Fiebre inmobiliaria

En los últimos meses, la venta de viviendas bate récords y también sube sin parar el precio de los pisos, que en algunas ciudades (como Madrid, San Sebastián, Málaga o Palma) superan ya lo que costaban en plena burbuja de 2007. Hay mucha liquidez y ahorro que anima las compras de viviendas, de españoles y extranjeros (un tercio de los compradores en algunas islas y costas), pero como faltan pisos (sobre todo nuevos), los precios se disparan. Y seguirán subiendo en 2022. Con todo, no hay una “burbuja inmobiliaria”, porque se venden un 18% menos de viviendas que en 2007 y se piden la tercera parte de hipotecas. Pero sí hay un grave problema de vivienda: las familias y los jóvenes buscan comprar un piso, ahora que los alquileres son tan altos, y no encuentran uno que puedan pagar. Y todo por lo mismo: faltan 1,2 millones de viviendas, para venta y alquiler. Habría que promover la construcción de nuevas viviendas, públicas y privadas, para evitar la especulación y frenar las subidas.

Enrique Ortega

Las ventas de viviendas en España llevan subiendo 14 meses consecutivos, desde marzo de 2021, tras superarse lo peor de la pandemia. En abril de 2022 se vendieron 47.349 viviendas (+11,9% anual), lo que supuso el mejor mes de abril desde 2008, según el último dato del INE. Y en el primer cuatrimestre (enero-abril) se han vendido en España 212.928 viviendas, casi 40.000 más que en los cuatro primeros meses de 2021. Las ventas son sobre todo de viviendas de 2ª mano (38.561 en abril), porque apenas hay viviendas nuevas para comprar (8.788 en abril), por la baja promoción inmobiliaria. De hecho, hay un dato llamativo: en el último año (abril 2021-abril 2022) se han vendido en España más viviendas usadas (486.946) que en 2007 (448.918), el año de la burbuja inmobiliaria.

La compraventa de viviendas se da sobre todo entre particulares: 7 de cada 10 ventas realizadas en abril son entre personas físicas, según el INE. El mayor aumento de ventas se está dando en las islas (+33,3% en Baleares y +31% en Canarias) y Castilla y León (+19,9%), mientras cayó en abril en la Rioja (-9,9%), Madrid (-2,7%) y Extremadura (-2,4%). En cuanto al mayor volumen de ventas en relación a la población, destacan las ventas en las zonas turísticas: en  la Comunidad Valenciana (159 viviendas vendidas por 100.000 habitantes, frente a 126 de media en España), Andalucía (149), Cataluña (133), Castilla la Mancha (129), Murcia (128) y Baleares (127), siendo bajo el porcentaje de ventas de viviendas en Galicia (77 vendidas por cada 100.000 habitantes), Extremadura (91) y país Vasco (103).

Esta fiebre compradora de viviendas ha disparado también los precios, que llevan subiendo 5 trimestres consecutivos, desde finales de 2020. En el primer trimestre de 2022, el precio de la vivienda subió un +8,5% anual, la mayor subida desde el tercer trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, y una subida mayor a la de finales de 2021 (+6,4% en el 4º trimestre), según los datos del INE. La subida es mayor en las viviendas nuevas (+10,1%), porque hay pocas, que en las viviendas de 2ª mano (+8,2% en este primer trimestre).

Las mayores subidas de la vivienda en 2022 vuelven a darse en las islas y zonas turísticas: Baleares (+12%), Cantabria (+11%), Canarias (+10,9%), Andalucía (+10,9%). Y suben mucho menos en el País Vasco (+6,3%), Extremadura (+6,9%), Castilla la Mancha (+7,1%), Castilla y León (+7,2%), Asturias y la Rioja (+7,3%). En Cataluña suben un 7,7% y en Madrid un 7,5%, según el INE. Y la subida es sobre todo de los pisos nuevos, cuyo precio supera ya el de 2007, aunque siguen por debajo los precios de las viviendas usadas.

Un dato más reciente, de mayo de 2022, del portal Idealista, fija un precio medio de la vivienda en España de 1.869 euros por metro cuadrado, lo que da un coste medio de 186.210 euros para una vivienda de 90 metros cuadrados y 224.280 euros para un piso de 120 m2. Según estos datos, se trata del precio más alto de la vivienda desde febrero de 2012 (1.877 euros m2) y ha subido un +25% desde el precio mínimo de 2016 (1.496 euros m2).

Con todo, hay grandes diferencias por autonomías y ciudades. Las regiones más caras son Baleares (3.400 euros m2), Madrid (3.039 euros m2), Euskadi (2.709), Cataluña (2.340), Canarias (1.996), Andalucía (1.821) y Melilla (1.917), siendo las más baratas Castilla la Mancha (899 euros m2), Extremadura (944) y Murcia (1.093 euros m2). Por capitales, destaca el alto precio de la vivienda en San Sebastián (5.060 euros m2), Barcelona (4.025 eurosm2) y Madrid (3.833 euros m2), seguidas de Palma de Mallorca (3.244), Bilbao (3.060), Pamplona (2.543), Cádiz (2.448), Málaga (2.240), Girona (2.201), A Coruña (2.162), Las Palmas (2025), Sevilla (2.018),  y Valencia (1.979 euros), todas más caras que la media (1.869 euros m2), según Idealista, que llama la atención sobre que San Sebastián, Madrid, Málaga y Palma de Mallorca tienen hoy un precio de la vivienda que es su máximo histórico, más alto que en 2007. Entre las capitales más baratas para comprar casa están Murcia, Cáceres y muchas ciudades de las dos Castillas, en torno a 1.100 euros el metro cuadrado.

¿Qué tira de las ventas y los precios de la vivienda? Hay 2 causas básicas: el fuerte aumento de la demanda y la falta de viviendas en venta. La demanda de viviendas se ha reanimado en el último año, tras lo peor de la pandemia, porque las familias tienen más dinero ahorrado y porque hay más gente trabajando que antes de la pandemia (+1.117.800 ocupados desde finales de 2019), los últimos con contratos más estables. Esto, unido a la fuerte subida de los alquileres, ha hecho que muchas familias y algunos jóvenes se hayan animado a comprar en vez de alquilar: los que buscan casa en propiedad han subido en el último año del 40 al 50%, según la Radiografía del mercado de Fotocasa.

Una prueba de este desvío del alquiler a la compra es el aumento en la concesión de hipotecas, que lleva 13 meses seguidos aumentando: en marzo de 2022 se concedieron 43.378 hipotecas sobre viviendas, un +18% anual, según el último dato del INE, con un aumento mucho mayor en las hipotecas concedidas en La Rioja (+55,2%), Aragón (+51,4%), Canarias (37,6%) y Baleares (+36,8%), aunque las hipotecas crecen menos en Madrid (+7,8%) y Cataluña (+13,3%). El importe medio que se concede por hipotecas es de 145.715 euros (el 78% del precio medio de un piso de 90m2) y el tipo medio que pagan los hipotecados es 2,53%, casi la mitad de lo que pagaban en 2009 (4,89%).

