lunes, 30 de enero de 2017

Dependencia: 10 años falta de recursos


La Ley de Dependencia cumplió 10 años en enero, para garantizar la atención a ancianos y discapacitados. Y en esta década, 1.600.000 dependientes han solicitado ayudas, aunque hoy sólo las reciben 859.053, mientras otros 353.990 dependientes con el derecho reconocido están “a la espera”, por falta de recursos. La Ley fue un gran avance, pero no aseguró una financiación estable y el Gobierno Rajoy la ha invalidado con sus recortes. Ahora, las autonomías exigen recibir más recursos con la futura financiación autonómica, para terminar con las listas de espera, porque muchos ancianos se mueren antes de que les lleguen las ayudas. PP y Ciudadanos han pactado 400 millones más al año para la Dependencia, pero harían falta 2.275 millones anuales extras en esta Legislatura. Y todos los partidos, salvo PP y PNV, han firmado un Pacto para salvar la Dependencia. Cada vez habrá más viejos y más dependientes y tenemos que asegurar su cuidado. Por justicia y por puro egoísmo.
 
enrique ortega

El ex presidente Zapatero no pasará a la Historia por muchas cosas, pero quizás sí por haber sido el promotor de la Ley de Dependencia, la “cuarta pata” del Estado de Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), que su Gobierno aprobó el 20 de abril de 2006. Con ella, España se sumaba a los pocos países europeos que tienen una Ley para garantizar a los ciudadanos una atención o una ayuda cuando no pueden valerse por sí mismos, ya sea por minusvalías o por la vejez. Austria aprobó una Ley en 1993, Alemania en 1995 y Francia en 1997, mientras los países nórdicos y Holanda lo tienen incluido en sus Leyes de servicios sociales. Y en el resto de Europa, se atiende a los dependientes, pero dentro de la asistencia sanitaria o social, sin una Ley específica que reconozca este derecho. En España, la Ley fue aprobada en noviembre de 2006, por una amplia mayoría en el Congreso (la apoyaron todos los partidos, salvo CiU, PNV y EA, por cuestión de competencias autonómicas) y el apoyo entusiasta de Rajoy, entonces en la oposición: se mostró muy satisfecho” con la Ley y pidió al Gobierno socialista que dotara a la norma de “recursos presupuestarios suficientes”.

La Ley arrancó el 1 de enero de 2007, hace ahora 10 años, con un Presupuesto que tenía superávit, porque la economía estaba en años de “vacas gordas”. Pero con la crisis de 2008 empezaron los problemas y los déficits, para el Estado y para las autonomías, que son las que gestionan la Dependencia, la mayoría entonces dirigidas por el PP. Y así Rajoy declaró en noviembre de 2011, tres días antes de ganar las elecciones: “la Dependencia no es viable”. Y menos que lo iba a ser con su política de recortes, que empezó a aplicar sólo 9 días después de tomar posesión: dejó fuera del sistema a los dependientes moderados (hasta julio de 2015), recortó drásticamente la aportación del Estado a la dependencia (-2.865 millones entre 2012 y 2015) y aprobó un decreto de cambios profundos para facilitar a las autonomías (la mayoría gestionadas por el PP) un drástico recorte en el gasto en Dependencia: dejó de pagar la Seguridad Social a los 423.000 cuidadores familiares de los dependientes, les bajó un 15% su paga mensual (55 euros sobre 400), redujo servicios (ayuda a domicilio), simplificó los baremos (de 6 a 3, rebajando así las ayudas) y subió el copago a las familias.

Las autonomías, que gestionan las ayudas a los dependientes, se encontraron con menos recursos del Estado central y con recortes propios (otros 1.000 millones entre 2012 y 2015), por lo que se vieron obligados a reducir el gasto en Dependencia, apoyados en el decreto del Gobierno de 2012 y buscando además “vías propias” de recortes, como denunció el Observatorio de la Dependencia. La primera, retrasando los expedientes, tanto el reconocimiento del derecho como la concesión de ayudas, disparando las “listas de espera” (384.326 dependientes con derecho reconocido, pero sin recibir ayudas en diciembre de 2015). La segunda, endureciendo los requisitos en febrero de 2012, con lo que redujeron el número de “grandes dependientes (Grado III), los más caros de atender, y aumentando los “severos” (Grado II) y sobre todo los “moderados” (Grado I), los más baratos de tender. Y la tercera “vía de “ahorro” ha sido “revisar de oficio” valoraciones ya hechas: se llama al dependiente y se le baja el grado (y la ayuda), lo que ha multiplicado las denuncias de las familias a los Tribunales. Las suelen ganar, pero 2 años después y muchos ancianos mueren antes.

