Los seguros médicos siguen creciendo

Los problemas en la sanidad pública siguen alimentando la contratación de seguros médicos privados: lo tienen 12 millones de personas, una cuarta parte de los españoles y millón y medio más que antes de la pandemia. Encima, sus cuotas subieron un +21,6% estos cuatro años y hay quejas: de los pacientes porque hay retrasos en la atención y de los médicos porque las aseguradoras les pagan 10 euros por consulta. Estos seguros médicos facturan más de 10.000 millones y son “la gasolina” de la sanidad privada: les aportan el 55% de sus ingresos y otro 35% los convenios para que atiendan a pacientes derivados de la pública. Resultado: la sanidad privada crece y supone casi el 30% del gasto sanitario (más que en Europa), mientras cae el peso de la sanidad pública, que depende de las autonomías (financian el 93%), que sólo suben un 7,7% su gasto sanitario en 2023. Es un escándalo que la privada crezca a costa de hundir la sanidad pública.

Enrique Ortega

La crisis de la sanidad pública y las abultadas listas de espera son la mejor publicidad para la contratación de seguros médicos privados: crecen desde hace más de una década, pero sobre todo tras la pandemia y especialmente en 2022. El seguro médico es el seguro que más creció el año pasado, un +7% (frente al +4,93% en 2021), por encima del conjunto de los seguros (crecieron un +4,65% en 2022), según UNESPA. Y factura ya más de 10.000 millones anuales (10.543 millones en 2022), lo que supone un salto espectacular en esta parte del negocio asegurador, dado que facturaban 7.739 millones en 2016 y 8.572 millones en 2019, lo que supone un crecimiento en las primas del +36% en 6 años. Y si nos vamos más atrás, a 1996, los seguros médicos sólo facturaban 2.000 millones anuales, lo que significa que este seguro se ha multiplicado por 5 en los últimos 26 años, cuando todo el negocio del seguro sólo ha triplicado su facturación estos años.  

Este “boom” de los seguros médicos privados se ve también en el número de asegurados, que a finales de 2022 habrá superado los 12 millones de españoles. Al terminar 2021 se contabilizaban 11.555.000 asegurados, según el último dato de ICEA, pero todo hace preveer que en 2022 lo habrán contratado otro medio millón más, como en 2020 y 2021. Con ello, hay un millón y medio de españoles más con seguro médico privado que antes de la pandemia (10.586.000 en 2019). De esos 12 millones de asegurados, la mayoría (10,2 millones) son españoles que se pagan su seguro (6,2 millones) o  se lo paga su empresa (4 millones de trabajadores). Y el resto son 1,8 millones de funcionarios y militares, cubiertos por un seguro médico privado que les paga el Estado (el 82,3% elijen que les atienda una aseguradora privada en vez de la sanidad pública). El salto en el número de asegurados ha sido también muy llamativo: se ha pasado de 9,5 millones de españoles con seguro médico privado en 2015 a los 12 millones de 2022 (+26,3%).

El negocio de los seguros médicos está muy concentrado en España, ya que las 5 primeras aseguradoras se reparten el 73% del mercado, según el balance de 2022 de ICEA: el 30,04% de las primas (3.167 millones) las ingresa SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), otro 15,49% Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), un 13,25% Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), otro 7,40% DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV) y un 6,77% MAPFRE (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz). Completan el ranking la aseguradora francesa Axa (2,52% del mercado), la sociedad vasca IMQ (cuyo 50% compró Adeslas en 2022), Asistencia Médica Colegial (1,98%), FIATC (1,76%) y CASER (1,66%). En total, el TOP 10 acapara el 83% del mercado.

Con los datos estimados para 2022 (12 millones de asegurados), más de un 25% de los españoles tienen ya un seguro médico privado. Los últimos datos publicados por la Fundación IDIS (de 2021), ya señalaban una cobertura del 24,41% de la población, frente a sólo el 19,06% en 2012. Pero el reparto es muy desigual. Hay regiones con más seguros médicos que la media, en especial Madrid (el 39% de la población tenía un seguro privado en 2021), Cataluña (35%) y Baleares (33%), además de Ceuta (36,09%) y Melilla (33,12%). Curiosamente, coinciden con algunas de las autonomías que dedican menos gasto público a sanidad: Madrid (1.627 euros per cápita), Cataluña (1.891 euros) y  Baleares 1.781 euros per cápita), como indica el Informe de la Fundación IDIS. Y tienen un bajo porcentaje de seguros médicos Navarra (13%), Murcia (15%), Cantabria (16%), Galicia y la Rioja (19%), quizás porque tienen un alto porcentaje de mayores, que no se hacen tantos seguros médicos privados, por su alto coste y porque los más viejos son “rechazados”.

El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son mayoritariamente los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados en 2021), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo. Los expertos indican que hay “dos momentos” en que las personas se plantean contratar un seguro médico privado: cuando van a tener un hijo (por el parto y las prestaciones pediátricas en los primeros años) y cuando se acerca la madurez y empiezan los achaques. Y ahora, tras tres años de pandemia y con la sanidad pública colapsada, el reclamo para hacerlo es general.

La pandemia (con muchos ancianos en residencias desatendidos en hospitales públicos), las elevadas listas de espera y el colapso en la atención primaria y las urgencias han sido “la mejor publicidad” para los seguros médicos privados. Pero además, las aseguradoras se han volcado en agresivas campañas de publicidad y en ofertas de seguros “low cost”, ofreciendo seguros médicos incluso “desde 9 euros al mes”, apoyados en bajas coberturas, copagos y atención médica “online”, seguros de baja calidad. Una novedad en este mercado, además de la entrada de nuevos competidores (como las telecos o las tecnológicas) es la creciente utilización del marketing digital para vender seguros médicos, con una fuerte presencia de ofertas en Facebook y otras redes sociales. Incluso Sanitas vende seguros médicos a través de la plataforma de Amazon.

La crisis de la sanidad pública y la creciente demanda han provocado una fuerte subida de los precios de los seguros médicos, no en la contratación inicial (donde está la “guerra de ofertas”) sino al revisarse la prima cada año (como pasa en los seguros del automóvil).En 2022, las tarifas de los seguros médicos subieron un +6,6%, por encima de la inflación anual (+5,7%), según el desglose del IPC. Y más que en 2021 (+5,2%), 2020 (+4,8%) y 2019 (+5%). Con ello, los seguros médicos privados han subido un +21,6% desde 2019, más que la inflación total (subió +14,4 % en estos cuatro años). Y todavía se espera que suban más este año 2023, un +7,5% según los expertos, para compensar las subidas de costes. Y además, se espera que las aseguradoras intenten mejorar sus márgenes con más copagos, recorte de las coberturas y un aumento de la telemedicina.

Al final, pagar un seguro médico supone a las familias entre 132 euros mensuales (con copagos) y 190 euros, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. Y además, los que tienen un seguro médico privado se encuentran ahora con dos problemas: está habiendo retrasos para conseguir una cita con un especialista (menos que en la pública, pero hay demoras) y hay médicos que no atienden a asegurados, que sólo aceptan pagos privados. Y eso porque muchos facultativos se quejan de que no se han actualizado las tarifas y que cobran 10 euros por consulta (la segunda y restantes, cobrando 20 euros la primera), “menos que un técnico que nos arregla la lavadora”. Y por eso, a principios de año hubo protestas de médicos autónomos, tras haber firmado en octubre el Manifiesto “Dignifica”.