El aumento en la concesión de hipotecas, que los bancos conceden más ahora (aunque un 72% sean a tipo fijo) es uno de los factores que explican la mayor demanda de viviendas. Pero hay otro importante: el exceso de liquidez, de ahorro, que hace que muchos particulares compren una vivienda como inversión, como valor refugio (y más con la nueva crisis por la guerra de Ucrania). De hecho, hay un dato muy revelador: el 47% de las compras de viviendas no se financian con una hipoteca, se pagan al contado o de otra manera, según los datos de marzo del Consejo del Notariado. Y ha habido un cambio, porque dos años antes (abril de 2020), el 75% de las compras de vivienda se financiaban.

Hay un tercer factor, junto a las familias y los inversores, que explica la fuerte demanda de viviendas para comprar: los extranjeros. En el primer trimestre de 2022, un 13,17% de todas las compras de vivienda en España las hicieron los extranjeros, como inversión o como residencia de verano y jubilación (llevan aumentando 5 trimestres consecutivos), según la estadística del Colegio de Registradores. Pero su peso es mucho mayor en las islas y en las comunidades turísticas, precisamente las zonas con mayores ventas y subidas de precios. Así, los extranjeros suponen el 35,7% de las ventas de viviendas en Baleares, el 26,87% en Canarias, el 25,45% en la Comunidad Valenciana (ojo: el 40,72% de las ventas en Alicante), el 33,70% en Málaga, el 32,15% en Santa Cruz de Tenerife, el 27,88% en Girona y el 21,36% en las Palmas. Por paises, el 12,03% de todas las compras de extranjeros las hacen los británicos, seguidos de alemanes (9,47%), franceses (7,05%), marroquíes (5,80%), suecos (5,76%), belgas (5,67%) y holandeses (5,04%).

El tirón de la demanda explica una parte de la subida de ventas y precios, pero la razón básica de que los precios de la vivienda se hayan disparado es la falta de oferta: hay pocas viviendas en venta, sobre todo viviendas de nueva construcción (el 81,4% de las ventas son viviendas de 2ª mano). Y eso se debe a que se promueven pocas viviendas: unas 90.000 viviendas terminadas en 2021, frente a las 563.000 viviendas nuevas terminadas en 2008 e incluso las 218.000 terminadas en 2010. Los promotores se quejan de falta de suelo urbanizable, de que no hay financiación suficiente (los bancos no acaban de apostar por el ladrillo, escaldados por la crisis de 2010) y de que la actual normativa no compensa las promociones de viviendas protegidas, mientras los altos precios de la construcción y la falta de mano de obra cualificada dificulta las promociones privadas.

Al final, el problema básico de la vivienda, igual para la venta que para el alquiler, es la falta de oferta, que encarece los precios mes a mes. En España hay un déficit de 1,2 millones de viviendas, para venta y alquiler, según la consultora Savills Aguirre Newman. Y mientras no se construyan más viviendas (de promoción pública y privada) y salgan al mercado las viviendas vacías (hay 1,9 millones de viviendas vacías, según un informe de Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra), será difícil que baje la fiebre inmobiliaria.

Para este año 2022, los expertos auguran que sigan aumentando las ventas y subiendo los precios de las viviendas, sobre todo en las zonas turísticas y en las grandes ciudades. La causa fundamental de las futuras subidas será que sigue faltando oferta y además, las nuevas promociones serán más caras, por el aumento de costes de la construcción (han subido los materiales y la mano de obra). La demanda podría retraerse algo por la subida de tipos, que encarecerá algo las hipotecas (unos 600 euros al año), pero no parece que sea suficiente para frenar a los nuevos compradores, sobre todo a las familias y jóvenes con empleos más estables. Y los inversores y extranjeros seguirán comprando, porque saben que en unos años las viviendas serán más caras.

De momento, lo que está claro es que España no tiene riesgo de una nueva “burbuja inmobiliaria”. Por un lado, la subida de la vivienda aquí (+6,4% a finales de 2021) es mucho menor a la subida en Europa (+10%), donde hay 15 paises donde la vivienda está subiendo más del 10%, según Eurostat, entre ellos Alemania (+12,2%), Holanda (+18,7%), Lituania (+19,8%), Estonia (+20,4%) y Chequia (+25,5%), mientras subía menos en Italia (+4%) y Francia (+7%, más que en España). Por otro, en el último  año (marzo 2021-abril 2022) se han vendido en España 510.736 viviendas, aún menos que las 619.300 vendidas en 2007. Y en cuanto a las hipotecas, los españoles han firmado 437.550 hipotecas en el último año, la tercera parte de las que firmaron en plena burbuja (1.342.171 en 2006).

No estamos en una nueva burbuja inmobiliaria pero sí tenemos un grave problema para millones de españoles: los alquileres están por las nubes y comprar una vivienda es algo también imposible para muchos jóvenes y familias, los que la necesitan para vivir, no para especular o ir de turismo. Por eso, urge una política pública para promover más viviendas, para la venta y el alquiler, facilitando el suelo público y la financiación y agilizando la burocracia de las promociones. Habría que pactar un Plan de vivienda, con promotores y autonomías, para poner en el mercado unas 200.000 viviendas al año, el doble de las viviendas que se terminan ahora. Así se frenaría la especulación inmobiliaria y se permitiría a muchos jóvenes y familias tener un techo, comprado o alquilado. Es uno de los grandes retos del país. Y no avanzamos. 

Renta 2022: el impuesto que más crece

Toca confesarse con Hacienda y presentar la declaración de la Renta, aunque la mayoría ya la ha entregado, para acelerar la devolución, que toca a 2 de cada 3 contribuyentes. El IRPF ingresará más de 100.000 millones este año y es el impuesto que más ha crecido (+38%), mientras el impuesto a las empresas recauda la mitad que en 2007. Pero el IRPF está lleno de exenciones y “agujeros”, con tipos máximos más bajos, por lo que somos el tercer país europeo que menos recauda. Pero es un impuesto que “se nota mucho”, más que el IVA o los impuestos especiales, por lo que nos parece muy elevado. El problema de fondo es que España recauda por todos los impuestos menos que Europa (-45.000 millones al año) y necesitamos más recursos para reforzar los servicios públicos, como se ha visto con la pandemia. Urge recaudar más, no subiendo impuestos a los que ya pagamos sino haciendo que paguen más grandes empresas, bancos y los más ricos. Es el gran debate. 

Enrique Ortega

El impuesto sobre la renta (IRPF) es el principal impuesto que pagamos: en 2021 recaudó 94.546 millones de euros, el 42,3% de todos los impuestos, muy por delante de lo que recaudó el IVA (72.498 millones), el impuesto de Sociedades que pagan las empresas (26.627 millones), los impuestos especiales (19.729 millones de los carburantes, tabaco y alcohol) y las tasas (1.989 millones). Y este año 2022, el Presupuesto prevé superar con la Renta los 100.000 millones de recaudación (100.132 millones), gracias a la mejora del empleo y la subida de la inflación (al no deflactarse los ingresos, pagamos realmente más). Con ello, el IRPF es el impuesto cuya recaudación ha subido más desde 2007, un +38%, más que el IVA (+35%) o los impuestos espaciales (+11,5%) y sobre todo, mucho más que el impuesto de Sociedades, donde las empresas pagan hoy la mitad que en 2007(44.823 millones).

