Este Blog no será aplaudido por los autónomos, pero el
periodismo serio e independiente debe aportar un análisis realista. Y la
realidad es que muchos autónomos en España cotizan poco (aunque
les parezca mucho) y por eso reciben menos prestaciones y pensiones (el
40% menos) que los asalariados. Y sus cuotas solo pagan el 50% de lo que
cuestan sus pensiones (los asalariados pagan un 88%). Sindicatos,
patronal y autónomos pactaron en 2022 un Plan para subir esas cotizaciones
hasta 2032, para mejorar sus prestaciones y las cuentas de la Seguridad
Social. Pero al intentar subir las cotizaciones para 2026 (de 17 a 206 euros al
mes, según ingresos), el Gobierno ha encontrado la oposición frontal de ATA
(patronal CEOE), PP y Sumar (los populismos de ambos signos) y ha rectificado:
las cuotas se congelan o suben sólo entre 2 y 14 euros para 2026. Así
que de reforma nada: los autónomos seguirán cotizando poco, sin
pensar que eso perjudica sus prestaciones, que cargan sobre asalariados y
contribuyentes. Una demagogia injusta.
Esos 3.438.744
ocupados que cotizan como autónomos son un colectivo muy diverso,
según las estadísticas de Trabajo, donde conviven “autónomos de verdad”
(2.023.446 “personas físicas”) , con miembros de órganos de administración de sociedades
(577.788), socios de sociedades (515.737), familiares colaboradores del
autónomo (170.577), familiares del socio (69.702), personal de colegios
profesionales (61.200) y religiosos (9.294). Y además, hay un número importante
de “falsos
autónomos”, trabajadores y profesionales que trabajan para una
empresa (o varias), que prefieren contratar sus servicios como autónomos en
vez de tenerles como asalariados y pagarles sus cotizaciones. Algo muy
frecuente en el reparto de comida a domicilio, comunicación, ocio y
entretenimiento, transportistas, profesionales varios (de periodistas a
arquitectos o abogados) , informáticos y técnicos… De hecho, la organización
UPTA estima que hay
más de 350.000 “falsos autónomos” (el 10% del total). Y la
Inspección de Trabajo ha
detectado a 46.000 este año, sólo hasta septiembre.
Veamos el perfil de los autónomos en España, según los
datos de Trabajo. Casi dos tercios son hombres (2.163.978, el 63%) y
un tercio mujeres, la mayoría españoles (sólo un 14,4% de autónomos son extranjeros)
y mayores de 46 años (el 55,6%), teniendo la tercera parte entre 46 y 55
años. La gran mayoría trabaja en el sector servicios (73,9%), seguidos
de lejos por los autónomos de la construcción (12,4%), la agricultura (7,7%) y
la industria (6,1%). Y por actividades, la mayoría de autónomos se concentran
en el comercio y reparación de vehículos (20,96%), la construcción (12,35%),
las actividades profesionales (10,13%), la hostelería (9,36%), la agricultura
(6,8%) y el transporte (6,18%), teniendo también bastante presencia en la
industria (5,87%), la sanidad (4,28%), las actividades administrativas (4,1%),
la educación (3,20%) y la información (2,8%). Por autonomías, los
autónomos se concentran en Andalucía (593.520), Cataluña (575.433), Madrid
(439.737) y Comunidad Valenciana (388.081), aunque los que tienen más
porcentaje de autónomos sobre su población son Galicia (127,6 autónomos
por 1.000 habitantes), Baleares (125,5), Castilla y León (125,3)
y Extremadura (120,4 por 1.000 habitantes), por el turismo y el campo.
Un problema tradicional de los autónomos es
que la
mayoría cotizan poco, lo mínimo, y eso ha provocado que tengan pocas
prestaciones y pensiones. Aún hoy, después de que muchos hayan empezado
a cotizar más, el 82% de los
autónomos españoles cotizan por las bases mínimas o casi mínimas: 756.637
cotizantes por bases mínimas (el 22% por 670 euros al mes o menos) y otros
2.083.986 (60,6%) por bases entre 1 y 1,5 veces las mínimas, según los datos de
Trabajo. Y un 12,6% cotizan una tarifa
plana (80 euros al mes), que se aplica a los nuevos autónomos durante
un año (prorrogable a otro si tienen bajos ingresos). Estas bajos
rendimientos netos (ingresos menos gastos deducibles y
cotizaciones) por los que cotizan la mayoría
de autónomos explican que tengan menos prestaciones que los asalariados.
Lo más llamativo son sus pensiones: 1.012
euros de jubilación media (octubre
2025), casi un 40% por debajo de la jubilación media de los asalariados
(1.669 euros), según la Seguridad Social. Y lo mismo la pensión de viudedad
(683 euros frente a 995) o de orfandad (435 frente a 541). También cobran menos
si se cogen la
baja por enfermedad (el 60% de su base reguladora, más baja, desde el
4º al 20º día y el 75% después) o accidente de trabajo (el 75% de su
base). Y tienen más complicado cobrar
el paro (por “cese de actividad”).
Para afrontar esta situación, el Pacto de Toledo (abril
1995) ya contemplaba reformar la cotización de los autónomos. Pero no se
concretó hasta julio de 2022, cuando el Gobierno, los sindicatos, la
patronal y las 3 organizaciones de autónomos (UATA, UPTA y UATAE) pactaron
una reforma de cotizaciones y prestaciones. El objetivo era ir subiendo
las cotizaciones año tras año, para conseguir que en 2032 los autónomos
cotizaran por sus ingresos reales, lo que permitiría mejorar sus
prestaciones y pensiones y que colaboraran mejor en la financiación de la SS.
En ese mismo acuerdo se fijaron las nuevas cuotas (con subidas) de 2023,
2024 y 2025, con el compromiso de fijar las de 2026 antes de finales de
este año.
En septiembre, el Gobierno (Ministerio de SS) hizo
una propuesta de subida de cuotas para 2026, que iba desde 17
euros al mes en los tramos más bajos a 27 euros en los tramos de
rendimientos netos intermedios (de 1501 a 1.700), 85 euros/mes a los autónomos
con rendimientos de 3.191 a 3.620 euros y 206 euros más al mes a los
autónomos con rendimientos netos (no ingresos, que son más) superiores a 6.000
euros (ver
cuadro). La reacción de ATA (la asociación integrada en la
patronal CEOE), el PP y Sumar fue coincidente: la subida propuesta
era “un ataque a los autónomos”, objeto de apoyo político por los “populistas”
de ambos signos y otra bandera más de polarización y ataque al Gobierno.
