España, paraíso de la droga en Europa

El problema de las drogas se agrava en España, según refleja el aumento de incautaciones, sobre todo de plantas de cannabis (proliferan naves de cultivo enganchadas ilegalmente a la luz), de cocaína (mini submarino en Galicia) y de drogas sintéticas, junto al aumento de detenciones y la presencia de 500 mafias de la droga, produciendo, transportando y blanqueando beneficios. Y somos un punto clave de entrada de drogas a Europa, donde preocupa la fuerte entrada de cocaína, de cannabis muy concentrado y los laboratorios de drogas sintéticas. El negocio de las drogas crece porque aumenta el consumo, sobre todo de cannabis (España es el 4º país que más fuma), cocaína (somos líderes de consumo), pastillas y anfetaminas, más entre los jóvenes. Y se teme que la pandemia, con su secuela de paro y hastío, agrave el problema. Urge un Plan con más medios, personal, juzgados y campañas contra la droga, que en muchos casos “no está mal vista”, pero enferma y mata.

Enrique Ortega

El negocio de las drogas ilegales es hoy la primera industria mundial y mueve entre 300.000 millones de dólares (según la ONU) y 400.000 millones (según la DEA de EEUU), más de 300.000 millones de euros al año, la cuarta parte del PIB español. Y Europa es el tercer mercado mundial de drogas, tras América y Asia, con un negocio que va en aumento y que mueve unos 35.000 millones de euros al año, según Interpol, de los que más de 6.000 millones de euros se mueven en España, la tercera puerta de entrada de las drogas a Europa, tras la ruta que viene de Asia (por los Balcanes y Turquía) y la que viene de América (a través de los grandes puertos del centro y sur de Europa).

A las autoridades europeas les preocupa que detectan la entrada de envíos más grandes de drogas, gracias a que las mafias internacionales han conseguido infiltrarse en las grandes cadenas de suministro (contenedores y camiones), en las rutas de navegación (buques) y en los grandes puertos europeos, según revela el último informe 2020 del Observatorio Europeo de Drogas (EMCDDA). Y dentro de las drogas, les preocupa muy especialmente la creciente penetración de la cocaína, cada vez con mayor pureza, con un aumento histórico de las incautaciones (53 Tm en Bélgica, 48 Tm en España y 40 Tm en Holanda) y unas nefastas consecuencias en urgencias y muertes. Y también el posible aumento del consumo de heroína, donde se han duplicado las incautaciones y que se ha empezado a producir en Europa. Otra preocupación es el creciente consumo de cannabis de alta potencia, donde la hierba y el hachís contienen ahora el doble de THC (el principal componente psicoactivo del cannabis) que hace una década.

Junto a estas tres preocupaciones, las autoridades europeas alertan de que Europa se ha convertido en un importante productor de droga, multiplicándose los laboratorios y centros de producción (en Holanda, Bélgica y paises del Este) de todo tipo de drogas tradicionales (hasta heroína y opiáceos sintéticos) y  sobre todo de drogas sintéticas, en especial MDMA (éxtasis) y anfetaminas, así como un creciente número de nuevas sustancias psicotrópicas (sale una nueva droga por semana), como revela el aumento de incautaciones de ketamina, GBH, LSD, óxido nitroso (gas hilarante) y las nuevas benzodiacepinas, nuevas drogas (muy peligrosas)  ligadas al ocio de los europeos más jóvenes. Todo ello lleva a las autoridades europeas a alertar sobre sus efectos en la salud pública, no sólo por los 8.300 europeos muertos por sobredosis sino por un aumento generalizado de las adicciones, sin olvidar los problemas de delincuencia,  violencia e inseguridad que generan las drogas.

En España, aunque el Gobierno no lo reconoce, el problema de las drogas se ha agravado en los últimos años, como revelan los datos europeos de incautaciones. Somos el país europeo con más incautaciones de cannabis, tanto en resina de hachís (dos tercios de todas las incautaciones en la UE) como en plantas (un tercio del total), siendo los terceros en incautaciones de hierba (flor seca), tras Turquía e Italia, según el informe 2020 del Observatorio Europeo de las Drogas (EMCDDA). Y somos el 2º país con más incautaciones de cocaína (en kilos), tras Bélgica, aunque el 1º en número de incautaciones. En heroína, somos el 2º país europeo en número de incautaciones (tras Turquía) y el 8º en kilos decomisados. En MDMA (éxtasis) somos el 2º país en número de incautaciones (tras Turquía) y el 5º en pastillas decomisadas. Y en anfetaminas, somos también el 2º país en número de incautaciones (tras Turquía) y el 6º en kilos decomisados.

El problema es que las incautaciones de algunas drogas se han disparado aún más en España en el último año que hay datos oficiales (2019), con un récord de 507,9 toneladas de droga incautadas, sobre todo de plantas de cannabis (+57%: 1,5 millones incautadas, 3,5 veces las incautadas en 2015), de marihuana (+10,5%, 32.567 kg, el triple que en 2015), de metanfetaminas (+6,7%), de anfetaminas en polvo (+25%) y de MDMA cristal (+7,93%), según los últimos datos del CITCO (Centro contra crimen organizado). Otros indicadores muy reveladores del auge de las drogas en España  son las detenciones (24.171 en 2019, +11,5%) y las denuncias por consumo y tenencia (que han subido un 5%, hasta 401.914 denuncias en 2019: el 82% por cannabis y el 12% por cocaína).

Con todo, lo más preocupante son algunos cambios detectados  en el mundo de las drogas en España y que refleja este detallado reportaje de El País. El primero, el espectacular aumento de los cultivos de marihuana, una nueva actividad que está proliferando en 13 de las 17 autonomías, con naves y viviendas enganchadas ilegalmente a la luz y produciendo plantas de cannabis. De hecho, Cataluña es el gran vivero de Europa de marihuana, con las instalaciones más innovadoras (para aumentar pureza y producción). El segundo, el auge en la entrada de cocaína, cuyo tráfico se ha desviado de Algeciras a Galicia, donde proliferan las llegadas de cargamentos de Colombia y Brasil, con transportes más sofisticados (como el mini submarino incautado en Pontevedra con 3.000 kilos de cocaína). Y se ha detectado también un repunte en el tráfico de hachís desde Marruecos. Sin olvidar el salto en la fabricación y distribución de drogas sintéticas: en enero se intervinieron en Barcelona 820.000 pastillas de éxtasis, la 2ª mayor incautación en Europa.

Otro cambio es la ampliación del negocio de la droga en España, que atrae cada vez a más mafias internacionales (y nacionales). Las autoridades estiman que España es el refugio y base de 504 organizaciones de narcotraficantes, mayoritariamente colombianos, británicos, rusos, suecos, lituanos, polacos, chinos, marroquíes y españoles, mafias que han desplazado su centro de la Costa del Sol y Algeciras (muy afectadas por la mayor presencia y operativa de las fuerzas anti-droga) hacia Almería, Murcia, Levante, Cataluña y Galicia, donde además de organizar la producción, transporte y distribución de la droga tratan de blanquear beneficios. Todo ello se ha traducido no sólo en más oferta de narcóticos sino en un aumento de los robos de drogas, ajustes de cuentas y asesinatos de narcotraficantes en España.