En la declaración de la Renta que presentamos este año, por los ingresos de 2021, Hacienda espera recibir casi 22 millones de declaraciones (21.921.000), aunque dos tercios de ellas (14,35 millones) salen a devolver (11.122 millones), porque al contribuyente se le hicieron más retenciones de lo que tiene que pagar, debido sobre todo a múltiples deducciones. El tercio restante de contribuyentes (5,97 millones) tendrán que pagar (13.400 millones), aunque todos habrán pagado la mayor parte de este impuesto en 2021, con las retenciones que les han hecho sus empresas o ellos mismos por el IRPF.

Este año, la declaración del IRPF tiene pocos cambios. El más llamativo es que sube el tipo máximo (del 45 al 47%) a las rentas más altas, a los que en 2021 tuvieron ingresos por más de 300.000 euros, una minoría de contribuyentes  (unos 40.000, el 0,17% del total). Y también a los que tuvieron rendimientos de capital (intereses, dividendos, ventas Bolsa y Fondos) superiores a 200.000 euros (una minoría aún menor…). Además, se reduce la inversión desgravable en Planes de pensiones (máximo 2.000 euros), que beneficia sobre todo a las rentas más altas, y se incluye una deducción (del 20 al 60%) por obras para mejorar la eficiencia energética en los hogares.

¿Quién paga el IRPF? Este impuesto, el principal de nuestro sistema tributario, lo pagan básicamente los que viven de un sueldo (o pensión), que aportan el 85,5% de la recaudación, según los datos de la Agencia Tributaria, siendo el resto aportados básicamente por los ahorradores e inversores (4,6%) y los ingresos empresariales y de otras actividades (7,2%). Ahondando en los niveles de ingresos, un tercio largo  del impuesto sobre la Renta (el 36,69%) lo paga la clase media, los contribuyentes que ingresan entre 30.000 y 60.000 euros. Otro 24% lo pagan las familias con bajos ingresos (menos de 30.000 euros), básicamente los que ingresan entre 12.000 y 30.000 euros (23,29%). Otro 21,74% lo paga la clase media alta (ganan entre 60.000 y 150.000 euros). Y el 17,72% restante lo pagan los contribuyentes que ganan más de 150.000 euros (123.000 contribuyentes).

Este reparto del esfuerzo, según los datos de la Agencia Tributaria, indica que el IRPF es “medianamente progresivo”, aunque más de la mitad de la recaudación recae entre la clase media y media alta, menos entre los más ricos (que, en su mayoría, utilizan empresas y otros mecanismos para saltarse el IRPF). Pero la Renta tiene un problema estructural: es un impuesto plagado de deducciones y exenciones fiscales (rendimientos del trabajo, tributación conjunta, familia, vivienda, planes de pensiones, donaciones, deducciones sociales, inversiones…), lo que acarrea dos inconvenientes: reducen mucho la recaudación final (-13.745 millones en 2018, el 16,5% de la recaudación final, según la AIReF) y son muy “regresivas”, porque de estas deducciones se aprovechan más las rentas medias y altas que los contribuyentes con menos ingresos, según los expertos fiscales.

Visto quien paga y quien se beneficia de las deducciones, hay que decir que la cuota resultante y las deducciones dependen también mucho de la autonomía donde uno viva. Y eso porque hay un tipo aplicable a nivel estatal (9,50% mínimo y 24,5% máximo) y otro tipo autonómico que varía mucho, con lo que los tipos resultantes del IRPF (mínimo y máximo) varían mucho según las autonomías. Y también son diferentes las deducciones autonómicas, un galimatías que la mayoría desconoce (ver listado por autonomías). En el caso de los tipos, hay dos autonomías que tienen los tipos más bajos: Madrid  (18% mínimo y 45% máximo) y Andalucía (19 y 47%). Y son más elevados en la Comunidad Valenciana (19,50 y 54%), Navarra (13 y 52%), La Rioja (18,50 y 51,50%), Asturias (19,5 y 50%), Cataluña  (20 y 50%) y Baleares (19 y 49,50%), según el Consejo General de Economistas.

Podría parecer que se paga menos por el IRPF en Madrid o Andalucía y más en la Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja o Cataluña. Pero no es así: depende del nivel de ingresos, según estos ejemplos elaborados por el Consejo de Economistas. Así, los que ganan 16.000 euros pagan menos en Madrid y el País Vasco. Y los que ganan 20.000 euros, pagan menos en Cataluña y el País Vasco. Para ingresos de 30.000 euros, se paga algo menos en Madrid y Cataluña. Y a partir de los 45.000 euros de ingresos, siempre se paga menos en Madrid. Sobre todo cuanto más se gana: un contribuyente con 110.000 euros paga de Renta en Madrid 35.175 euros, 2.807 euros menos que en la Comunidad Valenciana, la autonomía donde más pagan los más ricos. Y para los que ganan 300.000 euros, la Renta en Madrid les cuesta 117.415 euros y en la Comunidad Valenciana 135.140. Así que Madrid tiene el IRPF más bajo, pero sobre todo para los más ricos.

En resumen, el IRPF es un impuesto clave pero resulta poco progresivo, desigual entre autonomías y además recauda menos que en Europa (un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-27), no sólo por el “agujero” de las deducciones sino porque pagamos unos tipos menores que en la mayoría de paises de Europa, según este cuadro del Consejo de Economistas: el IRPF tiene un tipo máximo (medio) del 45,5% en España, frente al 47,2% en Italia, el 47,5% en Alemania, el 49,5% en Paises Bajos, el 50% en Austria, el 51,3% en Finlandia, el 52,1% en Suecia, el 53% en Portugal, el 53,1% en Bélgica o el 55,9% en Dinamarca. Así que sentimos que pagamos mucho al presentar cada año el IRPF, pero comparativamente menos que en Europa. Y, sobre todo, los que más ganan.

La Campaña de la Renta y las elecciones en Andalucía han vuelto a poner sobre la mesa el debate de los impuestos, con la derecha y su “receta mágica”: hay que bajar impuestos. Reiteran una y otra vez el tópico económico, inventado por Laffer y probado por Thatcher y Reagan: bajan los impuestos, hay más gasto, crece más la economía y se recauda más. Algo que se ha demostrado falso múltiples veces en la historia reciente, como demuestra el libro “Contra los zombis”, del Nobel Paul Krugman. Y tiene un riesgo que conocemos bien: la bajada de impuestos reduce finalmente los ingresos y fuerza a hacer recortes en los servicios básicos (sanidad, educación, pensiones, Dependencia…).

El debate sobre los impuestos se plantea como un debate ideológico, cuando debería ser un debate sobre los datos. Y la realidad es incontestable: España recauda por todos los impuestos comparativamente menos que el resto de Europa. No es algo de ahora, sino que lleva pasando todo este siglo. En 2019, antes de la pandemia, la recaudación fiscal en España suponía el 43,7% del PIB, frente al 46,9% en la UE-27 y el 47,3% en la zona euro. Y el 47,8% en Alemania, el 48,3% en Italia y el 52,8% en Francia. A lo claro: España recaudaba 83.394 millones menos al año que la media europea. Y  89.618 millones menos que Alemania o 124.471 millones menos que Francia.

