Hay 2 Españas, más lejos de Europa

Rajoy presume de que somos el país europeo que más crece (incierto: fuimos el 8º en 2016) pero no dice que estamos más lejos de Europa que antes de la crisis. Si en 2007 teníamos una renta por habitante que superaba la europea (el 103%), luego ha bajado y en 2015 teníamos el 90% de la renta europea. Somos el país 14º en el ranking UE de riqueza por habitante, aunque seamos el 4º país que más produce. Estamos más lejos de Europa y de forma desigual. Hay 4 regiones con una renta superior a la europea: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. Y 7 que no llegan al 75% de la renta europea: Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Sigue habiendo dos Españas, más desiguales entre sí que antes de la crisis. Y además, son las mismas que en 2008 y en 1983. Tenemos un doble problema de fondo: hay españoles y europeos de primera y de segunda. Y llevamos décadas así.
 

enrique ortega

España creció un 3,2% en 2016, el tercer año de la recuperación, el 8º mayor crecimiento en la Unión Europea, tras Rumanía (+4,9%), Irlanda (+4,3%), Malta (+4%), Luxemburgo (+3,8%), Eslovaquia, Bulgaria y Suecia (+3,3% cada uno). Pero este crecimiento fue muy desigual por autonomías. Así, crecieron por encima de la media Baleares (+3,8%), Madrid (+3,7%), Canarias y Cataluña (+3,5%), Galicia (+3,4%), Comunidad Valenciana, Ceuta y Castilla y León (+3,3% las tres). El resto crecieron menos y en especial la Rioja (+1,5%), Asturias (+1,9%), Extremadura (+2%) y Cantabria (+2,3%), según el INE. Antes, en la primera Legislatura de Rajoy (2012-2015), España decreció un -2,2% (PIB) y sólo dos regiones aumentaron su producción (Madrid y Cataluña), dos la estabilizaron (Canarias y Extremadura) y las 15 restantes empeoraron (cayó su PIB), en especial Cantabria, Melilla, Asturias y Castilla y León.

Tras estos ocho años de crisis, España produce todavía algo menos que en 2008: 23.970 euros por habitante (2016), un 1,3% menos de los 24.274 euros por español que se generaron en 2008, según los últimos datos del INE. Pero hay 5 autonomías que ya han salido de la crisis y produjeron en 2015 más que en 2008: Madrid, País Vasco, Cataluña, Castilla y León y Galicia. Las otras 12 autonomías, más Ceuta y Melilla, siguen todavía sin recuperar su producción anterior a la crisis, siendo Andalucía, Melilla, Castilla la Mancha, Murcia y Canarias las regiones  que están más lejos de hacerlo.

Con todo, hay 7 regiones que conforman la lista de la España rica, por su mayor producción (PIB) por habitante en 2016, según acaba de publicar el INE: Madrid (32.723 euros/habitante), País Vasco (31.805), Navarra (29.807), Cataluña (28.590), Aragón (26.328), La Rioja (25.692) y Baleares (24.870 euros/habitante). Y otras 7 regiones que están a la cola de la producción por habitante, que configuran la España pobre: Extremadura (16.369 euros/habitante), Andalucía (17.651), Melilla (17.686), Castilla la Mancha (18.591), Murcia (19.411), Ceuta (19.446) y Canarias (19.867 euros/habitante). Lo más preocupante es que antes de la crisis, en 2008, las 7 regiones más ricas eran exactamente las mismas que en 2016 y en el mismo orden. Y las 7 regiones más pobres de hoy son exactamente las mismas que en 2008. Eso sí: la desigualdad ha aumentado. Si en 2008, el PIB por habitante de Madrid era 1,93 veces el de Extremadura, en 2016 ha sido de 1,99 veces.  Pero hay más. Si miramos las estadísticas de 1983, antes de que España ingresara en Europa (1986), las regiones ricas y pobres eran las mismas que hoy. Tres décadas perdidas.

