El "suicidio demográfico" de España

Hay noticias claves que pasan desapercibidas. La penúltima: España tiene la natalidad más baja de Europa, 1,33 hijos por mujer, la mitad que en 1976 (2,76 hijos). Y lo peor es que la tendencia seguirá y en 2050 nacerán menos de 1.000 niños diarios. Como además somos el país más envejecido de Europa y un tercio largo de españoles tendrán más de 65 años a mediados de siglo, resulta que nos estamos “suicidando” como país: perdemos población y cada vez habrá menos jóvenes para trabajar, mantener la economía y pagar los impuestos y las pensiones. Y nadie hace nada. Porque mientras a muchos políticos se les llena la boca con “ayudar a las familias”, España es el segundo país de Europa que menos gasta en ayudas a las familias. Y la consecuencia es una natalidad por los suelos. Habría que tomar ejemplo de Francia, líder en nacimientos, que lleva medio siglo apoyando la natalidad como política de Estado, gobierne quien gobierne. Pero aquí estamos a otras cosas.

enrique ortega

Cada vez nacen menos niños en España. En 2017 habrá habido menos de 400.000 nacimientos, algo que no sucedía desde el quinquenio 1995-2000 (363.469-397.000 nacimientos) y que no se ha visto después ni antes (ver gráfico histórico de la natalidad), con más de 400.000 nacimientos en los duros años 40 de la post-guerra civil , cerca de 500.000 anuales en los años 50 y entre 600.000 y 700.000 niños nacidos durante los años del llamado “baby boom”, de 1960 a 1976. A falta de los datos del INE de todo el año, en la primera mitad de 2017 nacieron 187.703 niños en España, una media de 1.025 diarios, casi  la mitad de los nacidos en 1964, el año récord (697.697 nacimientos, 1.911 diarios). Y menos de la mitad de los 2.200 niños que nacen cada día en Francia (con 65,20 millones de habitantes).

Los nacimientos se han desplomado en España, sobre todo con la crisis (518.503 nacimientos en 2008), por una combinación de dos causas. La primera, que hay menos mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años), por la caída de la natalidad en los años 80 y 90: si en 2009 había 11,61 millones de mujeres que podían ser madres, en 2016 había un millón menos (10,61 millones). La segunda razón es que las mujeres españolas esperan cada vez más para ser madres, ocupadas en estudiar o hacerse una carrera profesional: si en 1976, las mujeres eran madres a los 28,5 años de media, en 1996 lo eran ya a los 30,2 años y en 2016 lo eran a los 32 años de media. Y claro, cuanto más tarde, más riesgo de que no tengan hijos.  Un dato llamativo: 1 de cada 4 españolas nacidas en 1975 no van a tener hijos nunca, según un estudio del Centre D’Estudis Demografics.


Al final, el resultado es la caída drástica de la tasa de natalidad en España: 1,33 niños por mujer en 2016, según el INE, una tasa que cae desde 2008 (1,44 niños por mujer) y desde principios del siglo (1,21 en 2000), tras haberse superado los 2 niños por mujer en 1.981 (2,03), 2,76 niños/mujer en 1.975  y haberse llegado a un récord de 2,90 niños por mujer en 1970 (y los 3,15 niños por mujer en 1900).

Con estos datos, España se coloca como el país con la tasa de natalidad más baja de Europa (2016), según los datos que acaba de publicar Eurostat (13 marzo): 1,33 niños por mujer, frente a 1,60 niños por mujer de media en la UE-28. Nos colocamos así en el pelotón de cola de la natalidad europea, junto a los países del sur, Italia (1,34 niños/mujer), Portugal (1,36), Chipre (1,39), Malta (1,37), Grecia (1,38) y Polonia (1,39). El ranking de natalidad europeo lo encabeza Francia (1,92 niños/mujer), Suecia (1,85), Irlanda (1,81), Reino Unido y Dinamarca (1,79). Y somos también el país donde las mujeres son madres más tarde (32 años, tras los 31 años de Italia) y el país donde nacen menos terceros hijos (sólo el 8,7% de los nacidos en 2016, frente al 12,2% en la UE) y menos cuartos (el 2,8% de los nacidos en 2016, mientras en Europa eran el 5,9% de los nacidos).

Si estos datos son preocupantes, lo es más que la natalidad en España va a seguir cayendo en el futuro, según las proyecciones de población hechas por el INE hasta 2065. La principal causa es que se agrava la caída del número de mujeres en edad fértil (15-49 años): habrá 1,8 millones menos en 2031 y 3,5 millones menos (-32,7%) en 2065. Y también subirá la edad a la que las mujeres españolas tienen hijos: de los 31,9 años actuales (2016) se mantendrá en 31,40 para 3031 y subirá a 33 años para 2065. El resultado es que la tasa de natalidad se mantendrá casi igual: 1,36 niños por mujer en 2031 y 1,38 niños en 2065, según el INE. Pero como habrá menos mujeres fértiles, los nacimientos caerán bruscamente: de menos de 400.000 nacimientos en 2017 a 366.402 nacimientos en 2020, 353.595 en 2030, 322.799 en 2050 y 294.003 nacimientos en 2065, menos de la mitad que un siglo antes.

Esto ya sería preocupante de por sí, pero se agrava porque España tiene otro récord demográfico: es el país con menos niños pero también el país con más viejos. España tenía en 2015 un 17,8% de población mayor de 65 años, la tasa de mayores más alta de Europa (9,8% de población mayor de 65 años) y la segunda más alta del mundo tras Corea del Sur (22,5% de mayores 65 años). Y si esto es ya un problema, lo será aún más en el futuro, porque España es uno de los países con mayor esperanza de vida (83,4 años en 2017, 3 años más que la media OCDE), que además crecerá año tras año (llegará a 88 años en 2065). Con ello, España será un país aún más envejecido en 2050: un 36,3% de españoles tendrán más de 65 años a mediados de siglo, frente al 28% de media en la OCDE (34 países desarrollados), el 30,7% en Alemania, el 26,7% en Francia o el 25,4% en Reino Unido, según la OCDE.

