Pandemia, salud mental y suicidios

El Gobierno aprobó el 3 de diciembre la Estrategia de Salud Mental 2022-2026, la primera en los últimos 12 años, tras apoyarla las autonomías por unanimidad. La pandemia ha agravado la salud mental de los españoles (sobre todo de niños y adolescentes), pero ya era mala antes: somos el 2º país UE (tras Portugal) con más problemas mentales y cada día se suicidan más de 10 españoles. En los Centros de salud, 1 de cada 4 consultas tienen relación con problemas psicológicos pero faltan especialistas (tenemos la mitad de psiquiatras y un tercio de psicólogos que Europa), camas de hospital y centros especializados, por lo que a muchos pacientes sólo les queda atiborrarse de tranquilizantes y antidepresivos. Ahora aumentarán los profesionales y recursos, con un teléfono 24 horas para suicidas. Es un paso, pero los expertos lo ven insuficiente, porque la salud mental es el gran reto sanitario del siglo XXI, según la OMS, con altos costes humanos y económicos. Sin salud mental no hay salud.

Enrique Ortega

La pandemia ha tenido unos costes “visibles” (5.400.000 españoles contagiados, 442.000 hospitalizados y 88.619 muertos oficiales) y otros costes “menos visibles”: pérdida de empleos e ingresos, cambios drásticos en nuestra forma de vida, angustia, temor y depresión. España ha sido el tercer país de la Unión Europea donde la pandemia ha tenido un mayor impacto negativo en su salud mental: ha afectado negativamente al 61% de la población, sólo menos que en Reino Unido (65%) e Italia (62%), más que en Polonia (60%), Francia (57%), Dinamarca (51%) o Alemania (44%) y bastante más que la media europea (ha afectado negativamente a la salud mental del 40% de europeos), según el reciente informe “Headway 2023. Mental Health Index”.

La revista científica The Lancet ha estimado que la pandemia ha causado ansiedad y depresión a 129 millones de personas en el mundo, especialmente a las mujeres y a los jóvenes. Y la OCDE estima que la pandemia ha agravado la salud mental (empeorando la depresión y la ansiedad) en todos los paises, en especial en Corea, México, Australia, Estados Unidos y Grecia, con una prevalencia del 21% de la población afectada en España, por debajo de la media de la OCDE (22%), Francia y Reino Unido (21%) o Estados Unidos (25%).

Los propios españoles, en la última Encuesta del CIS (2021), reconocen que han sentido tristeza o ansiedad con la pandemia (el 50%), que muchos han acudido a un psicólogo o psiquiatra (el 64%, la mayoría a la sanidad privada) y bastantes han recibido tratamiento farmacológico (el 5,8% de los encuestados: el 58,7% recibieron ansiolíticos y el 41,3% restante antidepresivos). El mayor deterioro de la salud mental se ha dado en niños y jóvenes, por el aislamiento y el recorte de interacción social: los trastornos mentales se han triplicado (del 1,1 al 4%) en los niños de 4 a 14 años, según un reciente informe de Save the Children. Lo mismo los trastornos de conducta (del 2,5% al 7%). También añaden que un 3% de niños y adolescentes han tenido “pensamientos suicidas”. Y destacan que estos problemas mentales son 4 veces mayores en niños y adolescentes de familias con bajos ingresos o en paro.

Pero los problemas mentales ya estaban ahí, muy presentes, antes de la pandemia, que los ha agravado. Así, en 2019, 84 millones de europeos (el 16,6%, 1 de cada 6 personas), sufrían trastornos mentales, según el informe “Headway 2023. Mental Health Index”. Y coloca a España como el 2º país europeo con más “prevalencia (%) de “desórdenes mentales”, 20.000 de cada 100.000 personas (20%), sólo por detrás de Portugal (21%) y por encima de Grecia (19%), Paises Bajos (18,5%), Francia (18%), Italia (17%) y Alemania (15%). Esta prevalencia varía del 18% de media en el norte de Europa al 15% en el Este.

Frente a estos recientes datos europeos (de 2019), en España sólo tenemos los datos de la última Encuesta de salud mental (ENSE) 2017, hecha por Sanidad. Ahí ya se reflejan unos datos preocupantes, que la pandemia ha agravado: 1 de cada 10 adultos españoles tienen problemas de salud mental, más las mujeres (14,1%) que los hombres (7,2%). El porcentaje es más alto en Murcia (30,8% de población con problemas) y menos en Extremadura (8,6%). La mitad sufren ansiedad crónica y la otra mitad depresión (en ambas enfermedades, las mujeres las sufren el doble que los hombres). La consecuencia es que el 3,8% de la población española (1,8 millones de personas) tiene dificultades  para realizar sus actividades cotidianas por problemas de salud mental, el 10,7% (5 millones) consumen ansiolíticos y otro 5,6% (2,65 millones de personas) consumen antidepresivos, más en Galicia y Asturias y menos en Cantabria, Ceuta y Melilla.

Otro dato llamativo es que más de 1 de cada 4 consultas (el 27,4%) en atención primaria (Centros de Salud) tienen ya relación con problemas psicológicos, aunque la falta de medios y de personal especializado impide atenderles correctamente y sólo el 10% se deriva a departamentos de salud mental: la mayoría de las consultas se resuelven con una receta de fármacos contra la ansiedad y la depresión. Y las listas de espera de especialistas son enormes, lo que obliga a muchos enfermos con problemas graves a acudir a urgencias, aunque existen pocas unidades de atención mental en los hospitales y pocos centros de atención especializada. Por ello, la mayoría de pacientes con estas patologías acaban en la sanidad privada. Y eso crea una enorme brecha en la salud mental: los pacientes con recursos acaban tratándose  y los que no los tienen (que además suelen tener más problemas mentales) están desatendidos.

La sanidad pública española tiene un grave déficit de recursos en materia de atención mental. Y eso se explica porque la destinan pocos medios. De hecho, España destina sólo el 5% del gasto sanitario total a la atención mental, frente al 5,5% de media en Europa, pero muy lejos del 11,3% que se destina en Alemania, el 10% en Suecia, el 9% en reino Unido, el 8,8% en Paises Bajos o el 8% en Francia, aunque Portugal destina el 5,2%, Italia el 3,5% y Grecia el 4,4%, según el reciente informe “Presente y futuro de la salud mental en España”, presentado en octubre. Y además de ser menor el gasto en salud mental, está desigualmente repartido por autonomías.

Otro grave problema de la atención mental en España es la falta de profesionales y medios. Tenemos una media de 30 profesionales de salud mental por 100.000 habitantes, la 2ª tasa más baja de Europa tras Bulgaria, muy lejos de Holanda (260 profesionales por 100.000 habitantes), Dinamarca (240), Finlandia (190), Francia (175), Alemania (140) e Italia (50). Y eso se debe a que tenemos menos psiquiatras, psicólogos o enfermeras de atención mental. En psiquiatras, España es el 2º país con menos profesionales de Europa (10,9 por 100.000 habitantes), tras Bulgaria (10,3), muy lejos de los psiquiatras que hay en Alemania (27,4 por 100.000 habitantes), Grecia (25,8), Paises Bajos (24,1), Finlandia (23,6), Suecia (23,5), Francia (22,9), Dinamarca (18,9), Italia (17,1) o Portugal (13,4 por 100.000 habitantes), según Eurostat (datos 2018). Y somos el único país donde no existe la especialidad de psiquiatra infantil. En psicólogos, España no llega a 5 por 100.000 habitantes, frente a 18 de media en la UE y 26 en la OCDE (faltarían 7.200 para llagar al estándar europeo). Y en enfermeras de atención mental, tenemos 1,96 por 100.000 habitantes frente a 152 en Dinamarca.

