La pandemia no frena el Cambio Climático

El coronavirus ha desplomado la actividad económica y la movilidad, provocando un menor consumo de energía y menos emisiones de gases de efecto invernadero. Pero ha sido de marzo a junio: a partir de julio, han vuelto a subir las emisiones y van camino de aumentar como antes de la pandemia, según alerta la ONU. Por eso, piden a los paises medidas más drásticas contra el cambio climático, que no se olviden por la COVID 19 de este reto, donde nos jugamos el Planeta. Y la Agencia Internacional de la Energía acaba de pedir un recorte más drástico de emisiones, duplicar las renovables para 2030 y que los ciudadanos nos impliquemos más, viajando menos en avión y en coche y cambiando nuestros hábitos. Mientras, el Gobierno aprobó en mayo (en plena pandemia) una Ley contra el Cambio climático, que se llevará un tercio de los fondos europeos. La clave es aprovechar las inversiones verdes para salir de esta recesión y salvar el medio ambiente. No hay Planeta B.

 

La actividad del hombre provoca un aumento continuo de las emisiones de gases de efecto invernadero y el 75% del Cambio Climático en los últimos 60 años, según advirtieron, ya en 2011, los científicos Mark Huber y Reo Knutti, de la escuela Politécnica de Zúrich. Y esas emisiones han ido creciendo año tras año, aunque a un ritmo menor en las últimas dos décadas: si las emisiones de CO2 aumentaron un +3% anual entre 2000 y 2009, en la década siguiente (2010-2018) han crecido un +0,9% anual, por un menor uso del carbón. Y en 2019, las emisiones de CO2 se estabilizaron (en 33,3 millones de Gigatoneladas), por primera vez desde 2015-2016, según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), que revela cómo crecen las emisiones de los paises en desarrollo y bajan las de los paises industrializados, en especial Europa (-5%), EEUU (-2,9%) y Japón (-4,3%).

Este año 2020, con la pandemia, las emisiones de gases de efecto invernadero han bajado,  por la profunda recesión desatada en todas las economías y la baja movilidad (internacional y nacional), sobre todo de marzo a junio. La última estimación de Carbon Monitor es que las emisiones de CO2 entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2020 han bajado en el mundo un -6,5%, sobre todo por la caída de emisiones en el transporte (contribuye a la mitad de la caída total, con un -3,3), la producción de electricidad (-1,5%), la industria (-1,2%), la aviación nacional (-0,3%) y el consumo residencial (-0,2%). Eso sí, la caída en las emisiones CO2 varía por paises: -2% en China, -13,4% en India,  -12,7% en Brasil, -12,4% en EEUU, -7,1% en Japón, -4,4% en Rusia y  -10,6% en la UE-28, con una bajada del -12,8% en Alemania, -12% en Reino Unido, -11,8% en Italia. -11,6% en Francia y -17,2% en España, el país con una mayor reducción de emisiones por la pandemia.

Con estos datos de emisiones los 8 primeros meses, la previsión de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) es que 2020 termine con una rebaja del -7% en las emisiones de CO2, la mayor de este siglo, fruto de una caída del consumo de energía del -5%. Pero su temor es que el consumo energético se reactive en 2021 y años siguientes, con una previsión de aumento del consumo energético del +4 al +9% para 2021-2030. Y con este esperado repunte del consumo, volverían a crecer las emisiones.

Pero no hay que esperar a los próximos años. La ONU dio en septiembre la voz de alarma: el consumo energético ya está aumentando y las emisiones de CO2 están subiendo desde julio, con el final de los confinamientos, y ya están a niveles de antes de la pandemia. Así que no podemos “cantar victoria”. Y además, este último informe de la ONU (“United in Science 2020”) recuerda al mundo que, a pesar de la pequeña “tregua” de la pandemia, la acumulación de CO2 en la atmósfera se encuentra en el nivel más elevado de los últimos 3 millones de años. Concretamente, en primavera de 2020, el nivel de CO2 en la atmósfera superó las 410 partes por millón (ppm). Y el 9 de abril, el observatorio de Hawái  alcanzaba un récord histórico de CO2 (417,18 ppm), que en el caso de España (observatorio de Izaña, en el Teide) se superó el 18 de abril, con 418,7 ppm de CO2.

Y no son únicamente las emisiones de CO2, que suponen el 82% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI, que provocan el recalentamiento de la atmósfera). La ONU recuerda que se han disparado en los últimos 15 años las emisiones de metano (CH4, un 11% de los GEI y responsable de la cuarta parte del calentamiento global), procedentes de la extracción de gas natural, los humedales y la ganadería. Y también preocupan las crecientes emisiones de óxido nitroso (N20, responsable del 5% de las emisiones de GEI), un gas que tiene un efecto invernadero 300 veces más potente que el CO2 y que procede de la agricultura (fertilizantes)y la ganadería (purines), de la generación de comida. Sin olvidar los hidrofluorocarbonos (HFC), provocados por los sistemas de refrigeración y aire acondicionado, responsables del 2% restante de GEI.

El último informe de la ONU no sólo advierte sobre el actual repunte de emisiones (a pesar de la pandemia)  y la concentración de GEI en la atmósfera sino que recuerda al mundo sus preocupantes efectos sobre la Tierra y nuestras vidas. Primero, está provocando un importante aumento de la temperatura: el quinquenio 2016-2020 será el más cálido en la historia y la temperatura de la Tierra ya está 1,1ºC por encima de 1850-1900 y 0,24 ºC por encima de la temperatura media del quinquenio anterior (2011-2015). Esto hace temer a la ONU que en el próximo quinquenio (2020-2024) se pueda superar en algún momento los 1,5ºC más de temperatura sobre 1850-1900, el techo que la Cumbre del Clima de París (diciembre 2015) se fijó como máximo sostenible para finales de siglo.

Este aumento constatable de la temperatura, por la acumulación de gases (GEI), no sólo está provocando oleadas de incendios cada vez más graves (megaincendios como los de California) sino que derrite los glaciares (el hielo del Ártico tiene la mitad de espesor que hace 40 años) y provoca un aumento del nivel del mar, que ha subido ya 3,6 milímetros anuales de 2006 a 2015 y que podría subir más de 1 metro para 2100 en Europa (donde un tercio de la población vive a 50 kilómetros de la costa). Y todo ello ha modificado el clima, con un aumento de fenómenos extremos: oleadas de calor, sequías, inundaciones y un aumento de huracanes, tormentas tropicales y ciclones. Sin olvidar la acidificación de los océanos (que absorben el exceso de calor y un 30% de las emisiones de CO2), con el consiguiente deterioro del medio marino. Y están en peligro de extinción 1 millón de especies de los 8 millones existentes, según la Plataforma IPBES (impulsada por la ONU).

