España se internacionaliza

España fue el país europeo que más cayó con la pandemia y ahora crecemos 4 veces más que la media, gracias a dos motores: exportaciones y turismo. En el primer trimestre, las ventas al exterior (récord histórico) y los turistas y su gasto han sido responsables de dos tercios del crecimiento español (4,2% anual), ayudados por los bajos salarios y una inflación inferior al 2%, que nos hacen mucho más competitivos. Con ello, la economía lleva 15 años “internacionalizándose”: 4 de cada 10 euros que se generan en España los compran extranjeros, lo que sostiene el crecimiento y el empleo (más de 4,6 millones de trabajos dependen del exterior). Y España ha cambiado su tradicional “déficit con el exterior” (falta de divisas), que nos limitó durante décadas, por 11 años con “superávit exterior”, el 4º más elevado en Europa  (tras Alemania, Holanda e Irlanda). Hay que “mimar” a las exportaciones y al turismo, que están “salvando” la economía. Mientras, España busca su lugar en la nueva “desglobalización” mundial.

Enrique Ortega

España ha recuperado en el primer trimestre el PIB que teníamos antes de la pandemia. Fuimos el país europeo donde la economía más cayó en 2020 (-11,3%, frente al -5,7% en la UE-27), por el enorme peso que tienen el turismo y los servicios (colapsados por el COVID), y somos también uno de los paises donde más ha crecido la economía en 2021 (+5,5%), 2022 (+5,5%) y primer trimestre de 2023 (+0,6%, frente al +0,1% en la UE-27). Y curiosamente, el motor de esta recuperación post pandemia es el sector exterior: las exportaciones y el turismo son responsables de dos tercios del crecimiento del primer trimestre, según el INE: aportaron el  2,8% al 4,2% anual que creció la economía española en el primer trimestre de 2023. Y aunque no tanto, las exportaciones y el turismo también “nos salvaron” en 2022 (aportaron casi la mitad del crecimiento total: 2,6% del 5,5% que aumentó el PIB) y algo también en 2021 (0,2% del 5,5% que crecimos).

Las exportaciones españolas crecen imparables. Entre enero y abril de 2023, último dato publicado, habían crecido un +9,2%, alcanzando los 132.026 millones de euros vendidos fuera, un máximo histórico y +26% que en el primer cuatrimestre de 2019, antes de la pandemia. Lo que tira de las exportaciones españolas son las ventas de maquinaria y bienes de equipo (+20,5% este año), los automóviles (+26,5%) y la exportación de alimentos (+9,2%). Y estas exportaciones crecen a Europa (+10,2%), pero más a EEUU (+10,4%) y Latinoamérica  (+25%), aunque crecen menos las ventas a China (+3,3%) y caen a Oriente Medio (-9,7%) y África (-9,7%). Las importaciones españolas crecen menos en los 4 primeros meses de 2023 (son 142.980 millones de euros, un +0,2%), debido a la menor factura de la energía. Y con ello, el déficit comercial (importaciones-exportaciones) ha caído a la mitad en el primer cuatrimestre: -10.954 millones, frente a -21.811 millones de enero a abril de 2022. Así que exportamos mucho más e importamos casi lo mismo, lo que nos ayuda a crecer.

El otro motor del crecimiento, este año y los dos anteriores es el turismo. Hasta finales de mayo de 2023, llegaron a España 29.178.962 millones de turistas extranjeros, un 28% más que el año pasado y sólo 167.000 menos que en los 5 primeros meses de 2019, antes de la pandemia (se espera que en junio, el acumulado de turistas supere ya al de 2019). Y lo más importante: estos turistas extranjeros se han gastado en España, de enero a mayo, 35.405 millones de euros, un 32% más que el año pasado y +16% que en los 5 primeros meses de 2019. Junto a este empujón del turismo, hay otro empujón que no se ve tanto: las exportaciones de servicios no turísticos: ingresos en España de trabajos que hacen en el extranjero consultoras españolas, bancos y financieras, empresas de transporte, constructoras y múltiples compañías españolas que prestan servicios en el extranjero. Una “exportación” que no sale en barco o avión o que no son los turistas, pero que aporta un buen pellizco a la economía española, el crecimiento y el empleo. Sólo en 2022, estas exportaciones de servicios ingresaron 160.000 millones de euros (+58% que en 2021), casi el doble que los ingresos por turismo (87.061 millones en 2022, +149% que en 2021).

El boom de las exportaciones españolas, el turismo y las exportaciones de servicios lleva años. Si tomamos las exportaciones de los últimos 12 meses, España ha superado ya en abril los 400.000 millones de exportaciones anuales (400.310 millones), una cifra que supone casi triplicar lo que España exportaba en 2010 (159.889 millones) y un tercio más que las exportaciones logradas en 2019 (290.892 millones), antes de la pandemia. Este salto nos da idea del “boom” exportador de España, que ya dura 12 años: cada año vendemos más mercancías fuera, desde 2010. Y otro dato muy explícito: las exportaciones españolas llevan 2 años largos creciendo más que el resto de exportaciones europeas. Sólo este año 2023, de enero a abril, aumentan un +9,2%, más que las exportaciones de Alemania (+5,3%), Francia (+7,2%), Italia (+6,8%), EEUU (+3,2%) y Japón (+4,2%), sólo por debajo del aumento exportador de Reino Unido (+11,6%) y China (+10,6), según Comercio.

¿Por qué crecen más las exportaciones españolas que las de la mayoría de paises? Básicamente, porque la crisis financiera de 2008, primero, y la pandemia y la inflación de 2020 a 2022, después, han forzado a las empresas españolas a buscar mercados fuera y dar un tirón a sus exportaciones desde 2010. No en vano, las exportaciones y el turismo es la 2ª vez que nos salvan ahora de una crisis, tras hacerlo entre 2009 y 2013. En estos años, la economía española estuvo en recesión, con caídas del PIB que hubieran sido mucho mayores si no hubieran crecido esos años malos las exportaciones, el turismo y las exportaciones de servicios. En 2009, por ejemplo, el PIB español cayó un -3,6%, pero hubiera caído casi el doble si el sector exterior no hubiera aportado un +2,8% al crecimiento ese año. Y también en 2020, el sector exterior cayó menos (-1,9%) que el conjunto de la economía (-11,3%).