Esta mayor o menor producción por habitante de las regiones españolas durante la crisis explica que unas tengan más o menos empleo y más o menos parados. En principio, de los 1.372.900 empleos creados en España entre 2014 y 2016 se han beneficiado sobre todo Andalucía (274.300 nuevos empleos), Cataluña (+203.900), Madrid (194.400) y la Comunidad Valenciana (180.300). Pero esto no indica mucho, porque son las autonomías con más población y trabajadores. Lo importante es ver qué regiones tienen más empleo, dónde trabaja más gente. Y así resulta que, a finales de 2016(EPA), en España trabajaban el 61,05 por 100 de los adultos (16-64 años), pero había 7 autonomías donde trabajaba un mayor porcentaje de gente: la Rioja (68,02%), Navarra (67,92%), Madrid (67,26%), Aragón (66,87%), Cataluña (66,78%), Baleares (66,52%) y País Vasco (66,265), una lista que coincide exactamente con la de las 7 autonomías más ricas. Y al contrario. Las 7 autonomías con menos personas trabajando son Extremadura (50,86 de los adultos), Andalucía (51,2%), Canarias (55,26%), Castilla la Mancha (57,87%), Asturias (59,46%), Murcia (59,05%) y Ceuta (50,35%), exactamente las 7 regiones más pobres.

Y lo mismo pasa con el paro. Las tasas de desempleo más altas se dan en las regiones más pobres, según la EPA 2016: Extremadura (28,31%), Andalucía (28,25%), Melilla (27,38%), Canarias (24,90%), Ceuta (22,39) Castilla la Mancha (22,14%), muy alejadas de la tasa media de paro española (18,63%). Y las regiones con menos paro son también las más ricas: Navarra (10,01% de paro), la Rioja (10,90%), País vasco (12,27%), Cantabria (12,89%), Aragón (13,53%), Baleares (13,89%), Madrid (14,60%) y Cataluña (14,65%).

Una buena parte de esta desigualdad regional en el empleo y el paro, que luego se traduce en las diferencias de producción (PIB por habitante) se deben al distinto modelo económico de las autonomías, donde ganan las que tienen más industria, más inversión y más exportación, junto a mayor tecnología y formación . Y luego está el papel del Estado, que tiene una serie de mecanismos para intentar reducir las diferencias entre las regiones y sus ciudadanos. La principal son los impuestos, haciendo que paguen más los que menos tienen. El problema en estos años de crisis ha sido que las mayores subidas de impuestos se han dado en los impuestos indirectos (IVA, carburantes, tasas), que se pagan igual se gane lo que se gane y no ayudan a redistribuir la riqueza. Lo mismo ha pasado con las prestaciones sociales, desde el paro a las pensiones, becas y ayudas familiares y sociales: se han recortado drásticamente (-30.000 millones desde 2010) y eso ha perjudicado a los que menos tienen y a las regiones más pobres. Y también se han recortado las inversiones públicas (a la mitad),que reparten infraestructuras y empleo, “tirando” de las regiones más deprimidas.

Al final, el cocktail del distinto modelo económico, la crisis, los impuestos y los recortes, más un desigual sistema de financiación autonómica, han agravado las desigualdades durante la crisis, no sólo entre españoles sino también entre regiones, según los datos del INE. La renta media por persona ha caído en toda España un 2,96% en estos 8 años: de 10.737 euros en 2008 a 10.419 en 2016. Pero esa caída de la renta también ha sido desigual. Hay 7 regiones que ya tenían en 2016 una renta por habitante superior a la de antes de la crisis: Aragón (+8,2%), Galicia (+7,7%), Ceuta (5,7%), Extremadura (+4,5%), la Rioja (+1,97%), Castilla y León (+0,78%) y  Madrid (+0,3%). Y las 12 regiones restantes todavía tienen una renta por persona inferior a la de 2008. Pero el mapa no ha cambiado, según los últimos datos del INE. Las 6 regiones con más renta por habitante en 2016, las 6 más ricas, son País Vasco (13.836 euros/habitante), Navarra (13.300), Madrid (12.534), Aragón (12.427), Cataluña (12.283) y Asturias (11.427), exactamente las mismas que en 2008. Y las 7 más pobres, con menos renta por habitante, son Murcia (7.924 euros), Andalucía (7.942), Extremadura (8.469), Castilla la Mancha (8.498), Ceuta (8.512), Canarias (8.640) y la Comunidad Valenciana (9.098), también las mismas que en 2008. Y lo peor: se han agravado las diferencias. Si en 2008, un vasco tenía 1,73 veces la renta de un extremeño (los más pobres), en 2016 tiene 1,75 veces la renta de un murciano (los más pobres hoy).

