La sequía agrava la inflación

Aunque esta semana llueve algo, no soluciona el grave problema de la sequía, en Europa (sufre la peor sequía en 500 años) y en España, con los embalses al nivel más bajo desde hace 27 años. Las olas de calor y la falta de lluvia están afectando seriamente a la economía, provocando una mayor subida de la luz (la energía hidroeléctrica aporta la mitad que en 2021) y de los alimentos, al haber caído la cosecha de cereales, aceite, vino y frutas, obligando a los ganaderos a encarecer leche, huevos y carnes por la falta de forraje. Una sequía que incluye restricciones de agua en media España. Tenemos un serio problema de agua, no sólo porque cada vez llueva menos sino porque se dispara su consumo, sobre todo para la agricultura (85%), para que España sea “la despensa de Europa”. Hay que ahorrar agua, recuperar ríos y acuíferos y usarla mejor, porque el agua es clave también para la economía. Y ahora, la sequía agrava la inflación.

Enrique Ortega

El Cambio Climático se ha acelerado este verano, con olas de calor y falta de lluvia en toda Europa, que sufre la peor sequía en 500 años, según alertó en agosto del Observatorio Europeo de Sequía: el 17% de la UE está en situación de alerta y otro 47% en aviso por sequía (dos tercios del continente sufre el problema), con 340 millones de europeos afectados. Y eso se traduce en un alto coste económico para Europa, por la caída de la energía hidroeléctrica, los problemas en el transporte fluvial (en centro Europa, han cambiado barcazas fluviales por camiones), el mayor consumo de aire acondicionado, el coste de los incendios (660.000 hectáreas quemadas en la UE, un tercio en España) y, sobre todo, la caída de las cosechas, con el consiguiente subida extra de los alimentos.

En España, como en todo el sur de Europa, la situación es más preocupante. Por un lado, el verano 2022 ha sido el más caluroso de la serie histórica (desde 1961), con una temperatura media en agosto de 24,7grados, 0,4 grados más que el anterior verano récord (2003) y 2 grados por encima de la media de temperatura de 1981 a 2010, con 42 días de “olas de calor” entre junio y agosto. Y a este calor inusual se ha sumado la falta de lluvia: ha llovido un 26% menos de los valores normales entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de agosto de 2022, según la AEMET, con un enero y febrero muy secos, un marzo y abril con más lluvias de lo habitual y un verano muy seco. Y ahora, a pesar de las tormentas de esta semana, la AEMET prevé un otoño más seco (y cálido) de lo habitual.

La falta de lluvias y el calor excesivo han  provocado una caída drástica del agua embalsada: este martes 13 de septiembre, cuando llovía en casi toda España, los embalses estaban al 34,22% de su capacidad, frente al 40,74% hace un año y el 51,88% hace 10 años, según embalses.net. Es el menor porcentaje de agua embalsada desde el año 1.995 (31,03%). Y están por debajo de ese 34,22% los embalses vitales de Andalucía y Extremadura, las cuencas del Guadalquivir (al 20,95% capacidad), Guadiana (23,91%) y Guadalete-Barbate (23,99%), estando muy bajos en la cuenca del Duero (33,04%), Segura (35,18%), Tajo (36,66%), Cataluña interior (38,26%), Ebro (39,48%) y Miño-Sil (46,67%).

La primera consecuencia de este “nivel rojo” en los embalses es que media España ha sufrido restricciones de agua, sobre todo en agosto (al haber más población en el sur y este de España, por el turismo): en unos casos (Galicia, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Castilla y León) ha habido que llevar agua a muchos pueblos con camiones cisternas y con barcos (Euskadi). Y en muchos municipios se ha prohibido regar jardines, ducharse en las playas o llenar piscinas. Y si no llueve este otoño, pueden agravarse las restricciones, sobre todo en Andalucía, Extremadura, Cataluña y Galicia.

La segunda consecuencia de la sequía y la falta de agua en los embalses es la mayor subida de la luz, derivada de la caída de la energía hidroeléctrica, que se ha desplomado al nivel más bajo en 30 años. Este año, de enero al 15 de agosto, las centrales hidroeléctricas han aportado la mitad de energía eléctrica que en 2021, obligando que funcionaran muchas más horas las centrales de gas y disparando así el precio de la electricidad (la luz ha subido un +60,6% en el último año, según el INE). Y mucho tiene que ver, además de la guerra de Ucrania y el precio del gas, la sequía y la falta de agua en los embalses: la energía hidráulica sólo aporta en septiembre el 4% de la energía eléctrica, cuando en 2021 aportó el 11,4% y en 2018 (con los embalses al 82%) aportaba el 13,8% de la electricidad.

La tercera consecuencia de la actual sequía es que ha dañado muy seriamente las cosechas y la ganadería, encareciendo los alimentos y disparando aún más la inflación. Según las organizaciones agrarias COAG y ASAJA, la sequía ya ha dañado de forma irreversible la cosecha de cereales (trigo, cebada, avena y centeno), recortándola un -23% sobre la media de los últimos tres años. En maíz se espera recoger un 25% menos  y en girasol, las olas de calor y la falta de lluvia reducirán el rendimiento a la mitad. En el viñedo, el clima ha obligado a adelantar una vendimia que espera recoger entre un 15 y un 20% menos de uva. En el olivar, ha afectado muy seriamente a las 900.000 has de regadío (de un total de 2,7 millones) y se espera recoger un 20% menos de cosecha (tras la caída de 2021). En arroz, frutas y hortalizas, el calor y la sequía (más las heladas y pedrisco) ha deteriorado las cosechas. Y para terminar, la falta de pastos ha obligado a los ganaderos a gastar más en piensos y forrajes, reduciendo producción y encareciendo leche, huevos y carnes.

Todo ello ha desembocado en una fuerte subida de los alimentos este año, no sólo por la guerra de Ucrania y la energía (que suben los costes de agricultores y ganaderos) sino también por la sequía y las olas de calor, por su desastroso efecto sobre las cosechas y la ganadería. Basta ver los datos del INE, sobre la inflación en agosto, con una subida anual de los alimentos del +13,8%, la mayor desde 1994. Y lo que más sube son los cultivos más afectados por la sequía: cereales (+21,7%), mantequilla (+31,8%) y leche (+25,6%), aceites y grasas (+24%), huevos (+22,4%), carne de pollo (+17,6%) y vaca (+15,2%), patatas (+15,9%),  lácteos (+15,8%), pan (+15,2%), legumbres y hortalizas (+14,8%) o las frutas (+12,1%). Subidas que tienen mucho que ver con el aumento de costes y la subida de márgenes de los intermediarios, pero también con el clima y la sequía, con las malas cosechas.