Por si fuera poco todo este daño al Planeta, el Cambio Climático ya afecta seriamente a nuestra salud: la polución atmosférica y las emisiones de GEI causan ahora 7 millones de muertes “prematuras” (evitables) en el mundo (400.000 de ellas en Europa y 10.000 en España), según la OMS, que advierte que el Cambio Climático no sólo provoca enfermedades respiratorias (cáncer de pulmón, asma, neumonía), sino que la contaminación pasa a la sangre y provoca también enfermedades cardiovasculares, infartos e ictus. Y el Cambio Climático, además de destruir el Planeta y enfermarnos, daña también nuestra economía, provocando enormes pérdidas: si no se frenan las emisiones, el crecimiento mundial caerá entre un 15 y un 25% para 2100, según un estudio en Nature.

A pesar de todo este apocalipsis en el horizonte, la mayoría de los paises no están tomando medidas eficaces contra el Cambio Climático, advierte el último informe de la ONU, que teme que el mundo se olvide del medio ambiente por la angustia del COVID 19. Ya en la última Cumbre del Clima, en diciembre pasado en Madrid, la ONU urgió a recortar más las emisiones y ya desde 2020, para reducirlas un -50% en 2030 y conseguir suprimirlas en 2050 (cero emisiones: sólo se emiten los gases que se absorban). Es la única manera de que la temperatura no suba +1,5ºC para 2100 (recordemos que ya ha subido 1,1ºC) y con ello se salve el clima, las especies y la Tierra. Pero los meses han pasado y con las urgencias de la pandemia, la ONU constata ahora que no se ha avanzado contra el Cambio Climático. Y por eso lanza esta alerta: urgen compromisos de los Gobiernos, empresas, ciudades y grandes emisores para conseguir cero emisiones en 2050. Hay que actuar ya.

Este martes 13 de octubre, la Agencia Internacional de la Energía (IEA) acaba de lanzar una hoja de ruta a los paises para conseguir ese gran objetivo de cero emisiones en 2050. Lo primero, dice, es que más paises aprueben Planes con ese objetivo, algo que por ahora sólo han hecho la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Corea y Nueva Zelanda, más algunas multinacionales (en España, Repsol e Iberdrola). China ha anunciado por sorpresa que se compromete  a conseguirlo para 2060, mientras EEUU dependerá de que Trump pierda las elecciones en noviembre. Entre tanto, la IEA plantea ahora recortar las emisiones un 60% entre 2019 y 2030, aumentar el peso de la electricidad renovable del 27% al 60% y conseguir que en 2030, la mitad de los coches que se vendan sean eléctricos (pasar de 2 millones vendidos en 2019 a 50 millones en 2030), lo que supone duplicar la producción de baterías cada 2 años. Y todo ello exige cuadruplicar  las inversiones mundiales en energías limpias: de 380.000 millones invertidos en 2019 a 1,6 billones en 2030.

Un enorme esfuerzo que la Agencia Internacional de la Energía pide a Gobiernos, empresas y grandes ciudades, pero también a los ciudadanos. De hecho, propone 11 medidas con las que todos podemos ayudar a luchar contra el Cambio Climático, destacando cuatro con más impacto: sustituir los vuelos de menos de una hora por viajes en tren, cambiar los viajes en coche de menos de 3 kilómetros por trayectos a pié o en bicicleta, reducir la velocidad global del tráfico en 7 km/hora y subir el aire acondicionado en verano o bajar las calefacciones en 3ºC. Y cambiar los hábitos alimenticios y de consumo.

En medio de estas alertas de la ONU y la IEA, España es de los paises que “se ha puesto las pilas” en la lucha contra el Cambio Climático. Primero, el 19 de mayo (en plena pandemia), el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ahora tiene que debatirse en el Congreso. Los 2 grandes objetivos son conseguir cero emisiones en 2050 y que toda la electricidad sea 100% renovable antes de esa fecha. Para ello, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 contempla 81 medidas, con 4 objetivos intermedios para 2030: reducir las emisiones un 23% (sobre las de 1990), duplicar el consumo de renovables (al 42% del consumo final), duplicar la electricidad 100% renovable (del 37,5% en 2019 al 74% en 2030, con el cierre en 2025 de todas las centrales de carbón) y mejorar la eficiencia energética (un +39,2% para 2030). Y otro objetivo más: que en 2040 sólo se vendan coches 0 emisiones. Todo ello exige, según este Plan, que España destine más de 200.000 millones a inversiones verdes en la próxima década, lo que reportará de 250.000 a 300.000 empleos netos anuales.

Con la tremenda recesión provocada por la pandemia, el Gobierno considera la lucha contra el Cambio Climático como el principal motor de la reconstrucción del país. Así, en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, el Gobierno pretende destinar a inversiones verdes un tercio de los Fondos europeos, un 37% de los 72.000 millones de inversión prevista en 2021-2023 (otro 33% irá para digitalizar la economía y el resto para corregir desequilibrios regionales y de género). Entre las medidas destacadas por el presidente Sánchez está alcanzar 250.000 coches eléctricos para 2023 (había 56.100 a finales de 2019) y 5 millones de vehículos eléctricos en 2030, habilitar 100.000 puntos de recarga, rehabilitar 500.000 viviendas para que consuman menos energía y restaurar 3.000 kilómetros de ríos. A la vez, se ha aprobado un Plan de fomento del hidrógeno renovable en industrias y vehículos (100 “hidrogeneras”, 150 autobuses, 5.000 camiones, 2 líneas de tren y 5 puestos de suministro de hidrógeno en puertos y aeropuertos para 2030).

Con el dinero europeo y fondos públicos y privados españoles, las primeras inversiones verdes empezarán en 2021, incluyendo nuevas ayudas a la compra de coches eléctricos. Pero también habrá que conseguir recursos penalizando las industrias y energías más contaminantes, con más impuestos verdes (donde España podría ingresar 3.000 millones de euros anuales, según la Comisión Europea). Y eso pasa por aumentar los impuestos a los carburantes contaminantes (gasolina y gasoil), porque son mucho más bajos en España: pagamos 14,85 céntimos menos por litro de impuestos en la gasolina súper que la media UE-27, 15,78 céntimos menos que los alemanes y 23,86 céntimos menos que los franceses, según el último Boletín Petrolero UE. Y también pagamos  11,50 céntimos menos por litro de impuestos en el gasóleo  que la UE-27, 5,70 céntimos menos que los alemanes y 25,11 céntimos menos que los franceses. También se debería subir el impuesto de matriculación a los coches más contaminantes, sobre todo a los todoterrenos y SUV.

La angustia del coronavirus no puede hacernos olvidar que el Cambio Climático es un problema aún más grave, uno de los tres grandes retos de este siglo, junto a la revolución tecnológica y el envejecimiento. Y mientras seguimos con la mascarilla y la prevención frente al COVID 19, tenemos que cambiar nuestros hábitos para ayudar a reducir las emisiones: viajar menos en avión, usar menos el coche, rebajar la calefacción y el aire en trabajos y domicilios, ajustar nuestro consumo y nuestras compras, reciclar los residuos y comer menos carne (una fuente de metano y N20). En definitiva, emitir menos gases cada día, “vivir de otra manera”, aunque nos cueste. Porque no hay Planeta B.

