colectivos más vulnerables (con ingresos menores a 29.400 euros): o se les amplía 5 años el periodo de carencia (para los que ingresen menos de 25.000 euros y la cuota supere el 50% de sus ingresos) o se congela su cuota 12 meses y se amplía 7 años el plazo de amortización (para los que ingresen menos de 29.400 euros y la cuota supere el 30% de sus ingresos). El problema es que estos requisitos son muy estrictos y sólo van a beneficiar a 1 millón de los 3,5 millones de hipotecados. Y además, si ahora van a pagar la misma cuota, no más (a pesar de la subida del Euribor), es a costa de más años pagando la hipoteca, con lo que acabarán pagando más intereses (unos 10.000 euros más de media).

En paralelo a este mayor coste de las hipotecas (las nuevas han subido un +81,8% del 1,38% en diciembre de 2021 al 2,51% en octubre de 2022, según el Banco de España), las familias ya están pagando más también por sus créditos personales, tras aumentar su endeudamiento en el último año (para mantener el consumo frente a la inflación): los tipos de los créditos al consumo (para comprar un electrodoméstico, un coche o un viaje) han subido un +19,5%, del 6,10% en diciembre pasado al 7,29% en octubre.

El segundo efecto negativo de esta subida de tipos lo están sufriendo las empresas, porque también ellas están pagando más caros los créditos, al subir el Euribor a 3 meses que rige en sus préstamos: ha pasado del –0,572% en diciembre de 2021 al +0,654% en agosto y el +2,005% a principios de diciembre. Eso significa un encarecimiento de los créditos que tienen con la banca: su saldo vivo era a octubre de 766.537 millones de euros y dos tercios de estos préstamos son a tipo variable, referenciados al Euribor a 3 meses (que ha subido un 2,57%). Y no sólo les sube el crédito que tienen, sino los futuros préstamos que las empresas puedan necesitar. De hecho, ya se ha producido una importante subida de tipos para las empresas: del 1,69% en diciembre al 2,98% en octubre de 2022 (+66,4%) para créditos hasta 250.000 euros, del 1,29% al 2,80% (+83%) para créditos medios (entre 250.000 euros y 1 millón) y del 1,04 al 2,67% (+108%) para los créditos de más de 1 millón. Subidas que frenarán la inversión y los nuevos proyectos (y empleos) de las empresas.

Y vamos con el tercer efecto negativo de esta subida de tipos, sobre la deuda de los paises (1,5 billones España), que tendrán que pagar más a los inversores (a “los mercados”) para colocar sus bonos y obligaciones, lo que supondrá más costes para el Presupuesto (y menos dinero para ayudas contra la inflación). Sin olvidar el riesgo de que vuelva “la tormenta de la deuda”, como pasó en 2010, provocando serios problemas a Grecia, Portugal, Irlanda, España e Italia. De momento, España no está preocupada (sí Italia), aunque la subida de tipos nos obliga a pagar más para colocar la deuda: si había que pagar en enero un 0,60% por el bono español a 10 años, en junio el interés subió a 2,779 y en octubre se alcanzó el máximo del 3,652%, aunque a mediados de diciembre, el interés del bono había bajado al 2,92% y hoy está en el 2,97%. No hay “nervios” sobre la deuda española, pero costará más colocar los 70.000 millones de euros de emisiones netas de deuda que España tendrá que emitir en 2023.

Así que la subida de tipos, además de ineficaz (no baja apenas la inflación en la zona euro, en el 10%, y aunque baja más en España, al 6,8% en noviembre,  es por las medidas concretas que ha tomado el Gobierno en el sector energético), tiene un alto coste para las familias, las empresas y el Presupuesto, agravando el riesgo de una recesión en Europa. Y, por contagio, podría detonar una crisis mundial de deuda (nunca el mundo ha estado tan endeudado: 226 billones de dólares, el 256% del PIB mundial, según el FMI), que afectaría más a los paises en desarrollo (sobre todo Latinoamérica, África y parte de Asia), lo que entorpecería la recuperación de la economía mundial (y europea). Demasiados daños para tan pocos resultados.

Incluso los bancos centrales, la Fed y el BCE, ven los riesgos y ahora contemplan menores subidas de tipos para 2023, quizás sólo dos subidas más (+0,25% cada vez), hasta dejar los tipos en el 5% en EEUU y el 3% en la zona euro. Pero muchos expertos piden no subir más los tipos y buscar otras medidas más efectivas contra la actual inflación. Por un lado, intervenir más activamente en los mercados de energía, materias primas y alimentos, para fomentar la competencia, quitar distorsiones y evitar la especulación y los márgenes empresariales disparados. Como dice el Premio Nobel Stiglitz, “si los mercados no han funcionado en tiempos de paz, no van a funcionar mejor en tiempos de guerra”.

 Hay que atajar el neoliberalismo económico (y político) que está impidiendo modernizar el mercado europeo de luz y gas, por ejemplo. Y tanto el G-7 como el G-20 deberían promover una mayor transparencia en los mercados mundiales de petróleo, gas y materias primas, que están poniendo al mundo de rodillas. Y colaborar a nivel internacional para reparar las cadenas de producción, transporte y suministro, rotas tras la pandemia y causa de la elevada inflación que ya teníamos antes de la guerra en Ucrania. Se trata de “redefinir” el capitalismo, tras las últimas dos crisis (pandemia e inflación). Avanzar en medidas económicas innovadoras y eficaces, olvidando el ricino dañino e inútil de la subida de tipos. Atrévanse.  

