Los parados no
salen a la calle a protestar, como los pensionistas, pero motivos les
sobran: la mitad de los parados no cobran ningún subsidio y entre la
mitad que si cobra, el 60% recibe una ayuda asistencial de 426 euros, sólo por 6
meses. Por ello, la mitad de los parados españoles son pobres. Y además, la
mitad de los parados (1.902.000) llevan
más de un año sin trabajar y tienen pocas posibilidades de hacerlo, por su elevada edad y baja formación. En consecuencia, muchos ni se apuntan a las oficinas de empleo, por ineficaces: no
les asesoran, no les dan formación (sólo hacen
cursos el 4,12% de parados) y no les encuentran trabajo (sólo al
2%). El Gobierno Rajoy se ha desentendido de los parados y los ha utilizado para
reducir el déficit público, gastando en
ellos la mitad que en 2009, con un paro casi similar. Urge dar ayudas a 1 millón de parados más y
aprobar Planes de choque para formarles
y recolocarlos. No les abandonen a su suerte.
El paro en España
se ha reducido bastante con la recuperación, pasando de los 6 millones de parados EPA a finales de 2012 a 3.766.700 a finales de 2017. Pero ojo, las cifras no permiten
hacer triunfalismo, como hacen repetidamente Rajoy y su Gobierno. Primero,
porque todavía tenemos más del doble de paro que Europa (16,55%, 1 de cada 6 españoles en edad de
trabajar, frente al 8,1% de la UE-28) y cuatro veces más paro que Alemania (3,8%).
Y, sobre todo, porque todavía tenemos
hoy una tasa de paro (16,55%) doble
que antes de la crisis (8,60% en diciembre 2007), cuando Europa está casi igual (7.7% frente
a 7,2% en 2007) y muchos países europeos
tienen ya menos paro que en 2007: Alemania (3,8% frente a 8,5%), Reino Unido
(4,4% frente a 5,8%), Portugal (8,6 frente a 9,1%) o Polonia (4,9% frente a
9,6%), así como EEUU (4,4% frente a 4,6%) o Japón (2,8% frente a 3,8%), con la
excepción de Francia, Italia e Irlanda, que también tienen más paro que en
2007.
Pero, por encima de las cifras, lo más preocupante es la situación de los parados españoles.
Sí, 2,3 millones de personas han salido
de las listas del paro en los últimos 5 años, pero los que han quedado lo ven cada vez más negro, porque
pasan los meses y no encuentran posibilidades de trabajar. De hecho, el
paro se ha enquistado y la mitad
de los parados estimados por la EPA (el 50,5%, a finales de 2017), 1.902.183 parados, llevan más de 1 año sin trabajar (y de
ellos, 1.365.500 llevan más de dos años
parados). Eso reduce mucho sus posibilidades de encontrar trabajo, según los
expertos, y más si tenemos en cuenta que la mayoría de parados de larga duración
tienen más de 45 años y poca formación.
La consecuencia inmediata de que la mitad de los parados
lleven más de un año sin trabajar (y la tercera parte, más de 2 años) es que muchos ya no cobran el subsidio de paro,
un drama para ellos y sus familias. A finales de 2017, sólo cobraban alguna ayuda 1.894.209
parados, según los datos oficiales del SEPE (oficinas
de empleo). Si lo comparamos con el número de parados estimados, el paro EPA (la
estadística más real y homologada en Europa), que era de 3.766.700 parados, resulta que sólo cobraban un subsidio la
mitad de los parados españoles, el
50,28% para ser exactos. Y la otra mitad, 1.872.491 parados (y sus familias) no cobran nada. Incluso si lo
comparamos con los parados registrados, apuntados en el SEPE (3.412.781 parados en
diciembre 2017), la cobertura es preocupante: un 55,5%.
Pero este es el dato global, de toda España. Hay 9 autonomías, más de la mitad del país,
donde la cobertura baja y hay más
parados que no cobran que los que cobran: es el caso de Madrid (cobran sólo el 36,74% de los parados EPA), Melilla (cobran el 30,43%), Castilla la Mancha (42,93%), Canarias
(42,08%), País Vasco (43,29%), Comunidad Valenciana (45,85%), Murcia (46,03%),
Ceuta (47%), Aragón (48,19%), Asturias (48,87%) y Castilla y León (48,94%
parados EPA cobran), según los datos del SEPE. En las 8 autonomías restantes hay más parados que
cobran de los que no, encabezadas por Extremadura (65,11% parados EPA cobran),
Baleares (60%), Andalucía (56,8%) y Navarra (54,18%).
Esta cobertura de
parados que cobran se ha desplomado
en los últimos años, con la crisis, pero sobre todo desde que Rajoy llegó
al Gobierno. Así, en 2008, con 3.206.800 parados ya (560.000 menos que hoy), cobraban algún
subsidio el 72,3% de los parados
EPA, casi tres de cada cuatro. El paro se disparó y a finales de 2011, cuando Rajoy llegó a la Moncloa, había ya 5.287.300
parados, pero todavía cobraban más de la
mitad, el 55,36%. A partir de ahí, el paro llegó al máximo de 6 millones en
diciembre de 2012 y luego bajó hasta hoy, pero el porcentaje de parados que cobran ayudas
ha estado cinco años por debajo del 50%
(sobre el 44% en 2014 y 2015), quedando en ese 50,28% a finales de 2017.
No es sólo que con el
Gobierno Rajoy cobren subsidio la mitad de los parados. Es que, además, de esa mitad que cobra, la mayoría no recibe un subsidio contributivo, en función del sueldo
por el que ha cotizado (un subsidio de 828 euros al mes de media), sino que ese
subsidio lo agotó y ahora recibe un
subsidio asistencial, de 426 euros. Si en 2011, sólo el
53,5% de los parados cobraban este subsidio asistencial, con Rajoy lo han
cobrado en torno al 60% de los parados que cobran algo (el 59,41% en 2017). Y
el problema de este subsidio “asistencial” no es sólo que sea más bajo, es que se paga sólo durante 6 meses.