Este problema, la subida de los alimentos, está muy ligado al Cambio Climático y por eso irá a más en el futuro, cuando se resuelva el conflicto de Ucrania y la crisis de la energía. El problema se agravará más en España, porque sufriremos más la falta de agua (los recursos hídricos podrían disminuir un 11%),  debido a dos causas: el 75% de la superficie está en riesgo de desertificación, con un “estrés hídrico” alto o severo, y el 25% de los acuíferos están en riesgo de agotarse. Así que se espera que llueva menos y eso nos afectará más porque tenemos un terreno que capta peor el agua y unas reservas subterráneas (acuíferos y pozos) muy agotadas. Pero el mayor problema no es sólo que vaya a llover menos en el futuro sino que ya hoy consumimos demasiada agua.

¿Quién consume la poca agua que tenemos? Básicamente, la agricultura, los regadíos, que se llevan el 85% del consumo (del 80 al 90%, según zonas). Y además, el gasto de agua de la agricultura y ganadería se ha disparado, mientras se reducía el agua disponible: se ha pasado de 3.044.710 hectáreas regadas en 2010 a 3.877.901 hectáreas en 2021, según los datos del Ministerio de Agricultura. Y en realidad, superan los 4 millones has, por el aumento de los riegos ilegales, según diversas ONGs. Eso coloca a España (el país con menos lluvias de Europa) como el país con más regadíos del continente, muy por delante de Italia (2 millones has regadas), Francia (1,5 millones) y Grecia (1 millón has). Es el precio (en agua) que pagamos por ser “la despensa de Europa”: naranjas, frutas, tomates, cerdo, aceite o vino son nuestro “petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos en España, a costa de un regadío que esquilma el agua.

El gran salto en los regadíos se ha dado en la última década, por el crecimiento de la agricultura intensiva y, sobre todo, porque se riegan ahora cultivos leñosos que antes eran de secano: olivos (suponen ya un 22,58% de la superficie regada), viñas (10,25%), frutales (10,56%) y cítricos (7,40% de la superficie regada), aunque la mayor superficie de regadío siguen siendo los cereales (24,06% del total regado), según los datos de Agricultura (2021). Andalucía (1,1 millones de has regadas), Castilla la Mancha (582.767 has), Castilla y León (472.113 has) y Aragón (420.527 has), regiones muy secas, se llevan más de la mitad del agua para la agricultura, aunque las regiones con más peso del regadío son Canarias (el 58% de la superficie cultivable se riega), Comunidad Valenciana (45,7%), Murcia (39,19%), Navarra (31,27%) y Andalucía (31,84%), todas más que la media (22,94% cultivos).

El segundo gran consumidor de agua en España (12% del total) son los hogares y el ocio, con un gasto medio de 132 litros por persona, que está en la media europea, sólo por encima del consumo doméstico en Alemania (125 litros habitante) y con menos gasto de agua que en Italia (220 litros), Portugal (205), Francia (170), Grecia (150) y reino Unido (140 litros por persona). Pero los expertos creen que aún gastamos demasiada agua en casa, debido a que la pagamos más barata: una media de 1,88 euros/m3, el 7º precio más barato de Europa, donde se paga de tarifa doméstica desde los 9,32 euros/m3 en Dinamarca a 4 euros en Francia, 3,50 en Reino Unido o 2 euros en Italia. Y el tercer gran consumidor de agua son las industrias (3% del total), donde hay una gran divergencia por sectores y negocios, aunque se echan en falta planes de ahorro, también por las bajas tarifas del agua para las industrias.

Esos son los consumos “oficiales” de agua, pero las ONGs llevan años denunciando “el robo de agua” por muchos agricultores y ganaderos, también por algunas industrias. En España puede haber hasta 1 millón de pozos ilegales robando agua de nuestros acuíferos, según una estimación de Greenpeace. Y la ONG WWF ha publicado un informe (“El saqueo del agua”) donde investigó 4 grandes acuíferos (Doñana, las Tablas, Mar Menor y los Arenales) y descubrió que riegan de forma ilegal 88.645 hectáreas (1,5 veces la superficie de Madrid capital), con 220 millones de m3 de agua robada. A primeros de septiembre se secó la laguna de Santa Olalla, la última laguna de Doñana, por la sequía y la sobreexplotación de acuíferos (por el turismo y los cultivos regados).

El agua en España, además de ser escasa, por la sequía y el consumo disparado en la agricultura, tiene mala calidad, debido a que la agricultura y la ganadería intensivas lanzan restos de fertilizantes (nitratos y fósforo) y purines, que se transfieren a ríos y aguas subterráneas, con un serio peligro para la salud y los ecosistemas. Por ello, la Comisión Europea, en octubre de 2021, alertó a España y otros 11 países europeos (Alemania, Bélgica y Países Bajos entre ellos) por “registrar una mala calidad del agua en todo su territorio y un problema sistémico para gestionar la contaminación por nutrientes de la agricultura”. Y ha puesto en marcha un proceso de infracción, que puede acarrear multas a los países. Además, España ya paga (desde 2018) una multa importante “por falta de depuración de aguas residuales en 9 aglomeraciones urbanas” (donde viven 350.000 personas). Y este mes de abril, la Comisión ha vuelto a llevar a España ante la Justicia europea por incumplir el tratamiento de las aguas residuales en otras 133 poblaciones…

Visto el panorama, es evidente que España tiene un serio problema de agua, en cantidad y calidad, llueva o no (con sequía más, claro). E irá a peor con el Cambio Climático, porque España será uno de los 33 países del mundo con problemas serios de desabastecimiento de agua en 2040, según un informe del Word Resources Institute. Eso obliga a plantearse la política del agua como una prioridad de futuro. Para afrontarla, el Gobierno presentó en junio de 2021 los borradores de Planes Hidrológicos para 2022-27, reformulando el actual Plan Hidrológico de 2001. Su objetivo es reducir el consumo de agua un 5%, aumentar las desaladoras e invertir 21.000 millones de euros (la mayoría con Fondos europeos) en la restauración de ríos (11.000 millones), saneamiento y depuración de aguas (650 millones), restaurar acuíferos y mitigar el riesgo de inundaciones (800 millones) y facilitar la transición digital de la agricultura (250 millones), junto a un Decreto-ley para reducir la contaminación del agua de origen agrícola-ganadero. Ahora, las autonomías están preparando los Planes de Cuencas, pero con el riesgo de enfrentamientos regionales y “politización” de la política del agua, que exige un gran Pacto político y regional para repartir la escasez.

Las ONGs piden “ir más lejos” en la política del agua, con propuestas más radicales: reducir un 25% la superficie de regadío en 6 años (con un tope de 3 millones de has), eliminar los regadíos ilegales y clausurar esos pozos no autorizados en 6 años, depurar el 100% de las aguas residuales de consumo humano e industrial para 2027, no subvencionar el agua desalada para riegos agrícolas y subir las tarifas de agua para fomentar un consumo responsable de los usuarios. Otros expertos  piden trasvases interterritoriales (polémicos pero necesarios), reducir pérdidas agua en los suministros, recuperar las aguas de lluvia y, sobre todo, modernizar los sistemas de regadío para que sean más eficientes.

