Internet: cambios claves en la publicidad online

Cada día estamos más “enganchados” a Internet y las empresas lo aprovechan para bombardearnos con anuncios en la Red. La publicidad online supuso más de la mitad de toda la publicidad en 2020, por primera vez. Y es el 2º año que supera a la publicidad en TV. En la pelea por esta tarta publicitaria online, Google y Apple han hecho en marzo dos cambios claves, que han pasado desapercibidos: Google suprime las cookies (esos archivos que “rastrean” lo que vemos en Internet) y Apple exige permiso de los usuarios a las aplicaciones que quieran “rastrear” su navegación. Los dos gigantes de Internet dicen que cambian para mejorar nuestra privacidad, pero muchos creen que buscan atacar a sus competidores, sobre todo a Facebook y Amazon. Y todos se aprovechan de nuestros datos, mientras Europa lleva desde 2017 sin aprobar un Reglamento (ePrivacy) para regular las cookies y la publicidad online. Nuestros datos son el negocio del siglo: cuidemos mucho más a quien se los damos.

Enrique Ortega

El mundo está cada vez más enganchado a Internet: 2020 cerró con 4.540 millones de personas usando Internet, el 59% de la población mundial, según este balance de Hootsuite, que señala un promedio de uso de 6 horas y 43 minutos. En España usa Internet el 91% de la población (más de 43 millones de españoles), lo que nos sitúa en el 7º lugar de Europa, tras Dinamarca, Suecia, Suiza, Reino Unido, Holanda y Alemania. Esta tremenda penetración de Internet convierte a la Red en un tremendo “Centro comercial”, donde cada día se anuncian más empresas, para vendernos sus productos y servicios. De ahí que la publicidad online lleve ya dos años (2019 y 2020) suponiendo más de la mitad de toda la publicidad que se hace en el mundo. Y en 2020 facturó 260.236 millones de euros, casi la mitad en EEUU (107.626 millones), seguido de China (59.014) y Europa (46.902 millones de euros), según el último balance mundial de la consultora IAB. Y es el 2º año en que la publicidad online supera a la publicidad tradicional, mientras se espera que la doble en los próximos 4 años.

En España, la publicidad en Internet supuso más de la mitad del pastel publicitario total en 2020, por primera vez, aunque ya había superado a la publicidad en TV en 2019. Facturó el año pasado 3.029,5 millones de euros en España, según IAB Spain, con una caída de sólo un -3,8% (por la recesión derivada de la pandemia) cuando el conjunto del mercado publicitario (5.734,2 millones de facturación) cayó en 2020 cuatro veces más,  un -15,8, según los datos de Infoadex. Con este balance, la publicidad online (3.029,5 millones) casi duplica a la publicidad en TV (1.640,3 millones en 2020, -18,4%) y está a años luz de la publicidad en diarios (335,8 millones, -30,8%), de la publicidad exterior (221.3 millones, -47,7%), en revistas (110,5 millones, -43,4%), en dominicales (12,3 millones, -53,7%) y en el cine (9,6 millones, -73,3%), según Infoadex.

La publicidad online se ha disparado con el auge de Internet, en los últimos 7 años, triplicando con creces su facturación en España entre 2013 (960,1 millones) y 2020 (3.029,5 millones), mientras caída en el resto de soportes. La mayor parte del pastel de la publicidad online se lo llevan los buscadores (977,3 millones, el 32,3% del total), en especial Google, que controla el 96% de las búsquedas en España. Le siguen la publicidad en vídeos, aplicaciones y webs (display), que mueve otros 889 millones (29,4% del total), la publicidad en redes sociales (835,1 millones, el 27,6%), los anuncios “clasificados” en la Red (233,8 millones), la publicidad digital exterior (49,3 millones) y cuatro tipos de publicidad online que todavía facturan poco pero que son los que más crecen: audio digital (38 millones en podcast y streaming), TV por internet (6,1 millones), “influencers” (33,6 millones) y e-sports (torneos y juegos en la Red), que atraen 26,8 millones de publicidad, según IAB Spain. Y un dato curioso: la publicidad automatizada (que no se contrata directamente sino a través de programas, búsquedas y redes sociales) supone el 70% de la publicidad online.

En el mundo, los reyes de la publicidad online son los gigantes de Internet: Google, Facebook y Amazon, por este orden. En el caso de Google, el 81% de sus ingresos anuales (151.568 millones de euros en 2020) proceden de la publicidad, sobre todo a través de las búsquedas y YouTube (donde los ingresos publicitarios aumentaron un 46% a finales de 2020). Para Facebook, que ingresó 71.000 millones de euros en 2020, la facturación por publicidad aporta el 98% de sus ingresos totales. Y Amazon se ha convertido en otro gigante de la publicidad online, a través de Amazon Advertising, que ya facturó 17.500 millones de euros en 2020, un 5,4% de sus ingresos totales (en 2014 aportaba sólo el 1,5%) y que cuenta como anunciantes al 73% de las 1.000 grandes marcas.

En Estados Unidos, el epicentro de la publicidad online, se ha producido en 2020 un gran cambio en este mercado publicitario: Google, el líder, ha perdido un trozo de su pastel (del 37,2% en 2019 al 28,9% en 2020) y han aumentado su parte de la tarta Facebook (de 23,6% al 25,2%) y sobre todo Amazon (del 7,8% al 10,3%), que está “vampirizando” el negocio de la publicidad en búsquedas de Google, fomentando que los consumidores que utilizan su red para comprar la usen también para hacer búsquedas (atrayendo publicidad).

Este cambio en el negocio de la publicidad online en EEUU ha provocado que Google acelere un cambio que ya anunció el año pasado: suprimir las cookies de terceros, esos pequeños archivos de texto que una web solicita instalar en nuestro ordenador para rastrear los sitios por los que navegamos y lo que buscamos, lo que les sirve luego para colocarnos publicidad dirigida (por eso, si buscamos coches o zapatillas, nos aparecen después anuncios sobre esos productos). Google anunció en 2020 que iba a eliminar estas cookies de rastreo en dos años, pero ahora ha acelerado el proceso y en marzo ha anunciado que va a suprimirlas ya, con la próxima actualización de Google Chrome. En lugar de las cookies, Google instalará un sistema alternativo llamado FLoC (Federated Learning of Cohorts: aprendizaje federado de cohortes), que agrupa a los usuarios con intereses similares en lugar de identificar los intereses de un usuario concreto. O sea que las empresas podrán dirigirse a colectivos que buscan coches o zapatillas, no a un internauta en concreto.

También en marzo, Apple hizo otro anuncio que supone un gran cambio en el negocio de la publicidad online: ha activado una nueva característica en su sistema operativo IOS14.5 (la llamada Tracking Transparency) por la que exige a cualquier aplicación (APP) que quiera rastrear la navegación por Internet de un usuario que le pida permiso. Hasta ahora, las innumerables aplicaciones que nos descargamos “gratis” utilizan el rastreo de lo que hacemos en Internet para crear perfiles de los usuarios y así vender a las empresas anuncios “dirigidos” según sus preferencias y si los usuarios hacen click tienen más ingresos.