Todo este negocio de las drogas crece y atrae a más mafias porque crece el consumo de narcóticos, en Europa y en España. Se estima que casi 100 millones de europeos adultos, la cuarta parte del total, han probado alguna vez drogas ilegales. Y una proporción similar en España, donde somos líderes en el consumo de cocaína: lo han consumido alguna vez el 10,3% de españoles adultos (15-64 años), o sea 3,2 millones de españoles, frente al 5,4% de media en la UE-28, el 10,1% en Reino Unido, el 7,8% en Irlanda, el 6,9% en Italia, 6,5% en Paises Bajos, 6,4% en Dinamarca, 5,6% en Francia o 4,1% en Alemania, según los últimos datos (para 2018) del Observatorio Europeo de las Drogas (EMCDDA). Y somos el 4º país europeo donde más se consume cannabis: lo han fumado alguna vez el 35,2% de los españoles adultos (15-64 años), o sea 11,2 millones, frente a una media del 27,2% en la UE-28, el 44,8% en Francia, el 38,4% en Dinamarca, el 32,7% en Italia, el 29% en reino Unido, el 28,6% en Paises Bajos y el 28,2% en Alemania. Somos el 10º país europeo en el consumo de MDMA (éxtasis) (3,6% de adultos frente a 4,1% en la UE-28 y el 10,3% en Holanda o el 9,1% de Reino Unido) y el 8º en el consumo de anfetaminas (4% de adultos las han probado frente al 3,7% en la UE-28, el 8,6% en Reino Unido o el 5% en Paises Bajos).

La Encuesta EDADES del Ministerio de Sanidad revela además que el consumo de drogas de los españoles ha aumentado en la última década. El consumo de cannabis, la droga ilegal más consumida, ha pasado del 32,1% que la consumieron alguna vez en 2009 al 37,5% en 2019. Y lo peor: el 10,5% ha consumido cannabis en el último año y un 8% (3,2 millones de personas) en el último mes. La cocaína es la siguiente droga más consumida: por el 10,9% de españoles alguna vez y por un 2,5% (1 millón de personas) en el último año. Les sigue el consumo de éxtasis (1,4% lo han consumido alguna vez el último año), los hipnosedantes sin receta (el 1,3%, 521.000 españoles, los han consumido el último año), alucinógenos (el 1%), los analgésicos opioides sin receta (0,7% los han consumido el último año), metanfetaminas (0,4%), GBH (0,20%), inhalables (0,20%) y heroína (0,10%: 40.000 personas).

Lo más preocupante es que cada vez hay más adolescentes que toman drogas ilegales y empiezan cada vez con menos años. La Encuesta ESTUDES 2018-2019 revela las tres drogas ilegales más consumidas por los jóvenes (14-18 años): el cannabis (el 33% lo ha consumido alguna vez, el 27,5% en el último año y un 19,3% , 435.325 jóvenes, en el último mes, con una edad de inicio a los 14,9 años), los hipnosedantes y ansiolíticos sin receta (el 8,6% de los adolescentes los han consumido alguna vez, un 6,1% en el último año, 202.000 jóvenes, y el 2,9% en el último mes, con mayor consumo en las chicas) y la cocaína (el 2,0% la ha probado alguna vez, el 2,4%, 56.372 adolescentes, en el último año, y el 0,9% en el último mes, con un inicio a los 15,2 años). Y crece también el consumo entre adolescentes de éxtasis (1,9% lo han tomado en el último año, más que la cocaína), anfetaminas (el 1,1%) y los alucinógenos (los han probado el 1,4% el último año).

Lo llamativo es que no hay percepción de riesgo en el consumo de estas drogas, según ambas encuestas. Y que adultos y adolescentes reconocen que están fácilmente disponibles, sobre todo el cannabis, las pastillas y la cocaína. Además, los precios se han estabilizado y son bajos en el caso del cannabis y las pastillas, lo que facilita su distribución. Y socialmente, fumar un porro, tomarse una pastilla o esnifar coca en ambientes de ocio o en grupos de amigos “no está mal visto” ni se percibe como peligroso. A pesar de que en 2019 hubo 5.027 personas que acabaron en urgencias por drogas, el 52% por cocaína y el 49,2% por cannabis, mientras preocupa el auge de las drogas sintéticas.

Ahora, con la pandemia, las autoridades europeas han alertado de que las mafias de la droga han reconvertido su estrategia, reduciendo el transporte por vía aérea y pasajeros y aumentando las rutas marítimas y de camiones, a la vez que han trasvasado la venta final de las calles a la red oscura de Internet, a la venta online y a las entregas directas a domicilio, vía mensajeros y paquetería. De hecho, se han producido detenciones de repartidores de droga a domicilio en España, Reino Unido e Irlanda, según Interpol. Y ahora, lo que temen los expertos es que la pandemia, el confinamiento y la crisis provoquen un auge del consumo y también que el aumento del paro engrose las personas que trabajan para las mafias.

España tiene un serio problema de drogas, como revelan no sólo las incautaciones crecientes y la mayor detención de narcotraficantes  sino los datos de consumo: el gasto en narcóticos saltó de 5.702 millones a 7.436 millones en 2018, según recoge la última estadística del INE. Gastamos ya en drogas 20 millones diarios, más que en alcohol. Y eso se puede ver en las calles y antes en bares y discotecas. Y lo aprecia la Guardia Civil en los controles de carretera: en los últimos tres meses de 2020, el 50% de los conductores han dado positivo en alcohol o drogas (muchos en las dos). Y el 45,5% de los fallecidos en accidente de tráfico en 2019 dieron positivo en alcohol o drogas al hacerles la autopsia.

Cuando pase la pandemia, urge poner en marcha un Plan de choque contra las drogas, actuando en varios frentes. Por un lado, gastando más, porque España es uno de los paises europeos que menos gasta en luchar contra las drogas, menos del 0.05% del PIB (583 millones al año), muy lejos del 0,2% que gasta Reino Unido (4.650 millones anuales) o del 0,06/0,19% del PIB que gastan Francia, Alemania, Italia y Holanda, según los datos del EMCDDA europeo. Eso permitiría reforzar las plantillas antidroga y sus medios, que se enfrentan a unas mafias cada vez más profesionalizadas. Y hace falta también endurecer las penas a los narcotraficantes (la mayoría de 1 a 4 años) y reforzar las Fiscalías y los Juzgados (saturados en Algeciras o Pontevedra). Y, sobre todo, hacer campañas públicas agresivas contra el consumo de drogas, básicamente entre adolescentes y jóvenes. Hay que generar un rechazo social contra todas las drogas y quitarles su careta de” inofensivas”. Son una “epidemia social”, que causa deterioro cognitivo, enfermedades y muertes. Y un auge de la delincuencia. Hay que ganar esta batalla contra las drogas.