 

Sin confinamiento no hay salida económica

Llevamos meses con un falso dilema: salud o economía. Es el argumento que esgrimieron muchos políticos autonómicos, para abrir la mano muy rápido en la desescalada, y a la que se agarran para evitar cierres drásticos ahora, cuando el coronavirus provoca 120 muertes diarias en España. Pero la realidad es otra: los rebrotes han evitado la recuperación esperada y ahora no tenemos salud ni economía. Y no por los cierres de negocios, sino porque las familias no gastan y las empresas no invierten, por la tremenda incertidumbre. El FMI lo ha dicho claro: las medidas duras contra el virus son mejores para la economía que las laxas, porque tienen costes a corto pero allanan el camino hacia una recuperación más rápida. La prioridad es  frenar en seco el virus, como sea, y no bajar la guardia hasta que haya vacuna. Sólo así el consumo y la actividad volverán y se podrá reconstruir el país en un par de años. Sin salud no hay economía.

El COVID 19 ha cumplido más de 9 meses de vida y en octubre sigue disparado, batiendo nuevos récords de contagios en el mundo: 360.685 el 9 de octubre, el 2º peor dato tras el 24 de septiembre (+361.019 contagios), según la estadística de la Universidad Jhons Hopkins. Hoy son ya 37.476.466 contagiados en 188 paises, con el epicentro de la pandemia en Estados Unidos (7.762.544 contagios) y en Latinoamérica (9.847.824 contagiados), especialmente en Brasil (5.094.979), Colombia (911.317), Argentina (894.206), Perú (849.371) y México (817.503 contagiados). Les sigue Asia (7.911.036contagios), con un salto de los contagios en India (7.120.538) y Europa (6.918.265 contagios), donde también se han multiplicado los rebrotes, en Rusia (1.291.687 contagiados), España (861.112 contagios, el 7º país del mundo con más contagiados y el 2º con más contagios por millón de habitantes, tras Argentina), Francia (732.434 contagiados, el 10º del mundo), Reino Unido (606.447, el 12º), Italia (354.950, el 17º) y Alemania (326.309 contagiados, el 22º).

La pandemia sigue matando y el saldo son ya 1.076.818 muertos, la quinta parte en EEUU (214.771 muertos), Brasil (150.488), India (109.150), México (83.781), Reino Unido (42.915), Italia (36.166), Perú (33.305), España (el 8º país con más muertos, 32.929, y el 3º con más muertos por millón de habitantes, tras Perú y Bélgica), Francia (32.601), Bélgica (10.191) y Alemania (9.626 muertos), según los datos de la  Universidad Jhons Hopkins.

En España, los rebrotes se han multiplicado las dos últimas semanas, al igual que en la mayoría de Europa, donde 7 paises registraron la semana pasada cifras récords de contagios desde abril: Francia, Alemania, Austria, República Checa, Polonia, Croacia y Eslovaquia. En nuestro país, la cifra de contagios aumenta cada día, con 71.180 nuevos contagios la última semana (viernes 2 al viernes 9 de octubre), una cifra similar al aumento de la semana anterior (+73.451) y las dos anteriores. Pero tenemos ya 861.112 contagiados, más del triple que al finalizar el estado de alarma (246.272 contagios el 21 de junio). Lo más preocupante es el salto en los contagios recientes: de 8,08 por cada 100.000 habitantes el 21 de junio se pasó a 57,46 el 31 de julio, a 205,3 el 31 de agosto, a 284,11 a finales de septiembre y a 258,44 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes este viernes, lo que nos coloca como el 2º país con más nuevos contagios de Europa (270,7 Holanda, 254 Bélgica, 236,7 Francia, 207,9 Reino Unido, 110,7 Portugal y 38,5 Alemania), según Sanidad.

Han crecido más los contagios (+249,6%) que las hospitalizaciones (de 124.871 el 21 de junio a 134.231 a finales de agosto y 156.415 este viernes, +31.544, un +25,2%) y los ingresos en UCIs (de 11.637 ingresados hasta el 21 de junio a 12.312 a finales de agosto y 14.148 este viernes, + 2.511 pacientes, un +21,5%), debido a que ahora se contagian personas más jóvenes (la edad media está entre 24 y 54 años), con menos enfermedades asociadas. Pero está creciendo la mortalidad: de los +110 nuevos muertos por COVID 19 en julio se saltó a +649 en agosto y +2.697 en septiembre. Y la semana pasada murieron 843 personas más por coronavirus (241 muertos el viernes 9), una media de 120 diarios (el 21 de junio sólo murió 1 persona).

Dentro de este empeoramiento general de la pandemia, sobre todo en agosto y septiembre, sigue afectando de forma muy desigual por autonomías. El problema más grave, desde hace un mes, está en Madrid, donde todos los indicadores muy preocupantes: 2.995 nuevos contagios el viernes (una cuarta parte del total), 540,6 nuevos contagios por 100.000 habitantes (el doble que España y 10 veces los contagios de Berlín) y con muchos barrios y municipios que superan los 700 y los 1.000 nuevos contagios por 100.000 habitantes, una alta tasa de hospitalizados (20,65 % de camas frente a 8,66% en España) y de enfermos en UCI (ocupadas casi 40% camas). Y con 266 nuevos muertos la última semana (38 diarios), lo que acumula ya 1.323 muertos en Madrid por COVID desde el 21 de junio.

Pero el problema del COVID 19 no está solo en Madrid. Hay otras regiones con una altísima tasa de nuevos contagios, en especial Navarra (675 contagios por 100.000 habitantes en los últimos 14 días), Melilla (460), Aragón (381), La Rioja (378), Castilla y León (371), Castilla la Mancha (360), Murcia (342) y Ceuta (304), sin olvidar ciudades y pueblos con una altísima incidencia de contagios, como León, Palencia, Orense, Zaragoza, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Jumilla, Totana, Lorca,  ribera de Navarra…). Y en la última semana, preocupan los nuevos hospitalizados en Castilla y León (556) y los ingresos en UCIs en Castilla y León (35), Canarias (23) y Andalucía (22), así como el salto de muertes en Castilla y León (99 la última semana) y Andalucía (79), según los datos aportados por Sanidad el viernes. Sólo parece más controlada la pandemia en Canarias (99 nuevos casos en 14 días por 100.000 habitantes), Comunidad Valenciana (104), Galicia (107), Baleares (121) y Asturias (135), aunque todas duplican la tasa de contagios que el CDC europeo contempla como nivel de riesgo: 50 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Los expertos lo tienen claro: la desescalada fue demasiado rápida y las autonomías no se preocuparon de contar con los medios suficientes para evitar los rebrotes: no se reforzó la atención primaria (apenas se han contratado médicos y enfermeras y está colapsada), no se han potenciado lo suficiente las PCR (faltan medios y los laboratorios están saturados), no se han contratado suficientes rastreadores (sólo hay 1.100 en Madrid, por ejemplo), no hay medios para vigilar las cuarentenas (que muchos se saltan, sobre todo los que tienen trabajos precarios y niños sin alternativas de cuidado) y no hay coordinación en las autonomías para afrontar los rebrotes, con medidas improvisadas y poco eficaces. Y en paralelo, muchos ciudadanos se han comportado mal, con mascarilla y distancia pero multiplicando los contactos con amigos y familiares, el foco de la mayoría de los rebrotes (no los centros de trabajo ni los colegios ni los hospitales).