No hace falta ser economista para intuir que con este problema demográfico tenemos un grave problema económico: si hoy ya nos faltan jóvenes para trabajar, pagar impuestos y cotizar para pagar las pensiones, en 2050, con muchos menos niños y el doble de viejos (las pensiones pasarán de 9 a 15 millones), el problema será mucho más grave. Porque si en 2013 había 2 activos por 1 inactivo, en 2050 habrá un activo por cada inactivo: la mitad de la población trabajará, pagará impuestos y cotizará para sostener a la otra mitad, según acaba de advertir el FMI, que alerta de que la tasa de actividad de España caerá al 50% en 2050 si no se toman medidas de choque para que nazca y trabaje más gente en España y vengan 5 millones de inmigrantes.

Bueno, aquí estamos, en un país que lleva varias décadas de “suicidio demográfico”, viendo caer sus nacimientos y envejecer su población,  y que va a perder 5,4 millones de habitantes para 2066 (seremos 41,068 millones), según las proyecciones del INE. Todos los políticos se llenan la boca de promesas en favor de la familia, las últimas con los Presupuestos 2018, que incluyen ayudas fiscales a las guarderías y la quinta semana de permiso de paternidad. Pero la realidad es que España está a la cola de Europa en ayudas públicas a la familia: somos el 2º país que menos gasta, un 0,7% del PIB (unos 7.800 millones), sólo por detrás de Grecia (0,6% del PIB) y menos de la mitad de gasto que la media europea (1,7% del PIB la UE-28), según Eurostat (2016). Y por supuesto, gastamos mucho menos en familia y natalidad que Dinamarca (4,5% del PIB), Finlandia (3,2%), Chipre (3,1%), Polonia (2,5%), Francia (2,4%), Alemania (1,7%), Italia (1,5%) y Reino Unido (1,4% del PIB).

Así que no nos extrañe: décadas sin ayudar a la familia y poco apoyo a las mujeres para que sean madres y trabajen a la vez nos ha dejado este “desastre demográfico”, que es una de las mayores hipotecas de nuestro futuro, junto a la baja educación y la poca tecnología. Urge tomar conciencia del problema y conseguir un Pacto por la natalidad, para tratar de revertir la situación en unas décadas. Ahí está el ejemplo de Francia, que ha tardado más de medio siglo en revertir el grave problema demográfico que heredó tras las II Guerra Mundial. Pero lo ha conseguido y es el país líder en natalidad, gracias a que es “una cuestión de Estado”, independiente del partido que Gobierne en cada legislatura.

Las medidas a tomar para impedir el “suicidio demográfico”  son variadas y nos las han mostrado otros países, en especial Francia. La primera, crear un Ministerio de la Familia, como existe en Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo o Rumanía, mientras en España es competencia de una subdirección general dentro de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. A partir de esta apuesta política, hay que empezar por subir las ayudas por hijo, que en España son más bajas que en la mayoría de Europa: 24,25 euros mes por cada uno de los cuatro primeros, frente a 133/357/542 euros en Francia, 184/184/190/215 en Alemania, 107/71/71/71 en Reino Unido o 22/34/50/65 euros en Italia. Tanto el Instituto de Política Familiar como Save the Children proponen pagar 100 euros mensuales por hijo y 150 euros para familias monoparentales y pobres.


Otra medida sería mejorar la oferta de guarderías subvencionadas (escasas y caras) y rebajar el IVA de los pañales y productos infantiles que tienen el 21% (se baja el IVA al cine y no a los pañales, que deberían pagar un IVA del 4%). Además, habría que aumentar los permisos de maternidad y sobre todo de paternidad, mejorar las ayudas al alquiler para las familias con hijos, mejorar las becas y fomentar unos horarios laborales que faciliten la natalidad. Y un trato fiscal más favorable a las familias con hijos.

Un elemento clave para fomentar la natalidad es facilitar el trabajo de las mujeres que son madres, para que tengan hijos antes y tengan más que esos 1,33 de media. Este objetivo exige profundos cambios en las empresas y en los convenios, así como en la mentalidad de los hombres, que deben aumentar su ayuda (escasa) en el cuidado de los niños. En Francia, se rebajan las cotizaciones a las madres trabajadoras y además el fomento de la natalidad está presente en todas las políticas públicas, desde los descuentos en servicios públicos a las ayudas al alquiler para parejas jóvenes con hijos. Y claro, nacen más niños.

Tenemos un grave problema de población y en vez de pensar en resolverlo con ayudas eficaces, dejamos que se agrave. Y en unas décadas, estaremos ante un auténtico “suicidio demográfico”: no tendremos niños y jóvenes para sostener la economía ni las pensiones. Y sólo quedarán los recortes y dejar entrar a 5 millones de inmigrantes (como augura el FMI), para compensar la caída de población. Todavía estamos a tiempo de tomar medidas, que son eficaces en varias décadas, como ha demostrado Francia. Pero hay que tomar conciencia de la gravedad del problema y poner medios suficientes. Y volcarse en ello todos, al margen de la política, porque la natalidad debería ser un problema de Estado. Pero me temo que estamos en otras cosas. Sigan con Cataluña y el máster de Cifuentes. No se preocupen por el futuro hasta que se nos caiga encima.

Europa nos suspende en innovación

La Comisión Europea acaba de examinar a España y sus notas no son buenas: la productividad es “demasiado pobre” y una causa básica es que tenemos poca innovación: nos colocan como el país nº 17 en tecnología en la UE-28, más lejos de la media europea que en 2008. Y lo achacan a los recortes en Ciencia, 21.728 millones desde 2009, a que España gasta la mitad en tecnología que la media europea y además gasta mal, con mucha burocracia y demasiados créditos que no se gastan: España sólo gastó el 30% del Presupuesto para  Ciencia de 2017. Ahora, para 2018, el Gobierno presume de que va a gastar 531 millones más, pero la mayoría son créditos que tampoco se gastarán. Urge un Pacto por la Ciencia, para que la recuperación llegue a la tecnología y sentemos las bases de una economía más competitiva y que cree empleo más estable. Apostar de verdad por la Ciencia, con dinero, medios e investigadores, como pasaporte para el futuro. Menos cemento y más conocimiento.

enrique ortega

España produjo en 2017 por valor de 1.163.652 millones de euros, la mitad que Francia (2.287.603 millones) y la tercera parte que Alemania (3.263.350 millones de euros de PIB). Teniendo en cuenta la diferente población (46,56 millones en España frente a 65,20 en Francia y 81,36 millones en Alemania), podemos homogeneizar los datos con la producción por habitante en 2017: 24.993 euros per cápita en España, 35.086 euros en Francia y 40.110 euros por habitante en Alemania. A lo claro: los españoles somos un 29,8% menos productivos que los franceses y un 37,7% menos productivos que los alemanes. Y no sólo que ellos. Aunque España es la 5ª economía más grande de Europa, ocupamos el puesto 14º en el ranking de productividad europeo: producen más que nosotros, por habitante, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Austria, Dinamarca, Alemania, Suecia, Bélgica, Finlandia, Reino Unido, Francia, Italia y hasta Malta, según Eurostat.