Otro problema de los subsidios de paro, en este caso los
contributivos, es que cada año
son más bajos, por el deterioro de
los salarios sobre los que se cotiza al desempleo: la cuantía media de la
prestación contributiva ha caído un
4,2%, de los 864,70 euros por parado
que se pagaban en 2011 a 828,10 euros en diciembre de 2017, 36.60 euros menos al mes. Y si tenemos en
cuenta la subida de la inflación en estos años (+8,1% la inflación media, según el INE), la pérdida de poder
adquisitivo de los parados es del -12,3% desde que llegó Rajoy al Gobierno. Y
además, no es sólo que los parados cobren
menos, es que cobran también
durante menos tiempo: la duración media de la prestación contributiva era
de 15,8 meses en 2009, subió a 17,9 meses en 2013 y ahora, a finales de 2017,
se ha quedado en 15,1 meses, casi tres
meses menos cobrando que hace cuatro años.
Con todos estos datos, no sorprende que la mitad de los parados españoles estén en situación de pobreza, porque ingresan menos del 60% de la renta
media española, según los datos publicados por Eurostat hace dos semanas: son pobres el 49,4% de los parados españoles, frente al 48,7% de los parados
europeos. Con ello, somos el 9º país europeo
con más porcentaje de parados pobres, por detrás de Alemania (el 70,8% de
sus parados son “pobres”), Suecia (el 50,3%) y 6 países del Este, pero por delante de Francia (38,4% parados
son pobres), Reino Unido (45,9%), Italia (46%), Grecia (46,9%) o Portugal
(41,6%).
Todo esto, que la mitad de los parados no cobren nada y que
los que reciben subsidios cobren cada año menos y la mitad estén en la pobreza,
no
es casualidad. Por un lado, lógicamente, es culpa de la subida del paro
con la crisis. Pero otra razón
básica es que el Gobierno Rajoy ha
utilizado a los parados para recortar el déficit público, aprobando en julio de 2012 un amplio paquete de recortes a los parados:
redujo la prestación a partir del 6º mes (del 60% del último salario al 50%),
eliminó el subsidio para mayores de 45 años, elevó de 52 a 55 años la edad del
subsidio asistencial previo a la jubilación, recortó los subsidios a partir de
los 61 años (para forzar las jubilaciones anticipadas),endureció los criterios
para conceder subsidios asistenciales y redujo la cotización a la SS de los
parados con cargo al Estado.
El resultado de estas
medidas es lo que hemos visto: menos
parados que cobran y menos subsidio. Y estos recortes se han reflejado en la factura del paro: si en 2012 se
gastó un máximo de 31.730 millones
de euros en los parados, en el Presupuesto de 2017 se destinaron casi la mitad,
17.474 millones (como este año 2018). Y si el Gobierno gasta casi la mitad en
paro no es porque haya la mitad de parados. Baste ver este dato: en 2016 teníamos casi la misma tasa de
paro (18,63%) que en 2009 (18,66%) y sin embargo, el Gobierno Rajoy gastó en los parados 18.640
millones frente a los 31.462 millones gastados por ZP en 2009. No se gasta
casi la mitad en paro porque haya menos parados, sino porque la mitad no cobran
nada y la mayor parte de los que cobran reciben 426 euros y sólo por 6 meses.
Pero el problema de los parados no es sólo de pobreza, de que no tienen ingresos.
Es que, además, no tienen esperanza en el futuro, porque llevan muchos meses o años en paro y nadie les ayuda, sobre todo las oficinas de empleo (SEPE). Los datos son demoledores. Uno, los
parados tardan 9 meses y medio (de
media) en recibir la primera atención
personalizada en la oficina del SEPE y un tercio de ellos la reciben cuando
llevan ya más de un año parados, según un detallado estudio de Fedea. Dos, el 91,3% de
los parados registrados no recibe ninguna orientación personalizada
para encontrar trabajo. Y el 8,7% que sí reciben orientación son precisamente
los que menos la necesitan: los parados que tienen más formación, los que
cobran el subsidio y los más jóvenes, no los parados mayores y menos formados.
Y tres, sólo el 2% de los parados encuentran trabajo gracias a las oficinas
de empleo, frente al 10% de media en Europa y en Alemania. El resto lo
encuentra gracias a las ETTs privadas (el 17%) y sobre todo por su cuenta
(81%), a través de amigos y familiares y sembrando
currículos.
Las oficinas de
empleo no ayudan a colocarse, pero tampoco
forman a los parados. El dinero
de la formación (que sale de las
cuotas de empresas y trabajadores) se dedica casi en su totalidad a formar a los que están trabajando (3.766.997 en 2016) y poco va a formar a los parados, mientras la patronal CEOE quiere
que aún sea menos: en 2016, sólo 152.544
parados recibieron cursos de formación, un 4,12% de los parados
registrados, según las últimas estadísticas del SEPE. Y encima, la mayoría de los parados que hacen cursos
son los jóvenes con más formación, mientras sólo van a cursos menos del 1% de
los parados que llevan más de un año en paro y el 0,29% de los parados de larga
duración sin estudios, según el estudio de Fedea. Además, los cursos disponibles son demasiado largos (el 35% tienen más de 300
horas), muy “clásicos” y sin ligazón con lo que buscan las empresas.
La consecuencia de esta inoperancia de las oficinas de empleo
es que los parados sólo las utilizan para solicitar el cobro del paro y “sellar”
periódicamente su demanda (online), pero no para buscar trabajo: sólo el 27,5%
de los parados españoles buscan empleo en el SEPE, frente al 48,5% de media que
lo hacen en Europa y el 80% en Alemania, según datos de la Comisión Europea. Y así pasa, que cuando los parados ya no cobran subsidio, se borran de las oficinas de empleo, porque no
les aporta nada (y el Gobierno Rajoy dice
que “baja el paro”). Las empresas también “pasan” de las
oficinas de empleo y buscan trabajadores por su cuenta, a través de ETTs,
mientras en Alemania, por ejemplo, las empresas están obligadas legalmente a registrar
sus vacantes en las oficinas de empleo y toda esa información está en Internet.