Tanto Google como Apple han justificado estos cambios “en defensa de nuestra privacidad”. Incluso Google ha ido más allá y se erige en defensor de la privacidad de los internautas porque “pone en riesgo el futuro de una Red libre y abierta”. Según Google, el uso de las cookies erosiona la confianza de los usuarios. Y aporta 2 datos, según los estudios que maneja: el 72% de los internautas está convencido de que casi todo lo que hacen on line está siendo rastreado por anunciantes y empresas tecnológicas y el 81% cree que los posibles riesgos que les supone la captación de sus datos supera a los beneficios. En definitiva, que Google se presenta como “el salvador de la Red” y elimina las cookies antes de que el rastreo acabe con Internet. Y Apple se erige también en paladín de la privacidad, buscando mejorar su imagen pública cuando se le ataca por su posición de dominio: es la empresa más valiosa del mundo y facturó más de 100.000 millones de dólares en el 4º trimestre de 2020.

Pero Google y Apple han hecho estos cambios por otras razones, no por defender nuestra privacidad. La primera y fundamental, para fortalecer su posición dominante en el mercado publicitario y atacar a la competencia, según muchos expertos. En el caso de Google, el nuevo sistema va a perjudicar sobre todo a Facebook (y su red Instagram) y a Amazon Advertising, que ahora tendrán más dificultades para rastrear a los usuarios mientras Google podrá seguir controlando nuestros datos a través del buscador y sus múltiples servicios (como YouTube y los teléfonos Android: el 85% de los móviles en España) y será aún más poderosa en el negocio de la publicidad online. En el caso de Apple, la restricción a los rastreos de las APPs dañará también a Facebook (WhatsApp e Instagram) y a millones de APPs, mientras Apple seguirá controlando la información que le aportan sus millones de clientes.

Otra razón del cambio de Google, suprimiendo las cookies de terceros es que existen otros navegadores de la competencia que no admiten cookies, como Safari (desarrollado por Apple) y Firefox (desarrollado por Mozilla, organización sin ánimo de lucro) y le estaban ganando mercado. Y una tercera razón: el acoso de los reguladores, tanto en EEUU como en Europa, cada vez más preocupados por el oligopolio de los grandes de Internet y su creciente poder sin control, que les ha llevado a vigilarlos de cerca. Google y Apple quieren desmarcarse y dar una imagen de defensores de la privacidad de los internautas. Y adelantarse a futuras regulaciones sobre las cookies y la publicidad online.

De momento, la legislación europea aprobó, en abril de 2016, el Reglamento Europeo de Protección de Datos que entró en vigor el 25 de mayo de 2018. Supuso 5 derechos, recogidos después de la Ley de Protección de Datos española (LOPD) aprobada en diciembre de 2018: el derecho a conocer quien tiene nuestros datos y para qué los usa, el derecho a pedir cambiarlos o trasladarlos a otros proveedores, el derecho a rectificarlos, el derecho al olvido (a que se borren los datos) y el derecho al rechazo, a que los utilicen para marketing directo (llamadas y mails). Era un avance en la protección de nuestros datos, pero se quedaba a medias, porque faltaba otro Reglamento para regular la publicidad online.

La Comisión Europea aprobó ese segundo Reglamento, llamado ePrivacy, el 10 de enero de 2017, para regular dos temas cruciales: el tratamiento de las cookies (esos archivos que rastrean lo que vemos en Internet) y la regulación del marketing online (el acceso de la publicidad online a los internautas). Y son tan cruciales que los gigantes de Internet, las empresas y el mundo de la publicidad han presionado durante años para evitar que este Reglamento ePrivacy se apruebe. De hecho, el Consejo Europeo no le ha dado luz verde hasta el pasado 10 de febrero de 2021, más de 4 años después de aprobarlo la Comisión. Y ahora se abre un periodo de negociación con el Parlamento Europeo, que es quien tiene que aprobar definitivamente ePrivacy, quizás a finales de año si las presiones no vuelven a retrasarlo. Y luego habría 2 años para aplicarlo, así que no tendremos en vigor una regulación de las cookies y el marketing on line hasta 2024.

Entre tanto, los cambios ya implantados por Google y Apple van a revolucionar el negocio de la publicidad online. Las empresas de publicidad tendrán que rehacer sus estrategias a la vista de los datos que ahora reciban de los internautas y sus clientes quizás tengan más costes para hacer campañas publicitarias en la Red y menos certidumbre sobre sus resultados. Pero los usuarios lo notaremos poco, porque aunque ahora las cookies no sean individualizadas sino en grupo, seguirán con el bombardeo de anuncios. Y más a medida que las empresas vean que compramos más por Internet y que cada vez visitamos más webs y redes sociales. Y en el caso de las APPs, habrá que ver en qué condiciones las podemos descargar si no las autorizamos a que nos rastreen. Así que privacidad, poca. Sobre todo porque cada vez más empresas le dan más valor a nuestros datos.

Los datos, nuestros datos, son el negocio del siglo. Cada día se generan en el mundo 2,5 billones de bytes de datos y esa cifra se duplica cada dos años, según este informe de la consultora BSA. Y cada uno de nosotros genera diariamente 6 megabytes de datos, con los que se podrían grabar tantos DVD como para ponerlos en fila e ir y volver a la luna… Y el tratamiento de estos datos es un negocio que ya genera 56.000 millones de dólares (2020) y que se va a duplicar para 2027, según Statista. Estos millones de datos han creado multitud de  empresas que analizan estos datos y los venden a empresas (supermercados, líneas aéreas, empresas de ocio), bancos y políticos, mientras hay un potente “mercado negro” que se nutre de datos robados (que se venden en Internet).

Este negocio de los datos (nuestros datos) está revolucionando la publicidad y la forma de hacer negocios, al poder conocer mejor las preferencias de los consumidores. Una información que va a cambiar toda la economía, las empresas e incluso los recursos humanos, ya que muchas consultoras utilizan la Red para rastrear a sus futuros empleados. Muchos expertos dicen que la industria de los datos (el “big data”) es beneficioso para los usuarios, porque nos ofrecerán lo que buscamos. Pero hay una realidad evidente: adiós a nuestra privacidad. Estamos “desnudos”, a merced de empresas que se hacen multimillonarias con nuestros datos. E indefensos, sobre todo hasta que entre en vigor la ePrivacy.

El problema de la falta de privacidad en Internet y la utilización de nuestros datos es muy serio y tiene difícil solución. Cuanto más grandes y poderosos son los gigantes que controlan la Red, más difícil es limitar y regular su poder. Por eso, en EEUU, algunos defienden trocear Google, Facebook, Amazon o Apple, mientras ellos compran cada día a nuevos  competidores y ganan tamaño. Y son los paladines de “la libertad” frente a “la injerencia” de los Gobiernos en la Red. Algo hay que hacer, con normas y vigilancia, para evitar que estos monstruos gobiernen el mundo y nuestras vidas. Pero la herramienta más efectiva está en nosotros: restrinjamos los datos que damos, no autoricemos cookies (legalmente deben permitirnos seguir navegando, aunque sea más incómodo) y ojo a la enorme información que damos en redes sociales. Alguien gana con ello, no nosotros.

