Medicamentos: Europa busca autoabastecerse

El 1 de enero bajaron algunos medicamentos, pero sólo unos céntimos para los usuarios, aunque supone otro recorte (el nº 14), de 226 millones, a las farmacias (que en 2021 facturaron un 2,9% menos, aunque dispensaron más recetas) y a los laboratorios, lo que fomenta que dejen de fabricar algunas medicinas o las desvíen a paises donde son más caras, provocando desabastecimiento de medicamentos (508 hoy). El desabastecimiento también preocupa en Europa, donde la pandemia ha revelado la gran dependencia de Asia: entre el 60 y 80% de los principios activos de los medicamentos se importan de China e India. Para ser menos vulnerables, el Parlamento europeo ha aprobado una Estrategia Farmacéutica UE, para fomentar una industria independiente, que fabrique más medicamentos innovadores y más baratos, con compras centralizadas (como con las vacunas). Y España ha aprobado un PERTE de Sanidad para aprovechar los Fondos UE en producir medicamentos avanzados asequibles. Objetivo: promover medicamentos “made in Europa” y estar más preparados ante la próxima pandemia.

Enrique Ortega

La subida del gasto farmacéutico, año tras año, es un problema muy serio en España y en el resto de Europa, por tres motivos: cada vez hay más mayores (de 7,9 millones mayores de 65 años en 2010 hemos pasado a 9,38 millones en 2021), que necesitan más medicinas, crecen los pacientes con enfermedades crónicas y los nuevos medicamentos, en especial los tratamientos hospitalarios, son más caros. Además, la falta de medios en la atención primaria fomenta que los médicos (sin tiempo) receten más, además de existir un abuso en la utilización de antibióticos (+40% con la pandemia) y en la automedicación.

En España, el gasto farmacéutico se disparó entre 2.000 (6.585 millones en recetas) y 2005 (10.052 millones), alcanzando un récord en 2009, con casi 1.000 millones de recetas, 12.506 millones de gasto sólo en farmacias más otros 4.000 millones en hospitales. A partir de 2010, se recortaron los precios de algunos medicamentos año tras año, pero sin mucho impacto (11.135 millones de gasto en farmacias en 2011). En 2012, Rajoy impuso un copago farmacéutico (por el que la mayoría de los pacientes pagan un 50% de la receta y un 10% los jubilados), que redujo el gasto drásticamente en 2012 (9.360 millones) y 2013 (9.183 millones). Pero el gasto volvió a subir en 2014 (9.360 millones) y así año tras año, hasta 2020, donde batió otro récord por la pandemia: 11.077 millones de gasto en las farmacias y 7.877 en los hospitales (casi el doble que en 2009). Y a la vista de los últimos datos publicados, en 2021 habrá vuelto a subir el gasto farmacéutico, rozando los 20.000 millones (11.700 millones de gasto en farmacias y 8.000 millones en los hospitales).

Los distintos Gobiernos llevan desde 2010 intentando contener el gasto farmacéutico por dos vías. Una, poco conocida, es la revisión constante a la baja por Sanidad de los precios de los medicamentos, que se retroalimenta por una guerra de precios entre laboratorios, para poder colocar sus medicamentos de marca frente a los genéricos (40% ventas). La otra vía es rebajar cada año, desde 2010, (en 2019 hubo dos rebajas), los precios de referencia de algunos medicamentos: el precio máximo que paga el SNS (las autonomías) por un medicamento con receta (si el fármaco recetado tiene un precio superior, el farmacéutico está obligado a suministrar al paciente un medicamento más barato, preferentemente “genérico”, con patente caducada”). El definitiva, las dos vías de ahorro buscan lo mismo: pagar menos cada año por una parte de los fármacos que se recetan.

Este año 2022, la rebaja de los precios de referencia (que entró en vigor el 1 de enero) supone una bajada de precios para 1.292 medicamentos (de las 33.000 presentaciones que se dispensan). La rebaja supone un ahorro  para las autonomías (que son quien pagan el gasto farmacéutico) de 234,13 millones (en 2021, la rebaja fue de 170 millones), 169,41 millones en medicamentos de uso hospitalario y 64.72 millones en las ventas en farmacias. Esta rebaja afecta poco a los ciudadanos, que se ahorrarán este año 7,42 millones, según Sanidad.

Pero a la hora de pagar en la farmacia, apenas lo notarán, porque la rebaja es de unos céntimos. Vea algunos ejemplos (listado nuevos precios aquí): Crestor, para el colesterol baja de 9,96 a 9,87 PVP, Clexane, una heparina de 10 jeringuillas baja de 44.23 a 40,62 euros, Escitalopram, para la depresión, baja de 8,76 a 8,74 euros, Monurol, para la infección urinaria, baja de 2,81 a 2,50, Tebarat, un colirio con 30 monodosis, baja de 7,45 a 7,40 y Zyntabac, un fármaco para dejar de fumar, baja de 16,25 a 13 euros. Y recuerde: son PVP, el paciente paga realmente el 50% del precio y los jubilados el 10%, con lo que la rebaja es menor.

Las que sí van a notar esta rebaja, la nº 14 desde 2010, son las farmacias, a las que el decreto de nuevos precios de referencia recorta 57,3 millones de ingresos este año, lo que va a afectar muy seriamente a sus cuentas, después de un mal año 2021, donde han dispensado más recetas pero han facturado un 2,9% menos, según los datos de la consultora IQvia hasta noviembre. Y el recorte afectará sobre todo al 50% de las 22.164 farmacias, las más pequeñas, que facturan menos de 590.000 euros anuales y que tienen un margen neto del 9,53%, según Asefarma: un beneficio neto medio de 48.294 euros antes de impuestos, unos 28.000 euros netos, que en el caso de las farmacias que facturan menos de 300.000 euros (3.000 farmacias, con un margen del 9,30%) las pone a un paso del cierre (de hecho, hay 852 farmacias, la mayoría rurales, en situación de “viabilidad económica comprometida”).

Así que ahora, con otro recorte más, muchas farmacias pequeñas empeorarán sus ya ajustadas cuentas, provocando cierres y  ajustes de plantillas, cuando son el punto de ayuda sanitaria más cercano, como se ha visto claramente en estos dos años de pandemia. Es una de las consecuencias de tener medicamentos que valen menos que un café: el 50% de los medicamentos con receta cuestan ya menos de 3,5 euros, según Farmaindustria, y nosotros pagamos por ellos entre 35 céntimos (jubilados) y 1,70 euros (la mayoría).