Después de tanto recorte, el balance de estos 10 años de Ley de Dependencia sólo puede ser gris: hay 1.619.043 españoles dependientes que han solicitado ayudas y 1.213.043 a los que se les ha reconocido el derecho a recibirlas, pero sólo 859.053 dependientes recibían alguna ayuda a 31 de diciembre de 2016, según datos del IMSERSO. O sea que hay 353.990 dependientes “en lista de espera (un 28,7%), con el derecho reconocido a una ayuda, pero sin recibirla. Y eso, además de injusto es muy preocupante porque más de la mitad de los dependientes tienen más de 80 años (el 54,5%) y pueden morirse esperando la ayuda. De hecho, 125.000 ancianos dependientes se han muerto desde 2012 esperando una ayuda que tenían reconocida, según estimaciones de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta injusta aplicación de la Ley de Dependencia es muy desigual por autonomías. Así, hay 5 regiones donde más de una tercera parte de los dependientes reconocidos no reciben ayudas: Canarias (45,2% de los dependientes reconocidos no reciben ayuda), Cataluña (41,7% en lista de espera), Aragón (37.4%), Castilla la Mancha (36% pendientes) y Andalucía (35,8% dependientes a la espera). Y en número, más de la mitad de los dependientes reconocidos sin ayudas están en Andalucía (102.691 dependientes en espera) y Cataluña (90.673). En el otro extremo, hay otras 5 regiones donde casi todos los dependientes reconocidos reciben ayudas, donde no hay casi listas de espera, porque gastan más o lo gestionan mejor: Castilla y León (sólo un 0,6% de dependientes en espera), Ceuta y Melilla (4,16% pendientes), Madrid (14,5% pendientes) y Asturias (15,6% dependientes en espera).

Claro que recibir una ayuda tampoco significa que los dependientes o ancianos estén bien atendidos. Porque muchas autonomías optan por sistemas de atención baratos y que no les compliquen, la mayoría pagar una pequeña cantidad ( de 153 a 442 euros al mes, según el grado de dependencia) a las familias para que les cuiden (así son el 33,79% de todas las ayudas) y ofrecer servicios “baratos, como la tele asistencia (15,35% de las ayudas) o las ayudas a domicilio (15,97% de las ayudas). Y son minoría los dependientes que reciben atención en una Residencia (el 14,19%) o en Centros de día (8,02%), la atención “más cara”. Y en los dos últimos años, hay autonomías que han apostado por “privatizar el servicio”, pagando un cheque a las familias para que contraten lo que quieran: esta ayuda (“vinculada a servicio) es muy importante en Castilla y León (22,6% del total de ayudas), Extremadura (38,9%), Aragón (19,7%), Canarias (15,2%) y Comunidad Valenciana (10,92%).

El problema central de la Dependencia es la falta de recursos y el desequilibrio en su financiación. La Ley pretendía que las ayudas públicas se pagaran “a medias” entre el Estado central y las autonomías, pero los recortes de Rajoy han llevado a que el Estado cada vez pague menos y las autonomías más, junto a las familias. Así, si en 2009 el Estado central financiaba el 39,2% de la dependencia, en 2015 financió sólo el 18,1%, según los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Las autonomías, que pagaban el 46,2% de la Dependencia en 2009 pagaron en 2015 el 62%. Y las familias, con el copago obligatorio de los servicios, financian ya el 19,9% restante, cuando en 2009 sólo pagaban el 14,7%. Así que el Gobierno Rajoy está incumpliendo la Ley de Dependencia porque de la financiación pública (sin los copagos), el 77,4% lo ponen las autonomías y el 22,6% el Estado (no 50/50).