Pero el déficit es aún más flagrante en la atención hospitalaria, donde tenemos sólo 40 camas por 100.000 habitantes frente a 70 de media en la OCDE, 140 en Bélgica, 130 en Alemania, 80 en Francia, 260 en Japón, 130 en Corea y sólo 10 en Italia o 25 en Estados Unidos. Eso implica que sólo hay unidades especializadas de hospitalización en algunos grandes hospitales españoles y un número muy escaso de centros de salud mental, una asignatura pendiente de España desde los siniestros “manicomios”.

Con este escaso gasto y los pocos medios humanos y materiales, España tiene una salud mental con peor calidad que la media europea, según el índice Headway 2023 de calidad de salud mental: tenemos una nota de 4,3, frente al 4,8 de media en la UE-27, el 10 (sobre 10) de Paises Bajos, el 8,3 de Irlanda y el 7,7 de Italia o Dinamarca. Sorprende la baja nota de Francia (4 puntos) y Alemania (4,1), estando a la cola Grecia (1,7) y los paises del Este.

La deficiente atención a la salud mental, en todo el mundo y en España, tiene un alto coste humano, social y económico, según denuncia reiteradamente la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sólo en Europa, se producen 165.000 muertes anuales por problemas mentales, el 3,7% de todas las muertes, según el informe  “Headway 2023. Mental Health Index”. En el ranking de muertes anuales por desordenes y enfermedades mentales, destaca la alta mortalidad de la Europa del centro y norte: Reino Unido (91,5 muertes por 100.000 habitantes), Paises Bajos (86,8), Dinamarca (71,5), Suecia (64,8), Irlanda (60,4), Alemania (58,5), Luxemburgo (50,1), Bélgica (48,7) y Finlandia (43,8), todos por delante de España (40,8 muertos por 100.000 habitantes), la media europea (36,9), Portugal (36,2), Francia (34,8) Italia (31,2) y Grecia (13,7 muertos por 100.000 habitantes).

La causa principal de muerte por problemas mentales es el suicidio, una lacra en todo el mundo: se producen 700.000 muertes por suicidio al año, según la OMS, quien alerta de que hay 20 intentos por cada muerte consumada. En Europa se producen  unos 60.000 suicidios al año, siendo ya la 6ª causa de muerte en los menores de 70 años y la 4ª entre los jóvenes. Eso da una media de 11,7 muertes por suicidio en Europa por 100.000 habitantes, según Eurostat (2019), destacando en el ranking los paises bálticos (26 muertes por 100.000), Eslovaquia y Hungría, seguidos por Bélgica (15,4), Finlandia (15), Francia y Suecia (12,1), Paises Bajos (11,2), Alemania (10,5), Portugal (9,6), Reino Unido y España (7,5 suicidios por 100.000 habitantes en 2019), quedando lejos Italia (5,9) y Grecia (4,5).

España es de los paises europeos con menos suicidios, pero la cifra es muy preocupante: 3.941 muertes por suicido en 2020, 270 más que antes de la pandemia (3.671 en 2019). Es la cifra más alta de suicidios de la historia, más del doble de los 1.652 suicidios que se contabilizaron en 1980. Y desde hace 12 años, es la primera causa de muerte no natural, duplicando las cifras de los accidentes de tráfico. El 40% de los suicidios se producen entre los 40 y los 60 años, pero el año pasado se suicidaron 14 menores de 14 años y 48 adolescentes de 15 a 19 años. Lo peor es que esta estadística oficial (INE) no recoge todas los suicidios, porque los expertos estiman que algunos se camuflan para evitar la estigmatización del muerto y su familia. Además, estiman que se producen 80.000 tentativas de suicidio al año y que hasta 2 millones de españoles “han pensado en el suicidio alguna vez”.

El  coste de la salud mental no es sólo en vidas, sino que tiene elevados costes económicos, derivados del coste de la atención sanitaria a los enfermos (aunque sea bajo, aumenta el déficit de la sanidad) y, sobre todo, los costes de las bajas laborales y las incapacidades, así como el deterioro de la productividad en las empresas y las economías. De hecho, la depresión es ya la 3ª causa de discapacidad laboral en el mundo y será la 1ª en 2030, según vaticina la OMS, que estima los costes de la mala salud mental en el 4,2% de la economía mundial (PIB). En Europa, los expertos estiman el gasto en el 4% del PIB europeo (600.000 millones de euros), entre el mayor gasto sanitario (190.000 millones), los gastos en programas sociales vinculados (170.000 millones) y los gastos por discapacidad y menor productividad (240.000 millones). España es el 8º país europeo con más costes por la salud mental: el 4,1% del PIB (unos 50.000 millones de euros anuales), por detrás del coste en Dinamarca y Finlandia (5,2% PIB), Holanda (5,1%), Bélgica (5%), Suecia o Alemania (4,9%) y Austria (4,2% del PIB), según el informe “Headway 2023. Mental Health Index”.

Todas estas vidas perdidas y estos altísimos costes podrían reducirse con unas mejores políticas de atención a la salud mental, según la OMS, que considera la salud mental como el mayor reto sanitario del mundo en el siglo XXI. En España, la atención mental lleva décadas desatendida y la pandemia ha sido un aldabonazo, una llamada de atención sobre la gravedad de la situación. La alerta llegó incluso al Congreso, de la mano del diputado Íñigo Errejón (Más Madrid), que pidió, el 17 de marzo de 2021, un Plan de Salud Mental (ganándose el grito “¡Vete al médico!”, del diputado del PP Carmelo Romero…). Unos meses después, el 9 de octubre,  el presidente Sánchez recogió el guante y convocó en la Moncloa a los expertos y profesionales en salud mental para informarles de un “Plan de choque Salud Mental y COVID 2021-2024”, al que se destinan 100 millones de gasto, anunciando medidas como  la creación de un Teléfono 24 h para el suicidio (en 2022) y la incorporación a las especialidades médicas de la Psiquiatría infantil y adolescente.

Dos meses después, el 3 de diciembre, el Consejo de Ministros ha aprobado la nueva Estrategia de Salud Mental 2022-2026, que es la primera en 12 años (la anterior se aprobó en 2009 y no se renovó en 2013), un Plan a medio plazo que el día anterior aprobaron por unanimidad las autonomías, que tendrán que financiarlo y gestionarlo. La nueva Estrategia de Salud mental tiene 10 líneas de actuación, entre las que destacan la atención especial a la infancia y adolescencia, el enfoque de género,  la prevención y detección precoz de los trastornos mentales, la recuperación de los enfermos en el ámbito familiar y comunitario, la mayor coordinación entre instituciones y profesionales y el apoyo a la formación e investigación. Y en paralelo, se obliga a las empresas a que integren en sus planes de prevención la salud mental de sus trabajadores.

La mayoría de los expertos y profesionales en salud mental creen que la Estrategia aprobada es “un avance”, un punto de partida, pero “insuficiente y poco ambicioso”, porque no fija  objetivos medibles ni asegura la financiación necesaria. Y sin más fondos, profesionales y medios, cualquier estrategia de salud mental será  poco eficaz. Así que ahora falta, en cada Presupuesto, destinar recursos sanitarios a contratar profesionales y a aumentar camas y centros de atención mental, para reducir el déficit de medios que tenemos con Europa. Y no sólo el Gobierno central: la clave está en las autonomías, que son las que financian y gestionan la sanidad y también la salud mental. Urge que tengan una financiación suficiente y que se acuerde un catálogo de servicios mínimos homogéneo, para que la atención mental no dependa de donde uno vive. Retos que hay que afrontar con acuerdos y decisión política, escuchando a los profesionales. Sin salud mental no hay salud.