Sanidad, la 3ª preocupación de los españoles

El empeoramiento de la atención sanitaria se ha convertido, en noviembre, en la 3ª preocupación de los españoles, según el CIS, cuando hace un año era la 4ª y en 2019 (antes de la pandemia) era la 5ª preocupación ciudadana. A los españoles les preocupa el retraso en las consultas de atención primaria, las listas de espera para el especialista y operarse y el atasco en las urgencias, lo que lleva a 11,5 millones a pagarse un seguro privado. Madrid, la autonomía que menos gasta en sanidad, es donde han saltado las protestas de los médicos, pero hay convocadas movilizaciones para enero en media España. Piden más gasto en sanidad (sobre todo en atención primaria), más médicos (+ 8.000) y enfermeras (+15.000) y una reorganización del trabajo, con mejores sueldos y horarios, dedicando más tiempo para los pacientes. Las autonomías tendrán en 2023 más transferencias del Estado que nunca, pero subirán su gasto sanitario (el 93% del total) menos que la inflación. Así no mejorará.

Enrique Ortega

La pandemia ha dejado muy “tocada” a la sanidad pública española, tras salvar muchas vidas y la economía. Ahora, tras superarse lo peor del COVID, aparecen los puntos débiles de una sanidad pública que, con todo, es de las mejores del mundo: colapso en muchos centros de atención primaria, falta de médicos y enfermeras, largas listas de espera para ir al especialista y operarse, atascos en urgencias y falta de medios para el seguimiento de pacientes graves, crónicos o depresivos, más escasa detección y prevención. Por todo ello, la sanidad  era ya, en noviembre,  la 3ª mayor preocupación de los españoles, según el CIS: la citan el 26,6% de los encuestados, sólo por detrás de la crisis económica (la 1ª preocupación para el 34,1% de los españoles) y el paro (la 2ª, para el 31,4%). A lo largo de 2021, la sanidad era la 4ª mayor preocupación (tras el paro, la crisis y el COVID), en 2020 era la 6ª (tras la crisis, el COVID, el paro, la política y los políticos). Y antes de la pandemia, en 2019, la sanidad era la 5ª mayor preocupación (del 17,2% de españoles), por detrás del paro (57,4%), la política y los políticos (49,5%), los problemas económicos (30,5%) y la corrupción (preocupaba al 20,7%), según los distintos Barómetros del CIS.

¿Cómo valoran los españoles la sanidad pública? Le dan un aprobado, pero más bajo que antes de la pandemia: la nota media ha bajado de 6,77 puntos en 2019 a 6,29 en junio pasado y 6,04 puntos en noviembre, según el último Barómetro elaborado por Sanidad y el CIS a partir de 7.800 entrevistas. La atención primaria obtiene 6,1 puntos, menos las urgencias de primaria (6,09) y las de los hospitales (6,01), recibiendo la peor nota los especialistas (5,90) y la mejor los servicios 061 y 112 (7,28 puntos) y la atención en los hospitales (7.08 puntos). Lo preocupante es que sólo la mitad de los encuestados (50,5%) valoran “positivamente” la sanidad pública (11,1% la ven bastante bien y el 39,4% bien), frente al 74,4% que lo hacían en 2019. Un 31,9% la ven “regular” y creen que “necesita cambios fundamentales” (sólo 21,4% en 2019), mientras otro 16,8% de españoles creen que la sanidad “funciona mal y necesita cambios profundos” (frente a sólo el 3,7% en 2019).

Otra Encuesta reciente, encargada en septiembre por el sindicato de enfermería SATSE, revela que el 48% de los españoles consideran que la sanidad pública “ha empeorado desde la pandemia”, dándole un aprobado raspado (5,2 puntos sobre 10). Y el 82% considera que “no tiene financiación suficiente”, culpando un 86% a los políticos de no cumplir las 250 medidas de mejora que aprobaron en el Congreso en 2020 (en pleno confinamiento). Lo que más les preocupa de la sanidad pública son las listas de espera (al 70,5%), la falta de profesionales (59%), la saturación de los Centros de Salud (al 54%), el escaso tiempo de atención (al 36%), el cierre de unidades y servicios (al 32,5%) y la atención no presencial (al 25%, sobre todo valoran negativamente la atención telefónica).

Las listas de espera, la principal preocupación de los españoles, señalan “el talón de Aquiles” de la sanidad pública, en beneficio de la sanidad privada (que pagan ya 11,5 millones de españoles). Lo que más chirría es el retraso “en la atención de primera línea”, en los Centros de Salud, para ver al médico de familia o al pediatra: dos tercios de los pacientes (el 67,5) no se atienden en el día y de ellos, al 44,1% les dan cita entre 2 y 6 días después y  a más de la mitad (54,5%) les citan en su ambulatorio para dentro de 7 días o más, según el Barómetro Sanitario de noviembre 2022.  Al final, el tiempo medio de espera en atención primaria es de 8,88 días, cuando en 2021 eran 5,8 días. Y además, cuando los pacientes consiguen cita, al 27,7% les hacen esperar más de una hora.

Si es complicado conseguir que nos vea el médico o pediatra del ambulatorio, aún es más difícil conseguir cita con un especialista: han aumentado los pacientes en espera por 1.000 habitantes (de 61,84 en 2019 a 77, 23 en diciembre 2021 y 79,30 en junio 2022), con una demora media que ha bajado a 79 días (89 días en 2021 y 88 en 2019), aunque la mitad esperan más de 60 días. La mayor demora se da en Andalucía (107 días media), Canarias (101), Aragón (95), Navarra (87) y Cataluña (82), siendo más baja en Melilla (22), País Vasco (29), Ceuta y Rioja (32) y Madrid (51 días), según los últimos datos de Sanidad. En cuanto a la espera para operarse, eran ya 742.518 españoles en lista de espera quirúrgica en junio de 2022 (81.356 más que un año antes y 71.24 más que antes de la pandemia). Eso sí, la espera media ha bajado a 113 días (desde los 123 días de diciembre de 2021 y los 121 de 2019), aunque el 17,6% de los que esperan para operarse lo hacen más de 6 meses. La mayor demora se da en Aragón y Cataluña (151 días), Canarias (144 días), Extremadura (139), Cantabria (132) y Castilla y León (129 días), siendo menor la espera para operarse en Melilla (39 días), País Vasco (64), Madrid (65), Navarra (72) y Galicia (75 días).