Como siempre, no hay atajos ni soluciones fáciles, sino que urge tomar múltiples medidas a corto y medio plazo para afrontar la falta de agua, llueva o no. Porque el agua es clave, no sólo para la vida sino para asegurar el crecimiento y la economía. Ya lo vemos ahora, con el calor y la sequía agravando la inflación. Hay que luchar con firmeza contra el Cambio Climático y por el agua, un bien más escaso cada año.

Curso escolar 2022-23: nueva Ley y más gasto

Ya han vuelto a clase los 8,25 millones de niños y adolescentes que estudian en colegios e institutos. Este curso 2022-2023 tiene muchas novedades, al aplicarse una parte de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que busca una enseñanza menos memorística y más práctica, con cambios en programas y libros de texto, un nuevo Bachillerato y la figura de un coordinador en los centros contra el abuso escolar. Un curso donde avanza la educación infantil (0-3 años) gratuita y la Formación Profesional, que ha duplicado alumnos. Y un curso sin restricciones frente al COVID, aunque más de la mitad de los niños sigue sin la vacuna completa. Lo más preocupante es que han vuelto a recortarse profesores contratados por la pandemia, hay más niños por clase y las familias pagarán más por libros, uniformes, transporte, comidas y extraescolares. Preocupa “el rodaje” de la nueva Ley y la falta de recursos para la enseñanza, en un año donde las autonomías tendrán más ingresos que nunca.

Enrique Ortega

Este nuevo curso escolar 2022-23, crecerá poco (un +1%) el número de alumnos que estudian enseñanzas no universitarias, que rondarán los 8.250.000 estudiantes, frente a 8.216.171 el curso pasado, según Educación. Se espera que sigan bajando los niños en Educación infantil (-282.000 niños matriculados que en 2011-2012) y en Primaria (-50.000 alumnos estudiando que en 2012), por el desplome de la natalidad en la última década, aunque seguirán creciendo los alumnos en ESO, Bachillerato y FP (se han duplicado los alumnos de 2010, superando ya el millón los matriculados el curso pasado), nacidos antes. Y siguen cayendo también los alumnos matriculados en los centros públicos (concentran el 67,4% de los estudiantes no universitarios, frente al 69% que había en 2010-11, bajando al 51% en el País Vasco y el 54,1% en Madrid), a costa de un fuerte aumento de la enseñanza concertada (enseña al 25,2% de alumnos, el 29,8% en Madrid) y la enseñanza privada (7,4% alumnos no universitarios, el 16,1% en Madrid).

Una novedad de este curso es que despega la educación infantil pública gratuita (de 0 a 3 años), gracias a que el Gobierno Sánchez aprobó en noviembre de 2021 una partida de 670 millones de euros para que las autonomías creen 65.000 plazas públicas de educación infantil (0-3 años) hasta 2024, la mayoría en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, para favorecer la conciliación familiar y el trabajo de las madres. Gracias a este empuje y el propio de algunas autonomías, este curso habrá más guarderías públicas gratuitas en Galicia (guarderías públicas y concertadas), Castilla y León (gratis 2-3 años en centros públicos y concertados), Madrid (centros públicos), Andalucía y Cataluña (públicos y concertados).

Otra novedad de este curso es que entra en vigor la nueva Ley de Formación Profesional (aprobada en marzo de 2022, con la única oposición del PP y la abstención de Vox y ERC), que reformula las enseñanzas de FP, con una formación “dual” que obliga a incluir una parte del aprendizaje (del 25 al 35%) en las empresas, con una importante financiación pública (5.474 millones entre 2022 y 2025) para que las autonomías creen 80.000 nuevas plazas públicas de FP, que faciliten el empleo de los jóvenes. Con ello, las peticiones de matrícula en centros de FP se ha disparado aún más este año, aunque faltan plazas públicas (33.000, según CCOO, sobre todo en Madrid y Cataluña), lo que obliga a los alumnos y a sus familias a matricularse en costosos centros privados de FP, un nuevo negocio que ya ha atraído a Fondos de inversión extranjeros y nacionales.

Con todo, la mayor novedad de este curso escolar 2022-23 es que entra en vigor (parcialmente) la nueva Ley de Educación, la LOMLOE (Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006). Es la 8ª Ley de Educación de la democracia y se aprobó en el Senado en diciembre de 2020, con 142 votos a favor, 9 abstenciones y 112 votos en contra de Ciudadanos, Vox, regionalistas y el PP, que amenaza con derogarla si llega a la Moncloa. El cambio más importante de la LOMLOE es que pretende modificar el sistema de enseñanza, para que se base menos en la memoria y más en aprender competencias y habilidades, donde los alumnos españoles están a la cola de la OCDE, según el informe PISA. Para ello, se van a cambiar los contenidos de las asignaturas, para que los centros cambien lo que hay que enseñar y cómo evaluarlo. De momento, este año se empieza con los cursos impares (1º,3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de la ESO, 1º de Bachillerato y 1º de FP básica. Y el próximo curso, se ampliará el cambio de contenidos a los cursos pares (2º, 4º y 6ª).

Si ya es complicado cambiar los contenidos de la enseñanza de un año para otro, lo va a ser más este curso 2022-23 porque los cambios de contenidos se han retrasado, con lo que al principio de curso (entre el 5 y 12 de septiembre, según las regiones) no todos los centros tenían los nuevos libros de texto. Así, a primeros de septiembre, hay 7 autonomías, que representan el 57,5% del alumnado (4,5 millones de escolares), que no han aprobado y publicado los nuevos currículum, la programación y contenidos de los cursos impares que cambian: Galicia, Castilla y León, Andalucía, Murcia, País Vasco, Cataluña y Canarias (4 gobernadas por el PP y “resistentes” a la LOMLE). Culpan del retraso al Gobierno central, que publicó el decreto de enseñanzas mínimas entre febrero y abril de 2022, pero Educación se defiende diciendo que han tenido tiempo suficiente, como demuestran las 10 autonomías “cumplidoras” (que publicaron los temarios entre julio y agosto).

Las 7 autonomías “retrasadas” han repartido a los centros borradores de los currículos y contenidos, para que puedan empezar a trabajar con los alumnos desde el primer día de clase. Pero las editoriales no pueden ultimar y editar los libros hasta que estas autonomías no publiquen los contenidos definitivos. Contenidos diferentes entre regiones, porque los gobiernos autonómicos aprueban entre el 40 y el 50% de los temarios, siendo el resto de contenidos (comunes) elaborados por el Ministerio de Educación. Así se amplía las diferencias de contenidos entre autonomías, como se ha visto ya en Geografía e Historia, donde los alumnos de la ESO tienen 17 contenidos diferentes, según donde estudien…

Además del cambio en el sistema de enseñanza (“menos aprender de memoria y más entender y razonar”) y en los contenidos y libros de texto, este curso 2022-23 hay más cambios. Habrá una asignatura nueva, Educación en Valores Cívicos (similar a la Educación para la Ciudadanía de hace 15 años), y la asignatura de Religión dejará de tener valor en la nota media del expediente (importante para solicitar una beca o solicitar carrera). Y se introduce un nuevo Bachillerato General (poco a poco, en algunos centros), que se sumará a dos Bachilleratos artísticos (Música y Artes Escénica y Artes Plásticas, Diseño e Imagen), el Bachillerato de Letras y el de Ciencias (habrá 5 en total). Además, se crea un modelo transitorio de pruebas de Selectividad (con menos exámenes y más pruebas de competencias), en vigor hasta 2027, cuando se apruebe otro modelo “definitivo” .Y otro cambio destacable: los centros deben crear la figura de Coordinador de Bienestar y Protección, un profesor responsable de vigilar y evitar el acoso escolar, ciberataques, maltrato, autolesiones y suicidios.