Ahora, cada autonomía afronta los rebrotes como puede, evitando confinamientos duros, para no chocar con sus vecinos (y electores) y sobre todo para evitar dañar a los negocios, en especial la hostelería, el comercio y el turismo. Pero lo que sucede es que los parches no funcionan: los contagios siguen creciendo y la economía no se recupera, porque el problema no es sólo que el aforo se reduzca a la mitad sino que las familias no gastan, reducen al mínimo sus compras y salidas, no tanto por los horarios restringidos como porque no ven claro el futuro, no saben qué va a pasar con su trabajo y prefieren reservarse, no consumir. Y por eso, en el tercer trimestre no ha habido el crecimiento previsto y la recuperación esperada no llega. Incluso todas las previsiones auguran una mayor recesión este año de la esperada.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó el jueves una alerta a los paises: “los confinamientos duros de la población para frenar el coronavirus son menos perjudiciales para la economía que tratar de atajar la curva de contagios mediante medidas más laxas”, señala en su informe “Perspectiva Económica Mundial”. Y explica que aunque los confinamientos duros tengan un alto coste a corto plazo, pueden allanar el camino hacia una recuperación más rápida después si consiguen frenar la pandemia y mejorar con ello el comportamiento de los consumidores y la economía. En definitiva, que “salud o economía” es un falso dilema. No atajar radicalmente el problema de salud que conllevan los rebrotes está frenando el consumo y la inversión durante meses, más que si se tomaran medidas tajantes, que podrían aclarar el panorama de la pandemia y permitir así que la economía vuelva a funcionar. O sea, el FMI nos recuerda que sin salud no hay recuperación ni economía.

Esto mismo preocupa a la Comisión Europea y a paises como Alemania o Francia, que con muchos menos contagios que España no dudan en aprobar medidas duras (en Alemania, algunos “länders”, regiones, han prohibido que les visiten los berlineses…). Por eso, toda Europa estaba pendiente del “pulso” entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno Sánchez, porque es un claro ejemplo de si somos o no un país serio, que afronta con decisión el hecho de tener 8 de las 10 regiones europeas con más COVID 19 y seamos el 6º país del mundo con más contagios. Si España no demuestra a Europa  que es capaz de controlar la pandemia, difícilmente podrán confiar en que sepamos gastar los fondos europeos y consigamos salir de una recesión que nos afecta más que al resto.

Por eso es tan importante ganar la batalla de la salud, antes que intentar ganar la batalla de la economía. Y para eso hace falta una dirección política coordinada (quizás estaríamos mejor  con la sanidad centralizada, pero la gestionan las autonomías por decisión constitucional y eso no se puede cambiar de pronto: sí exigir que algunos dejen de utilizar la pandemia como arma política), más medios humanos y materiales (hasta el viernes no funcionó en Madrid la App Radar Covid y Cataluña la deja de lado para lanzar una propia) y perseverancia en las medidas, explicándolas mejor a los ciudadanos y exigiéndoles cumplirlas. No vamos a poder vacunarnos de forma masiva antes del verano, así que hay que trazar un Plan a 9 meses vista, con la vista puesta en el nivel de contagios: todo lo que sea más de 100 nuevos contagios por 100.000 habitantes, debe llevar automáticamente al confinamiento.

En paralelo a la cruzada contra esta emergencia sanitaria, hay que seguir combatiendo la emergencia económica y social, vigilando la marcha de los ERTEs y las ayudas a los autónomos, ampliando las prestaciones a los que se queden sin cobrar el desempleo y agilizando el ingreso mínimo vital, que es demasiado burocrático y lento. Y en paralelo, hay que poner en marcha el Plan de reconversión, para señalar un camino de salida a los españoles. El Plan de recuperación (ver 58 páginas) lo presentó el Gobierno Sánchez el miércoles y se envía a Bruselas este 15 de octubre. La idea es clara: dar un empujón a la recuperación, anticipando el Gobierno en los Presupuestos 2021  los primeros 27.400 millones (a fondo perdido),   que esperamos de Europa el año que viene pero que se van a retrasar hasta junio. Y con este dinero, empezar a movilizar también inversiones privadas, con la idea de destinar 72.000 millones de inversiones públicas en 2021-2023 con dinero de Bruselas, que podrían movilizar hasta 500.000 millones de dinero público y privado en los próximos años. Y crear así 500.000 empleos.

La idea del Plan es que ya que tenemos que reconstruir el país por la pandemia, aprovechemos los fondos propios y europeos para reformar y cambiar el modelo económico, para invertir en una 2ª modernización de la economía (la 1ª, a partir de 1978, nos llevó al ingreso en la CEE en 1986). Y esta modernización pasa por invertir esos 500.000 millones (72.000 de fondos europeos) en 4 frentes: inversión verde (37% del total, en coches eléctricos, rehabilitación de viviendas y esos ríos que se desbordan), digitalización (otro 33%, para formar en competencias digitales al 80% de españoles, 2,5 millones de pymes y 150.000 funcionarios, además del 100% de cobertura de Internet y 75% con 5G), igualdad de género (65.000 nuevas plazas de educación infantil 0-3 años y planes para frenar fracaso escolar) y cohesión territorial y social (refuerzo sanidad, educación y dependencia, reforma políticas activas de empleo, especial atención a los jóvenes, impulso de la FP y un sistema fiscal más justo). Son inversiones que están en línea con el Plan Next Generation UE y que se tienen ahora que concretar en cientos de proyectos, para que los apruebe Bruselas.

Y todo ello, con medidas que ya se quieren incluir en los Presupuestos 2021, que se van a presentar también a Bruselas este mes. Es el camino que se marca a tres años (2021-2023) para salir del negro túnel de esta recesión. Pero insisto, toda esta estrategia de futuro exige frenar antes al virus: no habrá recuperación si no se frenan los rebrotes. Porque el miedo a volver a los tiempos de marzo y abril, al cierre total del país, impide que las familias y las empresas gasten e inviertan, frena la recuperación. Hay que doblegar la curva, frenar y controlar los contagios, al coste que haga falta. Con decisión política y unidad, con colaboración ciudadana y sacrificios. Sin salud no hay economía.