Así que sigue habiendo 2 Españas, con enormes diferencias de producción, empleo, paro y renta. Y las regiones ricas y pobres son las mismas que antes de la crisis e incluso que antes de entrar en Europa. Además, no sólo se han agravado las diferencias dentro de España sino también con Europa, por mucho que ahora crezcamos más que la mayoría. Los datos son claros. España entró en la Unión Europea, en 1986, con un 72% de la renta media comunitaria (PIB/habitante) y en 2002 alcanzó el 100%.Vivimos igual que la media de europeos hasta 2004 e incluso en 2007 superamos la renta media europea (103%). Pero a partir de ahí, con la crisis, empezamos a caer y ya en 2010 perdimos la media europea (bajamos al 96% de la renta UE-28) para seguir bajando al 93% (2011), al 91% en 2012 y al 90% en 2015, el dato recién publicado por Eurostat. Eso significa que hemos hecho un camino de ida y vuelta al nivel de vida europeo y que ahora estamos como hace 15 años.

La renta media española, medida por PIB por habitante en poder de compra (considerando la inflación) fue de 25.900 euros en 2015, un 90% de la media europea (28.900 euros), según Eurostat. Y eso coloca a España en el puesto nº 14 del ranking europeo de riqueza, muy lejos del 4º puesto que nos corresponde en Europa por producción (PIB), tras Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. El pelotón de paises ricos europeos (por PIB/habitante) lo encabezan Luxemburgo (76.200 euros por habitante, el 264% de la media europea y el triple que España), Irlanda (177% del PIB por habitante europeo), Austria y Holanda (128%), Dinamarca (127%), Alemania y Suecia (124%), seguidos de Bélgica (119%), Finlandia (109%), Reino Unido (108%), Francia (106%), Italia (96% PIB UE-28) y Malta (93%), los 13 paises europeos más ricos que España. Y al final de la lista quedan los 14 paises europeos más pobres que España, encabezados por Bulgaria (47% del PIB/habitante europeo), Rumanía (57%), Croacia (58%), Letonia (64%), Hungría y Grecia (68%).

Ya no es sólo que España se haya alejado de la renta media europea y haya 13 paises más ricos, que tienen más renta por habitante (PIB). Es que sólo 4 regiones españolas tienen una renta superior a la media europea (2015): Madrid (123% del PIB/habitante europeo), País Vasco (119%), Navarra (113%) y Cataluña (107%). Y hay 7 regiones españolas que están entre las regiones más pobres de Europa, que no llegaban al 75% de la renta media europea en 2015, según la reciente estadística de Eurostat: Extremadura (62% del PIB/habitante europeo), Andalucía (66%), Melilla (66%), Castilla la Mancha (70%), Canarias (74%), Murcia (73%) y Ceuta (73%). Lo peor no es sólo eso, sino que en 1983, antes de entrar en Europa, había también 7 regiones españolas que no llegaban al 75% de la renta por habitante europea. Han pasado 34 años, hemos crecido, pero esas regiones españolas siguen en el pelotón de las regiones pobres europeas, liderado por la Europa del Este.

Es un porrón de estadísticas que se resumen en dos ideas. Sigue habiendo dos Españas muy distanciadas y nos hemos alejado del nivel de vida de Europa. Vayamos a las causas. La primera y fundamental, porque tenemos un modelo económico que ha sufrido más la crisis, al decrecer más la economía y perder más empleo que el resto de Europa (que ya se ha recuperado y nosotros todavía no). La segunda, porque España ha sufrido una mayor devaluación de los salarios que el resto de Europa. La tercera, que aquí hemos tenido más recortes (en ayudas y gastos sociales) y han aumentado más los impuestos (aún con la rebaja de 2015 y 2016, pagamos más impuestos que en 2011), lo que ha provocado (junto al paro, la precariedad y los bajos salarios)  una caída más drástica de ingresos de las familias. Y con todo ello, nos hemos quedado más rezagados de Europa que antes de la crisis.