La consecuencia de toda esta presión ha sido que el
Gobierno ha rectificado y ha
congelado o subido mínimamente (del 1 al 2,5%, por debajo de
la inflación) las cuotas de los autónomos para 2026 (ver cuadro), paralizando
así la reforma pactada en 2022. La asociación ATA (cuyo presidente es
vicepresidente de la CEOE) lo ha vendido como “una victoria” y pide
“nuevas mejoras” (un contrasentido: piden más
gasto sin subir cuotas): que se mejore la prestación por “cese de
actividad”, el paro de los autónomos (hoy se piden tantas
condiciones que sólo
se concede a la mitad de los que lo solicitan) y que tengan derecho
al paro de los mayores de 52 años (una pasarela hasta la jubilación, donde los asalariados cobran 480 euros mensuales). Y el
PP ha propuesto que los autónomos que se hagan un Plan de pensiones paguen
menos cuotas. A lo claro: que los autónomos con más ingresos
paguen menos a la SS y más a bancos y aseguradoras…
Mientras, los
sindicatos se quejan de
que estas posturas “populistas” (ATA y el PP, pero también Podemos y Sumar) hayan
frenado una reforma que sólo pretende mejorar a medio plazo
cotizaciones y prestaciones, alegando que si las subidas no se hacen de una
forma gradual, obligarán antes o después a un salto de cotizaciones más
doloroso. Y se temen que el año 2026, con elecciones en el
horizonte, nadie defienda más subidas, lo que deteriorará aún más
las cuentas de la SS y la mejora de las prestaciones a los autónomos.
Porque al margen de la demagogia, las cuentas hablan
claro. No es sólo que reciban menos pensiones (un 40% más bajas) y
prestaciones (por enfermedad, accidente o cese de actividad). Es que, además, las
cuotas actuales de los autónomos sólo cubren el 50% del gasto de sus
pensiones, mientras en el caso de los asalariados, sus cuotas cubren el 88%
de sus pensiones. Y además, en el caso de los autónomos, un tercio de sus
pensiones, al ser tan bajas, han
de ser complementadas (reciben un complemento de mínimos, 274 euros de
media) que pagamos todos los contribuyentes en los Presupuestos
(en el caso de los asalariados, sólo un 19% de las pensiones reciben
complementos de mínimos, 258 euros de media). Además de pagar sólo la mitad de
sus pensiones y recibir más complementos de mínimos, los autónomos reciben
otras prestaciones que no financian tampoco con sus bajas cuotas.
Con todo
ello, al final, los autónomos provocaban un déficit de -13.000 millones
en sus cuentas de 2024, con lo que sólo
cubrían el 48% de todas las prestaciones que recibían, frente al 79%
que cubren las cuotas de los asalariados sobre el total de pensiones y
prestaciones que reciben (su déficit es mayor en cantidad, -31.800 millones,
pero porcentualmente mucho menor).
En definitiva, que la mayoría de autónomos cotizan
poco y con ello no financian ni la mitad de lo que cuestan sus prestaciones,
un problema más evidente en los autónomos que más ingresan. Un
ejemplo, los autónomos con rendimientos superiores a 6.000 euros
(que ganan mucho más, porque de los ingresos restan gastos deducibles y cuotas)
cotizan a la Seguridad Social como un asalariado que gana 1.500 euros (aunque
la mayoría de esta cotización la pague la empresa, como “un salario diferido”).
Lo que deberían entender los autónomos es que deben cotizar más para
recibir más, porque si no tendrán peores prestaciones y además les
tenemos que financiar el resto de trabajadores y los contribuyentes.
Otra reflexión que nadie hace, por parecer “políticamente incorrecta”: si un
autónomo no puede pagar una cuota mensual de 200 a 300 euros (correspondiente
ahora a rendimientos netos de hasta 1.700 euros), el problema puede estar en
que su
actividad no es “económicamente viable” y debería cerrar su actividad y tratar
de buscar un empleo asalariado o montar otra actividad que permita pagar unas
cuotas suficientes para tener prestaciones dignas y una jubilación similar a la
de los asalariados. Lo que ha sucedido con las distintas crisis
es que muchos parados y personas que no encuentran trabajo han optado (o
les han obligado sus empresas) por hacerse autónomos (en
Andalucía hay casi tantos autónomos como parados), pero en realidad
no debían serlo porque su actividad no es viable. Y por eso, las
cuotas, por bajas que sean, se les hacen imposibles.
En resumen, que las
cuotas de los autónomos suben no por la voracidad del Gobierno, sino
para tratar de ajustarlas a sus ingresos reales y para mejorar a medio plazo
sus prestaciones y pensiones. Así que los autónomos deberían no
escuchar a tanto demagogo (organizaciones, políticos, economistas y
periodistas) y pensar que si quieren tener mejores prestaciones en el
futuro tendrán que ir cotizando más cada año (poco más los que menos
ingresen y más los autónomos que ingresan mucho y no lo reconocen). Lo
contrario es cargar parte de sus prestaciones sobre asalariados y contribuyentes y contribuir a que las cuentas de la Seguridad Social no salgan
y vengan recortes en el futuro. Hay que decirlo claro, aunque sea impopular. Lo
demás es populismo y engañar a los autónomos.
En abril parecía que los aranceles de Trump llevarían
al mundo a otra recesión. Pero se retrasó su aplicación y la
economía mundial aguanta: el FMI elevó en octubre el crecimiento mundial
y de España (+0,6% sobre abril). Y la Comisión Europea acaba de elevar el
crecimiento europeo y de España: creceremos el 2,9%, más del doble que la
UE-27, gracias al tirón del empleo, el consumo y las inversiones (por los
Fondos UE). Pero están fallando 2
motores del crecimiento: el turismo (apenas creció este verano) y
las exportaciones (estancadas, mientras el déficit con USA crece
+38,7%), por el parón europeo y la incertidumbre económica mundial. España
crece más que la mayoría, pero la gente no lo nota y casi la mitad llegan
mal a fin de mes, por la subida de la vivienda y los alimentos y por
la desigualdad, que lleva a tener 4,3 millones de personas en exclusión
severa (según Cáritas), principalmente jóvenes, mujeres e inmigrantes.
Urge repartir mejor el crecimiento, porque 2026 va a ser peor.
El pasado lunes, 17 de noviembre, la Comisión
Europea publicaba sus previsiones de otoño y se sumaba a la mejoría
vaticinada por el FMI: la economía europea crecerá este año 1,4% (+1,2%
la eurozona), tres décimas más de lo que esperaban en primavera,
aunque un crecimiento mucho más bajo que el del resto del mundo (+1,6% crecerán
las economías avanzadas y 2% EEUU, según el FMI). Bruselas
explica que esta mejora del crecimiento (muy bajo todavía: la UE creció
+1,9% en 2019) se explica por el retraso en los nuevos aranceles hasta el 1 de
agosto (aunque el superávit comercial de la UE-27 con EEUU ha bajado hasta +40.800 millones en el tercer trimestre, frente a +47.100 en el 2º y +81.200 en el 1º de 2025),
la diversificación de exportaciones, la fuerza del mercado laboral europeo y las mayores inversiones en muchos paises, por el Plan de Recuperación.