Bancos: más monopolio y más comisiones

A finales de diciembre, nos cargarán en cuenta las comisiones que bancos y cajas cobran trimestral o semestralmente a sus clientes. Una media de 140 euros al año. Pero esta vez, el cargo será mayor, porque en septiembre subieron comisiones casi todos los bancos. Y eso porque necesitan cobrarnos más para resarcirse de la caída de márgenes, por el menor crédito y los bajos tipos de interés. Gracias a estas comisiones, los grandes bancos han vuelto a tener beneficios este año, más incluso que antes de la pandemia. Y pueden imponernos mayores comisiones porque son más fuertes, tras las fusiones: con el cierre de sucursales, los grandes bancos y cajas son un monopolio (operan ellos solos) en un tercio de códigos postales de las localidades donde están abiertos (la mitad de los municipios), según el Banco de España. Sólo nos queda pagarles lo que digan o irnos, algo que ellos mismos promueven para los clientes que no les interesan. Un abuso al que nadie pone coto. A pagar tocan.

Enrique Ortega

En la última década, tras la anterior crisis de 2008, se ha trastocado la esencia del negocio bancario: coger dinero con una mano (lo más barato posible) y prestarlo con la otra (lo más caro posible). Por un lado, empresas y particulares han salido escaldados de endeudarse tanto y piden menos créditos, que ahora se miran con lupa para concederlos a cuentagotas, Y por otro, la bajada drástica de los tipos de interés hace que los márgenes de la banca se reduzcan, poniendo en peligro sus abultados beneficios (y el dividendo de sus accionistas). La solución que buscaron fue reducir costes de forma drástica, por dos vías: recorte brutal de plantillas (han perdido 113.000 empleados desde 2008, un 40% de su personal) y cierre de sucursales (han desaparecido 23.391 oficinas desde 2008, el 51,2%). Y en paralelo, han buscado ser más grandes, fusionándose con otros bancos o comprando entidades en crisis, para rebajar así sus costes y cobrar ayudas fiscales millonarias. Pero no ha sido suficiente. Y por eso, en los últimos años, nos fríen a comisiones a los clientes.

Actualmente, los ingresos por las comisiones que bancos y cajas nos cobran son claves para sus cuentas. Basta analizar los resultados de los 5 grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) hasta septiembre de 2021: han ganado 15.582 millones de euros, superando los malos resultados de 2020 por la pandemia (-7.734 millones perdidos de enero a septiembre) e incluso ganan ya un +48,86% más que antes de la pandemia (10.467 millones de beneficios entre enero y septiembre de 2019). Y la partida que más les crece son los ingresos por comisiones: 15.444 millones que nos han cobrado de enero a septiembre de 2021, un +11,1% más que en los nueve primeros meses de 2020. Y por si creemos que se debe a la recuperación tras la pandemia, veamos la comparación con 2019: en los nueve primeros meses de 2019, los ingresos por comisiones de los 6 grandes bancos (entonces estaba Bankia, ahora en las tripas de CaixaBank) fue de 6.931 millones de euros, un -1% menos que en 2018. Así que este año han ingresado por comisiones cobradas a los clientes más del doble que en 2019 (+122,8%).

Pero como el crédito se recupera lentamente y los tipos apuntan a que seguirán bajos hasta 2023 (y ya no pueden cerrar más sucursales ni despedir a más empleados), los bancos ven que tienen que seguir ingresando más por comisiones para seguir aumentando beneficios. De ahí que en septiembre, las 10 mayores entidades financieras dieran otra vuelta de tuerca y anunciaran a sus clientes una nueva subida de comisiones. Una subida que afecta a casi todos los clientes y que es mayor en los no vinculados, los que no tienen la nómina o pensión domiciliada. Y en paralelo, a los que sí la tienen, les exigen ahora una mayor cuantía para subirles menos las comisiones: si antes se les exigía una nómina o pensión mínima de 600 euros, ahora ya son 800 euros. Y en algunos casos, como el Deutsche Bank, se exige ahora una nómina de 1.500 euros para subir menos las comisiones.

La mayoría de los bancos han subido en septiembre las tres vías que utilizan para cobrarnos comisiones: la comisión por mantenimiento de cuenta (el Santander ha subido esta comisión 94 euros anuales, Ibercaja 48 y Kutxabank 40 euros), la comisión por emisión de tarjeta (ha subido un 7,5%) y por mantenimiento de tarjeta (ha subido de 7 a 8,50 euros) y la comisión por descubierto (de 4 euros ha pasado a 18 euros), según el seguimiento hecho por la asociación ASUFIN.

Con esta subida, la comisión media por cuenta queda ahora en 140 euros anuales para los clientes vinculados (110 euros por mantenimiento de cuenta y 30 por la tarjeta de débito) y mucho más para el resto, sobre todo los que no tienen nómina o pensión ni recibos domiciliados. Pero esto es una media, según ASUFIN. Porque hay entidades que cobran mucho más, como Santander (el banco que cobra más comisiones: 276 euros de media, 1,5 veces más que hace un año) o Bankinter (180 euros de media). Y otros que cobran menos, como Abanca (78 euros de comisión media, la entidad más barata) o Unicaja (92 euros anuales, 60 por mantenimiento de cuenta y 32 por la tarjeta). Y además, se han disparado las comisiones que los bancos cobran por tener acciones o Fondos de inversión.

La subida constante de comisiones no tiene sólo un fin recaudatorio, de asegurar ingresos que la banca no consigue con su negocio tradicional. Es una forma también de “seleccionar clientes”, según denuncia ASUFIN: me interesan los que tienen más ingresos y “tienen todo conmigo” (desde la nómina a la hipoteca o los Fondos de inversión), porque son clientes “rentables”. Y el resto, los que tienen nóminas bajas y encima no se vinculan conmigo, les breo a comisiones y les cobro por todo, hasta 2 euros por retirar dinero de ventanilla, buscando que se harten y se vayan, porque “no quiero ese tipo de clientes”. Esta estrategia es más propia de los grandes bancos, con millones de clientes y muchas oficinas, que son los más duros con la subida de comisiones. Y “abren más la mano” los pequeños, los necesitados de clientes.

Esta estrategia está creando una brecha bancaria entre unos clientes, los rentables, y el resto, que no interesan tanto y sufren las consecuencias, porque no pueden “vivir sin los bancos” en una sociedad tan bancarizada como la española. Sólo les queda quejarse y poner reclamaciones (las motivadas por comisiones crecieron un 91% en 2020), que no van a ningún lado, porque las comisiones son legales y están comunicadas al Banco de España. Y la otra vía es cambiar de banco e intentar negociar con otro, si se tienen “contrapartidas” (nómina, pensión, hipoteca, acciones, Fondos…), algo que le falta a muchos clientes.

Los bancos y cajas nos cobran ahora más comisiones no sólo porque “lo necesitan más” sino “porque pueden hacerlo”, porque ahora que son menos tienen más poder sobre el mercado y sus clientes. Es una de las consecuencias negativas de las fusiones: hay menos bancos para operar y los que quedan son más fuertes. De hecho, los 5 grandes bancos españoles controlan ya dos tercios del mercado bancario (el 66,4% de los activos). Una concentración bancaria que supera la de Francia, Italia o Alemania. Veamos los datos. El indicador de concentración bancaria es el índice Herfindalh-Hirschman. España tiene un índice de 1.081 puntos, según el BCE, que indica una “concentración moderada”, todavía alejada de la “concentración alta” (índice superior a 1.800, que tienen Finlandia, Holanda, Lituania, Chipre o Grecia) y de la situación de "monopolio" (índice superior a 2.500, que sólo tiene Estonia), aunque es uno de los paises donde el índice se ha duplicado (era 497 en 2008). Pero tenemos una concentración bancaria (índice 1.081 puntos) que casi duplica la de Francia (688) o Italia (675) y triplica la de Alemania (325 puntos).