Otra novedad importante de este curso escolar es que desaparecen las restricciones frente al COVID-19 (ni mascarillas ni distancia de seguridad  ni grupos burbuja), aunque la pandemia sigue ahí (1 millón de españoles más contagiados entre junio y septiembre, con 6.300 muertos con COVID los últimos tres meses) y más de la mitad de los niños de 5 a 12 años (3.815.164 en total) no están inmunizados: sólo tienen las dos dosis de la vacuna 1.741.903 niños, el 45,7% del total, según Sanidad. Un dato que revela un fracaso de la vacunación pediátrica y la falta de colaboración de las familias, que ahora se pueden ver afectadas (padres y abuelos) si la pandemia repunta este otoño-invierno en los centros escolares.

Una de las cuestiones que más preocupa este curso es la falta de profesores de apoyo, porque la mayoría de las autonomías han vuelto a despedir a profesores contratados en 2020 por la COVID. De hecho, de los 33.323 profesores de refuerzo contratados en 2020, sólo la mitad (17.297) siguen en activo, según denuncia CCOO de la Enseñanza: 12.000 fueron despedidos el curso pasado (2021-2022) y otros 4.000 se han perdido para este curso, a pasar de los fondos transferidos por el Gobierno a las autonomías en 2020, 2021 y 2022. Y a pesar de que en 2023, las autonomías recibirán del Estado los mayores recursos de su historia: 134.333 millones, un 24% más que en 2022 (+26.130 millones más).

Este menor gasto autonómico en profesores de refuerzo para 2022-23 agravará los problemas de la enseñanza: aumentará los ratios de alumnos por clase a los niveles de 2019, lo que impedirá reforzar la docencia para recuperarse de la pandemia y afrontar los cambios que exige la nueva Ley de Educación. Y además, dificultará reducir el abandono escolar y los repetidores, donde España es líder europeo. Precisamente, tener malos resultados educativos tiene más coste que el gasto en  reforzar profesores: España podría contratar 44.700 profesores más (y reforzar a 2,2 millones de alumnos) con lo que le cuesta al sistema la repetición de curso del 29% de los estudiantes de 15 años (costó 1.441 millones en el curso 2019-2020), según un informe de Save the Children, Así que recortar en profesores sale mucho más caro en repetidores, abandono escolar y mala calidad de la enseñanza.

Este menor gasto en educación del necesario es más preocupante porque hay autonomías que siguen “ahorrando” en educación, gastando menos que la mayoría, o bien porque “gastan en otras cosas” o porque ingresan menos con la “bandera” de bajar impuestos (más a los más ricos). En 2020, último año con datos homogéneos, España gastó 905 euros por habitante en educación, pero Madrid gastó mucho menos (725 euros), al igual que Asturias (826 euros), Canarias (838), Castilla y León (842), Baleares (858), Cataluña (866), Castilla la Mancha (870) y Aragón (889 euros), mientras el País Vasco gastaba casi el doble (1.329 euros por habitante), seguida de Navarra (1.146), Extremadura (1030) y Comunidad Valenciana (1.005 euros), según un estudio de los Gerentes de Servicios Sociales.

Mientras España gasta menos en educación (55.625 millones en 2020, el 4,93% del PIB) que la mayoría de Europa (5,1%) y la OCDE (5,3%), las familias gastan más cada año en educar a sus hijos, tanto en los centros concertados (pago de cuotas “voluntarias”, libros, uniformes, transporte y comedor, extraescolares) como en los públicos (libros, uniformes y múltiples gastos obligados). De hecho, España es el país europeo donde las familias gastan más en educación, según el último informe de la OCDE: aportan un 13% del gasto total (86% el gasto público y 1% otros), frente al 8% de media que pagan en la OCDE y el 5% en Europa (1% en Finlandia, 6% en Irlanda, 8% en Italia y Francia, 9% en Reino Unido, 11% en Portugal y 12% en Alemania).

El problema se agrava este curso 2022-23, porque se ha disparado la inflación. Y eso está encareciendo el gasto escolar de las familias: 400 euros de media por hijo. Suben los libros de texto (+12%), el material escolar (se ha disparado el precio del papel), los uniformes, las actividades extraescolares, el transporte escolar (+10%) y los comedores escolares (+6%), uno de los gastos más preocupantes, porque 1 de cada 3 niños españoles vive en familias con problemas económicos y sólo el 11% recibe ayuda para pagar el comedor escolar, con lo que hay 500.000 niños que no van a poder pagar este curso el comedor escolar, según la ONG Educo. Por eso, las asociaciones de padres y los centros piden ayudas de choque para este curso, que complementen el aumento de becas que ya ha hecho el Gobierno: el gasto en becas educativas (para todas las enseñanzas, incluida la Universidad) ha aumentado un 45% entre 2017-18 (1.472 millones en becas) y 2022-23 (2.134 millones), adelantando 4 meses la convocatoria  este año (desde marzo).

Estamos pues al inicio de un curso complejo, donde los centros, profesores y alumnos tendrán que hacer un esfuerzo extra para poner en marcha la nueva Ley educativa, para ir cambiando poco a poco un sistema educativo menos basado en estudiar de memoria y más en aprender cuestiones útiles para el futuro. Esto exige un rodaje y tiempo, pero sobre todo medios personales y refuerzo a los alumnos con problemas. Y si apostamos por la Formación Profesional, por una enseñanza dual centro-empresa, hay que crear las plazas necesarias y colaborar con las empresas para que apuesten por la FP y luego no se quejen de que no encuentran trabajadores formados. Y sobre todo, hay que gastar más y de una forma uniforme en la enseñanza, para mejorar su calidad, porque hay demasiados repetidores, demasiado abandono escolar y demasiadas diferencias entre autonomías. Este curso 2022-23 debe ser el inicio de un salto educativo en España. Nos jugamos el futuro.

Segunda subida (peligrosa) de tipos de interés

Hoy jueves, el BCE subirá el precio oficial del dinero (+0,50%, quizás +0,75%), tras subirlo a finales de julio (+0,50%), por primera vez desde 2011. Una medida que pretende frenar la inflación en Europa, pero que va a ser poco eficaz, porque esta vez la inflación no es porque la economía esté recalentada y el dinero más caro no va a frenar el precio del gas, la luz o los alimentos. Pero la subida de tipos, que va a seguir en los próximos meses, sí va a tener un alto coste para la economía, para las familias y empresas: encarece las hipotecas (120 euros al mes), los créditos y la deuda pública, recortando aún más los ingresos de las familias y negocios, lo que reducirá su consumo e inversión y recortará el crecimiento, agravando los efectos de la inflación. Por todo ello, la subida de tipos es una receta peligrosa (e inútil), que puede provocar la recesión en Europa y daña más a los más vulnerables. Atajen la inflación por otros caminos, que los hay.

