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| Enrique Ortega |
En la última década, la inflación no ha sido un problema en España ni en el resto del mundo: la crisis de 2008-2010 provocó una caída de la demanda y el consumo, que sirvió para ajustar los precios a la baja hasta el verano de 2021. Así, la inflación media anual bajó del 3,20% en 2011 a 1,42% de subida en 2013, para ser después negativa en 2014 (-0,14% de inflación media anual), 2015 (-0,5%) y 2016 (-0,19%). Con una recuperación débil, los precios subieron muy poco en los años siguientes, en 2017 (+1,96% de media anual), 2018 (+1,72%) y 2019 (+0,68%). Con esta baja inflación, que se desplomó en 2020 por la pandemia (-0,62% de subida media anual), la preocupación de los trabajadores no era cuánto les iban a subir los sueldos sino encontrar un empleo o no perder el que tenían.
En 2021, la situación cambió. La inflación empezó el año con una subida anual del 0,5%, pero los precios empezaron a animarse en primavera, al empezar a crecer la demanda y la economía, tras lo peor de la COVID. Y en agosto, la inflación anual superaba ya el 3% (+3,3%), algo que no pasaba en España desde octubre de 2012. Y la tensión de los precios del petróleo (carburantes) y gas (electricidad) llevó a cerrar el año 2021 con una inflación anual del 6,5% (+3,1% de subida media anual, que es el dato importante). Y este año 2022, con la guerra de Ucrania, subieron aún más los precios de la energía y se sumaron aumentos de precios de alimentos, transportes y casi todo, colocando la inflación en un nivel récord en marzo: +9,8% de subida anual, la más alta en España desde mayo de 1985. Y aunque la inflación ha bajado en abril, por las medidas de choque del Gobierno, el IPC está en el 8,4%, lo que supone una inflación media del 5,4% en los últimos 12 meses (y del 8% en 2022).
Con estos datos, la inflación ahora sí que preocupa a los trabajadores y mucho. Porque los salarios han subido bastante menos, tanto en 2021 (+1,49%) como en 2022 (+2,36% de media hasta finales de marzo, último dato de Trabajo). Y eso supone que los casi 17 millones de trabajadores asalariados (16.928.500 en marzo de 2022) perdieron poder adquisitivo el año pasado (-1,61% de su sueldo) y aún más en 2022 (-3,04% en el último año y -5,64% en estos cuatro primeros meses). De hecho, una estimación reciente calcula que los trabajadores han perdido ya 21.000 millones de poder adquisitivo por la inflación en el último año.
La situación es especialmente preocupante para los asalariados que ganan menos, los que más sufren por la actual subida de precios en la energía y los alimentos (“la inflación sí entiende de clases”, demuestra este informe de CaixaBank Research), debido a que pesan más en sus gastos totales que en los de los salarios altos. No olvidemos que un 18,8% de los trabajadores asalariados (unos 3,2 millones) ganan el salario mínimo o menos (1.000 euros mensuales en 14 pagas) y otro 43,5% gana entre 1 y dos veces el salario mínimo (entre 1.000 y 2000 euros al mes), según la última encuesta salarial del INE. Así que casi dos tercios de los trabajadores asalariados (el 61,53%, unos 10,5 millones de empleados) ganan al mes menos de 2.000 euros y son los más afectados por la inflación disparada, que se ha “comido” ya un 5,4% de sus ingresos (entre 54 y 108 euros el mes).
La subida disparatada de la energía y los alimentos ha trastocado la negociación salarial 2022-2024, que tenían en marcha la patronal y los sindicatos a principios de marzo. Y lo que iba a ser “un trámite”, renovar el último Acuerdo estatal de negociación colectiva (AENC), firmado en julio de 2018 para regular las subidas salariales de 2018, 2019 y 2020 (+2% de aumento anual y un 1% extra por mejora de la productividad) , se ha enquistado en abril y no parece posible un nuevo pacto salarial, mientras el Gobierno les pide “un pacto de rentas”, para repartir el coste de la crisis y no alimentar la inflación.
Las posturas sobre los futuros aumentos salariales no son demasiado diferentes. La patronal CEOE ofrece una subida global para los próximos tres años cercana al 8% (3,5% en 2022, 2,5% en 2023 y 2% en 2024, en total +7,9%), prácticamente lo mismo que piden los sindicatos. Pero hay una gran diferencia, que ha impedido cualquier acuerdo: los sindicatos quieren recuperar en 2023 y 2024 el 75% de la diferencia entre lo que suba realmente la inflación y el 3,5% de subida ofrecida. Eso quiere decir que si la inflación media sube este año un 7,5% (como estima el Banco de España), las empresas tendrían que compensar a sus trabajadores del 75% de subida adicional (el 75% de la diferencia entre 7,5% de inflación real y el 3,4% de subida ofrecida), o sea una compensación del 3%, a pagar entre 2023 y 2024. En ese caso, la subida salarial para los próximos 3 años rondaría el +11%.