Con la pandemia, la recaudación ha mejorado algo, pero seguimos recaudando menos que Europa: 43,7% del PIB en España en 2021, frente al 46,9% de media en la UE, el 47,8% en Alemania, el 48,3% en Italia o el 52,8% en Francia. A lo claro otra vez: España recaudó 45.000 millones menos que la media de la UE-27 en 2021, 44.100 millones menos que Alemania, 57.250 millones menos que Italia y 113.260 millones menos que Francia.

¿Por qué recaudamos porcentualmente menos que otros paises? Básicamente, porque ingresamos comparativamente menos en todos los impuestos. En el IRPF, porque tenemos tipos más bajos y hay demasiadas deducciones. En el IVA, porque tenemos un exceso de tipos reducidos y mínimos, además de mucho fraude. En impuestos especiales, porque carburantes, alcohol y tabaco pagan menos impuestos. Y sobre todo, porque en Sociedades hay una bajísima recaudación, por el exceso de deducciones para grandes empresas y bancos. Dos datos: en 2020, las grandes empresas españolas pagaron un tipo efectivo del 8,3% sobre sus beneficios. Y  los bancos pagaron de impuestos el 6,3% de las ganancias, frente al tipo medio del 12,9% que pagamos los contribuyentes en el IRPF. Y además, hay demasiadas deducciones en todos los impuestos (60.000 millones, según la AIReF) y mucho fraude, sobre todo en el IVA y entre los que no viven de un sueldo.

Visto el panorama, la cuestión es evidente: si queremos reforzar los servicios públicos y el Estado del Bienestar, muy “debilitados” como se ha visto con la pandemia, sólo queda un camino: hay que recaudar más, no menos. Sobre todo porque además, gastamos también menos que la media europea: un 42,3% del PIB en 2019 frente al 46,5% de la UE-27, lo que supone 52.277 millones menos de gasto al año. Y aunque el gasto público ha subido, con la pandemia y la guerra, todavía fue más bajo en España en 2021: 50,6% del PIB frente al 51,6% de media en la UE-27. Aún gastamos 12.500 millones menos al año.

Recaudamos menos y gastamos menos, pero aún así, tenemos un agujero en las cuentas públicas, un déficit, que es el 4º más elevado de la zona euro (tras Malta, Italia y Bélgica): -6,9% de déficit sobre el PIB en 2021, frente al -4,7% de media en la UE. De momento, la Comisión Europea “hace la vista gorda”, por la necesidad de gastar más ante la pandemia y la guerra. Pero ya ha advertido a los paises que en 2023 tendrán que recortar sus déficits, buscando que no sobrepasen el tope del 3% impuesto a los paises del euro.

Para recortar el déficit público en el futuro, España solo tiene dos caminos: ingresar más o gastar menos. Gastar menos parece difícil, porque ya gastamos menos que la media europea y necesitamos gastar más en sanidad, educación, pensiones y Dependencia, donde se ve cada día una falta de medios y personal. Y además necesitamos más inversiones para modernizar el país y hacer frente a los retos del siglo XXI: el Cambio climático, la digitalización y la revolución tecnológica. Así que sólo queda avanzar por el otro camino: recaudar más para reforzar los servicios públicos y la modernización de la economía.

Recaudar más no significa subir los impuestos a todos sino reordenar el sistema fiscal. Hacer una reforma para reducir las deducciones (injustas e ineficaces), ajustar tipos (¿tiene sentido que una comida en un restaurante pague el 10% de IVA, lo mismo que las medicinas?), reducir el fraude y hacer que paguen más impuestos no todos sino los que ahora pagan poco: grandes empresas, bancos, multinacionales y rentas altas. Una propuesta que parece más razonable que bajar genéricamente impuestos: por ahí, nos arriesgamos a recaudar menos y a tener que hacer recortes pronto, obligados por Bruselas.

En marzo de 2022, un Comité de 17 expertos independientes entregó al Gobierno el Libro Blanco de la Reforma Fiscal sobre el que habían trabajado 10 meses, por encargo de Hacienda. Su presidente lo tiene claro: defiende “la necesidad de recaudar más para sostener los servicios públicos”. Y en las 800 páginas de su informe señalan los cambios que harían falta, en Renta (reformular deducciones), en el IVA (eliminar progresivamente los tipos reducidos y superreducidos: supondría +27.000 millones de recaudación), en Sociedades (revisar deducciones y exenciones), en los impuestos a los combustibles (subirlos, bajando impuestos a la luz), establecer cánones digitales, tasas en las autovías y fijar un mínimo en los impuestos del patrimonio, sucesiones y donaciones (donde hay una carrera autonómica a la baja). En paralelo, el Banco de España acaba de decir que considera “imprescindible una revisión integral del sistema tributario”, empezando por revisar el IVA y aumentar la fiscalidad medioambiental, que tiene un bajísimo peso en España, como ha reiterado la Comisión Europea.

Así que frente a recetas simplistas que buscan votos (“hay que bajar impuestos"), los expertos apuestan por una reforma integral de los impuestos, para recaudar más y repartir mejor el esfuerzo fiscal, que ahora cae en exceso sobre los trabajadores y el IRPF. El problema es que cualquier reforma fiscal exige un pacto político y social, algo que no se otea en el horizonte. Y menos para 2023, un año plagado de elecciones. Así que los impuestos no se van a reformar de momento, lo que impedirá mejorar la recaudación y aumentar el necesario gasto social. Hasta que Bruselas nos dé un toque con el déficit. O la derecha llegue a la Moncloa. Entonces, ya saben lo que pasará.

Dependencia: 11 autonomías "hacen caja"

En 2021 se aprobó un Plan de Choque donde el Estado central aportó un 44% más de fondos a la Dependencia, para reducir la lista de espera y mejorar servicios. Pero 11 autonomías aprovecharon estos recursos extras para gastar ellas menos, para “hacer caja” y gastar en otras cosas en vez de atender a mayores y dependientes: Cataluña “ahorró” 55,1 millones y Canarias otros 43,6 millones, cuando tienen más de un 26% de dependientes “en lista de espera”. Un escándalo. Al final, hay casi 200.000 dependientes en espera para recibir una ayuda que tienen legalmente reconocida. Y se mueren 127 mayores dependientes cada día esperando esta ayuda o la resolución de su expediente. Además, hay autonomías con más espera (Cataluña, la Rioja, Canarias) y 10 suspenden en su atención a la Dependencia, básicamente porque gastan menos. Urge forzar a las autonomías a gastar más y no querer ahorrar con nuestros dependientes. Sobre todo, porque cada día somos más viejos y se van a duplicar los dependientes.

Enrique Ortega

La Dependencia es uno de los 4 pilares del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación y las pensiones. Pero desde hace 15 años, cuando la Ley de la Dependencia inició su camino (2007), ha sido “la pariente pobre” del sistema de protección social, con falta de financiación primero y luego, a partir de 2012, con los recortes que aprobó el Gobierno Rajoy y que secundaron todas las autonomías. En total, entre 2012 y 2020, el gasto en Dependencia se recortó en España en 6.321 millones, según el cálculo de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En enero de 2021, Gobierno y autonomías pactaron un Plan de Choque para relanzar de una vez la Dependencia, con un compromiso de dedicar 3.600 millones más de los Presupuestos del Estado entre 2021 y 2023.