Los seguros médicos son la “gasolina” que alimenta la sanidad privada en España, que cuenta con 431 hospitales (el 56%), 49.748 camas (el 32% del total) y 286.719 empleados (65.945 médicos y 71.680 enfermeras), según el Informe de la Fundación IDIS. En 2021, la sanidad privada  facturó en España 11.525 millones de euros, un 1,21% más que en 2019. Los ingresos que aportan las aseguradoras (6.340 millones que pagamos con nuestros seguros médicos) supusieron el 55% de los ingresos totales de los hospitales privados. Y otro 35% de estos ingresos proceden de los conciertos (4.035 millones en 2021) que pagan las autonomías a estos hospitales por atender y operar a pacientes o por gestionar hospitales públicos (hay 9 hospitales públicos, 4 en Madrid, 4 en la Comunidad Valenciana y uno en la Rioja, que son de gestión privada, heredada de la época de Aguirre y Camps). Así que los españoles financiamos el 90% de los hospitales privados con los seguros privados que pagamos y con nuestros impuestos (conciertos). Sólo el 10% restante se financia con los pacientes privados que pagan de su bolsillo consultas y operaciones.

Hay que resaltar que la sanidad pública (autonomías) deriva un 10% del gasto sanitario público a esos conciertos con la sanidad privada (no sólo a hospitales): “desviaron” 8.381 millones de euros en 2020, según la Fundación IDIS. Unos recursos públicos que benefician a 173 hospitales privados y 105 privados de utilización pública. Se les paga para que realicen pruebas e intervenciones (para descargar las listas de espera), para ofrecer determinadas prestaciones (diálisis, terapias respiratorias, logopedia, rehabilitación, transporte enfermos) y para que gestionen centros de salud y especialistas. Lo llamativo es que hay autonomías que desvían más porcentaje de recursos públicos a la sanidad privada, como son Cataluña (3.287 millones en 2021, el 24,2% de su gasto sanitario público, porque hay una enorme red privada que atiende pacientes concertados), Madrid (902,4 millones, el 8,9% del gasto sanitario público de la Comunidad) y Baleares (176,3 millones, el 9,2%). En las demás, los conciertos privados se llevan una media del 5% del gasto sanitario público.

El “boom” de los seguros médicos privados y los crecientes ingresos por los conciertos han relanzado la sanidad privada en España, que gana peso año tras año. Así, en 2019 (último año con datos), la sanidad privada suponía un gasto de 33.398 millones de euros, casi el 30% (29,4%) del gasto sanitario total, cuando una década antes, en 2009, no llegaba a la cuarta parte del gasto total. La contrapartida es que la sanidad pública supone ahora el 70,6% del gasto total, cuando en 2009 era el 75,1%. Y ese aumento del peso del gasto sanitario privado (porque los españoles gastan más en seguros médicos y en pagar la atención sanitaria privada) coloca a España como el tercer país europeo con más peso de la sanidad privada (29,4%), solo por detrás de Portugal (39%) y Suiza (33,2%), por delante de la media OCDE (22,9% supone el gasto sanitario privado), Italia (26,1%), Reino Unido (21,5%), Francia (16,3%) o Alemania (15,4%), según la Fundación IDIS.

Este auge de la sanidad privada en España explica el interés de multinacionales y Fondos de inversión por entrar en el negocio sanitario y asegurador español, con múltiples compras en los últimos años. El negocio de la sanidad privada está muy concentrado, como el de los seguros médicos, según la Fundación IDIS: los 5 mayores grupos hospitalarios facturan el 53% de todo el sector no benéfico (hay otra sanidad privada con fines benéficos, como los 35 hospitales de los Hermanos de San Juan de Dios, los 14 de las Hermanas Hospitalarias o los 6 hospitales de la Cruz Roja). El grupo líder, a mucha distancia, es Quirón Salud (4.021 millones facturados en 2021, el 34,88% del total), controlado desde 2017 por la multinacional alemana Fresenius, seguido del grupo español Vithas (675 millones, un 5,85% del mercado), los hospitales HLA (de la cooperativa médica Lavinia: 480 millones facturados en 2021), HM Hospitales, de la familia Abarca (480 millones) y Ribera Salud (420 millones), cuyos dueños son la norteamericana Centene Corporation y Banco Sabadell. Les siguen los Hospitales Católicos (400 millones), el grupo canario Hospiten (345 millones), Sanitas (328 millones), la Clínica Universitaria de Navarra (268 millones) e IMQ (146). Entre estos grupos hospitalarios del TOP 10 controlan el 66% del mercado sanitario privado no benéfico.

La sanidad privada y sus hospitales argumentan que “descargan de trabajo a la sanidad pública  y ahorran al Estado entre 5.679 y 15.628 millones anuales, según la Fundación IDIS. Pero no dicen que los pacientes que atienden o les desvían son los menos complicados y costosos, quedando la atención más compleja y más cara para la sanidad pública, Así, de los 4.253.183 españoles que recibieron el alta sanitaria en 2020,el 72,6% fueron atendidos en la sanidad pública y el 27,4% en la privada, según la última estadística del INE. Hasta aquí, casi normal, aunque estuvieron más días hospitalizados en la privada (10,4 de media) que en la pública (8,1 días). Pero al analizar los motivos de la hospitalización, se ve que un 37,2% de los que estuvieron en hospitales públicos fueron por enfermedades graves (cáncer, problemas cardiovasculares y respiratorios), frente al 26,04% de los atendidos en hospitales privados. Además, la sanidad pública atiende a más personas mayores que la privada (un 48% de las estancias frente al 44%) y los atienden por más tiempo (8,26 días frente a 5,04), según el último estudio RESA (2019).

Al final, si los seguros médicos y la sanidad privada ganan terreno es a costa de los crecientes problemas de la sanidad pública, agravados por la pandemia. Tenemos una sanidad pública universal, eficaz y barata, según el último chequeo de la OCDE, pero arrastra problemas derivados de los pasados recortes presupuestarios y de la escasez de plantillas, con contratos precarios y mal pagados. La responsabilidad de levantar la sanidad pública está en las autonomías, que financian el 93% del gasto sanitario público. Y aquí se observa que algunas apuestan por reforzar la sanidad pública y otras por desviar recursos y pacientes a la sanidad privada. Y todas coinciden en no priorizar la sanidad: en 2022, el gasto sanitario de las autonomías aumentó un +4,15% (la mitad que la inflación), con 4 regiones que gastaron menos (Baleares, Aragón, Castilla la Mancha y Asturias). Y para 2023, el gasto sanitario de las autonomías crecerá un +7,7%, según la FDSP, con un gasto medio de 1.809 euros por habitante, un 22% inferior a la media de la UE (2.299 euros). Y hay 7 autonomías que gastarán en sanidad por debajo de la media española: Madrid (1.466 euros por habitante), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605). Comunidad Valenciana (1.628), Canarias (1.651) y Castilla la Mancha (1.766 euros).

En resumen, se desatiende la sanidad pública y eso nos obliga a pagar un seguro médico privado que alimenta una sanidad privada en auge, que crece a costa del deterioro de la sanidad pública. Una locura promovida por unos y permitida por otros. Ya basta.

