El negocio de las residencias de ancianos

España es uno de los paises más envejecidos de Europa, con 9 millones de mayores de 65 años. Y en 2050, seremos el 2º país más envejecido del mundo, con más de 15 millones de personas mayores. Los fondos de inversión extranjeros y también españoles han visto claro este negocio, invirtiendo recientemente más de 2.000 millones de euros en comprar y construir residencias de ancianos, muy escasas. Así, las residencias privadas facturan ya 4.500 millones al año y las 3 mayores empresas son francesas. Y cada año llega más capital extranjero, a ocupar el vacío que deja la escasez de residencias públicas (sólo 1 de cada 4), que llevan años sin construirse por los recortes. El problema para los mayores es que una residencia cuesta 1.900 euros al mes de media, más que la mayoría de pensiones. Y tienen que buscar que los cuiden sus familias o una residencia “low cost” de poca calidad. Urgen 100.000 nuevas plazas de residencias y que la mayoría sean públicas, no un negocio para inversores.

enrique ortega

En España vivían el 1 de enero 9.055.580 personas mayores de 65 años, según el último Padrón de habitantes del INE, un 19,2% de la población. Eso nos coloca como uno de los paises más envejecidos de Europa, tras Italia (22,6% de mayores), Portugal (21,8%), Alemania (21,4%) y Francia (19,7%), según Eurostat. Pero como España tiene más esperanza de vida (80,39 años los hombres y 85,74 años las mujeres) y la va a seguir teniendo, en las próximas décadas tendremos aún más viejos, según las proyecciones demográficas del INE. Así, en 2033 tendremos un 25,2% de mayores (12.329.5005 habitantes con más de 65 años) y en 2050 serán casi un tercio de la población (el 31,62%), 15.700.000 mayores de 65 años, lo que situará a España como el 2º país más envejecido del mundo, tras Japón.


Este panorama demográfico, el mayor problema de fondo de España, conlleva un gran reto, para financiar la pensión futura de estos mayores españoles. Pero también implica estudiar cómo cuidar y atender a esos 15 millones de viejos futuros. Actualmente, dos tercios de los mayores viven solos (el matrimonio o su viuda/viudo) y eso provoca problemas de soledad y desatención, llegándose incluso a situaciones extremas, como ancianos que llevan años muertos en su casa. Otro tercio de los mayores, según algunas estadísticas, son atendidos por sus hijos (la mayoría, por sus hijas, que en muchos casos no pueden trabajar) o por cuidadores, generalmente inmigrantes. Son 3 millones de personas que necesitan ayuda, en especial ese millón largo que son oficialmente dependientes. Y aquí, el problema es que la falta de recursos públicos lleva a que unos 200.000 mayores estén “en lista de espera” para recibir una ayuda que les han reconocido, desde una teleasistencia a un Centro de Día o una residencia. Y 80 mueren cada día sin que les llegue la ayuda.


La solución para muchos mayores dependientes es ingresar en una residencia de ancianos. Pero la realidad es que hay pocas y son muy caras. El resultado son las “listas de espera”, más de 50.000 ancianos dependientes que cumplen hoy las condiciones para entrar en una residencia pública o concertada (privada subvencionada) y esperan una plaza hasta 4 y 5 años, si no se mueren antes. Se estima que son 18.500 en Cataluña, 10.000 en Madrid, 4.900 en Canarias, 2.600 en Galicia, 2.000 en el País Vasco, 1.500 en Extremadura, 860 en la Rioja…, a falta de datos oficiales. Y eso se debe a la escasez de residencias de ancianos, no sólo públicas sino también privadas. En España hay 4,1 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años (2019), cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que debería haber 5 por cada 100 mayores. La media europea es de 4,6 plazas, pero los paises ricos del norte tienen más (6,96 Suecia, 5,51 Francia, 5,31 Alemania o 5 Reino Unido) e Italia sólo 1,85, según un informe de la consultora CBRE.


En España, la última cifra de residencias de ancianos (abril 2019) indica que hay 5.417 residencias, el 70,96% privadas (3.844) y un 29,04% (1.573) públicas. Y ofrecen 372.985 plazas (camas): el 72,84% son privadas (271.696 plazas, un 35% son concertadas: el Estado paga una cantidad por cada anciano alojado) y el 27,16% restante son públicas. Así que hay 1 plaza pública por cada 3 privadas. Pero esta es la media, porque hay varias autonomías donde las plazas en residencias públicas son mucho menores: Cantabria (sólo 14,1% plazas son en residencias públicas), Comunidad Valenciana (19,9%), Cataluña (20,3%), Andalucía (22,3%), Madrid (23,5%) y Murcia (24,1%). Y otras, pocas, donde hay una mayoría de plazas en residencias públicas: Extremadura (55,1% de las plazas), Melilla (59%) y Canarias (52,6%), según las estadísticas aportadas por el CSIC y Envejecimiento en Red.