El “escaqueo” del Estado es igual en todas las regiones, pero luego hay autonomías que gastan más en Dependencia y que gestionan mejor, con lo que tienen menos dependientes “en espera”. Pero la mayoría lo hacen mal. De hecho, el Observatorio de la Dependencia sólo aprueba la gestión de 6 autonomías, encabezadas por Castilla y León (8,75 puntos sobre 10), Andalucía (7,50), País Vasco (6,79), La Rioja (6,07), Castilla la Mancha y Madrid (5,71 puntos). Y suspende a las 11 autonomías restantes, más Ceuta y Melilla, colocando en el farolillo rojo de la Dependencia (y desde hace varios años) a la Comunidad Valenciana (nota: 0), Canarias (0,71), Aragón (0,11), Baleares (2,14), Navarra y Murcia (2,86 puntos sobre 10), malas regiones para ser hoy un discapacitado o un anciano dependiente en España.

Ahora, cuando la Ley de Dependencia ha cumplido sus primeros 10 años, es un buen momento para mejorar su aplicación, aumentando sus recursos. En julio pasado, Ciudadanos forzó al PP a mejorar la financiación de la Dependencia, dentro de las 150 medidas pactadas para apoyar la presidencia de Rajoy. El compromiso es aumentar el Presupuesto en 400 millones anuales esta Legislatura. Una cantidad claramente insuficiente, porque las estimaciones de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales son que hacen falta 5.100 millones netos en 4 años para acabar con las listas de espera y atender a esos 354.000 dependientes con derecho a ayuda y que no la reciben. Eso supone un gasto extra de 1.275 millones de euros al año, más otros 500 millones anuales que harían falta para recuperar el nivel acordado (lo que Rajoy suprimió en 2012) y otro tanto para hacer frente al aumento de dependientes, por el envejecimiento. Hablamos de 2.275 millones extras anuales para la dependencia en esta Legislatura, empezando por el Presupuesto 2017. Eso supondría gastar en Dependencia unos 8.800 millones al año, en vez de los 6.589 actuales (2015).

Hace falta un Pacto político para conseguir más recursos para la Dependencia, sobre la base de las propuestas planteadas en 2009 por la Comisión de expertos que informó sobre la Ley de Dependencia en el Congreso: más ingresos fiscales (se pueden conseguir, porque España ingresa 50.000 millones menos que la media europea, según Eurostat), posibles recargos del IVA o cotizaciones sociales adicionales. De momento, la Conferencia de Presidentes autonómicos, el 19 de enero, acordó crear (en un mes) una Comisión para estudiar la financiación futura de la Dependencia, reconociendo que este gasto ha de contemplarse en la reforma del sistema de financiación autonómica.

Mientras se espera el trabajo de esta Comisión, hay un nubarrón en el horizonte: la actitud de Rajoy y el PP, que ha sido el único partido (junto al PNV, pero por cuestión de competencias) que no firmó el Pacto de Estado por la Dependencia, alcanzado entre todos los grupos políticos en el Congreso el 14 de diciembre, a propuesta de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con dos objetivos básicos: revertir los recortes de 2012 y conseguir un modelo estable de financiación para la Dependencia. Se trata de destinar unos 8.800 millones anuales a la Dependencia, un gasto mucho menor de lo que nos cuesta la sanidad (88.000 millones anuales), la educación (50.000 millones) o las pensiones (120.000 millones). Y, además, un gasto que tiene muchos retornos, en ingresos impositivos y empleo: actualmente hay 250.000 personas trabajando en la dependencia y se podrían crear otros 100.000 empleos más, además de ingresos fiscales y cotizaciones, financiando mejor la Dependencia.

En resumen, tenemos una Ley de Dependencia que asegura unas ayudas (un “derecho”) que no se pueden dar por falta de recursos. Y si no se financia mejor, el sistema se colapsará aún más en el futuro, porque cada vez vivimos más años y habrá en España más ancianos dependientes, que necesiten cuidados: la estimación del CSIC es que se dupliquen con creces los dependientes, pasando de los 3 millones actuales (discapacitados y ancianos dependientes) a 7 millones en 2050. Así que hay que afrontar el problema, liquidando las listas de espera actuales y afianzando el sistema para que atienda a los dependientes futuros. Por justicia, para ayudar a los dependientes y sus familias, porque muchos necesitan apoyo para cuidarlos. Y por puro egoísmo: pronto, los dependientes podemos ser nosotros.

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