Pandemia: vacunar, vacunar y vacunar

Los contagios continuaron subiendo las últimas 2 semanas y llevamos 26 días en la 4ª ola, que es más una “meseta”, con menos incidencia que las anteriores, aunque faltan las subidas provocadas por la Semana Santa. Lo malo es que sigue avanzando la cepa británica (más contagiosa y letal), mayoritaria en 7 autonomías, y que suben los pacientes (ahora de 50 a 60 años) en hospitales y UCIs, lo que provoca todavía demasiadas muertes (149 el viernes). Y no se aprueban restricciones serias, mientras se quiere terminar el estado de alarma el 9 de mayo, lo que puede ser un caos. La esperanza está en la vacunación, acelerada a pesar de los vaivenes con AstraZeneca. El presidente Sánchez ha fijado un difícil objetivo: vacunar a 33 millones de españoles para finales de agosto. Pero conseguirlo depende de las autonomías, más faltas de medios que de vacunas. Ahí nos jugamos la salud y la economía: o se vacuna la mayoría o no habrá recuperación. Mientras, quédate en casa.

Enrique Ortega

La pandemia ha vuelto a repuntar en el mundo: crecen los contagios desde mediados de febrero y a principios de abril se han superado otra vez los 700.000 diarios, algo que no pasaba desde enero. En total, hoy se han contabilizado 136.046.736 contagios en 192 paises, según la estadística de la Universidad Johns Hopkins. El epicentro sigue en América (57.943.462 contagiados), pero se acerca más Europa (47.558.894), seguidos de lejos por el Sudeste asiático (16.177.826), Oriente Medio (8.057.550), África (3.171.006) y Pacífico (2.707.538 contagiados), según la OMS. Por paises, lidera el ranking de contagios EEUU (31.197.511), seguido de India (13.527.717) y Brasil (13.482.023) . Y a más distancia, Francia (5.119.585), Rusia (4.589.209), Reino Unido (4.384.610), Turquía (3.849.011), Italia (3.769.814), España (3.347.512), Alemania (3.012.152) y Polonia (2.574.631).

Los muertos por la pandemia también crecen desde mediados de marzo, superando los 14.000 muertos diarios el 7 y 8 de abril, lo que no se veía desde principios de febrero. A día de hoy son ya 2.936.364 muertos por COVID-19 en el mundo, según los datos de la Universidad Johns Hopkins, concentrados sobre todo en América (1.404.302 muertos) y Europa, que supera el millón de muertos (van 1.008.023), según la OMS. Por paises, el ranking de fallecidos lo encabeza EEUU (562.066), junto a Brasil (353.137) y México (209.338), seguidos de lejos por India (170.179 muertos), Reino Unido (127.331), Italia (114.254), Rusia (101.282), Francia (98.909), Alemania (78.500) y España (76.328 muertos).

En Europa han aumentado los contagios en la mayoría de los paises, con un 74,6% de penetración de la variante británica y una media de 520 contagios por 100.000 habitantes (en los últimos 14 días). Sólo tienen una baja incidencia Reino Unido (76,8 contagios por 100.000 habitantes), porque tiene vacunados ya al 50% de los adultos, Portugal (62,5 contagios por 100.000, cuando tenía 427 el 19 de febrero) e Irlanda (146 contagios por 100.000 habitantes). Les sigue España, con 182 contagios por 100.000 habitantes el viernes 9 de abril. Está peor Alemania (267), mucho peor Italia (419) y sobre todo Francia (769 contagios por 100.000 habitantes, el doble que hace un mes), según los últimos datos de Sanidad. Y tienen elevados contagios Polonia (908), Suecia (741), República Checa (688), Paises Bajos (569), Bélgica (516), Austria (483) y Rumanía (357 por 100.000 habitantes).

España lleva 26 días de aumento de contagios, desde que el martes 16 de marzo acabó la 3ª ola (con un “suelo de 127,80 contagios/100.000 habitantes). El viernes 9 alcanzamos los 182 contagios por 100.000 habitantes (últimos 14 días), tras pequeñas subidas diarias. Pero la situación es muy desigual por autonomías, según los datos de Sanidad. Hay 7 regiones en situación de “riesgo extremo” (más de 250 contagios): Melilla (495), Ceuta (465,5), Navarra (349,5), Madrid (324,3), País Vaco (295 contagios por 100.000 habitantes), La Rioja (202,2) y Aragón (201,82). Y otras 4  autonomías con “riesgo alto” (150-200 contagios): Cataluña (199,27), Andalucía (190), Castilla y León (187,44), y Asturias (162,74). En “riesgo medio” (50-150 contagios) están 7 regiones: Cantabria (144), Castilla la Mancha (142,58), Extremadura (132), Canarias (126), Galicia (70,29) Murcia (68,16), y Baleares (65,81). Y sólo tiene nivel “bajo” la Comunidad Valenciana (34,92).

España está realizando muchas pruebas para detectar contagios (384.382 PCRs y 226.583 test de antígenos la última semana), lo que equivale a 1.500 pruebas por cada 100.000 habitantes, 1,5 veces las que recomienda la OMS, según Sanidad. Y el nivel de positivos ha aumentado, del 5,56% hace dos semanas a 7,76% el viernes 9, aunque hay 6 regiones con un nivel de positivos de “riesgo alto” (+ del 10%): Aragón (12,48%) Melilla (11,48%), Ceuta (10,47%), Madrid (10,30%), Andalucía (10,19%) y Castilla la Mancha (10,05%). El problema sigue siendo que no se rastrean bien los contagios, por falta de personal: sólo se detectan 2 contactos por caso, cuando debían ser entre 6 y 7, según los expertos. Y además, se conoce poco el origen de los contagios (su  “trazabilidad): se desconoce el origen del 31,7%  (el 54,1% en Baleares y el 53,2% en Cataluña), según Sanidad.

El problema más preocupante de esta 4ª ola es que aumentan las hospitalizaciones y los ingresos en UCIs. Las hospitalizaciones han subido de 7.649 (26 marzo) a 9.359 el viernes 9 de abril, un 7,48% de camas ocupadas con enfermos COVID, lo que supone un “riesgo medio” (5-10% de ocupación COVID), según Sanidad. Pero hay un “riesgo extremo” de ocupación (+15%) en Melilla (24,18% camas ocupadas por enfermos COVID) y un “riesgo alto” (10-15%) en Ceuta (14,50%), Madrid (14,42%) y País Vasco (11,30%). En el otro extremo, no hay problema en los hospitales de Baleares (1,85% ocupación camas COVID),  Galicia (1,95%), Comunidad Valenciana (2,22%), Murcia (2,37%) y Extremadura (2,99%), teniendo un “riesgo medio” (5-10% ocupación COVID19) las 10 autonomías restantes.