Lo que ahora está ayudando a los exportadores españoles de bienes y servicios (y al turismo) son 2 factores: los bajos salarios y la baja inflación, que mejoran la competitividad de los productos y servicios españoles en el extranjero. Los datos son muy explícitos. En 2022, el salario medio por hora en España era de 23,5 euros, un -23% que la media salarial en Europa (30,5 euros/hora en la UE-27), un -40,5% inferior al salario hora en Alemania (39,5 euros) y un -42,5% más bajo que en Francia (40,8 euros/hora). Así que los bajos salarios en España, que apenas han subido estos años de alta inflación, son el gran arma de los exportadores españoles, además de sus esfuerzos por internacionalizarse. La otra “arma” es que tenemos la inflación mucho más baja que en el resto de Europa, por la menor dependencia del gas ruso y las medidas anti inflación tomadas por el Gobierno Sánchez: en junio de 2023, la inflación en España era del 1,6% (dato armonizado con la UE-27), frente al 5,5% de media en la zona euro, el 6,8% en Alemania, 6,7% en Italia y 5,3% en Francia, según Eurostat. Menos inflación y menos costes laborales ayudan a vender el “made in Spain”…

Este salto en las exportaciones españolas de bienes y servicios (incluido el turismo) ha provocado un cambio estructural en la economía española en las dos últimas décadas: su internacionalización. En 2022, las exportaciones totales de bienes y servicios aportaron casi el 42% del PIB, cuando entre 2000 y 2010 sólo aportaban el 26% del PIB. Eso significa, a lo claro, que 4 de cada 10 euros que se generan en España los vendemos a extranjeros, una actividad clave (exportaciones, turismo y exportaciones de servicios) para mantener el crecimiento (dos tercios) y el empleo (4,6 millones) dentro de España. Este cambio ha revolucionado la economía española, aislada del mundo durante décadas. Y con ello, España ocupa el 19º puesto en el ranking de exportadores mundiales, según la OMC. Y dentro de Europa, somos el 8º país más exportador (las exportaciones sólo de mercancías suponen el 30% del PIB), tras Bélgica (exporta el 109,9% de su PIB), Paises Bajos (97,8%), Suiza (49,66%), Austria (44,9%), Alemania (exporta el 40,7% de su PIB), Portugal (32,79%) e Italia (32,72%), por delante de Francia  (exportan el 22,25% de su PIB).

Hay otro cambio estructural importante, que se ha consolidado en la última década: tenemos superávit con el exterior. En el pasado, desde el franquismo a la democracia, una “lacra” de la economía española era que teníamos un “agujero con el exterior”: comprábamos fuera (importaciones) más de lo que vendíamos y los ingresos por turismo y exportaciones de servicios “no tapaban este agujero”. Y teníamos que endeudarnos, en divisas, para que el país siguiera funcionando, lo que limitaba nuestro margen de maniobra e independencia económica. Para que se vea la gravedad del problema: entre 1961 y 2012, España tuvo déficit con el exterior 45 de esos 52 años… Una tremenda “hipoteca” económica. Pero en 2013, la situación cambió radicalmente: tuvimos “superávit “con el exterior (+7.130 millones). Y así año tras año, hasta 2022 (+7.259 millones), con “picos”  en 2016 (+22.306 millones) y 2019 (+26.236 millones). Y tenemos superávit porque se han disparado las exportaciones, los ingresos por turismo y por exportaciones de servicios no turísticos. En el primer trimestre de 2023, el superávit exterior de España es de +10.300 millones de euros, el 4ª mayor superávit de la UE, tras Alemania (+69.900 millones), Paises Bajos (+25.900 millones) e Irlanda (+13.600 millones), según los datos de Eurostat.

Así que ahora, gracias a las exportaciones, el turismo y las ventas de servicios al exterior, España se ha internacionalizado y “juega en otra Liga” en Europa, la de los paises donde una gran parte del crecimiento, el empleo y la riqueza se consiguen compitiendo por el mundo. Ahora, con “superávit” exterior, ingresamos más divisas de las que gastamos y esto nos da una mayor autonomía económica como país. Podemos importar más, invertir más fuera y devolver parte de la deuda que acumulamos cuando nos faltaban divisas. De hecho, esta década de superávit exterior nos ha permitido reducir la deuda externa neta: de rozar el billón de euros en 2013 (96,2% del PIB) se bajó a 926.100 millones en  2019 (74,4% PIB), a 802.400 millones en 2022 (el 60,5% PIB) y 826.100 millones este primer trimestre (60,7% del PIB), un tercio menos que hace una década. Un país más saneado frente al exterior.

La internacionalización de la economía española se apoya en un aumento de la inversión española en el extranjero y también en la creciente inversión extranjera en España. Sólo en 2022, las empresas españolas invirtieron 29.000 millones de euros en el extranjero (+33% sobre 2021), mientras España se ha consolidado como el 2º país europeo (tras Francia) que recibe más inversión extranjera: 34.178 millones en 2022 (+13,9%), la 2ª cifra más alta recibida nunca, la mayoría de inversores USA (27,7% del total), de Reino Unido (17,8%), Alemania (14%), Francia (10%) y Australia (4%). Junto a estos “cimientos” inversores, las empresas española han tejido una red mundial de filiales y empresas, para apoyar su esfuerzo exportador. Y eso ha mejorado el índice de solidez de la internacionalización de España, que elabora AMEC y que mide 19 indicadores: si en 2014 era 5,95 puntos, ahora ha subido a 7,36 sobre 10. Un notable que mide el esfuerzo exterior de España.

Los avances en la internacionalización de las empresas españolas son evidentes, según AMEC: mayor presencia y cuota de mercado, mayor participación en las cadenas de valor mundiales, mayor intensidad tecnológica y digitalización. Pero seguimos teniendo 4 retos pendientes. Uno, la excesiva concentración de las exportaciones (y el turismo) en Europa, donde van el 75,2% de las exportaciones españolas (y sólo un 7,8% van a USA, China y Japón, que suponen el 28% de las importaciones mundiales). Dos, la excesiva concentración de las exportaciones en 25 grandes empresas (exportan el 25,8% del total), mientras sólo 43.179 empresas exportan de forma regular (más de 1.000 euros) y únicamente 4.631 empresas exportan más de 50 millones de euros. Tres, que el 77,2% de toda la exportación se concentra en 6 autonomías (Cataluña, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia), mientras las 11 restantes apenas exportan. Y cuatro, que las exportaciones españolas tienen “poco valor añadido”: sólo el 6,8% de lo exportado incluye tecnología avanzada, frente al 17,7% en la UE.

Ahora, España tiene otro reto, como la mayoría de Europa: buscar su lugar en el nuevo mapa mundial del comercio y la desglobalización. Tras la pandemia y la guerra de Ucrania, se han trastocado las cadenas de valor y muchos paises están optando por acercar y diversificar sus cadenas de suministros. Y está creciendo el proteccionismo entre bloques (las barreras al comercio se han multiplicado por 10 en la última década), con EEUU y China en cabeza y Europa buscando su hueco en la futura globalización (o desglobalización). Todo esto a suponer una revolución en los próximos años, con industrias que se van a relocalizar, modificando las pautas mundiales del comercio. Lo normal es que España se recoloque en línea con Europa, pero buscando ampliar su presencia comercial e inversora en tres zonas donde tenemos una ventaja comparativa: Latinoamérica, Oriente Medio y África.