Plan de choque para salvar la Dependencia

La pandemia ha afectado más a los mayores y especialmente a los dependientes, porque más de la mitad superan los 80 años. Con el confinamiento y la menor movilidad, se han reducido las solicitudes y resoluciones y también los beneficiarios de la Dependencia. Y si hay menos dependientes esperando ayudas es porque muchos murieron en 2020: lo más dramático es que fallecieron 55.487 dependientes esperando una resolución (21.079) o recibir una ayuda que ya tenían reconocida (otros 34.408 fallecidos). Fueron 152 muertos diarios desatendidos por el sistema de Dependencia, que ha cumplido 14 años con serios problemas de fondo: falta de financiación, recortes, demasiada burocracia y exceso de prestaciones “low cost”. En enero, Gobierno y autonomías acordaron un Plan de choque para la Dependencia, para reducir las “listas de espera” (en 66.000 de los 232.243), recortar trámites y mejorar servicios, aportando 3.600 millones más en tres años. Y destinando una parte de los Fondos europeos al cuidado de los mayores dependientes. Se lo debemos.

Enrique Ortega

El primer año de la pandemia ha sido nefasto para los dependientes y sus familias. El confinamiento de marzo a junio y la Administración a medio gas, más los contagios y muertes, provocaron que hubiera menos solicitudes de ayuda de dependientes (-43.794 durante todo 2020) y menos resoluciones de expedientes (-26.157), con lo que hubo menos beneficiarios de una ayuda a la dependencia: 1.356.473 dependientes, -28.564 beneficiarios que en 2019. El número de beneficiarios de la dependencia cayó en 14 autonomías y sólo aumentó en la Comunidad Valencia (+12.378), Canarias (+722), Baleares (+537) y Asturias (+386), según los datos oficiales del IMSERSO. Y en enero de 2021, las solicitudes, beneficiarios y beneficiarios han vuelto a caer (son ahora 1.354.272 beneficiarios).

Lo que ha mejorado son los beneficiarios que reciben alguna ayuda: 1.124.230 dependientes a finales de 2020, +9.047 que en diciembre de 2019. Pero eso se debe, por desgracia, a que muchos beneficiarios con derecho a prestación han muerto (por la edad, ya que el 52% tienen más de 80 años, o por la COVID 19). De hecho, en 2020 han muerto 245.638 dependientes que tenían una solicitud de dependencia, 41.735 más que en 2019 (por la COVID 19), según los datos del MoMa. De ellos, 170.593 dependientes fallecieron recibiendo una prestación, pero otros 34.408 la estaban esperando, con una resolución favorable, pero ya nunca la recibirán. Como tampoco los 21.079 dependientes fallecidos y que estaban pendientes de valorar por su autonomía, que han muerto sin resolverse su expediente. En total, son 55.487 dependientes que han muerto desatendidos, sin recibir una ayuda que tenían reconocida (34.408) o sin que se resolviese su solicitud (otros 21.079).

Son 152 dependientes “en espera” muertos cada día,  1 cada 9 minutos, a los que ha fallado estrepitosamente el sistema de la dependencia. Y además, el reparto de estos dependientes muertos sin atender (55.487) es muy desigual por autonomías: son muchos en Cataluña (10.525 con derecho reconocido más otros 3.683 pendientes de valorar), Andalucía (6.596+5.387) y  Madrid (5.347+ 2.000), siendo menos en la Comunidad Valenciana (2.127+2.220), País Vasco (2.256 +608) Castilla la Mancha (1.017+1.194), Extremadura (986+900) y Canarias (352 con derecho reconocido+2.220 muertos pendientes de valorar), según los datos del MoMa. Y es también muy llamativo el dato de los beneficiarios con prestación que han muerto en residencias: 44.436 fallecidos, más de la cuarta parte del total de dependientes fallecidos  que recibían ayudas (170.593). El mayor número de fallecimientos en residencias se ha dado en Madrid (323/1000 habitantes), Castilla la Mancha (300,2), Cataluña (282,7), Navarra (277,7) y Aragón (257,7).

Con este aumento de muertes entre los dependientes se explica que “la lista de espera” de la dependencia (los dependientes con derecho reconocido que esperan recibir una ayuda) haya “mejorado”, bajando en -37.611 dependientes durante el año 2020. Aún así, la cifra de los que esperan era muy elevada: 232.243 dependientes en diciembre, el 17,12% del total con derecho reconocido (y ha aumentado a 234.039 en enero de 2021, según el último dato del IMSERSO). Además, hay 6 autonomías que están peor, con un porcentaje de dependientes en espera muy superior a la media nacional: Cataluña (31,86% dependientes reconocidos en espera de ayuda), la Rioja  (29,32%), Canarias (24,38%), Andalucía (19,83%), Cantabria (18,55%) y Madrid (17,60%), todas aumentando en 2020 su porcentaje de dependientes en espera (salvo Cantabria, que los mantiene). Y de las 13 autonomías con menor lista de espera que la media, hay 5 que apenas tienen dependientes en espera de recibir ayudas: Castilla y León (0,11% esperando), Ceuta (2,03%), Navarra (5,5%), Galicia (7,3%) y Castilla la Mancha (7,6%), según los datos del IMSERSO.

Lo que han hecho las autonomías, en los dos últimos años, es bajar más la lista de espera de los dependientes moderados (Grado I, cuyas ayudas son más baratas) que las de los dependientes severos (Grado II) y los grandes dependientes (Grado III), cuyas ayudas son más costosas. Así, entre 2018 y 2020, la lista de espera de los dependientes moderados (Grado I) bajaron -15.909 (-10,48%) y la de los dependientes con más problemas (Grados II y III) bajaron -1.885 (-1,9%). Un “efecto escaparate” que atiende antes a los más baratos.

El sistema de la dependencia ha cumplido 14 años en enero de 2021 (la Ley de la Dependencia entró en vigor en 2007) y hay dos datos que señalan su fracaso, al hacer el balance de 2020. Uno, que hay 141.556 dependientes en espera de que se resuelva su expediente, lo que tarda una media de 257 días. Y el otro, los 232.243 dependientes con derecho reconocido pero que esperan que les llegue una ayuda (los que están “en lista de espera”, una media de 173 días). En total, 373.799 dependientes “desatendidos” por el sistema, un tercio de los 1.124.230 beneficiarios con prestaciones. Y como el 52% de los solicitantes de la dependencia son mayores de 80 años, muchos se mueren antes de atenderles (incluso sin pandemia, ya morían 100 dependientes al día sin atender).