En  las UCIs es donde más ha empeorado la situación en las últimas 2 semanas, pasando de 1.830 pacientes (26 marzo) a 2.050 el viernes 9 de abril, con un nivel de ocupación medio del 20,48% (“riesgo alto”). Y se ha detectado que baja la edad media de enfermos COVID19 en las UCIS: ahora tienen muchos entre 50 y 60 años, al haberse vacunado ya la mayoría de los mayores de 80 años, que eran antes mayoritarios. Lo preocupante es que hay 3 regiones con un “riesgo extremo” (+25%) en la ocupación de UCIS por enfermos COVID19: Cataluña (38,58% camas ocupadas), Madrid (38,56%) y La Rioja (39,62%), según Sanidad. Y otras 9 autonomías más tienen un “riesgo alto” en las UCIs (15-25% ocupación): Ceuta (23,53%), País Vasco (23,08%), Navarra y Castilla y León (22,63%), Asturias (19,63%), Melilla (17,65%), Aragón (17,24%), Castilla la Mancha (15,55%) y Andalucía (15,15%). Sólo Galicia tiene “normalidad” en las UCIS (2,82% ocupación enfermos COVID, mientras las 6 autonomías restantes tienen un “riesgo bajo” en las UCIs.

Y al final están las muertes, que han seguido bajando: en las últimas 2 semanas (26 marzo-9 abril)  se han producido 1.318 muertes por COVID19, la mitad que en la quincena anterior (2.752 muertes del 12 al 26 de marzo) y muchas menos que en las dos quincenas anteriores (3.116 y 4.395 muertes). Y, por primera vez este año, se baja de los 100 muertos diarios: 94 de media en la última quincena, todavía una barbaridad (hubo 149 muertos el viernes 9). Esta menor cifra de fallecidos se debe a la vacunación en las residencias, que ha permitido bajar drásticamente la cifra de residentes muertos: de 790 fallecidos a la semana a principios de enero a 2 muertos en la última semana de marzo (uno en Andalucía y otro en Cataluña), según Sanidad. También es clave haber vacunado a los mayores de 80 años, aunque no tengan todos las 2 dosis hasta mayo. 

Tras este balance de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia con datos al 8 de abril: hay 9 provincias en situación de “riesgo extremo”, en alerta 4: Madrid, Segovia, Guadalajara, Palencia, Lleida, Gerona, Granada, Ceuta y Melilla.  En alerta 3 hay seis  autonomías (Aragón, Asturias, Castilla la Mancha, Castilla y León, País Vasco y la Rioja), más Barcelona, Sevilla, Córdoba, Almería y Gran Canaria. Y al otro extremo, en alerta 1 (la mejor situación), están la Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares, Murcia y Galicia, más Albacete, Salamanca, Zamora, Teruel y Málaga, quedando la mayoría de Andalucía, Navarra, Canarias y Cantabria, más Tarragona, en alerta 2.

Ahora, todo apunta a que los contagios seguirán creciendo en las próximas semanas, porque falta “recoger los frutos” de la mayor movilidad que se autorizó en la mayoría de autonomías durante la Semana Santa y que se traduce en más contagios con 10/12 días de retraso. Y eso se notará después en los hospitales y las UCIs, con un posible aumento de muertes para fínales de abril. Con todo, esta 4ª ola será más suave, una “meseta”, con subidas hasta los 230 contagios por 100.000 habitantes (llegando a 400 contagios en las regiones que están peor), una incidencia muy inferior al pico de la 3ª ola, que rozó los 900 contagios por 100.000 habitantes (el 27 de enero). Ahora juega a nuestro favor el alto número de españoles ya contagiados (3,4 millones de contagiados detectados más otros 1,6 millones que se habrán contagiado sin detectarlos) y las personas que han recibido ya una dosis de la vacuna (7 millones) o las dos (3 millones), en total 15 millones de personas que pueden estar “tranquilas” (no al 100%) de que no van a contagiarse ni morir.

Pero quedamos otros 32,5 millones en riesgo, lo que debía llevar a las autonomías a no “abrir la mano” en las restricciones, como están haciendo muchas (Madrid abrió el viernes su confinamiento perimetral”), presionadas por bares y comercios y por el “hartazgo” de sus ciudadanos. Todo apunta a que esta 4ª ola seguirá, aunque sea menos virulenta, con una alta ocupación de hospitales y UCIS. Y con demasiadas muertes: nos hemos insensibilizado, pero ya han muerto 76.328 personas (equivalente a desaparecer la ciudad de Palencia y más que los 68.456 espectadores del estadio Wanda Metropolitano). Y de ellas, más de un tercio (30.817 muertos) han fallecido desde principios de diciembre.

Habría que pensar en esto antes de suavizar las restricciones (las autonomías ya han repetido este error tres veces).Y antes de acabar con el estado de alarma, el 9 de mayo, como ha anticipado el presidente Sánchez, en contra del parecer de varias autonomías. ¿Cómo se va a luchar después contra los contagios y las muertes si no se pueden imponer cierres perimetrales ni toques de queda ni restricciones a la hostelería y los comercios? Es un despropósito no contar con medidas legales para frenar al virus y seguir con un goteo de contagios y muertes que hunden la salud y también impiden recuperar la economía. Sobre todo cuando sigue avanzando la variante británica (más contagiosa y letal), mayoritaria en todas las autonomías y acaparando más del 90% de los contagios en Cantabria, Asturias, Baleares, Navarra y Cataluña, según los datos de Sanidad. Y cuando la gran mayoría de ciudadanos están sin vacunar (incluidos los de 60 a 80 años, muy vulnerables).

La llave para acabar con el coronavirus son las vacunas. Algo se ha avanzado la última semana, con un récord de vacunación el miércoles (453.682 vacunas administradas), pero todavía queda mucho: sólo hay 7.159.716 españoles vacunados con una dosis y 3.072.109 con las dos dosis (datos al 8 abril). Y los vaivenes europeos con AstraZeneca (“ahora sí, ahora no, ahora sólo de 60 a 69 años”…) no ayudan: en Madrid, el 62,8% de los citados el jueves no fueron a vacunarse. Lo positivo es que parece que el suministro de los próximos meses está asegurado. Si no fuera así, el presidente Sánchez no se habría “arriesgado” a comprometer un calendario: 5 millones de vacunados con las dos dosis para el 3 de mayo (posible), 10 millones el 4 de junio (difícil), 25 millones para el 19 de julio (casi imposible) y 33 millones a finales de agosto, cuando cree que podrían estar vacunados el 70% de los españoles (y el 82% de los mayores de 16 años).

Está muy bien que por primera vez haya un objetivo con plazos. Pero el problema es que el Gobierno no tiene los medios para asegurar que se cumple, sólo para que lleguen las 87 millones de vacunas prometidas por Europa. Pero luego hay que ponerlas. Y eso depende de las autonomías, que tienen medios escasos: los centros de salud están colapsados y les falta personal, sobre todo enfermeras (faltan 15.000, según los expertos) porque no se han recuperado de los recortes hechos por Rajoy entre 2012 y 2015, aunque se haga “publicidad política” con lo “vacunódromos”. Así que no parece posible vacunar a los que se promete, sobre todo entre el 4 de junio y el 16 de julio: serían 30 millones de pinchazos en 45 días, una media de 666.666 diarios, un tercio más que el récord de la semana pasada.