Pero la mayor fuerza de la banca no es sólo que haya menos entidades. Es que además, como han cerrado más de la mitad de sucursales, las oficinas bancarias que quedan abiertas tienen mucho más poder en media España. Y digo en media España porque el 54% de los municipios españoles no tienen ninguna sucursal bancaria (4.443 de 8.151 municipios, ver el mapa de oficinas cerradas por autonomías), según los datos del Banco de España y el INE. Eso supone 1,6 millones de españoles sin una oficina bancaria cerca. El resto, el 46% de localidades con banco, tienen en muchas ocasiones los servicios de un solo banco, con lo que tienen muy fácil subir comisiones y seleccionar clientes. El Banco de España acaba de publicar el dato y es impresionante: en 1 de cada 3 códigos postales donde hay banco sólo opera una única entidad bancaria. Hay un monopolio bancario de hecho.

Las provincias con más códigos postales en situación de monopolio bancario son Toledo (70 códigos postales), A Coruña (60), Badajoz (59), Pontevedra (54), Cáceres y Girona (53), Lleida (50), Orense (48), Ciudad Real y Cuenca (47), Barcelona (46), Asturias (45), Zaragoza (44), Valencia (43) y Zamora (40), según el Banco de España. Así que los españoles que tienen menos bancos donde elegir son los que viven en Extremadura, Galicia, Castilla la Mancha y Cataluña. Apenas aparece Castilla y León porque ahí el problema es otro: el 83,41% de sus municipios no tienen ninguna oficina bancaria.

Esta situación de monopolio beneficia sobre todo a CaixaBank, que opera en solitario (sin competencia) en 460 códigos postales (de los 1.619 existentes), seguida a mucha distancia de Abanca (monopolio en 187 códigos postales, sobre todo en Galicia), Unicaja (monopolio en 127 códigos postales, sobre todo en Andalucía), Ibercaja (monopolio en 127 códigos postales, sobre todo en Aragón) y varias Cajas (Kutxabank, Caja Mar, Caja Sur) y Cajas Rurales (Eurocaja Rural, Albacete, Ciudad Real, Jaén). Curiosamente, el Santander sólo está en monopolio en 23 códigos postales y el BBVA en 32.

Estos datos oficiales (Banco de España) reflejan el panorama bancario tan desolador que tenemos: más de media España sin una oficina bancaria y en la otra media, un tercio de lugares con sólo un banco o Caja que hace y deshace. Y todo ello con menos oficinas y menos empleados, con un peor servicio que ahora nos cobran mucho más caro. Unas comisiones bancarias que se han duplicado en los últimos dos años y que seguirán subiendo, cada trimestre o semestre, hasta que se recupere más el crédito y suban los tipos. Y como telón de fondo, unos bancos con más poder, que “seleccionan” a sus clientes.

Ante este panorama, poco se puede hacer, salvo intentar negociar con nuestra entidad o cambiar de banco (que hará lo mismo). Quizás apostar por la banca online (ING y Openbank), que suelen cobrar menos comisiones, o arriesgarnos con los “neobancos” (N26, Revolut, Bnext, Bitsa, Rebellion Pay, Bnc10, Monesa, Qonto, Nickel, Vivid Money…), que buscan entrar en España (sin comisiones) y que no sabemos lo que nos cobrarán en el futuro. Incluso las telecos nos ofrecen servicios bancarios: Movistar Pay, Orange Bank… Y tenemos un amplio abanico de plataformas de pago, desde PayPal a Amazon Pay o Google Pay.

El Parlamento Europeo nos abrió en 2016 otro camino, la “cuenta bancaria básica”, que Rajoy retrasó al máximo (fue aprobada a finales de 2017) y que la vicepresidenta Calviño no ha perfilado hasta marzo de 2019. Se trata de una cuenta bancaria que permite realizar los servicios básicos (domiciliar recibos, realizar transferencias y disponer de una cuenta de débito para sacar dinero en cajeros y pagar en comercios europeos), con el pago de una comisión de 3 euros mensuales (36 euros al año). Los bancos y cajas están obligados a hacernos esta cuenta básica, que tiene 2 limitaciones: no podemos abrirla si ya tenemos una cuenta en el banco (hay que abrirla en otro donde no seamos clientes) y tiene un límite de 120 operaciones al año (adeudos y transferencias).

La verdad es que esta cuenta no ha tenido mucho éxito, porque la mayoría de clientes no saben que existe y la banca no les informa. Y también porque exige cambiar de banco, con las complicaciones de cambiar nómina, pensión y domiciliaciones. Pero puede ser una alternativa para los clientes que usen poco su banco. Otra vía, que se abrió también en marzo de 2019, es la cuenta bancaria básica gratuita, para personas sin recursos (que ingresen menos de 13.557 euros los solteros, menos de 16.947 euros las familias de menos de 4 miembros y menos de 20.336 euros la familias de 4 y más miembros). Permitirá realizar los servicios bancarios básicos, como la otra cuenta básica, pero gratis.

Para la mayoría de españoles, sólo nos queda intentar descifrar las comisiones que nos cobran periódicamente los bancos y tratar de “negociar” que las suban menos, aunque tengamos que darles algo a cambio (como hacernos un seguro o comprar un Fondo). Estamos en manos de los bancos y cajas y cada vez más, porque hay menos oficinas cerca, con mucha más fuerza para imponernos sus condiciones: “son lentejas…”. Ni la Comisión Europea ni los Gobiernos ponen coto a esta prepotencia. Así que habrá que seguir pagando.

Más empresas en manos extranjeras

El Gobierno aprobó hace 2 semanas prorrogar el blindaje anti-OPAs durante todo 2022, para evitar que empresas estratégicas españolas puedan ser compradas por extranjeros, ahora que han caído mucho en Bolsa, como pasa con Telecom Italia. El blindaje se aprobó en marzo de 2020, con el estado de alarma, pero la compra de pequeñas participaciones no ha parado en el último año y medio. Y los Fondos y empresas extranjeras ya controlan el 50% de las empresas que cotizan en Bolsa y gran parte de nuestra vida: nacer, estudiar, trabajar, alquilar o comprar un piso, echar gasolina o consumir luz, vivir en una residencia de ancianos o el entierro en una funeraria son actividades controladas también por Fondos y empresas extranjeras. Algo positivo, porque aporta inversión y empleo, pero peligroso porque nos deja en manos de terceros, que suelen buscar beneficios a corto plazo. Es la globalización. Pero hay que defenderse con controles, como hace el resto de Europa. Y promover más la inversión española.

Enrique Ortega

En marzo de 2020, con la pandemia, se produjo un desplome de la Bolsa, que cayó un -39,43% en menos de un mes (el IBEX pasó del 10.083,60 el 19 de febrero al 6.107,20 el 16 de marzo). Eso se tradujo en que las 35 grandes empresas que cotizan en el IBEX 35, desde Telefónica o Repsol al Santander y Meliá Hoteles,  valían casi la mitad. Y lo mismo el resto de empresas que cotizan en el mercado continuo (129) o en el MAB (otras 41). Eso suponía un peligro potencial: que muchos Fondos o inversores extranjeros se hicieran más fácilmente (a bajo precio) con paquetes de acciones de control de empresas españolas. Y por eso, las grandes empresas pidieron al Gobierno que tomara medidas para defenderles.