La otra consecuencia de pagar muchos medicamentos al precio de un café es que afecta a su fabricación y comercialización por los laboratorios: los precios de muchos fármacos son tan bajos que no compensa venderlos en España (interesa “desviarlos” a otros paises donde tienen precios más altos) o que no les compensa ya fabricarlos a los laboratorios. Ambos motivos provocan lo mismo: el desabastecimiento de algunos fármacos, que también se produce por otros motivos (como una subida no esperada de la demanda o problemas en la cadena de suministro, en el retraso de la llegada de principios activos de Asia). El caso es que los desabastecimientos de medicamentos se han más que duplicado en España: pasaron de 700 casos en 2015 a 1.650 en 2019 y 1.518 en 2020, según los datos de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS), cuya web informa cada día de los medicamentos con problemas de suministros (hoy, 508 en falta).

España es el país con los medicamentos más baratos de Europa, tras Eslovaquia, Portugal, Estonia y Letonia: se pagan un 15% por debajo de la media de la eurozona, según los datos de la consultora IMS Health. Y un medicamento cuesta de media en España un 33% menos que en Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Bélgica o Irlanda, y un 16% menos que en Francia o Italia. Eso fomenta la exportación de medicamentos fuera de España, que se ha multiplicado por 22 entre 1955 (562 millones exportados) y 2020 (12.558 millones), disparándose en 2021 (13.779 millones exportados hasta octubre), según Comercio. La patronal de farmacias FEFE lleva años alertando que incluir en la rebaja de precios a medicamentos derivados de la penicilina (considerados esenciales por la OMS) “puede acarrear consecuencias como el desabastecimiento, por la falta de rentabilidad de estos fármacos”. De hecho, la propia Orden de Sanidad establece algunas cautelas a la bajada de precios para evitar desabastecimientos, como mantener un precio mínimo de 1,60 euros, la no revisión en el caso de medicamentos esenciales y un precio de referencia “ponderado” para medicamentos de enfermedades graves o con precios recientemente revisados.

Otra consecuencia de los recortes continuados en los precios de muchos medicamentos es que se afecta a las inversiones de los laboratorios, españoles y sobre todo extranjeros, que pueden trasladar producciones a paises con precios más altos. Y eso puede retraer la investigación en nuevos fármacos en España. De hecho, sólo 2 de cada 10 medicamentos autorizados en España son considerados innovadores. Y llevamos 18 años sin nuevos fármacos contra el Alzheimer, 20 años sin nuevos antibióticos y 30 años sin ansiolíticos innovadores, según han denunciado los farmacéuticos de Orense. Y además del problema de los recortes de precios, hay un grave problema de retrasos en la aprobación de nuevos fármacos: sólo el 52% de los nuevos medicamentos autorizados en Europa se autorizan en España (frente al 80% en otros paises), por dos motivos, según los expertos: desinterés de una parte de la industria en lanzar nuevos fármacos en España y retraso en el proceso de aprobación por la Agencia Española del Medicamento (hasta 15 meses), por falta de personal que haga los informes y la compleja negociación para fijar el precio (los laboratorios "se suben a la parra").

Al final, apostar toda la rebaja en la factura farmacéutica a bajar el precio de los medicamentos, año tras año, apenas ayuda a los pacientes, deteriora seriamente las cuentas de muchas farmacias y penaliza a las farmacéuticas, lo que favorece el desabastecimiento de algunos fármacos y retrasa la llegada de medicamentos innovadores (sólo se aprueban, por ejemplo, el 56% de los anti cancerígenos que ha aprobado la Agencia europea del medicamento, y con más de 1 año de retraso). Habría que buscar otras vías de ahorro, desde la política de compras (cada autonomía va a su aire) hasta la racionalización del consumo (recetando menos) y campañas contra la automedicación. Y ayudar a farmacias y laboratorios, dos elementos claves para la política sanitaria.

La pandemia ha trastocado toda la política sanitaria en Europa y también ha desvelado nuestra vulnerabilidad en materia farmacéutica, reflejada en la falta de mascarillas, equipos de protección individual, respiradores o test, que se han  sumado al previo desabastecimiento de medicamentos: un grave problema antes de la pandemia, al haberse multiplicado por 20 en este siglo. Y sobre todo, la pandemia ha dejado al descubierto la tremenda dependencia de la industria farmacéutica europea de Asia, en dos sentidos. Por un lado, muchas empresas farmacéuticas “deslocalizaron” su producción, provocando que el 40% de los medicamentos comercializados en la UE proceden de paises terceros. Y el 60% restante, que sí se fabrican en Europa, dependen de materias primas farmacéuticas que se producen fuera de la UE: entre el 60 y el 80% de los principios activos que son la base de los medicamentos europeos se importan de terceros paises, sobre todo de China e India.

La pandemia y el embudo en los transportes marítimos han revelado con claridad la vulnerabilidad de la industria farmacéutica europea, que es la mayor exportadora mundial de medicamentos. Ya en julio de 2020, el Parlamento  lanzó una alerta, pidiendo a la Comisión que se aprobara una Estrategia Farmacéutica Europea, con 2 objetivos: mejorar la autonomía y la competitividad de la industria farmacéutica y mejorar el acceso a más medicamentos innovadores y asequibles para los europeos. El 25 de noviembre de 2020, la Comisión aprobó esa Estrategia, asentada sobre 4 pilares. Uno, garantizar que los pacientes accedan a medicamentos asequibles y atender necesidades no satisfechas, como enfermedades raras, cáncer infantil y lucha contra resistencia antimicrobiana. Dos, fomentar la competitividad, innovación y sostenibilidad de la industria europea, asegurando el autoabastecimiento. Tres, mejorar y diversificar  las cadenas de suministro, para subsanar la escasez de medicamentos y productos médicos. Y cuatro, liderar en el mundo la innovación sanitaria y farmacéutica, con medicamentos “made in Europe”.

Durante un año, las autoridades europeas, los paises y la industria farmacéutica han estado perfilando esta Estrategia Farmacéutica para Europa, que el Parlamento Europeo aprobó el pasado 24 de noviembre, por amplia mayoría, con dos novedades importantes. Una, que las ayudas públicas a la investigación farmacéutica se tendrán que reflejar en el precio final (menor) de los nuevos medicamentos. Y la otra, que se potenciarán las compras públicas de medicamentos a nivel europeo (como se ha hecho con las vacunas), para bajar los precios de los nuevos tratamientos (algunos carísimos) y rebajar la factura farmacéutica de los paises.

Con la aprobación de la Estrategia Farmacéutica Europea, las multinacionales ya se han empezado a mover, para posicionarse en la carrera por los futuros medicamentos “made in Europe”, fabricados totalmente en la UE. Así, la francesa Sanofi ha anunciado la producción de 200 tipos de materias primas en 6 paises europeos (no en España), mientras AstraZeneca trasladará su fabricación de principios activos de Asia a Irlanda. En esta “movida”, que se asemeja a la del automóvil, España tendrá que convencer (y ayudar) a los laboratorios (españoles y extranjeros) para atraer inversiones y nuevas plantas, a asentar nuestro país como un lugar clave para fabricar los medicamentos europeos del futuro.