En España, el registro de las ofertas es voluntario y la web oficial del SEPE (¡creada
en 2014¡) sólo tiene 20.175 empresas registradas y 46.740 ofertas de empleo (6
marzo).
¿Por qué funcionan tan mal las oficinas de empleo en España? La
primera razón es que se han visto muy afectadas por los recortes (Rajoy rescindió en
2012 la contratación de 1.200 orientadores laborales que iban a ir a las
autonomías) y la falta de medios. Actualmente, cada empleado del SEPE tiene a su cargo 450 parados mientras
en Alemania, cada funcionario atiende a 47 parados y en Reino Unido a 22. Pero
no sólo falta personal. Lo fundamental es que falta presupuesto para hacer
políticas activas de empleo, dado
que también aquí Rajoy hizo drásticos recortes mientras se duplicaban los
parados. Así, si España gastaba 7.400
millones de euros en políticas
activas de empleo en 2011 (5,28 millones de parados) y se rebajó a 4.300 millones en 2013 (5,93 millones
de parados), el mayor recorte en toda Europa, según datos de la Comisión Europea. Y aunque ha subido en los dos últimos años,
hasta los 5.575 millones en políticas de empleo en 2017, todavía el gasto es
ridículo: supone el 0,48% del PIB frente
al 0,90% del PIB que gasta Francia o el 0,64% que gasta Alemania (con la cuarta
parte de paro que España), según datos de la OCDE.
Y ya no es sólo que
gastemos menos, es que además gastamos
mal, según puso de manifiesto, por segunda vez, el último informe del Consejo de Europa,
presentado en enero de 2017: calificó de “ineficientes” los servicios de empleo
españoles y reprochó al Gobierno Rajoy que no publique indicadores de
rendimiento de la gestión del desempleo. En paralelo, los organismos internacionales (FMI, OCDE, Comisión Europea) llevan años pidiendo al Gobierno español “que se vuelque en políticas activas de empleo”, sin
conseguirlo. Y encima, hay un problema
añadido a la falta de medios y políticas activas de empleo: que la gestión se reparte entre el Gobierno central y las autonomías,
responsables de las 711 oficinas del SEPE. Y como pasa en sanidad o educación,
cada autonomía tiene su gestión y su presupuesto adicional para políticas de
empleo, así que mucho depende de dónde esté uno parado. Y en los últimos años,
las autonomías se han enfrentado al Gobierno Rajoy por retrasos en las transferencias para
políticas de empleo o los criterios para aplicar el Sistema de garantía juvenil europeo.
España es el segundo país con más paro de Occidente
y el paro es el problema que más preocupa
a los españoles, según los Barómetros del CIS. Pero el paro no es la prioridad del Gobierno ni de la oposición,
mientras a los parados se les acaba el desempleo y se quedan sin ayudas y
abocados a la pobreza. No es de recibo que 1.902.000 españoles estén parados y
no cobren nada, como tampoco que haya 3.766.700 españoles sin trabajo a los que
no se les forme ni se les asesore para encontrar trabajo. Urge tomar medidas antes que la situación explote, como la de los jubilados o las mujeres.
Por un lado, hay que aprobar un Plan de choque para que al
menos 1 millón de parados que no cobran
nada reciban alguna ayuda, lo que
costaría 4.800 millones al año. Y por otro, hay que aprobar una reforma a fondo de las oficinas de empleo
(SEPE), con más personal y más medios, dentro
de una política activa de empleo, que cuente con más recursos (al menos
2.000 millones más) para fomentar la formación y la contratación de los parados
con más dificultades, en especial mujeres, mayores de 45 años y jóvenes con
menos formación. En total, serían unos
6.800 millones extras para luchar contra el paro y reducir la pobreza de
los desempleados. No es tanto (nacionalizar las autopistas costará la tercera parte y la Comisión Europea acaba de decir a Rajoy que podría recaudar 5.000 millones de euros equiparando los impuestos al gasóleo).Y su efecto
puede ser rápido y eficaz sobre los parados.
Los parados son los grandes olvidados, del Gobierno,
de los políticos de todo signo y hasta de los sindicatos. Y muchos se han quedado al margen
de la sociedad, tras perder el tren de la recuperación. Pero son demasiados (1 de cada 6 españoles en edad de trabajar) como para olvidarles y
dejarles a su suerte, como “los grandes perdedores de la crisis” y “carne de
cañón” de los peligrosos populismos. Hay que recuperarles como sea.
España va bien, reitera Rajoy, pero somos uno
de los países más endeudados del mundo y la deuda pública acaba de batir un récord histórico:
1.144.629 millones de euros, 24.500 euros de deuda por cada español.
Una deuda que ha crecido en 400.000
millones desde que gobierna Rajoy. Y lo peor: esta deuda pública se ha
hecho crónica y en 2028, pesará casi tanto como hoy (el 95%
del PIB), según la Comisión Europea. La deuda pública de España, la 6ª mayor de
Europa, es una losa para todos, porque pagarla nos cuesta 32.000 millones cada año, la
cuarta mayor factura tras las pensiones, la sanidad y la educación. Y en cuanto
suban los tipos, en 2018 o 2019,
pagar los intereses de esta deuda nos
costará mucho más (si los mercados quieren financiarnos). Parece que esto de la deuda pública no va con nosotros,
pero es un pesado lastre que van a
heredar nuestros hijos. Convendría aprovechar la recuperación para dejarles
menos deuda. Bastante tienen ya con el mundo que reciben.