¿Qué se puede hacer? No hay una “receta milagro” para corregir las desigualdades entre regiones y con Europa. Hay que actuar en varios frentes, dentro y fuera de España. Aquí, las prioridades deben ser reformar el sistema de financiación de las autonomías, para que sea más justo y ayude a reducir desigualdades. Pero la receta fundamental es la política fiscal, los impuestos, conseguir más ingresos públicos (luchando contra el fraude y haciendo que paguen más impuestos las grandes empresas, multinacionales y los más ricos) para dedicarlos a ayudas contra la pobreza y la desigualdad, a promover inversiones públicas y privadas en las regiones más atrasadas, en infraestructuras, reindustrialización, exportaciones,  tecnología (las más ricas, como el país Vasco, Navarra o Madrid son las que más gastan en I+D+i), educación, formación y digitalización. Y a nivel europeo, urge un Plan Marshall para ayudar al desarrollo de la Europa del sur y las regiones más atrasadas, promoviendo inversiones públicas y ayudas con más recursos europeos.

Son dos problemas muy de fondo, de los que no hablan los políticos pero que lastran nuestro presente y nuestro futuro: la desigualdad regional de España y nuestro retraso con Europa. Llevan más de 30 años ahí y no sólo no se corrigen sino que se han agravado con la crisis. Pero se pueden corregir en las próximas décadas, eso sí, con otras políticas en España y en Europa, buscando no sólo crecer más sino crecer de otra manera, con más igualdad. Se puede y se debe. Porque no puede haber dos clases de europeos y de españoles. Y menos que cada vez estén más alejados, que sean más desiguales.

Récord de emigrantes españoles

La economía va bien, según Rajoy, pero otros 61.000 españoles se marcharon a trabajar al extranjero el año pasado, la mayoría jóvenes que aquí no encuentran oportunidades. Y ya son casi 400.000 españoles nacidos en España los que han emigrado desde 2008, aunque la cifra podría ser el doble, porque las estadísticas oficiales no recogen bien a todos los que se van. En cualquier caso, hay 2.400.600 españoles viviendo fuera, un récord histórico, dos tercios de ellos extranjeros nacionalizados y un tercio españoles nacidos en España. Ahora, con el Brexit, nuestros emigrantes en Reino Unido (unos 300.000) van a tener problemas, mientras se les complicará también la vida a los que viven en Estados Unidos (136.000) y en el resto de Europa. Es hora de aprobar un Plan para repatriar a estos emigrantes forzados por la crisis, con ayudas a su recolocación y alojamiento. Hay que recuperar este capital humano que tanto ha costado formar y darles una oportunidad en España. Apostar porque vuelvan.
 

enrique ortega

España recibió, entre los años 2000 y 2009, más de 7 millones de inmigrantes, la mitad de todos los extranjeros que llegaron por esos años a Europa. Pero con la crisis, los españoles volvieron a emigrar, como en los años 60 del siglo pasado, buscando una oportunidad de trabajo en Europa y América, no sólo jóvenes sino familias enteras. La cifra de emigrantes españoles ha ido aumentando año tras año, hasta alcanzar una cifra récord en enero de 2017: 2.406.600 españoles que viven fuera de España, 934.900 emigrantes más que en 2008 (+63,86%), según el INE. Dos de cada tres españoles emigrados viven en América (62,5%), un tercio en Europa (34,2%) y el resto (3,4%) dispersos por Asia, África y Oceanía. Los países donde viven más españoles son Argentina (448.050), Francia (243.582), Venezuela (180.497), Alemania (148.211) y EEUU (136.805), aunque el tercer país con más españoles puede ser Reino Unido, donde sólo hay 115.000 españoles censados pero puede haber realmente 300.000.