En definitiva, que España ha dado un salto de gigante en la internacionalización de su economía y de sus empresas, que han de afrontar sus retos propios (excesiva concentración en Europa y algunas autonomías, pocas empresas exportadoras y bajo valor añadido de lo que vendemos) y los retos derivados de un cambio en la globalización. Por eso, el futuro Gobierno debería “mimar” a las exportaciones, el turismo y los servicios en el extranjero, porque son claves en la economía, el crecimiento y el empleo (4,6 millones de empleos dependen del sector exterior). Eso exige ayudas a las empresas (sobre todo a las pymes), plataformas de venta del “made in Spain”, financiación asequible y una política económica volcada en apoyar a las empresas españolas en el extranjero. Abrirnos aún más al mundo. Ahí nos jugamos el futuro.

Competencia vigila los seguros médicos

Las listas de espera en la sanidad pública siguen disparadas y eso alimenta la contratación de seguros médicos privados: son los seguros más contratados y han crecido otro 7,5% este año. Las aseguradoras se aprovechan, con subidas de tarifas reiteradas: +34,8% en 6 años. El problema es que, con 12,5 millones de asegurados, los seguros médicos privados se han masificado y hay también listas de espera. Mi caso: 10 meses de demora para el dermatólogo en la sanidad pública y 3 meses en el seguro privado. Además, muchos médicos se quejan de que las aseguradoras apenas les pagan por consulta, aparte de presionarles para que reduzcan tiempos y pidan menos pruebas. Por ello, la Comisión de la Competencia (CNMC) ha abierto una consulta a médicos, pacientes y aseguradoras, para investigar los seguros médicos. Temen que haya concentración (5 aseguradoras controlan el 71,7% de las pólizas) y algunas tienen también hospitales (son juez y parte…). Y hay asegurados con problemas médicos que no pueden cambiarse, sobre todo mayores. Falta transparencia. 

Enrique Ortega

En España hay un desequilibrio creciente entre la sanidad pública, que va a menos, y la sanidad privada, que va a más. En 2020, el gasto público en sanidad era de 82.094 millones (+2.285 millones que en 2010, +2,8%), el 7,9% del PIB, muy por debajo de la media de gasto sanitario público de la OCDE (10,8% del PIB) y de Alemania (12,8%), Francia (12,2%), Reino Unido (12%), Suecia o Austria (11,5%), Paises Bajos y Bélgica (11,5%), Portugal (10,6%) o  Italia (9,6% del PIB). Mientras estamos a la cola de gasto público en sanidad, España es el 4º país occidental con más gasto privado en sanidad: 32.140 millones de gasto en 2022 (+2.442 millones que en 2010, +2,8%), el 2,9% del PIB, muy por encima de la media de gasto sanitario privado en la OCDE (2,3% del PIB), sólo por detrás del gasto en Portugal (35,5% del PIB), Suiza (30,1%) y Polonia (22,7%), y muy por encima del gasto sanitario privado en Alemania y Francia (1,9% del PIB), Reino Unido (2,9%) e Italia (2,3% del PIB), según los últimos datos de la OCDE.

En realidad, el gasto privado en sanidad es mayor, porque una parte del gasto público del Sistema Nacional de Salud (SNS) acaba en la sanidad privada, en forma de pago de conciertos para que los hospitales privados atiendan a pacientes de la pública. En 2020, esos conciertos desviaron 8.582 millones de fondos públicos a la sanidad privada, con lo que el gasto sanitario privado real fue de 40.727 millones de euros, frente a 79.476 millones de gasto sanitario público real. A lo claro: que un tercio del gasto sanitario que se hace en España (seguros médicos y pago de consultas) se lo lleva la sanidad privada. Hace una década, en 2010, el gasto sanitario privado rondaba los 27.000 millones de euros, el 25,6% del gasto sanitario total. Así que la sanidad privada ha pasado de ser la cuarta parte a un tercio, lo que demuestra la progresiva privatización de la sanidad en España.

El motor de este crecimiento de la sanidad privada somos los pacientes, que cada vez gastamos más en seguros médicos y en el pago de servicios médicos privados, en clínicas y hospitales. Y sobre todo, después de la pandemia. Así, en 2022, el gasto médico privado fue de 671 euros por español (601 euros pagábamos en 2010), frente a 2.022 euros de gasto público por habitante (1.595 en 2019), según el último informe de la Fundación Idis (sanidad privada). La mayor parte de este gasto sanitario privado (497 euros en 2022) lo hacemos al ir a clínicas o médicos privados y pagar directamente el servicio, pero otra parte, 174 euros por habitante en 2022, se destina a pagar un seguro médico privado (148 euros pagábamos de media en 2019). Y hay enormes diferencias en este pago de un seguro privado según autonomías: en Madrid pagamos de media 599 euros anuales por habitante, en Baleares 293 euros, en Cataluña 270 euros, en el País Vasco 196 euros y en Aragón 178 euros, mientras rondan los 100 euros anuales por habitante el gasto en seguros médicos en Navarra (96), Cantabria (101) y Murcia (102 euros por habitante).

Este gasto de los españoles en seguros médicos se ha disparado en la última década, alentado por el deterioro de la sanidad pública y las listas de espera, que no paran de crecer: en diciembre de 2022, había 793.521 españoles esperando una operación (120 días de espera media y la quinta parte más de 6 meses) y una espera media para ir al especialista de 95 días (más de la mitad de los 85 por 1.000 habitantes que esperan cita se encuentran con una demora de más de 3 meses). Esta abultada lista de espera en la sanidad pública ha disparado los seguros médicos privados, que llevan años siendo los que más crecen (más que el automóvil y el seguro de hogar): en 2022 se pagaron primas de seguros médicos por 10.543 millones de euros (+43% sobre 2015) y este primer trimestre de 2023 ya se han pagado seguros médicos por 2.944 millones (+7,5%), otro récord. Y se estima que 12,5 millones de españoles tienen un seguro médico privado, el 26% de la población. Un porcentaje que es mayor en Madrid (37,7%), Cataluña (31,2%) y Baleares (30,3%), según los datos de la patronal UNESPA.

La fuerte demanda de seguros médicos ha disparado sus precios, aunque junto al coste medio de los seguros en vigor se vendan seguros médicos “low cost”, “desde 9 euros al mes”. Sólo este año, de enero a mayo, los seguros médicos han subido un +8,4%, según el INE, casi el triple que la inflación general (+3,2% en mayo). Y si buscamos la subida de los 5 años anteriores (+26,4%), concluiremos que los seguros médicos han subido un +34,8% entre 2018 y 2023, el doble que la inflación global (+16,9% estos 6 años) y casi el triple de lo que han subido los salarios estos años (+13,29%). Y la tendencia es que sigan subiendo más que la inflación, por la fuerte demanda y los costes crecientes de la atención médica.

Dividiendo las primas que pagan por los seguros médicos esos 12,5 millones de asegurados, sale un coste medio de 880 euros anuales por asegurado, unos 75 euros mensuales por persona. El” truco”, como en otros seguros, es una “guerra de precios” para captar nuevos clientes, ofreciendo pólizas muy baratas (unos 20 euros al mes), con bajas coberturas, muchos copagos y basadas en “la atención online”. Incluso se utilizan las redes sociales y plataformas digitales para vender seguros médicos “low cost”. Pero luego, esos seguros suben y los asegurados buscan mayores coberturas, con lo que acaban pagando mucho más. Una familia media está pagando ya entre 150 y 200 euros mensuales, duplicando ese coste si los padres superan los 45 años. El perfil de los que pagan un seguro médico privado, según UNESPA, son  los que tienen entre 30 y 65 años (el 51% de los asegurados), destacando el poco peso de los mayores de 70 años: sólo el 6% tienen un seguro médico privado, por su alto coste y las dificultades para contratarlo.