La apuesta por el hidrógeno verde

Europa aspira a ser en 2050 la única región del mundo con neutralidad climática, con “cero emisiones” netas. Eso pasa por sustituir el petróleo, el carbón, el gas y la energía nuclear por energías limpias, sobre todo la eólica, solar y el hidrogeno verde, una de las principales apuestas energéticas de la UE para las próximas décadas. España quiere liderar esta nueva energía en Europa, dado que tenemos sol, aire y agua, los ingredientes del hidrógeno verde. De momento, concentramos el 20% de los proyectos mundiales y Bruselas ya ha aprobado los 11 primeros proyectos españoles de hidrogeno verde, de los que 4 han recibido las primeras ayudas del Gobierno, el 10 de enero. El objetivo es producir, con Portugal, 33 millones de Tm en 2050 y destinar el 82% a la exportación a Europa, por el hidroducto H2Med. La apuesta por el hidrógeno verde exigirá inversiones, tecnología, clientes y tiempo, pero no podemos perder este tren: la oportunidad de ser una potencia energética en 2050.

Enrique Ortega

“Creo que un día se empleará el agua como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados aislada o simultáneamente, proporcionarán una fuente de calor y de luz inagotable”. Julio Verne, “La isla misteriosa” (1874)

 El hidrógeno es el elemento más abundante en el Universo. Y hace más de un siglo que se cumple el sueño de Julio Verne y el hidrógeno se utiliza como materia prima para fines industriales (refinado de petróleo y producción de fertilizantes), aunque se genera a partir de combustibles fósiles (petróleo, carbón y sobre todo gas). Actualmente hay varias tecnologías para producir hidrógeno por electrolisis del agua, utilizando energía eléctrica con electrolizadores para romper las moléculas del agua en sus dos componentes básicos, el oxígeno y el hidrógeno, cuya energía se utiliza después en diversas industrias y puede ser también el combustible de centrales eléctricas (cambiando fuel, carbón o gas por hidrógeno). El problema es que producir este hidrógeno es muy costoso e ineficiente (consume mucha energía) y provoca emisiones de CO2. Por eso se llama “hidrogeno gris”.

Una segunda opción es el llamado “hidrógeno azul”, que se produce como el gris (con energía eléctrica producida a partir de combustibles fósiles), pero las emisiones de CO2 que genera son capturadas y almacenadas, lo que le hace menos contaminante (aunque el proceso es más costoso y existe el riesgo de liberar metano). Y la tercera opción, por la que apuesta ahora la Comisión Europea, es el “hidrógeno verde”: se produce con energías limpias, con energía eólica, solar o biomasa, que son las que producen la energía necesaria para la electrolisis del agua. En estos momentos, se investiga con cuatro tecnologías, pero el hidrógeno verde tiene 3 ventajas indudables: su materia prima es el agua, no genera residuos ni emisiones y, sobre todo, es almacenable, una ventaja frente a la energía eólica o solar: se puede almacenar en tanques o cavidades subterráneas y baterías. Y a partir de ahí, ser utilizado como energía para industrias, transporte o generación de electricidad.

La Comisión Europea y los expertos apuestan por el hidrógeno verde sobre todo como energía alternativa para algunas grandes industrias y grandes transportes: barcos mercantes, aviones, trenes, autobuses, vehículos pesados, siderurgia, cemento, industria química, cerámica y fertilizantes “verdes”. Unos consumidores más indicados para el uso del hidrógeno verde que las centrales eléctricas (que también) y los particulares.

Actualmente, Europa está en cabeza de la investigación y los apoyos públicos al hidrógeno verde, dentro de la hoja de ruta de la Comisión Europea para alcanzar las “cero emisiones” netas en 2050. Según un estudio publicado en enero por la Oficina Europea de Patentes y la Agencia Internacional de la Energía, el 28% de todas las patentes mundiales sobre el uso del hidrógeno (entre 2010 y 2020) se presentaron en Europa, seguida de un 24% por Japón y un 20% en EEUU. Y sólo en 2020 se presentaron en Europa 500 patentes sobre el hidrógeno, 200 más que en 2010. España es el 9º país europeo que ha registrado más patentes sobre el hidrógeno en la última década, destacando como el primer país en patentes presentadas sobre el hidrógeno verde” (el 76% del total), por delante de Alemania (el 64% de las patentes fueron sobre el hidrógeno verde) y Paises Bajos (el 59%). Y somos también el país europeo donde más han aumentado las patentes sobre el hidrógeno verde en la última década.

Europa apuesta por el hidrógeno verde y España tiene muchas ventajas de salida para liderar esta nueva energía. No tenemos petróleo ni gas natural, pero nos sobra agua, sol y viento, las materias primas básicas para producir “hidrogeno verde”. Por un lado, somos el 2º país de Europa con más capacidad eólica (28,2 GWh) y solar, tras Alemania. Y también el 2º país que produce más electricidad a partir del viento y del sol: el 33,8% de la electricidad generada en 2022, según REE, entre la producida por la energía eólica (22,2%) y la solar fotovoltaica y térmica (11,6% del total). Además, la industria española de energías renovables es puntera: España fabrica el 90% de los equipos eólicos y el 60% de los componentes de la energía fotovoltaica, siendo el tercer país europeo en investigación y desarrollo (I+D+i) de energías renovables, una industria líder a nivel mundial.

Y ahora, se han multiplicado las patentes sobre las tecnologías relacionadas con la producción de hidrógeno verde. “El 20% de los proyectos de hidrógeno verde que hay en el mundo están en España”, señaló en enero el presidente Sánchez en Davos, añadiendo que somos el 2º país del mundo con más proyectos vinculados al hidrógeno verde, sólo por detrás de EEUU. Y desde el Gobierno, hace años que se apuesta por esta nueva energía. Ya en octubre de 2020 se aprobó la “Hoja de ruta del Hidrógeno Verde”, que marcaba un primer objetivo como país: producir 4,6 GWh de hidrógeno verde para 2030, el 10% de la producción total que espera alcanzar entonces la Unión Europea. Y algo más de un año después, en diciembre de 2021, se aprobó el PERTE ERHA (Energías renovables, Hidrógeno renovable y Almacenamiento), en el que se incluían ayudas europeas para la promoción de las energías renovables y el hidrógeno verde, la energía que recibía más apoyos: 1.555 millones de inversión pública (ayudas) y otros 2.800 millones de inversión privada.

En paralelo a estas ayudas españolas, la Comisión Europea ha aprobado dos oleadas de ayudas a proyectos europeos que apuestan por el hidrógeno verde. Y España ha conseguido que Bruselas incluya muchos proyectos: 4 de los 41 proyectos europeos seleccionados en la primera oleada y 7 de los 35 proyectos europeos aprobados en la 2ª oleada. A partir de ahora, hay más proyectos españoles esperando “el aprobado europeo”, para conseguir parte de los Fondos europeos destinados al hidrógeno verde.