Y lo hizo el 17 de marzo de 2020, incluyendo en el Decreto de medidas urgentes contra la pandemia (Real Decreto 8/2020) una Disposición final 4ª que “sometía a autorización gubernamental la compra por inversores extranjeros del 10% o más del capital de empresas de sectores considerados estratégicos” : sanidad, energía, transporte, agua, materias primas, alimentación, datos, aeronáutica, defensa, finanzas, tecnológicas, inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad o nanotecnología. Lo que hacía el Gobierno español era trasponer una Comunicación similar hecha por la Comisión Europea el 13 de marzo.

Por si no quedaba claro, el propio Gobierno aprobó unos días después, el 31 de marzo, otro Real Decreto (11/2020, publicado en el BOE del 1 de abril) para aclarar algunos aspectos del blindaje: se consideran inversores extranjeros a los “no comunitarios” y también a las empresas radicadas en Europa pero que sean propiedad en un 25% de extranjeros (caso de muchos Fondos USA y de terceros paises radicados en Luxemburgo o Paises Bajos). Y además, aclaraba que las compras inferiores a 1 millón de euros no necesitaban autorización. Y quitaba la referencia a que la limitación duraría lo que el estado de alarma. Era “sine die”.

El blindaje anti OPAs ha evitado “sustos” de compras hostiles a las grandes empresas españolas, que siguen a precio de saldo aunque haya subido la Bolsa. Pero compras se han hecho, con pequeñas operaciones, aumentando poco a poco las participaciones de algunos grandes Fondos en grandes empresas. Del 17 de marzo a finales de 2020 se contabilizan unos 4.500 millones de euros en pequeñas compras, según se deduce del rastreo de la web de la CNMV, a quien es obligatorio informar de las compras de acciones superiores al 3% (a al 1% si compra un Fondo a través de una empresa radicada en un paraíso fiscal). Las mayores compras extranjeras se dieron en 2020 en Cellnex Telecom (895 millones invertidos por el Fondo noruego Norges Bank, 819,5 por el Fondo norteamericano GQG y 775,4 millones del Fondo Fidelity, USA), en Amadeus (635,9 millones compró el Fondo T. Rowe Price y un 0,133% el Fondo también norteamericano FMR), en Ferrovial (el Fondo D1 Capital Partners, USA, invirtió 160 millones), en Enagás (Credit Agricole invirtió 152 millones y Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi otros 155,7 millones), en IAG (158,9 millones del Fondo norteamericano Marshall Wallace), en Bankia (BlackRock  invirtió 100 millones y se hizo con el 4% del banco), Solaria (otros 69,6 millones de BlackRock) o en Bankinter (BlackRock invirtió otros 4,84 millones y controla el 5,17% del banco).

Además de estas “compras oportunistas”, pequeñas y no hostiles, se ha aprovechado la pandemia para cerrar 4 importantes operaciones. Una, la OPA amistosa sobre Mas Móvil (la 4ª teleco española) por las gestoras de capital riesgo KKR (USA), Cinven (GB) y Providence (USA), que han invertido 2.760 millones  para hacerse con el 91,2% de la teleco, que ya no cotiza en Bolsa y podría ser vendida en el futuro a Vodafone. La 2ª operación, completada en junio de 2020, fue la OPA de la firma suiza SIX (gestiona la Bolsa de Zúrich) para comprar por 2.570 millones BME, la empresa que gestionaba las Bolsas españolas. La tercera operación, en septiembre, fue la compra por 1.300 millones de El Idealista por el fondo sueco EQT. Y la 4ª y última OPA aprobada, el 3 de agosto de 2021, ha sido la operación del Fondo australiano IFM sobre Naturgy, que sólo ha conseguido hacerse con un 10,8% de su capital.

Ahora, el Gobierno español ha prorrogado el blindaje anti OPAs un año más, hasta el 31 de diciembre de 2022. Lo iba a hacer seguro, pero el Consejo lo anticipó el 23 de noviembre, tras conocer que, el día antes se había lanzado una OPA sobre el 100% de Telecom Italia, por el Fondo norteamericano KKR, lo que volvía a airear los temores sobre Telefónica (que vale en Bolsa 22.039 millones, dos tercios de su valor en febrero de 2020, 32.403 millones, y la mitad que en 2017: valía entonces 42.186 millones).

Todos los paises europeos están preocupados porque la pandemia y la caída de las Bolsas aceleren las OPAs hostiles. De hecho, 18 paises europeos (entre ellos España) mantienen mecanismos de control  sobre las compras de extranjeros. Y la Comisión Europea ya aprobó en 2019 un Reglamento sobre inversiones extranjeras, que es obligatorio para los 27 paises desde octubre de 2020. Bruselas quiere que todos los paises establezcan blindajes, porque Europa es el continente más abierto a las inversiones extranjeras y se quiere frenar la ofensiva de EEUU, Reino Unido, China (ha multiplicado por 6 sus inversiones en Europa) y Rusia (las ha duplicado), paises más “cerrados” que los europeos. Y además, la Comisión Europea opta por blindarse ante entradas hostiles de extranjeros mientras consigue fomentar una potente industria europea (aún más débil).

España es el 2º país europeo que más inversiones extranjeras recibió en 2020 (un 17,9% del total), tras Alemania (21,3%), por delante de Holanda (13,3%), Italia (9%) y Francia (7,1%), según los datos de la Comisión Europea. Y eso se nota en todos los sectores, empezando por la presencia extranjera en Bolsa: un 49,9% del capital de  las empresas cotizadas está en manos de inversores extranjeros, frente al 41% de media en el mundo, el 42,2% en Francia y el 66% en Reino Unido, según el último informe de BME (año 2020). Y si tomamos sólo a las 35 grandes empresas del IBEX 35, la participación extranjera sube hasta el 57.8%, según BME. En 1992, tenían sólo el 30,6%. La mayor presencia de inversores extranjeros se da en energía, banca e inmobiliarias.

La inversión extranjera en Bolsa se canaliza a través de Fondos internacionales, de inversión o de pensiones, que diversifican entre paises, sectores y empresas. Y no sólo Fondos privados: en España invierten también 15 Fondos soberanos de otros tantos paises. El principal fondo inversor en España es el norteamericano BlackRock, el mayor Fondo del mundo (gestiona 9,45 billones de dólares, casi 7 veces el PIB español), presente en 18 de los 35 valores del IBEX, con una inversión total de 19.679 millones de euros, según BME. Es el mayor inversor institucional de la banca española  (5,91% del BBVA, 5,42% del Santander, 3,61% de CaixaBank, 3,06% del Sabadell y 2,81% de Bankinter) y tiene participaciones importantes en Iberdrola (5,25%), Repsol (5,19%), Telefónica (4,8%) o Amadeus (5,27%).

El 2º Fondo más presente en la Bolsa española es Vanguard (USA), otro poderoso gestor de activos (5 billones de dólares y 20 millones de clientes en 170 paises) que acumula inversiones  en España por valor de 12.340 millones de euros, destacando sus participaciones en BBVA (3,93%), Santander (3,35%), Sabadell (3,38%), CaixaBank (1,58%), Bankinter (2,23%), Amadeus (2,68%), Iberdrola (3,42%), Telefónica (2,57%), Enagás (2,76%), Cellnex (2,56%), ACS (2,17%),Ferrovial (1,86%) o Aena (1,36%)

El tercer Fondo internacional en nuestra Bolsa es Norges Bank, el mayor Fondo soberano del mundo, la gestora que administra el Fondo público de pensiones de Noruega, con un patrimonio de 1,2 billones de dólares y que participa en 9.123 compañías de 73 paises. En España ha invertido ya 12.000 millones de euros en empresas cotizadas, destacando sus participaciones en Iberdrola (5,235%), BBVA (4,37%), inmobiliaria Colonial (3,026%), Cellnex (3,003%), Repsol (3,03%), Indra (2,974%), Telefónica (2%), Santander (2%) o Inditex (1%).