El detonante de las últimas protestas de los sanitarios ha sido la atención primaria, con huelgas en Madrid, Cantabria y Canarias, aunque ya se han anunciado más movilizaciones, para enero y febrero, en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, Andalucía, Navarra, Extremadura y Galicia. En casi toda España, los médicos y enfermeras han dicho ¡Basta¡ , motivados por la falta de profesionales y la inasumible carga asistencial , que les obliga a atender a más de 50 pacientes diarios, doblar turnos y multiplicar guardias, con unos contratos muy precarios (un tercio de los médicos son temporales y el 60% en Canarias, según CCOO) y bajos salarios (desde 1.200 euros mensuales al principio a unos 51.000 euros anuales de media, frente a 88.000 en Francia, 125.000 en Reino Unido o 165.000 en Alemania).

El primer problema de la atención primaria en España es que es “la pariente pobre de la Sanidad”, se lleva la menor parte del gasto sanitario, a pesar de ser “la 1ª línea de atención”, donde acaban la mayoría de personas varias veces al año: se lleva el 13,9% del Presupuesto total en Sanidad, muy por debajo del 25% del gasto que recomienda la OMS. Y a la cola de este gasto se sitúa Madrid (10,7% del gasto va a atención primaria), donde se ha primado la inversión en grandes hospitales y no en Centros de Salud, junto a Galicia (11,6% gasto en atención primaria), Baleares (12,1%), Castilla la Mancha (12,7%) y Cataluña (13%).

No sólo se gasta menos en Atención primaria que en el resto de la sanidad, también se gasta poco en personal: si la media en España es que el 44,9% del gasto sanitario vaya a personal, en Madrid es el 40,2%, siendo aún inferior el porcentaje en Cataluña (35,4%), Comunidad Valenciana (40,1%) y Galicia (43,9%, llevándose más de la mitad del gasto total en Aragón (53,2%), País Vasco (52,6%), Navarra (51,7%), Castilla y León (51,2%) y Canarias (50,4%). En general, faltan médicos y enfermeras, pero sobre todo en atención primaria. La ministra de Sanidad informó que en toda España ha aumentado la oferta de médicos de familia, un +36% entre 2017 y 2022, pero que en Madrid ha caído un -2%. Además, hay muchos médicos que no quieren trabajar en la atención primaria (en 2022 quedaron vacantes 200 plazas de MIR, por falta de incentivos), sobre todo en Madrid,  y buscan irse a hospitales, a la privada o al extranjero (Sanidad estima que hay 7.738 médicos españoles trabajando fuera).

No se trata tanto de que falten médicos (España es el 4º país con más médicos por 1.000 habitantes de la OCDE) como de que faltan en Atención Primaria, por sus penosas condiciones laborales y su tremenda carga de trabajo, que no son incentivadas. Y además, el 60,2% de los médicos de familia  tienen más de 50 años (en Castilla y León el 73%, en Asturias y Rioja el 69% y en Galicia el 67%), con lo que a finales de esta década tendremos una mayor falta de médicos en atención primaria, porque se jubilarán 9.000 de los actuales. Y respecto a enfermeras, somos el 7º país europeo con menos profesionales: 6,1 enfermeras por 1.000 habitantes, frente a 8,3 por 1.000 en la UE-27, 11,3 en Francia y 12,1 en Alemania.

Al final, la sanidad española sufre las consecuencias de una baja financiación durante años, un gasto sanitario público inferior al europeo: en 2020, último dato publicado, el gasto sanitario público fue de 1.907 euros por habitante, frente a 2.299 euros de media en la UE-27. Y el gasto sanitario de las autonomías, responsables de financiar el 93% de nuestra sanidad, sólo ha crecido un 3,49% entre 2019 y 2021, a pesar de las mayores necesidades por la pandemia, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Y lo peor: hay 4 autonomías que gastaron menos en Sanidad en 2021 que en 2019: Madrid (-874,7 millones, un -9,96%), Murcia (-231 millones, un -9,58%), Cataluña (-969 millones, -9,10%) y Canarias (-6,3 millones, -0,19%). Con estos mimbres, no es de extrañar el colapso…

Y para 2023, las autonomías siguen en esta línea, de “racanear” en el gasto sanitario: los Presupuestos autonómicos aprobados o pendientes de aprobar para el año que vienen contemplan un aumento del gasto sanitario per cápita del +7,7%, inferior al +8,6% que se espera aumenten los precios este año, según la Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FEDSP). Y esta “racanería sanitaria” es más chocante porque, en 2023, las autonomías van a recibir los mayores ingresos de su historia, 134.335 millones del Estado (+26.130 millones que en 2021), gracias a la mayor recaudación (por la inflación, el aumento del empleo y el crecimiento de la economía)  y a que el Gobierno les permite aumentar el déficit (del -0,1 al -0,3% del PIB, otro “colchón” de 2.580 millones). En total, tendrán 28.710 millones más para gastar en 2023, que apenas van a dedicar a la sanidad (+6.150 millones).

 Además, esos Presupuestos previstos para 2023 consolidan la tremenda desigualdad en el gasto sanitario según autonomías. A la cola del gasto sanitario (1.809 euros por habitante, de media) sigue Madrid (1.446 euros por habitante previstos para 2023, un -20% que el conjunto de España), Cataluña (1.456 en 2022, a falta de aprobar el Presupuesto 2023), Murcia (1.535) y Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.655 euros por habitante). Y en cabeza del gasto sanitario siguen Asturias (2.133 euros/habitante para 2023, un +18% que la media española), País Vasco (2.130), Extremadura (2.092), Navarra (2.020) y Castilla y León (1.999 euros/habitante 2023).