La masificación de los seguros médicos privados (hay 1,5 millones más que antes de la pandemia) está provocando problemas a los asegurados: se ha deteriorado la atención y hay más listas de espera para ir a un médico y hospital privado. Mi caso: la sanidad pública me ha dado cita dentro de 10 meses para la consulta de un dermatólogo y mi seguro privado me da 3 meses… Los sindicatos del sector denuncian demoras de 3 meses para un dermatólogo, mes y medio para una resonancia, dos meses para traumatología y un mes para el pediatra o la revisión ginecológica… Y eso pagando un costoso seguro mensual. El mayor colapso se da en Madrid (hay 2,5 millones de asegurados), Barcelona y Baleares, pero también en ciudades más pequeñas y en algunas especialidades.

En paralelo, los médicos que trabajan para las aseguradoras y hospitales privados se quejan de que tienen demasiados pacientes y que en algunos casos les han pedido acelerar el tiempo de consulta (“no más de 10 minutos”), como en la pública. Y “pedir menos pruebas”, para abaratar costes. Pero las mayores quejas de los médicos son que las aseguradoras les pagan poco por atender a esos pacientes privados. Ya hay una plataforma de médicos, Unipromel, que defiende subir las tarifas, porque son las mismas que hace 30 años. Aseguran que están cobrando entre 7 y 12 euros por consulta y 229 euros por una operación de apéndice, por ejemplo. Y que en el caso de médicos autónomos, que trabajan en hospitales, tienen que pagarles un 30% de comisión por usar sus instalaciones. En general, se quejan de que son miles de médicos sin capacidad de negociación, a los que las aseguradoras les imponen sus tarifas y condiciones, sin repercutirles la subida de los seguros.

En medio de este panorama, la Comisión de la Competencia (CNMC) abrió el 24 de marzo una “consulta” sobre los seguros médicos privados, para que les mandaran opiniones médicos, pacientes y aseguradoras. Al cerrarse el plazo de recepción de opiniones, el 26 de mayo, la CNMC se vio sorprendida por una avalancha de respuestas (690), la mayoría críticas, sobre todo de médicos y pacientes. Ahora, la Comisión está investigando estas quejas y emitirá un informe, con medidas y propuestas, para finales de 2024.

La Comisión de la Competencia (CNMC) está preocupada por 3 prácticas que han observado en los seguros médicos. La primera un exceso de concentración en el sector: las 5 mayores aseguradoras copan el 71,7% del mercado, según los datos de 2022. Son SegurCaixa Adeslas (controlada en un 50% por Mutua Madrileña y un 49% por VidaCaixa Group), con el 28,9% del mercado (3.054 millones de primas) , Sanitas (propiedad de la multinacional británica BUPA), con el 15,4% (1.633 millones), Asisa (propiedad de la cooperativa médica Lavinia, dueña de los hospitales HLA), con el 13,3% de cuota (1.403 millones), DKV Seguros (filial de la aseguradora alemana DKV), con otro 7,3% (775 millones) y Mapfre (propiedad de la aseguradora española, varios Fondos de inversión y Allianz),con el 6,8% restante (714 millones). Y si añadimos las 5 siguientes, la sociedad vasca IMQ (2,5%, tras comprar un 50% Adeslas en 2022), la aseguradora Axa (2,4%), Asistencia Médica Colegial (2%), FIATC (1,7%) y Caser (1,6%), el Top 10 de las aseguradoras acapara el 81,9% de los seguros médicos privados en España. Una fuerza tremenda para imponer precios a los asegurados, a los médicos y a los hospitales privados.

La 2ª preocupación de la CNMC sobre este sector es la creciente integración entre aseguradoras y hospitales privados: cada vez hay más participaciones cruzadas y eso puede provocar que la atención médica se rija por criterios comerciales en lugar de sanitarios si los dueños de los hospitales (y los jefes de los médicos) son las aseguradoras. Es el caso de Sanitas, que cuenta con 4 hospitales propios (3 en Madrid y uno en Barcelona) más 20 Centros multiespecialidad, además de los 240 hospitales concertados. Y Asisa es dueña de los 17 hospitales HLA, con casi 10.000 médicos, 36 Centros médicos especializados y Asisa dental. También DKV tiene 22 espacios de salud propios, además de los 1.000 centros concertados. Y Adeslas cuenta con 27 Centros propios, además de 1.300 Centros y 216 hospitales concertados. Aseguradoras que son “juez y parte” en esta atención sanitaria.

La 3ª preocupación de la CNMC son los “pacientes prisioneros de sus aseguradoras”. El origen del problema es que se disparan las primas si alguien tiene una enfermedad previa a contratar un seguro. Pero si la enfermedad llega después, la aseguradora no le puede subir la prima por ello. Pero el paciente está “prisionero”, porque si quisiera cambiar de aseguradora, tendría problemas para hacerlo (si tiene problemas con una rodilla, por ejemplo, eso se excluye del futuro seguro) o le subiría mucho más el seguro. Así que, a partir de una determinada edad y los consiguientes achaques, uno es “prisionero” de su seguro médico.

Todo esto es lo que ahora investiga la CNMC, con los testimonios de asegurados, médicos, aseguradoras y hospitales, aunque cualquier medida o denuncia no será realidad hasta 2025. Mientras, la sanidad pública sigue con sus problemas y no parece que mejorar su atención sea una prioridad de los nuevos gobiernos autonómicos. Mientras, crecen las listas de espera en la sanidad pública, lo que ya empieza a preocupar a la sanidad privada: “estamos sufriendo masificación en algunos hospitales y especialidades·, ha reconocido Juan Abarca, presidente del IDIS (sanidad privada), que ha pedido “tomar medidas para que la sanidad pública funcione de forma eficiente”. A lo claro: que se mejore la sanidad pública, porque la situación actual les perjudica, al colapsar la sanidad privada.

En resumen, que los problemas no resueltos en la sanidad pública están empezando a contagiar a la sanidad privada y muchos asegurados se quejan de las listas de espera y el deterioro en la medicina privada que les cuesta mucho dinero cada mes. Urge tomar medidas y que el próximo Gobierno pacte un Plan de choque para reducir las listas de espera en la sanidad pública, reforzando la atención primaria y  las especialidades con más demora, junto a mejoras de las urgencias y los hospitales. Hasta la sanidad privada pide un Pacto para mejorar la sanidad pública, porque complica su negocio. Todo va a depender de los resultados electorales del 23 de julio, aunque no debería ser así: la sanidad es la prioridad para la mayoría y no puede seguir siendo un problema, con o sin seguro privado. Hagan algo.