El 4º Fondo extranjero en la Bolsa española es Fidelity (EEUU), con participaciones en Indra (9,809%), Amadeus (4,045%), Cellnex (3,217%), Grifols (2,783%), Ferrovial (2,035%) o Endesa (1,011%). Y también hay otros Fondos extranjeros con importante presencia como el Fondo soberano de Qatar (Qatar Investment, con el 8,71% de Iberdrola) y el Fondo de Abu Dabi (Mubadala Investment, dueño del 63% de Cepsa) o las gestora francesa  Amundi (4,5% de Repsol), la luxemburguesa Invesco (Acciona, Amadeus, BME,  IAG o  Atresmedia) o la norteamericana Capital Group (Grifols, Naturgy, Iberdrola, Inditex).

Vista ya la presencia extranjera en Bolsa, analicemos su importante participación en muchos sectores, algunos estratégicos. Ya hemos visto la banca, donde los tres grandes Fondos extranjeros tienen paquetes de control. También es decisiva su presencia en la energía. La última novedad ha sido en REPSOL, donde los mayores accionistas son extranjeros tras vender la española Sacyr, en octubre, parte de sus acciones (del 8,034 pasa  al  3,96%), con lo que el primer accionista es ahora el banco norteamericano JP Morgan (6,855%), seguido de BlackRock (5,194%), la francesa Amundi (4,5%), el fondo noruego Norges Bank (3,03%), y Vanguard (2,51%), 5 Fondos extranjeros que controlan el 22,08% de Repsol y su gestión. La otra gran petrolera, CEPSA, está controlada por el Fondo de Abu Dabi (Mubadala tiene el 63%) y el Fondo norteamericano The Carlyle Group (37% restante).

En las eléctricas, la presencia extranjera es mayoritaria. Endesa es propiedad en un 70,101% de Enel, perteneciente al Estado italiano, junto a un 1,49% que tiene BlackRock (USA) y un 1,011% el Fondo Fidelity (USA). En Iberdrola, el Fondo soberano de Qatar tiene un 8,71% del capital, junto al 5,235% que tiene BlackRock, 3,42% Vanguard y 3.117% Norges Bank. Y en Naturgy, el primer accionista es CaixaBank (26,7%), pero el resto lo controlan Fondos extranjeros: el británico CVC Capital Partners (20%), el norteamericano Global Infraestructure Partners (20%), Capital Group (2,98%) y Norges Bank (1,43%), además del recién incorporado Fondo australiano IFM Global (10,8% capital). En Red Eléctrica, el Estado controla el 20% pero hay un 66% en manos de inversores institucionales (44% de EEUU y Reino Unido). Y en Enagás, además del 5% del Estado y del 1% de Amancio Ortega, hay muchos Fondos internacionales: BlackRock (3,38%), Bank of America (3,61%), Vanguard (2,76%), State Street Corporation (3,008%), Credit Agricole (3,06%), Mubadala Investment (3,103%), Bank of NY Mellon (3,045%) y Norges Bank (0,84%).

El sector inmobiliario está en un 60% en manos de inversores extranjeros. Por un lado, las inmobiliarias, a través de SOCIMI (sociedades de inversión): Inmobiliaria Colonial (20,2% Fondo de Qatar, 16% Fondo mexicano Finaccess, 6% financiero colombiano Águila LTD, 4,3% fondo alemán DIC, 4,2% Deutsche Bank, 3,7% BlackRock), Merlín Properties (3,99% BlackRock, 2,46% Vanguard y 1,98% Norges Bank), Lar España (73% extranjeros), Arima (4,64% Fidelity, 0,60% Vanguard), GM Property (GIC, Fondo soberano de Singapur) y Testa Residencial (pisos alquiler, 70% del Fondo norteamericano Blackstone).  Y también están plagadas de Fondos las 10 grandes promotoras inmobiliarias: Vía Celere, Neinor, Aedas, Metrovacesa (fondo británico Helikon y Qatar Investment), Kronos o Hábitat.

Los fondos e inversores extranjeros también están presentes en la Sanidad. Estaban presentes en Capio y Quirón, antes que el grupo Quirón, primer grupo hospitalario privado, lo comprara el grupo alemán Fresenius. Y Sanitas es una filial del grupo británico Bupa. Mientras el 90% del grupo Ribera Salud (hospitales en Levante) pertenece al fondo USA Centene Corporation. En 2019, el fondo holandés DIF compró el Hospital Infanta Leonor en Madrid , el Fondo Aberdeen (de Lloyds) compró el Hospital del Sudeste (Arganda, Madrid) y el Fondo Magnum Capital el Hospital de la Caridad en Cartagena. Y en 2020, en plena pandemia, el fondo canadiense Brookfield compró el hospital madrileño de Puerta de Hierro, el fondo australiano McQuarie tomo el control de Viamed Salud y el Fondo francés Meridian compró el Hospital Cunqueiro de Vigo.

La inversión extranjera y los Fondos llevan años comprando colegios privados y Centros de enseñanza, pero ahora están a la caza de Universidades privadas y centros de Formación Profesional. Ya en 2018, el Fondo norteamericano Permira compró la Universidad Europea de Madrid y este verano, el Fondo KKR (USA) compró la red de centros de FP Medac. Antes, en mayo de 2021, la gestora europea Invesindustrial compró CEAC y en septiembre, el grupo inversor suizo Crescendo compró Deusto Formación CCC. Y el Fondo Magnum ha comprado dos centros para crear Metrodora Education, para formación sanitaria.

En paralelo, los Fondos extranjeros llevan años invirtiendo en residencias de estudiantes, para recoger el aumento de estudiantes extranjeros y Erasmus. Sólo en 2020 invirtieron en residencias 904 millones de euros, según la consultora CBRE. Y seguirán haciéndolo, porque esperan que las 97.000 camas actuales pasen a ser 118.000 en 2023. El líder del sector en España es la empresa norteamericana Greystar (11.000 plazas en 40 residencias de 20 ciudades), seguida de la española Urbania y los Fondos V Student Aulis y Stoneshield.

Otro sector que interesa a la inversión extranjera son las residencias de ancianos. La empresa líder, DomusVi, es propiedad del grupo francés SRS y el fondo británico ICG. La 2ª, Orpea, es filial del grupo francés Orpea, con participación del Fondo canadiense CPPIB. Y la tercera, Vitalia, está controlada por el fondo británico CVC (presente en Naturgy y Deloleo). Y hay varios fondos a la caza de pequeñas residencias de ancianos. Además, para “cerrar el ciclo”, también invierten en funerarias: el líder del sector, el grupo Mémora (130 tanatorios), comprado en 1998 por el Fondo británico 3i, se vendió en 2017 a otro Fondo de los profesores de Ontario (Ontario Teachers´ Pension Plan).

Ya se ve que la inversión extranjera está muy presente en nuestras vidas, del nacimiento a la tumba. Eso tiene mucho de positivo, sobre todo la llegada de inversión que dinamiza la actividad y el empleo. Pero también tiene muchos riesgos: el principal, que las decisiones se toman lejos y muchas inversiones son especulativas, buscan el beneficio a corto y vuelan cuando han captado la plusvalía. Y además, pueden interferir en la gestión de empresas estratégicas, forzando a los gestores a seguir sus pautas de dirección. Y presionan a los Gobiernos, porque muchos Fondos tienen más poder que los paises. Por todo ello, parece lógico defender y promover las empresas españolas y europeas, para no acabar siendo filiales de EEUU, Reino Unido o China. Globalización sí, pero interés nacional también.