La patronal rechaza pactar esta compensación, no sólo porque tendrían que pagar un 40% más de subida salarial si la inflación queda como se prevé, sino porque creen que hacerlo así “alimentaría la inflación”: las empresas tendrían más costes salariales y los repercutirían en sus precios, subiéndolos más de lo inicialmente previsto. Los sindicatos argumentan que la subida extra (ese 3% adicional) se repartiría entre dos años (2023 y 2024), cuando la economía ya esté recuperada y los precios suban menos (+2% de media en 2023 y +1,6% en 2024, según prevé el Banco de España). Y además, se quejan de que los sacrificios por la inflación los hacen sólo los trabajadores: ellos tienen que “moderar” sus salarios (perdiendo poder adquisitivo) mientras las empresas suben sus márgenes (precios) y beneficios, repartiendo más dividendos a sus accionistas (subirán un 20% en 2022) como si no hubiera guerra. De ahí el lema del 1 de mayo: “Subir salarios, contener precios. Más igualdad”.
Ahora, tras la ruptura de un pacto salarial para 2022-2024, los sindicatos amenazan con “tensar” la negociación de los convenios pendientes, sector a sector y empresa a empresa, lo que va a aumentar la conflictividad laboral esta primavera. De momento, hay 6,5 millones de trabajadores pendientes de firmar su convenio, después de que otros 5 millones lo hayan formado ya este año o estén incluidos en convenios plurianuales firmados en años anteriores. El mayor problema que tienen la mayoría de los trabajadores es que sus convenios no incluyen cláusulas de revisión salarial si sube la inflación más de lo previsto. En 2008, antes de la crisis, era una clausula que tenían el 68% de los trabajadores. Pero después, con la reforma laboral de 2012 y la inflación baja o negativa, muchas empresas dejaron de incluirla y en 2021 sólo tenían clausula de revisión salarial el 15,6% de los trabajadores. Así que ahora, si la inflación se dispara, no pueden hacer nada.
Por eso, los sindicatos quieren que en todos los futuros convenios se incluya una clausula de revisión salarial, para poder defenderse ante subidas imprevistas de precios. Hay dos tipos de clausulas. Una, fija la subida salarial según el IPC previsto y si sube más, al año siguiente se compensa la diferencia. La otra clausula, que es la más habitual desde 2012, se sube cada año con la subida de precios que se cerró el año anterior. Pero la patronal no quiere incluir ninguna de las dos, porque insiste en que “alimentan” la inflación. Una fórmula intermedia es compensar las subidas extras de precios en varios años, como proponen ahora los sindicatos. O compensar la pérdida de poder adquisitivo con pagos no salariales, como seguros, planes de pensiones o recortes de jornada. Eso sí, siempre que se mantenga o suba la productividad, porque de lo contrario, las empresas y España pierden competitividad.
Hasta ahora, los sindicatos españoles han dado muestras de moderación, pactando con la patronal 4 Acuerdos sobre negociación colectiva y empleo: el I (2010-2012), el II (2012-2014), el III (2015-2017) y el IV Acuerdo (2018-2020). En 2021 no hubo Acuerdo, por el COVID, y la negociación se inició en febrero pasado, estancándose a finales de abril, a pesar de que el Gobierno reitera que sería muy bueno para el país que sindicatos y patronal firmaran “un pacto de rentas”, una subida acordada de sueldos y márgenes, para controlar la inflación y repartirse el coste de la crisis. Pero de momento, la vicepresidenta Yolanda Díaz no ha querido promover un posible acuerdo, que deja a la iniciativa de los agentes sociales.
Mientras comienza la batalla por la subida de salarios, en las empresas y en la calle, la economía ya se empieza a resentir de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores (y también de los pensionistas y familias). En el primer trimestre de 2022, la economía española creció sólo un +0,3%, frente al +2,2% y al +2,6% que creció los dos trimestres anteriores, según el dato publicado el viernes por el INE. Y la causa de este “pinchazo” en el crecimiento estuvo en el consumo de los hogares, que cayó un -3,7%, después de estar creciendo desde la primavera pasada, superando la COVID. Y si cae el consumo, porque trabajadores, pensionistas y ahorradores pierden poder adquisitivo (85.000 millones en total), hay menos demanda y menos crecimiento. Así que si no queremos que la economía caiga, hay que recuperar el consumo y eso pasa por 2 medidas: contener los precios (empresas) y aumentar más los sueldos, sobre todo los más bajos.
En definitiva, que la pelea salarial nos afecta a todos, seamos o no asalariados, porque la economía necesita menos inflación y más ingresos de las familias para seguir creciendo y creando empleo, para que no se detenga la incipiente recuperación de 2021 (cuando el PIB creció un +5,1%), aunque el Gobierno acaba de reconocer que sólo creceremos el 4,3% en 2022 (no el 7% que esperaban en septiembre) . El shock energético y la guerra de Ucrania han provocado que todos seamos algo más pobres. Y salir adelante exige repartir el coste de esta crisis: que las empresas no trasladen todo su aumento de costes a subidas de precios (ganando menos) y que los trabajadores suban sus salarios algo menos que los precios, pero lo suficiente como para que puedan consumir y tirar del crecimiento. No pueden pagar esta crisis los de siempre, los trabajadores que menos ganan (y los pensionistas). Negocien y repartan los costes.
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