España suspende en reciclaje

La Comisión Europea ha advertido a España: no cumplió los objetivos europeos de reciclaje de residuos en  2020 y va camino de incumplirlos también en 2025, igual que otros 17 paises comunitarios. El grave problema de España no es sólo que recicla poca basura (el 36,4% frente al 49% la UE) sino que envía demasiados residuos urbanos a los vertederos (el 52%, más del doble que el 23% de media europea), muchos de ellos vertederos ilegales. Las autoridades europeas exigen a España que seamos más ambiciosos en la gestión de los residuos, subiendo impuestos a las basuras y obligando a la recogida separada de residuos, junto a una lucha más decidida contra envases y plásticos. Mientras, ha cumplido 15 meses la nueva Ley de Residuos española, aprobada con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. Y resulta difícil avanzar en el reciclaje, por la oposición o pasividad de muchas empresas, particulares y Ayuntamientos. Nos jugamos tener un país más limpio, aunque haya que pagarlo. Reciclemos.

Enrique Ortega

España, al tener menos renta por habitante que buena parte de Europa, genera menos basura que la media europea: 472 kilos al año de residuos municipales por habitante, frente a 530 kilos de media en la UE-27, según Eurostat (datos 2021). Hay paises de la Europa rica del norte que generan muchos más residuos por habitante, como Dinamarca (786 kg), Bélgica (759 kg), Alemania (646 kg) , Finlandia (609 kg), Francia (561 kg) o Paises Bajos (515 kg), y otros de la Europa del sur con menos residuos, como Italia (487 kg) o Portugal (514 kg). El problema viene después, a la hora de gestionar estos residuos: normalmente, la Europa rica del norte recicla más y los paises pobres del sur reciclan menos.

Aquí está el problema de España: recicla poco y mal. En 2020, nuestro país reciclaba el 36,4% de los residuos urbanos, frente al 49% de media en Europa (UE-27) y porcentajes mucho más altos de reciclaje en la Europa rica: Alemania (reciclan el 67% de los residuos), Austria (62,2%), Paises Bajos (55%), Bélgica (54,2%), Dinamarca (53,9%), Luxemburgo (52,8%), Italia (51,4%), Francia (42,7%), Finlandia (41,6%) y Suecia (38,3%), según Eurostat. De hecho, España es el 10º país europeo que menos recicla, sólo por detrás de Malta, Chipre, Portugal, Grecia y 5 paises del Este. Y lo peor es que llevamos más de una década así: en 2008 reciclábamos el 40% de los residuos urbanos y después hemos estado entre un mínimo del 27% en 2011 y un máximo del 38% en 2019.

Lo peor es que la mayor parte de la basura que no se recicla en España acaba en vertederos, muchos de ellos ilegales y sin control. En 2020, el 52% de los residuos urbanos generados en España acababa en vertederos, frente a una media del 23% en la UE-27, según Eurostat. Con ello, España se coloca en el grupo de los 9 paises europeos más adictos al vertedero, donde tiran más del 50% de su basura, sin reciclarla: Malta (82,5%), Grecia (77,7%), Rumanía (74,3%), Chipre (67%), Bulgaria (61%), Croacia (55,7%), Hungría (54%), Letonia (52,8%) y España (52%). Algo que contrasta con la Europa más rica, donde hay 7 paises que tiran a los vertederos menos del 2% de su basura: Dinamarca (0,9% basura acaba en vertederos), Suecia (1%), Alemania y Finlandia (1%), Bélgica (1,1%), Paises Bajos (1,4%) y Austria (1,8%). Mientras, Francia envía a vertederos el 18,1% de sus residuos, Italia el 20,1% y Portugal el 47,5%.

El problema de España es que esta política de enviar la mayoría de la basura a vertederos viene de lejos: en 2016 se enviaba el 54%. Esta política nos ha causado ya graves problemas con las autoridades europeas: hay 3 sentencias contra España del Tribunal de Justicia de la UE por vertederos ilegales. Y el último informe de Bruselas (2018) denunciaba la existencia en España de 1.513 vertederos ilegales, la mayoría todavía sin cerrar hoy.

Y la tercera opción para los residuos urbanos, incinerar la basura (una fuente, además, de energía renovable), también se utiliza poco en España: se incineran un 11,6% de los residuos urbanos (2020), frente al 27,12% de media en la UE-27, el 32,2% en Alemania, el 38% en Francia y el 19,6% en Italia. En general, la construcción de incineradoras tiene un alto coste económico y provoca un rechazo social, por su posible contaminación y emisiones, además de suponer un alto coste por tonelada de basura incinerada, lo que lleva a muchas empresas a optar directamente por los vertederos.

La Comisión Europea lleva más de una década dictando normas para reciclar los residuos urbanos. Ya en 2008 aprobó la Directiva 2008/98/CE sobre gestión de residuos, con un doble objetivo: que los paises reciclaran el 50% de su basura para 2020 y sólo el 35% acabara en vertederos. Después, en 2018, la Comisión Europa aprobó unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el porcentaje de reciclaje al 55% para 2025 y al 65% en 2035. Y más recientemente, en junio de 2019, la Comisión aprobó otra Directiva europea para retirar del mercado los plásticos de un solo uso, dando un plazo de 2 años a los paises.

Ahora, el 8 de junio de 2023, la Comisión Europea ha publicado un informe sobre el cumplimiento por los paises de estos objetivos de reciclaje, en base a los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA). Y el balance es desolador: 18 paises comunitarios no han cumplido el objetivo de reciclar un 50% de sus residuos urbanos en 2020, entre ellos España. Es más corto dar la lista de los 9 paises que sí han cumplido: Alemania, Austria, Eslovenia, Paises Bajos, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Italia y república Checa. Y el otro objetivo, no enviar a los vertederos más del 35% de la basura, lo han incumplido también 13 paises de los 27: España, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Grecia, Hungría, Letonia, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovaquia. Resumiendo: la mayoría de Europa recicla mal.

Lo peor de este informe de la Comisión Europea sobre el reciclaje no es el balance de estos años, muy marcados por el COVID y sus esfuerzos extras para todos, sino el futuro, que prevén muy gris para el reciclaje. El primer objetivo, ampliar el reciclaje al 55% de los residuos urbanos en 2025 se ve muy difícil para la mayoría: de hecho, la Comisión Europea prevé que incumplan este futuro objetivo de reciclaje 18 paises, entre ellos España, los mismos que ahora. Y respecto al otro objetivo para 2035, rebajar al 10% el porcentaje de basura que acaba en vertederos, la Comisión Europea estima que habrá 13 paises europeos que lo incumplan también: España, Portugal, Grecia, Malta, Chipre, Chequia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Hungría, Letonia, Polonia y Rumanía.  