La Comisión Europea, en su último informe sobre España 2018 (7 marzo) señalaba “los tres culpables” de que España tenga menos productividad que la mitad de Europa: la baja formación de los adultos españoles, la elevada precariedad laboral y la baja innovación tecnológica. Y aquí, las autoridades europeas colocan a España en el pelotón de países con innovación “moderada”, a la cola de la tecnología en Europa, sólo por delante de dos farolillos rojos (Bulgaria y Rumanía). Con ello, la Comisión Europea sitúa a España en el puesto 17 del ranking de innovación de la UE-28, encabezado por 6 países líderes en innovación, los más productivos y los más ricos (Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Reino Unido y Dinamarca). Luego les siguen otros 6 países con fuerte innovación (Austria, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Francia y Eslovenia) y llega el tercer grupo, de “innovación moderada”, donde España tiene por delante a República Checa, Portugal, Estonia y Lituania.

No es sólo que España (el país del “milagro económico” del que presume Rajoy), esté en el puesto 17 en el ranking europeo de innovación y tecnología. Es que además, es uno de los pocos que está peor hoy que antes de la crisis, según el índice de innovación de la UE: si en 2008 teníamos el 80,1% de la innovación media europea (UE-28), en 2016 teníamos el 78,3%. A peor. Y eso, básicamente, porque en estos años, España ha recortado su gasto en tecnología (un -9,1% entre 2009 y 2016) mientras Europa lo aumentaba un +27,4%, Reino Unido un +39,3%, Alemania un +37,9%, Francia un +13,6% e Italia un +12,5%, según Eurostat. Así, no debería extrañarnos luego que seamos menos productivos que ellos, más pobres y que tengamos el doble o el triple de paro.

El informe de la Comisión Europea resalta que España gasta en Ciencia (I+D+i) casi la mitad que Europa: un 1,19% del PIB en 2016, frente al 2,03% la UE-28, con lo que el esfuerzo tecnológico de España, que llegó a un máximo en 2009 (1,39% del PIB, más cerca del 1,93% de la UE entonces) se ha perdido y estamos en los niveles de inversión en Ciencia de 2007. Diez años perdidos. Y esa caída nos ha retrasado aún más de los países punteros en tecnología: Suecia (gasta el 3,30% del PIB), Finlandia (3,17%), Dinamarca (3,05%), Austria (3,09%) o Alemania (2,94%). De hecho, 20 de los 28 países UE gastan más en tecnología que España. Y sólo hay 7 países europeos que gasten porcentualmente menos en Ciencia que España (Rumanía, Letonia, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia, Polonia y Lituania). Así nos va.

La caída drástica del gasto en Ciencia desde 2009 se debe sobre todo a los recortes en los fondos públicos para investigación (I+D+i), que suponen el 45% del gasto total: se ha pasado de 9.673 millones de gasto en 2009 a 6.513 millones en el Presupuesto 2017. Un recorte del 32,66 %, de un tercio del gasto. El sector estima que en estos 8 años de ajuste, la Ciencia ha dejado de recibir 21.728 millones de euros, según la COSCE, más de dos años íntegros de Presupuesto de la Ciencia. De ellos, -1.509 millones se deben a la “tijera” de Zapatero (recortes de 2010 y 2011) y -20.219 millones a la “tijera” de Rajoy, entre 2012 y 2014, ya que en los tres últimos años ha subido algo el Presupuesto para Ciencia (367 millones).

Pero este es el recorte “visible”, porque hay además otro recorte “invisible”, derivado de un hecho preocupante: los Presupuestos de Ciencia que se aprueban no se gastan. Esto ya pasaba antes (en 2008 no se gastó el 19,7% del Presupuesto y en 2011, el 42,4%), pero se ha agravado con el Gobierno Rajoy: en 2015 no se gastó el 48,10% del Presupuesto, en 2016 el 61,8% y en 2017… el 70,3% de lo presupuestado, según acaba de denunciar la COSCE con datos de Hacienda. O sea que además de destinarse poco dinero a Ciencia, 7 de cada 10 euros no se gastan. Y eso porque el Gobierno Rajoy ha utilizado “un truco contable” para “hacer que gasta” en Ciencia: más de la mitad del Presupuesto (el 59,45% en 2017) lo destina a créditos, que luego no se acaban pidiendo y no se gastan. Parece que “hay dinero para la Ciencia”, pero no es verdad, porque los organismos investigadores y las Universidades no piden esos créditos, porque no pueden endeudarse (no tienen recursos para devolverlos y además Hacienda no les deja aumentar su deuda). Resultado: entre 2009 y 2017 no se han gastado 20.950 millones en Ciencia que estaban presupuestados.

En total, entre el recorte real y el "invisible" (lo presupuestado y no gastado), la Ciencia ha perdido 42.678 millones entre 2009 y 2016, el gasto de 5 años. Y eso es sólo el dinero público, porque la Ciencia ha sufrido también los recortes de las empresas privadas, que suponen casi la mitad de la inversión total en tecnología: si en 2008 las empresas gastaban en tecnología 8.073 millones, en 2016 gastaron 7.125 millones, un 11,7% menos, según el INE. Lo más preocupante no es que las empresas españolas  inviertan menos sino que cargan con una parte pequeña de la inversión total en tecnología: gastan el 0,64% del PIB, la mitad que las empresas europeas (que invierten en Ciencia el 1,32% del PIB), según alerta la Comisión Europea. Y además, esa inversión tecnológica se concentra en España en las pymes (48%) y no en las grandes empresas, que son las que más deberían investigar: en España concentran sólo el 52% del gasto tecnológico empresarial, frente al 80% en Francia, Italia o Reino Unido y el 90% de la inversión empresarial en Alemania, según un informe de la Fundación COTEC. Y otro problema muy preocupante: un tercio de las empresas españolas que invertían en I+D+i en 2008 han dejado de hacerlo (5.000 de las 15.000 empresas que invertían).