Gasto público: nos falta de todo

España tendrá en 2021 el mayor gasto público de su historia, casi 200.000 millones, el techo de gasto aprobado por el Gobierno este martes. Es la estrategia para reconstruir el país tras la pandemia. Pero también para recomponer los servicios públicos, muy debilitados tras los recortes, como ha desvelado el coronavirus. Nos hace falta gastar en casi todo. Porque somos el país europeo grande que menos gasta en sanidad, educación, gastos sociales, pensiones, familia, vivienda  y cultura, en todo menos en paro, según Eurostat. Hoy y en los últimos 25 años. Hay que recomponer el Estado del Bienestar, porque incluso gastamos menos que ahora que en 2009. Y para pagarlo, habrá que ingresar más, porque España es también el país europeo que menos recauda, porque muchos pagan menos impuestos de lo que deben. Son datos, no ideología. Y por eso, aunque Europa nos deja tener más déficit, habrá que ingresar 18.000 millones más para pagar tanto gasto necesario. Seamos europeos en gastos e impuestos. Es el gran debate del Presupuesto 2021. 

 

La pandemia ha puesto a prueba nuestro Estado del Bienestar y los servicios públicos, en especial la sanidad, la educación, los gastos sociales y la atención a los mayores, que se han visto muy debilitados tras décadas de bajo gasto y los recortes sufridos entre 2010 y 2015. Mucha gente cree que en España hay un despilfarro de gasto público, pero es un falso mito: España es el país europeo grande que tiene menos gasto público, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2019). Concretamente, el gasto público en España fue del 41,9% del PIB, frente al 46,7% de la UE-27. Eso significa que gastamos 59.775 millones menos, sólo en 2019, que la media europea. Y si nos comparamos con los grandes paises con los que competimos, también gastamos menos: Francia gasta el 55,6% de su PIB, Italia el 45,4% y Alemania el 45,4% (si gastáramos como alemanes pero con nuestro PIB, deberíamos gastar 43.586 euros más al año). Y también gastamos mucho menos que los “austeros” paises del norte que nos tachan de “despilfarradores”: 53,3% del PIB gasta Finlandia, 49,3% Suecia, 48,2% Austria y Holanda lo mismo que nosotros, el 41,9% del PIB…

Y además, gastamos menos en todo, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2018). En sanidad: 6% del PIB España  frente al 7% la UE 27 (gastamos 12.453 millones menos cada año), el 8,1% Francia, el 7,2% Alemania (gastamos 14.949 millones menos en sanidad cada año que los alemanes, lo que quizás explique por qué hemos afrontado peor la pandemia), 6,8% Italia, 7,6% Holanda, 8,2% Austria, 7,5% Reino Unido, 6,3% Portugal y sólo un 5% Grecia. Y somos el 13º país UE que menos gasta en sanidad, tras Irlanda, Grecia, Chipre, Malta, Luxemburgo y 7 paises del Este, según Eurostat. También gastamos menos en educación: 4% del PIB en España frente al 4,6% en la UE-27 (gastamos 7.472 millones menos cada año), 5,1% del PIB en Francia, 4,2% en Alemania, 4% en Italia, 4,8% en Reino Unido, 5,1% en Holanda y 5,5% en Finlandia (el país con mejor educación de Europa). Y así somos el 5º país UE que menos gasta en educación, tras Bulgaria, Grecia, Irlanda y Rumania.

También gastamos menos en protección social: un 16,9% del PIB en España frente al 19,2% que gasta la UE-27 (gastamos 28.642 millones menos cada año), el 23,9% de Francia, 19,4% en Alemania, 20,8% Italia, 14,9% Reino Unido y hasta un 19,5% que gasta Suecia y el 24,1% del PIB que gasta Finlandia. De hecho, somos el 14ª país UE que menos gasta en protección social, tras Holanda, Reino Unido, Irlanda, Chipre, Malta y 8 paises del Este, según Eurostat. Si desglosamos este gasto social, vemos que España gasta menos en pensiones (9,4% del PIB frente al 10,4% de la UE 27: -12.453 millones cada año), en enfermedad e invalidez (2,4% del PIB frente al 2,7% la UE-27: -3.736 millones anuales), en familia y niños (0,8% del PIB frente a 1,7% la UE-27: -11.207 millones cada año). Y lo mismo en otros gastos no sociales, como el gasto en alojamientos y equipamientos (0,5% en España frente al 0,6% en la UE-27, el 1,1% en Francia o el 0,4% en Alemania) y en ocio, cultura y culto: 1,1% del PIB gasta España, igual que la UE-27, frente al 1,4% Francia o el 1,1% Alemania. Sólo gastamos más en paro (porque tenemos más del doble): 1,6% del PIB en España frente al 1,3% en la UE-27, aunque Francia gasta más (1,9% del PIB) con menos de la mitad de paro y Alemania casi lo mismo (1,1% del PIB), con la cuarta parte de desempleo. 

Como se ve, no somos un país “gastador”, ni ahora ni en los últimos 25 años: si buceamos en las estadísticas de Eurostat, vemos que España gastaba ya menos que Europa en 1995 (44,1% del PIB frente al 51,2% la UE-25), en 2000 (39,1% frente a 44,9% la UE-25) y en 2008, antes de la crisis (41,4% del PIB gastaba España, casi como el 41,4% de hoy, frente al 46,7% de la UE-27, idéntico al porcentaje que gastan hoy). Así que son 25 años con un gasto público comparativamente menor que Europa, lo que ha debilitado nuestros servicios públicos y el Estado del Bienestar. Y más con los recortes de 2010 a 2015.

De hecho, hay un dato espeluznante: España destina menos recursos al gasto social (sanidad, educación y gastos sociales) hoy que en 2009. Concretamente 1,12 millones menos (116.850 millones en 2019 frente a 116.851 millones en 2009), según el chequeo detallado que han hecho los Directores de Servicios Sociales. En 2019, gastamos -1.740,4 millones menos en Sanidad que diez años antes y -393,46 millones menos en educación, aunque gastamos +2.132 millones más en servicios sociales, básicamente porque en 2007 echó a andar la Ley de Dependencia y por las rentas mínimas autonómicas.

Este estudio explica qué nos ha pasado con la sanidad y la educación, tras décadas de bajo gasto y la puntilla de los recortes la pasada década: gastamos -57,45 euros menos en sanidad por habitante que hace 10 años (1.335,25 euros en 2019 frente a 1.392,7 en 2009) y -21,3 euros menos en educación por habitante (863,5 euros en 2019 frente a 884,8 en 2009), aunque ahora gastamos -41,9 euros más por habitante en servicios sociales. Y además, gastamos -163,4 euros menos por habitante en justicia, seguridad ciudadana, cultura y patrimonio. Sólo gastamos mucho más en pagar la deuda pública: de 149,4 euros por habitante en 2009 hemos pasado a pagar 684,6 euros, 4,5 veces más.