Y acelerar la vacunación es clave para la salud y para la economía. No sólo para bajar los contagios, la saturación de los hospitales y las muertes (al ritmo de 100 diarios, habrá otros 14.000 españoles que perderán su vida de aquí a finales de agosto). También las vacunas son clave para recuperar la economía, ahora al ralentí, incluso cayendo: el PIB pudo haber caído un -0,6% en el primer trimestre, según la AIReF). Ya lo han dicho la OCDE, el FMI, el BCE y la Comisión Europea: las vacunas son la clave para recuperar la economía, para salir de esta dura crisis y recomponer las  empresas y el empleo. Así que el único objetivo debe ser vacunar, vacunar y vacunar. Si no, no habrá verano ni turismo ni recuperación. Hay que restringir la movilidad. Hasta que nos vacunen, quédate en casa. 

Residencias de ancianos: pocas, caras y malas

La pandemia se ha cebado sobre los mayores que viven en residencias: 30.145 muertos oficiales hasta marzo (4 de cada 10 fallecidos por COVID-19). Y ha revelado la precariedad de medios y deficiente atención en esas residencias, el 74% privadas: 7 de los 9 mayores grupos en manos de inversores extranjeros. Además, las residencias son escasas y faltan 106.000 plazas para cumplir con los estándares de la OMS. Por eso, algunos mayores dependientes (50.000 ahora) esperan año y medio y más para encontrar una plaza pública o concertada, que les cuesta 650 euros y más (casi su pensión). Y si no pueden esperar, tienen que pagar una residencia privada, que cuesta 1.900 euros al mes (y más, según donde vivan). Urge un Plan nacional para construir residencias públicas (harían falta 335.000 nuevas plazas para 2050), homogeneizar servicios y precios, vigilar la calidad de la asistencia y asegurar su atención sanitaria. No podemos volver a dejar “tirados” a nuestros mayores. Y pronto nos tocará a nosotros.

Enrique Ortega

España es uno de los paises más envejecidos de Europa, con 1 de cada 5 personas mayor de 65 años: 9.303.068 el 1 de julio de 2020, según el INE. Pero somos uno de los paises europeos con menos residencias para mayores, que hacen falta porque un tercio acaban necesitando ayuda o cuidados. Concretamente, hay 389.031 plazas en residencias de mayores, según el último censo recién publicado por el IMSERSO, con datos de finales de 2019. Son una media de 4,22 plazas por cada 100 mayores, muy lejos de las 5 plazas que recomienda tener la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y estamos por debajo de la media europea, que está en 4,6 plazas por cada 100 mayores, pero sobre todo lejos de las plazas en residencias que tienen los paises ricos del norte de Europa: 6,96 Suecia, 5,51 Francia, 5,31 Alemania o 5 el Reino Unido, según la consultora CBRE.

El problema no es sólo que tengamos pocas plazas en residencias para mayores. Lo más preocupante es que esas plazas han perdido peso, porque en la última década han crecido más los mayores que las plazas nuevas: entre enero de 2010 y enero de 2020 han aumentado en 1,2 millones los mayores de 65 años y se han creado sólo 20.226 plazas en residencias, según los datos del IMSERSO. Con ello, la tasa de plazas sobre ancianos ha caído de las 4,56 plazas (368.805) por cada 100 ancianos en 2010 a 4,22 en 2019.

Lo que se ha producido además en la última década es una recomposición en la oferta de plazas residenciales: ha caído drásticamente el peso de las residencias públicas (por los recortes y la falta de inversión en nuevas residencias) y han aumentado las plazas en residencias privadas, sobre todo en residencias concertadas (las financian las autonomías) y privadas, un nuevo negocio para inversores extranjeros y españoles. Los datos son muy explícitos: hay 5,542 residencias en España, 4.107 privadas (74,11%) y 1.435 públicas (el 25,89%), según el IMSERSO (2019). Pero de las 389.031 plazas disponibles, el 62% son plazas residenciales con financiación pública (la mayoría en residencias de gestión privada) y el 38% plazas privadas, que sólo pagan los usuarios.

Hay menos plazas en residencias de las que debería haber (según la OMS: el 5% de los mayores) en toda España, salvo en Castilla y León (7,8%), Castilla la Mancha (6,91%), Aragón (6,67%), Extremadura (6,65%) y Asturias (5,62%), las 5 únicas regiones con una oferta suficiente. En las 12 autonomías restantes faltan plazas, sobre todo en Andalucía (faltan 28.457), Comunidad Valenciana (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Madrid (9.283), Canarias (7.594), Murcia (6.502) y País Vasco (6.074), según cálculos de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS). En total, para cumplir el porcentaje de plazas que recomienda la OMS, España tendría que tener 106.344 plazas más en 12 autonomías. El mayor déficit de plazas en residencias se da en las grandes ciudades, sobre todo en zonas céntricas de las capitales.

Esta falta de residencias hace que los mayores y sus familias tengan problemas para encontrar una plaza, sobre todo en las residencias públicas (pocas) o en las residencias privadas concertadas. De hecho, hay unos 50.000 mayores dependientes (con dependencia severa o gran dependencia, grados III y II) a los que se les ha reconocido su derecho a una plaza subvencionada (pública o concertada) y que llevan meses esperando, en las listas de espera de la dependencia, una media de 460 días (y más de 2 años en Canarias). El problema es que, como más de la mitad (53,4%) tienen más de 80 años, muchos se mueren esperando plaza: unos 11.850 mayores murieron en 2020 esperando entrar en una residencia, según la estimación de los Directores de Servicios Sociales.

Los que consiguen plaza en una residencia pública o concertada tienen que pagarla con una gran parte de su pensión (o incluso no les llega). Las autonomías fijan un precio para las plazas públicas y otro para las concertadas, que son muy diferentes según las regiones. Así, en 2019, el precio medio fijado para una plaza en una residencia pública era de 20.685 euros y de 19.324 euros en una plaza concertada (lo que pagan a las empresas que la gestionan). Pero luego hay grandes diferencias. En las residencias públicas, Madrid paga 28.144 euros por plaza, el País Vasco paga 26.318 euros, Castilla y León 14,537 y la Rioja 10.460 euros, según los datos del IMSERSO. Y lo mismo pasa en las residencias concertadas: 32.771 paga por plaza el País Vasco, 21.900 la Comunidad Valenciana, 19.807 Cataluña y 14.537 euros al año Castilla y León (no hay datos de Madrid, Galicia o Extremadura).

Este es el precio máximo que permiten cobrar las autonomías en las residencias que financian (públicas y concertadas). Pero no es lo que pagan los mayores residentes, que están subvencionados y sólo abonan una parte del coste, entre el 36,3% (en las públicas: 7.500 euros anuales de media) y el 40,4% (en las subvencionadas: 7.809 euros), según los datos del IMSERSO. Y otra vez, hay grandes diferencias por autonomías. Así, un residente paga 13.109 euros al año (1.092 euros al mes) en una residencia pública del País Vasco, 8.184 euros (682 al mes) en Aragón o 5.889 en Madrid. Y en las residencias concertadas, el coste al usuario va de 13.210 euros en País Vasco (40,3% del coste) a 8.184 en Aragón (42,1%), 7.220 en Castilla y León (49,7%) o 6.599 euros en Andalucía (33,4%), a falta de datos de Madrid y 6 regiones más en las estadísticas del IMSERSO.