La economía se
recupera pero el mundo está mucho más endeudado que antes de la crisis. Y eso, porque la receta para evitar una debacle
mundial en 2008 fue inundar el mundo de dinero barato. Esta medicina reanimó las
economías y salvó a EEUU y a Europa, pero a cambio las economías se hicieron “adictas”
al crédito casi gratis: si en el año 2000, el endeudamiento mundial
(público y privado) era del 250% de la producción mundial (PIB), en 2008 había
aumentado al 275% y hoy supera ya el 300% del PIB, según
datos oficiales. El problema ahora, para las autoridades monetarias del
mundo (Reserva Federal USA o BCE), es como “desenganchar” a las economías de la droga del dinero barato y que “no
les dé el mono”, que no se paren y volvamos a la recesión. Tienen que
recortar la dosis, porque el mundo está demasiado endeudado (“dopado”), pero lo
tienen que hacer con cuidado, subiendo poco a poco los tipos, para no frenar
en seco la recuperación.
En medio de este panorama, España es uno de los países más endeudados del mundo, junto a EEUU,
Japón, Italia o Grecia. La deuda total del país, entre
empresas, familias y administraciones públicas, alcanzó los 2.473.150 millones de euros (2,4 billones)
a finales de 2017 (el 236% del PIB), según el Banco de España, una deuda más elevada que antes de la crisis, cuando alcanzó 2.609.887
millones de euros en 2008. En estos últimos 10 años, la deuda total ha crecido
porque ha aumentado la deuda pública,
casi la mitad del total (1.144.150 millones en 2017) mientras se ha reducido la deuda de las empresas (894.131 millones en 2017) y las familias (704.390 millones), según
el Banco de España.
Como vemos, la mayor parte de toda la deuda española (58%)
es deuda privada, de las empresas y familias, que aumentaron
mucho su endeudamiento en los años 90 y a principios de este siglo, alimentando
la “burbuja del ladrillo”. Así, las empresas españolas pasaron de tener sólo 200.951 millones de deuda en
1995 a 1.009.429 millones en 2002 y seis veces más en 2008: 1.261.105 millones de euros de deuda
empresarial, la cifra récord. A
partir de ahí, vino la crisis, los bancos se cerraron como lapas y las empresas
se dedicaron a devolver créditos como pudieron, bajando su deuda un 29%, hasta 894.130 millones que debían a finales
de 2017. Las familias hicieron lo mismo: de
tener una deuda de 139.075 millones de euros en 1995, la subieron a 783.932 millones
en 2002 y luego, a golpe de pedir
hipotecas, la multiplicaron por seis en 2008: 908.160 millones de deuda de
las familias, el récord. A partir de ahí, con el paro y la caída de ingresos,
los hogares se dedicaron a devolver créditos y no pedir más, con lo que su
deuda ha caído un 22%, hasta 704.390
millones en 2017.
Mientras empresas y familias reducían su deuda, el sector
público, la Administración, hacía todo lo
contrario: endeudarse más cada año, para hacer frente a los gastos
extraordinarios de la crisis. Y así, la deuda pública,
que era baja en 2008, sólo 440.621
millones de euros (el 35% del PIB), la quinta parte que la abultada deuda
privada, dio un primer salto entre 2008 y 2011, con Zapatero, que la dejó en 744.323 millones a finales de
2011. Pero el mayor salto de la deuda pública lo ha dado Rajoy, que la subió a
1.041.621 millones en 2014 y la
ha vuelto a subir a 1.144.150 millones de euros a finales de 2017
(el 98,08% del PIB), un récord
histórico y 400.306 millones más de deuda (+53.8%) que cuando llegó a la
Moncloa. O sea, que debemos ya 24.589
euros por cada español, casi el triple de lo que debíamos en 2008. La mayor
parte de esta deuda pública es del Estado
(996.472 millones), seguido de las autonomías (288.313
millones), Ayuntamientos (29.161) y
Seguridad Social (27.393 millones). La suma no da los 1.144.150 millones de
deuda total 2017 porque hay que hacer ajustes por la deuda entre distintas
administraciones.
La deuda pública se
ha disparado porque los gastos públicos durante la crisis
se multiplicaron mientras caían los ingresos, lo que ha profundizado el déficit público:
de tener superávit en 2007 se pasó a un déficit del 3,8% del PIB en 2008, que
acabó siendo del 8,5% en 2011 para bajar después despacio hasta el 3,1%
esperado en 2017. Y cada año ha habido que “tapar”
este agujero en las cuentas públicas pidiendo prestado, endeudándonos. Los “culpables”
de esta deuda histórica que ahora tenemos son miles de partidas, pero podemos
citar algunas más importantes: rescate bancario (50.000 millones), déficit eléctrico (30.000 millones), Plan pago a proveedores (40.000 millones), pago parte española rescate de Grecia, Portugal e Irlanda
(30.000 millones), financiación de las pensiones (10.192 millones
prestados por el Tesoro a la SS, a los que se sumarán otros 15.000 este año)…
Suma y sigue.
Muchos países han visto disparar su deuda en estos años de
crisis, pero España tiene ahora más
deuda que la mayoría: somos el 6º país de Europa con más deuda pública
relativa (en relación al PIB): 1.144.150 millones de euros a finales de 2017, el 98,08% del PIB, sólo por detrás de Grecia
(su deuda pública es el 177,2% del PIB), Italia (133,3%), Portugal (128,9%),
Bélgica (106,5%) y Chipre (103,2%), según Eurostat. Y estamos muy por encima de la media de deuda de toda Europa (84,8% la UE-28) y del límite fijado a
los países euro (60% del PIB).