Universidad: polémica Ley y poco empleo

El Gobierno aprobó en  agosto el anteproyecto de Ley de Universidades (la LOSU), la 4ª reforma de la democracia. Pero no puede mandarla al Congreso porque, en la fase de consulta pública, ha sido vetada por los rectores y los alumnos. Y tampoco gusta al gobierno catalán. Así que la Ley Castells está bloqueada, aunque la haya retocado dos veces estos meses. El problema es “cuadrar” los intereses de rectores, profesores, alumnos y autonomías, que gestionan los Campus. La Ley busca reducir la precariedad de los profesores (un tercio, temporales), ordenar la carrera docente, mejorar la gestión y una Universidad más relacionada con las empresas y el mundo. Suena bien, pero no resuelve 2 asignaturas pendientes: más recursos públicos (para bajar coste matrículas) y una enseñanza que tenga más que ver con el mercado laboral, dejar de ser “una fábrica de parados” (15% licenciados en paro frente al 6% en la UE y el 4% en Alemania). Nos jugamos mucho en reconvertir la Universidad.

Enrique Ortega

Las Universidades españolas (50 públicas y 33 privadas) han tenido 3 Leyes durante la democracia: la Ley de reforma Universitaria (LRU) de 1983 (Felipe González), la Ley Orgánica de Universidades (LOU) de 2001 (Aznar) y la modificación parcial de la LOU, en abril de 2007 (Zapatero), para incorporar los requerimientos del nuevo sistema universitario europeo (Plan Bolonia de 1999). Ahora, el Gobierno Sánchez ha estado más de un año preparando una nueva norma legal, “para adaptar la Universidad al siglo XXI”: la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuyo anteproyecto aprobó el 31 de agosto de 2021.

Los grandes objetivos de la LOSU son terminar con la precariedad laboral de los profesores universitarios, ordenar la carrera docente, mejorar la gestión de los Campus, auditar y controlar mejorar sus cuentas, mejorar la calidad de la enseñanza, internacionalizar su actividad y vincular más sus planes de estudios con las empresas y el empleo. Y en paralelo, negociar con las Universidades la rebaja de costes de las matrículas, prometiendo a cambio una mayor financiación pública a las Universidades y una ampliación de las becas.

El gran problema en el funcionamiento diario de las Universidades es la tremenda precariedad laboral de sus profesores y la escasez de docentes, tras los recortes. Se calcula que entre 2012 y 2018, los Campus públicos perdieron 6.731 plazas de profesores (funcionarios e interinos), por la vía de no sustituir a los jubilados (tasa de reposición del 10% entre 2012 y 2014 y del 50% entre 2015 y 2016) y no renovar o despedir a los contratados. Y además, la no convocatoria de plazas hace que 1 de cada 3 docentes sean profesores asociados, sin garantía de plaza y con enorme precariedad laboral. Para oscurecer el panorama, se calcula que el 53,5% de los profesores permanentes se jubilan en 10 años y que en la próxima década se van a jubilar también el 90% de los actuales catedráticos…

La Ley intenta afrontar este grave problema laboral de la Universidad pública española (en la privada hay aún más precariedad). Por un lado, se permite contratar más, ampliando la tasa de reposición de los jubilados: en 2022, el Presupuesto permite contratar 12 profesores por cada 10 que se jubilen, aunque son las autonomías las que han de cumplirlo, porque son las que contratan  y pagan. Además se fija un cupo del 15% de las nuevas plazas para los profesores asociados (con tesis leída) que trabajen ya en la Universidad. Y se aumenta del 51 al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las Universidades, facilitando también la llegada de profesores extranjeros de apoyo, así como la figura del profesor asociado no doctor (para incorporar temporalmente a profesionales a la docencia). Y se establecen las normas para la progresión de carrera en las Universidades.

Otro problema que afronta la nueva Ley es la gestión de las Universidades, fijando criterios sobre la elección de Rectores y Decanos, la configuración del Claustro universitario y el Consejo de Gobierno de los Campus, introduciendo por primera vez sistemas de evaluación permanente de la actividad docente y auditorías sobre la gestión. Y se busca una igualdad de oportunidades para las mujeres, que ganan menos y tienen una escasa presencia en las cátedras (sólo el 21%) y en los puestos de dirección de las Universidades (sólo hay 9 rectoras en las 50 Universidades públicas).Otra cuestión clave de la Ley es intentar ordenar la carrera docente de los profesores universitarios, fijando tres niveles de progresión en la carrera académico y estableciendo normas para cubrir plazas.

Otro punto clave de la Ley es promover la producción y transferencia del conocimiento, exigiendo que todas las Universidades destinen un 5% de su Presupuesto a la investigación y que reserven al menos un 15% de sus plazas a investigadores. Y en paralelo, pretende mejorar la relación de la Universidad, las empresas y la sociedad, promoviendo “doctorados industriales” y la docencia de gestores de empresas, ayudando a una formación permanente de alumnos universitarios y sus profesores. Una medida clave  establece “pasarelas” con la Formación Profesional Superior (FP): algo crucial: que los alumnos de la Universidad puedan terminar estudios de FP y viceversa. Vamos que un universitario pueda hacer estudios de FP y un alumno de FP formarse en la Universidad, algo básico para que los licenciados tengan una formación “más práctica”.

Y otro objetivo básico de la Ley es promover la internacionalización de las Universidades españolas, fomentando las alianzas entre los Campus españoles y los extranjeros y sobre todo en el programa Erasmus. Y facilitando la acreditación de profesores extranjeros y la vuelta de “talentos” españoles, que hoy tienen problemas (de acreditación) para volver y enseñar en la universidad. Y la docencia en el extranjero puntuará a favor de todo los profesores.

Es sólo un resumen, que “suena bien”. Pero la Ley, al entrar en cuestiones relacionadas con la gestión de las Universidades, las contrataciones o las carreras docentes, resulta muy polémica, porque intenta legislar sobre intereses muy contrapuestos. Por eso, aunque el ministro Castells ha estado un año de conversaciones para lanzar el anteproyecto, ha chocado con muchas críticas. Y por ello, ha hecho algo inaudito: cambiar por dos veces el anteproyecto de Ley  aprobado en agosto. El 5 de octubre presentó un 2º texto, dirigido a calmar a los rectores: les aseguraba que no serían elegidos por un Comité (como en la 1ª versión) sino por un sufragio “ponderado” de la comunidad académica, como ahora. Y deja a los Campus las normas sobre elecciones de los Claustros y Consejos de Gobierno. Y el 22 de octubre, Castells presentó un 3º texto de la Ley, dirigido a los sindicatos, modificando exigencias y normas sobre los profesores y la participación de los alumnos.

Pero los cambios no han convencido. Y así, en el Consejo de Universidades del 18 de noviembre, los rectores se han negado a emitir un informe sobre la Ley, que es preceptivo, criticando la Ley y sus cambios. Y tampoco han emitido su informe preceptivo las asociaciones de estudiantes, que convocaron protestas y manifestaciones, ese mismo 18 de noviembre, en 20 ciudades de 12 autonomías. Y en paralelo, el Gobierno catalán ha presentado 100 páginas de alegaciones a la LOSU, reclamando más autonomía de gestión para los Campus catalanes. Así las cosas, el ministro Castells ha paralizado el nuevo envío de la Ley al Consejo de Ministros, tras  el periodo de información pública, con lo que se retrasa también su envío al Congreso. Y eso que la LOSU es una de las Leyes que el Gobierno había prometido a Bruselas este año.