¿Por qué ha fallado el sistema de la Dependencia? Básicamente, por falta de financiación. La Dependencia nació sin asegurar sus recursos y con la crisis, fue uno de los primeros objetivos de los recortes de Rajoy, ya en 2012. De hecho, la Administración central recortó su aportación a la Dependencia en -5.864 millones entre 2012 y 2019. Y también hubo recortes en las autonomías, que han tenido que cargar con el 80% del gasto público en Dependencia (cuando la Ley preveía que se costeara a medias entre el Estado y las autonomías): en 2019 aportaron 8.607 millones (83,9% del gasto público) y la Administración central 1.386 millones (el 16,1% restante), lo que obligó a las familias de los dependientes a un copago del 21% del gasto total en dependencia (2.656 millones restantes), según los cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Estos recortes y la escasez de Presupuestos han obligado a las autonomías, que son las que gestionan la Dependencia, a buscar “trucos” para mantener el sistema, para intentar atender a más dependientes con pocos recursos: retrasar la resolución de expedientes, mantener las listas de espera para retrasar las ayudas y buscar ayudas “low cost” (más baratas) para los dependientes (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…). En definitiva, retrasar la atención y tratar de hacer más con menos, deteriorando el servicio.

El sistema de la Dependencia hacía aguas por todas partes y la pandemia ha sido la puntilla, con el trágico balance de 55.487 dependientes muertos sin atender. Pero también ha sido una oportunidad para tomar medidas: el 15 de enero se aprobó por unanimidad, entre el Gobierno y las autonomías, un Plan de choque que aportará 3.600 millones extras para la Dependencia en tres años. Los primeros 623 millones se han incluido ya  en el Presupuesto 2021, en 2022 habrá otros 1.200 millones y 1800 más en 2023. Este dinero extra irá para aumentar la financiación del Estado a la dependencia y para aumentar un 20% las cuantías mínimas que se pagan a los dependientes (quedarán en 60 € mensuales las ayudas al grado I, 94 € las ayudas al grado II y 235 € las ayudas al grado III). 

Con ello, se espera que en 2021 haya 100.000 dependientes más que reciban ayudas, lo que permitirá reducir la lista de espera en 66.305 dependientes (1 de cada 4), dejándola en cero en 11 autonomías que hoy la tienen baja (todas salvo Cataluña, La Rioja, Canarias, Andalucía, Cantabria y Madrid). Y no habrá “lista de espera” de la Dependencia a finales de 2023.

Además, el Plan de choque se compromete a reducir la burocracia de la Dependencia, unificando los dos expedientes actuales (uno para determinar el grado y otro para reconocer la ayuda) y agilizando los trámites de las autonomías, que ahora tardan 430 días. Y se pretende mejorar la calidad de los servicios que se prestan: generalizar la teleasistencia (en 2022 la recibirán todos los Dependientes), ampliar las horas de asistencia a domicilio (de 32,7 a 38,3 semanales), mejorar las prestaciones familiares (+18%) y, sobre todo, mejorar la atención en las residencias, paliando la falta de profesionales y cubriendo las 15.000 plazas en las residencias públicas que han quedado “vacías” con la pandemia. Además, hay un compromiso de los Gobiernos autonómicos a gastar más en Dependencia, sobre todo las 9 regiones que gastan menos que la media (183 euros/habitante): Canarias (95 €/habitante), Galicia (142), Baleares (143), Murcia (152), Andalucía (161), Comunidad Valenciana (168), Cataluña (171), Aragón (174) y Madrid (179), según datos de los Directores de Servicios Sociales.

Además, la Dependencia va a beneficiarse también de los Fondos europeos, dado que la economía de los cuidados es uno de los 10 programas de inversión de Plan de recuperación aprobado por el Gobierno en octubre y enviado a Bruselas. Este año 2021, la previsión es invertir 910 millones en cuidados a los mayores y dependientes, de los que 730 millones serán ejecutados por autonomías y Ayuntamientos. Y la mitad de toda esta inversión de los Fondos europeos en cuidados  (al menos 361,7 millones en 2021) va a destinarse a mejorar y ampliar las residencias de ancianos, donde existe un déficit de plazas públicas.

Al final, parece que la pandemia va a conseguir lo que no se ha logrado en 14 años: que haya recursos para atender a los dependientes, la 4ª pata del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, educación y pensiones), aún más desatendida que el resto. Con poco dinero (3.600 millones en tres años) se conseguirá suprimir las listas de espera y mejorar la atención a los dependientes, además de generar 25.000 nuevos empleos en los cuidados, un sector con mucho futuro. Y tras este Plan de choque y las ayudas europeas, habrá que aprobar un Plan de Dependencia a medio plazo, para afrontar uno de los mayores problemas estructurales de España: el envejecimiento (los mayores de 65 años pasarán de ser el 22,9% de la población hoy al 31,4% en 2050, la tercera parte con más de 80 años) y el aumento de la esperanza de vida (86,9 años en 2050), lo que duplicará el número de dependientes, según el CSIC.

Por fin hay un Plan de choque para atender mejor a los dependientes, pero habrá que preparar futuras medidas para atender al doble de dependientes en 2050, igual que habrá que consolidar el futuro de las pensiones, la sanidad y la educación. La Dependencia es una necesidad social y un problema para casi 2 millones de familias, que se encuentran muy desatendidas. Y es también un sector económico de futuro, que aportará   mucho empleo e inversiones en las próximas décadas. Pero sobre todo, es un derecho que les debemos a los mayores, tras toda una vida trabajando: atenderles si no pueden valerse y que no se mueran sin recibir ayuda, como les ha pasado a 155 mayores cada día en 2020. Debe ser una prioridad de la reconstrucción. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.

Pandemia: muchos contagios y pocas vacunas

Hemos dejado atrás el pico de la 3ª ola (899,93 contagios el 27 de enero), pero seguimos con demasiados contagios (750), saturación en hospitales y UCIs y récord de muertes: 3.067 la última semana (438 muertos diarios). Estamos en una “meseta de contagios”, que tardarán meses en bajar de los 200 (el objetivo son 50), lo que supondrá miles de muertos más. Sobre todo si las autonomías “abren la mano”, como han hecho Madrid y Cataluña, o si intentan “salvar la Semana Santa”. Y tenemos 2 problemas que agravan la situación: Uno, el auge de la cepa británica, más contagiosa y mortal, que será dominante en España en marzo. El otro, el retraso en las vacunas, que hace imposible vacunar al 70% para septiembre. Y “salvar el verano” para el turismo. Todo esto ha provocado ya una caída de la economía europea y exige más ayudas a empresas, porque la recuperación se retrasa. Urge doblegar los contagios y vacunar a tope, para salvar vidas y empleos.

