El coronavirus no
es sólo una pandemia que enferma
y mata, también pone en peligro la débil recuperación
de la economía mundial y a una Europa que apenas crece. El daño a las economías ya es patente, al impedir la fabricación de muchos productos que
venían de China o Corea, y por la incertidumbre, que desploma el consumo y los viajes,
provocando el pánico en las Bolsas. El mundo y España decrecerán este año y
se podrían perder muchos empleos, sobre todo en el turismo y la hostelería, la
automoción, el comercio y el ocio. La duda
es cuánto caerá la economía esta año y la intensidad de la recesión, que la Comisión Europea augura ya para Europa, con una caída del -1% o más. Va a depender de la dureza de las medidas que haya que tomar y de la duración de la epidemia (el pico será en abril y luego llegará hasta junio). Dos prioridades son claves: reforzar la sanidad (debilitada por
los recortes) e impedir despidos
definitivos (sólo temporales), ayudando a las empresas con créditos y
flexibilidad. Tenemos que salir vivos y con trabajo de esta pesadilla.
Antes de hablar de los daños económicos, veamos un balance de la pandemia a que nos
enfrentamos. La epidemia se inició en la provincia china de Wuhan, entre el 12 y 19 de
diciembre, pero los primeros casos no se reportaron a la OMS hasta el 31 de
diciembre. El 9 de enero, China informó del primer muerto por coronavirus. El primer caso en Europa se dio el 25 de
enero en Francia, llegando a España el 31 de enero (La Gomera). Y el 11 de marzo, la OMS declara la pandemia,
que hoy afecta a 168.000 personas en 144 paises, con 6.500 muertos. España es hoy el 5º país más afectado del mundo (7.989 afectados y 294 muertos), tras
China (81.079 casos y 3.228 muertos), Italia (24.747 casos y 1.809 muertos),
Irán (13.938 casos y 724 muertos) y Corea del Sur (8.236 casos y 75 muertos).
Los expertos indican que si no hacemos nada, el
coronavirus contagiará al 60% de la población, aunque el 80% no lo notará o tendrá
síntomas leves, el 15% necesitara tratamiento y el 5% restante sufrirá una
situación crítica (y el 1-2% morirá). Así que es
una pandemia muy seria.
El primer objetivo es ralentizar estos contagios, conseguir que el
virus se propague lo más lentamente posible y a lo largo de varios meses,
que no se concentre en uno o dos meses, porque eso colapsaría la sanidad, ya
que no habría unidades de cuidados intensivos ni medios para atender a ese 5%
más grave (sobre todo ancianos y enfermos crónicos). Por eso, las medidas
de aislamiento tomadas drásticamente en China y en Italia o España
(tarde) pretenden no sólo reducir los contagios sino “espaciar el
ritmo”, “repartirlos” más para
poder atenderlos. Es lo que explican estas curvas publicadas en la revista científica
Lancet, la guía para las autoridades sanitarias de todo el mundo.
Este es el primer frente
de lucha contra el coronavirus, el sanitario,
la prioridad indudable, máxime cuando la pasada crisis económica y los
recortes han debilitado la sanidad pública en muchos paises, entre
ellos España. Baste un dato: Madrid tiene hoy 500.000 habitantes más que
en 2008 y 3.300 sanitarios menos. Y lo mismo en la mayoría de autonomías, que necesitan con urgencia personal, instalaciones,
camas, respiradores y material. De momento, el Gobierno va a transferir 2.800 millones a las autonomías para reforzar su sanidad y
1.000 millones del Fondo de contingencia para compras y suministros. Es un
principio, pero habrá que gastar más y convocar
plazas de médicos y sanitarios con urgencia.
El otro gran frente de
actuación es la economía, para
evitar que el coronavirus nos meta en otra crisis como la de 2008 o peor.
Porque la pandemia daña la economía por
dos vías. Una, provocando una “crisis de oferta”: vivimos en una economía globalizada y China es “la
gran fábrica del mundo”(produce un 30% de las manufacturas mundiales), junto
con Corea. Eso afecta a todos los paises que necesitan sus piezas y componentes para fabricar
coches, tecnología, informática, medicamentos, maquinaria, material eléctrico,
plásticos, productos químicos y ropa, además de frenar las ventas del mundo a
China. Nissan ya cerró el viernes su planta de Barcelona y hoy cierran temporalmente las fábricas de Renault en Palencia y Valladolid, la de Seat en Martorell y la de Ford en Almusafes, todas por falta de suministros y por seguridad. La otra vía por la que el coronavirus ataca la economía es el miedo, la incertidumbre, que reduce las ventas y los viajes (la crisis de “demanda”), máxime si se ordenan
aislamientos o se prohíben vuelos. Y esto afecta ya a casi todas las empresas,
que reducen ventas y producción, junto al comercio, y, sobre todo, los hoteles,
bares, restaurantes y líneas aéreas (que ya han anunciado múltiples EREs).
En este ambiente de
temor, el dinero y los inversores han entrado en
pánico, huyendo de los paises en desarrollo (Latinoamérica, África y Asia), que han
perdido más de 30.000 millones de dólares en el último mes y medio, fugados a
USA y Europa para invertir en bonos del Estado, lo que puede provocar una
crisis en el Tercer Mundo. Y entre tanto, los inversores se han lanzado a
vender sus acciones, provocando un desplome en las Bolsas mucho mayor que en 2008: el IBEX 35 han caído un -34,25%
desde el máximo del 19 de febrero, lo que supone que los inversores han perdido
más de 150.000 millones de euros. Eso frena en seco cualquier inversión, mientras la banca restringe
más sus créditos.