Eso sí, los
grandes paises UE crecerán mucho menos: +0,2% Alemania (-0,5% en
2024), +0,7% Francia (1,2% en 2024) y +0,4% Italia (+0,7% en
2024). La
excepción será España: crecerá +2,9% este año (+0,3% de lo
que Bruselas preveía en primavera), más del doble que la UE-27 (+1,4%) y
casi como el año pasado (+3,5%), básicamente porque tenemos poco comercio
con EEUU (4,1% de todas las exportaciones) y porque el empleo, el consumo y las
inversiones (por los Fondos UE) tiran con fuerza, aunque se han estancado las
exportaciones y el turismo, los otros motores del fuerte crecimiento español
tras la pandemia.
Al día siguiente de estas nuevas previsiones de Bruselas,
el
Gobierno español revisó también al alza (+0,2%) el
crecimiento que preveía hace unos meses, apuntándose al +2,9% que
esperan el FMI y la Comisión Europea. Y destacan que no sólo es el doble del
crecimiento europeo y 10 veces el de Alemania, sino que además es
un crecimiento “sano”, porque se está creando empleo a la
vez que mejora la productividad por hora trabajada y mejora la balanza
con el exterior (seguimos con superávit, algo inusual en el último
siglo) y se reduce el déficit público (cerraremos el año con un “agujero
fiscal” del -2,5% del PIB, inferior al -3,3% de déficit UE-27, al
-3,1% de Alemania, el -5,5% de Francia y el -3% de Italia).
Para el Gobierno, los
motores del crecimiento en 2025 (y en 2026, cuando España crecerá
menos, un +2,2%) serán el empleo (esperan que se creen 450.000 empleos
anuales en los próximos años, básicamente por la inmigración: el 68% de
los 2,42 millones de empleos creados desde 2020 han sido para trabajadores no
nacidos en España) y el consumo de las familias, junto a las inversiones
(promovidas por los Fondos UE, que se terminan en 2026). Eso sí, “pincharán”
las exportaciones, que restarán crecimiento al país en 2025 (-0.5%) y
2026 (-0,6%), debido al escaso crecimiento de la economía europea (nuestro
mayor “cliente” comercial), a los aranceles de Trump y al consiguiente retraimiento
de la economía y el comercio mundial (que crecerá sólo un 0,6% en 2026). Y junto
a este crecimiento previsto, mucho mayor que el del resto de Europa, el
Gobierno ha incluido 2 nuevos objetivos en su Cuadro macro, algo
nuevo en las previsiones : reducir la pobreza en España (del 19,4% de la
población al 19,1% en 2028) y la desigualdad (que los más ricos, que hoy
ingresan 5,5 veces más que los más pobres, ganen sólo 5 veces más en 2028).
España
está bandeando mejor la nueva crisis de los aranceles de
Trump, la incertidumbre internacional y el estancamiento europeo porque nos han
salvado el turismo, el mayor empleo creado (por el aumento de mano de obra
disponible y barata) y el consiguiente mayor consumo, las exportaciones y las
fuertes inversiones en todos los sectores derivadas de varios años de Fondos
Europeos. Pero en los últimos meses ya han aparecido datos
preocupantes que indican un menor empuje en dos motores claves: el
turismo y las exportaciones.
El turismo, ese gran motor que nos ha permitido
crecer mucho más que el resto de Europa, está
frenando su crecimiento: entre enero y septiembre han llegado
76,5 millones de turistas extranjeros, todo un récord pero suponen un
crecimiento igual al de 2024 (+3,5%).Y en verano la llegada ha crecido menos,
tanto en julio (+1,6% este año frente al 7,3% en 2024), como en agosto (+2,9%
frente a +7,3%) y más en septiembre (+0,8% de turistas frente a +9,1% en 2024),
según el INE. Y este año, han caído los turistas
franceses (-0,1% hasta septiembre frente a 2024), y belgas (-2,8%), creciendo
muy poco los alemanes (+1,4%), nórdicos (+1,9%), británicos (+4%),
italianos (+4,5%), holandeses (+3,4%) y norteamericanos (+3,1%). Un frenazo en
el turismo derivado del estancamiento europeo, la incertidumbre económica
internacional y la fuerte subida de precios turísticos en España.
El otro motor del crecimiento en estos años, las
exportaciones, se han estancado también: han
crecido sólo un +0,5% este año (enero-septiembre), menos que las
europeas (+2,4% han crecido en la UE-27, +1,2% en Francia y +3,5% en Italia,
aunque sólo +0,3% en Alemania), según los últimos datos de Comercio, debido
también al estancamiento europeo (el 62% de nuestras exportaciones ven a la
UE-27 y el 74% a toda Europa) y a la incertidumbre mundial. Y los
aranceles han disparado el déficit comercial que tenemos con EEUU
(importamos más de lo que exportamos): -10.785 millones de euros hasta
septiembre, +38,7% que en 2024. Y además, la fortaleza del euro (se ha
revalorizado +11,2% frente al dólar este año) no ayuda, porque los
productos españoles (y europeos) son ahora un 11,2% más caros a los paises que
pagan sus compras (o sus viajes) en dólares.
Otro problema en el horizonte económico es que los aranceles
y la incertidumbre internacional han frenado la tendencia a la bajada de
tipos, tan necesaria para reanimar las economías y el bolsillo de los
hipotecados: el
BCE decidió en octubre (por tercera reunión consecutiva) mantener
los tipos oficiales en el 2%, ante el panorama económico mundial y los
aranceles, que pueden relanzar la inflación europea (en el 2,5% en octubre,
peor que el 2,2% de mayo). Eso ha provocado que el Euribor (el tipo al que se prestan los bancos) lleve
4 meses subiendo (del 2,081 en julio al 2,220 previsto para
noviembre), lo que encarece las futuras hipotecas (ya mucho más caras porque se
ha disparado el precio de los pisos).
En definitiva, España crece (+2,9%) más que el
resto de Europa (+1,4%), pero hay problemas que frenarán ese crecimiento en
2026 (+2,2%). Y sobre todo, hay
muchos españoles que no notan este crecimiento, por distintas causas.
La primera, por la fuerte subida de los alimentos, (que suponen el 15,8%
del presupuesto de las familias) : hasta octubre suben un +2,4% anual, pero el
problema es que llueve sobre mojado y ya se han encarecido un +36,24% entre
2020 y 2025, según el INE.
Una subida acumulada que crea problemas a la
mayoría de las familias, sobre todo a las más vulnerables, porque los
salarios han crecido en estos años menos de la mitad (+16,6% entre 2020 y
2025,
según la estadística de convenios). El otro punto negro del crecimiento son los
gastos de la vivienda (alquileres, agua, luz, calefacción, tasas e
impuestos), que crecen un +7,5% este año y un +32,4% desde principios de 2020.