Enrique Ortega

La pandemia ha entrado en su 2º año con un nivel de contagios más bajo que a finales de 2020 (más de 700.000 contagios diarios) aunque todavía es elevado (534.589 el 4 de febrero), según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Hasta hoy son ya 106.161.687 contagiados en 192 paises, destacando el alcance de la pandemia en América (46.913.216 contagiados) y Europa (35.481.004 contagiados), seguidos de lejos por el sudeste de Asia (13.033.797 contagiados), Mediterráneo y Oriente Medio (5.828.434), África (2.655.316 contagiados) y Pacífico (1.481.789), según los datos de la OMS. Por paises, los más afectados siguen siendo EEUU (27.006.413 contagiados), India (10.838.194) y Brasil (9.524.640), seguidos a distancia por Reino Unido (3.957.177), Rusia (3.923.461), Francia (3.395.981), España (2.941.990), Italia (2.636.738), Turquía (2.531.456), Alemania (2.291.673), Colombia (2.157.216), Argentina (1.980.347), México (1.932.145) y Polonia (1.550.255), según la Universidad Johns Hopkins.

Las muertes por COVID-19 también se han reducido, de más de 17.000 diarias en enero a 15.733 el 3 de febrero. Hoy son ya 2.317.211 fallecidos por la pandemia en todo el mundo, casi la mitad en América (1.092.521 muertos) y un tercio en Europa (780.934 muertes), según la OMS. Por paises, lidera el ranking Estados Unidos (463.470 muertes), seguido por Brasil (231.534), México (166.200), India (155.080) y Reino Unido (112.681 muertos), junto a Italia (91.273), Francia (79.111), Rusia (75.400), Alemania (61.708) y España (61.386), según la Universidad Johns Hopkins. La mayor mortalidad por habitante se da en Bélgica (185), Eslovenia (172) y Reino Unido (164), ocupando España el puesto 16º del ranking (con 130 muertos/100.000 habitantes). Y la mayor letalidad (muertos/contagiados) se da en México (8,5%), Irán (4%), Perú (3,6), Italia (3,5%), Bélgica (3%), Reino Unido (2,8%), Alemania y Polonia (2,5%), estando España (2,1%) por debajo de la letalidad de la mayoría de Europa, salvo Irlanda y Portugal (1,8%) o Paises Bajos (1,4%), según Sanidad.

En las últimas 2 semanas han bajado los contagios en casi toda Europa, tras las restricciones impuestas en la mayoría de paises. España también ha bajado el nivel de contagios, desde el pico de la 3ª ola (899,93 contagiados/100.000 habitantes) a los 750,77 del viernes 5 de febrero. Pero seguimos siendo el tercer país europeo con la mayor tasa de contagios, muy por delante de Alemania (191 contagios/100.000 habitantes), Italia (280,4), Francia (427,7) e incluso Reino Unido (523,4), también peor que Polonia (199), Austria (224), Bélgica (280) Paises Bajos (359), Irlanda (410) y Suecia (420). Sólo tienen más contagios  Portugal (1.493 contagios/100.000 habitantes) y Chequia (911), según Sanidad.

En España, la bajada en los contagios dura ya 11 días (empezó el jueves 28 de enero) pero es lenta (la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha bajado de 899,9 a 750,7). Y sigue siendo muy desigual por autonomías. Todavía hay 5 regiones que superan o rozan los 1.000 contagios recientes por 100.000 habitantes, según Sanidad: Comunidad Valenciana (1.190 contagios), Castilla y León (1.117), La Rioja (1.078), Castilla la Mancha (916) y Melilla (910). Y otras 9 autonomías tienen una incidencia muy alta, por encima de los 500 contagios: Madrid (860), Murcia (771), Andalucía (751), Galicia (699), Extremadura (698), Aragón (665), Asturias (644), Ceuta (566) y País Vasco (532). Sólo están por debajo de 500 contagios Navarra (465), Cataluña (463), Baleares (423), Cantabria (350) y Canarias (169), la única región española que no está “en riesgo extremo” (más de 250 contagios/100.000 habitantes), según los baremos de Sanidad (está en riesgo “alto”: de 150 a 250).

A pesar de la bajada de contagios, han aumentado las hospitalizaciones en las últimas dos semanas (de 2.462 hospitalizados el 22 de enero a 28.586 el viernes 5), aunque están bajando algo desde el martes 2 de febrero y Sanidad cree que hemos superado ya “el pico” de hospitalizaciones. Pero los hospitales siguen saturados, con un 22,2% de las camas ocupadas por enfermos COVID (más del 15% supone un riesgo “extremo, según los baremos de Sanidad), siendo peor la situación en la Comunidad Valenciana (34,3% camas ocupadas COVID), Castilla León (30,2%), la Rioja (29,6%) y Castilla la Mancha (28,6%).

Lo que también ha empeorado es la ocupación de camas UCI por enfermos de COVID: había 3.908 pacientes el 22 de enero y aumentó hasta 4.795 el viernes 5 de febrero, con una tasa de ocupación media del 43,86%, un nivel de riesgo “extremo” (+ del 25%) para los baremos de Sanidad. Y lo más preocupante es que 6 regiones tienen una tasa de ocupación de UCIs por enfermos COVID superior al 50%: La Rioja (67,8%), Comunidad Valenciana (58,96%), Castilla la Mancha (54,8%), Castilla y León (54%), Melilla (52,5%) y Madrid (52,4%). Y Sanidad estima que aún queda una o dos semanas de aumento de enfermos COVID en las UCIs, lo que está provocando el retraso de operaciones en la mayoría de hospitales.

Y queda lo peor del balance, las muertes, que se han disparado en el último mes: de 1.435 muertos en la semana del 8 al 15 de enero se pasó a 2.127 muertos en la siguiente (15 al 22 de enero), a 2.878 la siguiente y a 3.067 muertos esta última semana (29 de enero al 5 de febrero), una media de 438 muertes diarias (+528 el viernes). El mayor aumento de muertes se ha dado en la Comunidad Valenciana (+670 muertos la última semana), Andalucía (+497), Castilla la Mancha (+431), Madrid (+255), Castilla y León (+210), Galicia (+188), Murcia (+137), Extremadura (+125), País Vasco (+124), Cataluña (119)  y Aragón (+102). Tras un año de contagios, España acumula 61.382 muertes por COVID 19, la mitad de ellas causadas en residencias de ancianos (29.757 muertes). Y lo más llamativo es que casi la cuarta parte de todas las muertes son consecuencia de la Navidad: 5.768 muertes en diciembre y 8.249 en enero (14.017 en total). Ahora, Sanidad cree que seguiremos 2 semanas más con muchas muertes diarias (724 el martes 2 de febrero, el récord diario desde abril).

A la vista de este balance, que baja los contagios pero sigue con un nivel muy elevado de hospitalizaciones, enfermos en UCIs y muertes, algunas autonomías han aprovechado para “bajar la guardia” y suavizar restricciones a la movilidad, la hostelería y el comercio, en especial Cataluña (hay elecciones) y Madrid. Esto es un enorme riesgo, porque “abrir la mano” puede ralentizar la bajada de contagios, hospitalizaciones y muertes. Recordemos que estamos en un nivel de contagios elevadísimo, que duplica al de muchos paises europeos y triplica el nivel de contagios considerado “extremo (más de 250/100.000 habitantes). Y que, aún con la bajada de los últimos 11 días (de 899 a 750), estamos muy por encima del pico de contagios de la 2ª ola: 529 (9 de noviembre).