El número de residencias y plazas ha crecido, pero menos que el número de ancianos, con lo que faltan plazas: unas 60.000 para llegar al ratio de 5 plazas por cada 100 ancianos de la OMS y un déficit real de 100.000 plazas, según la consultora CBRE. El problema adicional es que la falta de plazas no es homogénea sino que varía mucho por provincias y autonomías, según su porcentaje de mayores y su número de residencias. Así, el mayor déficit de residencias de ancianos se da en Canarias, Murcia y Ceuta (2,2 plazas por cada 100 mayores), en la Comunidad Valenciana (una autonomía muy envejecida, con sólo 2,8 plazas por cada 100 mayores), en Baleares (2,9), en Andalucía (3), en Melilla (3,1), en Galicia (3,1 plazas, siendo la autonomía más envejecida: 25,2% gallegos tienen más de 65 años) y en Madrid (4,1 plazas). Y donde hay más oferta de residencias es en Castilla y León (7,6 plazas por 100 mayores en la 3ª autonomía más envejecida: 25,4% tienen más de 65 años), Castilla la Mancha (6,9), Aragón (6,5 plazas), Extremadura (6,2), Navarra (4,8), Cantabria y Asturias (la 2ª autonomía más envejecida: 25,7% de mayores) con 4,7 plazas y Cataluña (4,3).


Con este déficit y su reparto, hay muchos inversores, sobre todo fondos extranjeros, que han visto en España una gran oportunidad de negocio, por la vía de comprar residencias o construirlas. Así, el sector de las residencias de ancianos ha atraído más de 2.000 millones de euros de inversiones entre 2015 y 2017, según estimación de la consultora CBRE. Y el flujo de dinero ha seguido llegando hasta hoy. Lo que se busca son residencias bien situadas, (también en zonas costeras), mal gestionadas por propietarios españoles a los que se va con el dinero por delante. De hecho, se ha creado una cierta “burbuja” de compras, que ha subido un 50% los precios de las pocas residencias “disponibles”, según la consultora Angomed, que se dedica a “buscar oportunidades”. Y en paralelo, se están comprando edificios para reconvertir en residencias y hasta terreno para nuevas construcciones.


Tras esta “fiebre inversora” por las residencias españolas, el sector privado factura ya 4.500 millones de euros (2018) y se ha concentrado: hay 5 grandes grupos (4 extranjeros) que controlan el 23% del mercado (tenían el 14,6% en 2013) y los 10 primeros concentran ya el 30,9%, según el Observatorio sectorial DBK. El líder es el grupo francés DomusVi (el 3º en Europa en residencias), antes  controlado por el fondo francés PAI Partners y ahora propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG : llegó a España en 2015 y ya tiene 195 residencias y 25.000 plazas (camas). Le sigue el grupo también francés Orpea, filial del mismo grupo francés que tiene 96.500 plazas en Europa: llegó a España en 2006 y tiene ya 100 residencias y 8.000 plazas en residencias y centros de día. El tercero del ranking es Amavir, filial del grupo francés Maison de Famille (ligado a Alcampo, Leroy Merlin y Decatlón), con 43 residencias, 40 centros de día y 8.000 plazas en 7 autonomías. El cuarto es Vitalia, empresa comprada en 2017 a Portobello capital por el fondo británico CVC  Capital Partners: tiene 40 residencias y 8.000 plazas, pero contempla inversiones para llegar a 10.000 plazas y subir al 2º puesto en el ranking del sector. Y en el 5º puesto, Ballesol, la única de las grandes con capital español (75% la aseguradora Santa Lucía), con 48 residencias y 7.000 plazas.


Sigue en este ranking Sanitas mayores, propiedad de la británica BUPA, con 47 centros y 6.000 plazas residenciales. Y Saleta Care, filial de la sociedad belga Armonea, que compró el verano pasado 8 residencias y oferta 3.800 plazas. Y Caser residencial, con 19 residencias y 2.700 plazas. O el grupo francés Korian, líder europeo en el negocio de residencias (con 75.000 plazas), que ha comprado 13 residencias en Andalucía y Mallorca, con 2.000 plazas. Y la lista se engrosa cada día con constructoras que se meten a “gestionar residencias” (OHL, Sacyr, ACS, grupo Eulen…), con el Grupo Once (Ilunion sociosanitario tiene 7 residencias y 802 plazas),  y con fondos de inversión que se suman al negocio: el último HealthCare Activos Yeald, una SOCIMI (sociedad de inversión inmobiliaria) creada en septiembre de 2019 por fondos españoles para comprar y construir residencias.