Dada la falta de plazas, las autonomías sacan periódicamente concursos para financiar plazas concertadas, ya que apenas se hacen residencias públicas (como tampoco viviendas públicas). Y lo que está pasando es que las empresas privadas que construyen o compran residencias privadas (hay un enorme mercado) pujan a la baja, “tirando precios” para ganar los concursos, como denuncian expertos del sector. Y eso es posible porque reducen al máximo el personal, escaso, precario y poco formado, para pagarlo poco: hay residencias donde el coste del personal no supera el 50% de los ingresos, cuando debería ser el 75%. Resultado: residencias con servicios low cost y  poca calidad en la atención, para asegurar márgenes.

Los mayores que no encuentran plazas subvencionadas (públicas o concertadas) tienen que pagar una residencia privada, sobre todo en las regiones con pocas residencias con financiación pública: es el caso de Madrid (sólo el 43,2% de las plazas son públicas o concertadas, la mayoría son privadas “puras”), Canarias (41,5% plazas de financiación pública y la mayoría restante privadas) y Galicia (40,9% plazas subvencionadas y 49,1% privadas), según los datos del IMSERSO, que destaca como las autonomías con mayor porcentaje de plazas subvencionadas a Ceuta (94,5%), Castilla y León (80,4%), País Vasco (74,4%) Murcia (73,8%), Castilla la Mancha (73,5%) y Cataluña (71,2% de las plazas).

Si no queda más remedio que pagar una residencia no subvencionada, el coste es muy alto y se lleva por delante la mayoría de las pensiones (recordemos: la pensión media de jubilación es de 1.140 euros y la de viudedad es de 713 euros). El coste medio de una residencia privada es de 1.900 euros mensuales, según la plataforma Cronoshare. Pero depende mucho de las regiones. Son más caras en el País Vasco (2.496 euros mensuales), Canarias, Navarra o la Rioja (2.233-2.221), Madrid (2.045) y Cataluña (2.014). Y más “baratas” en Castilla la Mancha (1.420 euros), Extremadura (1.450), Comunidad Valenciana (1.586), Castilla y León (1.645), Aragón (1.648) y Andalucía (1.748). Y si están en ciudades, cuestan un 20% más.

La falta de plazas, la gran demanda y los altos precios han atraído al negocio de las residencias de ancianos a importantes inversores, primero extranjeros y después nacionales, que buscan repartirse un mercado que facturaba 4.500 millones de euros en 2018, según la consultora DBK, y que ya superará ya los 5.000 millones anuales. Un negocio muy concentrado, donde los 5 mayores grupos copan el 23% del mercado, y un negocio dominado por inversores extranjeros, que controlan 7 de los 9 mayores grupos privados de residencias.

El líder es DomusVi, propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG, el tercer mayor grupo de residencias de Europa, que llegó a España en 2015 y tiene ya 142 residencias con 21.988 camas (el 56% concertadas). Le sigue otro grupo francés, Orpea, filial del grupo Orpea y con la participación  del fondo canadiense CPPIB, que opera en España desde 2006 y tiene 49 residencias y 8.992 camas (35% concertadas). El tercer grupo es Vitalia, fundado en 2010 y controlado por el fondo británico CVC (presente en Naturgy y Deloleo), con 55 residencias y 8.235 camas. Y el cuarto, otro grupo francés, Amavir, filial del grupo Maison de Famille (que controla Alcampo, Leroy Merlin y Decatlón), con 43 residencias y 8.000 plazas. El quinto es Ballesol, el primero con capital español (75% la aseguradora Santa Lucía), con 48 residencias y 7.000 camas. El 6º es Sanitas Residencial, de la británica BUPA, con 46 residencias y 6.302 camas. Le sigue Clece, la división de residencias de ACS (Florentino Pérez), con 80 centros y 4.600 camas. En 8º lugar, La Saleta, del grupo francés Colisée, el 4º mayor operador de geriátricos de Europa, con 45 residencias y 4.500 plazas.  Y en 9º lugar, Caser Residencial, del grupo asegurador suizo Helvetia, con 20 residencias y casi 3.000 camas.

En los últimos tres años, antes de la pandemia, se produjo un verdadero “boom” de compra de pequeñas residencias y construcción de otras nuevas, promovido por inversores extranjeros,  Fondos de capital riesgo (como Azora, el fondo buitre que compró viviendas sociales en Madrid y que está ya en el negocio de las residencias, con Orpea y con residencias propias ) , Sociedades de inversión mobiliaria (SOCIMIs como Adriano Care, que invierte en DomusVi y ha comprado residencias), constructoras y hasta el grupo ONCE (que tiene 7 residencias y 802 plazas a través de Ilunion Sociosanitario).  Saben que hay un tremendo mercado potencial (hacen falta 106.000 plazas) y precios altos, con los que buscan una rentabilidad del 5 al 10% de su inversión. Y saben que el negocio tiene un gran futuro: en 2050 habrá 15 millones de mayores de 65 años y harán falta 335.000 plazas más de las que existen hoy.

Sobre este boyante “negocio” cayó en 2020 el tsunami de la pandemia, provocando un cataclismo. El virus evidenció la realidad de las residencias y sus escasos medios, agravando los contagios y dificultando la actuación frente a la pandemia. Máxime en las residencias privadas, que suelen ser más grandes y tener más concentración de mayores (habitaciones dobles) y menos personal cualificado (también las públicas). Y agravado todo por la falta de supervisión de las autonomías, que en algunos casos agravaron el caos: está demostrado que Madrid prohibió a las residencias derivar enfermos graves a los hospitales, condenándolos a la muerte. Y la desatención ha provocado numerosas denuncias de familiares en los Juzgados, que tenían abiertas 441 diligencias a finales de 2020 (112 en Madrid), el 52% archivadas después.

El balance de la pandemia en las residencias  es estremecedor: han muerto 30.145 residentes por coronavirus o síntomas compatibles hasta el 28 de marzo, según Sanidad, un 40% de todos los muertos por la pandemia. Eso evidencia que se ha gestionado mal y lo vulnerables que son las residencias, más las privadas, por los medios, el personal y el mayor tamaño de los centros: durante la primera ola, hubo más mortalidad en las residencias de gestión privada de 8 autonomías (Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Murcia, Cantabria, Baleares y Canarias) y en las residencias públicas de otras tres (Cataluña, Castilla la Mancha y Extremadura), según el seguimiento hecho por Manuel Rico, el autor del impresionante libro “Vergüenza. El escándalo de las residencias”.

A la vista de lo que ha pasado, es más urgente que nunca poner orden en el sistema de las residencias de ancianos, con un Plan que prepare el Gobierno con las autonomías. Hacen falta dos cosas: más residencias y homogeneizar los servicios, garantizando una atención asistencial y sanitaria decente. Urge construir residencias públicas (como viviendas públicas), para cubrir parte del déficit actual de plazas (106.000 plazas) y futuro (335.000 para 2050), sobre todo en las regiones con más déficit de plazas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña, Madrid y Canarias). Y luego, hay que aprobar unos requisitos mínimos para todas las residencias: medios físicos, tipo de habitación, personal, especialistas, asistencia sanitaria… Y homogeneizar las ayudas, para que no haya tantas diferencias entre lo que paga un residente en unas regiones que en otras. Y después, crear un sistema de seguimiento y vigilancia, con sanciones más elevadas y que sean públicas, para primar las residencias que no sean multadas y tengan determinadas estándares de calidad. El libro de Rico denuncia que sólo hay 219 funcionarios para controlar 5.552 residencias y que en los últimos 5 años sólo se han puesto 10 multas de más de 100.000 euros…

Realmente, hay pocas cuestiones tan decisivas y preocupantes como el futuro de las residencias de ancianos en España. La pandemia debería habernos alertado sobre su vulnerabilidad y las urgencias pendientes. Hay que conseguir más residencias, más baratas y de más calidad. Cueste lo que cueste, que para eso nuestros mayores han trabajado y pagado impuestos y cotizaciones  toda su vida. Se lo debemos: que vivan tranquilos y cuidados si no pueden estar en casa. Y también por puro egoísmo: cualquier día nos puede tocar a nosotros vivir en una residencia. Que sean dignas y seguras.