Si se abre la mano en las restricciones de las autonomías, tardaremos meses en bajar el nivel de incidencia actual (750) por debajo de 500 y sobre todo de 200 (el nivel 150 a 250 se considera “alto), que estaría muy por debajo del objetivo deseable (que el Gobierno fijó en 50). Y ya hay quien habla de “salvar la Semana Santa” (a principios de abril), lo que podría provocar otro retroceso y entrar en una 4ª ola de contagios. Además, hay que seguir restringiendo la movilidad y la actividad comercial y de ocio porque tenemos 2 problemas que nos van a complicar la lucha contra el virus en los próximos meses.

El primer problema son las mutaciones del virus, 3 detectadas hasta la fecha: la variante británica, la sudafricana y la brasileña. La variante británica apareció en septiembre y se ha detectado ya en 73 países, entre ellos España, donde supone ya el 10% de contagios (y más de un 25% en Madrid, Andalucía y Baleares). Y Fernando Simón, desde Sanidad, ya ha advertido que será “dominante” en España a finales de febrero o principios de marzo, lo que preocupa especialmente porque la cepa británica es más contagiosa (+70%) y más letal (+30%). Aún es peor la cepa sudafricana (detectada en Vigo y Cataluña) y se teme por la cepa brasileña, que no parece habernos llegado todavía, mientras el Gobierno español y los europeos han prohibido los vuelos desde Sudáfrica y Brasil.

El segundo problema son los retrasos en la vacunación, por un doble motivo: se van a recibir menos vacunas de AstraZeneca (la mitad de las previstas) y la vacunación va con retraso, por falta de medios y planificación (el dato del 4 de febrero indicaba que se habían vacunado 1.988.160 españoles con 1 dosis y sólo 586.122 con las dos dosis. Y además, hay otro problema de última hora que obliga a cambiar todo el Plan de vacunación: la vacuna de AstraZeneca, que empezó a llegar el fin de semana a España, no se debe aplicar a los mayores de 55 años (según Sanidad), lo que retrasa su vacunación. De hecho, Fernando Simón ha reconocido que los mayores de 80 años (los más vulnerables) “empezarán a vacunarse a finales de marzo”.

De momento, al día de hoy, están vacunados casi todos los mayores en residencias y algunos sanitarios, a los que deben seguir ahora el resto de sanitarios, los grandes dependientes y personal de segunda línea e imprescindibles (a los que irá la vacuna de AstraZeneca). La previsión de la Comisión Europea es tener vacunados al 20% de los europeos (sanitarios y mayores de 65 años) en mayo, lo que supondría en España vacunar a 9,4 millones de personas. Faltan 8,1 millones en menos de 4 meses, 16,2 millones de pinchazos en 100 días, una media de 162.000 vacunaciones diarias, 2,3 veces las hechas hasta ahora . Se puede, pero exige organizar un ejército de enfermeras y voluntarios que vacunen muchas horas diarias. Más difícil es alcanzar el siguiente objetivo: vacunar el 70% de los europeos para finales de septiembre. Eso obligaría a vacunar al 50% de españoles (23,5 millones) entre junio y septiembre. Son 47 millones de pinchazos en 120 días, a una media de 400.000 vacunaciones diarias (5,8 veces las hechas hasta ahora), en pleno verano. Y eso si no falla el ritmo de llegada de las vacunas y no hay problemas con las mutaciones.

Siendo realistas, lo normal es que el ritmo de vacunación se retrase y no se consiga vacunar al 70% de los españoles hasta octubre, noviembre o diciembre, retrasando así la vuelta a la normalidad (siempre condicionada a que avance la vacuna en el resto del mundo). Así que no podemos bajar la guardia, aunque llevemos 11 días con menos contagios. La propia Comisión Europea acaba de pedir a los paises endurecer las restricciones de movimiento para “aislar” a las regiones con más de 500 contagios, una zona señalada “en rojo oscuro” y donde está toda España salvo Canarias, Baleares, Cataluña, Navarra y Cantabria. Además, las autoridades europeas proponen en esas zonas “que los ciudadanos se queden en casa, el cierre temporal de empresas y negocios y fortalecer las pruebas de rastreo, con una mayor vigilancia y secuenciación de los casos”. Medidas que España aplica a medias.

No tomar medidas drásticas para cortar los contagios  nos llevó a la 3ª ola (11 diciembre -27 enero), que no sólo ha disparado los contagios (+1.174.618 contagiados, el 41,6% del total) y las muertes (+14.017 muertos, el 23% del total), sino que frena la recuperación económica. El dato europeo es impactante: la 3ª ola provocó una caída de la economía en el 4º trimestre de 2020 en Europa (-0,5% PIB UE-27) y la zona euro (-0,7%), así como en Italia (-2,6%), Francia (-1,3%) y Austria (-4,3%). Y el resto de paises crecieron poco (+04% España o Portugal) o casi nada (+0,1% Alemania), según Eurostat. Ahora, el temor es que el alto nivel de contagios y las restricciones, junto a la falta de perspectivas, mantenga la economía europea al ralentí, que apenas crezca o incluso caiga este primer trimestre y el segundo.

Ante este panorama, la Comisión Europea, el BCE y muchos expertos insisten en mantener las ayudas a empresas, trabajadores y familias e incluso aumentarlas, para evitar quiebras y cierres de empresas esta primavera. En España, la principal petición de nuevas ayudas procede del sector turístico, la hostelería y el comercio, los negocios más afectados por la pandemia. El Gobierno responde que ya les ha ampliado los ERTEs (40.000 millones de gasto anual) y los créditos ICO con aval del Estado (ampliados hasta 140.000 millones), además de haber prorrogado las exenciones fiscales (1.227 millones no ingresados por Hacienda hasta noviembre) y la reducción de cuotas a la Seguridad Social (otros 9.225 millones de coste en 2020). Y que no puede dar ayudas directas al turismo y la hostelería, porque tendría que autorizarlas Bruselas (y eso las retrasaría). Por eso defiende que estas ayudas directas las concedan las autonomías, a las que el Gobierno ha transferido este año 8.000 millones del Fondo Europeo REACT-EU, que pueden financiar ayudas al turismo y la hostelería. Pero de momento, sólo han aprobado ayudas 4 autonomías (Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Cataluña), además de anunciarlas Canarias.