Y además de gastar menos en gastos sociales (-36.81 euros por habitante en 2019 que en 2009), el otro problema es que unas autonomías han recortado más y gastan menos que otras, así que los servicios públicos dependen de dónde vivamos. Basten tres datos, sacados del  informe de los Directores de Servicios Sociales. En sanidad, el País Vasco gasta (1.719,61 euros por habitante) un 47% más que Cataluña (1.166,79 euros por habitante) y un 40% más que Madrid (1.220 euros por habitante), las dos que menos gastan, con una media en España de 1.335,25 euros. En educación, el País Vasco gasta (1.274,63 euros por habitante) un 76% más que Madrid (723,84 euros por habitante) y un 68% más que Cataluña (756,84 euros por habitante), con una media española de 863,5 euros. Y en servicios sociales, Navarra gasta (694,37 euros por habitante) 4,5 veces más que Baleares (151,78 euros) y el triple que Canarias (217,41 euros), con una media española de 300 euros por persona (277 en Madrid y 276 en Cataluña).

Queda claro con todos estos datos que el gasto público en España es más bajo que en Europa e incluso menor que hace una década, lo que explica la debilidad de nuestro Estado del Bienestar, peor preparado que otros europeos para esta pandemia. Por eso, hay que apuntalarlo, aunque no tuviéramos el reto del coronavirus y sus secuelas. Pero además, hay que reconstruir el país, porque la pandemia causará este año la mayor recesión desde la Guerra Civil (una caída del PIB del -11,2% acaba de estimar el Gobierno) y eso provocará una grave crisis económica y social, que exige ayudar a empresas, trabajadores y familias, con mucho más gasto. Y además, invertir en cambiar el modelo económico, en medio ambiente, digitalización y sectores de futuro.

Para afrontar este enorme gasto, la Comisión Europea ha abandonado su corsé del gasto y del déficit que trajo los recortes impuestos desde 2010. Ahora no hablan de austeridad y, al igual que el FMI, la OCDE y el Banco Mundial, recetan lo contrario: gastar y gastar para salir del agujero de esta crisis. Y ya no impondrán a España ni a los demás paises UE el recortar drásticamente el déficit, ni en 2020 (que se disparará aquí al 11,3% del PIB, frente al 2,9% de 2019) ni en 2021 (que el Gobierno propone bajar al 7,7%). Con este “permiso” de Bruselas, el Gobierno Sánchez aprobó este martes el techo de gasto para 2021, que será el mayor gasto público que haga nunca España: 196.047 millones de euros, un 53,7% más de gasto público que en 2020 (127.609) y casi el doble del techo de gasto que aprobó Rajoy en 2012 (117.400 millones) para afrontar la crisis de 2008.

Este techo de gasto, esos casi 200.000 millones, no es todo el gasto público que se hará en 2021, ya que quedan fuera  de este techo de gasto que controla Bruselas (y que aprueba el Congreso, por exigencia constitucional) las transferencias a las autonomías y Ayuntamientos, el gasto en desempleo, los intereses de la deuda pública y el gasto financiado con fondos UE (según detalla este folleto de la AIReF). Pero es la mitad del gasto total y sobre el que pueden decidir los paises y Gobiernos. Ahora falta ver a qué se dedica este techo de gasto, algo que definirán los Presupuestos 2021. Pero sí sabemos que España tendrá que buscar cómo financiar la mayor parte de este gasto histórico, porque las ayudas europeas (140.000 millones en 6 años, 72.000 a fondo perdido) se van a retrasar al verano próximo y el Gobierno prevé que sólo 27.436 millones de este techo de gasto vengan de los fondos europeos en 2021.

En definitiva, que el techo de gasto del Estado con fondos propios será de 168.661 millones en 2021, de los que  13.486 millones será un dinero que gastarán las autonomías y otros 18.396 millones se trasvasarán a la Seguridad Social. Ahora, la clave es de dónde sacará el Gobierno esos 168.661 millones que ha de gastar con recursos propios. Una parte será déficit (el 5,2% de déficit tendrá el Estado, -61.645 millones de agujero en 2021), pero el resto (107.016 millones) habrá que sacarlo de los impuestos. Y comparado con el gasto y el déficit de 2019, eso supone que el Gobierno necesitará recaudar 18.000 millones más el año que viene, para cumplir con el gasto y el déficit prometidos.

Antes de ver cómo puede hacerlo, desmontemos un 2º falso mito, el de que pagamos más impuestos que otros paises. Los datos son muy evidentes, como en el gasto: España fue el país grande de Europa que menos recaudó en 2019, según las últimas estadísticas europeas (Eurostat 2019). Concretamente, España recaudó el 39,1% del PIB frente al 46,2% de media en la UE-27), lo que significa que ingresamos -88.418 millones menos (al año) que si recaudáramos como europeos. Recaudamos también bastante menos que Francia (52,6% de su PIB), Alemania (46,8% de su PIB), Italia (47,1%), Holanda (43,6%), Austria (49%), Bélgica (50,3%), Suecia (49,8) o Finlandia (52,2%). De hecho, somos el 9º país que menos recauda en Europa (comparativamente a su PIB), sólo por detrás de Irlanda, Reino Unido, Malta y 5 paises del Este. Y este no es un problema de ahora: recaudamos menos ingresos públicos que la mayoría de Europa desde 1995, según Eurostat.

Esto son datos, no ideología. Así que recaudar más no es algo de izquierdas, sino una necesidad para equipararnos con Europa. Y para pagar los muchos gastos que necesitamos. Con la grave recesión encima, no es un buen momento para subir impuestos, pero no queda más remedio que recaudar más. ¿Cómo? El gobernador del Banco de España, poco sospechoso de izquierdismo, propuso en el Congreso, el 23 de junio, subir 3 impuestos: el IVA (quitar tipos reducidos y superreducidos), los impuestos medioambientales (España recauda 3.500 millones menos de lo que podría, según Bruselas) y el impuesto de sociedades (“revisar los agujeros”, dijo textual: las exenciones no justificadas de muchas grandes empresas y multinacionales). La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que rebaje las deducciones en IRPF e IVA y que recaude más con los carburantes, tabaco y alcoholes. Los expertos de FEDEA proponen establecer un recargo temporal sobre el IRPF (como hizo Rajoy en 2012, aunque el PP quiera olvidarlo…). Y los técnicos de Hacienda proponen una reforma fiscal a fondo.

Hay que esperar unas semanas, al proyecto de Presupuesto 2021 que presente el Gobierno, para ver qué impuestos se tocan: se estrenarán la tasa Google  y la tasa Tobin sobre operaciones en Bolsa, un posible recargo en el IRPF a los que ganan más de 130.000 euros (un 0,5% de contribuyentes), la posible supresión del IVA reducido y superreducido en algunos productos y la supresión de desgravaciones a los planes de pensiones privados (que benefician a los más ricos). Pero todo esto permitirá ingresar sólo unos 5.000 millones más. Hará falta retocar otros impuestos, como los carburantes y sociedades. Porque no podremos gastar más en todo lo que hace falta si no se ingresa algo más, a costa de los que puedan pagarlo (multinacionales, grandes empresas y los más ricos, no los trabajadores y las pymes, que ya pagan suficientes impuestos). Este será el gran debate de los Presupuestos 2021. Ojalá se haga sin demagogia, sin usar falsos mitos como que España gasta mucho y pagamos muchos impuestos. Sólo pensando en hacer unas cuentas claras: en qué necesitamos gastar  y cómo podemos pagarlo, con justicia y solidaridad. A ello.