Con este panorama, parece difícil que España cumpla el objetivo europeo de gastar en Ciencia el 2% del PIB en 2020 (gastamos el 1,19% en 2016): el informe 2018 de la Comisión Europea dice textualmente que es “poco probable”. El Gobierno Rajoy dice que sí, pero en las previsiones enviadas a Bruselas vuelve a hacer “trampa”: apenas sube el porcentaje de gasto de la Administración pública (del 0,22% del PIB en 2016 al 0,25% en 2020), pide un mayor esfuerzo a las Universidades (del 0,33 al 0,46) y le deja la mayor parte de la responsabilidad de cumplir con Bruselas a las empresas (que deben pasar de invertir en Ciencia el 0,64% del PIB en 2016 al 1,30% que les “adjudican” en 2020). Que cumplan otros.

Y en su parte, el dinero público para Ciencia, vuelven a presumir de que en el recién presentado Presupuesto 2018 hay 531 millones más para Ciencia (una “miseria” tras los 21.728 millones recortados antes). Pero otra vez hay “trampas”. El 58,7% del Presupuesto para Ciencia en 2018 (7.044 entre investigación civil y militar) son otra vez créditos y la Fundación COTEC ya ha anticipado que puede que este año se gaste aún menos del 30% del Presupuesto gastado en 2017, por problemas de gestión y burocracia. Así que hay más dinero para la Ciencia pero no se gastará, otro año más.

La Comisión Europea, en su informe sobre España 2018, critica estos recortes y el sistema de créditos, planteando que deberían reducirse y aumentar las subvenciones. Pero además, las autoridades comunitarias resaltan en ese informe otras debilidades de la Ciencia en España, además de la falta de recursos: baja digitalización de las pymes, carencia de capacidades digitales de muchos trabajadores españoles, falta de capital riesgo para la investigación, poca eficacia de los incentivos fiscales a la investigación, falta de evaluación sistemática del gasto en Ciencia (auditorías), pocos investigadores y con carreras precarias, escasa presencia de doctorandos extranjeros y una deficiente coordinación en las políticas de investigación entre el Estado central, las autonomías, las Universidades y los centros privados.

Los investigadores españoles destacan dos bloques de problemas, además de la falta de recursos: las plantillas y la burocracia. En el tema del personal, no sólo preocupa la pérdida de investigadores en estos años de recortes (12.216 perdidos entre 2010 y 2015), sino también que las plantillas son muy precarias (con un tercio  de temporales) y están envejecidas, mientras no se cubren apenas  jubilaciones ni vuelven los investigadores emigrados (se estima que hay entre 15.000 y 20.000 fuera de España). Pero lo que más preocupa últimamente es la enorme burocracia, que complica mucho el trabajo de los investigadores, sobre todo desde que en 2014, Hacienda metió a un inspector para fiscalizar las cuentas en cada Centro (“La Ciencia está intervenida de facto por Hacienda”, se quejan). El resultado es que ahora, contratar a un científico puede tardar un año o más y comprar material de 3 a 6 meses. Y todo son pegas y retrasos, máxime cuando llevamos dos años con Presupuestos prorrogados  (se limita el gasto al 50% hasta que el Presupuesto se apruebe finalmente).

Los investigadores se quejan y se manifiestan cada día y dicen que la situación de la Ciencia es insostenible, asfixiada por la falta de recursos y el exceso de burocracia. Ayer 11 de abril, presentaron en el Congreso un escrito apoyado por 275.000 firmas, y urgen que se aplique el Pacto por la Ciencia, firmado en diciembre de 2013 por todos los grupos políticos salvo el PP. Hay que ponerlo en marcha en dos frentes: conseguir más recursos para la Ciencia y reformas para gastarlos mejor, en línea con lo que plantea Bruselas.

El primer objetivo debería ser volver al nivel de gasto en Ciencia de 2009, gastar un 2% del PIB para 2020, lo que supondría gastar 1.000 millones de euros más en cada uno de estos tres próximos Presupuestos (no 531 millones). Pero gastarlos de verdad, cambiando créditos que no se piden por subvenciones, como ya propuso la OCDE en marzo de 2017. Y además, reformar el sistema de ayudas e incentivos fiscales a las empresas, para que gasten de verdad en tecnología, sobre todo las grandes empresas que llevan tres años con una mejora importante de beneficios. Tienen que entender que han de competir desarrollando productos con calidad e innovación, no pagando los salarios más bajos de Europa.

Y el otro frente de actuación debería ser hacer reformas de fondo para gastar mejor, con más eficiencia. La Comisión Europea y la OCDE dan la razón a los investigadores españoles, que se quejan de que el Gobierno Rajoy, para recortar el déficit, ha sumido a la Ciencia en una compleja burocracia, dejando una mínima flexibilidad para contratar personal, invertir y desarrollar proyectos, sumiendo en la precariedad a los investigadores. Y mientras se acrecienta el “control de legalidad”, se avanza poco en evaluaciones sistemáticas y falta coordinación entre el Estado central y las autonomías (hay enormes diferencias de gasto en Ciencia, desde el 1,89% del PIB en el País Vasco al 0,33% en Baleares) y entre los centros públicos y privados, con escasa investigación en las empresas, preocupadas por otras cosas.

Todo el mundo habla y presume de recuperación, pero no llega a la Ciencia, a pesar de que la escasa innovación y tecnología es uno de los culpables de que España sea menos productiva, más pobre y tenga menos gente trabajando. No valen “parches” como el del Presupuesto 2018. Hay que volcarse a tope con la Ciencia, con recursos, medios, personal y flexibilidad, para que mejore la eficacia de la economía y seamos más competitivos. La Ciencia debe ser nuestro pasaporte al futuro, a una vida mejor. Hay que recuperar una década perdida, invertir más y esforzarse todos, sin banderas políticas, en ser un país más tecnológico. Harán falta una o dos décadas para conseguirlo. Pero debe ser una de nuestras prioridades ya. Menos cemento y más conocimiento.