Todo esto afecta a
todo el mundo, pero España es uno de
los paises que puede salir peor parado económicamente por el coronavirus
por cuatro razones. La primera, porque somos la 2ª potencia mundial en turismo y vamos a perder muchos de los 83,7
millones de extranjeros que vinieron el año pasado, lo que afectará
especialmente a Canarias, Baleares, todo el litoral mediterráneo y Madrid. La
segunda, porque España es el 8º productor
mundial de coches (13 factorías y 2,82 millones de coches fabricados en 2019), una industria clave para el consumo
interno, la exportación (2,3 millones) y el empleo (2 millones), donde ya se
han anunciado EREs temporales (Ford, Opel y Nissan).La tercera, porque España es un país muy dependiente de China:
hay 160 empresas españolas instaladas allí y es nuestro tercer proveedor
mundial (importamos de allí por valor de 29.154 millones, el 9,1% del total), sólo por detrás
de Alemania y Francia. Y la cuarta razón, y la más preocupante, porque somos el país europeo con más empleo
precario: el 26,10% de los asalariados tienen
un contrato temporal y pueden ser “las primeras víctimas laborales” del
coronavirus. Y además tenemos una mayor
proporción de pymes (98%),
más sensibles a la caída de ventas.
De momento, las instituciones
económicas internacionales “no se mojan” al valorar los daños
económicos del coronavirus. La OCDE dijo el 2 de marzo que podría “reducir a la mitad el crecimiento de la economía
mundial en 2020” (del 2,4 anterior al 1,5%). Pero advertía que si la epidemia
se propagaba, “Europa y Japón podrían entrar en recesión”. Y el FMI añadió, el 4 de marzo, que los daños “podrían ser más graves que los de la crisis
financiera de 2008”, en despidos y caída de la oferta y la demanda, anunciando
que va a movilizar un paquete de 45.000 millones de euros para ayudar a los
paises pobres y emergentes. En el caso de Europa,
el problema es que la economía ya estaba “parada” antes del coronavirus: creció
sólo un +0,1% (la UE-28 y la zona
euro) en el 4º trimestre de 2019, según Eurostat. Y Alemania y Reino Unido no
crecieron nada (+0%), mientras España crecía un 0,5%, Austria, Dinamarca y
Suiza sólo un 0,2% y 4 importantes paises
decrecían: Francia (-0,1%), Italia (-0,3% sin el coronavirus), Finlandia (-0,7%)
y Grecia (-0,7%).
A pesar de este estancamiento europeo a finales de
2019, que ahora el coronavirus transformará en caídas del crecimiento, las autoridades europeas han reaccionado tarde
y mal ante la pandemia: se han limitado a un Consejo europeo por videoconferencia (dos horas y media, el 11 de marzo) donde aprobaron un Fondo de ayuda de 25.000 millones, de los que 7.500 saldrán de remanentes del Presupuesto y el resto no se sabe. El viernes, tras el desplome de
las Bolsas, subieron el paquete de ayudas a 37.000 millones.
Una miseria para una pandemia. Eso sí, cada país aprueba planes por su cuenta:
12.400 millones Alemania (otra miseria), 25.000 millones Italia, 34.000
millones Reino Unido. Y el Banco Central Europeo (BCE), que fue “el bombero” que nos salvó de la crisis de 2008,
también ha sido parco esta vez, aprobando la compra extra de 120.000 millones de
deuda pública y privada (sólo 10.000 más al mes) y prometiendo más crédito para
las empresas, que nunca llega. Así no extrañe que las Bolsas se desplomaran el jueves al ver como el BCE y la UE afrontan la crisis
del coronavirus. Y mientras, la Reserva Federal USA anuncia una inyección de liquidez de 1,5 billones
de dólares, que se suman a los 50.000 millones de dólares de un Plan de emergencia presentado por Trump.
En este diletante contexto europeo, España está muy sola para
luchar contra la crisis que provoca el coronavirus. El Gobierno ya ha
aprobado un primer paquete de medidas económicas,
además de la inyección de 3.800 millones
para la sanidad. Básicamente, trata de aligerar de costes a las empresas y
que tengan liquidez y créditos para no entrar en crisis, ayudando en paralelo a
los trabajadores afectados. Primero, se concede una moratoria de 6 meses a las
empresas afectadas para que retrasen el
pago de impuestos (IVA, IRPF, sociedades…), hasta 30.000 euros por empresa , unos 14.000 millones de euros en total, una importante liquidez para hacer frente a la caída de
ingresos. Segundo, una línea de crédito de 400 millones con mínimo interés, del ICO, para las empresas y autónomos del
turismo, el transporte y la hostelería. Tercero, para preservar el empleo, se
amplían las bonificaciones a la
Seguridad Social en los contratos fijos discontinuos para que cubran los
contratos de febrero a junio en turismo, comercio y hostelería. Cuarto, se
permite que los trabajadores afectados por el aislamiento preventivo se
consideren “baja por enfermedad”, lo
que les permite cobrar desde el día siguiente el 75% del sueldo con cargo a la
SS, no a su empresa. Y además, se conceden 25 millones para atender la pobreza infantil, las
familias que ahora no acuden a los comedores escolares (cerrados).
Es un primer paquete de medidas de
urgencia, al que seguirá otro que se está negociando con
empresas y sindicatos. Básicamente, se trata de facilitar los expedientes de regulación de empleo temporales, para
que las empresas puedan aligerar plantillas y gastos por unos meses y los
trabajadores cobrar el sueldo sin consumir paro. Además, se estudian medidas específicas para el turismo
(flexibilización de los slots o reservas de tiempo de las compañías aéreas y
ayudas y créditos a hoteles), junto a ayudas
a las familias que han tenido que reducir horarios (e ingresos) o gastar en
cuidar a sus hijos por el cierre de colegios. ”No vamos a escatimar recursos. Haremos lo que haga falta”, dijo el jueves el presidente Sánchez.