De momento, el 10 de enero, el Consejo de Ministros aprobó las ayudas (74 millones de euros) a los 4 primeros proyectos IPCEI Hy2 Tech autorizados por Bruselas: el de la empresa sevillana H2B2, para el desarrollo y fabricación de electrolizadores en Sevilla (24,9 millones de ayuda), el de la ingeniería vasca Sener para una fábrica de electrolizadores en el País Vasco (10 millones de ayuda), el proyecto del fabricante alemán de aerogeneradores Nordex  para desarrollar entre Asturias y Navarra un electrolizador alcalino con apoyo de una turbina eólica y una instalación fotovoltaica (11,6 millones de ayuda) y el proyecto de un camión propulsado por hidrogeno que va a desarrollar y producir la multinacional italiana IVECO entre Madrid, Valladolid y Barcelona (con 27,5 millones de ayuda).  Lo destacable es que estos son los primeros proyectos aprobados, pero se han lanzado 5 convocatorias de ayudas en 2022 (por un importe de 400 millones) a las que se han presentado 218 proyectos…

Así que la apuesta española por el hidrógeno verde ya está en marcha y con fuerza. Y tiene todo el apoyo del Gobierno Sánchez, que lo ha convertido en uno de sus proyectos estrella. Por un lado, para 2030, el Gobierno (y Enagás) se proponen que un 25% del consumo energético de las grandes empresas españolas sea hidrógeno verde y que su uso empiece a tener peso en barcos, aviones, trenes, autobuses y camiones. Y además, que una parte importante de la  producción de hidrógeno verde español (entre 2 y 3 millones de TM) se exporte a Europa: el Gobierno aspira a que España acapare más del 20% de la producción europea de hidrógeno verde en 2030. Que en 2040 produzcamos ya entre 3 y 4 millones de Tm. Y el gran salto se daría en 2050: el objetivo es que España y Portugal produzcan 33 millones de Tm de hidrógeno verde y exporten el 82% a Europa.

Por eso es fundamental contar con un canal para exportarlo, que será el “hidroducto” BarMar, un tubo que unirá Barcelona con Marsella a través del mar, para exportar hidrógeno verde de la Península al resto de Europa, una ambiciosa infraestructura que cuenta no sólo con el apoyo político y financiero de España, Portugal y Francia, sino también de Alemania. Su coste, 2.135 millones de euros, contaría con Fondos europeos (al menos un 50% del Plan REPowerEU)  y se espera que el hidroducto H2Med esté listo para 2030. La idea de España es convertir la Península ibérica en un polo mundial de hidrógeno verde, no sólo con la producción de España y Portugal sino transportando la producción del norte de África.

El Gobierno y muchos expertos creen que España tiene ventajas de partida para convertirse en uno de los grandes productores y distribuidores mundiales de hidrógeno verde. Por un lado, su enorme potencial de energías renovables, debido a sus horas de sol y viento y al enorme desarrollo de las tecnologías eólica y solar. Por otro, porque dispone de unas infraestructuras robustas y la experiencia del transporte de gas natural, así como una situación geográfica a caballo de varios continentes, clave para el transporte marítimo y aéreo. Y también porque dispone de una potente industria muy consumidora de energía (siderurgia, cemento, aluminio, química, cerámica, fertilizantes…) que puede acelerar el proceso. Y sobre todo, está muy avanzada en la investigación de las tecnologías de electrolisis, almacenamiento y transporte.

Todo esto es verdad, pero también hay expertos que piden ser más realistas y no construir “un cuento de la lechera” con el hidrogeno verde. Y se agarran a que hay muchas “incertidumbres”. Por un lado, dudas técnicas, derivadas de que es una energía todavía muy ineficiente: producir hidrógeno verde supone perder hasta el 80% de la energía invertida en el proceso, según el Instituto Hydrogen Science Coalición, aunque otros investigadores aseguran que eso está bajando y que podría conseguirse perder sólo el 30%. Otra crítica, de la Fundación Renovables, es que el Plan del Gobierno desviaría demasiadas energías limpias a producir hidrógeno verde y exportarlo, en perjuicio del abastecimiento interno (sobre todo, para producir electricidad). Y luego, está el temor a las enormes inversiones que harán falta, no sólo en su generación sino en la adaptación de industrias y vehículos. Y además, la inversión en construir una red interna de hidroductos, en paralelo al gasoducto actual (ver mapa), que cortará otros 5.000 millones, además del coste de H2Med (2.135 millones).

La clave para asegurar que el hidrógeno verde es una alternativa energética de éxito estará en su precio, tanto para las grandes industrias como para el transporte (navieras, aerolíneas, trenes y flotas de camiones). La Agencia Internacional de la Energía (AEI) recomienda que no cueste más de 1 euro por kilo, frente al coste actual (entre 2 y 3 euros y entre 90 y 120 euros por megavatio para la generación eléctrica). Así que todo va a depender de lo que avance la tecnología, para conseguir bajar precios (como pasó con la eólica y solar). Y que los grandes consumidores de energía vean que es una opción atractiva. De momento, varios futuros clientes han apostado por el hidrogeno verde.

Es el caso de la de la naviera danesa Maersk, que firmó en noviembre pasado un acuerdo con el Gobierno español para invertir 10.000 millones de euros (y crear 85.000 empleos directos e indirectos) en la instalación de 2 grandes centros de producción de metanol verde en Andalucía y Galicia, el 2º y 3º de sus futuros centros de aprovisionamiento mundial de sus 730 buques, tras el acordado en marzo en Egipto y a los que seguirán otros dos o tres en el resto del mundo. Las plantas de metanol verde (un carburante limpio que se elabora con hidrógeno verde y CO2 biogénico de plantas de biomasa) serán de nueva creación y se autoabastecerán con la energía eólica y solar que se instalarán en los alrededores, entrando en funcionamiento en 2025 y 2027, para abastecer en 2030 al 20% de la flota mercante de Maersk, que tendrá que reconvertir todos sus buques a esta energía limpia.

Otro sector que se suma al hidrógeno verde es la aviación, que ha firmado en enero una Alianza para el uso del hidrógeno verde en la aviación, donde participan AENA, las petroleras Cepsa, Repsol y BP y otras entidades del sector, para avanzar en la descarbonización del tráfico aéreo y en línea con el gran objetivo de la UE de conseguir fabricar la primera aeronave con hidrógeno verde en 2035. Otros sectores que están estudiando incorporar esta nueva energía son la siderurgia, el sector químico, las cementeras, los fertilizantes y la industria cerámica, ahora muy dependientes de un gas carísimo. Y también Renfe y las grandes empresas de transportes, una vez que avance el camión de hidrógeno, mientras las petroleras proyectan “hidrogeneras” (100 para 2030), aunque los últimos destinos del hidrogeno verde serán los vehículos particulares y la generación de electricidad.

En resumen, estamos ante una apuesta a una década por una nueva energía, donde España puede ser competitiva, exportando y creando empleo. Se trata de “no perder este tren” y posicionarse ante un futuro sin energías fósiles, no teniendo que depender de otros paises y de los vaivenes de precios, como ahora con el petróleo y el gas. Ser autosuficientes energéticamente, aprovechando el agua, el sol y el viento, nuestra riqueza natural. Y apostando desde el principio por nuevas tecnologías que exigirán inversiones y tiempo, pero que pueden aportar riqueza y empleo. Ojalá salga bien.

