El Gobierno Rajoy lleva meses empeñado en la reforma de los puertos, argumentando
que lo exige Europa y esgrimiendo la amenaza de multas. Pero no dice que
el Tribunal de Justicia de Luxemburgo
acaba de condenar a España por tener 61
vertederos ilegales, tras otra
condena en 2016 por otros 30 vertederos ilegales. Y en unos meses pueden llegar las multas, porque Bruselas lleva
desde 2008 advirtiendo a España de que no acaba con los vertederos
ilegales. En paralelo, la Comisión Europea cree que la gestión de residuos y el agua son los dos graves problemas
medioambientales de España, que tiene muchos vertederos porque recicla
menos basura que Europa y las plantas de tratamiento de residuos son poco
eficientes. Bruselas propone a España que introduzca un impuesto sobre vertidos, que coordine la gestión de residuos de
las autonomías y que fomente la recogida selectiva, concienciando a las
familias a separar y reciclar. Urge tomar medidas para que la basura no nos coma.
Vertedero en barranco de Jagua ( Santa Cruz de Tenerife) La Opinión
La basura creciente
es un grave problema en todo el mundo y también en España, donde generamos casi 500 kilos de residuos por persona y
año (495 kilos), según un estudio de la Fundación para la Economía Circular. Algo más de la mitad (52,1%) procede de los
domicilios y otro 40% del comercio, los servicios, oficinas y centros públicos.
La mayoría son biorresiduos (40%),
seguidos de papel/cartón (20%), plásticos (10%) y vidrio (5%). Y del total de residuos, un 80% los gestionan los
Ayuntamientos y el 20% empresas y entidades privadas.
Con todo, España ha reducido los residuos municipales durante la crisis, de 578 kilos/habitante en
2007 a 435 kilos/habitante en 2014, por debajo de la media europea (475
kilos/habitante/año), según el último informe de la Comisión Europea. Pero tenemos un problema
estructural: España recicla mucho menos que Europa (33% frente al 43%) y por eso lleva
mucha más basura a los vertederos (un 55% de la basura, frente al 28% en
Europa). Y eso hace, además, que haya muchos vertederos ilegales en España.
Europa aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el objetivo de que los paises europeos reciclaran el 50% de su basura para 2020 y el 35% a vertederos, dos objetivos que España incumple con creces (33% y 55%). Ya en octubre de 2008,
la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que tenía 300
vertederos ilegales. El Gobierno español (entonces Zapatero) se
comprometió a “clausurar y restaurar
estos vertederos antes de 2011”, pero la crisis y los recortes lo
postergaron, con lo que Bruselas emitió otro dictamen complementario, en
septiembre de 2014, en el que se instaba a España a actuar contra 63 vertederos incontrolados: muchos de ellos no funcionaban
ya pero eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en
2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían sin restaurarse y
llevó a España ante el Tribunal Europeo
de Justicia (TJUE), al que también había denunciado por sus vertederos a
Italia, Grecia, Portugal, Croacia, Chipre, Hungría, Irlanda, Eslovenia, Malta y
Portugal.
En febrero de 2016,
el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales que seguían en activo
o no se habían sellado correctamente. Y ahora, el 15 de marzo de 2017, el TJUE ha emitido una segunda condena
contra España, por otros 61 vertederos
ilegales (ver listado) situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la
Mancha (5), Murcia 83), Baleares (1) y Andalucía (1). El Tribunal dictamina que
“España no ha aplicado las medidas
necesarias para asegurar que la gestión de residuos se realice sin poner en
peligro la salud humana y sin dañar el medio ambiente, en particular sin crear
riesgos para el agua, el aire, el suelo, la flora o la fauna”. Ahora, la Comisión
Europea puede pedir al Tribunal europeo que imponga una multa a España por no clausurar bien estos vertederos, como
ya hizo con Italia (42 millones) y Grecia (10 millones).