La mayoría de estos emigrantes españoles no han nacido en España sino que son extranjeros nacionalizados españoles, bien porque han estado muchos años en España y han conseguido la nacionalidad (muchos latinoamericanos) o porque eran hijos o nietos de exilados y han conseguido la nacionalidad española por la Ley de Memoria Histórica (diciembre de 2007). Así, de los 2.406.600 españoles que han emigrado, 1.612.391 (el 67%) son extranjeros nacionalizados (744.441 más que en 2008), que en su mayoría han vuelto a Latinoamérica (donde viven 1.420.000), sobre todo a Argentina, Venezuela, Cuba, Ecuador y México. 

El tercio restante de los emigrantes españoles que viven fuera son personas nacidas en España, “españoles españoles”: 794.209 emigrantes en enero de 2017, 160.459 más que en 2008. Más de la mitad de estos emigrantes nacidos en España viven en Europa (425.919, el 53,6%), sobre todo en Francia (131.395), Alemania (70.916) y Reino Unido (67.125), mientras otro 41,3% viven en América, sobre todo en Argentina (viven 89.907 españoles nacidos en España), Estados Unidos (55.617), Venezuela (53.4539 y Brasil (28.764). La mayoría de estos emigrantes nacidos en España proceden de Galicia, Madrid y Cataluña, aunque en los últimos años crecen más los emigrantes nacidos en Baleares, Cataluña y la Rioja. Y donde más ha crecido la emigración española ha sido entre los jóvenes menores de 30 años.

Estos son los datos oficiales de los emigrantes españoles que se registran en los Consulados de los paises donde van. Pero muchos no lo hacen y viven en el extranjero como “turistas”, para no perder derechos en España, como la atención sanitaria (pierden la tarjeta) y otros (ayudas, vivienda, desempleo…). Basten dos ejemplos. En Reino Unido hay censados (Consulados de  Londres y Edimburgo) 131.335 españoles (marzo de 2017), pero se estima que allí viven realmente 300.000 españoles. Y en Irlanda, sólo hay censados 839 españoles pero las autoridades locales estiman que hay realmente 4.381.

Otra manera oficial de medir la emigración son las estadísticas de migraciones del INE, que semestralmente informa de la población en España y de los flujos de emigración e inmigración, a partir del Censo de población: los datos que les dan los Ayuntamientos y el Censo de los que viven en España, los que han venido y los que han emigrado. Según esta estadística oficial, en 2015 emigraron 61.556 españoles nacidos en España y en el primer semestre de 2016 (último dato publicado) otros 30.290, con lo que podrían haber sido otros 61.000 emigrantes en todo 2016. Siguiendo año a año hacía atrás, resulta que han emigrado 381.972 españoles nacidos en España durante esta crisis, desde 2008 a 2016. Más del doble de los 160.459 nuevos españoles nacidos en España que viven en el extranjero desde 2008, según los Consulados. Al final, esa cifra, casi 400.000 emigrantes más nacidos en España que se han ido fuera con esta crisis, parece la más ajustada a la realidad, aunque hay estimaciones que suben a 700.000 los emigrantes de la crisis, como un estudio del CSIC de 2013.

En cualquier caso, 400.000 españoles que han tenido que salir fuera para buscarse la vida es una cifra dramática. El perfil de este nuevo emigrante español es una mujer/hombre (casi mitad/mitad), joven (en torno a los 30 años), con estudios superiores y procedente sobre todo de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia), según un estudio de Asempleo y el CSIC, que insiste en que estos nuevos emigrantes no siempre salen porque están parados en España sino también porque tienen “empleos basura”, precarios y no relacionados con su formación, y no ven perspectivas de futuro aquí. En principio, muchos siguieron la estela de las multinacionales y exportadores españoles, pero luego se han ido “más a la aventura”, buscando empleo sobre la marcha, lo que ha precarizado su situación, sobre todo en Europa. Los que más han salido han sido profesionales de la salud (enfermeras), informáticos, programadores, ingenieros, investigadores y especialistas en marketing y finanzas, aunque muchos acaban trabajando cuidando niños o de camareros.