El reciclaje, otra asignatura pendiente

La crisis nos ha dejado un duro legado de precariedad, pobreza y desigualdad, pero también más basura sin reciclar: si en 2008 no se reciclaba el 60%, ahora ha subido al 70%. España es el 9º país europeo que menos recicla, tras Grecia, Chipre, Malta y 5 países del Este. Y la Comisión Europea nos ha denunciado dos veces ante el Tribunal europeo de Justicia por nuestros vertederos ilegales. Europa acaba de aprobar unos objetivos más ambiciosos de reciclaje, pasando del 50% para 2020 (España no llega al 30%) al 65% en 2035 y exige a los países que incumplen con el reciclaje que tomen medidas urgentes. Entre ellas, subir las tasas a las basuras (un tercio más bajas en España) y fomentar la recogida separada, que es sólo el 18% del total. Hay que tomárselo en serio, con más fondos públicos y la colaboración de todos, porque también en cuestión de basuras “somos poco europeos”. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.

enrique ortega

El mundo no para de generar basura, más de 10.000 millones de toneladas al año, según la actualización de los últimos datos de la ONU. Y un 20% de esa basura son residuos urbanos, de los ciudadanos, que generan 228.000 toneladas de basura por hora. El gran problema es que un 70% de esa basura no se trata y acaba en gigantescos vertederos o en el mar, provocando una peligrosa contaminación y múltiples enfermedades. Así, un tetrabrik tarda 30 años en descomponerse, el plástico de 50 a 400 años, las pilas mil años y el vidrio 5.000 años. Cada vez preocupan más los plásticos, que ya ocupan en el Pacífico una superficie que triplica la de España, según Greenpeace. Y la “basura electrónica”: 44,7 millones de toneladas, según un estudio de UNU, de electrodomésticos, ordenadores, teléfonos y aparatos varios desechados al año y que en un 75% acaban en vertederos, la mayoría de África y Asia.

Si tomamos sólo la basura que se genera en el consumo urbano (la quinta parte del total), al margen de la basura generada por las industrias, la construcción, la minería o la energía, los países que más basura generan son los más grandes y poblados: China (300 millones Tm/año), EEUU (228), India (226), Brasil (62), Indonesia (59) y Alemania (50,5 millones Tm), según datos de Waste Atlas. Pero si miramos la basura generada por habitante, resulta que los que generan más residuos son los países más desarrollados: Canadá (777 kg/habitante al año), EEUU (734 kg/hab), Suiza (730), Dinamarca (758), Alemania (618), Irlanda (586), Austria (566), Francia y Grecia (509), Italia (488), Finlandia y Reino Unido (482kg/hab).

España genera menos basura por habitante que la mayoría de países europeos: 466,4 kilogramos en 2015, según los últimos datos del INE, por debajo de la media europea (475 kilogramos/habitante al año). Durante la crisis ha caído la generación de residuos (menos consumo, menos basura), pero en 2015 ha subido un 1,6% y se espera que también haya subido en 2016 y 2017. Pero lo más preocupante es que el 55% de esta basura no se trata y se deposita en vertederos, frente al 28% de basura que no se trata en la UE. Y la causa principal es que la mayoría de la basura que generamos está mezclada y sólo un 18% de los residuos están “separados”, lo que dificulta su tratamiento.

En consecuencia, también en esto de la basura “Spain is different”. Si en toda Europa se recicla casi la mitad de la basura (un 45,8% en 2016), en España se recicla menos de la tercera parte (el 29,7%), según Eurostat. Y somos el 9º país de Europa que menos recicla, sólo por detrás de Malta (7,1%), Rumanía (13,3%), Grecia (17%), Chipre (17,2%), Croacia (21,2%) , Eslovaquia (23%), Letonia (25,2%) y Estonia (28,1%). Todos ellos incumplen de lejos el objetivo de Europa para 2020: reciclar el 50% de las basuras. Pero hay cinco países, curiosamente los más desarrollados y ricos, que ya en 2016 cumplían ese objetivo europeo de reciclaje: Alemania (recicla el 66,1% de la basura), Austria (57,6%), Eslovenia (54,1%), Bélgica (53,5%) y Holanda (53%). Y casi cumplen Suecia (48,9%) y Dinamarca (47,7%).

Lo peor de España no es sólo que esté muy lejos de cumplir el objetivo europeo de reciclar la mitad de las basuras. Es que, con la crisis, hemos ido para atrás en el reciclaje. Así, en 2008, España reciclaba el 39,7% de las basuras (más que la UE-28, que reciclaba el 36,5%) y ahora es un 10% menos (29,7%), muy por debajo de la UE (45,8%), según Eurostat. Esto se debe, a que los Ayuntamientos han contado estos años con menos recursos para el reciclaje y a que los particulares nos hemos descuidado más, aunque haya menos basura.

La caída en el reciclaje ha agravado el problema de los vertederos, donde acaba el 55% de toda la basura urbana, cuando el otro objetivo europeo es que sólo llegue el 35% (para 2020). Ya en octubre de 2008, la Comisión Europea emitió un primer dictamen sobre España alertando de que teníamos 300 vertederos ilegales. El Gobierno Zapatero se comprometió a “clausurar y restaurar estos vertederos antes de 2011”, pero llegó la crisis y los recortes y no se hizo. En septiembre de 2014, Bruselas emitió otro dictamen donde requería a España para que actuara contra 63 vertederos incontrolados, muchos sin funcionar, que eran una amenaza para la salud y el medio ambiente. Finalmente, en 2015, la Comisión Europea constató que los vertederos seguían ahí y llevó a España, junto a otros 10 países europeos, ante el Tribunal Europeo de Justicia (TJUE), que en febrero de 2016 emitió su primera condena contra España por 30 vertederos ilegales. Y el 15 de marzo de 2017, el Tribunal emitió una segunda condena contra España, por otros 61 vertederos ilegales (ver listado), situados en Castilla y León (26), Canarias (25), Castilla la Mancha (5), Murcia (3), Baleares y Andalucía (1).