Gastar más es importante para tener mejor sanidad, pero también hay que gestionar bien el personal y los medios, año tras año. Por eso, la FEDSP lleva haciendo desde 2009 un ranking de la sanidad por autonomías, valorando distintos criterios: gasto por habitante, camas y quirófanos disponibles, médicos y enfermeras por 1.000 habitantes (en atención primaria y especialidades), listas de espera, gasto farmacéutico, privatización de la sanidad y valoración ciudadana. Sobre estos criterios y una puntuación de 32 a 130, nos aportan un mapa con 4 Españas sanitarias: 3 autonomías con “buena” sanidad (País Vasco 95 puntos, Navarra 93 y Asturias 90), 5 autonomías con una sanidad “regular” (Cantabria, Castilla y León, Castilla la Mancha y Extremadura, con 88 puntos, y La Rioja 86), 6 autonomías con una sanidad “deficiente” (Galicia 79 puntos, Aragón 76, Baleares 75, Valencia 72, Madrid 71 y Andalucía 70) y otras 3 autonomías con “peor” sanidad (Canarias 66 y Cataluña y Murcia, a la cola con 63 puntos). Y lo más preocupante es que Canarias y Murcia eran también las peores en 2009. Así que ya sabemos dónde es mejor y peor ponernos enfermos…

¿Qué se puede hacer para mejorar la Sanidad? La Federación en Defensa de la Sanidad Pública (FEDSP) ha hecho 20 propuestas para mejorar la atención primaria, que se resumen en tres: gastar más (un 25% de todo el Presupuesto sanitario: +10.000 millones en varios años), contratar más profesionales (+8.000 médicos, 15.000 enfermeras y 10.000 administrativos) y reorganizar la atención para que el 95% de las consultas en Centros de Salud se atiendan en 48 horas máximo. Además, proponen convocar más plazas de MIR en atención primaria, recuperar las consultas presenciales, ampliar la capacidad diagnóstica de los Centros de Salud, restablecer las áreas sanitarias, coordinar la atención de residencias y dependientes, fomentar la prevención y contar con unidades de apoyo de fisioterapeutas, protésicos odontólogos, psicólogos y matronas en la atención primaria.

Al final, el gran reto es reforzar la sanidad pública, muy debilitada por la pandemia y apoyar a médicos y enfermeras sobrepasados por la presión asistencial. Y hay que empezar a hacerlo por la primera línea, la atención primaria, para seguir después reforzando las especialidades, hospitales y urgencias, sin olvidar la prevención y la investigación. Esto obliga a un gran Pacto por la Sanidad, entre Gobierno y autonomías, con la colaboración imprescindible de médicos, enfermeras y pacientes. Un Pacto que debería asegurar un mayor gasto sanitario público en esta década (el 10% del PIB, por ejemplo, como Francia o Alemania: serían 24.000 millones más de gasto cada año), gobierne quien gobierne, la contratación de más profesionales con trabajos y sueldos dignos y una organización más eficiente, desde Centros de Salud a hospitales y urgencias. No es mucho pedir, porque la salud debería ser la gran prioridad de todos. Pero hay elecciones a la vista y el acuerdo parece imposible. Así que nos esperan más protestas y colapsos en la atención sanitaria.

Parados de larga duración: sin salida

El paro volvió a bajar en noviembre y ya llevamos 7 meses (desde mayo) con menos de 3 millones de parados en España. Pero todavía tenemos más del doble de paro (12,5%) que la media europea (6%) y cuatro veces el de Alemania (3%). Lo peor es que el paro se ha hecho “crónico”: 4 de cada 10 parados (1.256.600) llevan más de un año sin encontrar trabajo y la mitad de ellos (600.000 parados) llevan más de 4 años sin poder trabajar. Su problema es que tienen poca formación y, sobre todo su edad: el 52,5% de los parados de larga duración tienen más de 45 años. Y las empresas no quieren contratarlos, con lo que sólo les queda estar en paro hasta la jubilación, cobrando un desempleo de 463 euros (si cumplen los requisitos). Un “agujero” que les lleva a la pobreza y la depresión. Urge aprobar un Plan de choque para ayudarlos a formarse y encontrar trabajo. Hay que darles una salida.

Enrique Ortega

El paro sigue bajando, aunque menos de lo que mejora el empleo, porque aumentan los españoles que se animan a buscar trabajo (sobre todo, mujeres y jóvenes). En noviembre, la cifra de parados registrados en las oficinas de empleo bajó a 2.881.380 desempleados, el dato más bajo en ese mes desde 2007 y 282.225 parados menos que antes de la pandemia (diciembre 2019), según Trabajo. Con ello, son ya 7 meses consecutivos (mayo el primero) en que el número de parados registrados baja de los 3 millones en España. Pero no hay que echar las campanas al vuelo, porque todavía tenemos una tasa de paro (12,5% de la población activa) que duplica la tasa europea (6% de paro en la UE-27) y que cuadruplica la tasa alemana (3% de paro), superando también con creces el paro de Italia (7,8%), Francia (7,1%) o Portugal (6,1%), según el último dato de Eurostat. Y de todos los parados en la Unión Europea (12.953.000), casi la cuarta parte son españoles.