Las plantillas han envejecido

En España trabajan ahora casi tantas personas como en 2007 (20,5 millones). Pero hay una importante diferencia: dos de cada tres trabajadores (64,18%) tienen más de 40 años, mientras en 2007, la mayoría de los que trabajaban tenían menos de 40 años (54,23%) y los mayores de 40 años eran minoría (45,77%). Así que en estos últimos 15 años, las plantillas se han envejecido, básicamente porque los más jóvenes (menores de 30 años) consiguen menos empleos: de ser 1 de cada 4 ocupados en 2007 han pasado a ser ahora 1 de cada 7 ocupados. Y son los que más han perdido empleo con  la crisis financiera, la pandemia y la inflación. Además, los más jóvenes tienen contratos más precarios y ganan menos: 1.123.000 trabajadores jóvenes (menos de 35 años) ganan el salario mínimo. Para mejorar la productividad  de la economía y aumentar el empleo total (menor al de Europa), las empresas deben contratar a más jóvenes y rejuvenecer plantillas, con ayudas públicas. Abran paso a los jóvenes.

Enrique Ortega

En los últimos 15 años, España ha casi recuperado el empleo que tenía antes de la crisis financiera: del récord de 20.510.600 ocupados alcanzado en 2007 (septiembre) se cayó al mínimo de 16.634.700 ocupados en 2013 (marzo), para recuperar una gran parte en 2019 (19.966.900 ocupados en diciembre), perder una parte con la COVID (19.344.300 ocupados a finales de 20020) y ganar empleo en 2021 y 2022, cerrando el año pasado con 20.463.900 ocupados, casi los mismos empleos de 2007, según la EPA. Hemos vuelto a la ocupación histórica de antes de la crisis financiera, pero con un cambio muy importante: hoy, la mayoría de los que trabajan tienen más de 40 años (el 64,18%), cuando hace 15 años no llegaban a la mitad de los trabajadores (45,77%). Y han perdido peso los trabajadores menores de 40 años: eran mayoría en 2007 (54,23%) y ahora son la tercera parte (35,82%).

El cambio en la edad de los que trabajan lo resume muy bien este dato, en 2007, había 11,12 millones de trabajadores menores de 40 años y hoy son sólo 7,33 millones (-34%). Y los mayores de 40 años, que eran 9,3 millones de trabajadores en 2007, han subido hoy a 13,13 millones (+40%), según la EPA (INE). Un cambio silencioso en la estructura por edades del empleo, causado por el envejecimiento de la población y por el menor peso del empleo joven, por la pérdida de ocupación de los jóvenes en las últimas crisis y sus menores posibilidades para conseguir los nuevos empleos creados.

Otra vez más, los datos de la EPA son muy explícitos sobre la caída del empleo de los más jóvenes. Si en 2007, casi 1 de cada 4 trabajadores tenía menos de 30 años (eran 4.952.700 ocupados, el 24,14% del total), a finales de 2022, los trabajadores jóvenes sólo suponían 1 de cada 7 trabajadores (2.875.100, el 14,03% del total). Y así, ahora trabajan 2 millones menos de jóvenes que en 2007 (-41,94%). Por el otro lado, los mayores de 45 años han pasado de ser un tercio de los trabajadores en 2007 (6.621.100 ocupados, el 32,27% del total) a ser ahora casi la mitad (10.145.700 trabajadores, el 49,55% del total). Y así, ahora trabajan 3.524.600 mayores de 45 años más (+53,23%) que en 2007. Y eso se traduce en un envejecimiento generalizado de las plantillas: si la edad media de los que trabajaban en 2007 eran 39,7 años, ahora roza los 45 años.

¿Qué ha pasado? Además del hecho evidente de que los jóvenes de 2007 tienen hoy 15 años más, el problema es que los más jóvenes han perdido mucho empleo con las tres crisis que hemos sufrido y además, no han conseguido la mayoría de los nuevos empleos creados en estos años, que han ido sobre todo a los mayores de 45 años. Veámoslo crisis a crisis.

En la crisis financiera de 2008-2013, España perdió 3.875.900 empleos. Dos tercios de estos empleos suprimidos los perdieron los más jóvenes: -2.663.300 empleos perdieron los trabajadores que tenían entre 16 y 29 años, según la EPA, una caída de su empleo del -53,7%, que fue mayor entre los más jóvenes (-85,3% del empleo perdieron los que tenían entre 16 y 19 años y -60,42% los que tenían entre 20 y 24 años). Los trabajadores con edades medias (entre 30 y 44 años) perdieron -1.345.800 empleos (-15,06%, una caída un tercio menor a la de los más jóvenes). Y los mayores de 45 años acabaron ganando empleo a pesar de la dura crisis: a principios de 2013 ya trabajaban +133.800 mayores que en 2007, perdiendo sólo algo de empleo (-3,5%) los de 45 a 49 años.

En el siguiente ciclo, la recuperación económica de 2013 a 2019, España ganó 3.332.200 empleos, el 86% de los perdidos con la crisis financiera. Pero otra vez, los más jóvenes salieron peor parados: las personas de 16 a 29 años recuperaron 482.800 empleos, sólo el 18,12% de los perdidos antes. Los trabajadores de edad “mediana” (30-44 años) ganaron 308.000 empleos, el 22,8% de los perdidos. Y el tercer bloque, los mayores de 45 años, volvió a salir ganando: aumentan 2.541.400 empleos. Y como también habían ganado empleo durante la crisis (+133.800), resulta que, a finales de 2019, hay 2,67 millones de trabajadores mayores de 45 años ocupados que en 2007 (aumentan su empleo un +40%).

Seguimos. En 2020 estalla la 2ª crisis, por el COVID 19, y España pierde -622.600 empleos en 2020 (-3,11%). Pero otra vez, el balance es muy desigual por edades. Los más jóvenes (16 a 29 años) son porcentualmente los que más empleos pierden: -288.800 empleos, el -10,4% del empleo que tenían a finales de 2019. Los trabajadores de edad “mediana” (30-44 años) perdieron -465.600 empleos, un -5,89% de los que tenían en 2019. Y de nuevo, los mayores de 45 años ganaron empleo en vez de perderlo (salvo los de 50 a 54 años): +131.800, un +1,4% del empleo que tenían antes de la pandemia, según la EPA.

Y vayamos al cuarto ciclo, la crisis de la inflación y la guerra de Ucrania, que se superó con  la recuperación del empleo en 2021 y 2022, año que España cerró con 497.000 empleos más que antes de la pandemia (en 2019), rozando los 20,5 millones de empleos de 2007. Esta vez, los más jóvenes (16 a 29 años) tuvieron que esperar a 2022 para recuperar el empleo de 2019 (porque en 2021 seguían con menos). Y ganaron +102.900 empleos sobre 2019 (+3,71%). Una novedad  es que los trabajadores de edad media (30-44 años) no han conseguido todavía recuperar el empleo de 2019: pierden aún -355.300 empleos (-4.49%). Y los que vuelven a ganar empleo son los mayores de 45 años: a finales de 2022 trabajaban +849.400 mayores más que antes de la pandemia (+9,13%, el triple de aumento que los más jóvenes). Así que llevan 15 años ganando empleo, pase lo que pase, y por eso ahora los mayores de 45 años suponen dos tercios de los trabajadores.

Al final, la reflexión es que los jóvenes son los primeros que pierden empleo con las crisis y los que tienen más difícil recuperarlo y ganar empleos nuevos. Por eso, además, la tasa de paro de los más jóvenes (29,6% entre 19 y 25 años)  duplica con creces la tasa de paro española (13,1% en diciembre). Y somos el país europeo con más paro juvenil, duplicando la media europea (15% de paro juvenil en la UE-27) y multiplicando por 6 la tasa de paro juvenil de Alemania (5,8% en diciembre de 2022), según Eurostat.