Ahora, la Comisión Europea puede pedir al TJUE que imponga una multa a España por no clausurar estos vertederos, como ya hizo con Italia (42 millones euros) y Grecia (10 millones). El Gobierno Rajoy ha alegado la crisis y los recursos judiciales de los propietarios para justificar que no se hayan clausurado, insistiendo en que llevan años cerrados. El problema, alega Bruselas, es que estos vertederos ilegales son “bombas de efectos retardados”, porque pueden provocar incidentes (como el fuego en Seseña, Toledo) y porque sufren procesos de descomposición que pueden contaminar la atmósfera y las aguas subterráneas. Por ello, exigen Planes de cierre y tratamiento a 30 años vista, que la mayoría no tienen.

España tiene tantos vertederos ilegales y otros muchos “legales” porque recicla mucho menos, por un problema de origen (la mayoría de los residuos, el 82%, no se separan y están mezclados) y porque no se invierte suficiente en el tratamiento de residuos. Pero además, las plantas de reciclaje de basura funcionan mal, según el informe de la Comisión Europea. España ha invertido unos 5.000 millones de euros (la mayoría, aportados por Europa) en construir enormes plantas procesadoras de residuos, 118 en toda España, que concentran en un solo punto los desechos de provincias enteras, mientras en Europa se puesta por plantas más pequeñas. Y además, las macro-plantas españolas son poco eficaces, según Bruselas, porque su tasa de recuperación es bajísima: en las mejores, apenas llaga al 5%, con lo que el 95% restante acaba en los vertederos, que proliferan por doquier.

Otro problema señalado por la Comisión es que España no hace una correcta recogida selectiva de materia orgánica y por ello “contamina” la mayoría de los materiales recogidos. Y así, no se puede reciclar correctamente el cartón, el vidrio o los plásticos con grasa, con lo que después del alto coste de intentar procesar esta basura, no se puede reciclar y vender, con lo que acaba en los vertederos.

Y no es sólo la basura “tradicional” la que se recicla poco y mal. España gestiona también mal la basura electrónica (aparatos eléctricos y electrónicos), de la que generamos 20,1 kg por habitante, más que Europa (16,6 kg/hab) y más del doble que la media mundial (6,1 kg/hab), según la UNU y la UIT. Aquí, el porcentaje de reciclado es menor, el 25% (frente al 35% de media en la UE) y el 75% restante se gestiona de forma inadecuada, según señala la Comisión Europea: se tira a vertederos, se exporta ilegalmente a países de África y Asia o se trata de forma irregular para extraer piezas y materiales. Y todo ello es doblemente criticable si sabemos que se nos cobra a los consumidores una tasa (de 5 a 30 euros), al comprar un electrodoméstico o un ordenador, para su futuro reciclado. Se trata de un fraude generalizado en España, porque los fabricantes sólo destinan un 20% de estos ingresos al reciclaje, según estimaciones de Bruselas.

La Comisión Europea aprobó en 2008 una Directiva sobre gestión de residuos, con el doble objetivo de que los países reciclaran el 50% de su basura y sólo el 35% fuera a vertederos en 2020. Ahora, el 23 de febrero de 2018, la Comisión Europea ha aprobado unos objetivos más ambiciosos para el futuro: subir el reciclaje al 55% en 2025 y al 65% en 2035. Con lo que si España incumple de lejos hoy el objetivo de reciclar el 50% (recordemos: se recicla el 29,7% de los residuos urbanos), tendrá muy difícil cumplir los objetivos para 2025 y 2035. Y sobre todo algunas autonomías, más retrasadas en el reciclaje que el resto, como Canarias, Galicia y Madrid, que reciclan menos del 20% de sus residuos urbanos.

La Comisión Europea ya alertó en 2017 a España y otros 7 países europeos para que “redoblaran sus esfuerzos en reciclaje”. En su informe, de 7 febrero 2017, Bruselas señalaba ya los problemas que tiene España: insuficiente recogida selectiva de residuos, gestión insuficiente de los bioresiduos,  falta de incentivos para el reciclado, insuficientes sistemas para que el productor de los envases afronte su responsabilidad y falta de coordinación entre el Gobierno central, las autonomías y los ayuntamientos, que son los que tienen la competencia en la gestión de residuos, con escasos medios y poca financiación.

En este informe de 2017, la Comisión Europea planteó a España algunas medidas a tomar, que el Gobierno Rajoy no acaba de aplicar. La primera y fundamental, introducir un impuesto nacional sobre los vertidos o armonizar los impuestos regionales. La idea es simple: se necesita dinero para apoyar la recogida selectiva de basuras y el reciclado y ese dinero debe pagarlo quien genera la basura: comercios, bares y restaurantes, negocios y particulares. Hoy por hoy, las tasas de vertidos que se pagan en  España son la tercera parte que las europeas: entre 30 y 40 euros/Tm frente a 90/120 euros en Europa, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  Y además, cada autonomía tiene impuestos diferentes sobre los vertidos (sólo Cataluña cobra además un segundo impuesto, por incineración de las basuras) e incluso hay 6 autonomías que no cobran los vertidos (Castilla la Mancha, Baleares, Canarias, País Vasco, Navarra y Galicia).

Curiosamente, hasta noviembre de 2017 no hubo un acuerdo entre el Gobierno español y las autonomías para “homogeneizar al alza” el impuesto sobre vertidos de basuras e incineración de residuos (copiando el de Cataluña), pero aún no ha entrado en vigor.

Otra recomendación de la Comisión Europea a España, en 2017, fue mejorar la recogida selectiva de basuras (introducir programas “puerta a puerta”), con planes específicos de “bioresiduos” (5º contenedor con llave), residuos textiles y basura electrónica,  exigiendo que todas las autonomías tengan Planes de gestión de residuos (faltan algunos). Y una tercera son medidas para implicar a los fabricantes en la reducción de envases y la producción de envases biodegradables, sobre todo en la alimentación y la hostelería. Además de frenar los plásticos, exigiendo el cobro de las bolsas de un solo uso (el decreto fija cobrarlas desde el 1 de marzo, pero faltan trámites legales y no se sabe cuándo se va a aplicar de verdad).