Con o sin ayudas, la economía no tira con la pandemia y las familias restringen su consumo y gastan al mínimo, con casi 4 millones de parados. Es el coste de no haber tomado medidas drásticas en septiembre o en noviembre, de permitir una 3ª ola y no clarificar el futuro con las vacunas. Ahora, otra vez más, se evitarán medidas drásticas y nos mantendremos en “una meseta de contagios”, con un nivel elevado de enfermos, hospitalizados y muertos. Y con una economía que así no puede recuperarse, al menos hasta el verano. Y entonces, si no están la mayoría de europeos vacunados, tampoco podremos “salvar al turismo”. Y se retrasará la recuperación hasta el otoño, junto a los contagios y los muertos. Tras casi un año de pandemia, debíamos haber aprendido de los errores. Pero no es así: bajan los contagios, se abre la mano, se piensa en “salvar la Semana Santa”, en “salvar el verano”… Y mientras, sigue un goteo interminable de enfermos, hospitalizados y muertos. Y más empresas en apuros y más parados. Seamos sensatos, al menos los ciudadanos: quédate en casa.

¿Qué pasa con el recibo de la luz?

En enero, nos asustaron con la subida de la luz en el mercado mayorista: pasó de 42 a 100 euros/MWh en unos días, por la gran nevada y las heladas, aunque cerró el mes a 1,42 euros. Finalmente, el recibo ha subido  10 euros en enero, aunque bajará en febrero y en el 2º trimestre. El problema de fondo, al margen del clima, es que los españoles somos el 5º país europeo que paga más cara la luz, porque pagamos costes de más a las eléctricas (2.000 millones al año), más impuestos en el recibo y más “peajes” (costes varios que aprueban los Gobiernos), junto a altos márgenes de comercialización a 3 distribuidoras que controlan el mercado. El Gobierno pone “parches”, imponiendo tarifas por horas el 1 de abril y quitando del recibo las ayudas a las renovables. Debería ir más allá: hacer una auditoría de costes y pagar a las eléctricas por lo que les cuesta producir la luz, sin extracostes. Luz y taquígrafos.

Enrique Ortega

España inició este año 2021 con la electricidad más barata desde el año 2004: el precio medio en el mercado mayorista había sido de 33,96 euros/MWh en 2020, un 30% menos que en 2019 (47,68 euros) y el más bajo desde 2004, debido a la pandemia, que provocó un desplome de la demanda eléctrica, sobre todo la industrial y de servicios. Esta bonanza de precios (42,51 euros/MWh el 1 de enero 2021) se rompió el 7 de enero (88,93 euros), con el anuncio de la borrasca Filomena, que disparó los precios del mercado mayorista de la electricidad: 99,94 euros el viernes 8 de enero (llegó a costar 121,24 euros a las 9 de la noche, cuando se inició la gran nevada) y 80,66 el sábado día 9. Y la semana siguiente, con las bajas temperaturas y heladas, el precio de la luz se mantuvo por encima de los 82 euros/MWh hasta el 18 de enero, para bajar después, quedando en torno a los 50 euros hasta el viernes 29, cuando otra tormenta (Justine) trajo fuertes  vientos y la energía eólica provocó un desplome de precios en el mercado, hasta los 1,42 euros/MWh del 31 de enero.

Esta tormenta de precios en el mercado eléctrico en enero se debió no sólo a factores climatológicos (que impidieron producir electricidad con energía solar y eólica, más baratas), sino también a una subida extra en el precio del gas natural (por problemas de suministro en Argelia y una mayor demanda de las centrales de gas) y por la subida de los derechos de CO2 que pagan las centrales de carbón y gas que se tuvieron que enganchar al sistema. Y además, el frío generalizado disparó la demanda de energía en todo el mundo, en especial en Asia (Japón pidió limitar el consumo para evitar apagones), elevando los precios.

Al final, este vaivén de precios en enero en el mercado mayorista de la electricidad (MIBEL) se traduce en una subida del recibo de la luz a los 11 millones de españoles (el 37% de los usuarios) que tienen un contrato de precio regulado (PVPC: precio voluntario al pequeño consumidor). Como el coste de la electricidad en el mercado supone un 35% del recibo, la subida de enero ha provocado que el recibo de una familia media (4,4 kwh de potencia y 3.900 euros de consumo) haya subido +10,36 euros en enero, según el simulador de la CNMC, quedando en 73,59 euros (frente a 63,23 euros en diciembre). Para los demás consumidores, los 18,6 millones que tienen un contrato “libre”, el precio que pagarán será el que fijaron para este año con su compañía (una “tarifa plana” más alta que la regulada).

Ahora, el Gobierno dice que el mercado eléctrico seguirá bajando en febrero (-37% sobre enero) y en el 2º trimestre (-45%), pudiendo subir para el verano, como pasa siempre, con lo que tendremos por delante varios meses de bajada del recibo de la luz. Y además, el Gobierno ha puesto en marcha 2 reformas que van a forzar una mayor bajada de la luz, con lo que espera que siga bajando en 2021 y 2022 y, según la ministra de Transición Ecológica, acabe siendo “más barata que en Francia” (ahora es más cara).

El primer cambio entrará en vigor el 1 de abril, cuando sea obligatorio que las eléctricas cobren la luz según la hora en que se consume, tras varios años de adaptación de contadores y compañías. Habrá 3 tarifas según la franja horaria: la más cara (de 10 a 14 horas y de 20 a 22 horas), la más barata (entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, más sábados, domingos y festivos) y la intermedia (resto de horas). Estas nuevas tarifas con discriminación horaria se aplicarán obligatoriamente a los clientes con previo regulado (PVPC), mientras que a los clientes que estén en el “mercado libre”, será la comercializadora la que le detalle la oferta. Además, a partir de abril, también se podrá contratar potencias distintas para horas distintas, otro sistema para reducir costes fijos. Al final, si nos acostumbramos a poner la lavadora por la noche y a cocinar más en fines de semana, podemos ahorrar en el recibo, hasta un 10% (3 euros de media).

El segundo cambio lo aprobó el  Gobierno el 15 de diciembre y se aplicará gradualmente en los próximos 5 años. Se trata de quitar del recibo de la luz las ayudas a las energías renovables, unos 7.000 millones anuales, que ahora financiamos con “los peajes” (ese cajón de sastre de costes varios que supone el 40% del recibo de la luz). Y pasar este coste, estas ayudas a las renovables, a un Fondo (FNSSE) que financiarán las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores petroleros. O sea, que en vez de que los consumidores financiemos a las renovables (para fomentar las energías limpias), pagarán esta ayuda las empresas que comercializan electricidad, gas y petróleo, que probablemente nos cargarán este nuevo coste cuando vayamos a echar gasolina o compremos butano… Pero el cambio permitirá abaratar el recibo de la luz un 13% en los próximos cinco años, según el Gobierno.