El gran problema de
la deuda es que hay que pagarla: hay que destinar cada año muchos millones a pagar intereses a los inversores y
bancos que la compraron, dinero que no se puede gastar en otras cosas. Así,
en 2017, España destinó 32.171 millones de euros a pagar intereses de la deuda, la cuarta mayor partida de gasto del país, tras las pensiones
(130.000 millones), la sanidad (80.000 millones) y la educación (50.000
millones). Y así, año tras año, hasta dentro de 10, 20, 30 ó 50 años que vence
mucha de esa deuda. Baste decir que si en 2008 nos gastábamos 15.000 millones
al año en pagar la deuda pública, en 2011 ya pagábamos 22.000 millones y este
año 2018 volveremos a pagar 32.000 millones. En conjunto, desde hace 10 años ya hemos pagado en intereses por la deuda pública más de 250.000 millones de euros, lo que cuesta pagar dos años de
pensiones.
El problema se
complica ahora, porque pagar la
deuda va a ser más caro. Desde 2015, el Banco Central Europeo (BCE) ha salido en auxilio de España
y los países más endeudados, con dos medidas muy eficaces: bajar el precio oficial del dinero a cero y comprar deuda pública en el mercado,
para rebajar su coste. Sólo en 2017, el BCE compró 80.000 millones de deuda
pública española, el 60% de lo emitido ese año. Y con la rebaja de tipos, el
Tesoro español se ahorró 2.500 millones sólo en 2017. Ahora, las tornas van a cambiar: el BCE
quiere “desenganchar a los países europeos de la droga del dinero barato y que
funcionen sin “dopaje”, por lo que va a reducir sus estímulos. En enero de 2018 ya ha reducido a la mitad sus
compras de deuda pública europea y comprará este año sólo 39.000 millones de deuda
española (la mitad que en 2007), Además, aunque el BCE quiere mantener sus tipos
este año y no subirlos hasta 2019,
el hecho cierto es que los mercados
están ya pidiendo más interés por comprar deuda, dado que EEUU ha subido ya 4 veces los tipos de interés oficiales y los volverá a subir
este año, lo que ha servido para encarecer el precio del dinero en todo el
mundo y también financiar la deuda española.
La consecuencia es que pagar
la deuda será más caro este año 2018 y sobre todo en 2019. Se calcula que por cada 1% que suba el precio oficial del dinero,
España paga 12.000 millones más por
su deuda pública. Y las empresas 9.000 millones más y las familias otros 7.000 millones
extras. Así que van a cambiar las tornas y tras una década de dinero
barato, volverá a ser caro. Y lo sufriremos más los países más endeudados, España entre ellos. El
Presupuesto tendrá que recortar otros costes, las empresas tendrán menos dinero
para invertir y crear empleo y las familias menos dinero para consumir. A
final, menos crecimiento por subir los tipos y encarecerse la
deuda, pública y privada.
Y el problema no se va
a arreglar a corto plazo, porque la recuperación (4 años de fuerte
crecimiento) no ha servido para
bajar la deuda pública, sino que sigue subiendo en España año tras año. La
propia Comisión Europea ha advertido a
España (aunque Rajoy no diga nada) de que la deuda pública se ha hecho crónica y se va a enquistar en niveles altos en los
próximos 10 años: si 2017 cerró casi con tanta deuda como lo que produce el
país (98,08% del PIB), en 2020 seguirá en el 95,6% del PIB y para 2028 prevén que España mantenga todavía una deuda casi igual, el 95,1% del
PIB. Y eso se traduce en que si hoy dedicamos el 3% de la riqueza a pagar intereses
(32.000 millones anuales), en 2020 seguiremos con el lastre de pagar ese 3% del
PIB en intereses (entonces ya serán más de 50.000 millones de euros de la
época). Y eso hace a España muy vulnerable, porque de aquí a 10 años tendrá que buscar la
financiación de los mercados y que no se pongan nerviosos, como en 2012, para
que nos financien y no nos cobren muchos
intereses.
De hecho, la Comisión
Europea acaba de publicar un informe donde alerta de que hay 5 países europeos considerados “de alto
riesgo” en caso de que Europa vuelva a tener un grave shock de deuda, si
vuelven los nervios a los mercados, como en 2012 y 2013: Bélgica, España, Italia, Francia y Portugal. Por eso, ahora que hay
recuperación, les piden medidas para ir reduciendo su deuda pública y poder cumplir el 60% de deuda sobre PIB, objetivo de la Comisión para 2032. Para España, ese objetivo supone reducir
la deuda un 38% del PIB en 14 años, recortarla
en 460.000 millones hasta 2032, unos
33.000 millones al año.
Parece un objetivo
imposible. Pero no lo debería ser reducir la deuda lo más que se pueda,
para no cargar cada año con la losa de los intereses, que pueden dispararse los
próximos años. El ministro Montoro ha apuntado una primera medida: perdonar parte o toda la deuda a las
autonomías, como compensación a la falta de financiación que han tenido
estos años. Pero es una solución “falsa
e injusta”. Falsa, porque sería
engañarnos a nosotros mismos: cambiar la
deuda de sitio, para que en vez de ser deuda de Cataluña o Valencia (ver reparto) lo
sea del Estado central. E injusta,
porque cargaría sobre los bolsillos de todos los españoles una deuda que han generado
los catalanes o valencianos, por ejemplo. La solución sólo puede pasar por ingresar más, porque no se pueden hacer más recortes en pensiones,
sanidad, educación, desempleo, gastos sociales o inversiones públicas, faltas
de recursos.
Así que para recortar
la deuda, el camino pasa, como casi todos, por recaudar más, sobre todo el Estado central (no bajar impuestos: eso iría "en la dirección contraria"). Y se puede hacer,
porque España tiene un problema de fondo
que genera los déficits públicos: ingresa
menos que el resto de Europa. Concretamente, en 2018, está previsto
recaudar un 38% del PIB en España
mientras la media europea (UE-27) recaudará el 44,6% del PIB, según Bruselas. Traducido, eso significa que si recaudáramos como el resto de
Europa, Hacienda debería recaudar 72.000
millones de euros más al año. Eso pasa por reducir el fraude fiscal y hacer
que paguen más los que ahora pagan poco, las grandes empresas, multinacionales
y los más ricos. Con esa mayor recaudación, esos 72.000 millones, podríamos destinar
una parte a bajar el déficit y amortizar
deuda y el resto a costear los gastos públicos necesarios, desde Planes
contra el paro y la pobreza a mejorar las pensiones, la sanidad, la educación, los gastos sociales y las inversiones públicas.