Y además, la vivienda es la primera preocupación de
los españoles, según
el CIS, porque se han disparado los precios de compra y los
alquileres. El precio de las casas subió a 2.153 euros/m2 en
septiembre de 2025, según
el Ministerio de la Vivienda, superando el precio que tenía en plena
burbuja (2.101 euros en 2008). Y los alquileres están ya en 14,5 euros
de media por metro cuadrado (1.305 euros un piso de 90m2), según
el portal Idealista, pero se disparan hasta los 24,3 euros en Barcelona
(2.187 euros mensuales) o 23 euros en Madrid (2.070 euros). Una subida del
46,5% sólo en los últimos 7 años, que impide emanciparse a los jóvenes y que
hunde en la pobreza a las familias que necesitan alquilar.
La combinación de sueldos bajos (el
30% de los asalariados ganan menos de 1.582 euros mensuales brutos y otro 40%
ganan entre 1.582 y 2.659 euros brutos) y alta
inflación acumulada más los alquileres disparados provocan que casi
la mitad de las familias (el 47,4%) tengan problemas para llegar a
fin de mes, a pesar del alto crecimiento de España: el 9,1% llegan a
fin de mes “con mucha dificultad” (eran el 7,8% en 2019), según el INE, otro 12,7%
llegan a fin de mes “con dificultad” y el 25,6% restante “con cierta
dificultad”. Y además, son muchos los españoles que sufren “carencias
materiales”, según el INE: casi un
tercio de la población (35,8%) “no tiene capacidad para atender gastos
imprevistos”, el 6,1% no puede permitirse comer carne o pescado cada 2 días, un
17,6% no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada, y otro 13,6%
de habitantes han tenido “retrasos” en el pago de recibos y gastos de su
vivienda.
Pero lo más preocupante, a pesar del alto crecimiento y del
fuerte aumento del empleo (menos precario tras la reforma laboral) es que España
tiene todavía muchos “pobres” (personas que ingresan menos del 60% de
la media del país): somos el 5º país con más pobreza de Europa (19,7%
de la población en 2024), tras Letonia (22%), Bulgaria (21,7%), Estonia (20,7%)
y Lituania (20,6%), según
Eurostat, muy por encima de la media europea (16,2% de pobreza) y de
Alemania (15,5%), Francia (15,9%) e Italia (18,9%). Esa tasa de pobreza ha
bajado desde 2018 (era del 21,5%), cuando Sánchez llegó a la Moncloa, pero como
ha aumentado la población, todavía hoy
tenemos 9.653.000 españoles en situación de “pobreza monetaria”
(ganan menos del 60% que la media), sólo 409.000 “pobres" menos que en 2018. Y
la previsión del Gobierno es que la pobreza baje al 19,1% de la población en
2028, un preocupante objetivo, porque al aumentar la población, habrá más
pobres en tres años.
Una pobreza que se concentra en las familias jóvenes
con hijos (más las que encabezan mujeres solas), los
jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y con dos datos
preocupantes: hay 4,3 millones de españoles en situación de exclusión
severa, según
el reciente estudio Foessa (Cáritas), que mide 35 indicadores y refleja
que estos pobres más graves trabajan en muchos casos y en otros estudian
o buscan empleo. Y que el 45% viven en alquiler, destacando la pobreza
severa entre jóvenes, mujeres y familias con niños. Precisamente, en España hay
2,5 millones de niños y niñas que viven en hogares pobres, según
Save the Children, quien recuerda que somos el 2º país europeo con más
pobreza infantil.
En resumen, que la economía española va muy
bien, pero la
economía de muchos españoles va regular o mal (mientras la de
otros va mucho mejor). Es urgente repartir
mejor el crecimiento, para que mejore la vida de la mayoría de
españoles y sobre todo de los más vulnerables. Hay que actuar en dos
frentes. Uno, aprobar un Plan urgente contra la pobreza, en
especial contra la pobreza infantil, aprobando una ayuda
universal por hijo (como tienen 19 de los 27 paises de la UE), que
está pendiente de la nueva Ley
de Familia, paralizada en el Congreso. Y otro, habría que pactar una
nueva política salarial, que además de seguir aumentando el salario
mínimo (ha pasado de 735 euros en 2018 a 1.184 en 2024), revise al
alza´(con mayores subidas que el resto) los salarios más bajos, ahora que las empresas llevan años subiendo márgenes y beneficios.
Pero además, hay que revisar toda la estrategia de ayudas sociales, muy dispersa y mal planteada, porque tanto la
Comisión Europea como la OCDE reiteran que las ayudas públicas (directas y
fiscales) ayudan comparativamente más a los que más tienen que a los más
pobres. Y en paralelo, urge fortalecer los servicios públicos,
porque la saturación de la sanidad, la educación y la Dependencia obliga
a muchas familias a gastar parte de su sueldo en un seguro privado, en colegios
concertados, comedores y transporte escolar o en contratar a alguien para
cuidar a mayores y discapacitados, dificultándoles llegar a fin de mes.
Pero, sobre todo, hay que resolver el grave problema de la vivienda,
que hunde todos los presupuestos (ya sea por el alquiler o la hipoteca) y tomar
medidas para mejorar la precariedad laboral (y salarial) de una
buena parte de los jóvenes, las mujeres y los inmigrantes. Y vigilar los
precios de los alimentos, para que intermediarios y super no se forren a
costa de nuestro bolsillo.
En definitiva, no basta con crecer, hay que
conseguir que este crecimiento mejore la vida de la mayoría de españoles y no
deje atrás a las familias más vulnerables. Para eso necesitamos gastar
más desde las Administraciones públicas, lo que exige recaudar
más, no pagando más impuestos la mayoría sino los que hoy pagan menos
(empresas, bancos y los más ricos). Hace falta una reforma fiscal y una
mejora de las ayudas y servicios públicos para que la mayoría de
españoles confíen en el sistema y no crezca el desencanto (y la extrema
derecha). Pero todo esto exige acuerdos y un Presupuesto. Algo imposible
ahora. Así nos va.
La matriculación de coches “electrificados”
(eléctricos puros más enchufables) se ha duplicado en España, creciendo
cuatro veces más que en Europa (+26,5%). Pero el porcentaje de coches “electrificados”
es mucho menor que en la mayoría de paises y sólo circulan 575.395, el
1,6% del parque de turismos (y 16.000 furgonetas o 1.000 camiones “electrificados”).
El problema es que estos coches son más caros, reciben ayudas que tardan años
en cobrarse y apenas hay puntos de recarga (sólo en 3.000 se recarga en menos
de media hora), razones por las que se compran el doble de coches “híbridos”
(con motor de gasolina y baterías, para conseguir la etiqueta ECO) que
“electrificados”. En diciembre, el Gobierno presentará un Plan para
cambiar las ayudas y promover el coche eléctrico. Pero el riesgo
es que Europa, con el auge del negacionismo climático de la
derecha y ultraderecha, está a punto de prorrogar la prohibición de
vender coches de combustión a partir de 2035. Y eso frenará el
coche eléctrico, clave contra la emergencia climática. Atentos.