No es sólo que los jóvenes en España tengan el doble de paro que en el resto de Europa sino que además tienen una menor tasa de empleo, trabajan porcentualmente menos jóvenes aquí: sólo están ocupados el 36,2% de los jóvenes de 15 a 29 años, frente al 47,4% que trabajan en la UE-27 y el 68,1% de los jóvenes en Alemania, según Eurostat. O sea que si España consiguiera que los jóvenes trabajaran como en el resto de Europa, habría 703.500 jóvenes (15 a 29 años) más trabajando. Y si la ocupación fuera como en Alemania, deberían trabajar aquí 2 millones más de jóvenes que los que trabajan (son 2.875.100).

Además de trabajar menos los jóvenes (menos que hace 15 años y menos que en Europa), sufren también otro problema: tienen peores contratos. Por un lado, son líderes en contratos temporales: a finales de 2022, había 1.049.900 jóvenes (16-29 años) con contrato temporal, el 36,5% de los que tenían trabajo asalariado, cuando en el conjunto de España, los contratos temporales los tenían solo el 17,92% de los asalariados. Y eso que la reforma laboral ha conseguido aumentar los contratos fijos de los jóvenes, 359.700 más que hace un año (en 2021, el 51,55% de sus  contratos eran temporales). Y además, hay 756.000 jóvenes (16 a 29 años) con contrato a tiempo parcial, por días o por horas: lo tienen 1 de cada 4 jóvenes ocupados (el 26,4%), sobre todo mujeres jóvenes (un tercio con contrato a tiempo parcial),  cuando en el conjunto de empleados sólo lo tienen el 13,6% de los ocupados.

En definitiva, los más jóvenes tienen más contratos precarios y por eso tienen sueldos más bajos que el resto de trabajadores. Eso se debe a que tienen más proporción de contratos temporales (cobran un 70% del sueldo que tienen los contratos fijos, según el INE) y de contratos a tiempo parcial (que cobran el 36% de un contrato a jornada completa). Además, la mayoría de los más jóvenes que trabajan tienen poca antigüedad en su empleo, que es un componente clave de los salarios: los que llevan menos de 1 año trabajando ganan el 57% del sueldo de los que llevan 10 años o más, según el INE.

El resultado es que los salarios de los jóvenes son mucho más bajos que los del resto de trabajadores, según la estadística del INE (2021): el sueldo medio de los que trabajan con 16 a 24 años es de 1.234,9 euros brutos, 1.037 euros netos al mes, 393 euros menos (-27,5%) que el salario mediano de todos los trabajadores. Y dos tercios de los asalariados menores de 25 años ganaban un salario neto inferior a 1.147 euros netos mensuales. Eso se traduce en que 1 de cada 3 jóvenes menores de 24 años cobran el salario mínimo. Y también 1 de cada 5 trabajadores de 25 a 34 años. En total, 1,35 millones de trabajadores jóvenes (menores de 35 años) cobran el salario mínimo, que ha subido a 1.080 euros en 14 pagas.

Con este bajísimo nivel de ingresos y un tercio de contratos precarios, resulta casi imposible que los jóvenes se emancipen, aunque tengan trabajo (menos aún los 486.000 menores de 25 años que están en paro). De hecho, sólo el 15,9% de los jóvenes españoles (de 16 a 34 años) están emancipados, viven fuera de la casa de sus padres, la mitad que en Europa (donde la tasa de emancipación alcanza el 32,1%). Y eso, porque además de tener menos empleo y peores sueldos, chocan con el problema de los altos precios de los alquileres y la dificultad para conseguir y pagar una hipoteca, lo que retrasa el formar una familia y ser padres, agravando así la baja natalidad en España.

Este evidente envejecimiento de las plantillas en España, del que no se habla tiene unas consecuencias muy negativas sobre la economía y la protección social: tener menos porcentaje de jóvenes trabajando hace más difícil la necesaria transición tecnológica y agrava un problema estructural de Espala, la baja productividad. Además, si España tuviera la tasa de empleo juvenil de otros paises, contaría con más trabajadores para cotizar y pagar impuestos, lo que despejaría el futuro de las pensiones y del Estado del Bienestar.

¿Qué se puede hacer? A corto plazo, incentivar la contratación de jóvenes en las empresas, bonificando sus contratos. El 10 de enero, el Consejo de Ministros aprobó un Decreto-Ley para destinar 1.821 millones a bonificar la contratación de colectivos con problemas: discapacitados, mujeres, mayores de 45 años y jóvenes. La idea es concentrar las ayudas y dirigirlas a crear empleos fijos. En el caso de los jóvenes, la medida estrella es bonificar con 275 euros al mes (durante 3 años) la contratación de jóvenes de menos de 30 años con baja cualificación. Además, se bonifica también (con 366 euros al mes) la contratación de jóvenes desempleados para sustituciones por embarazo, lactancia o cuidados. Y se bonifica la cotización de los nuevos contratos de formación en alternancia para la Formación Profesional (compatibilizan trabajo y formación en las empresas). Y se bonifican también los contratos formativos y de relevo (un joven por un mayor) que se hagan indefinidos, así como los contratos de investigadores. El problema es que estas ayudas no entrarán en vigor hasta el 1 de septiembre…

A medio y largo plazo, hacen falta otras medidas. Primero en el campo de la formación y la educación, porque España tiene demasiados jóvenes poco formados (por la lacra del abandono escolar, que afecta al 13,3% de los jóvenes de 18 a 24 años): un 27,7% de los jóvenes (25 a 34 años) tienen la ESO o menos, frente al 11,8% de media en Europa y el 14,2% en Occidente, según la OCDE. Eso obliga a reformar la educación, desde la escuela a la Universidad, promoviendo más la Formación Profesional (sólo un 12% de los jóvenes españoles están matriculados en FP, frente al 25% en la UE-27 y el 40% en Alemania) y reformando las enseñanzas universitarias, para que se adapten mejor al mercado de trabajo. Porque igual que tenemos más jóvenes en paro, también tenemos más licenciados en paro y un alto porcentaje de universitarios en trabajos básicos: un 34,5% de los universitarios realizan trabajos para los que están “sobrecualificados”, frente a un 21% en la UE-27.

Y además de facilitar su contratación y mejorar su formación, España necesita más jóvenes, fomentar la natalidad, para aumentar el número de empleados, cotizantes y contribuyentes. Porque cada año nacen menos niños (337.380 en 2021 frente a 397.632 en 2000) y hay menos jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo: si en 1.995 entraron 750.000 jóvenes mayores de 16 años, en 2005 entraban sólo 450.000 y ahora rondan los 200.000. Así, ya tenemos un problema de falta de mano de obra (que cubren los inmigrantes), pero se agravará para 2050, con la baja natalidad y el menor empleo por la tecnología. Así que urge aumentar la natalidad y los jóvenes en edad de trabajar, con ayudas a las familias, a la vivienda y a la conciliación laboral de las mujeres, que ayudarían a rejuvenecer plantillas.