Madrid "se come" al resto de España

Este artículo no va sobre el coronavirus, pero sí sobre Madrid. Sobre el papel que juega en la economía española. A raíz de la pandemia y de la prepotencia de Díaz Ayuso, otros dirigentes regionales se quejan de la “gran aspiradora” de Madrid: absorbe inversiones, empresas y empleos a costa del resto de España, siendo la región más rica. El PP dice que es porque la gobiernan desde hace 25 años, pero un estudio revela la clave: ser capital de España, concentrando funcionarios, instituciones, multinacionales e infraestructuras. Y millonarios, atraídos por sus bajos impuestos, que hacen competencia desleal al resto de autonomías. Una baja fiscalidad que pagan muy cara los madrileños, al haber perdido 48.292 millones desde 2004: Madrid es la región que gasta menos en educación y la 2ª que menos gasta en Sanidad. Y ahora pide ayuda por la pandemia. Urge incluir entre las futuras reformas el papel de Madrid. “Madrid es  España dentro de España”, dijo Díaz Ayuso. Menos Madrid y más España.

 

Madrid es desde 2018 la región que más produce en España, superando a Cataluña, la locomotora de la economía española durante siglos. Y volvió a producir más en 2019, según el INE: 239.878 millones de euros el PIB madrileño frente a 236.739 millones el PIB catalán. Este “sorpasso” es fruto de varias décadas en que la economía de Madrid lleva creciendo más que Cataluña y que el resto de España. Entre 1.987 y 2016, la economía madrileña duplicó con creces su tamaño y fue la región española que más creció, un +119%, por encima de la economía española (+93,5%), de Cataluña (+96,5%) y Andalucía (+99,8%), incluso por encima de regiones con fuerte crecimiento como Murcia (+111,7%) y la Rioja (110,3%), según los datos de AFI. Y también creció más que el resto y que la media española en 2017 (+3,9 frente al 3,6%), 2018 (+3,7% frente al 3,6%) y 2019 (+2,5 frente al 2%).

Este mayor crecimiento de Madrid ha atraído a la región más población que al resto: su censo ha aumentado en +1.333.000 personas (españoles e inmigrantes) entre 2000 y 2019, un +24,9% de aumento de población (ahora son 6.686.400 habitantes), frente al +16,5% que aumentó este siglo la población española, el +20,8% que aumentó Cataluña (6.549.800 habitantes), el +11,7% de Andalucía (8.445.200 personas) o el +21,4% de la Comunidad Valenciana (4.999.400 habitantes en 2019), según el INE.

Este mayor trasvase de población a Madrid se debe a que es la región que más crece y la que crea más empleo. Así, con la recuperación (entre 2014 y 2019), Madrid ha sido la región que creó más empleos, 538.400 nuevos, un +20,42% (1 por cada 5 empleos que había en 2014), frente al +17,8% que aumentó el empleo en toda España (+3.016.300) o al +17,47% que aumentó en Cataluña (+517.400), según la EPA. Con ello, Madrid es la región donde hay más porcentaje de adultos trabajando: el 52,85%, frente al 47,03% de adultos ocupados en España, el 51,05% en Cataluña o la Rioja, el 50,10% en Baleares o Navarra, el 48,8% en el País Vasco, el 41,56% en Extremadura o el 41,48% en Andalucía, según el INE. A lo claro: si Andalucía tuviera la tasa de empleo de Madrid, habría 380.472 andaluces más trabajando (+13%). Y 53.334 extremeños (+14,35%).

Al haber más crecimiento y más empleo, los que trabajan en Madrid ganan más, tienen los sueldos más altos de España, según los últimos datos del INE (de 2018): 27.010 euros brutos de salario medio, un 12,5 más que la media española (24.009), sólo superado por el País Vasco (28.470) y muy por encima de los sueldos en Cataluña (25.552) o la Comunidad Valenciana (22.121) y muy alejada de los sueldos en Andalucía (21.756 euros, el 80% que en Madrid) y Extremadura (19.947 euros (el 74% de Madrid).

Al final, el mayor crecimiento, la mayor atracción de población y empleo (sobre todo especializado: el 21% de todo el empleo cualificado está en Madrid), la mayor tecnología y especialización de los servicios (la región concentra el 35% de los servicios especializados de España) hacen que Madrid sea más productiva que el resto de las regiones: produce más por habitante. De hecho, era ya la región líder en el año 2.000 (21.380 euros por habitante frente a 19.442 euros por persona en Cataluña) y ha seguido aumentando las distancias hasta 2019: Madrid produce 35.876 euros por habitante, un 35,7% más que la media de España (26.438 euros) y un 16% más que la media europea (UE-28). Mucho más que el País Vasco (34.273 euros), Navarra (32.692 euros) o Cataluña (31.110 euros). Y muy lejos de Extremadura (19.073 euros) o Andalucía (19.432 euros), que producen casi la mitad por habitante que Madrid. A lo claro: 8,44 millones de andaluces producen 16.218 euros menos cada uno al año que 6, 68 millones de madrileños. Son datos oficiales.

Y la consecuencia de todo esto es que la renta en Madrid es la 2ª más alta de España: 14.199 euros por persona, sólo por detrás del País Vasco (15.300 euros, por su peculiar régimen fiscal) , por delante de Navarra (13.937 euros) y Cataluña (13.527), muy alejada de Castilla la Mancha (9.715), Canarias y, sobre todo, Andalucía (9.160 euros) y Extremadura: 8.796 euros de renta por persona, un 62% la de Madrid, según el INE. Con estos datos, Madrid tiene una renta por habitante un 21,5% superior a la media española (11.680 euros) y un 16% superior a la renta media europea. Y lo peor de estas diferencias es que Madrid es la 2ª región con más renta en España desde 1977.

Al final, el resumen es muy esclarecedor: Madrid tiene sólo el 1,6% del territorio (frente al 6,35% Cataluña o el 17,31% Andalucía) pero acapara el 14,29% de la población española (frente al 16,39% Cataluña y el 17,83% Andalucía), el 15,9% del empleo español (frente al 17,4% Cataluña y el 15,7% Andalucía) y aporta el 19,3% del PIB español (frente al 19% que aporta Cataluña y el 13,3% Andalucía).

¿Por qué Madrid es la locomotora de España y la región más rica? Para el PP, la razón es que la gobiernan los populares desde hace 25 años (desde 1995), con unas políticas neoliberales y bajos impuestos. Pero no es así, como demuestra este reciente informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), promovido por la Generalitat Valenciana: la razón básica del éxito madrileño es su capitalidad, que ha convertido a Madrid en “una gran aspiradora” (en palabras del presidente valenciano Ximo Puig)  de población, funcionarios, empleos cualificados, empresas, multinacionales, contratos públicos e infraestructuras, en perjuicio del resto de España. Para el presidente de Castilla la Mancha (García Page), “la mayor industria de Madrid es su capitalidad”.