En todo el mundo, la venta de coches electrificables se
complica este año 2025, por los aranceles
de Trump a la importación de coches fabricados
en el extranjero, que los encarece entre un 15% y un 100% más, según
paises. En Europa, la venta interna de coches eléctricos
se complica por la
enorme competencia de China, que vende coches muy competitivos
gracias a las fuertes subvenciones de su Estado y a que lleva años
desarrollando tecnología y baterías, por lo que consigue producir coches
eléctricos pequeños y medianos con un precio muy competitivo y bastantes
prestaciones. Esta competencia china, considerada “desleal”
por la Comisión Europea, la llevó a aplicar aranceles a los coches
importados de China, que entraron
en vigor el 30 de octubre de 2024: al 10% de arancel existente, la
UE añadió un arancel adicional del 17% al 35,3%, según marcas
(17% adicional para BYD, 18,8% para Geely y 35,3% para SAIC, por ejemplo).
Pero los coches
eléctricos chinos siguen llegando a Europa y más después de que Trump
les subiera los aranceles para venderlos en EEUU: suponían un 5,7% de las
ventas de coches eléctricos en Europa en junio de 2025, gracias a que han
acertado con modelos urbanos, de tamaño medio y un software integrado
bastante completo, que permite una autonomía razonable por precios inferiores a
25.000 euros. Este atractivo producto se complementa con dos
estrategias de China para “burlar” los aranceles impuestos por Bruselas:
producir algunos coches eléctricos en fábricas instaladas en Europa y vender
modelos “cuadriciclos” (que empezarán
a producir en Italia en diciembre de 2025), que no pagan aranceles
(vehículos de menos de 2,60 metros, que alcanzan una velocidad de 45 a 90 km/h
y autonomía de 120 a 180 km, que se venden por menos de 8.000 euros).
China, el mayor productor
de coches eléctricos del mundo (12,4 millones en 2024) y el mayor exportador
(casi 2 millones) se está concentrando en producir parte de sus coches eléctricos
en Europa, para burlar los aranceles de Bruselas y ganar cuota en
el 2º mayor mercado de vehículos “electrificables”
del mundo. BYD,
el mayor fabricante chino de eléctricos (que intenta arrebatar el liderazgo
mundial a Tesla), tiene una fábrica en Hungría desde 2017 que fabrica
autobuses y camiones eléctricos, pero está construyendo otra que va a fabricar
turismos “electrificables” para finales de 2025 y planea construir otra fábrica
en Turquía que fabricará 150.000 vehículos “electrificables” al año
desde finales de 2026. Pero ahora se
le ha adelantado otra marca china, Xpeng, que ha empezado a ensamblar
sus modelos “electrificados” más populares en la factoría de Magna en Austria.
Y pretende construir otra factoría para 2026 en Turquía, país muy
atractivo para China porque está fuera de los aranceles UE. Y la china Dongfeng
negocia instalar una planta de vehículos electrificables en Italia,
mientras Chery, que tiene una fábrica en España, negocia abrir otra en Turquía.
Precisamente, Chery se convirtió en la primera
empresa china en ensamblar sus vehículos en España, al comprar (abril
2024) la factoría que tenía en Barcelona (y cerró) la japonesa
Nissan. Ahí se van a ensamblar, a principios de 2026, los coches electrificados
Omoda 5, Jaecoo 5 y Ebro S900 (ya
desde este mes de noviembre). Otra automovilística china, Leapmotor, ha llegado a un acuerdo con Stellantis
para montar sus coches electrificados en la factoría Opel de Figueruelas
(Zaragoza), primero montando los kits que vienen de China y luego
avanzando en una producción tradicional. Y también Leapmotor estudia abrir una segunda
factoría en Europa, para la que se habla de Tarragona. Otro gigante
chino del motor, MG, también baraja abrir una factoría en España.
La
queja de las autoridades europeas y de
los fabricantes es que los chinos “no fabrican en Europa, sólo ensamblan”
(“kits de vehículos” que importan) y no aportan tecnología ni casi empleo.
El Gobierno Sánchez ha buscado atraer empresas automovilísticas
extranjeras a España con fondos públicos (la mayoría Fondos UE) incluidos
en el PERTE
del vehículo eléctrico y conectado (aprobado en julio de 2021), para convertir
a España en un nudo mundial del coche electrificado, con 24.000 millones de
inversión (4.000 públicos). El objetivo es facilitar la producción de estos
vehículos en las factorías actuales o en otras nuevas, aportando además ayudas
para construir plantas de fabricación de baterías para los coches
electrificados. De momento, hay
4 proyectos en marcha: una planta en Sagunto
(Valencia), promovida por Volkswagen que producirá a partir de julio de 2026, otra
promovida por la china Envisión en
Navalmoral de la Mata (Cáceres) y que producirá en 2028, la
gigafactoría de Figueruelas (Zaragoza), promovida por Stellantis y la
china CATL y que empezará a fabricar a
finales de 2026, y la factoría de la eslovaca InoBat, que fabricará baterías eléctricas en Valladolid para la primavera de 2027.
Este interés de China por el mercado eléctrico
europeo se debe al constante aumento de las ventas de coches
electrificados en el continente. En 2025 (hasta septiembre), se han vendido
en toda Europa (UE, Reino Unido y otros paises EFTA) un total de 9,92
millones de vehículos, sólo +1,5% que el año pasado, según la
patronal ACEA. Pero más de la cuarta parte de estos vehículos
vendidos (el 27,34%) han sido coches electrificables (eléctricos
puros e híbridos enchufables: 2,71 millones), cuyas ventas crecen mucho (+27,5%).
Y otro tercio de las ventas (3,45 millones, el 34,8%) son coches “híbridos”
(con 2 motores, uno de combustión y otro eléctrico que se recarga al frenar
o reducir la velocidad), que no son considerados “electrificables”, pero que
son la antesala y contaminan menos (etiqueta ECO). Así que dos tercios
(62,1%) de los coches que se venden en Europa no son de combustión.
En la UE-27, la venta de coches “electrificados”
ha sido de 2.023.102 vehículos (enero-septiembre), un 25,10% del
total (16,10% eléctricos puros y 9% híbridos enchufables), según
ACEA. En cabeza de ventas de coches electrificados en la UE están Dinamarca
(68,72% de todas las ventas), Suecia (62%), Paises Bajos (55,15%)
y Bélgica (42,67%), aunque les supera Noruega (96,82% coches que
compran son electrificados). Les siguen Portugal (35,92%) y Alemania
(28,42%), superados por Reino Unido (33%). Y en el grupo de cola se
sitúa España (18,5% de coches electrificados vendidos hasta septiembre),
seguida de lejos por Italia (11,12%), Polonia (11,05%) y la mayor parte de
paises del Este. En conjunto, un gran salto, ya que en 2019 sólo
se vendían un 3% de coches electrificados en la UE. Pero todavía se
venden casi 3 millones de coches de combustión contaminantes (2,2 millones
de gasolina y 745.986 de gasóleo), el 37% de las ventas totales. Y 2,8
millones de “híbridos” (el 34,6% de las ventas), que son un
avance sobre los coches de combustión, pero también contaminan.