Ese es uno de los objetivos del PERTE de Salud de Vanguardia, un proyecto aprobado por el Gobierno el 30 de noviembre pasado para movilizar y financiar la fabricación de medicamentos y terapias innovadoras, destinando 982 millones de fondos europeos entre 2022 y 2023 (y atrayendo otros 487 millones privados). El PERTE aprobado tiene 4 objetivos, dos ligados a la sanidad (un sistema público de salud más digitalizado y potenciar la atención primaria digital) y los otros dos destinados a potenciar terapias avanzadas en el tratamiento de enfermedades (en especial la diabetes, las enfermedades degenerativas y el ELA) y el desarrollo de fármacos innovadores, en colaboración con la industria farmacéutica, los investigadores y los grandes hospitales, buscando que España siga siendo un país atractivo para los ensayos clínicos de nuevos medicamentos (hoy es líder en Europa y 4ª del mundo).

En resumen, el gran objetivo es conseguir que, en una década, Europa sea autosuficiente en la provisión de medicamentos y líder mundial en nuevos fármacos y terapias. Y que los ciudadanos tengamos una mejor atención sanitaria y farmacéutica, a precios asequibles, que ralenticen la factura farmacéutica de los paises. Y consolidar una potente industria europea, sanitaria y farmacéutica, que cree riqueza y empleo y permita afrontar mejor la próxima pandemia. España no puede perder este tren europeo. Por nuestra salud y economía.

Mayores 55 años: más empleo y más paro

A finales de 2021, España tenía ya más trabajadores afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia. Hay un dato sorprendente: tres cuartas partes de los nuevos afiliados son mayores de 55 años, cuyo empleo ha aumentado en sanidad, educación, cuidados, limpieza, comercio y hostelería. Pero a la vez, los mayores de 50 años han sido los más activos en buscar trabajo durante la pandemia  y son los únicos donde ha crecido el paro, que baja en el resto de edades: hay 1.300.000 mayores sin empleo, casi el 42% del total de parados, la mitad sin trabajo desde hace más de un año. Y sin perspectivas de encontrarlo, porque el 83% de las empresas no contratan a mayores. Así que sólo les queda esperar en el paro a jubilarse, con recortes si se jubilan antes de tiempo. Ahora que crece el empleo, haría falta un Plan de choque para fomentar la formación y contratación de los mayores de 50 años. Una generación relegada.

Enrique Ortega

El año 2021 se despidió con más afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia: 19.842.427 afiliados medios en diciembre, más que en febrero de 2020 (19.479.814 afiliados) y que a finales de 2019 (19.429.494 en diciembre), según los datos oficiales. Lo sorprendente es que la gran mayoría de los nuevos afiliados durante la pandemia fueron mayores de 55 años: los afiliados de esta edad aumentaron en +348.858 personas (entre diciembre de 2019 y noviembre de 2021, el último dato por edades), tres cuartas partes de todos los nuevos afiliados durante la pandemia (+465.182 entre diciembre 2019 y noviembre 2021).Entre 16 y 30 años, los afiliados crecieron sólo en 40.023 personas y entre 45 y 54 años aumentaron en 291.747 afiliados, pero bajaron -215.476 afiliados entre 30 y 44 años, los verdaderos “paganos” de la pandemia en cuanto a pérdida de empleos.

¿Cómo es que creció más la afiliación, el empleo, entre los mayores de 55 años? No hay una explicación oficial, pero podría deberse a que han aumentado las contrataciones de mayores en algunos empleos públicos, como la sanidad, la educación y los cuidados, además de la recuperación de la ocupación en el comercio y la hostelería. Y también que pueden haberse “regularizado” contratos de mayores en la limpieza y las empleadas del hogar (mujeres). Otra explicación puede estar en que han aumentado mucho los autónomos mayores de 55 años, que ya vienen creciendo más que los más jóvenes desde 2008. El hecho cierto es que hay 3 de cada 4 nuevos afiliados son mayores de 55 años.

Los datos de la EPA, la Encuesta del INE que refleja quien trabaja, confirman también estos datos de la SS. La última EPA publicada, del tercer trimestre de 2021, ya indicaba lo mismo: el empleo en España había recuperado con creces las cifras de antes de la pandemia: había 20.031.000 personas trabajando (189.000 más que los afiliados en diciembre, porque incluye a los que trabajan en la economía sumergida, sin estar dados de alta en la SS), frente a 19.966.900 empleados a finales de 2019. Y al dar los datos por edades, se vuelve a confirmar el mismo hecho que con la afiliación: donde más ha crecido el empleo durante la pandemia ha sido entre los mayores de 55 años. Concretamente, había 272.800 mayores más trabajando (septiembre 2021 sobre diciembre 2019), cuando el empleo total sólo mejoró en +64.100 personas. Y eso fue porque bajó el empleo entre los 25 y los 44 años (-437.700), “los “paganos” de la pandemia, y sólo creció entre 16 y 24 años (+104.500) y entre los 45 y los 54 años (+124.100), pero menos que entre los más mayores. Y otro dato: el empleo creció más entre los hombres mayores (+148.700) que entre las mujeres (+124.100).

Junto a esta buena noticia para los más mayores (se han llevado la mayoría del empleo recuperado durante la pandemia), hay otro dato muy malo: son los únicos que han visto aumentar su desempleo con la pandemia. Para el conjunto de trabajadores, el paro registrado (personas apuntadas al desempleo)  era menor a finales de 2021 que en diciembre de 2019: 3.105.905 parados ahora frente a 3.163.605 hace dos años (-57.700 parados). Y el paro bajó en todas las franjas de edad entre 16 y 49 años (más entre 25 y 39 años) pero subió entre los mayores de 50 años: +64.438 parados que antes de la pandemia (la mayoría, +48.811 parados entre los mayores de 59 años), según los últimos datos de Trabajo. Y con ello, casi la mitad de todos los parados (el 41,83%) son mayores de 50 años, un porcentaje mayor que antes de la pandemia (eran el 39,03% del paro total en 2019).

Así que el paro no ha mejorado sino que ha empeorado entre los mayores. Y eso ha pasado no sólo en esta crisis por la pandemia sino también en la anterior crisis financiera de 2008. Y por ello, la tasa de paro de los mayores de 55 años se ha más que duplicado y el número de parados mayores se ha cuadruplicado: ha pasado del 5,82% de paro en 2007 (143.700 parados) al 13,91% en septiembre de 2021 (629.700 parados mayores de 55 años), según la EPA. En paralelo, la tasa de paro global, que era más alta que entre los mayores en 2007 (8,57% de paro) no ha llegado a duplicarse y se asemeja ahora a la de los mayores (14,57%). Y el paro total ha crecido mucho menos (de 1.942,000 a 3.146.700 parados).