Enrique Ortega

Los tipos de interés son una herramienta básica de la política económica. El precio oficial del dinero lo fijan los bancos centrales (Banco Central Europeo, Reserva Federal USA, Banco de Inglaterra, Banco de Japón…), instituciones independientes de los Gobiernos, para que puedan decidir libremente cuando encarecen o abaratan el dinero, como principal “arma” contra la inflación. Cuando las economías crecen mucho, hay un exceso de consumo e inversión, los precios se disparan y hay riesgo de que la inflación se “coma” los ingresos de familias y empresas, provocando una crisis. Receta: los bancos centrales suben los tipos de interés, el dinero es más caro, se gasta y se invierte menos y la economía “se enfría”. Es lo que pasó en la “burbuja” de principios de siglo, cuando los tipos estaban en el 5,25% (USA, 2006 y 2007) y el 4% (Europa 2007). Pero llegó la crisis financiera, en 2008, y los bancos centrales hicieron lo contrario (ver gráfico): bajaron el precio oficial del dinero para “reanimar la economía”, bajando los tipos al 0% (en 2009 en USA y en 2016 en Europa), donde han estado hasta que estalla la actual inflación, desatada por la invasión de Ucrania.

La inflación “objetivo” para todos los bancos centrales es el 2% anual. Y como rondaba esa cifra, más con el parón económico de la pandemia, han estado “tranquilos” hasta 2021. El año pasado, la recuperación de la actividad tras lo peor del COVID, la mayor demanda, la falta de productos en China y otros productores, más los “atascos” en el comercio marítimo mundial, ya dispararon los precios en primavera y verano (4,2% inflación en USA en mayo y 3% en la zona euro en agosto). A finales de 2021, la inflación creció más (6,8% anual en USA y 5% en la zona euro), debido a la energía y a las maniobras de Putin para recortar la oferta de gas. Pero tanto el BCE como la Reserva Federal esperaron a tocar los tipos: pensaron que era una inflación “temporal”, que se iría corrigiendo. Pero con la invasión de Ucrania (24-F 2022), la inflación mundial se disparó (7,9% en marzo en USA y 7,4% en la zona euro).

La Reserva Federal USA no esperó más y el 17 de marzo de 2022 subió los tipos de interés un +0,25% (por primera vez desde 2018), cuando llevaban en el 0% desde marzo de 2020, por la pandemia. Y como la inflación no cae, sino que sigue subiendo (hasta un máximo del +9,1% en julio, el récord en 40 años), la Reserva Federal hace tres subidas más (+0,50% en mayo y +0,75% en junio y julio), hasta dejar los tipos en el 2,25%, aunque volverá a subirlos este mes de septiembre (+0,50%) y los siguientes, en un escenario que prevé dejarlos en torno al 3% a finales de 2022.

Mientras, el BCE “se ha estado pensando” subir tipos, porque temía llevar a Europa a la recesión si encarecía el dinero en plena crisis por la invasión de Ucrania. Y finalmente, presionado por los bancos centrales más “ortodoxos” (Alemania, Holanda, Austria y países bálticos), decidió subir tipos moderadamente (+0,50%) el 21 de julio, la primera subida del dinero en Europa desde noviembre de 2011. Y hoy, 8 de septiembre (con una inflación histórica del +9,1% en la zona euro en agosto), el BCE aprobará la 2ª subida de tipos (frente a las 5 subidas que hará EEUU), que podría ser incluso del +0,75%, dejando el precio oficial del dinero en el 1,25% (o el 1%), la mitad que en USA.Y hay fuertes presiones de países y expertos para que la subida del dinero siga y ronde el 2% a finales de año.

Hasta aquí, el distinto camino en la subida de tipos de EEUU y Europa, mientras también han subido tipos los demás países, desde Reino Unido (1,75%) o Canadá (2,50%) a China (3,65%), salvo Japón (-0,10%). La duda es si la receta de subir tipos servirá contra la inflación actual, porque esta vez (a diferencia de los años de la burbuja previa a 2008) no estamos ante una inflación de demanda (no suben los precios porque haya mucha actividad y la economía esté “recalentada”) sino ante una inflación de oferta (de costes), por el aumento desmesurado de la energía, los alimentos y las materias primas. Y por eso, ya hay expertos que alertan de que la receta “ortodoxa” de combatir la inflación encareciendo el dinero no va a funcionar, porque la subida de tipos no evitará que sigan subiendo el gas natural, la electricidad, el petróleo, los carburantes o los alimentos. Mercados que se rigen por otros mecanismos y donde Putin juega con los precios como “arma de guerra” contra Occidente.

El problema es que la subida de tipos puede no funcionar contra la inflación, pero es seguro que va a empeorar la situación de las familias y empresas europeas. De hecho, ya lleva meses haciéndolo, al haber subido el Euribor (el tipo al que se prestan los bancos europeos entre ellos) desde diciembre de 2021: estaba en negativo (-0,502) y se puso en positivo ya en abril (+0,013%), tras la primera subida de tipos en USA (marzo), y ha cerrado agosto en el +1,249%, el Euribor más alto desde mayo de 2012 (+1,266%). Y los expertos prevén que el Euribor cierre el año en el entorno del +1,8 al +1,9%, tras estar en negativo (por los tipos al 0%) entre febrero de 2016 y marzo de 2021.

¿Qué consecuencias tiene esta fuerte subida del Euribor? La primera y más llamativa, que las familias pagarán más por su hipoteca: se estima que hay 5,5 millones de hipotecas “vivas”, de las que 4,1 millones (el 75%) son a tipo de interés variable y el 90% de ellas referenciadas al Euribor (pagan de interés el Euribor más un diferencial del 1 al 2%). Así que las 3,6 millones de familias con una hipoteca variable referenciada al Euribor les ha subido o les va a subir su cuota mensual cuando la revisen (anualmente). La estimación es que, con el Euribor actual, la cuota de una hipoteca media (150.000 euros a 25 años) les suba 120 euros al mes (1.400 euros al año). Y será más cuanto más suban los tipos y el Euribor.

Además de pagar más por su hipoteca, los jóvenes y las familias tendrán más difícil conseguir una hipoteca nueva, porque ahora, al subir las cuotas y el dinero, los bancos “mirarán con lupa” (más) a los solicitantes, porque temen que les suban los impagos, dado que el endeudamiento de las familias ha aumentado con la pandemia, hasta los 704.000 millones de euros, según el Banco de España. Y lo mismo pasará con la solicitud de los créditos personales, que también se han encarecido. Además, la banca está tratando de que los clientes (nuevos y antiguos) contraten hipotecas a tipo fijo (más caras), que ahora parecen más convenientes, pero que pueden ser una mala opción a 25 años, cuando lo normal es que la inflación y los tipos vuelvan a niveles normales (en torno al 2%).