En España, los coches “electrificados”
(eléctricos puros e híbridos enchufables) han dado un salto tremendo de
ventas en 2025: hasta octubre se han vendido 180.428 turismos
electrificados, según
ANFAC, el doble que en ese periodo de 2024, un crecimiento que
cuadruplica estas ventas en la UE-27 (+26,5% hasta septiembre, el último dato
de ACEA). Y supone un enorme salto, porque en 2019, esos coches
representaban el 6,7% de las ventas (la tercera parte) y ahora
suponen ya el 18,96% de las ventas. Pero todavía, los coches más
vendidos en España son los “híbridos” (2 motores y etiqueta ECO,
aunque “contaminan”), 396.509
turismos matriculados en 10 meses (el 41,67%) y los de combustión
(el 34,27% de las ventas: 273.267 turismos vendidos de gasolina y 52.803
de gasóleo), siendo el resto (48.508 coches, el 3,22% de las ventas)
turismos de GLP y gas natural.
Con estos datos, el balance es agridulce: el
vehículo electrificado crece en España (se triplica el
porcentaje de ventas sobre 2019) pero los coches que más se venden son los “híbridos”
(ecológicos “a medias”) y los coches de combustión de siempre (gasolina
y gasóleo), aunque ahora contaminan mucho menos que los viejos. Y además, la
mejoría de ventas de coches electrificados se restringe a los
turismos, porque apenas se venden furgonetas comerciales con esta
motorización (el
90% de las vendidas este año son de gasoil) y mucho menos camiones (sólo se han vendido 88 “electrificados”
hasta junio de 2025). Con ello, en España sólo
circulan hoy 575.395 turismos electrificados (el 1,6% del parque),
16.000 vehículos comerciales “electrificados y menos de 1.000 camiones…frente a
un parque de 34,3 millones de vehículos ( el 40% con más de 15 años de vida). Desolador
para el medio ambiente…
¿Por
qué los españoles no compramos más coches electrificados? Hay varias
razones. La primera, porque son
más caros que los de combustión, aunque el aumento de oferta y la
competencia de coches chinos ha reducido la diferencia, que oscila entre 5.000
y 10.000 euros, según modelos. Y hay expertos que señalan que no sólo hay que
tener en cuenta el precio de coste, sino también el menor coste de impuestos
(matriculación) , del combustible (470 euros frente a 1.145 en 10.000
kilómetros, según
la OCU) y del mantenimiento, aunque otros señalan los retrasos para
conseguir repuestos y el mayor coste de los seguros.
Otro problema al comprar un coche electrificado es que las
ayudas públicas (hasta 7.000 euros si se achatarra y 4.500 si no) se
retrasan mucho, hasta 1 o 2 años en algunas autonomías. Pero el
problema que más retrae a la compra es que apenas hay puntos de
recarga: en septiembre había censados 52.107
puntos de acceso público (más otros 14.643 que no funcionan), sólo
13.382 más que el año pasado porque hay
mucha burocracia de Ayuntamientos, comunidades y eléctricas para
instalarlos. Pero además, la mayoría son muy lentos: el 69% necesitan 3 horas
para recargar, otro 4,1% de 1,20 a 3 horas, otro 16,6% de 1,20 a 27 minutos ,
un 5,8% entre 15 y 27 minutos y sólo
el 4% restante (2.080 postes)
permiten recargar entre 5 y 10 minutos,
lo que es crucial para un viaje. Así que faltan postes de recarga (somos
uno de los países que menos tienen) y más rápidos. Si no, no compraremos coches
“electrificados” y seguirán las ventas de híbridos y gasolina.
Para tratar de dar otro impulso al coche
electrificado en España, el Gobierno va a aprobar antes de final de año
el
Plan Auto 2030, que viene preparando con el sector desde hace un año y
que contempla ayudas específicas para atraer a España la producción de
coches electrificados y baterías, incentivos a la investigación
(I+D+i), búsqueda de precios energéticos competitivos y cambios en la
fiscalidad del automóvil que permitan autofinanciar mayores ayudas a la compra
de vehículos electrificados. Ayudas que se van a relanzar el 1 de enero
(las
del Plan Moves III de 2015 se han agotado en la mayoría de España) y que
ahora
no van a gestionar las autonomías sino el Estado (como piden industrias
y concesionarios), para evitar los actuales retrasos y desigualdades.
Este Plan español, que busca aumentar la producción y
venta de coches no contaminantes puede chocar con los aires
“involucionistas” que vienen del resto de Europa, donde avanzan las
posiciones negacionistas de la derecha (PPE europeo) y la ultraderecha: el
último ejemplo, el voto en contra, en el Europarlamento europeo
de ambos (rompiendo así el control sanitario a la ultraderecha que hasta ahora
defendía la derecha europea) de una Directiva europea de simplificación,
defendiendo
una reducción drástica de las normas sobre medio ambiente (y derechos
humanos) que se exigía a las empresas europeas. A partir de ahí, muchos esperan
que la Comisión Europea de marcha atrás en la prohibición (aprobada
en 2023) de vender coches de combustión (gasolina y diesel) a partir de
2035, retrasándola
(quizás a 2040), como presionan Alemania, Italia y Polonia, con toda la
industria europea del automóvil detrás.
Si
finalmente se retrasa hasta 2040 la prohibición de vender los coches
más contaminantes, la medida será negativa para el coche “electrificado”,
porque tendrá menos inversiones y se frenará la competencia,
el aumento de modelos y la mejoría de precios que estamos viendo en los últimos
años. En perjuicio de los compradores y del medio ambiente,
precisamente cuando la emergencia
climática (oleadas de calor, incendios e inundaciones) y la
contaminación en las ciudades más se ceban sobre España y el resto de Europa.
Atentos.
Las tres grandes eléctricas han pedido la prórroga
por casi 3 años de Almaraz, la nuclear que debe cerrar en 2027 y 2028.
Sería la 2ª prórroga, porque las eléctricas consiguieron en
2019 una prórroga de 7,4 a 10 años en sus 7 centrales nucleares, a cambio de cerrarlas entre 2027 y 2035. Ahora cambian,
apuntándose a la “ola nuclear” que recorre el mundo y
aprovechando los temores por el gran apagón (aunque reconocen que
las nucleares no lo evitan). El Gobierno tiene hasta marzo para decidir,
entre presiones de las eléctricas y el PP, con la oposición de Sumar. Los
datos demuestran que las nucleares (20% de la electricidad) pueden
ser sustituidas por las renovables (2 de las muchas plantas solares de
Extremadura generan lo que Almaraz I), cuya luz cuesta la mitad y es más
segura y más limpia (los residuos nucleares son costosos, porque duran milenios).