Hay un tercer objetivo europeo, sobre la recogida de envases. El primer objetivo europeo era la recogida del 60% de envases para 2020 y el 65% para 2025. España está entre los 18 paises europeos que sí cumplen hoy el objetivo (reciclan el 68,3% de los envases) y que pueden cumplirlo también en 2025. Sin embargo, la AEMA destaca que España ha reducido su reciclado de envases en los últimos 4 años y resalta que se puede haber producido una menor notificación de los residuos declarados por los productores. Esto coincide con las denuncias recientes de organizaciones ecologistas en España, que se quejan de manipulación en los datos de reciclaje por parte de Ecoembes.

Además del reciclaje de los envases genéricos, la Comisión Europea analiza las perspectivas de reciclaje  del papel y cartón (objetivo: reciclar el 55% para 2025), hierro y metal (reciclar el 65%), aluminio (50%), vidrio (reciclar 70%), plástico (reciclar el 50%) y madera (reciclar el 25%). La estimación de la Comisión es que todos los paises cumplirán los objetivos de reciclaje de papel y cartón salvo 4 paises (España, Croacia, Malta y Eslovaquia). Que en reciclaje de hierro y metal cumpla España y 21 paises más. Que en reciclaje de aluminio, no cumpla en 2025 ni España ni otros 8 paises más. En reciclaje de vidrio si piensan que puede cumplir España y 16 paises más, lo mismo que en reciclaje de madera. Y en el objetivo más ambicioso, reciclar la mitad de los plásticos, España y otros 18 paises corren el riesgo de incumplirlo, alcanzando sólo el objetivo en 2025 Bélgica, Alemania, Paises Bajos, Suecia, Letonia, Chequia y Eslovenia, según el informe de la Comisión Europea.

Las autoridades europeas piden a los paises un mayor esfuerzo para cumplir con los objetivos de residuos, aumentando el porcentaje de reutilización y reciclaje y reduciendo drásticamente el vertido de residuos, como medidas claves para “lograr la neutralidad climática, aumentar la seguridad del suministro de materias primas, el ahorro de energía y la dependencia europea de terceros paises”. Y dan varias recetas básicas, a España y al resto de paises: reciclar más, limitar los vertederos, aumentar la recogida separada de residuos orgánicos, reducir el consumo de plásticos y aumentar la recogida de envases. Para incentivar estas medidas, proponen subir las tasas a la basura y los impuestos al plástico, medidas que encarecerán los costes a empresas y consumidores.

España afrontó el grave problema de los residuos trasponiendo (con retraso) la Directiva europea de Residuos de 2008 y la de plásticos de 2019, aprobando el Gobierno Sánchez (en mayo de 2021) una Ley de Residuos que no se aprobó en el Congreso hasta el 31 de marzo de 2022, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular tiene 2 objetivos básicos: reducir los residuos generados (un -13% para 2025 y un -20% para 2030 sobre los generados en 2010) y aumentar su reciclado (será difícil alcanzar el objetivo europeo de reciclar el 60% de los residuos urbanos en 2030 si ahora estamos en el 36,4%). Y se añade un tercer objetivo para lograrlo: reducir un -50% los plásticos de un solo uso para 2026 y un -70% para 2030 (sobre el consumo de 2022). Para ello, en julio de 2022 se prohibieron los plásticos de un solo uso (bastoncillos, pajitas, cubiertos o platos). Y antes, en abril de 2022, entró en vigor la norma que obliga a bares y restraurantes a servir agua a granel gratis a sus clientes.

La Ley de Residuos aprobó 2 nuevas tasas estatales ligadas a los residuos y plásticos, que entraron en vigor el 1 de enero de 2023. La primera es una tasa estatal a los residuos, de 40 euros por tonelada, que pagarán los que lleven residuos a reciclar (“quien contamina paga”). Hasta entonces, había 10 autonomías que tenían tasas por vertidos y residuos industriales, mucho más bajas que las tasas europeas (la tercera parte) y que además eran muy distintas entre regiones, lo que provoca “el turismo de las basuras”, buscando llevarlas a donde se paga menos (Castilla la Mancha, Galicia, Asturias, País Vasco, Baleares y Canarias no cobran tasas). Y en cuanto a los vertidos municipales, sólo los cobran ahora 4 autonomías (Extremadura, Castilla y León, Cataluña y Navarra). Ahora, se crea una tasa igual a los vertidos que pagará quien los genere. Y en el caso de los residuos municipales, se daba un plazo de 3 años a los Ayuntamientos para que desarrollen una tasa sobre la gestión de residuos.

La otra tasa estatal es un impuesto a la producción de plásticos, de 0,45 euros por kilo, que pagarán los fabricantes, aunque la repercutirán las empresas que utilicen plásticos y envases. El objetivo es reducir el 50% de las botellas de un solo uso para 2030, conseguir envases 100% reutilizables, que las frutas y verduras con menos de 1,5 kilos se vendan sin envase y el fomento de la venta “a granel”: antes de finales de 2023, los supermercados de más de 400m2 tendrán que dedicar un 20% de su superficie a la venta a granel. Y la Ley abre el camino al sistema de recogida de envases (SDDR), a implantar en 2 años (2025), primero para el vidrio: volveremos al viejo sistema de “devolver el casco” y recuperar lo pagado al comprarlo. Y no se descarta aplicarlo también para los plásticos si no se cumplen los objetivos de reducción de uso: 70% de botellas recicladas para 2023 y 85% para 2027.

Otro cambio importante de la Ley de Residuos es que acelera la recogida separada de residuos urbanos orgánicos, que ahora fija cada Ayuntamiento. A partir de julio de 2022, esa recogida separada es “obligatoria” para las ciudades con más de 5.000 habitantes y a partir de 2024 para todos los municipios, que tendrán que decidir cómo lo hacemos. A partir de 2022, se obligó a clasificar por materiales los residuos de la construcción y demolición. Y a partir de 2025, será obligatoria la recogida separada de residuos textiles, aceite de cocina usado y residuos domésticos peligrosos y voluminosos. El gran objetivo es que en 2035 se recojan separadamente el 50% de los residuos urbanos, facilitando su reciclaje.

Tenemos Ley de Residuos, pero hay que ir aplicándola y cambiando todos los hábitos, desde los fabricantes (envases y plásticos) a los usuarios, pasando por las industrias, la construcción y los Ayuntamientos. Por un lado, hay que concienciar para reducir los residuos urbanos y dar una nueva vida a muchos de ellos, con “la economía circular”. Y por otro, hay que obligar al reciclaje, con tasas a las basuras y a su gestión, para que “el que contamine pague”. Y prohibir con más dureza los vertederos ilegales, que son la demostración más patente de nuestro fracaso medio ambiental. Y todo ello exige inversiones y costes, que tendremos que pagar: si cada día generamos más residuos, gestionarlos mejor será más caro. Para industrias, constructores, negocios, bares, comercios, particulares y ciudades. Deberá subir el coste de la recogida de basuras, hoy demasiado barato para la mayoría.

En definitiva, si queremos seguir consumiendo y generando residuos, tendremos que pagarlo para conseguir un país más limpio, sin vertederos y con más reciclaje. El problema es cómo se reparte esta factura, que no acabe repercutiendo sólo en el consumidor final, vía recargos en los envases o en la recogida de basuras. Es lo que no concreta la Ley de Residuos: un reparto más concreto y eficaz de los costes, para que no paguemos los de siempre. Y otro problema más grave: si ganan las elecciones del 23-J los que no apoyaron la actual ley de Residuos (PP y Vox), ¿retrocederemos en la lucha por un país más limpio? Me temo lo peor.