Al final, la reflexión es que España crea empleo pero se reparte mal, beneficiando más a los que tienen más edad, que están “taponando” su relevo con jóvenes, a los que se destina ahora para cubrir vacantes y empleos de temporada, desde las rebajas a la Navidad o el verano. No se fomenta ni la formación adecuada ni el empleo de los jóvenes y acabamos contando con una “generación perdida”, desmotivada, que ha sufrido muy negativamente las últimas tres crisis. Hay que abrir paso a los jóvenes.

5ª subida de tipos y Europa estancada

Hoy jueves, el Banco Central Europeo (BCE) sube los tipos de interés, por 5ª vez desde julio. Pretende así bajar la inflación, aunque sirve de poco (los precios siguen altos en la zona euro, desde junio a hoy: del 8,6 al 8,5%), porque sube por la energía y los alimentos y no porque la economía crezca demasiado. Pero el BCE persiste en su política y subirá tipos hoy y en marzo, hasta el 3,5%, lo que hundirá más a las familias (las hipotecas suben 286 euros al mes), las empresas (suben sus créditos) y los Estados (pagan más intereses por la deuda). “Subir los tipos es todo coste, sin beneficios”, dice el Nobel Stiglitz. Y encima, persisten en su ricino cuando Europa está estancada: la UE no creció nada (+0%) en el 4º trimestre y cayeron Alemania (-0,2%) Italia (-0,1%), Austria (-0,7%), Suecia (-0,6%), Lituania (-1,7%) o Chequia (-0,3%). Así que buscando bajar los precios, el BCE nos lleva a una recesión a principios de 2023. Paren ya las subidas.

Enrique Ortega

“Que la Reserva Federal USA tenga un martillo no quiere decir que tenga que salir a destruir la economía a martillazos…” Joseph Stiglitz, Nobel de Economía

Los bancos centrales (el BCE, la Reserva Federal USA o el Banco de Inglaterra) han reaccionado tarde contra la inflación, aplicando las subidas de tipos de interés más agresivas desde las de los años 80 (que provocaron dos recesiones y la mayor caída de actividad y empleo desde la II Guerra Mundial). Empezó EEUU, con una primera subida de tipos el 16 de marzo, a la que han seguido 7 subidas más, la última ayer 1 de febrero, en que la Reserva Federal (la FED) subió los tipos un +0,25%, lo que los sitúa en el 4,75% (desde el 0% en que estaban hace sólo 11 meses). Lo mismo ha hecho el Banco de Inglaterra, con 10 subidas desde la primera de diciembre de 2021, saltando los tipos del 0,25 al 4% actual. Y les ha seguido, aunque tarde, el BCE: hizo la primera subida el 21 de julio y hoy aprueba el 5º aumento del precio oficial del dinero (+0.5%), hasta el 3%.

Y estas subidas de tipos (ver gráfico) van a seguir, sobre todo en Europa, que va más retrasada respecto a las bajadas de EEUU y Reino Unido. Christine Lagarde, la presidenta del BCE, ya anticipó en enero en Davos que “seguirá con los tipos al alza, porque la inflación es demasiado alta”. Por ello, tras la subida de hoy (+0,50%, como en julio y diciembre, inferior al aumento del +0,75% de septiembre y octubre), se espera otra subida similar (+0,5%) en marzo, colocando el tipo oficial del dinero en el 3,5%. Y a partir de ahí, el BCE esperará a ver cómo se comporta la inflación, aunque su objetivo de precios, el 2% de inflación, no se espera rozar en la zona euro hasta 2025 (2,3%, tras un 6,3% en 2023 y un 3,4% en 2024).

El BCE, como la FED o el Banco de Inglaterra, aplican la vieja receta de la subida de tipos contra la inflación, que en esta ocasión no da los frutos esperados porque el origen de las subidas es distinto. No estamos ante una “inflación de demanda”, motivada por un alto consumo e inversión, que recalienta la economía y exige subir tipos para “enfriarla”. Estamos más bien ante una “inflación de oferta”, motivada por la subida de los costes energéticos y de las materias primas, agravada por un atasco en las cadenas de producción, distribución y comercio tras la pandemia. Y por eso, la subida de tipos no puede evitar el grueso de la inflación actual, la subida del petróleo, del gas, la electricidad o los alimentos.

Esto es más cierto en Europa que en EEUU, donde el problema no es tanto la subida de la energía (sube, pero USA es el primer productor mundial de petróleo y gas) como el pleno empleo y la tensión en los salarios, por lo que la subida de tipos ha sido más efectiva que en Europa: la inflación bajó del 7,9% en febrero (antes de la 1ª subida de marzo) al 6,5% de diciembre, mientras en la zona euro, los precios apenas bajan (desde el 8,6% en junio, antes de la 1ª subida, al 8,5% en enero 2022, según Eurostat).  Y lo peor: la inflación de fondo ("subyacente") ha subido del 3,7% en junio al 6,9% en diciembre y al 7% ahora en enero de 2022.Y es que, por mucho que el BCE suba los tipos, los problemas actuales de los mercados energéticos (sobre todo en Europa) y los alimentos (dependencia, falta de competencia, exceso márgenes), más los efectos negativos de la  guerra en Ucrania, no se evitan. Y por eso, la inflación apenas baja.

Así que el BCE sube los tipos (la 5ª vez hoy), pero la inflación sigue ahí, y sólo ha bajado un poco en los últimos 3 meses (del 10,6% en octubre al 8,5% en enero 2022). Conclusión: la vieja receta monetaria es ineficaz frente a una inflación de costes, agravada por la guerra en Ucrania. Pero no verlo y persistir en la ortodoxia tiene un alto coste, porque los altos tipos (una subida histórica: del 0 al 3,5% en 8 meses) van a frenar el crecimiento antes o después, poniendo a las economías en riesgo de recesión. Sobre todo en Europa, donde la economía está estancada: el PIB no creció nada en el 4º trimestre de 2022 en la UE-27, según Eurostat. Y sólo un mínimo +0,1% en los 19 paises de la zona euro. Pero es que la actividad económica cayó a finales de 2022 en varios paises europeos, algunos claves: Alemania (-0,2%), Italia (-0,1%), Austria (-0,7%), Suecia (-0,6%), Chequia (-1,7%) o Lituania (-1,7%), según Eurostat. Y los paises que no cayeron, apenas crecieron: Francia (+0,1%), Bélgica (+0,1%), Portugal  y España (+0,2%).

Así que subir otra vez los tipos es arriesgarse a empezar el año 2023 con una recesión en Europa, sin que a cambio se consiga doblegar la inflación (hasta 2025). Y eso, porque el dinero más caro va a frenar (más) el consumo de las familias, el principal motor del crecimiento), así como las ventas y la inversión de las empresas (otro motor de la economía), aumentando además los costes de la deuda de los paises, que tendrán menos márgenes para gastar y dar ayudas, para reanimar el consumo, la inversión y las economías. Demasiados daños sobre el crecimiento y el empleo para encima no aplacar la inflación.