¿Será suficiente? ¿Entraremos en otra crisis? Va a depender no sólo de las medidas de ayuda que se tomen, sino
de dos factores más. Uno, la
intensidad de las medidas que se impongan para atajar la pandemia. Si se aíslan las ciudades y se cierra todo,
salvo supermercados, farmacias y gasolineras (como en Italia), con el “estado de alarma” (necesario),
los daños económicos serán mucho más cuantiosos. Y el otro factor clave será la duración de la pandemia. Según la
curva que manejan los expertos, el "pico" del contagio podría alcanzarse hacia el 15 de abril y el final de los contagios a finales de junio. De ser así, demos por perdida la Semana Santa (clave)
y buena parte de las reservas turísticas
del verano, mientras serán muchas las empresas que no podrán aguantar
tantos meses de caída de ventas. Estaríamos hablando de dos trimestres de caída de la
actividad ("recesión") y un año 2020 donde no creceríamos nada o incluso decreceríamos y se perdería empleo, algo que no sucede desde 2014. La Comisión Europea acaba de reconocer que Europa entrará en recesión en 2020 y que la caída puede ser del -1% o incluso más, según las medidas que se tomen para reducir los daños. Hoy se reúne el Eurogrupo (ministros economía UE) para ver si hacen algo más a nivel europeo. De eso va a depender también que entremos en otra crisis como la de 2008 o peor.
Lo importante es salvar vidas y salvar empleos. Deben
ser los dos objetivos de todos. Y por eso, las
empresas y los sindicatos deben pactar con el Gobierno medidas para salvar
empresas y empleos, evitar que alguien utilice el coronavirus para “limpiar plantillas”. En eso hay
que ser inflexible, con ayuda de la Inspección de trabajo. Y en
paralelo, todos los partidos deberían pactar un aumento del gasto y admitir que
no se va a poder cumplir con el déficit que
exige Bruselas. Hay que gastar lo que
haga falta para salvar vidas y empleos, diga lo que diga la UE. “Europa sabe que no puede volver a cometer
los errores del pasado (austeridad) que tanto perjudicaron a nuestras economías
(...). Nosotros vamos a movilizar todo lo que tengamos a nuestro alcance. Haremos
lo que haga falta”, dijo el jueves Pedro Sánchez. Y hay que apoyarle ante Bruselas. Para ello, haría
falta pactar y aprobar cuando antes un
Presupuesto extraordinario para 2020, “el
Presupuesto del coronavirus”. Urge.
Mientras tanto, debemos luchar juntos contra el coronavirus,
quedándonos
en casa. Y podremos ver cada día si tenemos éxito.
Empezaremos a ganar esta guerra cuando el
ritmo de contagios baje, el gran objetivo que se busca: que baje
la cifra de nuevos contagios. El 5 de marzo aumentaron en +37 (+18%), el día 6 en +104 (+39%), el
lunes 9 en +410 (+69%), el
jueves 12 en +810 (+27%), el viernes 13 en +1.259 (+43%), el sábado 14 en +1.519 (+36%) y ayer domingo 20 en +2.000 nuevos (+35%). Van a seguir
subiendo, pero algún día empezarán a bajar y veremos sentido a todo este sacrificio. Busque
cada día el dato oficial, que publica esta web de Sanidad hacia las 14 horas. Y calcule el porcentaje de aumento
de contagios (nuevos contagios/contagios de ayer). Este porcentaje ha de ser nuestra
guía, nuestra obsesión.
Tardará, pero bajará.
Para acabar, unas reflexiones que vienen a cuento. La primera, que el coronavirus nos demuestra que somos muy vulnerables,
que nuestra vida y nuestro trabajo se pueden “poner patas arriba” en unos días,
sin que podamos controlarlo apenas, así que quizás sería bueno que revisáramos nuestras
prioridades vitales. La segunda, que el
Estado, tan denostado por muchos “liberales de pacotilla”, nos hace mucha falta y es la única
garantía que de verdad tenemos para mantener la actividad y hasta la vida.
Tercera, que la salud es lo primero y nunca
más deberíamos permitir recortes sanitarios. Y cuarto, que emergencias como
esta se pueden repetir y no estamos preparados, ni con medios, ni con
investigadores ni con recursos, lo que obligaría a crear un Fondo de contingencia para emergencias, reservas estratégicas y protocolos claros, para no volver a improvisar
en futuras crisis.
Y dicho todo esto, tranquilos: vamos a salir de esta pesadilla, aunque estaremos mal unos meses. Insisto: lo importante es salir vivos y con trabajo.
En los últimos meses, la Comisión Europea ha dado tres “toques de atención” a España
por la deuda pública, el problema
español que más les preocupa junto al paro
y la baja productividad. Somos el 7º país con más deuda pública de Europa
y llevamos 6 años con más de un billón
de euros de deuda, el triple que antes de
la crisis, aunque ha bajado su peso al 95,5% del PIB. El problema es que
hay que pagarla y los intereses (31.398
millones en 2019) son el 2º mayor gasto
del Presupuesto, más que seguridad, Defensa, empleo, salud y educación juntos. Y si no hacemos nada, para 2030 seguiremos debiendo el 95% del
PIB, según la Comisión Europea, que pide recortar más el déficit y la
deuda. Hay otra vía: ingresar más, como el resto de
Europa (+83.000 millones). Urge un Pacto político para reducir la
deuda pública al 60% del PIB para 2030. Si no, les dejaremos una costosa herencia a nuestros hijos y nietos.