Más tarjetas y Bizum, menos dinero

Con el verano, se dispara el gasto. Usamos menos el dinero en efectivo y más las tarjetas, el móvil y los pagos con Bizum. Las compras con efectivo son mayoritarias en España, pero se paga menos con dinero (65% operaciones) que antes de la pandemia (83,2%). Eso se debe al auge de las compras electrónicas y al aumento de pagos con tarjeta (del 15 al 28%) y con móviles. En España tenemos 2 tarjetas por habitante (88 millones) y las compras pagadas con plásticos superan los 233.000 millones de euros, el doble que en 2016. Y destaca el tirón de los pagos por móvil y, sobre todo, “los Bizum”, esas transferencias inmediatas que ya utilizan 23 millones de españoles. Todo apunta a que el dinero en efectivo perderá fuerza año tras año, triplicándose en el mundo los pagos electrónicos. Sobre todo a partir de 2030, cuando se generalicen las monedas digitales, entre ellas el euro. Pero ojo: el 82% de los españoles no quieren que desaparezca el dinero en efectivo.

Enrique Ortega

La pandemia cambió los hábitos de compra de los españoles, no sólo durante los meses de confinamiento sino también después, hasta hoy: se han duplicado las  compras online (del 8,4% en 2019 al 15,8% en 2022, según el Banco de España) y con ello han aumentado los pagos que no se hacen con dinero, sino con tarjetas, móvil o transferencia. El efectivo sigue siendo el rey de las compras, pero su peso ha caído en estos años, según la Encuesta Ipsos realizada entre abril y julio de 2022. Y los más jóvenes creen que su uso seguirá reduciéndose, mientras apuestan cada día más por las tarjetas y los pagos por móvil.

El dinero en efectivo lo utilizan a diario 3 de cada 5 españoles (el 64% de la población), según esta Encuesta Ipsos 2022, que revela que el 60% pagaron su última compra con dinero en efectivo. El 2º medio de pago son las tarjetas (las tienen el 88% de los adultos), que utilizan a diario para pagar 1 de cada 3 españoles (el 32% de la población), que utilizaron la tarjeta un 35% para hacer su última compra. El tercer medio de pago, ya a mucha distancia, son los dispositivos móviles de pago, que tienen el 23% de los españoles: los utilizan a diario el 7% de la población y así pagaron la última compra el 3,7% de españoles. Y luego está el Bizum, la plataforma para hacer pagos por el móvil, que ya tienen el 44% de los adultos y que utilizan diariamente para hacer pagos el 1% de españoles. Y todavía hay 2 medios de pago más, que no se utilizan diariamente de forma masiva: las plataformas de pago por Internet (tipo PayPal, PaysafeCard, Redsys…), que tienen el 16% de españoles, y las transferencias bancarias, que usan un tercio de españoles para hacer pagos no frecuentes.

Esta es la foto de las formas de pago ahora. Pero ha cambiado mucho respecto a 2019, a antes de la pandemia, según revela el estudio SPACE sobre los pagos en la zona euro en 2022, una encuesta europea del BCE, que analiza tres tipos de pagos. Primero, los pagos en comercios físicos: si en 2019, el 83,2% de las compras se hacían en efectivo, en 2022 han bajado al 65,6%, subiendo las operaciones con tarjeta del 15,3 al 28,3%. Y si atendemos a los importes pagados, se pagaba en efectivo el 64,8% del gasto y en 2022 ha bajado al 51%, mientras los importes pagados con tarjetas subían menos, del 30 al 36,8%. Y eso, por el aumento de los pagos con móvil y plataformas de pago (12,2% importes).

En los pagos entre particulares, el 2º pago analizado, la caída del efectivo es mayor: de hacerse un 90,9% de las operaciones con dinero en 2019 se ha bajado a un 71,4% en 2022, subiendo las operaciones con tarjeta, móviles y otros medios electrónicos. Por importes pagados entre particulares, el efectivo cae del 73,7% del total en 2019 al 54,6% en 2022, en beneficio de las transferencias (del 6,1 al 22,5% de los importes), el móvil (del 1,2 al 14%, el gran salto, gracias al Bizum), mientras caen otros (del 19 al 8,9%), según el estudio SPACE. Y el tercer pago analizado, los pagos recurrentes (recibos, alquileres, hipotecas, seguros, suscripciones, transporte…), apenas ha cambiado: el 77,5% de estos pagos periódicos están domiciliados en los bancos, abonándose sólo un 9,9% con tarjeta (generalmente los abonos de transporte y billetes) y un 6,7% por transferencia.

Como conclusión, los españoles siguen utilizando mayoritariamente el efectivo en sus pagos, pero con mucho menos peso que antes de la pandemia, en especial los más jóvenes (de 18 a 24 años, un 61,9% utilizan el efectivo, mientras los mayores de 55 años lo utilizan en el 70% de sus compras), los que tienen más formación y los que tienen más ingresos (los hogares con menos ingresos utilizan más el efectivo). En general, los mayores de 45 años, con menos formación e ingresos, utilizan más el efectivo para pagar y los menores de 35 años utilizan más las tarjetas y los móviles. Y además, en España se utiliza más el efectivo que en Europa: el 64% lo utilizan frente al 59% de media en la zona euro, aunque en todos los paises ha caído su uso: más en España (-19% de uso de efectivo entre 2019 y 2022)  que en el resto de Europa (-13% la reducción uso efectivo).

Un  resultado chocante de la Encuesta IPSOS es que los españoles son de los europeos que más apoyan el dinero en efectivo: un 82% están a favor de una sociedad con efectivo y un 88% consideran útiles las monedas y billetes. Casi la mitad apoyan el efectivo porque permite pagar con privacidad y anonimato, mientras otros valoran que previene de la exclusión financiera (los pagos digitales retraen a los más mayores y pobres), que nos defiende en casos de ciberataques y que es más ágil en caso de bloqueos en los pagos electrónicos. Y resulta llamativo que estén a favor de mantener el efectivo el 76% de los jóvenes (18-24 años) y el 86% de los mayores (más de 64 años, según Ipsos 2022.

Si el efectivo sigue siendo el medio de pago más usado es gracias a los cajeros automáticos, donde los españoles sacamos el 83% del dinero en efectivo, según el Banco de España. Otro 9,3% lo sacamos por ventanilla, en los bancos, aunque cada vez restringen más esta retirada de dinero, con horarios limitados y a veces cobrando comisiones. Y otro 6,3% del dinero se consigue de pagos de amigos, familiares y en el trabajo.