El primer año del Plan de choque, en 2021, el Estado central (los Presupuestos) aportó a la Dependencia 1.992 millones de euros, un 44% más (+608 millones) que en 2020. Pero al hacer el balance del año, los Directores y Gerentes de Servicios Sociales denuncian dos hechos. El primero, que las autonomías no han hecho apenas su esfuerzo (cofinancian con el Estado central la Dependencia): sólo aportaron 7.566 millones, un 0,57% más que en 2020. Y lo más escandaloso: 11 autonomías aprovecharon que el Estado central gastaba más para gastar ellos menos, para “hacer caja” y desviar dinero de la Dependencia a otros fines. Los casos más llamativos fueron Cataluña (gastó 55,1 millones menos en Dependencia en 2021), Canarias (-43,6 millones) y Castilla y León (-41 millones), aunque también gastaron menos Galicia (-19,6 millones), Aragón (-8), País Vasco (-6,8), Extremadura (-4,1), La Rioja y Murcia (-3,8 millones), Navarra (-2,4) y Castilla la Mancha (-0,5 millones).

En los casos de Cataluña y Canarias, el destacado “ahorro” hecho en 2021 es más escandaloso porque son las dos autonomías con más listas de espera: en Cataluña esperan una ayuda (ojo: que tienen legalmente reconocida) el 29,62% de los dependientes (12.611 murieron en 2021 “esperando”) y en Canarias “esperan” la ayuda reconocida el 26,25% de los dependientes (3.202 fallecieron en 2021 sin recibirla), según los datos de los Directores de Servicios Sociales. Y otra autonomía “ahorradora”, La Rioja, es la 2ª con más porcentaje de listas de espera: el 28,30% de sus dependientes en abril, según el IMSERSO.

El otro dato preocupante del balance de 2021 es que por culpa de la baja inversión de las autonomías (reitero: 11 gastaron menos que en 2020), se han perdido 75,77 millones de los aportados por el Presupuesto estatal: no se han gastado y Asuntos Sociales tiene que devolver ese dinero a Hacienda. Y eso porque el Estado central aporta una cantidad por dependiente, pero si la autonomía no la completa con otra (porque gasta menos), esa ayuda presupuestaria se pierde y el Dependiente no la recibe. Increíble pero cierto.

El problema no es sólo que la mayoría de las autonomías no hayan hecho el esfuerzo extra que sí hicieron los Presupuestos 2021 por el Plan de choque. Es que, por ello, no se han cumplido varios de los objetivos del Plan. El primero, reducir las listas de espera en 60.000 dependientes en 2021: sólo se ha reducido en 38.807, quedando todavía 193.436 dependientes a la espera de que les llegara su ayuda reconocida a finales de 2021. El 2º objetivo, extender la teleasistencia a todos los dependientes con un grado reconocido que vivan en su casa, tampoco se pudo cumplir en 2021: se aumentó el servicio de teleasistencia a 37.825 dependientes más, pero todavía quedan sin ese servicio 760.000 dependientes reconocidos. El tercer objetivo incumplido es la mejora de las prestaciones: ha mejorado el servicio de ayuda a domicilio (de 33,45 horas semanales ha pasado a 39,6 horas), pero la prestación más importante, la que reciben las familias por cuidar a un dependiente, se ha reducido en 2,51 euros al mes (de 239 a 236,49 euros).

Así que el Plan de choque, que iba a acabar con casi una década de recortes a la Dependencia, no ha funcionado como se esperaba en 2021. El esfuerzo de los Presupuestos del Estado ha sido importante, pero todavía hay una “dejación” del Estado central, que sigue cargando sobre las autonomías la mayor parte de la financiación de la Dependencia, cuando la Ley de 2006 estableció que la financiación pública de la Dependencia debía ser paritaria: 50% lo pagaría el Presupuesto del Estado y 50% las autonomías. En 2009, el Estado central pagaba el 46% y las autonomías el 54%. Pero a partir de 2010 y sobre todo con los recortes de Rajoy en 2012, el peso del Estado central en el gasto público en Dependencia bajó al 23,5% en 2013 y a un mínimo del 19,4% en 2019, financiando el 80,6% restante las autonomías. Y a pesar del salto por el Plan de choque, en 2021, el Estado central sólo financió el 27,3% del gasto público en Dependencia y las autonomías el 72,7% restante.

Las autonomías, que gestionan la Dependencia, se han encontrado estos 15 años con un enorme salto en el número de dependientes (de 758.361 beneficiarios en 2015 a 1.238.399 en abril  de 2022) y una menor aportación del Estado central. Y han tratado de “capear el temporal”, atendiendo a más dependientes con sus pocos recursos. Para afrontar el reto, las autonomías han aplicado 3 “trucos”: dilatar en lo posible los expedientes que reconocen la dependencia de una persona (la mayoría, mayores), retrasar lo más posible la ayuda una vez reconocida legalmente (las “listas de espera: 194.842 personas, el 13,59% de todos los dependientes reconocidos) y tratar de conceder ayudas “low cost”, intentar prestar ayudas más baratas para poder cubrir a más dependientes sin disparar el gasto. Veámoslos.

El primer “truco” es dilatar los expedientes que reconocen los tres grados de dependencia con derecho a ayudas (I, II y III, la más grave). En 2021, el tiempo medio de espera para reconocer una prestación era de 421 días, según los Directores de Servicios Sociales, cuando el periodo máximo legal se fijó en 180 días. Pero hay autonomías que retrasan la resolución mucho más, para embalsar la demanda y retrasar el gasto: destacan Canarias (943 días, 2 años y medio), Andalucía (680 días), Cataluña (580), Murcia (573), Extremadura (551), Galicia y Comunidad Valenciana (411 días), mientras en Castilla y León tardan sólo 117 días, en el País Vasco 139 y en Cantabria 141. Otra vía que han utilizado algunas autonomías es “revisar” los grados de dependencia, como otra manera de “rebajar grados” y ahorrar…

El 2º truco para ahorrar es retrasar la concesión de la ayuda a los que ya se les ha reconocido una dependencia. Son las tristemente famosas “listas de espera” de la Dependencia: personas que esperan una ayuda económica, una teleasistencia, un centro de día o la ayuda para una residencia. En 2015, había 384.326 dependientes en listas de espera, un tercio del total (32,56%), al incorporarse ese año los Dependientes “moderados” (Grado I). Estuvieron por encima de los 300.000 en 2016 y 2017, bajando a 250.037 en 2018 (el 19,7% de los dependientes) y a un mínimo de 193.436 en diciembre de 2021, una lista de espera que ha empeorado este año (194.842 dependientes, el 13,59%, en abril de 2022).

El problema de la lista de espera ya no es sólo que se priva de recibir una ayuda pública a alguien que la tiene reconocida por Ley (imagínese que los pensionistas tuvieran “lista de espera”), sino que la mayoría de los dependientes son muy mayores (el 53% de los solicitantes y beneficiarios tienen 80 años o más) y muchos dependientes se mueren antes de que les reconozcan la ayuda o les llegue la prestación. El dato de los Directores de Servicios Sociales es impresionante: en 2021 murieron 46.300 dependientes esperando que resuelvan su expediente (18.356) o que les presten la ayuda que tienen reconocida (otros 27.944 dependientes). En total, cada día mueren 127 dependientes “esperando”… Tremendo.