La subida de tipos perjudica también a las empresas, que ya están sufriendo la subida del Euribor a 3 meses, el que se utiliza con sus créditos: ha pasado del -0,572% en diciembre de 2021 a un tipo récord del +0,654% a finales de agosto. De hecho, en el primer semestre de 2022 (antes de la 1ª subida del BCE), el interés medio de los créditos a las empresas había subido entre un +11 (los préstamos de hasta 250.000 euros) y un +22% (los préstamos de más de 1 millón de euros), según el Banco de España. Así que las empresas tendrán que pagar más por los nuevos créditos y por los que ya tienen. El saldo “vivo” del crédito de la banca a las empresas es de 561.373 millones de euros y dos tercios de esa deuda está referenciada a tipo variable, los que más van a notar la subida de los tipos y el Euribor. Y estos mayores costes financieros les llegan a las empresas cuando aún están pendientes de pagar los créditos ICO solicitados para afrontar la pandemia (lo peor lo tienen las pymes, que están pendientes de devolver 130.000 millones de estos créditos).

Junto a las familias y las empresas, el Estado (el Presupuesto, todos) también sufrirá la subida de tipos hecha y por hacer. Primero, porque se han encarecido (y se encarecerán más) los intereses que hay que pagar por la deuda pública: si en enero de 2022, España colocaba sus bonos a 10 años pagando un 0,60% de interés, en junio ya pagábamos el 2,779% y ayer 7 de septiembre había que pagar a los inversores el 2,709% (una “prima” de riesgo o plus de 1,14% frente al bono alemán, que se colocaba pagando el 1,5640%). Este encarecimiento de la deuda, por la subida de tipos, irá a más y aumentará la factura de intereses del Presupuesto 2022 y 2023, después de pagar 31.675 millones en 2021 (la segunda mayor partida de gasto público, tras las pensiones). El problema es que esta mayor factura en pagar los intereses de la deuda pública podría ser de 12.000 millones extras entre 2022 y 2025, según la AIReF, lo que significa que la subida de tipos puede comerse en tres años el presupuesto anual de sanidad, educación y cultura juntos.

Así que la subida de tipos y de los intereses de la deuda complica aún más las cuentas públicas, restando recursos para otros gastos y ayudas (después de que las medidas contra la inflación hayan supuesto ya un gasto público extra de 30.000 millones de euros). Y todo será medianamente asumible mientras no estalle otra crisis de la deuda en Europa, como en 2010-2012. El BCE ha asegurado que no va a permitir que los mercados “especulen” contra la deuda de Italia, Grecia, España y Portugal, encareciéndola aún más, para lo que aprobó en julio un “mecanismo anti fragmentación”, que permite la compra extraordinaria de deuda de los países que sean injustificadamente “atacados” por los mercados. Hasta ahora ha funcionado, pero veremos si es efectivo tras las elecciones en Italia, el 25 de septiembre, cuando existe el riesgo de que “vuelva el baile” contra la deuda de los países del sur.

En definitiva, que la receta de subir tipos contra la inflación tendrá un alto coste para familias, empresas y las cuentas públicas de los países. Y hay un coste más: la depreciación del euro. Al tener EEUU un tipo de interés más alto que Europa y reforzarse el dólar como “moneda refugio” de esta crisis (como en todas), el euro lleva meses perdiendo valor frente al dólar y ayer cotizaba a 0,9904 euros por dólar, el precio más bajo desde que existe la moneda europea (llegó a cotizar a 1,2324 euros en junio de 2021) y una caída del -12,7%   desde la invasión de Ucrania (cotizaba el 23-F a 1,1344 euros por dólar). Eso significa que la caída del euro encarece un +12,7% todos los productos importados que Europa y España pagamos en dólares (la mitad de lo que importamos). Así que otra consecuencia de la subida de tipos es que cae el euro y eso “alimenta más la inflación”, al tener que pagar más euros por el gas, el petróleo, los carburantes, alimentos y materias primas que compramos en dólares...

Como vemos, la medicina de subir tipos tiene muchas contraindicaciones, un alto coste, sin que tengamos garantías de que baja la inflación (muy poco en USA y nada en Europa). A pesar de eso, los responsables de los bancos centrales, reunidos en agosto en USA, abogaron por más subidas, por “más ricino”, aun reconociendo que “la guerra contra la inflación puede ser algo doloroso para las familias y empresas” (Jerome Powell, presidente Reserva Federal USA). En el BCE, hay hoy un debate entre “halcones” (Alemania, Holanda, Austria, bálticos) y “palomas “ (Francia, España) para ver si suben más (0,75%) o menos (0,50%) los tipos y cuanto más hay que subirlos los próximos meses, dado el riesgo de que la medida recorte el crecimiento y provoque una recesión en Europa.

Además, lo que está claro es que el coste de la subida de tipos, aunque “doloroso” para todos, es mayor para las familias y empresas más vulnerables: afecta más a las familias con menos ingresos que están hipotecadas y a las pymes en peor situación tras la pandemia, así como a los países más endeudados (Grecia, 189% deuda/PIB, Italia (152,6% deuda, Portugal, 127% deuda y España, 117,7% deuda). Así que “el ricino de los tipos” no afecta por igual a todos. De hecho, el propio Banco de España considera que “afectará más a las familias más vulnerables”, porque pagar ahora la hipoteca les supondrá más del 36% de sus ingresos (ya recortados por la subida de la energía y los alimentos, que se llevan una mayor porción de sus gastos que en las familias más ricas).

En resumen, que la receta de subir los tipos en plena crisis de inflación puede ser ineficaz y es muy costosa para muchas familias, empresas y países vulnerables, entre ellos España. Así que habría que aplicar la medicina con mucho cuidado, para no agravar más la salud de los más afectados por la disparada inflación. Y convendría buscar otras recetas. Empezando por una estrategia energética internacional, que busque ahorrar en el consumo de energías fósiles contaminantes (petróleo y gas) y racionalizar la oferta, con acuerdos con los países productores y medidas de defensa contra los precios disparados (como la decisión del G-7 y la Comisión Europea de poner un tope al precio del petróleo y gas). También hay que reestructurar los mercados de alimentos y materias primas, con acuerdos internacionales y stocks de seguridad, que eviten altibajos de precios y hambrunas). Hay que recomponer las cadenas de suministros, racionalizando el tráfico marítimo, y diversificando la producción de componentes, para que Occidente no dependa tanto de Asia. Y hay que conseguir una política racional de producción de bienes y servicios, para evitar la falta de productos, inversiones y plantillas (mal pagadas) en medio mundo. Hay que “redefinir” el capitalismo, tras la pandemia y la inflación. Medidas a medio plazo, pero más eficaces que el atajo de subir tipos.