Pero lo peor es que el paro en España se está haciendo “crónico”, estructural: baja desde 2013 (5 millones de parados registrados en marzo), pero sigue habiendo muchos parados que no encuentran empleo, que llevan más de un año en desempleo: son los llamados “parados de larga duración”, una cifra que no baja del millón de parados desde hace 14 años, desde 2009. Ese año, con el inicio de la crisis financiera, había 1.499.300 parados de larga duración (más de 1 año buscando trabajo), el 34,58% del total de parados (4.375.000). La cifra de estos parados “crónicos” aumentó en 2010, 2011 y 2012, alcanzando su récord a finales de 2013: 3.604.700 parados de larga duración, el 60,73% del total (5.935.600 parados EPA). Y a partir de ahí, el paro empezó a bajar y también los parados de larga duración, hasta quedar por debajo de los 2  millones en 2017 (1.899.600, el 50,43% de todos los parados) y un mínimo de 1.387.000 parados de larga duración (el 43,5% del total) a finales de 2019, antes de la pandemia. Luego, el paro ha seguido bajando, pero el paro de larga duración ha bajado menos y la cifra es muy alta: 1.256.600 parados en septiembre 2022 (EPA), un 42,16% de todos los parados, una pequeña bajada sobre 2019 (43,5%) pero un porcentaje mayor de paro estructural del que había en 2009 (34,58%).

El paro de larga duración significa que 4 de cada 10 parados lleva más de un año en el paro, sin encontrar trabajo. De hecho, de los 1.256.600 parados “crónicos”, 450.300 llevan sin trabajo entre 1 y 2 años y otros 851.300 llevan parados más de 2 años, según el INE. Y de ellos, unos 600.000 parados llevan sin trabajar más de 4 años, según denuncia UGT. Eso coloca a España como el país con más parados de larga duración en Europa (42,16%), sólo por detrás de Grecia y por delante de Italia y la eurozona (36%), duplicando la tasa de paro de larga duración de la OCDE (28,4%). Así que no solamente tenemos más paro que los demás paises, también tenemos más parados que están mucho tiempo sin encontrar trabajo.

Del total de parados de larga duración en España (1.256.600 en septiembre, el 42,16% del total), la mayoría son mujeres (702.500 paradas, el 44,4% de todas las mujeres desempleadas) y menos de la mitad son hombres (554.300 parados, el 38,5% de los hombres desempleados). El problema se da sobre todo entre los parados mayores de 60 años (el 65,45% de los parados con esa edad llevan más de 1 año sin trabajo) y entre los que tienen entre 50 y 59 años (el 54,9% llevan parados más de un año), bajando el porcentaje entre los parados de 25 a 49 años (el 38% llevan parados más de un año) y sobre todo entre los más jóvenes (de los parados menores de 25 años, sólo el 25,55% llevan parados más de un año). Y por autonomías, donde hay más parados de larga duración es en Canarias (el 50,5% de todos sus desempleados llevan en paro más de 1 año), Madrid (48,4% de paro de larga duración), Castilla la Mancha (42,7%), Comunidad Valenciana (42,6%), Andalucía (42,3%) y Galicia (42%), según los datos que aporta la última EPA (INE).

¿Qué lleva a un parado a estar mucho tiempo en el desempleo? Básicamente, hay dos causas. Una, su baja formación. Del total de parados (2.980.200 en septiembre, según la última EPA), el 47,5% (1.415.300 parados) sólo tienen una “baja formación” (la ESO o menos). Y entre los parados que llevan más de un año sin trabajar (paro de larga duración), los “poco formados” (ESO o menos) suben hasta el 76%  del total. La otra causa, más decisiva aún, es la edad: el 40% de todos los parados de larga duración tienen más de 50 años. Y si rebajamos la edad, resulta que más de la mitad de los parados de larga duración (659.800, el 52,5% del total) tienen más de 45 años, según la EPA (INE).

Es lo que se llama “edadismo”, la discriminación laboral a los mayores, que se resume en este dato: de los más de 10 millones de españoles con más de 55 años, sólo 4 millones trabajan (el resto están “inactivos”, la mayoría, o parados). El problema es que las empresas no quieren contratar a mayores, antes a mayores de 55 años y ahora ya a mayores de 45 años. Lo sabemos todos, pero lo confirmaba una Encuesta de la Fundación Adecco, ya en 2019: el 83% de los responsables de Recursos Humanos de las empresas admitían que “no habían contratado a nadie con más de 55 años en el último año”. Varios son los prejuicios habituales de las empresas para no contratar “mayores”: que son más caros, poco flexibles y que se han quedado obsoletos, sobre todo digitalmente, obviando que los “seniors” aportan a una empresa experiencia, seriedad y compromiso.

La realidad es que los mayores tienen más dificultad para salir de las listas del paro, como demuestran las estadísticas del desempleo. Si el paro ha bajado en -282.225 desempleados desde finales de 2019 (antes de la pandemia), el paro de los mayores de 45 años sólo se ha reducido en -24.897 desempleados, el 8,6% de la mejoría total, según los datos de Trabajo. Y lo peor: si en 2019, los parados con más de 45 años (1.636.424) eran el 51,73% del total, ahora, en noviembre de 2022 (1.611.527), son el 55,92% de todos los parados. El peso de los mayores ha aumentado en las listas del paro.

Estos parados de larga duración, la mitad mayores de 45 años, tienen más difícil colocarse cada mes que pasa: con menos de 1 año en paro, se colocan el 37%, estando entre 2 y 3 años ya sólo se recoloca el 11% y a partir de los 4 años en el paro (recordemos que hay 600.000 parados en esta situación), su posibilidad de trabajar baja al 5%. Esto explica la grave situación del parado de larga duración: acaba no teniendo salida, condenado al desempleo crónico  hasta que se jubile. Los parados que tienen menos de 52 años, cobran el subsidio de desempleo  hasta que se les acaba, lo que explica que el 40,4% de los parados no cobren ningún subsidio, según la última EPA de septiembre. Y los parados con más de 52 años pueden “engancharse” al subsidio hasta que se jubilen, pero no todos, sólo los que cumplen los requisitos exigidos: 6 años cotizando, estar inscrito en las oficinas del SEPE y no tener más de 750 euros mensuales de ingresos. Al final, para cobrar 463 euros mensuales (480 en 2023) hasta que se jubilen, un subsidio que reciben hoy la mayoría de los 650.782 parados de más de 55 años que cobran el desempleo, según el SEPE.