El Gobierno Rajoy ha visto
crecer la bola de la deuda pública sin tomar medidas, amparado en la ayuda del BCE y los tipos bajos. Pero
ahora van a cambiar las tornas y pueden volver las turbulencias. Aunque los
mercados estén calmados, es una
barbaridad destinar 32.000 millones a pagar intereses mientras hace falta de
todo. Y lo peor, esa deuda es la
herencia que dejamos a nuestros hijos, que tendrán que seguir pagándola sin
haberla generado. No es justo.
Intentemos dejarles una deuda menor. Bastante tienen ya.
Hoy todo el mundo habla de la “brecha” salarial de
las mujeres, que en España ganan un 22,86% menos que los hombres.
Pero ojo: que esta injusticia manifiesta
no nos impida ver el bosque de la desigualdad de la mujer, de la cuna a la tumba: trabajan mucho menos que los hombres, en
peores puestos y con contratos más precarios, tienen más paro y cobran menos
desempleo, tienen peores pensiones y son las que más esperan las ayudas a la
Dependencia. Y en casa, las mujeres son las que cuidan de niños, padres
ancianos y discapacitados, trabajando en tareas domésticas el doble que los
hombres. No estamos ante una “batalla salarial” de las mujeres, sino ante una “guerra total por la igualdad”, desde que empiezan a buscar
trabajo hasta que se jubilan, pasando por la igualdad en casa. Siglos de desigualdad que no se pueden
corregir con una simple Ley de igualdad salarial: hacen falta cientos de normas y un cambio de mentalidad. De todos.
No hay “soluciones milagro”.
Empecemos por el principio, el número de mujeres que hay en España: son 23.711.009 a 1 de julio de 2017, el último censo del INE, 872.974 mujeres
más que hombres. Así ha sido en las últimas décadas (eran 757.154 más en
1971) y la diferencia con los hombres aumentará más en el futuro, porque viven
más años que los hombres: en 2030 habrá 1,12 millones más de mujeres que
hombres y para 2066 habrá 21.154.278 mujeres, 1.239.913 más que hombres, según las proyecciones de población del INE.
Hay más mujeres y
sobre todo más mujeres mayores. Por
eso, en
la escuela, de la guardería al bachillerato, las niñas son menos que los niños: de los 8.127.832 alumnos no universitarios que estudiaban
el curso 2016-2017, el 51,7% eran chicos y el 48,3% chicas. Son algo más de
niños que niñas los que estudian educación infantil, primaria y la ESO, pero
luego, en Bachillerato se da un cambio
y las chicas (52,5%) ganan a los chicos (47,5%), según las estadísticas de Educación. La razón: el abandono escolar, mayor entre los
chicos. Y con esta base, las mujeres
vuelven a ganar de lejos en la Universidad: 848.102 mujeres universitarias
frente a 710.583 hombres en el curso 2016-2017, destacando en Grados y Doctorados.
Así que nos encontramos con más mujeres universitarias que hombres, aunque por desgracia estudian carreras que tienen una peor
salida laboral: así, el 71,2% de los universitarios que estudian ciencias
de la salud son mujeres, el 61,5% de los que estudian Ciencias Sociales y
Jurídicas y el 60,5% de los que estudian artes y humanidades son mujeres. Y
sólo un 25% de los que estudian
ingenierías o arquitectura, según los datos de la Conferencia de Rectores. Y esto contrasta con las previsiones
de la Comisión Europea, señalando que un 70% de los empleos futuros van a estar en las carreras STEM:
Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas, donde hay una minoría de
mujeres estudiando.
Hay más mujeres universitarias y en general las jóvenes españolas (25-34 años) están
mejor formadas que los jóvenes: un 53,2% son universitarias (el 32,5% en
Europa) frente al 38,1% de los jóvenes (28,9% en Europa), según datos de Eurostat (2016). Pero a pesar de estar mejor preparadas, las mujeres jóvenes tardan 4 meses más de media en encontrar un primer empleo que los
hombres, según un informe del CES. Pero el gran problema son
las muchas que no lo encuentran, que no trabajan, o bien porque se quedan en
casa a cuidar a los niños o bien dejan su trabajo para ser madres o cuidar a
sus ancianos padres.
Pero sigamos la vida de las mujeres. Con más de 16 años, la edad de trabajar, hay en España 38.716.600
personas (diciembre 2017): 19.885.700 son
mujeres y 18.830.900 son hombres, según la última EPA.
De esa población en edad de trabajar, unos buscan trabajo y otros no, son los
llamados “inactivos” (ni trabajan ni
son parados, porque no buscan trabajo). Pues bien, la primera gran desigualdad es que hay 2.6709.500 mujeres inactivas más que hombres (9.280.500 frente
a 6.671.000, según la EPA 2017). Mujeres que en lugar de intentar
trabajar se han quedado en casa,
para cuidar a sus hijos o padres y familiares dependientes (el 94,9% de las que
cuidan a dependientes son mujeres y más de la mitad tienen entre 25 y 44 años, según el INE).
Ya se han quedado varios millones de mujeres por el camino.
Sigamos con el resto, con las mujeres
activas, que trabajan o buscan trabajo. Las que realmente trabajan hoy en
España (EPA diciembre 2017) son 10.605.200 mujeres, 1.554.600 menos que hombres (12.154.800 ocupados). Esta es la
segunda gran desigualdad: hay más mujeres, más preparadas, pero trabajan
muchas menos que hombres. Eso significa que 2 de cada 3 hombres en edad de
trabajar (16-64 años) están empleados (68,02%,
frente a sólo algo más de la mitad de las mujeres (57,12%), una tasa de empleo femenino muy inferior a la media europea (61,4%) y de
Alemania (70,8% de mujeres trabajan). Y lo peor, a medida que las mujeres
tienen más hijos, baja su tasa de ocupación hasta el 50% y menos.