Los cajeros automáticos sufrieron un “boom” a principios de siglo, pasando de 44.851 a 61.714 cajeros en 2008, el máximo histórico. Pero luego con la crisis financiera, los bancos y Cajas los han ido recortando drásticamente, a 50.441 en 2014, 50.501 en 2019 y sólo 45.233 en 2022, una cuarta parte menos que en 2008. España tiene algunos cajeros más por habitante que la media europea (1,01 por 1.000 habitantes frente a 0,81 en la zona euro), pero el problema es que están muy mal repartidos, porque el recorte de cajeros se ha producido sobre todo en las zonas rurales. De hecho, la mitad de los municipios españoles, 4.007 pueblos donde viven 1,5 millones de personas no tienen cajero (y de ellos.3.20 municipios tampoco tienen banca móvil). Un problema que se concentra en Castilla y León (1.867 municipios, el 83% del total, no tienen cajero), la Rioja (falta en el 65% de pueblos), Aragón (59%), Navarra (53%), Castilla la Mancha y Cataluña (49% pueblos sin cajeros).

A pesar de este desplome en el número de cajeros (y su ausencia en media España), cada año se saca más dinero de los cajeros: se pasó de retirar 82.024 millones de euros en 2002 a un máximo de 116.555 millones en 2008, para bajar algo por la crisis hasta 2013 (109.223 millones), subiendo después hasta 125.188 millones en 2019, el récord histórico. Con la pandemia, las retiradas de dinero cayeron en 2020 y se recuperaron después, hasta retirarse 119.798 millones de euros de los cajeros en 2022, todavía menos que antes de la pandemia, según los datos del Banco de España. Eso sí, ahora los españoles van menos veces al cajero y sacan más, una media de 175 euros por operación. La mayoría no paga por sacar dinero (el 64%), un 9% sí y el 25,5% restante pagan alguna comisión ocasional.

El gran salto en los medios de pago lo han dado las tarjetas, cuyo número se ha disparado en las dos últimas décadas: de 45,80 millones en el año 2.000 pasamos a 76,40 millones en 2008 y a 85,61 millones en 2019, con máximos año tras año hasta 2022: 88,42 millones de tarjetas (más del doble que adultos), de las que 41,36 millones son tarjetas de crédito (menos que las 44,82 millones que había en 2008) y 47,07 millones son tarjetas de débito, que han crecido mucho (31,57 millones en 2008) porque se utilizan para sacar dinero en los cajeros y para pagos directos (no financiados con tarjetas de crédito).

El pago con tarjetas se ha disparado y son ahora el gran motor del consumo. Las operaciones de pago con “plásticos” han saltado de 991,5 millones a 1.985 millones en 2008, 3.045 millones de operaciones en 2016, 4.536 millones en 2019 y 7.390 millones de operaciones con tarjetas en 2022, un 63% más que antes de la pandemia (por el auge del comercio electrónico, sobre todo, y por la demora de los pagos), según la estadística del Banco de España. Y si vamos a los importes pagados con tarjeta, el salto es igual de espectacular: se pagan con tarjeta 46.828 millones en 2002, se duplicaron los pagos a 94.413 millones en 2008, se cuadruplicaron en 2019 (161.343 millones de euros) y en 2022 se han batido todos los récords históricos: 233.581 millones de euros pagados con tarjetas, 5 veces más que hace 20 años y un 45% más que antes de la pandemia. Y eso a pesar de que los bancos han subido las comisiones anuales por la tarjeta (exigiendo una alta vinculación por bajarlas) y que los tipos de interés que se cobran por las tarjetas “revolving”, las que permiten pautar los pagos mensualmente (como si se dispusiera de un crédito) superan el 20%...

Las transferencias como forma de pago se han estancado, básicamente porque tardan tiempo y porque hay comercios y particulares que no las quieren, además de que en muchos casos se pagan altas comisiones. Por eso, han ganado peso los pagos por móvil (tanto con la tarjeta en el móvil) como con plataformas de pago por Internet (PayPal y otras, con gran peso de Amazon Pay) y sobre todo Bizum, el popular sistema de pagos a través del móvil: nació en 2016, como una aplicación bancaria pionera en Europa, apoyada por 16 bancos españoles accionistas (ahora lo son 23 y lo aceptan 37 bancos) y tiene ahora 23 millones de usuarios en España. Primero lanzó los pagos entre particulares por móvil, en 2018 los donativos a ONGs y en 2020 los pagos en comercios adheridos, ya sea con una clave Bizum, con un código QR o con el envío de un enlace del comercio para realizar el pago. En 2021 se empezó a usar Bizum para Loterías y en 2023 se añade el pago de suscripciones. El objetivo es alcanzar este año los 25 millones de usuarios, llegar a 1.000 millones de Bizum entre particulares y 25 millones en comercios. Un avance imparable.

¿Cómo vamos a pagar en el futuro? Todo apunta a que habrá muchos más pagos electrónicos, con el móvil e Internet, y menos pagos con dinero en efectivo. La previsión es que los pagos electrónicos se tripliquen entre 2020 (1,03 billones de operaciones) y 2030 (3,02 billones de operaciones), según un estudio de la consultora PwC. El mayor salto en los pagos electrónicos se dará entre 2020 y 2025 ( de 1,03 a 1,88 millones de operaciones, +109%), aunque también crecerán entre 2025 y 2030 (de 1,88 a 3,02 billones, +76% de aumento). El mayor tirón de los pagos electrónicos se dará en Asia/Pacífico (de 494.00 millones 0 a 1,81 billones de operaciones entre 2020 y 2030, un +76%), seguida de África (de 59.000 a 172.000  millones de operaciones, +64%), un continente que pasará casi directamente del dinero a los pagos electrónicos, sin apenas usar el eslabón intermedio de las tarjetas. En Europa, el salto de los pagos electrónicos será menor (de 229.000 millones a 522.000, +39%) y lo mismo en EEUU (de 180.000 millones a 349.000, +35%).

El informe de PwC apuesta por varias tendencias en los medios de pago futuros: mayor inclusión financiera de paises y personas más pobres (el 80% tendrán móviles en 2025 y podrán hacer pagos digitales, frente a sólo un 69% de adultos en el mundo que hoy tienen una cuenta bancaria), más monederos digitales, más pagos internacionales no bancarios y, sobre todo, más monedas digitales: algunos paises las tienen ya (China o Barbados) y la mayoría las tendrá en esta década, con el euro digital previsto para 2026. Eso sí, a cambio de una mayor digitalización de los pagos, se agravarán 2 problemas: más fraudes y ciberataques y menos privacidad de nuestros datos, cuya mayor utilización por los gigantes de Internet y las grandes empresas será el gran negocio de las próximas décadas.

En definitiva, que el dinero en efectivo va a perder cada vez más peso y hay paises que apuestan por su desaparición en una década, como Suecia, Noruega, Dinamarca, Paises Bajos, China o Corea del Sur, gracias a la irrupción de las monedas digitales y el auge de los pagos electrónicos. Pero el dinero tardará en morir y será muchos años la forma de pago más utilizada por los españoles, aunque ya son muchas las personas (sobre todo los más jóvenes) que salen de casa sin llevar dinero en el bolsillo. Adiós dinero, adiós.