Uno de los graves
problemas que ha tenido España a lo largo de su historia ha sido la deuda, el excesivo endeudamiento de los Gobiernos,
por gastar más de lo que ingresaban,
según explica el profesor Francisco Comín en su interesante libro “La crisis de la deuda soberana en España 1500-2015 ”. Empezó con los Reyes
Católicos y se aceleró con Carlos V, que dejó en herencia a Felipe II la primera bancarrota de
nuestra historia, en 1557, a la que
siguieron muchas más, con los Austrias y los Borbones. El primer récord “moderno” de deuda pública
se alcanzó en 1879 (con Cánovas del
Castillo y Alfonso XII), cuando la deuda pública alcanzó el 165% del PIB. En 1898, al acabar la guerra de Cuba, seguía en el 124% y empezó el siglo XX con el 101% de deuda en 1909. Luego bajó, tras la I (39%)
y II Guerra Mundial (59% del PIB), y
más tras la Guerra Civil, hasta un 22,4% de deuda en 1944, alcanzando un mínimo en 1975,
a la muerte de Franco: el 7,3% del PIB (39.819 millones de euros
de hoy).
Con la Transición y
la democracia, aumentaron las demandas de gasto y la deuda pública española se triplicó en tres años, hasta
el 22,2% del PIB en 1977. Y se duplicó para 1993 (56,1% del PIB), tras los fastos del 92 (Olimpiada y Expo) y la
crisis, alcanzando un máximo del 67,4%
del PIB en 1996. A partir de ahí
vienen los años de “vacas gordas” y la “burbuja inmobiliaria”, que permiten
bajar la deuda a un mínimo en 2007: el
35,6% del PIB (384.662 millones de
deuda). Pero viene la gran recesión de 2008 y Zapatero aumenta el gasto y la deuda, que deja al irse, a finales
de 2011, en el 69,5% del PIB (744.323 millones).
Y Rajoy, a pesar de su histórico aumento
de impuestos y sus recortes, no puede afrontar el desplome de ingresos y el
enorme coste de las ayudas a autonomías, Ayuntamientos, Cajas y al desempleo,
que disparan la deuda pública hasta un
máximo del 100,7% del PIB en 2014 (1.039.388 millones). Y Rajoy se
fue, en mayo de 2018, dejando a Sánchez una deuda del 98,2% delPIB, 1.155.000 millones de euros, un 55% más de deuda que cuando llegó
a la Moncloa.
En estos dos años de Gobierno
Sánchez, la deuda pública ha crecido algo en millones (sigue por encima del billón de euros desde
2014) pero ha reducido su peso sobre el PIB. Y así llegamos al dato de 2019, recientemente publicado por el Banco de España: 1.188.893
millones de euros (un máximo
histórico de deuda, el triple que en 2007) y el 95,5% del PIB, el porcentaje de deuda más bajo desde 2012
(tras reducirse -2,1% en 2019, la mayor reducción anual del peso de la deuda
desde 2007).
La deuda pública se
reparte hoy, según el Banco de España, entre la Administración central (Estado y otros organismos),
que tienen el grueso de la deuda (el
91%), 1.083.835 millones a finales
de 2019, las autonomías (294.883
millones: 78.600 Cataluña, 47.877 la Comunidad Valenciana, 35.770 Andalucía y
33.692 Madrid, en septiembre 2019), los Ayuntamientos
(23.345 millones) y la Seguridad Social
(55.024 millones en 2019), la entidad que más ha disparado su deuda (la ha
triplicado desde los 17.173 millones que debía en 2016). Y eso se debe
a que, con la crisis y la precariedad en sueldos y empleos, las cotizaciones
no alcanzan para pagar las pensiones y como el Gobierno Rajoy se comió
”la hucha” de las pensiones, el Estado
tuvo que prestar a la Seguridad Social en 2017, 2018 y 2019, aumentando su
deuda 37.851 millones en esos tres años.
La deuda pública
española, aunque haya reducido su peso, es muy abultada y preocupa mucho en Bruselas. Tanto, que la nueva Comisión
Europea ha dado tres “toques de atención” a España en los últimos tres meses. El
primero, el 17 de diciembre de 2019, a través de este Informe sobre el mecanismo de Alerta 2020, en el que llama la atención sobre
los 13 paises europeos que tienen “desequilibrios económicos” (Italia,
Grecia, Chipre, Francia, Alemania, Paises Bajos, Suecia, España, Portugal,
Irlanda, Bulgaria, Croacia y Rumanía). Y al referirse a España, resalta los tres
“desequilibrios” que les preocupan: la
deuda (pública y privada), el elevado paro
y el estancamiento de la productividad,
nuestras 3 principales “asignaturas
pendientes”.
El segundo “toque” fue en enero de 2020, a través de este Informe sobre la sostenibilidad de la deuda pública en Europa. Aquí, la
Comisión vuelve a mostrar su preocupación por la deuda española, recordando que
“España es uno de los 8 paises más
vulnerables de Europa por su elevado endeudamiento”. Los datos son claros: España es el 7º país europeo con más deuda
pública (97,9% del PIB en el tercer trimestre de 2019), por detrás de
Grecia (178,2%), Italia (137,3%), Portugal (120,5%), Bélgica (102,3%), Francia
(100,5%) y Chipre (97,8%), según la última estadística de Eurostat. Y tenemos una deuda muy por encima de la
media europea (80,1% la UE-27), de Alemania (61,2%) y Reino Unido (84,2%). Además,
a nivel mundial, ocupamos el puesto 20ª del ranking de paises más endeudados
del mundo, encabezado por Japón (238% del PIB), Grecia, Barbados, Líbano e
Italia.