Precisamente, estos emigrantes españoles con empleos precarios están ahora muy preocupados por su futuro, sobre todo en Reino Unido, por el Brexit, y en EEUU, por la política migratoria de Trump (se estima que hay 160.000 españoles trabajando en USA sin sus papeles en regla). Tampoco ayuda la corriente xenófoba que crece en toda Europa, que amenaza con echar a un millón de emigrantes ilegales. Pero la mayoría de los emigrantes españoles no están pensando en volver, porque saben que aquí hay todavía mucho paro (4.237.800, el 18,63% de los españoles en edad de trabajar) y que no van a recibir ayudas, en un país con precios y alquileres más altos que cuando se fueron. Y en paralelo, no se va a frenar la sangría migratoria de españoles, sobre todo jóvenes, porque son muy pesimistas ante el futuro. De hecho, los jóvenes españoles son los más pesimistas de Occidente sobre su futuro laboral, según un estudio de Adecco: 4 de cada 10 no creen que encontrarán trabajo en el primer año tras acabar sus estudios. Y más del 50% de los jóvenes españoles creen que tendrán que emigrar para trabajar, según un estudio del Centro Reina Sofía.

Al Gobierno Rajoy no parece preocuparle mucho que la emigración española siga creciendo, a pesar de la cacareada “recuperación”. Primero fue la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la que calificó de “movilidad exterior” la fuga de jóvenes al extranjero. Y ahora, el ínclito ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, acaba de decir que la emigración de jóvenes es “por inquietud” y “amplitud de miras”… Quizás se comporten así porque la emigración es una “válvula de escape” de la crisis, 400.000 parados menos que no figuran en las estadísticas y a los que no hay que ayudar. Y encima, envían divisas a España, ayudando a mejorar la balanza de pagos y la economía (como en tiempos de Franco): los emigrantes españoles enviaron a España 10.238 millones de dólares (9.750 millones de euros) en 2015, últimos datos del Banco Mundial, con lo que somos ya el 10º país del mundo en recepción de divisas de emigrantes españoles fuera y el 4º de Europa, tras Francia, Alemania y Bélgica.

Diga lo que diga el Gobierno, que 400.000 españoles nacidos en España, la mayoría jóvenes, hayan emigrado estos años es un drama social y un despilfarro económico, porque la mayoría son personas muy formadas, donde el país ha gastado muchos recursos de los que ahora se benefician otros paises. Y que podrían aquí a conseguir un mayor crecimiento y productividad. Por eso, y porque ahora van a tener una situación más difícil fuera, resulta prioritario ayudarles a volver. Urge pactar un Plan para repatriar a los emigrantes que quieran volver, con un paquete de medidas eficaces. Por un lado, implantar programas de asesoramiento personalizado en las oficinas de empleo (SEPE), para canalizarles a un empleo, al estilo de iniciativas privadas como la web Volvemos, que pretende conectar a los emigrantes que quieren volver con empresas españolas que puedan contratarlos. Por otro, aprobar incentivos fiscales o de cuotas a las empresas que contraten emigrantes, sobre todo mayores de 45 años con familia. Y establecer planes específicos en los futuros programas de Ciencia (I+D+i) para recuperar investigadores. Además, en paralelo, habría que ayudarles a conseguir viviendas con alquileres asequibles, dentro de un parque público hoy inexistente. Y fomentar ayudas a las familias y a la natalidad (incluidas guarderías), para ayudarles a asentarse aquí.

Tener tantos españoles fuera y que sigan saliendo más cada año es un fracaso como país, diga el Gobierno lo que diga. Por eso, si queremos promover una recuperación estable y duradera de la economía, tenemos que contar con estos españoles que viven fuera y quieren volver, porque pueden aportar mucho, a las empresas, a la innovación, al consumo, a la recaudación fiscal, al pago de las pensiones y al país en su conjunto. No hay que verlos como nuevos competidores por un empleo escaso, sino como españoles que tienen los mismos derechos que los parados de aquí. Hay que darles una oportunidad. Que vuelvan.

