El negocio de la muerte, en alza

Es un negocio seguro: cada día mueren 1.100 españoles. Y los “clientes” de las funerarias aumentarán, por el envejecimiento de la población: en 2050 morirán 1.400 españoles diarios, según el INE. La muerte es un gasto obligado, unos 3.500 euros por fallecido, lo que ha atraído a este negocio a fondos de inversión, constructoras y aseguradoras, que se reparten un pastel de 1.400 millones. Y crecen los seguros de decesos, que ya pagan 20 millones de españoles. Todo ello ha alimentado una “burbuja” de tanatorios por toda España, medio vacíos, y un “boom” de empresas que cierran o son absorbidas por las cinco grandes funerarias, que controlan el mercado. Un mercado con poca competencia y muchos abusos, por falta de una Ley que preparó Zapatero y que el PP no ha aprobado. Ahora, algunos Ayuntamientos (Madrid) se plantean municipalizar las funerarias, privatizadas las últimas décadas. Hay que aplicar transparencia y competencia, para que no hagan un negocio abusivo con la muerte.
 

enrique ortega

Este año 2015 habrá en España más muertes que nacimientos, por primera vez desde la Guerra Civil, según las previsiones demográficas del INE. Ello se debe a una caída de la natalidad y a que los fallecimientos están aumentando desde 1.976, por el envejecimiento de la población española, que cada vez vive más años: si en 1941, la esperanza de vida de los españoles era de 50 años, en 1976 era ya de 73,34 años, en 2014 era de 82,4 años y para 2060 alcanzará los 90,95 años, el doble de vida que a comienzos del siglo XX. De hecho, España es el séptimo país más longevo del mundo, tras Hong Kong (83,5 años), Japón (83,1), Italia (82,9 años), Suiza (82,7 años) y Francia (82,6 años).

Vivimos más años y hay cada vez más viejos pero acaban muriendo, claro. Este año 2015 se superarán de nuevo los 400.000 fallecimientos (como en 2012) y las muertes seguirán aumentando en las próximas décadas, según las previsiones demográficas del INE: 411.392 fallecimientos en 2028, más de 500.000 en 2050 y 559.000 en 2.063. O sea, pasaremos de los 1.100 entierros diarios de este año a 1.534 dentro de cincuenta años.

Así que la muerte es “un negocio con futuro”. Antes, los fallecidos se velaban en casa y solo se generaba actividad con los ataúdes, nichos y lápidas. Pero a partir de los años 70 (el primer tanatorio se creó en Barcelona en los años sesenta), surgió un negocio nuevo: la oferta de servicios funerarios completos a las familias de los fallecidos. Primero fueron compañías de seguros las que crearon empresas funerarias y luego invirtieron en ellas constructoras y pequeños empresarios locales. Y ya en este siglo, con el boom de la construcción y el tirón de ingresos de los Ayuntamientos, proliferaron como hongos los tanatorios y crematorios municipales, prácticamente en todos los pueblos y ciudades de más de 10.000 habitantes. Y ahora nos encontramos con “una burbuja”: miles de tanatorios medio vacíos, a pocos kilómetros unos de otros, muchos ruinosos y otros absorbidos por las grandes empresas del sector, que han comprado a las pequeñas y medianas más rentables.

Este “boom”  de tanatorios y empresas funerarias se ha gestado al amparo de otro “boom”, el de los seguros de decesos, esas pólizas que se pagan cada mes para que las aseguradoras se hagan cargo de todos los servicios funerarios cuando uno fallece. Curiosamente, son los segundos seguros más populares en España (tras los del automóvil): ya hay 20,9 millones de españoles cubiertos por este seguro, un 44% de la población, porcentaje que aumenta en algunas autonomías (74% de la población lo tiene en Extremadura, 67% en Andalucía y 60% en Asturias). Es un seguro que se contrata más entre las familias con rentas bajas (lo tienen el 50% de hogares con ingresos menores de 1.000 euros al mes) y sobre todo los que tienen entre 35 y 39 años, según datos de Unespa .Su coste es bajo, unos 12 euros por persona al año, pero al final de la vida  se acaba pagando el triple de lo que cuestan los servicios funerarios, según un estudio del Instituto de Empresa.

El seguro de decesos es el seguro que más ha crecido con la crisis y ya ingresa2.087 millones de euros en primas (2014), la quinta parte que el seguro de coches (9.882 millones). Es curioso que este sea un seguro “tipical spanish”, que no existe apenas en el resto de Europa, donde las familias pagan un seguro para que les abonen los gastos funerarios pero no un seguro para que una empresa se ocupe de todo a la hora de la muerte. Parece que el origen de este “boom” en España está en los años sesenta, cuando millones de españoles emigraron del campo a la ciudad: contrataban una póliza de decesos para asegurarse de que cuando murieran alguien se iba a preocupar de que volvieran al pueblo para ser enterrados. Y muchas empresas de las que vendían esas pólizas montaron empresas funerarias para ofrecer los servicios. Es el caso de Mapfre (que posee el 66% de Funespaña), Santa Lucia (dueña de Albia), Seguros Ocaso (dueña del grupo Servisa): entre las tres controlan el 73% de estas pólizas de decesos.

Las  pólizas de decesos pagan el 60% de los servicios funerarios en España hoy. El resto son entierros que han de pagar las familias, un coste medio de 3.500 euros por fallecimiento, según un estudio de la OCU (2003). El coste depende mucho de la ciudad  donde se muera y de los servicios que se contraten: es más cara una sepultura (unos 18.000 euros) que un nicho (desde 1.000 euros) y más barata la incineración, aunque como está ya más extendida (se hace en el 30% de los fallecimientos), su coste está subiendo (unos 657 euros de media, según la OCU). Y luego están los “extras”, desde las flores a las esquelas y “ceremonias”. Desde septiembre de 2012, los servicios funerarios han subido en España, porque Montoro les subió el IVA, del 8 al 21% (unos 300 euros por entierro). Las empresas del sector se quejan de que España tiene el IVA funerario más alto de Europa y recuerdan que 8 países tienen el IVA cero (Francia) y 5 países más lo tienen reducido.