El tercer truco para ahorrar es intentar atender a más dependientes con el mismo dinero (o menos, como las 11 autonomías que “ahorraron” en 2021). Para eso, en la última década, han desarrollado servicios de bajo coste (“low cost”) que engañan las estadísticas: hay más dependientes “atendidos” con servicios de baja calidad. Es el caso de la teleasistencia (el servicio más barato), que reciben el 18,69% de los beneficiarios), la ayuda a domicilio (18,57% de las prestaciones) o los Centros de día (5,81% de los beneficiarios). Hay muy pocos dependientes que reciben atención en una residencia (el 10,71%) y la mayoría reciben una ayuda económica para que les cuide su familia (el 30,77% de los beneficiarios) o un cheque para que ellos contraten un servicio (11,2% de los beneficiarios).

La mayoría de los dependientes (480.000) reciben una ayuda a sus familias para que los cuiden, una ayuda mínima de 236,49 euros de media (138,36 Grado 1, 240,59 Grado II y 333,73 Grado III), ayudas que varían mucho según las autonomías (el Estado asegura un mínimo y luego cada autonomía lo complementa). El 74,2% de los cuidadores familiares son mujeres y sólo 67.225 están dadas de alta en la Seguridad Social. Sobre el cheque para contratar un cuidador o una residencia, el importe es muy bajo y las familias pagan la diferencia, un alto copago. Así, un dependiente grave (Grado III) que quiera ir a una residencia, el sistema de Dependencia le paga 531 euros al mes, lo que supone para su familia un tercio del coste real que van a tener por llevarle a una residencia (si encuentra plaza).

Precisamente, las familias con mayores o personas dependientes han visto aumentar el coste de atenderles en los últimos años. Si en 2009 sólo financiaban el 14,7% del coste total de la Dependencia, con los recortes vieron aumentar los “copagos” y en 2015 ya financiaban el 20,5% del sistema (otro 17,49% el Estado central y 62,5% las autonomías), según los Directores de Servicios Sociales. Y ahora, en 2021, las familias ya pagan el 21,3% de los gastos totales de la Dependencia, casi como el Estado central (21,5%) mientras baja la financiación de las autonomías (57,2% del total).

Vistos los datos, está claro que la gestión de la Dependencia en estos 15 años es muy deficiente y problemática. Y además, es muy desigual entre las autonomías. Se ve claro en el retraso en los expedientes (2 años y medio en Canarias y 117 días en Castilla y León) y en las listas de espera: es muy alta en Cataluña (29,62% dependientes en espera), la Rioja (20,30%) y Canarias (26,25%) pero casi inexistente en Castilla y León (0,15%), Galicia (4,99%), Navarra (5,77%) o Ceuta (5,85%). Y eso tiene mucho que ver con la gestión, pero sobre todo con el gasto en dependencia, donde hay tremendas diferencias: el País Vasco gasta 12.932 euros por beneficiario (seguida de 11.814 en Extremadura, 10.541 en Navarra y 9.599 en Asturias), el doble que las que menos gastan, Castilla y León (6.599 euros por beneficiario, Andalucía (6.653), Galicia (6.758) y Canarias (6.893 euros).

Al final, los directores de Servicios Sociales tienen un Observatorio de la Dependencia que valora cada año la gestión y los gastos de las autonomías. En el de 2021, sólo 9 autonomías aprueban, 4 de ellas con notable: Castilla y León (8,4), Castilla la Mancha (8,1), Andalucía (7,5) y Madrid (7,4). Y suspenden en la gestión de la dependencia otras 10 regiones: Canarias (1,6 puntos sobre 10), Cataluña (2,8), los dos “farolillos rojos”,  Navarra, Murcia, Cantabria, Ceuta y Melilla (3,4 puntos), Galicia (4,4), Asturias y Extremadura (4,7).

Este año 2022, el Presupuesto del Estado gastará otros 1.200 millones “extras” para financiar la Dependencia, siguiendo el Plan de Choque aprobado (que contempla otros 1.800 millones extras en 2023). Ahora falta ver si las autonomías siguen aprovechando estos mayores fondos para gastar ellas menos, como han hecho ya 11 en 2021. Parece claro que hay que hacer cambios, para conseguir suprimir la lista de espera en las 11 autonomías que la tienen muy baja y suprimirla totalmente en 2023, como prevé el Plan de choque. No va a ser fácil si no hay un Pacto entre el Gobierno y las autonomías para reducir las enormes diferencias entre autonomías, buscando más recursos extras para recortar drásticamente las listas de espera en Cataluña, Aragón, Canarias, Extremadura, País Vasco y Murcia. Y recabar más recursos autonómicos para mejorar los servicios de la dependencia, ayudando más a las familias, para que no carguen con buena parte del coste.

Gobierno y autonomías deberían volver a sentarse y pactar otro Plan de Choque, para resolver los problemas de fondo que tiene el sistema de la Dependencia y que revelan los distintos informes de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Porque si la Dependencia es hoy un problema, lo será más en el futuro, por el envejecimiento de la población: si hoy son 1.433.000 los dependientes con derecho a una prestación, en 2050 serán el doble (3 millones), según un informe del CSIC. Y eso obliga a buscar más recursos, porque la Dependencia no puede seguir “infra financiada”. De hecho, España destina hoy el 0,8% del PIB a la Dependencia, mucho menos que la mayoría de Europa (4% del PIB en Paises Bajos, 3,2% en Suecia, 2,5% en Dinamarca, 2,2% en Bélgica o 1,7% en Francia). El objetivo, según algunos expertos, debería ser gastar el 2% del PIB. Eso supondría gastar en Dependencia 24.500 millones al año, frente a los 9.558 millones de 2021.

En resumen, la Dependencia debe dejar de ser “la pariente pobre” del Estado del Bienestar y ser una prioridad de la política social, como la sanidad, la educación y las pensiones. Y no sólo por un sentido de justicia ante nuestros mayores y dependientes, también por razones económicas: la inversión en cuidados es muy rentable, porque se recupera una parte importante en cotizaciones e impuestos (el 41,7%) y crea mucho empleo (hay 283.694 personas trabajando en la Dependencia), lo que convierte la economía de los cuidados en un sector de futuro. Debe ser una prioridad. Se lo debemos a nuestros padres y abuelos.

Alquileres imposibles

Los alquileres llevan subiendo todo este año, tras la tregua del coronavirus, cuando incluso cayeron en 2021 (-3,6%), por primera vez desde 2014. Ahora, suben un 3,7% este año. Y en 7 autonomías y 18 provincias, alquilar ya es más caro que en 2007. No es sólo que alquilar sea muy caro (11 euros m2 de media) sino que se lleva más del 40% de los ingresos de la mitad de los inquilinos, lo que les hace muy vulnerables e incluso pobres, más ahora con la inflación disparada. Se prevé que los alquileres suban otro +6% este año, debido a la poca oferta de alquileres, porque se han desviado pisos al alquiler turístico y a la venta, ante el aumento de los impagos y el temor a la futura Ley de alquileres. Y todavía no funciona el cheque para alquilar los jóvenes. Urge dejarse de controles “populistas” al alquiler (imposibles) y aumentar la oferta: 1 millón más en 5 años, con promociones públicas, privadas y viviendas vacías. Se puede.