El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y recursos judiciales de los propietarios para
justificar que no se hayan clausurado estos vertederos ilegales, insistiendo en
que llevan años cerrados. Pero el problema, alega Bruselas, es que estos vertederos son “bombas de efectos retardados”, que una vez cerrados deben ser vigilados y tratados. No sólo porque pueda haber
incidentes (como el fuego en el vertedero de Seseña,
Toledo), sino porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las
aguas subterráneas. Incluso aunque se les cubra con una capa de
polietileno o con una barrera de arcilla, es habitual que se “pinchen” por los
gases emitidos y los movimientos del terreno. Así que debe haber Planes de cierre y tratamiento de estos
vertederos a 30 años vista, algo que la
mayoría no tienen.
España tiene muchos vertederos ilegales porque recicla
poco (un 33% frente al 40% la UE) y porque las plantas de reciclaje funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de
euros (una buena parte, fondos europeos) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de
provincias enteras, mientras en Europa se apuesta por plantas más pequeñas. Las
macroplantas
españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es
bajísima: en las mejores apenas llega al 5%, con lo que el 95% de la basura restante acaba en los vertederos, que así
proliferan por doquier. Otro problema señalado por la Comisión es que como España
no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y así contamina la
mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar el cartón, el vidrio o los plásticos con
grasa y después del dinero que cuesta procesar esta basura, no se puede
vender y acaba en los vertederos.
Ya no es sólo la basura tradicional la que se
recicla poco y mal. España también gestiona
mal la "basura electrónica", de la
que generamos 17,8 kilos al año, más del doble de la media mundial (7
kg/persona). Según la Comisión Europea, el 75% de estos residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos “no se gestionan de forma adecuada”, lo que
supone un peligro para la salud y el medio ambiente, además de ser un fraude a
los consumidores: al comprar un ordenador o un electrodoméstico, ya pagamos
entre 5 y 30 euros por su futuro reciclado. Y según estimaciones de Bruselas,
los fabricantes sólo destinan un 20% de esos ingresos al reciclaje. Según datos de Eurostat, España sólo recicla el
25% de los aparatos electrónicos, frente al 355 de media en la Unión Europea.
Y muchos acaban también en los vertederos o exportados ilegalmente para
extraerles los componentes de valor.
La Comisión Europea
cree que España tiene un buen marco
legislativo para mejorar su política de residuos, el Plan estatal marco
para la Gestión de Residuos (PEMAR),
aprobado en 2016, pero cree que falta una
mayor coordinación entre el Gobierno central y las autonomías, que tienen
las competencias de medio ambiente, cada una con su política, sus objetivos y
sus medios. Por eso, Bruselas pide mayor coordinación y más medios para la
gestión de residuos, con dos objetivos
claros: producir menos residuos y gestionarlos mejor. Para conseguir
más recursos, la Comisión Europea propone a España, en su informe medioambiental de febrero, que cree un
impuesto nacional sobre residuos, para destinar este dinero extra a mejorar
la recogida selectiva de basura y las plantas de reciclaje. Y además, generalizar
la responsabilidad al productor, para que las
industrias utilicen sistemas
de envasado que reduzcan los
residuos y faciliten su tratamiento, penalizando a los que no lo hagan.
Al final, los impuestos
y tasas a los que generan basura han sido y son muy bajos en España, lo que ha facilitado la generación de residuos
y dificultado su tratamiento. La Comisión Europea insiste que España debe utilizar
más los impuestos para mejorar el
medio ambiente, penalizando a los que emiten residuos y a los que no reciclan.
Y reiteran la necesidad de educar a los
consumidores en el reciclado y separación de los residuos orgánicos, con un aumento de la recogida puerta a puerta,
para facilitar el reciclado posterior de residuos. No es sólo cuestión de
dinero y de impuestos, también de educación:
nosotros y nuestros hijos
debemos aprender que la basura es un
problema y hay que colaborar para reciclarla, en beneficio de la salud y el
medio ambiente. Y que no podemos llenar
el país de vertederos y escombreras, más propios del subdesarrollo que del
siglo XXI. Que no nos coma la basura.
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