Lo preocupante, advierte este informe de la Comisión Europea de enero, no es que la deuda española
sea elevada sino que no se va a reducir en la próxima década:
estiman que pasará del 97,6% del PIB en 2018 al 96,6% en 2020 (ya es menor hoy:
el 95,5% en 2019), al 96,7% en 2025 y el 95,7% del PIB en 2030. O sea, que crecerá en millones de euros y apenas bajará
un 2% en peso sobre la economía. La deuda
se hará crónica esta década. Y
eso, creen, por dos razones. Una, porque crecerá el gasto en pensiones, sobre
todo si se actualizan con el IPC y no se implanta el “factor de sostenibilidad”, la reforma aprobada por Rajoy en 2013 para pagar
las pensiones según la esperanza de vida. Y la otra razón, porque la población
española va a envejecer mucho en las próximas décadas y creen que eso va a
disparar el gasto no sólo en pensiones sino también en sanidad, dependencia y
asistencia social.
El tercer “toque” por la deuda pública nos lo ha dado la
Comisión Europea el 26 de febrero, en su Informe sobre España 2020: reconoce que el peso de la deuda ha bajado pero cree
que “es
muy alto” y reitera que España “afronta
riesgos en la sostenibilidad presupuestaria a medio plazo” por las pensiones y el envejecimiento de la población. No se creen que el Gobierno
Sánchez consiga bajar el déficit público del 2% del PIB (prevén que pasará del 2,5% en 2018 al -2,3 %
en 2019, el -2,2% en 2020 y al -2,1% en 2021). Y para financiarlo, creen que España seguirá con una deuda muy alta, que sólo bajará al 96% del PIB en 2021 (ahora ya sabemos que eran demasiado pesimistas: estaba en el 95,5% a finales de 2019).
Para las autoridades
europeas, España tiene que corregir
su déficit para rebajar su deuda. Y proponen,
por un lado, aumentar la recaudación,
porque tenemos “un nivel de imposición bajo en relación a los gastos”, sobre
todo en el IVA, IRPF, sociedades e impuestos verdes. Y por otro lado, insisten en reformar las pensiones, no actualizándolas con el IPC y aplicando mecanismos de
ajuste para afrontar una mayor esperanza de vida, porque si no se hace, no será
posible reducir el déficit y la deuda a medio plazo. Y ya en 2020, van a mirar con lupa el proyecto de
Presupuestos, porque creen que España debe ajustar sus gastos y su déficit entre 6.500 y 10.000 millones de euros
para cumplir con Bruselas.
Entre tanto, el Gobierno
Sánchez ha aprobado en el Congreso un nuevo “techo de gasto” para 2020,
base de los próximos Presupuestos,
donde contempla menos déficit y menos deuda que las previsiones de la Comisión
Europea. En el déficit público, apuestan por rebajarlo al -1,8% del PIB en 2020 (-2,2% la
Comisión) y dejarlo en un nivel mínimo del -0,9% en 2023.Y en la deuda pública, prevén bajarla al 94,6% del PIB en 2020 (96,6% la
Comisión) y dejarla en un mínimo de 89,8%
del PIB en 2023.
Aún creyendo estas previsiones,
que van a depender mucho de que no haya
otra crisis (se desplomarían los ingresos y aumentarían los gastos), ese 89,8% del PIB de deuda pública en 2023
sería demasiado elevado. Estaríamos mejor pero seguiríamos siendo “un país muy
vulnerable”, al que en cualquier momento podrían “poner de rodillas”
los inversores (los famosos “mercados”)
y una subida de tipos. Porque si la deuda pública no preocupa hoy tanto como
en 2012, se debe a que el Banco Central Europeo (BCE) nos ha salvado, tanto por
comprar deuda como por bajar los tipos de
interés al mínimo. Y eso nos ha dado “un gran respiro” para la deuda. Si
el 27 de julio de 2012, para colocar la deuda (bono a 10 años), España tuvo que
pagar un interés del 7,56%, un año
después ya pagaba el 4,80%. Y a principios de marzo de 2020 paga sólo el 0,25% por el bono a 10 años. Y
la famosa “prima de riesgo” que nos
atenazaba cada día (la diferencia entre el interés de la deuda española y
alemana) ha pasado de 511 puntos en 2012 a 83 ahora (0,25
paga la deuda española a 10 años y -0,58% la deuda alemana, que “cobra” ahora por colocarla).
Pero esto puede
cambiar cualquier año: el BCE dejar de comprar deuda pública (lo iba a
hacer en 2020, pero lo retrasa por la desaceleración europea) y los tipos subir. Y ojo: con un 1% que
suba el coste de colocar la deuda pública, España pagaría 3.600 millones más de intereses. Es lo malo de tener tanta deuda y
de que crezca cada año: que hay que financiarla, pagando por la
deuda en circulación y emitiendo más deuda nueva (para “tapar” o financiar el
nuevo déficit). De hecho, en 2019 España emitió 196.504 millones de deuda nueva
y este año 2020 está previsto emitir 196.504 millones de euros. Por eso somos muy
“vulnerables”: porque dependemos de que nos presten 538 millones
diarios.
Y aunque no haya nervios en los mercados y encontremos quien nos compre la deuda (el 48% son extranjeros, el 22% la tiene el BCE, un 17%
los bancos españoles, un 10% las aseguradoras y un 4,5% fondos de inversión y
de pensiones), hay que gastar una
barbaridad en pagar intereses: 31.398 millones de euros en 2019, la 2ª partida de gasto más importante del
Presupuesto tras las pensiones (153.864 millones). Gastamos más en pagar la deuda a los inversores que en Seguridad (8.879 millones), Defensa (8.537 millones), fomento del empleo (5.985 millones), sanidad (4.292 millones) y educación (2.722 millones) juntos. El pago de la deuda es una
hipoteca tan costosa que ya hemos pagado 321.000 millones de euros en intereses entre 2008 y 2019. Daría para pagar las pensiones más de 2 años.