Enrique Ortega

La pandemia tuvo un efecto positivo sobre los alquileres: subieron menos en 2020 (+4,6% frente a +5,1% en 2019) y llegaron a bajar en 2021 (-3,6%), por primera vez desde la crisis de 2008 a 2014 (cuando cayeron entre -7% y -1,9%). La causa de esta caída temporal de los alquileres fue que con la COVID19 hubo menos demanda (de extranjeros y  estudiantes) y más oferta (muchos apartamentos turísticos se pusieron en alquiler). Pero la bajada de los alquileres ha durado poco: en diciembre de 2021 ya subieron y también en febrero, marzo, abril y mayo de 2022, un +3,7% en este año, según Idealista.

El último mes con datos, mayo de 2022, los alquileres subieron un +3,1% anual, hasta situarse el alquiler medio en 11 euros por m2, muy cerca del máximo  pre pandemia (11,02 euros m2 en abril 2020), según el portal Idealista. Los  alquileres suben en el último año en 34 capitales, destacando las subidas en Barcelona (+17,1%), Cuenca (15,6%), Valencia (+12,3%), Alicante (+12,1%), Huelva (11,8%), Cáceres (+10,2%) y Málaga (10,1%), subiendo un 6,3% en Madrid. Con ello, las ciudades con los alquileres más caros en mayo eran Barcelona (16,9 euros por metro cuadrado), Madrid (15,4 euros), San Sebastián (14,9), Bilbao (12,7%) y Palma de Mallorca (11,8 euros por metro cuadrado).

Ya en abril, Fotocasa revelaba una subida anual de los alquileres del +4,7%. Y que el alquiler era más caro que un año antes en 16 autonomías, con las mayores subidas anuales en la Comunidad Valenciana (+15,6%), Murcia (+13,2%), Cantabria (+11,4%) y Extremadura (+10,3%), mientras subió un +5,7% en Cataluña y un +5,4% en Madrid. Lo más llamativo era  que los alquileres habían superado en abril los precios de 2007, antes de la crisis financiera, en 7 autonomías (País Vasco, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Galicia, la Rioja y Castilla y León) y en 18 provincias. Madrid y Barcelona no alcanzaban aún los precios de 2007, pero están muy cerca y mantienen los alquileres más altos del país. Y una tercera estadística, la del portal pisos.com señalaba en abril una subida anual de los alquileres del +5.18% anual.

¿Por qué vuelven a subir los alquileres? Básicamente, porque vuelve a haber escasez de oferta, porque faltan viviendas en alquiler. En el 4º trimestre de 2014, al inicio de la débil recuperación tras la crisis financiera, había 155.000 viviendas en alquiler y un precio medio de 7,5 euros por m2, según la tasadora UVE Valores. Entre 2017 y 2019, la oferta de alquileres bajó a una cifra entre 75.000 y 95.000 viviendas, lo que subió el precio a 11 euros m2. Y con la pandemia, en 2020, la oferta sube hasta los 144.400 alquileres, bajando precios. Pero en abril de 2022, esta oferta baja a 65.000 alquileres, que vuelven a rondar los 11 euros m2. Según este estudio, la caída de la oferta de alquileres es muy elevada en Barcelona (-43,56%) y en Madrid (-30,85%), lo que explica que lideren los precios más altos.

Hay menos oferta de alquileres porque muchos propietarios han vuelto a poner sus pisos como “alquileres turísticos”, con la vuelta de extranjeros, y otros han decidido vender su casa en vez de alquilarla, aprovechando los altos precios y el boom de la compraventa (en marzo de 2022 se vendieron en España 59.272 viviendas, 47.762 de segunda mano, la cifra de ventas más alta en 14 años, desde enero de 2008). Y mientras, la demanda de alquileres ha vuelto a despertar, tras la pandemia, gracias a una mejora notable del empleo: hoy tenemos 1.117.000 españoles más trabajando que a finales de 2019, según la EPA. Y muchas familias y jóvenes tienen más ahorros, tras la contención del consumo con la pandemia, con lo que pueden pensar en alquilar, aunque ahora la alta inflación les retrae.

El problema de las familias y jóvenes que piensan en alquilar es que los precios están muy caros, sobre todo en las grandes ciudades: 16,9 euros metro cuadrado de media en Barcelona (1.521 euros de alquiler un piso de 90 m2) o 15,40 euros en Madrid (1.386 euros). La primera consecuencia de este altísimo alquiler (que supera los 1.200 euros en muchas otras capitales) es que muchas familias y jóvenes no pueden alquilar, tienen que vivir con sus padres o compartir casa con amigos. Pero los que se atreven, hipotecan su vida para pagar el alquiler cada mes. En España, más de un tercio de todos los inquilinos (el 36,5%) dedican más del 40% de su renta a pagar el alquiler, mientras en la UE-27 pagan más del 40% de sus ingresos sólo el 25,8% de los inquilinos (en Alemania el 22% y en Francia el 21%), según un estudio del Banco de España. En concreto, somos el 6º país europeo donde se hace más esfuerzo para pagar los alquileres, tras Grecia y algunos paises del Este.

Este enorme esfuerzo mensual para pagar el alquiler lleva a muchas familias y jóvenes a la pobreza. De hecho, el propio Banco de España señala en su último informe que casi la mitad de los inquilinos españoles (el 48,7%) están en riesgo de pobreza o exclusión social, un porcentaje mucho mayor al de la media en la UE (32,3% de inquilinos en riesgo de pobreza) y muy por encima de paises como Francia (28%) o Alemania. De hecho, España es el país con más riesgo de pobreza para los inquilinos (ese 48,7) en toda Europa, seguido de lejos por  Irlanda (40%), Bélgica (39%), Suecia , Malta y Holanda (38% inquilinos pobres).

Ahora, estos datos de esfuerzo y pobreza (de 2020) habrán empeorado más, con la subida de los alquileres en 2022 y los precios disparados con la guerra de Ucrania, dos factores que agravan aún más la economía de los que están en alquiler. Una situación que aumentará los impagos por alquiler y los desahucios, que ya fueron altos en 2021: hubo 41.359 desahucios, un +40,6% más que en 2020, según el Consejo General del Poder Judicial. Y lo más llamativo es que 6 de cada 10 desahucios fueron por impago de alquileres (28.993 en 2021), superando con creces los desahucios por hipotecas y otras causas.

Ahora, los expertos creen que los alquileres seguirán subiendo en España, entre un +5% este año (Agencia Negociadora del Alquiler) y un +6% (según la tasadora UVE Valores). Y señalan que la razón fundamental es la falta de viviendas en alquiler, sobre todo en las grandes ciudades. También añaden otros motivos. Así,  los propietarios individuales (que suponen un 95% de los alquileres) están muy inquietos por dos normas legales que les retraen a alquilar. La primera, la congelación de la revisión de los alquileres (un máximo del 2%, salvo que pacte otra cosa con el inquilino), que se aprobó en marzo (hasta junio, dentro del Paquete de medidas contra los efectos de la guerra en Ucrania) y que ahora se va a prorrogar hasta el 30 de septiembre, con lo que los propietarios estiman que van a perder, al no poder revisar los alquileres más del 2%, unos 1.040 millones. Y la otra norma que les preocupa, la futura Ley de Derecho a la Vivienda, que se debate en el Congreso y se aprobará este año.