Viene un otoño incierto y complicado

Hemos vuelto a la rutina diaria, tras el costoso espejismo veraniego. Y sigue la guerra en Ucrania, con sus duras consecuencias sobre todas las economías: subidas de precios, recortes de gas y amenazas de recesión en Europa. Y encima, la subida de tipos empeora la situación de familias y empresas. Ahora tendremos que recortar el consumo de energía, para evitar cortes de suministro. Un otoño e invierno preocupantes, aunque no debemos ser catastrofistas: ningún organismo internacional prevé una recesión este año en Europa y vaticinan que España crecerá un 4% (la UE, un +2,7%). Eso sí, quedan meses difíciles, con precios altos (10,4% agosto), que crecen cuatro veces más que sueldos y pensiones, mientras muchas empresas aprovechan para subir márgenes y beneficios. Es el coste económico de una guerra que ha supuesto ya  a España 30.000 millones de ayudas públicas para paliar sus efectos, con subvenciones y bajadas de impuestos. Pero Putin no puede ganar este pulso: hay que aguantar el tirón y repartir los sacrificios. 

Enrique Ortega

Ya son más de 6 meses de guerra en Ucrania y la economía mundial se resiente cada día más, como consecuencia de una inflación desconocida en 40 años, en EEUU (+8,5% anual en julio), en la zona euro (+9,1% en agosto, un récord histórico) y en España (+10,4% en agosto, dos décimas menos que en julio, la mayor inflación desde 1985). Y estos precios disparados, por la subida imparable de la energía (petróleo, carburantes y electricidad), los alimentos y la mayoría de productos (la inflación “de fondo” en España, sin energía ni alimentos, sube ya un +6,4% anual) se come los ingresos de las familias, recortando su consumo y el crecimiento, no sólo en Europa (+0,6% crece la UE-27 este año y +0,65% España) sino en todo el mundo: los 38 paises de la OCDE han crecido un +0.3% en el primer semestre, frente al +5,5% que crecieron en todo 2021.

En agosto, la inflación ha subido en Europa (+0,2%, al 9,1%) pero ha bajado algo en España (-0,4%, hasta el +10,4%), gracias a las ligeras bajadas de los carburantes, que han vuelto a subir en la última semana: 1,794 euros por litro costaba la gasolina y 1,882 euros el gasoil, todavía mucho más que antes de la invasión de Ucrania (+20,3 céntimos/litro la gasolina y +40,3 céntimos el gasoil). Con todo, los carburantes no son los mayores culpables de la alta inflación anual (han subido en el último año un +35% el gasóleo y un +23,9% la gasolina) sino la electricidad, que sube un +49,8% anual (hasta julio, según el INE), seguida de los hoteles (+33,8% de subida anual), el gas natural (+23,8% anual), los vuelos internacionales (+21,6%), los paquetes turísticos internacionales (+20,9%) y nacionales (+13,5%), los alimentos (+13,5% de subida anual) y los restaurantes (+5,7%), según el INE.

La electricidad ha alcanzado en agosto el mayor precio de la historia, con un precio medio en el mercado mayorista de 307 euros/KWh, el triple que un año antes (105,9 euros en agosto 2021) y el precio más elevado de este año, que empezó con 136 euros y alcanzó un récord el 9 de marzo (544,52 euros), tras la invasión de Ucrania, cerrando agosto con un precio de 476,39 euros/MWh. Y estaríamos pagando un 20% más por la luz en origen si España y Portugal no disfrutarán de “la excepción ibérica” del gas: un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad. De hecho, el precio de la electricidad en origen en España (476,39 euros/MWh el 31 de agosto) es las tres cuartas partes del precio en Francia (651,77 euros/MWh), Italia (612,36 euros) o Alemania (604,49 euros). Y eso a pesar de que los consumidores con tarifa regulada tienen que pagar una fuerte compensación a las eléctricas para resarcirles del tope al gas (el 31 de agosto, de los 476,39 euros del precio mayorista de la luz, 289 euros/MWh son por la compensación).

Como balance, el Gobierno estima que los consumidores nos hemos ahorrado 1.383 millones de euros desde el 15 de junio a finales de agosto por la “excepción ibérica”, que ahora reclaman también Alemania, Italia y muchos paises europeos, mientras la Comisión Europea, que estaba en contra de intervenir en el mercado, va a estudiar ampliar la excepción a toda Europa, a la vista de que los precios futuros de la electricidad se disparan (por encima de los 1.000 euros para el invierno), debido al corte de gas ruso a Europa. Eso sí, a pesar del ahorro de la “excepción ibérica”, los consumidores españoles pagaremos en agosto la mayor factura de la luz de la historia: 158 euros de recibo medio, según Facua, 16 euros más que en julio y un 70% más que hace un año (93,10 euros en agosto 2021).

Junto a la luz y los carburantes, el tercer culpable de la inflación (con el turismo y la hostelería) son los alimentos, que han vuelto a subir en agosto, un +13,5% anual. Y lo preocupante es que suben todos, pero hay 15 alimentos básicos que suben más del 10% anual, en especial algunos aceites (+83,2%), las pastas (+31,6%), la leche (+23,1%), los huevos (+22,5%), el aceite de oliva (+16,9%), el pollo (+16,3%), el yogur (+16,2%), las frutas frescas (+15,1%), la carne de vaca (+14,5%), el pan (+14,7), el queso (+13,1%) o las patatas (+12%), según el INE (IPC julio).

Estas subidas de los alimentos están relacionadas con la subida de la energía, las materias primas (cereales y aceites), fertilizantes y piensos, pero hay un gran salto entre lo que reciben los agricultores y ganaderos por sus productos (que aseguran haber subido poco) y los que pagamos en el supermercado, quejándose el campo de que las subidas se quedan por el camino, entre distribuidores, industrias, mayoristas y tiendas. El hecho es que los productos agrícolas multiplican por 4,29 sus precios del campo al súper y los ganaderos por 2,82,  según el último IPOD publicado por COAG. Veamos algunos ejemplos. Un ajo se paga al agricultor a 0,70 euros kilo y lo pagamos a 5,90 euros (+743%), la patata pasa de 0,20 a 1,51 euros (+394%), los tomates de 0,68 a 2,63 euros (+247%), la ciruela de 0,72 a 3,56 euros (+394%),el melón de o,21 a 1,27 euros (+505%), la sandía de 0,33 a 1,21euros (+267%), la ternera de 4,95 a 18,91 euros kilo (+261%), el pollo de 1,39 a 3,25 euros (+134%), el cerdo de 1,71 a 6,22 euros (+264%) y la leche de 0,40 a 0.83 euros litro (+108%).