En definitiva, que tener tanta deuda pública nos hace un
país muy vulnerable frente a los inversores (extranjeros y nacionales)
y supone una pesada losa para las
cuentas públicas, que no pueden
gastar más en lo que hace falta (desde empleo a educación o vivienda)
porque antes (lo exige el reformado artículo 135 de la Constitución) tenemos que pagar los abultados intereses
de la deuda (han pasado de 15.928 millones en 2008 a 31.500 en 2018 y 2019).
Por eso hay que reducir la deuda como sea:
es un lastre para los próximos años,
ya que dos tercios de la deuda (67%) está colocada a más de 10 años.
Para el Gobierno
Sánchez, como para Felipe II o
la Restauración decimonónica, la
deuda pública es un problema crucial de España, aunque se hable poco de él. La
propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha señalado que “la deuda pública es uno de los tres grandes
problemas estructurales de España, junto al paro y la pobreza”. La
cuestión es cómo resolverlo. Y aquí,
muchas recetas van en la línea de la Comisión Europea: hay que recortar gastos,
rebajar el déficit para reducir la deuda. Pero la solución no es tan fácil.
España tiene más
deuda pública porque tiene más
déficit (el 2º de Europa, tras Chipre y empatados con Francia). Pero si
tenemos más déficit no es porque gastemos mucho sino porque ingresamos muy poco. Lo indican con claridad los datos de la propia Comisión Europea. España gastó en 2019 el 41,7% del PIB, frente al 45,9% de media que gastó la UE-27. O
sea, el gasto público español es 52.279
millones de euros menos al año que la media europea. Y, a pesar de eso,
tenemos más déficit porque ingresamos mucho menos: el 39,3% del
PIB en 2019 frente a una media del 46%
del PIB en la UE-27.Eso se traduce en 83.398
millones menos de recaudación cada año.
Por eso tenemos más déficit y más deuda.
Así que la solución
para rebajar la deuda no puede
ser la de siempre de los ideólogos neoliberales y austericidas: más recortes. Sobre todo en un país que necesita gastar más en casi todo,
desde el empleo a la tecnología pasando por la educación, la sanidad, la
dependencia, la vivienda o la modernización de la economía, porque los recortes han sido muy drásticos y además
llevamos décadas gastando menos que Europa. La verdadera solución está en ingresar más, para destinar
una parte de la mayor recaudación a rebajar la deuda y otra parte a afrontar
los gastos más urgentes. Y se puede hacer, si se implanta una
reforma fiscal (en sociedades, IRPF, IVA, nuevos impuestos e impuestos
“verdes”) y una eficaz lucha contra el fraude que permita recaudar “como Europa”.
El problema de la deuda pública es tan serio que exige un gran Pacto político, con el objetivo de bajarla al 60% del PIB para 2030, por ejemplo. Eso exigiría acuerdos en el gasto (una reforma realista de las pensiones y pactar las prioridades de gasto del
país en la próxima década) y acuerdos sobre
cómo recaudar más y cómo repartir más justamente los impuestos. Es difícil conseguirlo,
pero si no lo hacemos, apenas se rebajará
la deuda y dejaremos una pesada herencia a nuestros hijos y
nietos. Piénselo.
La venta de viviendas
cayó
en 2019, por primera vez desde 2013.
Hubo menos ventas en 11 autonomías, sobre
todo en Galicia, norte y las provincias del interior, en la “España vaciada”. En
paralelo, los precios de las viviendas
subieron
menos, un 5% en 2019, tras encarecerse
un 21,5% desde 2014. Este “pinchazo” de la vivienda, uno de los motores de la recuperación,
se debe al enfriamiento de la economía y el empleo y a un cierto “endurecimiento”
de las hipotecas por los bancos, que siguen con “guerra de ofertas”
pero seleccionando más los clientes. Y con este panorama, la construcción ha entrado en recesión, cayendo desde el verano
pasado, algo que no pasaba desde 2013. Y creando sólo 4.000 empleos el último año. Ahora, los expertos esperan un
año 2020 de “tregua” en la vivienda, con ventas y precios “planos”, a la espera de ver qué hace el Gobierno
con los alquileres. Si aprueba “controles”, podrían desviarse viviendas del alquiler a la venta. Y entrar en seria crisis un sector clave.
La mayor venta de viviendas ha sido uno de los principales motores de la
recuperación. En 2014, con la vuelta del crecimiento y la recuperación del
empleo, volvió a aumentar la venta de
pisos en España, tras las fuertes caídas sufridas entre 2018 (-28,8%) y
2013 (-1,9%). Y así, la venta de viviendas aumentó en 2014
(+2%), 2015 (+11,5%), 2016 (+14%), 2017 (+15,4%) y 2018
(+10,8%). Pero en 2019, al
desacelerarse el crecimiento y con la incertidumbre política, la venta de
viviendas cayó un -3,3%, por primera vez desde 2013, según el INE. Eso
sí, se volvieron a vender más de 500.000
viviendas (501.085 en 2019), por 2º año consecutivo (517.984 viviendas
vendidas en 2018), algo que no pasaba
desde 2008 (552.080 ventas).
La caída de ventas hasido muy generalizada,
en 11 autonomías, sobre todo en
Canarias (-14%), Baleares (-10,9%), Navarra (-9,7%), Madrid (-7,5%), Asturias
(-6,4%) y la Comunidad Valenciana (-4,9%), aumentando
las ventas de pisos sólo en 6 autonomías: Castilla la Mancha (+7,5%),
Extremadura (+5,7%), la Rioja (+3,1%), Galicia (+2,5%), Murcia (+1,2%) y
Castilla y León (+0,5%), según los datos del INE.