Todos los economistas reconocen que las capitales de los paises se benefician del efecto llamado “economías de aglomeración”: la capital tiene la capacidad de atraer inversiones, empresas y empleos que buscan el beneficio de instalarse cerca del poder político y los Ministerios y de otras empresas y multinacionales. Y la concentración se retroalimenta: como hay muchas empresas, llegan nuevas empresas e inversiones. Es un círculo virtuoso, alimentado por las instituciones políticas y las mejores infraestructuras, más en el caso de España, un país con una red de transportes radial, que parte de Madrid.

El estudio de IVIE está plagado de datos que revelan el empuje de este “efecto capital” para Madrid. Como que el 44,5% de las 1.000 mayores empresas instaladas en España tienen su sede en Madrid. O que Madrid concentra el 34% de todas las inversiones aeroportuarias hechas en el siglo XXI. O que el 60% de los contratos públicos que hace la Administración se conceden a empresas radicadas en Madrid. O que el 29% de los empleados públicos trabajan en Madrid (150.000 funcionarios y sus familias). O que Madrid tiene empleo más cualificado, un 40,9% de universitarios frente al 30,8% en el resto de España, porque tiene más oferta de Universidades (debido a que tiene también más demanda). Y concentra un 35% de todos los servicios avanzados (alto valor añadido) que hay en España. Y en 2020, ha acaparado el 83% de toda la inversión extranjera en España.

Todo esto “empuja a Madrid al cielo”, no sus gobernantes. Y encima, Madrid se aprovecha menos de la capitalidad que otras capitales europeas. Así, Madrid aporta el 19,2% del PIB español, mientras Ámsterdam aporta  el 21,6% del PIB holandés, Londres el 23,6% de Reino Unido, París el 31,2% de Francia, Viena el 25%, Estocolmo el 30,9%, Helsinki el 38,9% y Copenhague el 40,6%, según Eurostat. Sólo Bruselas (18,3% del PIB belga), Roma (11,2%) y Berlín (4,4% del PIB alemán) aprovechan menos que Madrid su capitalidad. Dicho de otro modo: Alemania, Italia y Bélgica son paises más descentralizados, donde la capital no se come al resto, como en Reino Unido, Francia, Austria y paises nórdicos.

La otra queja de muchas autonomías contra Madrid es que les hacen competencia desleal bajando impuestos (“dumping fiscal”), aprovechando que son la autonomía más rica. Y lo hacen, desde hace años, en todos los impuestos. Lo más llamativo es la bonificación del 100% en el impuesto sobre el patrimonio, desde 2008: un madrileño con 4 millones de euros de patrimonio (exentos 300.000 de su vivienda) no paga nada, mientras en Extremadura pagaría 59.919 euros, en Valencia 47.646, en Andalucía pagaría 44.214 euros, en Cataluña 41.943, y en Vizcaya 22.400, según este estudio del REAF. En el IRPF, Madrid tiene los tipos más bajos de España (los que ganan 110.000 euros, pagan 1.000 euros menos que en Andalucía y 2.000 menos que en Extremadura) y lo mismo en sucesiones y donaciones, en transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Estos impuestos a la baja han forzado al resto de autonomías a bajarlos, para evitar el trasvase de contribuyentes, que no se ha impedido. Sobre todo de los más ricos: 413 de las 611 grandes fortunas declararon en Madrid en 2018, según la Agencia Tributaria. Y también ha habido un trasvase de declarantes para evitar el pago de herencias. Y la presidenta Díaz Ayuso quiere seguir por este camino de rebajas en 2021, prometiendo bajar un 0,5% los tipos del IRPF, a pesar de los enormes gastos de la pandemia. Y de que se ha quejado al presidente Sánchez de que “necesita más ayuda”.

Esta rebaja de impuestos, en las últimas dos décadas, beneficia sobre todo a los madrileños con más recursos (son los más beneficiados en todos los impuestos) y priva a Madrid de cuantiosos ingresos: -4.571 millones en 2019, según los propios datos de la Administración regional, entre lo que pierde por Patrimonio (-996 millones), Renta (-870), sucesiones y donaciones (-2.631) y transmisiones y actos jurídicos (-56 millones). El “agujero fiscal” es de tal calibre que Madrid ha perdido -48.292 millones de euros por rebajas fiscales entre 2004 y 2019. Una pérdida de ingresos que se ha traducido en más recortes que otras autonomías (entre 2012 y 2015), mucha deuda (35.646 millones) y un bajo gasto social.

De hecho, Madrid es la autonomía que menos gasta en educación (723 euros por habitante en 2019, frente a 863,50 euros de media en España y 1.274 en el País Vasco), la 2ª que menos gasta en sanidad (1.220 euros por habitante en 2019, tras 1.166 euros Cataluña, 1.335 de media en España y 1.719 euros que gasta Euskadi) y la 5ª autonomía que menos gasta en servicios sociales (277 euros por habitante en 2019 frente a 300 euros de media en España, 694 Navarra y 446 Extremadura), según este reciente estudio de los Directores de Servicios Sociales. Ahí sufren los madrileños las bajadas de impuestos. Y ahí puede explicarse por qué la sanidad madrileña tiene una peor situación frente a la pandemia.

Ante este panorama, las demás autonomías tienen muchos motivos para quejarse de “la locomotora de Madrid”, porque avanza a costa de ellas. Por eso, proponen dos cosas. Una, limitar la competencia fiscal desleal de Madrid. Y para ello, habría que aprobar una Legislación que unificara tipos, para “evitar el dumping  fiscal”, dentro de la urgente reforma del sistema de financiación autonómica (pendiente desde 2014). Y la otra, suavizar los efectos de la capitalidad, descentralizando lo más posible: Ministerios (Alemania tiene 10 Ministerios en Berlín y 6 en Bonn), instituciones (el Bundesbank o banco central alemán está en Frankfort), organismos públicos (el Instituto de Oceanografía está en la capital, una ciudad sin mar), funcionarios (el estudio del IVIE cree que podrían trasladarse 45.000 y sus familias). Y tratando desde el Gobierno de repartir los contratos públicos y las inversiones e infraestructuras fuera de Madrid, fomentando también la descentralización de inversiones y empleos privados, vía incentivos fiscales.

Somos un país muy descentralizado, con un gran poder de gasto y gestión en las autonomías pero donde Madrid tiene cada año más peso y concentra más riqueza y empleo, en perjuicio de otras regiones, sobre todo las vecinas. Si ahora hay que pensar en reformas a medio plazo, una de ellas debe ser reequilibrar España, reducir las crecientes desigualdades entre la España rica y la pobre y entre Madrid y el resto del país. “Madrid es España dentro de España ¿Qué es Madrid si no es España”, dijo la presidenta Díaz Ayuso rodeada de banderas. Vale. Pero lo que hace falta es menos Madrid y más España.