Las dos medidas ayudarán a abaratar la luz, pero son un parche. Porque el problema de fondo que tenemos es que la luz es mucho más cara en España que en la mayoría de Europa y eso se debe a que pagamos muchos costes de más, extracostes con los que hay que acabar, no sólo con los de las renovables. Veamos primero la situación de partida: el precio de la luz para los consumidores domésticos es en España el 5º más caro de Europa: costaba 0,2239 euros/kwh en junio 2020, frente a 0,2126 euros de media en la UE-27, los 0,2266 de Italia, los 0,2203 de Reino Unido, los 0,2120 de Portugal o los 0,1899 euros/kwh de Francia (-15,2% menos que España), siendo sólo la luz más cara en Alemania (0,3043 euros/kwh), Dinamarca (0,2833), Bélgica (0,2413) e Irlanda (0,2239, según la última estadística publicada por Eurostat. Y en los consumidores no domésticos (empresas), España el país nº 13 con la luz más cara de Europa: 0,1302 euros/kwh, muy por encima de los 0,0826 euros/kwh que cuesta de media en la UE-27.

¿Por qué tenemos la luz más cara, ahora y en las últimas décadas? La razón es que los usuarios pagamos costes de más en las tres partes del recibo de la luz: en el coste de la generación de electricidad (el 35% del recibo), en los”peajes” (costes varios) que aprueba el Gobierno cada año (40% del recibo) y en los impuestos (25% restante). Veámoslo.

El primer componente, el precio de producir la luz, se fija en el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), un mercado donde se negocia el precio de la luz cada hora, según la aportación de las distintas energías y su coste. Pero el sistema de fijación de precios, aprobado por Aznar en la Ley eléctrica de 1997, es “de locos”: cada empresa aporta su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel o gas). Y al final, el precio resultante para todas es el del kilowatio más caro. Lo normal es que la energía que falta (cuando hay un salto de demanda o no llueve ni hace viento) se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, que producen a 60 euros/kwh. Y ese es el precio que se paga a las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros producir un kwh) o a las nucleares (a las que les cuesta 22 euros/kwh), centrales ambas que, además,  ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobrarán a precio de chuletón.

Este sistema de fijación de precios (“marginalista”) busca compensar a las eléctricas por tener centrales con poco uso (de gas y fuel), que se mantienen para asegurar el suministro ante cualquier eventualidad. Pero nos cuesta a los usuarios unos 2.000 millones extras al año desde 2006 (hemos pagado 28.000 millones de extracoste en nuestros recibos), según estima la profesora Natalia Fabra. Además de fijar un precio no justificable, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha multado ya a todas las eléctricas por “manipular la oferta y los precios”, poniendo y quitando en el mercado centrales, malas prácticas que les han costado varias multas.

Vayamos al segundo componente del recibo de la luz (un 40%), los llamados “peajes”, un “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a renovables, cogeneración y residuos (20,6%), compensaciones por el parón nuclear (0,41%), pago para amortizar la “deuda” acumulada con las eléctricas (2,89%), compensación a Endesa por la electricidad que produce en Baleares y Canarias (4,2%), ayudas a las centrales de gas, compensaciones a las grandes industrias consumidoras y el pago por el transporte de electricidad (el 2,96% del recibo) y por su distribución (10,04%),los dos únicos costes “justificados” pero que se consideran elevados.

El gasto más discutible es el margen que pagamos a los distribuidores de electricidad, empresas que dependen de las eléctricas y que nos cargan un margen medio del 17% sobre el precio que pagan (a ellas mismas) al comprar la electricidad en el mercado mayorista. Los expertos denuncian que hay un oligopolio de distribución, que 3 compañías (creadas por las 3 grandes eléctricas) controlan el mercado y fuerzan márgenes y precios. De hecho, en el mercado libre (el que tienen dos tercios de consumidores, Iberdrola (35,6%), Endesa (29,3%) y Naturgy (11%) controlan el 75,9% del mercado. Y llegan al 84,3% con EDP (5%) y Viesgo-Repsol (3,4%). Pero además, se lo tienen repartido por regiones, de tal manera que Iberdrola controla Madrid (52,9% mercado), las dos Castillas, Levante y Murcia, Endesa controla Barcelona (60,5%), Cataluña, Andalucía y Canarias (90%) y Naturgy Galicia, según el mapa 2019 publicado por la CNMC. Y en el caso del mercado regulado (el tercio restante de clientes), pasa lo mismo: Naturgy controla el 55,8% del mercado eléctrico en Galicia, Energía XXI (Endesa) el 43% de Canarias, el 33% de Cataluña o el 30,9% de Baleares, y Curenergía (Iberdrola), el 31,5% del mercado valenciano y el 17,6% del madrileño.

Y acabemos en la tercera parte del recibo, los impuestos (el 25% restante): el impuesto especial (el 5,113% sobre la potencia instalada y el consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro). Y aquí también pagamos impuestos de más. Somos el 3º país de la UE con más peso de los impuestos sobre el precio final de la electricidad a los consumidores domésticos: un 47,38%, frente al 66,4% en Dinamarca y el 53% en Alemania, muy por encima del peso de los impuestos en la luz de la UE-27 (40%), de Portugal (48%), Italia (39%) y Francia (34,3%). Y somos el 5º país europeo con el IVA de la electricidad más alto (21%), sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%, Finlandia (24%) y Portugal (23%),según Eurostat. Y en el caso de la luz para empresas y consumidores no domésticos. España es el 6º país con más peso de los impuestos (28%), detrás de Alemania (52%), Holanda (50,5%), Italia (43%), Bélgica y Portugal, aunque por debajo del peso de los impuestos en la UE-27 (36%).

Ahora ya sabemos por qué pagamos la luz más cara que en Europa: por extracostes en la generación de electricidad, mayores márgenes al comercializarla, exceso de costes “políticos” y más impuestos. Habría que hacer una reforma integral del sistema eléctrico, no seguir con “parches” cuando se dispara el recibo. Y para eso, la clave sería que el Gobierno impusiera una auditoría de costes, para saber de verdad cuánto nos cuesta producir la luz y cuáles son los extracostes desde la central hasta el recibo. No vale decir que el sistema de fijación de precios es “europeo” y no puede tocarse, porque hay paises, como Francia, que han aprobado retribuir a las nucleares con un precio fijo (no el marginal del mercado) que cubre sus costes medios. Habría que aprobar precios fijos para las energías ya amortizadas (como  hidráulica y nuclear) y compensar de otra forma a las centrales “de refuerzo” (gas), no a costa de que se dispare el precio final, como ahora. Y renegociar los márgenes de transporte y distribución, así como rebajar el IVA lo que se pueda (déficit).

Sólo así bajará de verdad la luz, con transparencia en los costes y con más competencia en la distribución y comercialización, atacando el oligopolio y fomentando más la competencia. El sistema vigente desde hace décadas beneficia a las eléctricas (duplican el beneficio de las europeas) y perjudica a los consumidores, que pagamos la luz más cara. Es hora de reformar este mercado, que ellos ganen menos y nosotros paguemos menos. El problema es que son muy poderosos y será difícil imponerles los cambios. Luz y taquígrafos.