Lo razonable sería no prorrogar Almaraz, para no frenar las
inversiones en renovables, que aportarán el 81% de la electricidad en
2030. Y decidir sobre el resto cuando toque.
¿Por qué las eléctricas deciden cerrar voluntariamente
sus 7 nucleares en 2019? Primero, por estas ventajas
(importantes) que habían logrado. Segundo, porque la entrada
creciente de las renovables en el mercado eléctrico (aportaron el
38,1% en 2018, frente al 20,4% las nucleares) estaba bajando el coste del
mercado eléctrico y producir kilovatios nucleares era menos rentable. Y
tercero, porque así “hacían hueco” a sus centrales térmicas de gas,
una
“burbuja energética” a punto de estallar: habían invertido más de
15.000 millones en decenas de centrales (67
hoy), dando un salto de potencia instalada de cero a 27.000 MWH en 7 años
(de 2002 a 2009), pero aportando
el 10% de la electricidad (estas “centrales de ciclo combinado” son “la
reserva” del sistema, complementan el suministro cuando no hay sol, aire o
agua suficiente).
Y así, las eléctricas estaban contentas con su
cierre de las nucleares hasta 2022. La invasión de Ucrania y la
subida disparada del precio del gas provocaron que muchos paises quisieran “recuperar”
las olvidadas nucleares. La Cumbre
del Clima de Dubai (diciembre 2023) hace un llamamiento para “acelerar
la energía nuclear, junto a otras fuentes bajas en CO2”. Antes, en
enero de 2022, la Comisión Europea propuso que la energía nuclear y
el gas “tengan un papel clave en la transición energética”, con la oposición de
varios paises. Y el 1 de abril de 2024, empresas, inversores, líderes mundiales
y la plana mayor de la Comisión Europea se reúnen en Bruselas en “la
primera Cumbre nuclear de la historia”.
En paralelo y después, paises
y empresas empiezan a promover proyectos nucleares, desde EEUU (con
Trump) a China, India, Rusia y paises en desarrollo, también
en Europa, donde la energía nuclear se abandonó en los años 80,
por la gran
contestación popular tras 3
grandes accidentes en las centrales de Three Island (1979, USA), Chernóbil
(1986, Ucrania) y Fukushima (2011, Japón). De hecho, Alemania
cerró en 2023 las tres últimas centrales nucleares, tras el cierre de
14 más a partir de 2011. Y lo mismo hizo Italia, que cerró en 1990 sus
dos últimas centrales nucleares (tenía 4), tras un referéndum en 2019. Con todo
ello, la energía
nuclear tiene poco peso en el mundo (genera el 10% de la
electricidad), en EEUU (18,2%), China (5%), India (3,1%) y Rusia (18,6%) y algo
más en Europa (22%, por el 68% en Francia). Pero la tendencia
es, tras la crisis energética por Ucrania, volver a invertir en nucleares,
con propuestas de aperturas en Alemania e Italia (no concretadas) y en muchos
paises de Europa y el mundo. Por eso, la
Comisión Europea estimaba este verano que los proyectos nucleares en
ejecución en el continente (para ampliar la vida útil de centrales o para abrir
nuevas) requerirán 241.000 millones de inversión hasta 2050.
En medio de esta nueva “ola nuclear”, las eléctricas
españolas llevan un año de “lobby”, relanzando en los medios y entre
expertos “la recuperación de las nucleares” (que ellos acordaron
cerrar). Y el 28 de abril se produce el histórico
apagón en España: las eléctricas lo ven como la gran ocasión
para reivindicar las centrales nucleares, como “garantía de
abastecimiento” y un “seguro contra apagones”. Dos mentiras.
Por un lado, Almaraz I produce 1.049 megavatios (MW), frente a los 7.300 megavatios
que aportan ellas solas las plantas renovables inauguradas sólo en 2024
(son como 7 centrales de Almaraz). Y
por otro, las propias eléctricas han
reconocido, por carta enviada al Ministerio de Transición Ecológica el 24
de octubre, que las centrales nucleares “no están preparadas para
realizar un control dinámico de tensión”, una de las exigencias
exigidas por Red Eléctrica (REE) para contribuir a la estabilidad del sistema y
evitar apagones.
Aprovechando la “ola nuclear” y el apagón, las tres
eléctricas propietarias de Almaraz (52,7% Iberdrola, 26% Endesa y 11,3%
Naturgy) solicitaron el 30 de octubre, la
ampliación de la vida útil de los dos grupos de Almaraz: 2 años y 8
meses más para Almaraz I (que cierre en junio de 2030) y 1 año y 8 meses más
para Almaraz II (posponer su cierre a mayo de 2030). Y piden
además que el Gobierno les quite la tasa de generación eléctrica
(7%) y rebaje la tasa nuclear de las centrales (otra vez, como en 2019),
una tasa por la que sólo pagaron 290 millones en 2024. Curiosamente, los
dos impuestos los implantó Rajoy en 2024, concretamente su
secretario de Estado de Energía, Alberto
Nadal, hoy vicesecretario de Economía del PP, el partido que
pide la prórroga de Almaraz con las eléctricas y bajarles ahora impuestos.
Los “argumentos” de las eléctricas para
prorrogar Almaraz (y luego, supongo, el resto de nucleares), son
básicamente que la electricidad que generan nos hace falta para evitar otro
apagón y conseguir “un colchón de tiempo” hasta que se consoliden las
renovables, además de que evitarán apagones (recordemos: ellas
mismas han reconocido que no). La realidad de las cifras contradice sus
razones. Por un lado, las 6 centrales nucleares producen 7.300 MW, el
19,4% de la electricidad generada este año
(enero-septiembre), según REE, mientras las renovables generan ya el 56,7%
de la electricidad. Y sólo en 2024, las renovables que se sumaron al
sistema eléctrico aportaron 7.300 MW, según
REE, lo que las 6 nucleares. Y todas las centrales
fotovoltaicas aportan 32.350 MW de potencia (más de 4 veces lo que todas
las nucleares), cuatro veces más que en 2019 (8.913 MW).
Otro argumento es que Almaraz es clave para Extremadura.
Sí aporta muchos empleos (4.000), pero precisamente Extremadura es la
región española con más cuota de energía solar
instalada (el 59,8% de la potencia) y líder en renovables (suponen el 84,6% del parque eléctrico). Y
sólo en 2024, Extremadura puso en servicio 1.422 MW de potencia solar, más que
Almaraz I (1049 MW). Los extremeños deben saber que tienen 24 centrales
fotovoltaicas operativas (2.842 MW) y otras 14 en proyecto (aportarán 3.800
MW más). Y que la central
fotovoltaica Francisco Pizarro (Cáceres)
produce 590 MW (más de la mitad que Almaraz I) y “suministra energía
limpia a 334.000 hogares”, según
nota de Iberdrola, su dueña…
Frente a estas dudosas “ventajas", hay múltiples “desventajas”.