Otro problema de los mayores es que están más tiempo en paro que los más jóvenes. Así, en el conjunto de España, algo menos de la mitad de los parados (el 47,95%) llevan más de 1 año sin trabajar, son parados “de larga duración”. Pero entre los parados mayores de 55 años (629.700 en septiembre, según la EPA), dos tercios (el 67,3%) son parados que llevan más de un año sin trabajar (423.800). Y una cuarta parte de ellos, 102.200 mayores de 55 años,  llevan en el paro más de 4 años, según un estudio de Asempleo. Son “irrecuperables”.

¿Cómo se explica que el empleo haya crecido más entre los mayores y sin embargo haya más parados? La razón es que durante la pandemia han aumentado los mayores “activos”, que trabajan o buscan trabajo: más mayores de 50 años que se han lanzado a buscar trabajo para ayudar a sus familias, con menos ingresos y empleo. Los datos son concluyentes: entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021, hubo 288.900 españoles “activos” más, que se habían lanzado a buscar trabajo en plena pandemia. Y ese dato se debe a que hubo 392.000 activos más entre los mayores de 55 años (206.300 mujeres y 185.700 hombres), mientras bajaban los activos entre 25 y 44 años (-402.100) y subían algo entre 16 y 24 años (+165.900) y de 45 a 54 años (+133.200), según la EPA del tercer trimestre de 2021.

Así que ya vemos lo que ha pasado: más mayores buscando empleo, más empleo pero insuficiente para cubrir las demandas y por ello más mayores en paro. En líneas generales, los mayores españoles están peor, laboralmente hablando, que los mayores europeos. Empiezan bien, porque su tasa de actividad (62,5% de 55 a 64 años trabaja o busca trabajo) es similar a la europea (63% en la UE, aunque sube al 74% en Alemania). Pero luego empeoran, porque sólo trabajan el 55,5% de los mayores (55 a 64 años) frente al 60,2% en la UE-27 y el 71,5% en Alemania. Y empeoran aún más con las cifras de paro: la tasa de paro de los mayores (de 55 a 74 años) en España (12,1%) casi triplica la europea (4,8% de los mayores en paro) y cuadruplica la de Alemania (2,9%), según Eurostat.

El problema de fondo de los mayores de 55 años (y el de los mayores de 50 años) es que están relegados en el mercado laboral, lo que los expertos llaman “edadismo”: discriminación por edad a la hora de contratar. Lo sabemos todos, pero lo confirmaba una Encuesta de la Fundación Adecco de 2019, antes de la pandemia: el 83% de los responsables de Recursos Humanos de las empresas admitían que “no habían contratado a nadie con más de 55 años en el último año”. Y el 75% de estos responsables laborales lo justificaban en que los conocimientos de estos mayores “estarían obsoletos”.

Así que a los mayores de 50 años sin trabajo sólo les quedan dos caminos: quedarse en el paro o jubilarse si tienen 63 años y han cotizado lo suficiente. Respecto al paro, ahora lo tienen algo mejor, porque desde marzo de 2019, el Gobierno cambió la normativa de Rajoy y permite a los mayores cobrar un subsidio hasta la jubilación desde los 52 años (antes tenían que esperar a los 55). Pero aún así, tienen que cumplir algunos requisitos, como haber cotizado al desempleo al menos 6 años, que sus ingresos no superen el 75% del salario mínimo (723 euros mensuales) y estar oficialmente inscritos en el desempleo. Y con ello, la Seguridad Social cotiza por él hasta la jubilación (el 125% del mínimo, antes de 2019 cotizaban sólo por el 100%). Y el mayor cobra un desempleo, que ahora son 463 euros al mes, hasta que cumpla los años y requisitos para jubilarse.

La otra opción del mayor de 50 años que ve imposible encontrar trabajo es jubilarse. Pero tendrá que esperar al menos hasta los 63 años, siempre que haya cotizado al menos un mínimo de 37 años y 6 meses (exigencia para 2022), que esté dado de alta en la SS y que haya cotizado un mínimo de 2 años en los últimos 15 años. Además, se le recorta un porcentaje de pensión según lo que anticipe la jubilación y lo que haya cotizado. Hasta ahora, esos coeficientes reductores para los que hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses iban del 3,26 al 21 % por trimestre anticipado (máximo) y del 2,81% al 13% (mínimo). Ahora, con la reforma de las pensiones que entró en vigor el 1 de enero de 2022, se penaliza más la jubilación anticipada (ver cuadro según lo cotizado y la anticipación).

Así que ahora, el mayor de 50 años sin trabajo y sin perspectiva tiene aún más difícil jubilarse antes, mientras el paro que recibe (si lo consigue) le mantiene en la pobreza. Un panorama muy negro para buena parte de la generación nacida entre 1955 y 1970. Y más cuando no se piensa en ellos para los nuevos empleos, como reconocen las empresas. Habría que mejorar su actual situación y ya se ha lanzado una propuesta, de dos Fundaciones: aprobar una Ley de Igualdad Generacional, similar a la Ley para la Igualdad de Género aprobada en 2007, que prohibiera la discriminación por edad (tanto en la contratación como en el sueldo y despido). Y además, plantean modificar algunas disposiciones vigentes del Estatuto de los Trabajadores, que discriminan a los mayores (no pueden acceder al contrato de aprendizaje, lo que dificulta su reciclaje, y se permite a las empresas extinguir sus contratos con el pretexto de “cumplir medidas de mejora del empleo de la empresa”.

Cambiar la normativa y aprobar una Ley contra la discriminación de los mayores puede estar bien, pero su mejoría (como la de las mujeres) no depende sólo de normas sino de que las empresas y la sociedad asimilen que los mayores son unos trabajadores imprescindibles, que aportan experiencia y eficacia a las empresas y la economía. Y eso pasa por un cambio de mentalidad y medidas concretas que apoyen su contratación y conservación en las plantillas. Dado que tenemos 1.299.390 parados mayores de 50 años y que un tercio llevan más de 1 año sin trabajar, urge poner en marcha un Plan de choque por el empleo de los mayores, con incentivos a su contratación (cotizaciones e impuestos) y proyectos de formación y reciclaje profesional que impliquen a las empresas y autonomías.

La recuperación de la economía y los proyectos financiados con Fondos europeos deberían dar prioridad a integrar a los mayores de 50 años en todos los proyectos, no dejarlos atrás como hasta ahora. Contratar a mayores no “tapona” el empleo de los jóvenes, porque hay tareas para todos y la productividad de las empresas mejoraría potenciando la colaboración de trabajadores jóvenes y mayores. Es una asignatura pendiente para el Gobierno, sindicatos y patronal. No podemos relegar a los trabajadores mayores, la generación que impulsó el crecimiento económico de la democracia. Apóyenlos.