El fondo de las críticas a la LOSU es que los rectores de las Universidades quieren más autonomía y no les gusta que una Ley les diga cómo dirigir su Campus o le ponga reglas para contratar a sus profesores. Y los sindicatos de profesores y los alumnos quieren también más participación y más poder, que no se les regule por Ley. La cuestión es que con 17 autonomías, hace falta un marco legal unitario, como se hace en Europa, que establezca unos mínimos, para evitar las diferencias que ya hay en sanidad o educación no universitaria. Y para asegurar una calidad mínima y homogénea de la enseñanza universitaria. Pero el acuerdo va a ser difícil: cuanto más se intente regular, más resistencias. Y cuanto menos se regule, más posibilidades de consensuar una Ley que sea poco eficaz. En esas estamos.

Pero al margen de la LOSU, las Universidades españolas han de afrontar otros problemas de fondo, en los que nos jugamos mucho. Sobre todo dos: la financiación de las Universidades y su utilidad para el reto de modernizar la economía y crear más empleo. Además, las Universidades públicas (50, ninguna nueva desde 1998) han de afrontar “la competencia” de las Universidades privadas, las únicas que crecen (son ya 33), con alumnos que no superan el filtro de la EBAU (sobre todo en Madrid, donde la nota media es de 10,2 a 10,4, frente a 9,2/9,6 en Cataluña y 8,7/9,1 en Castilla León o la Rioja, por ejemplo). Y más que van a crecer, de la mano de Fondos e inversores extranjeros: en 2018, el fondo italiano Permira compró la Universidad Europea de Madrid, en 2019 la Universidad Alfonso X el Sabio fue comprada por el Fondo británico CVC (el que ha comprado parte de LaLiga)  y en 2021 el Fondo norteamericano KKR ha dado el salto a la Formación Profesional española, comprando la malagueña Medac. Año tras año, las Universidades públicas pierden alumnos y los ganan las Universidades privadas, muchas de dudosa calidad académica.

La primera gran asignatura pendiente es financiar mejor la Universidad. En conjunto, España destina el 1,3% de su riqueza (PIB) a financiar los estudios universitarios, frente al 1,5% de media en la OCDE y el 2% en EEUU, según un estudio de los rectores. Y si miramos solo la financiación pública, España destina el 0,83% del PIB, frente al 0,97% en la OCDE y el 0,98% en la UE-23. Eso significa que la Universidad española recibe un 14,5% menos de financiación pública que las Universidades extranjeras. A lo claro, eso significa que les faltan 2.400 millones de euros cada año (1.600 millones públicos). Y no es sólo que España destine menos recursos a financiar sus Universidades, sino que el esfuerzo (% del PIB) es menor hoy que hace 22 años, según los rectores). Y además, está mal repartido: hay Gobiernos autonómicos que gastan más que la media (6.210 euros por universitario), como La Rioja (9.000 euros), País Vasco (8.500), Cantabria (8.000), Galicia (7.800), Navarra o la Comunidad Valenciana (7.500 euros) y otras que gasta mucho menos, como Madrid (5.000 euros por universitario), Baleares (5.100), Extremadura (5.200), Murcia (5.500) o Andalucía y Castilla la Mancha (aportan 5.900 euros por universitario).

Esta escasa financiación, más los recortes iniciados en 2012, explican que la Universidad pública española  sea la 2ª más cara de Europa, junto a Holanda, según el ministro Castells. Y somos el 11º país europeo (de los 23 estudiados) con las tasas universitarias más altas, según un estudio de los rectores (CRUE). De los grandes paises, sólo se paga más por la Universidad en Reino Unido e Italia, no se paga casi nada en Francia y es gratuita en muchos paises europeos, como Alemania, Dinamarca, Suecia o Finlandia. En España, el 73% de los universitarios pagan tasas, un precio medio de 1.050 euros en Grado, aunque con una gran diferencia según titulaciones y autonomías (de 2.000 euros en Cataluña a 700 euros en Galicia. Claro que la privada es impagable: más de 1.000 euros al mes en Madrid.

El sistema de becas es también “insuficiente” (2.000 euros de media al año, según la CRUE), porque se han recortado mucho en la última década y dejan fuera a muchos universitarios que no alcanzan la nota exigida (5,5 puntos desde 2018). El Gobierno Sánchez lleva 2 años aumentando los fondos para becas, de las que se benefician ahora unos 390.000 universitarios (de 1,6 millones), que reciben unos 1.000 millones al año. Pero el problema sin resolver es que cobran las becas 4 meses después de iniciado el curso, porque hay que esperar a aprobar el Presupuesto siguiente, lo que crea serios problemas a sus familias.

La 2ª gran asignatura pendiente de la Universidad, junto a la financiación, es la adecuación de sus estudios a lo que exigen las empresas y la economía. Urge reconvertir los Planes de estudio, porque las Universidades (públicas y privadas) ofrecen un exceso de Grados (se ha pasado de 1.275 en 2008 a 2.920 en 2020-21) y  sobre todo de Máster (de 1.736 a 3.567), que les consumen recursos y esfuerzos, pero que no tienen sentido. Sobre todo, porque el 13% de las carreras no cubren ni la mitad de las plazas y el 25% no cubren el 75%.

El problema ya no es que la Universidad tiene una oferta de estudios excesiva e inútil, sino que además, los alumnos estudian carreras sin salida, curso tras curso. Así, en el curso 2020-21 (últimos datos de Educación), el 47,1% de los nuevos alumnos de la Universidades públicas eligieron Ciencias Sociales y Jurídicas (carreras con mucho paro) o Ciencias de la Salud (18,85% y sólo el 6,3% se matricularon en Ciencias (carreras más difíciles pero con más empleo) y otro 18,85% ingenierías y arquitectura. De hecho, la gran diferencia de España con otros paises europeos es que somos el país con menos universitarios matriculados en titulaciones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas): un 23,4% frente a un 28,1% en la UE-23, un 25,5% en Italia y Francia, un 30,5% en Reino Unido y un 37,5% de los universitarios matriculados en Alemania, según el último informe de la CRUE.

La consecuencia es que las empresas no encuentran licenciados con la formación que necesitan. Y sucede, ya desde 2020, que hay más ofertas de empleo para los que han estudiado FP (41,3% de las ofertas) que para los universitarios (33,7%), según Infoempleo y Adecco. Esta falta de adecuación entre lo que se estudia en la Universidad y lo que buscan las empresas se ve claro en dos datos dramáticos. Uno, que la tasa de empleo de los licenciados españoles (25 a 34 años) es la más baja de Europa: trabajan el 75%, frente al 83% en la UE-22 o en la OCDE, el 84% en Portugal, el 85% en Francia, el 88% en Alemania, el 91% en Reino Unido o el 92% en Paises Bajos (solo es peor en Italia: 67% empleados), según el Informe “Panorama de la Educación 2021” de la OCDE. Y además, 1 de cada 4 universitarios en España (el 24%) sigue en paro 3 años después de licenciarse, algo que sólo les pasa al 16,3% en Europa y al 7,5% en Alemania. El otro dato es el paro de los universitarios (25 a 34 años): en España están desempleados el 15%, más del doble que en Europa (6% de licenciados desempleados) y casi cuatro veces Alemania (4% paro). Demoledor.

Con estos datos sobre el elevado paro y el bajo empleo de nuestros universitarios (sepamos además que un tercio están subempleados, “sobrecualificados”: trabajan en empleos que exigen mucha menos formación, desde cajera de supermercados a bares o tiendas), queda claro que la Universidad española tiene que reconvertirse a fondo, con una nueva Ley o sin ella. Habría que lograr un gran acuerdo para que sea más eficaz y ayude a crear empleo de calidad, al margen de las peleas de cada uno por su parcela de poder, su cátedra o su Campus. Nos jugamos mucho.