El primer efecto de las subidas de tipos ya lo sufren las familias en los últimos meses, cuando tienen que revisar sus hipotecas, ahora con mensualidades más altas. El Euribor (el precio del dinero al que se prestan los bancos entre sí) lleva en positivo desde abril de 2022, tras estar en negativo desde 2016. Y ha pasado de un mínimo del -0,502% en diciembre de 2021 al máximo de +3,337% en enero de 2023 (la subida más rápida en su historia). El problema es que este Euribor es el que se utiliza en el 75% de las hipotecas a tipo variable (3,87 millones de hipotecas) para revisar anualmente (o semestralmente) su pago. Y eso se traduce en que las familias que revisen su hipoteca en febrero (una hipoteca tipo de 150.000 euros a 25 años, con una revisión del Euribor+1%) tendrán que pagar 286 euros más al mes (3.432 euros más al año). Y como el BCE seguirá subiendo los tipos, el Euribor seguirá subiendo (rozará el 4% este año), con lo que las futuras revisiones de hipotecas tendrán más subidas, sobre todo las que se revisen hasta agosto (cuando el Euribor empezó a subir más).

Así que si las familias no tienen bastante con la subida de los alimentos (que no bajan apenas), carburantes, luz, gas y casi todo, ahora les sube la hipoteca, lo que frenará más su consumo, que hasta ahora se mantenía al ralentí gracias a los ahorros y el aumento del empleo. Y los que más sufrirán esta subida de tipos y del Euribor serán, otra vez, las familias más vulnerables con hipoteca: el Banco de España ya alertó hace meses que el encarecimiento de las hipotecas hará que el 14% de las familias con hipoteca  (unas 770.000 familias) se conviertan en “vulnerables”, al subirles ahora los intereses a pagar por encima del 40% de sus ingresos. Y aunque el Gobierno y la banca han pactado un Código de Buenas Prácticas (voluntario para las entidades), dirigido a reducir la subida de cuota en los colectivos más vulnerables (con ingresos menores a 29.400 euros), la realidad es que sólo van a beneficiar a 1 millón de los 3,5 millones de hipotecados. Y además, si ahora van a pagar la misma cuota, no más (a pesar de la subida del Euribor), es a costa de más años pagando la hipoteca, con lo que acabarán pagando más intereses.

Otro problema de la subida de tipos y del Euribor es que se encarecen las nuevas hipotecas, lo que perjudica también a las personas (sobre todo jóvenes) que están pensando en contratar una hipoteca para poder acceder a una vivienda, dado que los alquileres están por las nubes (1.000 euros de media, frente a 820 euros mensuales una hipoteca). Actualmente, los bancos están tratando de “pillar” a los nuevos clientes con hipotecas a tipo fijo (el 75% de las nuevas), que son más caras (del 3,2% al 3,70% las más baratas) y están subiendo (se vislumbran a un tipo entre el 4 y el 4,75% este año), mientras todavía mantienen tipos atractivos en las hipotecas a tipo variable (Euribor+0,50 y hasta +0,60%), aunque sólo para sus mejores clientes, que han de cumplir múltiples condiciones. Y están aumentando las hipotecas mixtas (a tipo fijo los primeros 5-10 años y luego variable).

Además de pagar más por la hipoteca, pasada o futura, las familias ya sufren la subida de tipos por las tarjetas de crédito y por los créditos personales, para comprar un coche, un electrodoméstico o un viaje: el tipo medio ha subido un 12,6%, del 6,10 que costaban en diciembre de 2021 al 6,87% en noviembre d 2022, según el Banco de España.

Esta subida de tipos afecta también muy negativamente a las empresas, cuya deuda ascendía a 765.000 millones de euros a finales de 2022, según el Banco de España. Los tipos de sus créditos suben con el Euribor a 3 meses, que ha saltado de ser negativo (-0,523 en enero de 2022) a subir al +2,482% a finales de enero. Eso se traduce en una fuerte subida de los créditos a pymes (del 1,69% al 3,28% en noviembre para los créditos de menos de 250.000 euros y del 1,29 al 3,20% en los créditos de 250.000 a 1 millón), y también en los créditos a grandes empresas (han subido del 1,04 al 2,90%), según el Banco de España. Y si para muchas pymes era complicado financiarse, ahora lo será más.

Y queda un tercer efecto negativo de la subida de tipos, sobre la deuda pública y el Presupuesto. La subida de tipos encarece la colocación de la deuda pública de los paises y en especial de España, que ha alcanzado un récord de deuda (tras las ayudas públicas que han exigido la pandemia y la inflación): alcanza ya los 1.503.799 millones de euros, el 115,6% del PIB español, un récord histórico. Y el tipo del bono español a 10 años ha subido del 0,76% en enero de 2022 al 3,30% que había que pagar ayer para colocar esa deuda. Y eso significa que habrá que dedicar más recursos a pagar los intereses de esa deuda en 2023 (ya estaba presupuestado pagar 31.275 millones en 2023), un dinero que no podrá ir a gastos sociales o a inversiones públicas. Y eso contando con que el BCE siga ayudando a los paises del sur de Europa (sobre todo a Italia y España) a colocar su deuda, evitando los problemas y la grave crisis de la deuda que sufrimos en 2010.

En definitiva, demasiados efectos negativos de una subida de tipos ineficaz, que puede abocar a Europa a una recesión en la primera mitad de 2023. Y todo porque los bancos centrales, independientes de los Gobiernos y a los que nadie elige, se mantienen en sus viejas políticas monetarias restrictivas, vigilando sólo la inflación y sin preocuparse por la recesión, los daños a familias, empresas y Presupuestos. Reconocen que sus políticas “son dolorosas”, pero reiteran que no pueden hacer otra cosa contra la inflación que llevar a las economías a “un coma”, para cortar por lo sano. Unas políticas monetarias que siguen ancladas en el pasado, mientras los Gobiernos, incluidos los de derechas, han cambiado en estos años, abandonando la austeridad que se aplicó en la crisis financiera y buscando ahora, frente a la COVID y la inflación, reanimar las economías con ayudas públicas.

El problema es que los Gobiernos y la mayoría de los economistas no ponen en cuestión esta dañina subida de tipos, más en Europa, que está estancada (mientras USA creció un 0,7% en el 4º trimestre de 2022). Algunos sí, como el Nobel norteamericano Joseph Stiglitz: “subir los tipos más de lo necesario en un intento quijotesco de controlar la inflación en poco tiempo no sólo producirá sufrimiento ahora, sino que dejará cicatrices duraderas, sobre todo en aquellas personas que tienen menos capacidad de soportar los efectos de políticas desacertadas como éstas (…) Que la Reserva Federal USA tenga un martillo no quiere decir que tenga que salir a destruir la economía a martillazos…”. Una alerta clara.

Europa debía criticar la actuación del BCE y avanzar en otros caminos para combatir la inflación. El primero y fundamental, revisar a fondo los mercados energéticos, sobre todo el mercado eléctrico, ampliando a todos los paises la excepción ibérica y el tope al gas, que explica mucho por qué España tiene la menor inflación de la UE (5,8% en enero). Y avanzar más rápidamente en las energías limpias, reduciendo el consumo de petróleo y gas, a la vez que se fomenta la competencia en los mercados energéticos, en manos de poderosas multinacionales que multiplican sus márgenes a costa de todos. Y lo mismo en el mercado alimenticio y las materias primas. En paralelo, Europa debería aprobar un Fondo europeo de ayudas (como el Fondo de Recuperación que se aprobó frente a la COVID), para familias y empresas vulnerables, en lugar de que cada país vaya por libre (los ricos, como Alemania, con más cuantía, y otros, como España, a costa de disparar la deuda, que pagarán nuestros hijos y nietos). Y desde luego, tratar de reanimar las estancadas economías europeas, en vez de provocar una recesión. Dejen de subir los tipos de interés.