Esta fuerte subida de márgenes en la alimentación, aprovechando la inflación generalizada, se da también en casi todos los sectores de la economía, como demuestra que la inflación de fondo (sin energía ni alimentos) haya vuelto a subir en agosto, al +6,4% anual. Eso significa que millones de empresas están aprovechando la guerra y la inflación para recomponer márgenes tras la pandemia y subir precios. Y por eso, no puede decirse que la subida de la inflación se deba a los salarios, que sólo han subido un +2,56% hasta finales de julio (y la mayoría de convenios nada, porque están sin negociar). El 83,4% de la subida de precios se debe al aumento de los márgenes empresariales, según un informe de CCOO. Y el propio Banco de España informa que las empresas españolas, a pesar de la inflación, han aumentado sus ventas (+45,3%) y sus beneficios (+62%) en el primer trimestre, aunque les suban muchos costes. Y de hecho las 35 grandes empresas del IBEX 35 han aumentado sus beneficios un +7,4% en el primer semestre de 2022, gracias en parte a subir precios.

Ahora, pasado el verano, se espera que la inflación pueda ceder algo, desde el 10,4% de agosto a una franja entre el 8 y el 9% de media a finales de año. Pero hay muchas incertidumbres en el horizonte, que podrían relanzar la inflación este otoño e invierno. La primera y fundamental, que se siga disparando el precio del gas, si Putin corta totalmente su suministro a Europa. Y más con el frío. El petróleo y los carburantes seguirán caros, por la mayor demanda en invierno y la escasez de refino en Europa. La luz seguirá muy cara, aunque podría mitigar su precio si toda Europa cambia el sistema de precios. Y los alimentos apenas bajarán: aunque habrá menos demanda de turistas, sufriremos los problemas derivados de la enorme sequía y las inclemencias meteorológicas, sobre todo en frutas, verduras, carnes y leche.

Con una alta inflación, las familias sufrirán un fuerte “mordisco” en sus ingresos, que les llevará a recortar su consumo, a gastar menos en lo que queda de año, tras la vorágine del verano. Y la puntilla será la subida de tipos en Europa, la hecha en julio (+0,50%) y la esperada para este jueves (entre +0,50% y +0,75%). La decisión y el anuncio de futuras subidas, para frenar la inflación, ya ha provocado una drástica subida del Euribor, el tipo de interés al que se prestan los bancos europeos entre sí: cerró el año 2021 con un tipo negativo del -0,502% y en agosto alcanzó un tipo medio positivo del +1,224%. Eso se va a traducir en una subida para los 4,1 millones de españoles que están pagando una hipoteca a tipo variable. De momento, con el Euribor en el 1,224%, la próxima revisión de una hipoteca tipo (150.000 euros a 25 años) supondrá pagar 120 euros más al mes de cuota (+1.400 al año). Una fuerte subida, que se une a las de la energía, los alimentos y casi todo, frenando aún más el consumo y las ventas. Y esta subida, un “ricino” de ortodoxia económica poco útil para bajar el gas, la luz o los alimentos, dañará también a las empresas, que verán encarecer sus préstamos. Y al Estado, que pagará 12.000 millones más de intereses por la deuda pública.

Con este complicado panorama, algunos políticos (PP y Vox) se agarran al “catastrofismo”, augurando otra grave crisis como la de 2008 (como “atajo” a la Moncloa). Pero hay que ser objetivo: ningún organismo internacional (ni ningún experto “serio”) cree que España vaya a entrar en una nueva recesión, ni este año ni en 2023. Todos prevén que creceremos, aunque menos que en 2021 (+5,1%): la Comisión Europea apuesta por un +4%, como el FMI, mientras la OCDE habla del +4,1%. Eso si el panorama internacional no se enturbia más y si Alemania, la locomotora europea, no entra en recesión a final de año, por los costes del gas. Y si la subida de tipos, en EEUU, Europa y todo el mundo, no agrava el parón y acaba provocando una recesión (que ya sufre USA, aunque no en su empleo).

Con todo, será un final de año muy difícil, sobre todo para Europa, que tiene que superar un invierno con restricciones de energía en Centroeuropa y menos problemas en España, aunque todos tendremos que ahorrar energía para evitar problemas de suministro. Y habrá que seguir con las ayudas a los carburantes, la luz, los transportes y los bonos al transporte público, medidas a las que se sumará el 1 de octubre la bajada del IVA al gas (del 21 al 5%), para rebajar la factura de las calefacciones (entre 8 y 10 euros al mes). Pero el Estado no es “un pozo sin fondo” y el Gobierno se ha gastado ya 30.000 millones de euros en ayudas públicas para paliar el coste de la guerra de Ucrania. Y harán falta otras nuevas si el conflicto se enquista y Putin utiliza hasta el final la energía como arma de guerra.

Pero la guerra de Ucrania también puede ser una oportunidad para Europa, para acelerar su independencia energética y su lucha contra el Cambio Climático, al igual que la pandemia aceleró la digitalización de hogares y empresas, reforzando la unión de los europeos ante la adversidad. Urge que Europa avance en la reforma del mercado eléctrico, en la aprobación del gasoducto Midcat de España con centro Europa (para enviar ahora gas y luego “hidrógeno verde”) y en acelerar las energías renovables, lo que beneficiará mucho a España, que ha pagado un alto precio por ser “una isla energética”.

A nivel español, la crisis derivada de la guerra de Ucrania debería ser una oportunidad para aglutinar esfuerzos, para intentar un gran acuerdo que redujera y repartiera los costes del conflicto. Por un lado, todavía es hora de que sindicatos y patronal se sienten a negociar un pacto de rentas, para subir algo más los salarios (sin provocar más inflación), imprescindible para que no se desplome el consumo y el crecimiento, y frenar los márgenes empresariales y los beneficios de algunos sectores, a costa del bolsillo de la mayoría. Y por si no se alcanza este acuerdo, el Gobierno debería multiplicar la vigilancia de los precios, con la Comisión de la Competencia (CNMC), para que no haya sectores y empresas que se aprovechen.

Y en paralelo, es urgente acelerar la inversión de los Fondos europeos, para reanimar la economía. Es un empujón clave para evitar otra crisis, máxime cuando ya están en marcha 28.000 proyectos, que darán trabajo a 19.000 empresas y 5.000 Ayuntamientos, un “oxígeno” necesario para compensar los efectos de la guerra. Y en la misma línea, serán claves los Presupuestos 2023, que deben servir para reanimar la economía el año que viene, donde la actividad y el empleo se presentan peor que este año, con una previsión de crecimiento del 1,5% para Europa y el 2,1% para España, según la Comisión Europea. Todo apunta a que 2023 será peor que 2022, si sigue la guerra, y hay que prepararse desde ya.

En resumen, que nos esperan unos meses complicados y con mucha incertidumbre, donde nuestras vidas van a estar pendientes de la guerra de Ucrania, de lo que haga Putin, de las medidas que tome Europa y de lo que hagan el Gobierno y la oposición en España. Pero mientras siga el conflicto, vamos a sufrir sus consecuencias. Es el coste de que Putin no gane su pulso. La respuesta europea exige sacrificios. Lo que debemos exigir es que se aprueban las mayores ayudas “posibles”, para repartir el coste de la crisis y que no salgan perdiendo los de siempre, mientras una minoría multiplica sus beneficios. Es la otra guerra.