Oficinas de empleo: parados sin ayuda

El Consejo de Europa ha suspendido a las oficinas de empleo españolas, por segunda vez, calificándolas de “ineficientes”. Y la Comisión Europea, la OCDE y el FMI han coincidido, en sus últimos informes sobre España, en criticar las políticas activas de empleo, porque gastan poco y no ayudan  a que los parados encuentren empleo. Somos el segundo país con más paro de Occidente, pero el Gobierno no aprueba medidas eficaces para emplear   a los parados (la mitad lleva más de un año en paro y un tercio más de 4 años).Y las oficinas de empleo (SEPE) son un desastre: sólo encuentran  empleo al 1,8% de parados y no asesoran ni orientan al 91,3% de los parados registrados, muchos de ellos sin subsidio y sin formación (sólo hacen cursos el 5% de los parados). Hay que reformar a fondo las oficinas de empleo y gastar más en ayudar a los parados a formarse y encontrar trabajo. Cueste lo que cueste. 

enrique ortega

Cualquiera que haya estado en paro o conozca a alguien sin trabajo sabe que las oficinas de empleo (antes el INEM, ahora el SEPE) son un desastre: funcionan bien para pagar el paro (a los que lo cobran, sólo el 54% de los parados EPA), pero no ayudan a encontrar trabajo. Los datos son aún más contundentes. Basten tres. Uno, los parados tardan 9 meses y medio (de media) en recibir la primera atención personalizada en la oficina del SEPE y un tercio de ellos la reciben cuando llevan ya más de un año parados, según un estudio de Fedea. Dos, el 91,3% de los parados registrados no recibe ninguna orientación personalizada para encontrar trabajo. Y el 8,7% que sí recibe orientación son precisamente los que menos la necesitan, los parados que tienen más formación, los que cobran subsidio y los más jóvenes, no los parados mayores y menos formados. Y tres, sólo el 1,8% de los parados encuentran trabajo gracias a las oficinas de empleo, frente al 10% de media en Europa y en Alemania. El resto lo encuentra gracias a las ETTs privadas (17%) y sobre todo por su cuenta (81%), a través de amigos y familiares y sembrando currículos. Y las empresas cubren el 75% de sus ofertas de forma privada (no "visible"), acudiendo a sus intermediarios, no a las oficinas de empleo, según Adecco.

Las oficinas de empleo no ayudan a colocarse pero tampoco forman a los parados. El dinero de la formación (que sale en parte de las cuotas de empresarios y trabajadores) se dedica sobre todo a formar a los que están trabajando (3.576.000 en 2015) y poco a dar formación a los parados: sólo un 5%, 213.049 parados, recibió formación en 2015 (y de ellos, sólo 179.354 acabaron los cursos, un 4,2% de todos los parados). Y encima, la mayoría de los parados que reciben cursos vía SEPE son los jóvenes con más formación, los que menos los necesitan. Y reciben formación menos del 1% de los parados que llevan más de un año en paro y sólo el 0,29% de los parados de larga duración sin estudios, según Fedea. Y además, los cursos disponibles son demasiado largos (35% de más de 300 horas) y poco atractivos muy “clásicos”), sin mucha ligazón con los nuevos perfiles que buscan las empresas.

La consecuencia de esta inoperancia de las oficinas de empleo es que los parados sólo las usan para solicitar el cobro del paro y “sellar” periódicamente su demanda (online), pero no para buscar trabajo: sólo el 27,5% de los parados españoles busca trabajo en las oficinas de empleo, frente al 48,5% de media que lo hacen en Europa y el 80% de los parados alemanes que acuden a sus oficinas de empleo (Arbeitsämter), según datos recientes de la Comisión Europea. Y así pasa, que cuando llevan más de 2 años en paro y no cobran el subsidio, muchos parados se borran de las oficinas de paro, porque no les aportan nada. Y el Gobierno celebra que “baja el paro”. Las empresas también “pasan” de las oficinas de empleo y buscan trabajadores por su cuenta, mientras en Alemania, por ejemplo, las empresas están legalmente obligadas a registrar sus vacantes en las oficinas de empleo y toda esa información está en Internet. En España, el registro de las ofertas es voluntario y la web oficial del SEPE (¡creada en 2014¡) sólo tiene información de 39.275 vacantes.