El Gobierno Rajoy no se toma el problema de los residuos como una cuestión de Estado, como debería ser. En noviembre de 2015 aprobó un Plan estatal marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, por exigencias de Bruselas y para intentar coordinar las políticas de residuos de las autonomías. Y en febrero de 2018 acaba de aprobar la Estrategia de Economía Circular 2018-2020, que podría entrar en vigor en mayo, pero a la que le faltan recursos, como siempre (todo sea por recortar el déficit): de los 837 millones presupuestados, sólo el 3,4% de los fondos (29 millones en 4 años) serán para gestión de residuos. Una miseria, cuando los Ayuntamientos y las autonomías andan faltos de dinero para todo y también para fomentar la recogida selectiva de basuras y el reciclaje.

Un país moderno genera mucha basura pero tiene que buscar sistemas para reciclarla y que no contamine. Eso cuesta dinero y tienen que pagarlo quien genera la basura, desde el fabricante al consumidor, que debe concienciarse más para separar y generar menos basura. No podemos tener un país de vertederos, como si fuéramos el Tercer Mundo. Somos “un punto negro” en Europa y deberíamos volcarnos en ser un país más limpio, consumiendo de otra manera y reciclando más. Crecer sí, pero que no nos coma la basura.  

Drones hasta en la sopa

Los drones se han multiplicado estos años y en 2017 se vendieron 3 millones en el mundo, la mayoría en EEUU y Asia. Y se espera que haya 44 millones de drones en 2025. Tienen múltiples aplicaciones: fumigar campos, controlar el tráfico, vigilar obras e instalaciones, controlar fuegos y fronteras, enviar paquetes o rodar películas. Y pronto generarán miles de empresas. Hasta ahora, la regulación era muy restrictiva, pero la Comisión Europea ha preparado una norma que entrará en vigor en 2019. El Gobierno Rajoy se ha adelantado y aprobó en diciembre una regulación de los drones y en marzo un Plan estratégico que pretende multiplicarlos por 12 para 2035. Ya somos el 3º país europeo con más operadores de drones (3.754), algunos entre los mejores del mundo. El objetivo es crear una industria potente, que puede dar trabajo a muchos jóvenes: el título de piloto se sacará en las autoescuelas. Habrá que aportar recursos públicos (no hay) y controlar el imparable “boom” de los drones, por seguridad y privacidad. Pero está claro: los drones coparán nuestra vida.

enrique ortega a partir de Alfred Hitchcock

Los drones, esos aparatos que vuelan por control remoto, empezaron como tecnología militar pero en esta década se han desarrollado y multiplicado, sobre todo desde  2012, generando nuevos prototipos y miles de empresas, en EEUU, China, Japón, Corea y Francia. En 2017 se vendieron en el mundo 3 millones de drones, un 35% más que en 2016, generando un negocio de 6.000 millones de dólares, según la consultora Gatner. De ellos, la mayoría son drones que compran particulares (2,8 millones), para jugar con ellos, pero crecen los drones para profesionales (200.000 vendidos en 2017), el mercado con más futuro, sobre todo en EEUU, Asia y Europa. Ahora se espera que los drones crezcan con mucha más rapidez y que en 2015 haya 44,3 millones de drones pequeños surcando los cielos y generando un negocio de 85.000 millones de dólares, según la consultora eMarket.org.

Los drones se han multiplicado en estos últimos 5 años porque sus aplicaciones son casi infinitas: fotografía aérea y cartografía, control de obras e instalaciones, energía (electricidad, petróleo y gas) , minería, agricultura (en Japón, el 40% de los cultivos de arroz se fumigan con drones), seguridad y control de tráfico, envío de paquetes, medicina (envío de medicamentos en África), salvamento, control de incendios, medio ambiente (hay drones que “siembran nubes”), cine (desde “Skyfall” en 2012, con James Bond a la última película hecha toda con drones: “In the Robot Skies”) o espectáculos musicales (concierto de Lady Gaga en la Super Bowl de 2017). Y también se investiga en el transporte aéreo (“drones taxi”) y en drones acuáticos (barcos y mini submarinos que combatan la contaminación marina). En España, cada vez hay más empresas e instituciones que utilizan drones: las eléctricas (para controlar tendidos y molinos eólicos), Repsol (plataformas), Correos (envío paquetes zonas rurales), Policía Nacional y Mossos d´Escuadra (vigilan con drones infraestructuras alejadas), Tráfico (usará 5 drones para controlar el tráfico en 2019), vigilancia y control de incendios…

La industria de fabricación de dones, unas 700 empresas en el mundo, se concentra en Asia, básicamente en China, Japón y Corea, junto a EEUU y Francia. El gigante de los drones es la empresa china DJI y sus Phantom, que vende el 70% de los drones del mundo, con más de 1.000 millones de dólares de facturación. Le siguen de lejos la norteamericana 3D Robotics y la empresa francesa Parrot, seguidas de Insitu (USA), Ehang (China), Aeryon (Canadá), Yunee (China), Sense Fly (Suiza) y MapBox (USA), según el ranking de droneii.com.

Pero el principal negocio de los drones no está en fabricarlos, sino en adaptarlos para que realicen múltiples tareas, con un software ad hoc. Así han ido proliferando multitud de operadores de drones, que venden sus servicios a empresas e instituciones. Son miles en todo el mundo, aunque sólo hay una élite de 200 empresas que cuentan. Y cada día se producen fusiones, compras y cierres, en un mercado mundial supercompetitivo. Este ranking de operadores está liderado, según Droneii.com, por EEUU (con dos empresas, Zipline y Measure), Reino Unido (Cyberhawk) y… España, que cuenta con la cuarta mejor empresa operadora de drones del mundo y la primera en agricultura: Hemav Technology, una empresa catalana creada en 2012 por unos jóvenes ingenieros aeronáuticos, que tiene 100 drones y 100 empleados y consigue contratos por todo el mundo. Por detrás en el ranking le siguen operadores norteamericanos, británicos, franceses y japoneses.

Curiosamente, España está avanzada en el mundo de los drones: tiene 4.375 drones registrados y 3.754 operadores (particulares y más de 50 empresas), según datos de AESA, lo que nos sitúa en el 3º lugar en el ranking europeo de drones (hay 17.000 operadores en la UE), por detrás de Francia y Polonia (el primer país del mundo que reguló los drones, en 2013). La mitad de los operadores se concentra en Madrid, Cataluña y Andalucía y la mayoría de las empresas que prestan servicios con drones son muy pequeñas: 9 de cada 10 operadores realizan menos de 50 trabajos al año y el 78% facturan menos de 50.000 euros anuales. Casi todos los operadores de drones se concentran en tres tipos de trabajos para grandes empresas e instituciones: fotografía y cartografía aérea, observación y vigilancia e investigación y exploración, según los datos aportados por el 1º Barómetro 2016 elaborado por To Drone.