España, la despensa de Europa

Con la pandemia, se desplomó la economía y las exportaciones, pero las ventas al extranjero de alimentos españoles crecieran en 2020 y batieron otro récord histórico, tras dos décadas de aumentos. Naranjas, frutas, tomates, cerdo, aceite o vino son nuestro “petróleo” y vendemos fuera el doble de alimentos que de coches. Y somos el 4º exportador agroalimentario europeo y el 7º del mundo, lo que mantiene 2,5 millones de empleos. Pero hay varios problemas en este “éxito” alimentario. El primero, que apenas lo nota el campo, los agricultores y ganaderos españoles, que cobran precios bajos y ven subir los costes. El segundo, los consumidores españoles sufrimos alzas de precios continuas (y las mejores naranjas van a Alemania). Y el tercero, sufre el medio ambiente, porque producir alimentos genera un 12,5% de emisiones y consume el 85% del agua. Una reflexión final: está bien que seamos la despensa de Europa, además de ser su bar, su hotel y su playa. Pero debíamos aspirar a ser otra cosa.

Enrique Ortega

Las exportaciones han sido uno de los motores que han tirado de la economía española desde 2008, atenuando primero la caída de la economía (2009-2013) y ayudando después a la recuperación (aportaron un tercio del crecimiento en 2016 y la cuarta parte en 2019). Pero en 2020, con la pandemia, las exportaciones españolas se desplomaron (cayeron un -10%), como la economía (el PIB cayó un -10,8%). Pero hubo una excepción: las exportaciones de alimentos y bebidas, que crecieron un +5,5%, siendo el único renglón exportador que aumentó: las ventas fuera de coches cayeron un -12,9% y también las exportaciones de ropa (-19,8%), Calzado (-15,9%), maquinaria (-10,3%), equipos de transporte (-23,9%), productos químicos (-3,6%) o cerámica (-1,8%), según los datos de Comercio.

Y no es un año aislado. Las exportaciones de alimentos llevan dos décadas creciendo, año tras año, y casi se han duplicado en la última década: de 31.497 millones exportados en 2011 se pasó a 43.116 millones en 2016 y 51.304,1 millones exportados en 2020, casi la quinta parte (el 19,6%) de todo lo que exportó España. Y lo más llamativo: es uno de los dos únicos sectores económicos donde España es autosuficiente, donde exportamos más de lo que importamos: 51.304 millones de alimentos y bebidas vendidos fuera frente a 33.967,2 millones importados, con un superávit de +17.336 millones en 2020 (año en que España tuvo un déficit comercial global de -13.422 millones de euros). El otro sector con superávit es el automóvil, pero su saldo positivo con el exterior (+8.119 millones en 2020) es la mitad que los alimentos y bebidas (+17.336 millones), según los datos de Comercio.

Para hacernos una idea global, el empuje de los alimentos ha convertido a España en la 4ª potencia exportadora de alimentos de Europa, con un 3,6% de cuota de mercado mundial,  sólo por detrás de Paises Bajos (que es un líder discutible, con un 6% de cuota mundial, porque sus cifras se deben a que muchos alimentos salen de sus puertos pero han llegado de otros paises, no son holandeses), Alemania (5,3%) y Francia (4,6%). Y ocupamos el 7º puesto en el ranking mundial de exportadores de (ver Mapa), encabezado por EEUU (9% de cuota mundial), con Brasil en el 4º puesto (5,2% de cuota) y China en el 5º puesto (4,6% de cuota), seguido España de Canadá (3,3% de cuota), Italia (3,1%) y Bélgica (2,9%).

En 2020, los alimentos que más exportó España fueron la carne de cerdo (fresco y congelado, mucho a Cina, que sufre la peste porcina), cítricos (naranjas, sobre todo a Europa), aceite de oliva y vino, dos alimentos cuyas exportaciones a EEUU se han frenado en 2020 por la drástica subida de aranceles (del 3,5% al 25%) aprobada por Trump en octubre de 2019 (y levantada por Biden en marzo de 2021). A pesar de este contratiempo, España es el primer exportador del mundo (y productor) de aceite de oliva y el primer exportador de vino (en volumen), aunque seamos el tercero en valor (tras Francia e Italia).

Analizando las exportaciones de alimentos y bebidas  hechas en 2020 (51.304 millones), casi el 40% son exportaciones de frutas, hortalizas y legumbres (19.559 millones, +6%), seguidas de lejos por las exportaciones de carne (6.188 millones, +16,2%), aceites y grasas (4.208 millones, +1,8%), bebidas (4.073,5 millones, -3,3%), alimentos preparados (3.889 millones, +4,6%), pescado y productos pesqueros (3.815,3 millones), azúcar, café y cacao (1.833 millones, +3,6%) lácteos y huevos (1.572 millones, +2,2%), piensos para animales (1.514 millones, +13,5%), cereales (598 millones, +8,1%), tabaco (211,5 millones, -16,6%) y semillas y frutos oleaginosos (186,3 millones, +16,6%), según los datos de Comercio. En la mayoría de alimentos exportamos más de lo que importamos, salvo en pescado, azúcar, café y cacao, lácteos, piensos, cereales, tabaco y semillas, 7 partidas donde somos deficitarios: importamos más de lo que exportamos.

¿A qué paises vende España? El 63% de las exportaciones de alimentos y bebidas van a la Unión Europea, en especial a Francia (15% del total), Alemania(11,1%), el cliente donde más crecieron las ventas en 2020, Italia (9,8%), Portugal (8,9%), Reino Unido (7,7%), el 2º país europeo donde más crecieron las ventas para anticiparse al Brexit) y Paises Bajos (4,3%). El primer cliente no europeo es China (4,1% ventas, unos 2.400 millones de ventas agroalimentarias), país donde se han duplicado las exportaciones de alimentos españoles (sobre todo cerdo), seguido de Estados Unidos (3,8%, unos 2.100 millones de ventas), según este estudio de CaixaBank Research.

El origen de la mayoría de los alimentos que España exporta está en Andalucía (37% de las exportaciones agroalimentarias), siendo Almería (“la huerta de Europa”) la provincia que aporta la mitad de estas exportaciones andaluzas (3.090 millones, el 15,8% del total nacional), seguida de Huelva (20,9% de las exportaciones andaluzas de alimentos: 1.289 millones, un tercio son fresas), según datos de Extenda, la agencia andaluza de comercio exterior. Le siguen la Comunidad Valenciana (26,4% de las exportaciones españolas de alimentos) y Murcia (18,5%), Aragón y Cataluña detrás (por la exportación de cerdo), Extremadura, Castilla la Mancha y la Rioja. Al final, Almería y Murcia son la huerta de Europa, aportando el 30,6% de todas las exportaciones hortofrutícolas (6.000 millones en 2020).