Pero estos datos autonómicos esconden una realidad: la venta de viviendas se mueve en España a dos velocidades: avanza a buen ritmo en el Mediterráneo (16.640
ventas por 100.000 habitantes en Murcia), Andalucía, Baleares (13.951) y Madrid
(70.835) pero “pincha” en Galicia, el norte de España y, sobre todo, en“la España vaciada”: Lugo (541
viviendas vendidas por 100.000 habitantes), Orense (544), Zamora (575), Cuenca
(772), Soria (801), Teruel (838) o Ávila (916 ventas por 100.000 habitantes).Poca
población, poca actividad, pocas ventas de viviendas.
Las ventas que caen
son las de viviendas de 2ª mano
(-4,2%), que suponen el 85% de todas las ventas (408.241 viviendas usadas
vendidas en 2019), mientras el motor que más tira del mercado son las viviendas nuevas, algo más caras en
general, cuyas ventas (92.844) sí crecieron en 2019 (+1,2%), sobre todo las promociones en
el interior de las ciudades y en lugares donde se ha ido agotando el stock de
viviendas. Y los expertos apuestan
porque es el segmento del mercado que tiene más
futuro.
La primera consecuencia de esta caída de ventas es que los precios de los pisos se han moderado: crecieron, un +5,6% entre
enero y septiembre de 2019 (último dato publicado por el INE), menos que en 2018
(+6,7%) y 2017 (+6,2%) aunque más que en los tres años anteriores
de subidas (desde 2014). Las viviendas han subido una media del +27,1% entre 2014 y septiembre de 2019,
pero todavía no han recuperado el precio
que tenían antes de la crisis, dado que bajaron un -41,9% entre 2008 y
2013. O sea, que todavía son un -14,8%
más baratas que en 2008.
Esta menor subida de la vivienda, por
la caída de ventas, fue menor en 2019 en las viviendas de 2ª mano (subieron
un +5,2% hasta septiembre) que en las viviendas nuevas (subieron un +8,06%). Y
la subida fue también muy desigual por autonomías, siendo mayor en Baleares (+6%), Andalucía
(+5,9%) y Aragón (+5,8%) y muy escasa en Extremadura (+1,5%), Cantabria
(+2,4%), Castilla la Mancha, Navarra (+3,1%), Asturias (+3,5%), Galicia y
Murcia (+3,7%), según los últimos datos del INE.
¿Por qué caen las
ventas de viviendas y apenas crecen los precios? La razón básica es que la recuperación se frenó en 2019, con menos crecimiento y menos
creación de empleo, lo que reduce la demanda. Y muchas familias y jóvenes no pueden comprar un piso, por sus bajos
ingresos o la precariedad de sus contratos, lo que les ha llevado al alquiler, rebajando la demanda de pisos para
comprar. Y más en un año 2019 con mucha incertidumbre política y
elecciones, lo que ha desanimado
también las compras de empresas
(12,18% del total) y extranjeros
(realizan el 12,64% de las compras de viviendas en España), sobre todo de británicos (por el Brexit) y alemanes
(por su menor crecimiento), algo que se ha notado en Baleares, Canarias, Levante y Madrid.
Otro factor clave ha sido el “pinchazo” de las hipotecas,
sobre todo en los primeros meses tras la nueva Ley Hipotecaria que entró en vigor el 16 de junio de 2019, para
adaptarnos a la normativa europea. La nueva Ley exigió un aumento de la documentación y tuvo algunos problemas de adaptación informática entre bancos y notarios. Y
además, al tener que cargar el banco con más costes que antes pagaba el cliente (gestoría, notaría y
registro), los bancos ralentizaron sus concesiones, máxime cuando también
tenían que asumir (desde meses antes) el pago del impuesto de actos jurídicos
documentados).
La consecuencia es que en
2019 se firmaron 357.720 hipotecas, sólo un 2,76% más que en 2019,
el menor aumento desde 2014 y mucho
menor que en 2018 (+11,3%), según el INE. Y eso que en diciembre hubo un aumento extra, por dos fondos de
inversión que vendieron viviendas con hipotecas a los compradores. Pero el negocio
hipotecario está tan parado como la vivienda: el capital prestado en 2019 (44.715 millones) apenas aumentó un 3,3%
(frente a un 18% en los tres años anteriores) y el importe medio concedido (125.007 euros por hipoteca) sólo
aumentó un 0,6% (menos que la inflación: o sea, en realidad se concedió menos).
Y todo ello a pesar de que los tipos siguen
muy bajos: los clientes pagaron por las hipotecas un tipo medio del 2,53% en 2019 (2,62% un año antes), según el INE.
De hecho, el propio Banco de España ha reconocido que los
bancos están endureciendo sus criterios
para conceder hipotecas: lo hicieron
en el 2º trimestre de 2019 (“por el deterioro de las expectativas sobre la
situación económica”), se mantuvieron sin
cambios en el tercer trimestre y volvieron
a endurecer los criterios en el 4º trimestre de 2019, según sus últimos informes. Y en paralelo, reconocen que también las familias redujeron sus demandas de hipotecas, por las
peores expectativas económicas. Ahora,
los bancos siguen con su “guerra de hipotecas”, sobre todo enlas ofertas online, pero “mirando con lupa” a los clientes y centrándose
en los más “vinculados” (con más productos contratados) y en los que tengan
cierto nivel de ingresos asegurado y estable. Y tratando de venderles hipotecas a tipo fijo (ya son el 44% de las nuevas), que pagan un tipo más
alto.