Todos estos fondos de inversión, extranjeros y españoles, apuestan por el negocio de las residencias de ancianos porque existe una enorme demanda potencial (9 millones de mayores hoy, 15 millones en 2050) y saben que es un negocio “cautivo”, por la inexistencia de una oferta pública de residencias, que no se construyen apenas desde antes de la crisis. Y también saben que es un negocio muy  “rentable”, donde pueden poner altos precios al cliente, por la creciente necesidad del servicio y la falta de plazas en muchas ciudades y regiones, que se incrementará en el futuro: harán falta 200.000 plazas adicionales para 2030 y 400.000 para 2050, según la consultora CBRE.


Al final, el precio de una residencia de ancianos se ha disparado y eso (y la enorme demanda potencial) es lo que atrae a los inversores. Ya en 2017, la web Inforesidencias hablaba de un precio medio de 1.777 euros más IVA (1.954 euros). Y hoy, el precio oscila entre 1.500 y 2.000 euros, con un precio medio de 1.900 euros con IVA, según Cronoshare.com. Un coste que oscila mucho entre los 1.645 euros en Castilla León, los 1.914 euros en Galicia, los 2.030 euros en Cataluña o Madrid o los 2.469 euros del País Vasco. Eso sí, también hay residencias “low cost”  más baratas, en los extrarradios de las grandes ciudades, con pocos servicios y una mala atención que a veces se denuncia.


El problema para una persona mayor es que estos precios de las residencias son “prohibitivos”, incluso si encuentra una plaza en una residencia pública o concertada, donde paga sólo una parte, en torno al 42% según autonomías y residencias (son 800 euros, que en Baleares puede llegar a 1.000 euros). Recordemos que la pensión media en España era en octubre de 994 euros y que en el caso de las mujeres, mayoritarias entre los ancianos que necesitan una residencia, la pensión media de viudedad es de 730,90 euros. Así que una gran mayoría de ancianos no puede pagar ni una residencia pública ni una privada subvencionada y menos una residencia privada normal, salvo que venda parte de su patrimonio o hipoteque a sus hijos. Y sólo le queda depender del cuidado familiar o pagar a un cuidador en casa.


El problema es muy serio, no sólo porque un tercio de los mayores requieren ayuda sino porque muchos necesitan también cuidados médicos y psicológicos, que sólo se les pueden garantizar en una residencia geriátrica (lo que descargaría además la sanidad pública, desde hospitales a especialistas y Centros de salud, muy colapsados por los mayores).Pero no hay ningún Plan de residencias públicas, aunque se contemplaba en la Ley de Dependencia. Y no se invierte en ellas desde hace una década. Harían falta 100.000 plazas, sólo para cubrir el déficit actual, no las necesidades futuras. Y los expertos calculan que el coste de una residencia de 100 plazas son 10 millones de euros. Así que construir 50.000 plazas públicas costaría 5.000 millones de euros al Estado y las autonomías. Y otros 1.750 millones para subvencionar la estancia en 25.000 nuevas residencias privadas.


Pero a la vez que se planifica ampliar las residencias públicas, sobre todo donde hay menos y hacen más falta (recordemos: Galicia, Comunidad Valenciana, Murcia Canarias, Baleares, Andalucía y Madrid), hay que “poner orden” en el panorama actual de las residencias de ancianos, tal como pedía el último informe del Defensor del Pueblo y los profesionales del sector. Hay que “homogeneizar” el servicio, para que todas las residencias tengan las mismas exigencias de personal y profesionales, ya que ahora cada autonomía tiene unos ratios diferentes. Y homogeneizar también las ayudas al pago de una residencia, porque hoy son muy diferentes entre autonomías, con el objetivo de que el pago final no se lleva más del 70% de la pensión. También hay que potenciar las auditorías públicas de las residencias, para detectar y sancionar abusos en el cuidado de los ancianos (que siguen siendo noticia), publicando los resultados para que las familias sepan quién atiende mal. 


Bueno, las residencias de ancianos es un tema medio tabú, del que no se quiere hablar, pero que afecta a millones de españoles, por ser mayores o por sus padres. Y lo preocupante es que el Estado y las autonomías no afrontan la falta de plazas y dejan la vía abierta a los fondos de inversión, que sólo buscan rentabilidad a corto, a costa de altos precios y una atención “barata”. Es hora de decidirse a promover residencias públicas, de destinar parte del dinero generado por los mayores y sus familias a cuidarlos mejor. A no dejarles sólo en manos de los inversores. Para eso tenemos un Estado y unos impuestos.