Hasta ahora, el mercado de drones tenía más empuje en EEUU y Asia porque allí se ha dado  más libertad a la utilización de drones, que en Europa están muy restringidos. Pero en juno de 2017, la Comisión Europea presentó un Plan para desarrollar los drones en Europa, el U-Espace, que ahora se debate y que entrará en vigor en 2019. El Plan se basa en 3 principios: registro obligatorio de operadores, identificación electrónica de los aparatos y seguridad incorporada en el software para impedir a los drones traspasar geobarreras virtuales. Con ello, las autoridades de la UE quieren impulsar una potente industria europea de drones, competitiva con EEUU y China, porque creen que es una tecnología con gran potencial: la Comisión Europea prevé que facture unos 15.000 millones de euros en 2035 y que genere 150.000 nuevos empleos en Europa hasta 2050.

Por una vez, el Gobierno Rajoy ha tomado la iniciativa y se ha adelantado a esta futura normativa europea, aprobando en diciembre de 2017 un Real Decreto que fija las normas para el uso de drones en España, siguiendo la filosofía apuntada en el Plan europeo U-Espace. Con ello, ahora “se abre la mano” a los drones y se les permite volar cerca de edificios y poblaciones y por la noche, todo ello prohibido hasta ahora. Eso sí, los drones tienen que estar registrados y los pilotos tener el título oficial, además de que han de presentar un estudio de seguridad del vuelo y contar con una autorización previa de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (que tiene 6 meses para darla). El temor de las empresas de drones es que sea “mucha burocracia” y al crecer los operadores se retrasen sus planes de vuelo y trabajo. Pero está claro que tiene que haber un control de los vuelos de drones, que cada uno no puede volar donde y cuando quiera, por problemas de seguridad y privacidad.

Después de aprobar la nueva normativa de drones, el Gobierno ha aprobado en marzo un Plan estratégico de drones 2018-2021, con un objetivo muy ambicioso: multiplicar por 12 el número de drones que vuelen en España, de los 4.375 actuales a 51.400 en 2035. Para conseguirlo, el Plan incluye cuatro ejes de actuación: una normativa más flexible (el Real Decreto ya aprobado y la futura normativa U-Space), fortalecer las empresas y su tecnología (se creará un Centro de investigación en drones, en colaboración con empresas y Universidades), mejorar el conocimiento del sector (gestión del conocimiento y divulgación) y coordinación entre Administraciones para asegurar la seguridad y privacidad. Eso sí, el Gobierno Rajoy no se ha comprometido con ninguna ayuda financiera al sector: el Plan nace sin Presupuesto y muchos se temen que pase como con la Ciencia y la innovación: que no tenga recursos. Máxime cuando las empresas se quejan de falta de financiación, tanto privada (“¿quiere un crédito para una empresa de drones…?”) como pública.

La idea, fomentar una industria española de drones competitiva, es buena, porque se trata de una tecnología no demasiado compleja, donde ya hay empresas españolas muy preparadas (como Hemav Technology) y puede crear negocio y empleo en unos años. De hecho, algunos ya han visto negocio en la formación de pilotos de drones y por toda España han crecido escuelas (hay 74 Centros reconocidos), que ofrecen el título como “una gran oportunidad de empleo para los jóvenes” (previo pago de 1.000 a 1.500 euros y 60 horas de formación). Incluso las autoescuelas han visto negocio y han firmado un acuerdo con la Fundación CNAE para ofrecer este verano cursos certificados de pilotos de drones por 900 euros (en EEUU hay 30.000 pilotos titulados de drones).

Los drones aparecen como un sector económico con gran futuro y muchas grandes empresas e instituciones, en todo el mundo y en España, han empezado a usarlos con regularidad. El Plan estratégico del Gobierno Rajoy pretende regular su utilización por fases, empezando con facilitar primero los usos más demandados (filmación topográfica, agricultura, obra civil, energía, minería y medio ambiente), para fomentar después su uso en telecomunicaciones, control de fronteras, seguridad, emergencias y ciudades inteligentes, dejando para el año 2030 el desarrollo de los drones más complejos: pequeña paquetería, aerotaxis y carga a largo alcance. Todo ello debe ir configurando un nuevo negocio, que podría facturar 127.300 millones de dólares al año en el mundo, según un informe de la consultora PWC: en infraestructuras (43,2 millones $), agricultura (32,4 millones), transportes (13), seguridad (10,2), información, cine y entretenimiento (8,8), telecomunicaciones (6,3) y minería (4,3 millones $). De hecho, grandes empresas del mundo, como Amazon, Google, Airbus o Intel están invirtiendo mucho en drones, que abren enormes posibilidades a sus negocios.

Pero los drones también suponen riesgos. Por un lado, la seguridad, que interfieran el tráfico aéreo o provoquen accidentes, además de los problemas de ciberseguridad (ataques con drones). Por eso, en la normativa europea y de los demás países se incluye la obligación de incorporar un software que impide su paso por las “geobarreras” que instalan los Gobiernos, aunque esto es relativo porque ya se ha creado una generación de “hackers de drones”. Y además, la existencia de miles de drones volando por encima de nuestras ciudades puede crear incomodidades y miedos a los ciudadanos. Otro problema puede ser la privacidad, ya que un pequeño dron puede introducirse en cualquier instalación o propiedad, con posibilidades de grabar y actuar. Todo ello va a llevar al desarrollo de una industria de seguros ligados a la operativa con drones, seguros que ya ofrece en España Mapfre y que abren un nuevo negocio asegurador, anticipado en este informe de Lloyd´s.

Así que apostemos por los drones, un nuevo sector económico que puede generar negocio y empleo en España, pero con garantías suficientes, para que la tecnología sea responsable y segura, lo que evitará el rechazo de los ciudadanos. Apostar por los drones no significa “vender” un Plan muy innovador, sino poner los medios para desarrollarlo, sobre todo con dinero público e investigadores. Que no pase como con la Ciencia en España, medio abandonada y sin recursos. Drones sí, pero con ayudas y apoyos de verdad.