Con este mínimo subsidio asistencial  o con el subsidio contributivo (903 euros al mes en octubre), los parados de larga duración están condenados a la pobreza. De hecho, los parados ya son el colectivo con más pobreza en España: un 41,5% estaban en situación de pobreza y exclusión social en 2021, el doble que el conjunto de la población (20,4% son pobres), según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN). La otra consecuencia del elevado paro de larga duración son los problemas de salud mental: hace años ya que los estudios médicos alertan de un aumento de la depresión entre los parados “crónicos”, advirtiendo que su situación genera “problemas de aislamiento, estrés económico, autocondena y sensación de inutilidad”, con graves consecuencias mentales y riesgo de suicidio.

¿Qué se puede hacer? La Comisión Europea y otros organismos internacionales llevan años pidiendo a España que gaste más y mejor en políticas activas de empleo, desde incentivos a la contratación a la mejora de la formación de los parados, en especial los parados de larga duración. Tal es así que Bruselas ha incluido las políticas activas de empleo como una de las reformas que exige a España para recibir los Fondos del Plan de Recuperación. El Gobierno Sánchez ha tomado nota, actuando por dos vías: aumentando los recursos públicos para las políticas activas de empleo (6.423 millones en 2022, frente a 5.700 en 2018) y aprobando, en junio de 2022, una Ley de Empleo, cuyas enmiendas se debaten ahora en el Congreso y que debe aprobarse este año para cumplir con la UE.

Esta Ley de Empleo pretende modernizar las políticas activas de empleo, con una reforma del sistema de incentivos a la contratación y a la formación, en colaboración con autonomías y ayuntamientos. Pero la Ley ha sido muy duramente criticada, primero por el Consejo Económico y Social (CES) y luego por los sindicatos y la patronal, que la consideran “insuficiente”, porque no asegura la financiación de los programas ni su control, no reformando a fondo las políticas de empleo ni las oficinas de empleo (faltas de personal y medios), que en 6 meses pasarán a ser la base de una nueva Agencia Española del Empleo. La crítica básica es que la Ley promete una atención personalizada a los parados (en un mes) y ayuda para insertarlos en el mercado laboral, pero sin concretar medios y financiación.

Los sindicatos reiteran la necesidad de que las oficinas de empleo sean útiles, dado que el 94% de los parados de larga duración “jamás han recibido una oferta de empleo del SEPE”, según UGT. Y la patronal quiere que estas oficinas colaboren más con las ETTs y agencias de colocación privadas, porque “es más barato gastarse en recolocar a los parados que pagarles 1 año de desempleo”. Y se quejan de que las ayudas públicas a los parados (desde el subsidio de paro a las rentas mínimas o el ingreso mínimo vital) “desincentiven la búsqueda de empleo” y piden que cobrarlas esté ligado a no poder rechazar más de 2 empleos.

Al final, entre las noticias de que mejora el empleo y baja el paro (que son verdad) se pierde el hecho de que muchos parados no notan esta mejoría y siguen sin trabajo años después de haberlo perdido. Una situación de “paro crónico” que afecta especialmente a los mayores de 45 años, que encuentran pocos trabajos y se ven obligados a estar en el paro hasta la jubilación, malviviendo y entrando en depresión. Urge aprobar un Plan de choque, con medidas concretas para incentivar la contratación de estos parados de larga duración y mejorar su formación para que resulte más fácil colocarles. Y todo ello, modernizando de una vez las oficinas de empleo, totalmente ineficaces y que sólo sirven para canalizar subsidios, más costosos que recolocar parados. Es hora de “dar una salida” a estos 1.256.600 parados crónicos, mayores sobre todo, que siguen ahí, marginados tras las tres últimas crisis.

El "pinchazo" de las tecnológicas

En noviembre estalló la crisis de las grandes empresas tecnológicas, desde Meta (Facebook) a Twitter y Amazon, que han anunciado despidos masivos para afrontar una gran caída de ingresos y beneficios, mientras sus acciones se han desplomado en Bolsa (perdieron 500.000 millones de euros en una semana). Se “pincha” así “la burbuja” de las grandes tecnológicas, que hicieron su agosto con la pandemia, disparando en 2020 y 2021 sus plantillas, inversiones y beneficios. Pecaron de optimismo y ahora les toca el ajuste interno, “desinflar” la burbuja. Pero no se trata de una crisis de fondo, porque estas empresas siguen siendo las mayores del mundo y las que tienen más futuro. Eso sí, tendrán que hacer cambios en su modelo de negocio, afrontando una mayor regulación de los Gobiernos y más competencia, así como unas relaciones laborales más conflictivas (ya les han  llegado los sindicatos y las huelgas). Así que estamos ante una crisis coyuntural de las tecnológicas, para reajustarse antes del próximo salto.

Enrique Ortega

Las grandes empresas tecnológicas ligadas a Internet han tenido un crecimiento imparable en este siglo, superando con creces la crisis de las “punto.com” , que estalló en marzo de 2000 (y provocó una caída del Nasdaq del -78% en año y medio). A partir de esa primera “purga”, se fueron consolidando las empresas más competitivas del sector. Y en 2020, las tecnológicas eran ya las mayores empresas del mundo, superando a las empresas líderes del siglo XX, las petroleras, automovilísticas y bancos: Apple sobrepasó a la petrolera saudí Aramco como la empresa con más valor en Bolsa del mundo en 2020. Y en 2021, 7 de las 10 mayores empresas del mundo (por capitalización en Bolsa) eran tecnológicas: Apple (1ª, con 2,60 billones de euros de valor, más del doble del PIB español), Microsoft (2ª, con 2,27 billones de euros), Alphabet-Google (3ª, con 1,65 billones), Amazon (5ª, tras la petrolera Aramco, con 965.073 millones de euros de valor), Meta-Facebook (7ª, tras Tesla, con un valor de 844.003 millones de euros), Nvidia (circuitos y procesadores, la 8ª en el ranking, con 663.563 millones € de valor) y la taiwanesa TSCM (semiconductores), la única gran tecnológica no estadounidense (10ª en el ranking, tras la financiera Berkshire, con 510.577 millones de euros de valor).