Y no es sólo que haya 1.554.600 mujeres menos que hombres
trabajando. Es que, además, se han beneficiado menos de la recuperación y el empleo creado: de los 1.863.200 nuevos
empleos creados en España entre 2014 y 2017, 1.032.400 han sido para los
hombres y sólo 830.800 para las mujeres. Y además, las mujeres se han llevado los empleos más precarios. Así, la tasa de empleo temporal es más alta entre
las mujeres (27,7% del empleo total) que entre los hombres (25,8%). Y, sobre
todo, en el empleo a tiempo parcial, por días o por horas: en los hombres es el 7,1% del empleo
total y en las mujeres el 23,9%.
Además de tener menos empleo y más precario, las mujeres trabajan más en los sectores
peor pagados, según el INE:
administrativos, sanidad, comercio, hostelería, educación y actividades
profesionales. Y menos en los mejor
pagados: finanzas, energía, construcción… Además, tienen peores puestos, menos categoría profesional: sólo un 31% son directivas y sólo hay un 19,5% de mujeres en los consejos de las 133 grandes empresas que cotizan en Bolsa (muy lejos
del 30% de mujeres consejeras que recomienda la CNMC para 2020).
Aquí están las bases para la tercera gran discriminación de las mujeres, la brecha salarial:
el salario medio bruto de las mujeres es de 20.051 euros anuales frente a 25.992 euros los hombres, un 22,86% menos, según la última encuesta salarial del INE (2015). Esta brecha es mucho mayor entre las mujeres que hacen trabajos
administrativos (-34%), las que trabajan en inmobiliarias (-32,8%), en
actividades profesionales (-30,5%), comercio (-28,1%) y sanidad (-27,3% de
brecha salarial). Y supera la media en Cantabria, Asturias o Navarra (-28%),
siendo inferior al 20% en Canarias, Baleares y Madrid. Si nos comparamos con Europa, la brecha se mide en salario bruto por hora (un
dato engañoso, porque las mujeres trabajan menos horas): las mujeres ganan
un 14,2% menos en España
(salario-hora 2016), frente al 16,2% menos en la UE-28, un -21,5% en Alemania, un- 21% en Gran Bretaña, un -17,5%
en Portugal, un -15,2% en Francia o un -5,3% en Italia, una "brecha" salarial que se estancó en Europa en 2016, según publicó ayer Eurostat.
El problema no es que
las mujeres que hacen un trabajo cobren
menos que los hombres que hacen el mismo trabajo. Eso sería más
fácil de denunciar y corregir. El
problema de la brecha salarial es la desigualdad laboral que hay detrás.
Las mujeres cobran menos que los hombres por cuatro razones: tienen un contrato más
precario, ya sea temporal (ganan un 43% menos que un indefinido) o a tiempo
parcial (ganan un 62% menos que a jornada completa), cobran menos pluses (desde peligrosidad a nocturnidad o disponibilidad:
un 44% de la brecha salarial es por estos pluses, según CCOO),
trabajan en sectores peor pagados y con
puestos de menos categoría y, por último, han tenido interrupciones en su carrera laboral, (para cuidar a hijos o
padres) que les hace tener menos antigüedad. Así que hay que actuar sobre todas
estas causas si se quiere reducir la brecha salarial.
Avancemos otro poco, hasta toparnos con las mujeres que no trabajan ni están
inactivas sino que están paradas: 1.946.000 mujeres en paro a finales de
2017, según la EPA, 125.400 más que los hombres. Y una tasa de paro también superior: 18,35% de paro femenino frente al
14,97% de paro masculino, más del doble
que en Europa (7,9% de paro
femenino en UE-28) y seis veces el paro femenino de Alemania (3,2%). Y lo peor
es que más de la mitad de las mujeres en paro (el 51,27%) llevan más de un año sin trabajo, como los hombres, a
pesar que las mujeres paradas tienen más formación, según la EPA 2017.
Pero no es sólo que haya más mujeres paradas, la cuarta gran desigualdad. De los
3.476.528 parados registrados en las oficinas de empleo (enero 2018), 2.001.049 eran mujeres y 1.475.479 hombres. Pero a la hora de cobrar
alguna ayuda, sólo la cobraban 1.000.280
mujeres paradas (la mitad) y 900.774 hombres (el 61%). Y
al analizar ese subsidio, según los datos del SEPE, los hombres cobraban un subsidio de paro
contributivo de 884,7 euros al mes y las mujeres 755,4 euros, otra “brecha” del 14,6% (cobran 1.551
euros menos de subsidio anual). Esto se debe a que las mujeres cotizan por
sueldos peores y tienen carreras laborales más discontinuas, que reducen sus
derechos al subsidio de desempleo.
Y lo mismo les pasa a las mujeres cuando se jubilan, la quinta gran desigualdad. Primero, porque, aunque en
España haya más mujeres, hay menos mujeres pensionistas que hombres: 4.199.434 mujeres pensionistas frente a
4.498.646 hombres, básicamente porque tienen carreras laborales más cortas y
con muchas interrupciones. Pero además, hay más mujeres pensionistas con pensiones bajas: de menos de 500 euros hay
575.951 pensionistas mujeres y 381.908 hombres. Y de menos de 650 euros al mes,
hay 2.100.066 mujeres pensionistas (la mitad del total) y 1.020.720 hombres (el
22,7% del total de pensionistas hombres). Al final, la desigualdad se traduce
en la pensión media, según
los datos oficiales de la Seguridad Social (enero 2018): 1.147,98 euros al
mes los hombres y 725,02 euros las mujeres, otra “brecha” del -36,85%. Una brecha que es mayor en
las pensiones de jubilación (-37,04%) y menor en las pensiones de viudedad
(+26,1% reciben las mujeres).