Revisión masiva de alquileres

Tenemos una inflación disparada y eso obligará  a revisar millones de alquileres en 2022, tras años de no revisarlos por tener una inflación baja o negativa. La revisión media será de 46 euros al mes (552 al año), más alta para los que hicieron el contrato en el primer semestre y menos para los que lo revisan después del verano. Esta revisión aumentará los precios de los alquileres nuevos, que se espera vuelvan a subir, entre un +3% y un +5%,  tras dos años de ligeras bajadas. Y a finales de año podría entrar en vigor la nueva Ley de Vivienda, que congelará los futuros alquileres en zonas tensionadas, lo que podría reducir la oferta y subir más los alquileres. Antes, este mes de enero, el Gobierno aprobará un decreto-ley para entregar un cheque alquiler de 250 euros mensuales a 66.000 jóvenes con bajos ingresos, lo que aumentará la demanda y también tensionará al alza los alquileres. Así que, otro año más, alquilar será difícil y caro.

Enrique Ortega

Los hogares en alquiler han aumentado mucho en los últimos años, por la crisis y el empleo precario de los jóvenes, a los que resulta casi imposible ser propietarios. De hecho, España es el país europeo donde más ha crecido el alquiler entre 2015 y 2020: un +9,2%, muy por encima de Dinamarca (+2,8%), Alemania (+1,7%) o Francia (+0%), mientras caía en Polonia (-3,10%), Finlandia (-2,75%), Reino Unido o Paises Bajos (-2,7%), según un estudio de Savills Newman. Con ello, España, que era un país de propietarios, se coloca en un puesto medio en el ranking de alquileres en Europa: el 24,9% de la población vive de alquiler (11.800.000 españoles), algo menos que la media de la UE-27 (30,3% de la población son inquilinos), un continente donde las mayores tasas de alquiler se dan en el centro y norte de Europa (49,6% de la población en Alemania, 44,7% en Austria, 40,7% en Dinamarca, 36% en Francia o 35,5% en Suecia) y las menores en los paises del Este (sólo 3,9% de inquilinos en Rumanía, 7,7% en Eslovaquia o un 8,7% en Croacia y Hungría), según Eurostat (datos de 2020).

Por hogares, el 17,3% de las familias españolas (3.244.580 hogares) vivían de alquiler en 2020, según la Encuesta de Hogares 2020 del INE. Son millones de españoles preocupados por su alquiler, que este año tendrán que revisar al alza sus contratos  al haberse disparado la inflación, tras varios años en que no se los han tocado porque la inflación era mínima o incluso negativa (abril a diciembre de 2020). Ahora, la revisión media de los alquileres será de 46 euros al mes (552 euros anuales), según la web Idealista. Una revisión que variará según las ciudades, notando más la revisión los que vivan en ciudades con los alquileres más caros: San Sebastián (la revisión será de 60 euros mensuales y el alquiler medio quedará en 960 euros), Barcelona y Madrid (54 euros de subida y un alquiler medio que subirá a 854 euros) y Bilbao (+52 euros y un nuevo alquiler medio de 832 euros). Y la revisión será menor en los alquileres de Ciudad real (+23 euros y 373 euros de alquiler ahora) o en Ávila, Cuenca, Lugo y Orense (+25 euros y un nuevo alquiler de 400 euros).

La revisión del alquiler ya la habrán notado los que tenían que revisar su alquiler en el cuarto trimestre de 2021 (les habrá subido hasta un +5,5%) y menos los que hayan revisado en el tercer trimestre y en el verano de 2021. Ahora, en 2022, las revisiones más altas serán para los que alquilaron en el primer trimestre del año (entre un +4,8 y un +4,5%) y los que hicieron su contrato en primavera y hasta agosto (revisiones del +3,8% al 2,7%), notándolo menos ahora los que contrataron a partir de septiembre, que ya sufrieron una mayor revisión en 2021. La revisión exacta, según el mes del contrato, se puede calcular en esta web del INE. Eso sí, los propietarios solo podrán actualizar el alquiler con el IPC si está reflejado así en el contrato firmado por el inquilino (en los contratos firmados antes de marzo de 2015, el propietario puede exigir la revisión aunque no figure explícitamente).

Los que todavía no viven de alquiler y buscan arrendar un piso, lo tendrán difícil en 2022, porque sigue habiendo más demanda que oferta, lo que sube precios en las grandes ciudades y obliga a los que buscan a pasar por un proceso de “selección”, un “casting” donde se les mira su nacionalidad, su edad y, sobre todo, su contrato e ingresos. Y otros propietarios imponen “clausulas abusivas”. Ahora, si la economía se recupera, habrá más demanda y  las dificultades para alquilar arreciarán. La previsión de los expertos es que los alquileres suban este año 2021 entre un 3 y un 5% (previsión de la Agencia Negociadora del Alquiler), tras haberse estancado en 2020 (-0,1%) y  haber bajado en 2021 un -4,5% de media, según Idealista, aunque hubo 42 capitales y 12 autonomías donde los alquileres sí subieron en 2021 (la bajada de los alquileres en algunas zonas de Madrid, Cataluña y Euskadi son las que bajaron la media en 2021).

La esperada subida de los alquileres en 2022 se debe a 2 factores. El primero, que aumentará la demanda, al mejorar el empleo de los jóvenes y de algunas familias. Y el segundo factor, que podría retraerse la oferta de pisos en alquiler, por la futura Ley de Vivienda, que permite a los Ayuntamientos congelar los alquileres “en las zonas más tensionadas” (básicamente 109 ciudades de 22 provincias y 10 autonomías). La futura Ley de Vivienda, aprobada en primera lectura en octubre de 2021 y que deberá volver al Consejo de Ministros en enero, no entrará en vigor hasta finales de 2022 y con muchas cautelas (para las empresas y grandes inmobiliarias, la normativa tardará después 18 meses en aplicarse), pero ya está creando recelos entre los propietarios y existe el temor de que muchos decidan no alquilar sus viviendas, vendiéndolas o dejándolas vacías. Y por eso, los expertos creen que podría bajar este año la oferta de alquileres y así subirían otra vez sus precios.

Otra novedad que va a jugar en el mercado de los alquileres serán las ayudas a los jóvenes. El Gobierno ha anunciado que este mes de enero aprobará un Decreto-Ley para implantar el bono joven para el alquiler, un cheque mensual de 250 euros (por 2 años) que se entregará a los jóvenes de 18 a 35 años (con ingresos inferiores a 243.726 euros anuales) para ayudarles a alquilar un piso. La intención es que la ayuda se pueda cobrar con efecto retroactivo desde enero de 2022, aunque tardará en ponerse en marcha porque, tras el Decreto, habrá que transferir los fondos a las autonomías, que son las que tienen que gestionar esta ayuda y donde los jóvenes tendrán que solicitarla.