El hecho es que el negocio de la muerte ha aguantado bien la crisis, aumentando los ingresos con nuevos servicios que aumentan las facturas: servicios psicológicos, gestión de pensiones de viudedad, ceremonias de recuerdo, webs con la vida del finado, contratación de veleros o helicópteros para tirar al mar las cenizas del fallecido y hasta cementerios y servicios para mascotas (con enterramientos y lápidas de perros y animales de compañía). El caso es que el negocio de la muerte mueve en España unos 1.400 millones de euros al año y atrae a múltiples inversores, desde fondos a constructores y aseguradoras. En total, hay 1.830 empresas de servicios funerarios en España, según el INE, pero la mayoría son pequeñas, locales y con poca facturación. El grueso del negocio se lo llevan las 5 grandes grupos de servicios funerarios: grupo Mémora (12% del mercado, creada por la constructora Acciona, que la vendió en 2008 al grupo de capital riesgo británico 3i), Funespaña (Mapfre, 8,7% de cuota tras adquirir 100 empresas en los últimos 25 años), Albia (Santa lucía), ASV y grupo Servisa (Ocaso). Y varios de ellos operan también fuera de España.

El problema de esta gran concentración es que las grandes empresas funerarias se han repartido el mercado y fijan unas condiciones de “cuasi-monopolio” donde operan, impidiendo la entrada a otras empresas. Y todo ello, en perjuicio del usuario, que ha de aceptar precios y condiciones, en un momento muy doloroso donde no está para comparar o regatear precios. De hecho, son múltiples las denuncias de pequeñas funerarias contra las grandes, lo que llevó al Gobierno Zapatero a aprobar una Ley de Servicios Funerarios, en junio de 2011, Ley que incluía dos cambios claves: suprimía la exigencia de que una empresa funeraria estuviera autorizada en el lugar donde iba a recoger al fallecido o donde lo iba a enterrar y suprimía también la obligación de esperar 24 horas desde la muerte para trasladar el cadáver, dos requisitos que de hecho impiden que una funeraria de provincias se ocupe del enterramiento de alguien fallecido en Madrid o Barcelona, por ejemplo. Pero esa Ley no llegó a aprobarse, porque antes acabó la Legislatura, y el PP nunca volvió a pensar en esta reforma, aunque  la ha prometido a Bruselas (Plan Nacional de Reformas 2014) y a pesar de que se lo ha pedido en 2014 la Comisión de la Competencia (CNMC), que habla incluso de “connivencia entre empresas y Ayuntamientos” para impedir la libre competencia en los cementerios y servicios funerarios, en perjuicio de los usuarios. Ya un informe del Tribunal de Cuentas denunciaba en 2006 grandes diferencias de precios entre ciudades y la falta de transparencia en el sector.

Entre tanto, muchos de los nuevos Ayuntamientos surgidos el 24-M se plantean qué hacer con los servicios funerarios municipales, que en muchas ciudades y pueblos fueron “privatizados”, para quitarse problemas y pérdidas, lo que provocó un encarecimiento de los servicios y bastantes corruptelas. El caso más escandaloso es el de Madrid, cuyo Ayuntamiento (PP) privatizó en diciembre de 1992 el 49% de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSF) , adjudicándosela a Funespaña (Mapfre) por 100 pesetas (60 céntimos de euro), con la excusa de que tenía 84 millones de deuda. En tres años, la empresa privatizada había enjugado la deuda y ganaba ya 9 millones. Y tras un larguísimo proceso judicial, la Audiencia Provincial de Madrid dictaminó, en 2008, que la privatización podría haber reportado al Ayuntamiento un ingreso de 7,4 millones (en vez de 60 céntimos).Y condenó a 2 años de inhabilitación al que había sido primer teniente de alcalde (Huete), además de atribuir al consejero y al vicepresidente de Funespaña (imputado por otras causas y gerente aún hoy de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios) los delitos de falsedad documental y fraude a Hacienda, ya prescritos. La nueva alcaldesa de Madrid ha dicho que cuando expire la concesión, en septiembre de 2016, los servicios funerarios serán municipalizados, mientras Funespaña (Mapfre) pide 25 millones de compensación (de reservas no distribuidas).

La privatización de los servicios funerarios municipales está extendida por toda España, con otro ejemplo destacado en Barcelona, donde en 1998 se vende el 49% de los servicios funerarios (lo compra la norteamericana SCI, antecesora del grupo Mémora) y en 2011 se vende otro 36%, con lo que el 85% de la funeraria municipal barcelonesa está en manos privadas (grupo Mémora), como sucede en otras capitales, aunque en la mayoría lo que se ha privatizado es la gestión. Ahora, los nuevos Ayuntamientos, controlados en gran parte por la izquierda, se plantean si seguir así y esperar al fin de las concesiones o romper los contratos (mucho más caro).

Privados o municipales, los servicios funerarios tienen que ser sometidos a un serio ejercicio de transparencia (para clarificar tarifas y costes, unificando precios) y competencia, evitando monopolios de hecho, con la ayuda de los Ayuntamientos que les han dado la concesión de los servicios. Hace falta recuperar la Ley de 2011 y forzar esa competencia y transparencia, evitando abusos a los usuarios (ver web) en momentos tan dolorosos. Ya bastante dura es la muerte de un ser querido como para que encima nos engañen y arruinen el bolsillo. Pongan orden para poder morir en paz.