Todo este esfuerzo exportador muestra la pujanza del sector agroalimentario español, que en 2020 ha afrontado un doble reto: alimentar a los españoles en pandemia (hemos consumido más alimentos y bebidas) y alimentar a los extranjeros, siendo la despensa de Europa. Gracias a este esfuerzo, se mantienen 2,5 millones de empleos: 744.000 en el campo (agricultura y ganadería), 456.000 en la industria agroalimentaria y 1,3 millones de empleos más en el comercio agroalimentario, según un estudio de Cajamar e IVIE. Pero este dato positivo para el empleo y el empujón económico que conlleva la pujanza del sector, no pueden  esconder 3 problemas que hay detrás del “boom” exportador de alimentos de España: la situación del campo, los consumidores y el medio ambiente.

El campo español apenas se ha beneficiado del “boom exportador. Los agricultores y ganaderos han aumentado sus ventas en 2020, pero se quejan de que también les han aumentado sus costes y que los precios que les pagan por alimentos y carnes no les compensan, denunciando que el beneficio se lo llevan los intermediarios (en España y en Europa). No hay datos del margen con que se venden los alimentos en Europa, pero sí en España: 5,13 veces más caros los productos agrícolas y 3,30 veces los ganaderos, según el índice de precios (IPOD) que elabora COAG. Veamos tres ejemplos: la patata se le paga al agricultor a 0,08 euros kilo y se vende en el mercado a 0,80 euros kilo (10 veces más cara). La naranja se paga al productos a 0,29 euros kilo y nos la venden a 1,89 euros (6,5 veces más). Y la ternera, de 3,69 euros/kilo a 16,12 euros (4,37 veces más).

Además, los trabajadores del campo sufren mayor precariedad y peores salarios para que España pueda competir con otros paises a la hora de vender alimentos en Europa y el resto del mundo. De hecho, podemos ser competitivos vendiendo alimentos y bebidas porque los costes laborales en el campo español son un 44 % más bajos que la media europea, según el estudio de Cajamar e IVIE. Y eso explica también los “poblados” de inmigrantes y trabajadores precarios (que ha denunciado la ONU) que se multiplican por Almería, Huelva, Murcia e incluso zonas de Huesca o Lérida (mataderos y recolección de fruta). Los exportadores de frutas se quejan de la “competencia desleal” de Marruecos, porque pagan 7 euros la hora (350 euros a la semana), que es lo que se paga en Marruecos al día (no sabemos si es lo que querrían pagar ellos…).

El segundo problema es que los consumidores españoles “pagamos” este boom exportador, por dos vías. Una, que el aumento de las exportaciones dispara los precios dentro, porque fuera se paga más: los alimentos y bebidas son un 4,3% más caros en la UE-28 que en España, con lo que los productores tratarán de forzar venderlos más caros aquí, con la “amenaza” de exportarlos si los intermediarios y supermercados no pagan más. De hecho, los alimentos llevan subiendo más que el IPC desde hace años y también en 2020: el índice anual de alimentación subió el 1,1%, cuando el IPC cayó un -0,5%. Y los alimentos encadenan ya 7 meses de subida en el IPC, hasta situarse en una subida anual del 1,6% en febrero de 2021, cuando el IPC total sube el +0%.  El otro coste es que la mejor fruta, verdura, carne, vino y aceite se exportan, porque pagan más.

El tercer problema del “boom” exportador de alimentos es más de fondo: daña al medio ambiente. Por un lado, la producción de alimentos es el 4º mayor emisor de CO2 en España: 39,7 millones de TmC02, el 12,5% de las emisiones totales de 2019, sólo por detrás del transporte (29%), la industria (20,6%) y la generación de electricidad (13,5%) y por encima de las emisiones residenciales (8,8%), según el Inventario de Emisiones oficial. Y del total de emisiones del campo español, 67% corresponden a la ganadería y 33% a la agricultura. La producción de carnes, sobre todo la ganadería industrial, genera emisiones por el proceso de digestión de los rumiantes (metano, el 2º gas que provoca el efecto invernadero), el estiércol y los purines de las granjas (emiten metano o óxido de nitrógeno) y también por  el forraje y los piensos que consumen (que llevan a la deforestación). Y la agricultura, al utilizar fertilizantes nitrogenados y abonos emite óxido de nitrógeno (N2O).

De hecho, la FAO (la ONU de la alimentación) estima que la agricultura y la ganadería generan un 20% de las emisiones de efecto invernadero. Y que la ganadería es responsable del 35 al 40% de las emisiones de metano y del 65% de emisiones de oxido de nitrógeno (N2O). Y a eso se une que los pesticidas utilizados en la agricultura extensiva y los purines de las granjas contaminan las aguas y los acuíferos.

Además, la agricultura y ganadería intensivas consumen mucha agua: concretamente el 85% del total, gastando otro 3% la industria y quedando el 12% restante para el abastecimiento humano, según Ecologistas en Acción. Ya hemos superado las 4 millones de hectáreas de regadío (más un 5 a un 10% más de regadío ilegal), que ha aumentado un 21% en las últimas dos décadas, para alimentar el “boom” exportador de alimentos. Además, hay extensas zonas de Almería, Murcia o Huelva donde las explotaciones agrarias han gastado el agua disponible y han sobreexplotado los pozos, agotando y contaminando los acuíferos. Y gran parte de la agricultura intensiva son cultivos no para producir alimentos sino forraje para el ganado o para piensos. Con ello, la ganadería consume en España tanta agua en un año como todos los hogares en una década, según Greenpeace.

Así que muy bien que seamos una potencia en la producción y exportación de alimentos, pero ojo al tremendo coste (laboral, inflacionista y ecológico) de ser la despensa de Europa. Habría que defender una producción agroalimentaria más justa y sostenible, que no se asiente en explotar a sus trabajadores, mal pagar a agricultores y ganaderos, hacer subir los precios interiores y deteriorar el medio ambiente y el agua. El Estado debería intervenir y asegurar unos mínimos, ayudando a consolidar un sector que debía ser laboralmente más justo, menos contaminante y más dinámico, apoyándose en la digitalización y en mejores infraestructuras de transporte. Esa es otra: cada día salen de Almería 1.500 camiones hacia Europa (y miles más de Murcia o Valencia), debido a que no se avanza en el corredor mediterráneo, para que exportemos alimentos por tren. Habría que dedicar una parte de los Fondos europeos a asegurar un futuro más sostenible para el sector agroalimentario, casi tan potente como el turismo.

Y una reflexión final: está bien que seamos la despensa de Europa, como también somos su bar, su hotel y su playa. Pero como se ha visto con la pandemia, eso nos hace muy vulnerables y más pobres, porque son actividades que crean menos empleo estable y menos riqueza. Sería bueno que aspiráramos a ser otra cosa.