El Gobierno central ha consignado para esta ayuda 2.000 millones en los Presupuestos de 2022, lo que indica que estima financiar el cheque a 66.666 jóvenes, pero podrían llegar a 100.000 los jóvenes beneficiados si sumamos las ayudas al alquiler consignadas en el Plan estatal de Vivienda 2022-2025. El problema de este bono joven es que la ayuda de 250 euros mensuales sólo se concede cuando el alquiler no supera una cantidad que, salvo cambios de última hora, es muy baja: 600 euros mensuales y 900 euros en algunas ciudades, lo que va a dificultar conseguir esta ayuda para muchos alquileres de Madrid y Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Valencia, Málaga o Sevilla, entre otras ciudades.

Otra novedad que se anuncia con ese Decreto-Ley es la creación de un seguro de impago para ayudar a los jóvenes a alquilar una vivienda. La idea es que el Estado financie una póliza privada que garantizaría al propietario una renta de un año en caso de problemas del inquilino, con un límite máximo para el coste de esa póliza: la aseguradora no puede cobrar de prima más del 5% del alquiler anual que se cubre, 360 euros al año para el alquiler medio con ayudas (600 euros) o 540 euros de prima para un alquiler de 900 euros en grandes capitales. Ahora falta ver que las aseguradoras entren en este mercado y que la operativa sea sencilla y convenza a los propietarios, para animarles a alquilar más.

Este bono para que alquilen los jóvenes y el seguro público de impago son dos buenas noticias, ya que miles de jóvenes tienen problemas hoy para alquilar, o bien porque no tienen trabajo o bien porque tienen contratos precarios y mal pagados. De hecho, los jóvenes menores de 30 años tienen que destinar el 90% de sus ingresos al alquiler (el 100% en Madrid  y por encima del 100% en Cataluña, Baleares y Canarias), según un estudio de Fotocasa e InfoJobs, lo que les lleva a compartir piso o seguir viviendo con sus padres (el 64,5% de los que tienen entre 18 y 34 años, según el Instituto de la Juventud). Pero ojo: estas nuevas ayudas van a aumentar la demanda de alquileres y si no crece la oferta (o incluso se reduce, por temor a la nueva Ley de Vivienda), el resultado será que ayudarán a subir aún más los alquileres en 2022. Incluso habrá propietarios que suban el alquiler pensando que ahora los jóvenes tienen 250 euros más para pagar…

La solución al problema de los escasos y caros alquileres pasa, para la mayoría de los expertos, por aumentar la oferta, no por controles de precios e imposición de cuotas de alquileres en las futuras promociones. Y las ayudas a los jóvenes son “un parche” (necesario) que puede incluso subir los alquileres. Hay que promover más viviendas nuevas y destinar una gran parte al alquiler, porque se estima que harían falta 1 millón más de viviendas en alquiler para cubrir la demanda de jóvenes y nuevas familias. Un objetivo que se podría alcanzar en varios años por 3 vías: más promoción pública de viviendas en alquiler, incentivar la promoción privada de viviendas y fomentar el alquiler de particulares y empresas (bancos) que tienen casas vacías.

El primer camino ha de recorrerlo el Estado, desde la Administración central a las autonomías y Ayuntamientos, promoviendo más viviendas públicas, ya que en los últimos años ha hecho dejación de su responsabilidad: en 2020 se terminaron 9.038 viviendas de promoción pública (y 6.313 de enero a septiembre de 2021), cuando se promovían 63.990 VPO en 2008 (en plena burbuja inmobiliaria) y hasta 114.067 viviendas VPO en 1985 (el 67,2% del total de viviendas). Y por culpa de este retraimiento, nos encontramos con un parque de vivienda social en alquiler de 290.000 viviendas, el 1,6% del total, frente al 10% en Europa, el 34% en Paises Bajos, el 16,7% en Reino Unido, el 14% en Francia  o el 2,7% en Alemania. Y ahora, el objetivo del Gobierno Sánchez es promover (con Fondos europeos) 20.000 VPO en 2022, una cifra todavía insignificante.

Otra vía para aumentar la oferta de viviendas en alquiler es relanzar la promoción privada de viviendas, para venta y alquiler. Aquí, la clave sería negociar con las empresas privadas (constructoras e inmobiliarias) un Plan ambicioso de nuevas construcciones, ofreciéndoles gratis suelo público (lo hay en la mayoría de las ciudades), incentivos fiscales y financiación barata (con avales del ICO) a cambio de que destinen una parte de esas futuras promociones a viviendas en alquiler a precios asequibles. Sin imponerles cuotas, como pretende la nueva Ley de Vivienda (30% de las futuras promociones), que ya han sido rechazadas por el sector: es mejor pactar un acuerdo realista que funcione y sustituya a la situación actual, donde no se hacen promociones privadas de VPO, por los bajos precios y el exceso de burocracia.

La tercera vía es fomentar el alquiler de los particulares (y bancos) que tienen viviendas vacías: hay realmente 1,9 millones de viviendas vacías, según estima un informe de Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra, aunque la última estadística oficial (INE 2011) indicaba 3,4 millones de viviendas vacías (una cifra que los expertos consideran exagerada hoy). Se estima que al menos un tercio de las viviendas vacías (633.000) podrían sacarse al mercado y ponerse en alquiler con 2 medidas sencillas que no se han abordado en la nueva Ley de Vivienda: fuertes incentivos fiscales y las máximas garantías jurídicas, para que sepan que pueden recuperar pronto la vivienda si el inquilino no paga (hoy se quejan de retrasos de meses en los Juzgados). Otra buena medida sería copiar el Programa Bizigune del Gobierno vasco: ha creado una empresa pública que garantiza al propietario el pago del alquiler y la devolución de la vivienda en buen estado al finalizar el contrato, lo que les ha permitido alquilar 6.800 viviendas vacías en Euskadi.

Actuando en estos tres frentes se podrían sumar al mercado del alquiler unas 200.000 nuevas viviendas al año, lo que permitiría cubrir en cinco años el actual déficit de 1 millón de alquileres. Eso sí bajaría drásticamente los alquileres. Es un objetivo razonable y posible, siempre que existan acuerdos entre las distintas administraciones y se cuente con la colaboración de propietarios y promotores, a los que hay que sumar al proyecto, no asustar con cuotas y topes al alquiler. Es evidente que la solución pasa por aumentar la oferta y que poniendo más viviendas en el mercado, bajarán los alquileres. Y que las medidas de la Ley de Vivienda, un “atajo populista” impuesto por Podemos, retraerán la oferta y a la larga subirán los alquileres. Y más en 2022, cuando la inflación disparada obligue a una revisión masiva de alquileres. Será un mal año para alquilar.