La primera y fundamental, que no es una energía 100% segura (recordemos
los 3 accidentes graves en el mundo) y un potencial accidente podría ser
desastroso. El 2º problema grave es que generan
unos residuos (125 Tm cada año) que se mantienen radiactivos
durante miles de años y que son costosos (lo pagamos con el recibo
de la luz) y peligrosos
de almacenar: los de alta actividad se almacenan de forma temporal en
las centrales y los de baja y media actividad en el centro de El
Cabril (Córdoba). El tercer problema, la
dependencia de otros paises para el
suministro de uranio enriquecido (Rusia, Francia, Paises Bajos y
Reino Unido más China) y barras de combustible (EEUU, Rusia, Japón,
Francia, China Y Reino Unido, sólo el 3,2% se fabrica en España), así como la
tecnología de las centrales.
Estos problemas son estructurales, de fondo. Pero
ahora, la energía nuclear tiene dos problemas más en España. Uno, que el kilovatio
nuclear es más caro (el doble)
que el kilovatio renovable, que además se abarata a medida que se desarrolla.
Así que prorrogar las nucleares lo pagaríamos en el recibo de la luz.
Pero el problema fundamental es que no hace falta prorrogar las
nucleares, porque la demanda eléctrica está estancada y porque la
electricidad renovable crece de forma imparable y lo seguirá haciendo.
Veámoslos.
La demanda de energía eléctrica creció sólo un +0,9%
en 2024, tras caer desde 2018
(salvo en 2021, tras el fin del confinamiento). Y en contrapartida , hay
un exceso de potencia instalada, que cubre con creces la demanda
(el apagón de abril no fue por falta de potencia, sino por
descoordinación entre las centrales y REE) . De hecho, en
2024, la potencia instalada creció +4,6% en 2024, cuatro veces más que la
demanda, empujada por el salto de potencia renovable: de 55.247MW
(2019)
a 85.144 MW renovables en
2024, un salto protagonizado por la energía solar fotovoltaica (32.250 MW),
la solar térmica (2.302) y la energía eólica (32.104 MW), más la hidráulica
(17.097 MW), energías frente a las que la nuclear (7.177 MW) es poco
importante. Y la previsión es que sea menos en el futuro, porque el
Plan del Clima prevé que el 81% de la electricidad sea renovable para
2030 (año en que tendremos 4 nucleares abiertas, la última,
Trillo, hasta mayo de 2035).
Evidentemente, el debate nuclear no se plantea
hoy en términos de si es “necesaria” o no (en 2027 se va a
inaugurar la central
fotovoltaica Erasmo, en Ciudad Real, con más potencia, 1.200 MW, que
Almaraz I ) y si tiene el mejor precio para nuestros bolsillos, sino “en
términos ideológicos”: la energía nuclear se ha convertido en la
bandera de la derecha negacionista del mundo y España: el PP presentó en el Congreso una proposición
para suprimir la fecha de cierre de Almaraz, Ascó y Cofrentes, apoyada por
Vox y UPN, que el jueves fue rechazada por el resto de partidos
(y la
abstención de Junts). Este voto en contra de ERC y Junts (a los que la
patronal catalana “responsabiliza de un posible apagón en Cataluña en 2030”…)
tiene explicación: Naturgy (Caixa y Fondos) y EDP,
no tienen claro prorrogar otras nucleares, porque podría frenar las
inversiones en renovables.
Ahora, la pelota para prorrogar o no Almaraz está en
el tejado del Gobierno, que ha enviado la petición al CSN, como
es preceptivo, y tiene que decidirlo antes de marzo de 2026, porque el
cierre el 1 de noviembre de 2027 requiere múltiples operaciones previas. El
presidente Sánchez dice que no
está en contra de la prórroga solicitada, aunque
pide que se cumplan antes 3 condiciones: que la prórroga sea segura, que
no tenga un coste adicional para los consumidores y contribuyentes y que sea conveniente
para garantizar la seguridad del suministro. Y el presidente sabe, como la
mayoría de expertos, que las dos últimas condiciones no se van a cumplir,
mientras Sumar
le presiona a no ceder y las
eléctricas hacen “lobby” con patronales, expertos, medios de
comunicación y políticos (incluso el ahora "pronuclear" Felipe
González, quien aprobó en 1984 la “moratoria nuclear”, la suspensión de la construcción de 5 nucleares, un verdadero “rescate” a las eléctricas que hemos pagado en nuestro recibo, desde 1996 a
2015, y que nos
ha costado 5.717 millones extras…).
Lo razonable sería no prorrogar Almaraz I y II
, porque no las necesitamos para asegurar la demanda prevista a
medio plazo y porque siguen adelante los proyectos renovables, una
energía que nos suministra luz más barata (España
tiene la tercera electricidad más barata
de Europa, tras Finlandia y Suecia y empatados con Portugal, Europa,
según Eurostat: ver
cuadro de precios 2025), más segura y más limpia (sin residuos
radioactivos). Y una energía que depende del sol y el aire (que nos
sobran) y del agua. Y respecto a las demás nucleares, lo razonable
es no hacer nada ahora y esperar a decidir en 2030 si se
prorrogan Ascó, Cofrentes, Vandellós o Trillo, cuando ya tengamos la certeza del
comportamiento de la demanda y del comportamiento de las renovables.
La primera consecuencia prorrogar Almaraz entre 2 y 3
años más es que ayudaríamos a las eléctricas propietarias a “hacer caja”,
a seguir ingresando por sus kilovatios sin casi costes, porque las dos centrales
(como la 5 restantes) están
más que amortizadas (si cierran en 2027 y 2028 habrán tenido 46
y 44 años de vida), pagaríamos de más por unos kilovatios que no
necesitamos a unas eléctricas que ganaron
11.249 millones en 2024…
Pero la consecuencia más grave es que la
prórroga mandaría un mensaje a los inversores: podrían prorrogarse también
las demás centrales nucleares (las eléctricas sólo esperan a pedirlo a un
cambio de Gobierno, aunque Ascó y Vandellós ya lo han "sugerido" estos días) y eso quitaría atractivo a invertir en energías
renovables, un sector que atrae hoy a Fondos e inversores de medio
mundo. Y un
sector que precisa cambios, para agilizar los proyectos
(hay demasiados paralizados en varias autonomías) y una normativa clara,
además de invertir
más en almacenamiento y en seguridad de redes (participando más en el
control de tensión del sistema), los dos grandes retos pendientes de las renovables
en España. Mientras, el Gobierno
ha anunciado esta semana un paquete de ayudas europeas de más de 800
millones para impulsar las renovables y la descarbonización de la
industria.
En resumen, que las eléctricas vuelven a pedir otra
prórroga de las nucleares (la 2ª tras la de 2019), para seguir
ordeñando la vaca de unas centrales que ya tienen más que amortizadas y que
nos ofrecen una electricidad más cara, con residuos radiactivos y
potencialmente peligrosa, que además no evita los apagones. Lo
sensato sería seguir
apostando por las renovables, que han mejorado la competitividad del
país. Pero en este debate juegan la ideología y los intereses,
oscuramente mezclados. Que no nos engañen.