Esta nueva Ley de Vivienda que regula los alquileres lleva meses retrayendo la oferta de alquileres, porque los propietarios temen ingresar menos con su piso. La Ley establece que, en las zonas tensionadas por los altos precios (zonas que tendrán que decidir las autonomías) se congela el alquiler vigente cuando acabe (con la actualización del IPC). Y se intenta que los propietarios bajen incluso esos alquileres (sólo en las “zonas tensionadas”) ofreciéndoles una mayor deducción fiscal en el IRPF (del 60% hasta el 90%). Y también se sube la bonificación (al 70%) si alquilan por 1ª vez y a jóvenes. En el caso de propietarios con muchos alquileres (bancos, Fondos, empresas y particulares con más de 10 viviendas), sólo el 5% de todo el mercado, no podrán alquilar por encima de los topes fijados para las zonas tensionadas, con una moratoria de 18 meses desde la aprobación de la Ley (o sea, para el verano de 2024…).

El temor a esta nueva Ley de vivienda, que se aprobará en otoño, está reduciendo aún más la oferta de alquileres, con muchos propietarios decididos a vender su vivienda y no alquilarla. Y tampoco ayuda el retraso en la implantación de la ayuda al alquiler de los jóvenes: un cheque mensual de 250 euros durante dos años para ayudar al pago del alquiler a unos 70.000 jóvenes entre 18 y 35 años que ganen menos de 24.318 euros al año. El Gobierno aprobó la medida el 18 de enero, pero después ha habido que concretarla con las autonomías y todavía no se puede solicitar, aunque tiene efectos retroactivos (desde el 1 de enero). El cheque puede ayudar al alquiler, pero tiene el problema del límite del alquiler: 600 euros, que se puede ampliar a 900 euros (demasiado bajo en las autonomías más caras).

Algunos expertos creen que el Gobierno debería ampliar esta ayuda al alquiler de los jóvenes a las familias más vulnerables, como se hace en muchos paises. En EEUU las familias que dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler disponen de ayudas federales mensuales, lo mismo que en Alemania, donde se dirigen a familias con paro prolongado o pensionistas con bajos ingresos. Y también hay ayudas al alquiler en Francia (las reciben 6 millones de familias), Reino Unido y Dinamarca. Ahora, con los alquileres al alza y la inflación desatada, las ayudas al alquiler parecen más necesarias que nunca.

Pero la clave para resolver el problema de los alquileres no está en multiplicar las ayudas (aunque temporalmente sean necesarias) ni en buscar “atajos populistas” (Podemos) vía control de alquileres, una medida que agrava el problema como se está viendo, al retraer a los propietarios para alquilar. La verdadera solución a los caros alquileres pasa por aumentar la oferta: promover más viviendas nuevas y destinar una gran parte al alquiler. Cada año hay 120.000 nuevas familias  que necesitan vivienda, frente a sólo 90.000 viviendas terminadas en 2021, una cifra mínima frente a las 563.000 viviendas  terminadas en 2008 (en plena burbuja) y las 218.000 de 2010. Se necesitan 1,2 millones de viviendas en alquiler para 2030, según la consultora Savills Aguirre Newman.

Es posible conseguir 1 millón de viviendas en alquiler en 5 años (200.000 al año), actuando por tres vías: más promoción pública de viviendas en alquiler, incentivando la promoción privada de viviendas y fomentar el alquiler de particulares y empresas (bancos) que tienen casas vacías.

La primera vía ha de recorrerla el Estado, desde la Administración central a las autonomías y ayuntamientos, promoviendo más viviendas públicas, porque en las últimas décadas han hecho “dejación de responsabilidad”: en 2021 se terminaron 9.957 viviendas de promoción pública (y 9.038 en 2020), cuando se promovían 63.990 en 2008 y hasta 114.067 VPO en 1985 (el 67,2% del total de viviendas). Y por culpa de este abandono de la VPO, nos encontramos con un parque de vivienda social en alquiler de 290.000 viviendas, el 1,6% del total, frente al 10% de media en Europa, el 34% en Paises Bajos, el 16,7% en Reino Unido, el 14% en Francia o el 2,7% en Alemania. Y ahora, el objetivo del Gobierno Sánchez es promover sólo 20.000 VPO para 2022, una cifra todavía insignificante.

Otra vía para aumentar la oferta de viviendas en alquiler es relanzar la promoción privada de viviendas, para venta y alquiler. Aquí, la clave es negociar con la iniciativa privada (promotores y constructores) un Plan ambicioso de nuevas viviendas, ofreciéndoles medio gratis suelo público (lo hay en muchas ciudades), financiación barata (con avales del ICO), incentivos fiscales y lo que haga falta (agilización en los permisos y expedientes), para que promuevan viviendas a precios asequibles, la mayoría para alquiler. Y sin imponerles cuotas, como pretende la nueva Ley de Vivienda (obligando a que el 30% de las nuevas promociones sean para VPO). Es mejor pactar acuerdos que funcionen y cambiar la situación actual, donde no se hacen promociones privadas de VPO, por los bajos precios y la mucha burocracia.

La tercera vía de futuro pasa por fomentar el alquiler de los particulares (y bancos) que tienen viviendas vacías, sin alquilar: hay realmente 1,9 millones de viviendas vacías, según un informe de Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra, aunque la estadística oficial (INE 2011) refleja 3,4 millones de viviendas vacías. De la cifra más realista (1,9 millones), un tercio (633.000) podrían sacarse al mercado del alquiler con 2 medidas sencillas que no aborda la Ley de Vivienda: fuertes incentivos fiscales y mayores garantías jurídicas para recuperar las viviendas con impagos (hay demasiados retrasos en los Juzgados). Otra buena medida sería copiar el Programa Bizigune del Gobierno vasco: han creado una empresa pública que garantiza al propietario el pago del alquiler y la devolución de la vivienda en buen estado al finalizar el contrato,  permitiendo alquilar más de 7.000 viviendas vacías.

Actuando en estos tres frentes y ganándose la colaboración de promotores privados y propietarios (no asustándolos), se podrían sumar al mercado del alquiler unas 200.000 nuevas viviendas al año, cubriendo en 5 años el déficit de 1 millón de alquileres. Eso sí bajaría drásticamente los alquileres, no imponer controles artificiales ineficientes. Es evidente, para todos los expertos, que la solución al grave problema de los alquileres (caros y escasos) pasa por aumentar la oferta y que poniendo más viviendas en el mercado, bajarán los alquileres. Seguro. Y también hay un amplio consenso entre los especialistas de que las medidas de la Ley de Vivienda (un “atajo populista” impuesto por Podemos) retraerán aún más la oferta y ayudarán a subir los alquileres (ya pasa). Y más en 2022, un año con fuertes subidas de precios, que afectan más a las familias más vulnerables. No podemos dejarlas atrás, agobiadas cada mes más por su alquiler.