Subida de la luz: otro "parche" fiscal para 2022

El año empieza con nuevas subidas de la luz, tras una pequeña tregua a finales de 2021. Y los futuros anticipan que la luz seguirá cara, al menos hasta verano. Por eso, el Gobierno ha prorrogado hasta finales de abril la rebaja de impuestos y costes en el recibo de la luz. Otro “parche”, como la rebaja hecha en 2021, que redujo el recibo 84 euros pero no evitó que los consumidores pagáramos unos 300 euros más de luz en 2021. La solución es reformar el mercado eléctrico y pagar por la luz lo que cuesta producirla, sin extracostes a la hidroeléctrica y nuclear. Pero la decisión debe ser europea y las presiones del oligopolio eléctrico han impedido un acuerdo, pedido por España, Francia y Grecia. Mientras, las eléctricas se embolsan 20.000 millones extras, que pagamos con nuestro recibo y la bajada de impuestos (-6.000 millones de recaudación). Y esta subida de la luz ha provocado una inflación histórica, frenando la recuperación. Nos funden los plomos.

Enrique Ortega

2021 fue un año negro para los precios de la electricidad en el mercado eléctrico. Empezó normal, con un precio de 42,51 euros por megavatio hora el 1 de enero, similar a la media de 2020 (33,96 euros, más bajo por la pandemia), 2019 (46,78 euros) y 2018 (57,29 euros, el precio más alto desde 2012). Pero llegó la tormenta Filomena y el precio se duplicó el 8 de enero, a 94,99 euros por MWh. Luego se calmó, por debajo de los 50 euros, para subir a 73,54 euros el 3 de mayo y superar los 100 euros el 20 de julio (101,82 euros MWh). Y después, batió 27 récords de subidas hasta fin de año (ver gráfico): el último, el 23 de diciembre, con 383,67 euros por MWh, el precio más alto de la historia en el mercado mayorista español. A partir de ahí, hubo una tregua coyuntural la última semana del año, para acabar el 31 de diciembre con un precio de 140,82 euros. Y con estos precios, la media del coste de la luz en el mercado mayorista fue de 119,17 euros en 2021, más del triple que en 2020 (33,96 euros).

Los precios de la luz en origen, en el mercado mayorista ibérico, se dispararon por dos causas. Una (que explica el 50% de la subida), porque se disparó el precio del gas natural, con el que se abastecen las centrales eléctricas de ciclo combinado, que sólo aportan un 15% de la electricidad al sistema pero que fijan el precio para todo el mercado (la luz, sea de origen hidráulico, nuclear o renovable se ha pagado al precio de la energía más cara, el gas). Y el gas natural pasó de costar 19,07 euros por MWh el 31 de diciembre de 2020 a 60 euros en agosto, 117,9 el 5 de octubre y 180,68 euros (casi 10 veces más) el 21 de diciembre, según Mibgas,  debido a un fuerte aumento de la demanda (sobre todo en China y el resto de Asia, que absorben el 70% del gas) y a problemas en el abastecimiento (en Rusia, por la tensión en Ucrania y la no autorización del gasoducto Nord Stream 2 con Alemania, más los problemas entre Argelia y Marruecos y los devastadores fenómenos climáticos en EEUU).

La otra causa (20%) de que la luz haya disparado su precio ha sido la fuerte subida de los derechos de emisión de CO2, que han de pagar las empresas eléctricas por producir electricidad con energías que emiten gases de efecto invernadero (térmicas de carbón, fuel y gas): su precio ha saltado de 33,43 euros por tonelada en enero de 2021 a 79,72  euros de media en diciembre, más del doble que un año antes, según Sendeco. Estos derechos de emisión los pagan las empresas por contaminar, pero los trasladan al precio mayorista de la electricidad que exigen. Y encima, el mercado europeo de CO2 es objeto de una fuerte especulación financiera: hay Fondos y bancos de inversión (Goldman Sachs y Morgan Stanley) que invierten en este mercado (que mueve 100.000 millones de euros), comprando derechos de emisión de CO2 en el mercado secundario y especulando con ellos (ganando hasta el 38%), lo que nos encarece más el precio mayorista de la luz.

Esta situación no parece que vaya a mejorar en 2022. Hubo una tregua a finales de diciembre de 2021, cuando el precio mayorista de la luz bajó hasta los 140,82 euros por MWh el 31 de diciembre, motivada por la llegada a Europa de 30 metaneros con gas USA, la vuelta a producción de nucleares paradas en octubre por mantenimiento, más viento (molinos) y menos demanda industrial. Pero esta semana, los precios han vuelto a subir en el mercado mayorista, fijándose en 215,86 euros por MWh para mañana viernes 7 de enero, según OMIE. Y lo peor es que el mercado de futuros (ventas a plazo) augura un precio muy alto a lo largo de 2022: 230 euros por MWh en febrero, 198 euros de media en el 2º trimestre, 205 euros en el 3º y 205 euros en el 4º trimestre, según las previsiones de OMIP, con un precio medio estimado para todo 2022 que rondará los 205 euros por MWh, casi el doble del ya histórico precio de 2021 (111,85 euros). Y no se espera una rebaja significativa de la luz hasta la primavera de 2023 (85,56 euros por MWh para el 2º trimestre de 2023). Así que tendremos precios altos de la luz en origen, sobre todo hasta el verano.

Este precio mayorista de la electricidad, es muy importante, porque supone ya el 50% del recibo de un consumidor con la tarifa regulada (antes de las fuertes subidas de 2021, representaba sólo el 35%), que son 10,5 millones de clientes (el 39% del total), a los que repercuten cada día las subidas y bajadas de la luz en origen. Pero afecta también a los consumidores que están en el “mercado libre”, 16,2 millones de clientes (el 61% restante), a los que les subirá el recibo cuando su compañía le revise el contrato (anualmente en muchos casos, en otros semestralmente). Las otras dos partes del recibo de la luz son los costes regulados  por el Gobierno (que suponen ahora el 35%, frente al 48% del recibo que suponían antes de los recortes de 2021), para costear gastos varios (ayudas a las renovables, costes del transporte y la comercialización, pago deuda eléctrica y moratoria nuclear, subvención a la electricidad de las islas y a los grandes consumidores…) y los impuestos, que ahora, tras las rebajas de 2021, suponen el 15% del recibo (antes, el 19%).