Si las tecnológicas ya eran grandes en 2019, la pandemia les permitió dar un salto de gigante, gracias a que los confinamientos dispararon la conectividad y el uso de Internet, el ocio digital y, sobre todo, el comercio online. Eso provocó un fuerte aumento de sus inversiones y de sus plantillas, a lo largo de 2020 y 2021. Un ejemplo: Amazon duplicó su plantilla en 2020, pasando de 798.000 empleados a 1,6 millones. Y gracias a este “tirón del negocio” por la pandemia, las tecnológicas duplicaron también ingresos y beneficios, disparando su valor en Bolsa. Otro ejemplo: Apple pasó de valer en Bolsa 1,16 billones de euros en 2019 a 2,60 billones de euros a finales de 2021… Y conjuntamente, las cinco grandes tecnológicas (Apple, Microsoft, Google, Amazon y Facebook) duplicaron con creces su valor en Bolsa entre 2019 (4,76 billones) y 2021 (10,13 billones de euros), según Bloomberg.

Así que las tecnológicas construyeron “otra burbuja” con la pandemia, que estalló en la primera semana de noviembre, al presentar sus resultados de 2022 (enero-septiembre). La nota común era una fuerte caída de ingresos, que también lo era de beneficios. En conjunto, las 5 grandes tecnológicas USA (Apple, Microsoft, Google, Amazon y Meta/Facebook) ganaron un 19,3% menos que en los 9 primeros meses de 2021, pese a que sus ingresos aumentaron globalmente un 9,2% (menos que el año pasado). Todas ganaron menos, pero el mayor recorte de beneficios lo tuvieron Amazon (pérdidas de -3.015 millones, las primeras desde 2015, frente a 19.137 millones ganados entre enero y septiembre de 2021), Meta (18.641 millones de beneficio, una caída del -36,2% este año), Google (46.582 millones de beneficio, una reducción del  -16,3%), Apple (65.502 millones, una caída del -1,1%) y Microsoft (51.186 millones de beneficio, una caída del 0,9% sobre el año pasado).

A raíz de estos resultados, los inversores se lanzaron a vender y las acciones tecnológicas se desplomaron en Bolsa (Nasdaq): el valor de los cinco gigantes (FAANG) cayó en 500.000 millones de euros sólo en la primera semana de noviembre. Y al 10 de noviembre, la cotización de las tecnológicas caía entre un -20% y un -54% desde enero de 2022. Y la caída bursátil ya revelaba que los inversores seleccionaban sus ventas, porque el desplome no ha sido igual para todos: los que más han sufrido la caída de cotización han sido Shopify (empresa canadiense de comercio electrónico : cayó un -74%), Peloton (la empresa de bicicletas estáticas que se hizo de oro con la pandemia: cayó un -71%), Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram, con una caída de cotización del -67%), Zoom (la App de videochats cae un 55%), PayPal (pagos online: -55%), Netflix (-54%), Nvidia (microprocesadores: -48%), Intel (-44%), Amazon (-43%) y Google (su cotización cayó un -35%), siendo las que menos han perdido en Bolsa este año Microsoft (-27%) y Apple (-20%), según Bloomberg. Twitter fue sacada de Bolsa por Elon Musk el 27 de octubre, antes de la debacle, pero aun así perdía un -30% de su valor sobre el máximo que alcanzó en marzo de 2021.

Ante este desplome en Bolsa, las tecnológicas más afectadas se apresuraron a anunciar despidos en sus plantillas, para “calmar a los mercados”. El primero en anunciar un drástico ajuste fue Twitter, que se descolgó con el despido de 3.700 empleados (la mitad de la plantilla) y condiciones laborales más duras para el resto. Luego Meta anunció el despido de 11.000 empleados, el 13% de la plantilla. Y Amazon no desmintió la información periodística de que va a despedir a 10.000 empleados (el 3% de sus trabajadores fijos y un 1% de la plantilla total). Pero ojo: otras tecnológicas ya están despidiendo desde el verano, sobre todo en octubre: suman ya 137.000 despidos, en 859 compañías, entre ellas Peloton (4.000 despidos), la aplicación de mensajería Snapchat (1.000 despidos, el 20% de la plantilla), la plataforma de comercio electrónico Stripe (1.000 despidos), Microsoft (otros 1.000), Netflix (500 despidos) o Lyft (rival de Uber, 700 despidos más)…

¿Qué ha pasado para que estalle esta burbuja? Hay varias causas. La primera y fundamental, el final de la pandemia (de lo peor al menos) y la crisis provocada por la inflación y la guerra de Ucrania, que han reducido las compras (sobre todo el comercio electrónico) y el gasto tecnológico de particulares y empresas, desde el menor uso de los videochats o la TV a la carta a la venta de software, productos y servicios. Otro factor clave ha sido la caída del mercado publicitario online (la base del negocio, sobre todo de Google y Meta) por un menor gasto de los anunciantes (agobiados por la inflación y los costes) en webs y redes sociales y por el menor crecimiento del comercio electrónico. Una caída publicitaria agravada por la decisión de Apple de bloquear las cookies de terceros en sus dispositivos (usados por 860 millones de personas), a la que se unirá Google con Chrome en 2024.