Al final, la caída de ventas y la moderación de precios ha
provocado ya una recesión en el sector de la construcción: su actividad
cayó dos trimestres seguidos, el 3º
de 2019 (-0,4%) y el 4º (-1,72%), según los datos de Contabilidad Nacional del INE. De hecho, España es el segundo país europeo donde más cayó la construcción en
2019: un -6,2% sobre un año antes, sólo por detrás de Bélgica (-6,5%) y mucho más que la caída media en Europa
(-3,7%), Alemania (-4,2%), Francia (-4,2%) o Polonia (-5,5%), mientras sólo se
salva Italia (+0,8%), según Eurostat. Además de caer la actividad, también la inversión en construcción lleva dos trimestres cayendo (-0,3% en
el 3º trimestre de 2019 y -3,48% en el 4º), según el INE.
Y para completar el panorama, la construcción apenas crea empleo ahora:
+4.000 empleos en todo 2019, según la EPA, frente
a +136.300 empleos creados en 2018 (1 de cada 4).
En consecuencia, la
construcción, que ha sido uno de los
motores de la recuperación desde 2014 (junto al turismo y las
exportaciones) ha “pinchado” y a finales de 2019 restó crecimiento a la economía (-0,7%) en lugar de ayudar a crecer, como desde 2014. Por
esto, el temor es que estemos ante “un cambio de ciclo” y
la vivienda y la construcción frenen la
recuperación de España en 2020. Un dato que preocupa, además de la caída de
ventas, es que se ha estancado la construcción de nuevas viviendas: en 2018 se
visaron 100.333 nuevas viviendas y hasta noviembre de 2019 (último dato de Fomento) iban 98.194 visados, con lo que se estima cerrar el año en
109.275, muy pocos más y lejos de las 150.000 nuevas viviendas que deberían
construirse cada año, según el sector. Los problemas están en la falta de demanda y en las
dificultades para promover nuevas viviendas, por falta de suelo (o exceso de
burocracia), falta de financiación a promotores y una subida de costes (sobre
todo laborales, por falta de personal especializado). Y además, se ha desplomado la vivienda
pública, las promociones de VPO: 5.191
viviendas en 2018 frente a
58.108 iniciadas en 2011 y 68.587 en
2008, según los últimos datos de Fomento.
Ahora, cara a este
año 2020, los expertos apuestan por una nueva
caída de ventas y que se vendan menos de las 501.085 viviendas de 2019,
sobre 480.000 viviendas, debido a la
menor creación de empleo este año y la escasa subida salarial (sobre el 2%). Y apuestan
porque sigan dominando las ventas de viviendas usadas (82% de las ventas, frente al
50% en 2010 y el 60% en 2007) pero que
crezcan más las ventas de viviendas nuevas, sobre todo en las ciudades
donde más se ha reducido el stock de
viviendas; hay 459.876 casas sin vender
en toda España, un tercio menos
que el stock que había en 2009 (649.780 viviendas), según este mapa de Fomento. Las provincias con menos stock sin
vender (en consecuencia, donde hay menos oferta y más pueden subir los precios)
son Madrid (sólo el 1,34% del
parque), Barcelona y Alicante. Y las
provincias con más stock de
viviendas sin vender son Castellón
(el 5,89% del parque), Toledo, Almería,
La Rioja y Ciudad Real.
Si las ventas de
pisos vuelven a caer en 2020, como auguran los expertos, también se moderarán las subidas de precios,
que podrían aumentar entre el +2 y el +5%,
frente al +5% que podrían haber
subido en 2019. Pero lo que habrá es
una gran
diferencia por zonas y ciudades: los expertos auguran las mayores
subidas, por encima del 5%, en el centro de Madrid y Barcelona, así como en Santiago, Oviedo, Santander, Málaga, Valencia, Palma, Alicante,
Santander y Logroño, los lugares con menos oferta y más demanda. Y en el
resto de ciudades, los precios podrían mantenerse e incluso bajar en Galicia,
el norte y la España vaciada, sobre todo en las provincias con más stock sin vender.
Con todo, los expertos creen que no estamos ante una nueva crisis de la vivienda, sólo ante una
pausa, “un alto en el camino” tras 6 años de aumento de ventas y precios. Prevén que propietarios y compradores se darán una tregua este año y que luego, en 2021, podrían seguir con más fuerza las ventas
y las subidas, si la economía se recupera con más fuerza, en España y en Europa
(pasados los efectos negativos de las guerras
comerciales, el Brexit y el coronavirus). Porque demanda hay, jóvenes y
familias que necesitan una vivienda. Pero los expertos piensan que la clave sobre el futuro la tiene la
nueva normativa que se apruebe para el alquiler, prometida para antes del verano: si el Gobierno aprueba “controles” a los
alquileres, como dice, creará una incertidumbre muy negativa en la vivienda. Y podría retraer
ventas y precios. Lo que sí parece posible es que, si se establecen
controles a los alquileres, muchos propietarios (particulares e inmobiliarias) “desvíen”
viviendas del alquiler a la venta, lo que provocaría un exceso de demanda y una caída de precios.
Habrá que estar muy atentos a lo que pasa con la vivienda y la construcción, porque son claves para la
recuperación y el empleo. Es hora de aprobar un nuevo Plan de Vivienda y promover la construcción, para mantener la
actividad y hacer frente a la demanda de vivienda no satisfecha de
miles de jóvenes y familias, estimada en 1.500.000 viviendas. Si la vivienda y la construcción “pinchan”,
la economía se debilita. Necesitamos el ladrillo para mantener el crecimiento, aunque no otra “burbuja” (que
ahora queda muy lejos dado que la construcción está en recesión y las ventas
muy lejos del “boom”). Hay que destinar más
recursos públicos a la vivienda (los 679 millones destinados a la
política de vivienda en el Presupuesto 2019 es una cifra ridícula) y apoyar a la promoción pública y privada
facilitando suelo y financiación a los
promotores (sobre todo para alquiler). Necesitamos más viviendas y que los
jóvenes y familias puedan comprarlas o alquilarlas. Es un reto clave.