Pero no hemos acabado, Las mujeres viven más años que los hombres (85,7 años frente a 80,1% de
media, según el INE),
con lo que sufren más la pérdida de
poder adquisitivo de las pensiones. Y también, al vivir más, sufrirán más
los recortes en las nuevas pensiones derivados del factor de sostenibilidad,
que empezará a operar en enero de 2019. Y además, si el Gobierno Rajoy aprueba la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones a toda la
vida laboral, las que más sufrirán este cambio serán las mujeres.
Y hay otra
discriminación más, la sexta, en las ayudas
a la Dependencia, a los ancianos y discapacitados que no se valen por
sí mismo. Actualmente, del total de beneficiarios, con ayudas muy
insuficientes, dos tercios son mujeres
(621.330 de 948.715 beneficiarios a finales de 2017). Y de los 310.951
dependientes que están en lista de
espera, sin recibir una ayuda que tienen reconocida, unos 200.000 son mujeres. Y dos tercios
de ellas tienen
más de 80 años, con lo que muchas morirán sin recibir la ayuda (50 mueren
cada día, según denuncian los Directores y Gerentes de Servicios Sociales). Mal hasta el final.
Y queda otra
discriminación más, la séptima y quizás la más
sangrante: la que sufren las mujeres en su propia casa. Los datos de Eurostat (2016) son impactantes. Primero, el 95% de las mujeres españolas
(25-49 años) cuida y educa a los hijos diariamente (el 92% de media en la
UE-28), frente al 68% de hombres (igual que en Europa, aunque en Suecia son el
90% y en Grecia el 53%). Segundo, el 84% de las mujeres españolas cocinan y
hacen diariamente las tareas domésticas frente al 42% de hombres (en la UE-28
son el 34%, en Suecia el 56% y en Grecia el 16%). Y tercero, las mujeres en
España trabajan una media de 26,5 horas a la semana en casa, frente a 14 horas
los hombres, según el INE. Eso sí, la igualdad llega
con los nietos: hombres y mujeres dedican 16 horas semanales (las mismas) a
cuidarles.
Si ha llegado hasta aquí, habrá comprobado que la “brecha” entre hombres y mujeres en
España es mucho más profunda que ellos ganen 5.941 euros más al año que ellas. Por eso, centrarse sólo en la brecha salarial puede ser una trampa”, un
globo sonda para que no miremos el resto de la discriminación. Por supuesto que
hay que luchar contra esa brecha salarial, pero no basta con una simple Ley, como la presentada en el Congreso por Podemos y apoyada por todos los grupos y la abstención del PP. Porque pagar
menos a una mujer que a un hombre con el mismo puesto y categoría es ilegal en
España desde 1980. El problema es que esa
no es la discriminación que se da, como lo demuestra que la inspección de Trabajo sólo impone un 0,1% de todas sus sanciones “por discriminación salarial a las mujeres”. La
discriminación es que las mujeres cobran menos porque tienen peores contratos,
peores categorías y trabajan más en sectores peor pagados. Y todo esto se puede
y se debe corregir, pero no basta con una
Ley de igualdad salarial.
Si los políticos y los sindicatos (y las mujeres y hombres)
quieren afrontar el problema, hay que ir al origen de las discriminaciones, desde la Universidad y el primer
empleo a la jubilación. Hace falta un urgente Plan de empleo que aumente el empleo femenino y fomente los
contratos fijos y a tiempo completo para la mujer, con ayudas fiscales y
penalizando las cotizaciones de los contratos precarios. En paralelo, fomentar
las guarderías
públicas (España está a la cola de Europa, según este estudio de Funcas) y en los centros de trabajo, con horarios
que permitan conciliar y un tratamiento
fiscal que favorezca más a la familia en el IRPF. Y mejorar las ayudas a la Dependencia, para
sustituir a las mujeres por cuidadores
profesionales que las “liberen”. Además, urge un Plan para aumentar la cobertura a los parados sin subsidio (1 millón son mujeres), con ayudas
y formación. En materia de pensiones,
los
sindicatos piden que el Gobierno Rajoy cumpla la Ley 27/2011 en materia de
igualdad de oportunidades y que adopte las recomendaciones del Parlamento europeo (23 junio 2017) para corregir la” brecha de las
pensiones”, así como las recomendaciones de la Comisión Europea (noviembre 2017) contra la brecha salarial.
Sólo cuando se haga todo esto tendrá sentido imponer auditorías salariales en las empresas, que serán
inútiles mientras no se corrijan las causas que provocan la brecha salarial.
Está claro que a las empresas hay que “obligarles” por Ley a corregir la brecha
salarial, pero mientras la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012 les permita contratar mujeres por
horas y por semanas, ahorrándose pluses y cotizaciones, lo seguirán haciendo: con la “brecha salarial” se ahorran 42.000
millones al año, según cálculos de UGT. Hay que legislar en muchos terrenos (laboral, fiscal, de
Seguridad Social), pero también los
sindicatos (controlados por hombres) deben cambiar su enfoque al negociar
los convenios. Y los hombres, al
volver a casa y compartir de verdad las tareas domésticas. Y al educar a los hijos en la igualdad de verdad, en casa y en colegios, porque todo apunta que los jóvenes van para atrás.
Vivimos en un mundo complejo donde triunfan las soluciones fáciles,
alimentando el populismo. Pero hay que decirlo: la brecha salarial no se
corrige con una simple Ley que obligue a las empresas a pagar lo mismo a
hombres y mujeres. Hay que corregir las
causas profundas de la desigualdad de la mujer, de la cuna a la tumba, y eso es un proceso largo y lento, que exige
múltiples medidas en casi todos los ámbitos sociales. Hagamos un Plan global y empecemos a actuar,
hombres y mujeres juntos, con Leyes, en las empresas, en la Administración, en la educación y en
casa. Sólo así habrá mejoras reales en unas décadas. No hay “soluciones milagro”.