Junto al final del “tirón” por la pandemia y “la vuelta a la normalidad”, otro factor que ha sido clave en esta crisis es la subida de los tipos de interés. Las grandes tecnológicas se han beneficiado más que nadie (junto a las inmobiliarias) del dinero barato (tipos cero) que hemos tenido desde 2008 y más recientemente desde 2020. Y eso porque el valor de las tecnológicas se calcula sobre sus previsiones de ingresos a medio plazo y esos ingresos potenciales se reducen cuando suben los tipos. Además, estos años pasados, con los tipos bajos, las tecnológicas han sido una atractiva inversión, que se reduce si suben los tipos y hacen más atractivas otras inversiones, como energéticas o banca. Y además, si suben los tipos, se encarece el capital, lo que obliga a las tecnológicas a recortar sus proyectos futuros. Por todo ello, las 6 subidas de tipos en EEUU este año (la primera en marzo y la última en noviembre), del 0 al 4%, ha sido “la puntilla” para las tecnológicas.

Además de estas causas globales, hay factores concretos que explican la mayor o menor crisis de algunas tecnológicas. Es el caso de Meta (Facebook, WhatsApp e Instagram), donde los inversores no acaban de entender “la apuesta por el Metaverso” y que se siente especialmente dañada por la caída de la publicidad online y la creciente competencia de la red china TikTok. En el caso de Twitter, el revuelo y la desorganización desatada por su nuevo dueño, Elon Musk, hace dudar sobre su viabilidad futura y está provocando que muchos usuarios busquen redes alternativas. Máxime tras la reciente advertencia de la Comisión Europea que exige  a Twitter, para cumplir las normas UE,  contar con más personal “para reforzar la moderación de contenidos y proteger la libertad de expresión”.

En el caso de Amazon, se ha visto especialmente afectada por la caída generalizadas del consumo (por la inflación) y   el aumento de costes derivado de la energía, así como por el desplome de Rivian, la fabricante de vehículos eléctricos USA donde participa. Y también le afecta la mayor competencia en su negocio internacional de instalaciones en la nube (AWS), donde se están volcando Google y Microsoft, que también sufren ahora el recorte mundial de clientes en la nube. Apple sufre la menor demanda de sus dispositivos (por la crisis) y los problemas de escasez de semiconductores y la menor operatividad (por la política de COVID cero) de sus plantas en China. Google ha conseguido mejorar sus ingresos publicitarios, a pesar de la caída generalizada, pero sufre el aumento de sus costes operativos y la falta de ingresos extraordinarios que ha tenido en el pasado. Y Netflix trata de recuperarse de la pérdida de suscriptores introduciendo publicidad.

¿Y ahora qué? Los expertos creen que el “pinchazo” de las tecnológicas va a ser pasajero, que van a tratar de “reajustar” su negocio, tras dos años en que “han pecado de optimismo”. Pero casi nadie piensa que se trate de una crisis de fondo. Y la mayoría de expertos creen que el sector tecnológico se va a recuperar, tras unos meses de “duro aterrizaje” en la nueva realidad, que costará beneficios y despidos. El argumento clave es que la tecnología va a seguir siendo clave para la economía a medio plazo y que tanto los consumidores como las empresas seguirán confiando en las tecnológicas en el futuro. Eso sí, tendrán que hacer cambios en su modelo de negocio.

El primer gran cambio que saldrá de esta crisis es que aumentará la competencia, ya no podrán seguir como “monopolios intocables”, que imponen sus condiciones al mercado y cuando alguien les hace sombra lo compran. Seguirán intentando imponer su poder, pero cada vez tendrán enfrente más competidores. Es algo que ya sucede, porque el sector acapara el interés de muchos inversores. Un dato: ya hay 332 empresas tecnológicas que son “unicornios”, con un valor que supera los 1.000 millones de dólares. Muchas de ellas desaparecerán por el camino, pero alguna sobrevivirá y hará la competencia a las Apple, Amazon, Google, Meta o Microsoft de ahora. Y esa creciente competencia les va a obligar a gestionar su negocio de otra manera, con menos “prepotencia”.

Otro cambio que va a cambiar el negocio es la creciente regulación de los Gobiernos  sobre las tecnológicas. Ya hoy, los grandes de Internet están siendo vigilados de cerca por el Gobierno norteamericano y el Congreso, mientras Europa ha aprobado una regulación mucho más intrusiva que la norteamericana, proliferando los expedientes y multas a las tecnológicas. Y esto va a ir a más, en un intento de “poner coto” a su inmenso poder. Eso va a condicionar su operativa y su modelo de negocio, esperemos que en nuestro beneficio. Porque la actitud de los usuarios es de mayor vigilancia hacia su operativa, hacia la utilización en su beneficio de  nuestros datos, hacia una mayor defensa de nuestra privacidad.

Y un tercer cambio clave tendrá que darse en su modelo de relaciones laborales, hasta ahora basado en “el buenismo” (son empresas que presumen de "cuidar" a sus empleados y ponerles zonas de ocio en el trabajo) y la falta total de derechos laborales: ni sindicatos, ni contratos en muchos casos (muchos temporales) y cláusulas de confidencialidad abusivas. Esto se ha visto claramente con los últimos despidos, donde Twitter , por ejemplo, no ha respetado preavisos ni normas laborales. Son millones de trabajadores casi sin derechos, controlados por algoritmos, que han empezado a defenderse y que antes o después se organizaran globalmente, como sus empresas. De hecho. Amazon ha sufrido este Black Friday la primera “huelga mundial”, convocada en 40 países…

A partir de ahora, las tecnológicas tendrán que relacionarse de otra forma con sus trabajadores, al igual que con las empresas de la competencia, los Gobiernos y los inversores, con menos prepotencia y más visión a largo plazo. El futuro es suyo, pero no está asegurado: tienen que destinar recursos y medios a investigar, a innovar, cambiando estrategias cuando sea necesario y sin trampas para hundir a la competencia, sin abusar de los clientes. Y sabiendo que sólo los más agiles y mejor preparados sobrevivirán en este camino, donde las grandes tecnológicas del futuro quizás no hayan nacido aún. Porque sería peligroso que a mediados de este siglo XXI, las grandes empresas del mundo fueran las mismas que ahora.