En junio de 2021, a la vista de las primeras subidas en el mercado mayorista de la electricidad, el Gobierno Sánchez tomó la decisión de rebajar uno de los dos impuestos del recibo (el IVA, que bajó del 21 al 10% hasta fin de año) y suprimir a las compañías el impuesto a la generación eléctrica (7%) en el tercer trimestre, para contrarrestar así la subida de la luz en origen (el 50% del recibo regulado). Pero la rebaja no sirvió de mucho, porque el precio mayorista se duplicó, con lo que en septiembre, el Gobierno volvió a rebajar los impuestos de la luz: bajó el impuesto especial de la electricidad del 5,1127% al 0,5% (el mínimo que permite la UE), amplió la rebaja del impuesto eléctrico al 4º trimestre y mantuvo la bajada del IVA hasta fin de 2021. Y además, rebajó un 96% hasta fin de año los cargos del recibo que pagamos para financiar el precio más bajo de la luz en las islas, la financiación de las renovables y el coste de la deuda eléctrica acumulada.

Dos “parches” en 2021 para contrarrestar una luz que seguía subiendo en origen, por los precios disparados del gas y del CO2, más algunos problemas propios del mercado eléctrico español, que agudizan la subida: poca competencia (hay tres eléctricas que controlan la oferta y demanda de luz en ese mercado, son “juez y parte”), pocos contratos a plazo (19 veces menos que Alemania o 13 veces menos que Francia, y el 92,9% son para Iberdrola y Endesa), manipulaciones de precios (la Comisión de la Competencia ha abierto varios expedientes a Iberdrola, Endesa y Naturgy por parar centrales o aprovechar el alto coste de la luz para vaciar embalses), restricciones a la entrada de nuevos competidores y dificultades de empresas y comercializadores para aprovisionarse fuera, ya que España es “una isla eléctrica” : en diciembre de 2021, por ejemplo, sólo se importó un 5,9% de la luz consumida, frente al 15 y al 20% que importan los paises centroeuropeos.

Al final, el Gobierno ha tratado de vendernos que su bajada de impuestos y costes ha sido efectiva y que el recibo medio de la luz en 2022 (dicen que 613 euros) es inferior al recibo medio que pagamos en 2018 (608 euros, según Eurostat, pero con la inflación de estos años, el equivalente serían 639 euros), como prometió Pedro Sánchez el 5 de septiembre. Pero es un cálculo “engañoso”: se trata de la media estimada de todos los recibos. Los consumidores que tienen el precio regulado (10,5 millones de clientes), y cuya factura varía cada día con el precio mayorista, sí han sufrido una fuerte subida en el recibo de 2021. Hay dos estimaciones. La de la OCU, para un consumo medio de 292 kwh mensuales, estima un recibo medio de 949 euros, un 41% más que en 2020 (675 euros). Y la de Facua, para un consumo medio de 366 kwh, la factura en 2021 ha sido de 1.116 euros, un 46% de subida sobre 2020 (764 euros de recibo) e incluso un 20,5% más que en 2018 (926 euros). Y la OCU estima además que los demás consumidores, con contrato “libre”, pagarán un 30% más cuando les toque renovar su contrato.

Así que, a pesar de los 2 parches para recortar la factura, el recibo de la luz nos ha subido a la mayoría en 2021. Y nos seguirá subiendo en 2022, al menos hasta el verano, a la vista de los futuros en el precio mayorista de la luz. Para intentar evitarlo otra vez, el Gobierno aprobó a finales de diciembre una nueva bajada de impuestos y costes hasta finales de abril. Por un lado, mantiene la rebaja del IVA (del 21 al 10%) y del impuesto sobre la electricidad y la suspensión del impuesto a la generación eléctrica (en el primer trimestre). Y recorta los cargos del recibo (subvención luz islas, financiación renovables y déficit eléctrico), pero sólo un 30%, aunque para todo el año (en 2021 lo rebajó un 96% el último trimestre). Y amplía los beneficios del bono eléctrico, con descuentos del 60 al 70% en el recibo para las familias con menos ingresos (se benefician 1,2 millones de hogares).

Pero como el Gobierno sabe que es “otro parche”, sigue intentando que la Comisión Europea vaya al fondo del problema: la reforma del mercado eléctrico, que, desde 1.997, fija el precio de toda la electricidad en función de la energía más cara (ahora el gas). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera, vaca y un poco de chuletón y nos la cobraran toda a precio de chuletón… Junto a España, han pedido también una reforma (para ajustar los precios a los costes de cada energía) Francia, Grecia, Chequia y Rumanía. Pero en la Cumbre Europea de diciembre no se aceptó ningún cambio, por la presión del oligopolio eléctrico sobre Alemania y las autoridades europeas. La Comisión Europea sólo acepta estudiar la compra conjunta de gas, mientras pide a los paises que actúen con rebaja de impuestos y ayudas. Francia, por ejemplo, ha aprobado un cheque de 100 euros mensuales para ayudar a pagar la luz a 6 millones de familias que ganan menos de 2.000 euros.

Pero bajar impuestos o dar ayudas no es bajar el precio de la luz. Hay que hacer una auditoría de costes y pagar la luz por lo que cuesta realmente producirla, no pagar extracostes (215,16 euros por MWh mañana, cuando el coste de la hidroeléctrica es de 40 euros y el de la nuclear unos 60 euros por MWh) para evitar apagones. Es un “chantaje” que infla el beneficio de las eléctricas (y sus dividendos): en España, la profesora Natalia Fabra estima que habremos pagado en 2021 unos 20.000 millones de euros de más. Un “extracoste” que sale de nuestros bolsillos (hemos pagado entre 274 y 352 euros más en el recibo de 2021) y de nuestros impuestos: el Gobierno estima en 6.000 millones el coste de los tres recortes ya aprobados, más que el Presupuesto del Ministerio de Sanidad en 2022 (5.434 millones).

No es sólo que la locura del mercado eléctrico se coma parte de nuestros ingresos y nuestros impuestos. Es que además, la subida de luz (+46,7% anual hasta noviembre, según el IPC) es la principal culpable de que la inflación se haya disparado en 2021: un aumento del +6,7% anual, que no se veía desde 1992. La subida de la luz ha contagiado a todos los sectores y empresas, provocando una subida en cadena de los alimentos, los transportes, las materias primas y manufacturas, los materiales y los servicios. Y los efectos negativos de esta inflación descontrolada son múltiples: frena el consumo (un 0,6% en 2022, según las estimaciones de CaixaBank Research), retrae la inversión (al aumentar los costes de las empresas) y con ello, el crecimiento y el empleo: España puede crecer un -0,3% menos en 2022, según CaixaBank Research, por culpa de la inflación, desatada por la subida de la luz y los carburantes. Así que el desmadre eléctrico pone en peligro la recuperación. Hay que presionar más a Europa para reformarlo. Nos funden los plomos.