Esta penosa situación de las oficinas de empleo es especialmente dramática para los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajar, porque son los que tienen más difícil colocarse (las empresas no quieren a los que lleven mucho en paro, porque creen que están “más fuera de lugar” y menos motivados) y  los que necesitan más ayuda para recolocarse. Ya son 2.392.000 los parados que llevan más de un año en paro, el 56,44% de todos los parados estimados (EPA  2016). Y de ellos, casi la mitad, 1.200.000 llevan más de 4 años sin trabajar, lo que hace a muchos de ellos “irrecuperables”.

Esta enorme bolsa de parados de larga duración tiene dos graves problemas hoy día con las oficinas de empleo, según revela un estudio de Fedea. Uno, que la mayoría no cobra ningún subsidio: cobran algo (la mayoría, 426 euros al mes) sólo el 28% de los parados que llevan entre 1 y 2 años en el paro y el 22% de los que llevan más de 4 años parados. Y el otro, que tampoco reciben servicio alguno del SEPE: sólo 1 de cada 5 parados de larga duración recibe algún asesoramiento de la oficina de empleo. Y los parados “viejos” con menos formación aún menos: sólo 1 de cada 8 reciben alguna orientación. En resumen, que ni les pagan ni les ayudan, así que les condenan al paro eterno…

La situación de estos parados de larga duración es tan grave que un Consejo Europeo, en septiembre de 2015, pidió a los paises que tomaran medidas urgentes para ayudarles, porque hay 12 millones en Europa (2,4 en España). Y a raíz de esta exigencia europea, el Gobierno Rajoy aprobó en 2016 un Programa de Acción Conjunta para ayudar a 1 millón de parados de larga duración (de 30 a 55 años) en tres años (2016-2018), ofreciéndoles elaborar un perfil y un itinerario para tratar de recolocarles. Es un buen principio, pero la iniciativa se queda escasa, porque afecta a menos de la mitad de los parados de larga duración (recordemos: hay 2.392.000) y, sobre todo, porque sólo cuenta con 515 millones de presupuesto (129 en 2016).

¿Por qué funcionan tan mal las oficinas de empleo? La primera razón es que se han visto muy afectadas por los recortes y están faltas de medios. Ya en el verano de 2012, el Gobierno Rajoy rescindió la contratación de 1.200 orientadores laborales que iban a ir a las oficinas del SEPE en las autonomías. Y aunque el paro se disparó, los recortes se llevaron desde 2011 un 4% de la plantilla de las oficinas de empleo (-381 empleados), que contaban en 2015 (último dato oficial) con 8.945 personas (sólo 6.383 son funcionarios: el resto, interinos y contratados). Eso supone que cada empleado del SEPE tenía a su cargo 473 parados registrados (eran 4.232.132 en 2015). Así resulta difícil asesorar y más cuando una gran parte de su trabajo se lo lleva la burocracia y pago de subsidios. Para comprender que las oficinas del SEPE están colapsadas, baste este dato: atiende cada empleado a 473 parados cuando en Alemania atienden  a 47 por empleado y a 22 parados en Reino Unido.

Pero no sólo falta personal. Lo fundamental es que falta presupuesto para hacer políticas activas de empleo, que han sufrido fuertes recortes con la crisis, mientras crecía el paro: España gastaba 7.400 millones en 2011 y bajó a 4.300 millones en 2013, el mayor recorte en toda Europa, según los datos de la Comisión Europea. Y aunque ha subido después, el gasto en políticas activas de empleo en España  fue de 5.265 millones en 2016, un 0,5% del PIB, muy lejos de lo que gastan otros paises con la mitad de paro o menos: 0,9% del PIB gasta en políticas activas Francia, 0,7% Bélgica o Austria, 0,64% Alemania (con la cuarta parte de paro que España), 0,84% Holanda o 1,81% del PIB Dinamarca, según datos de la OCDE. Así que tenemos el doble de paro pero gastamos mucho menos dinero y personal en reducirlo.

Y ya no es que gastemos menos, es que además gastamos mal, según ha puesto de manifiesto, por segunda vez en los últimos años, el último informe del Consejo de Europa, presentado en enero 2017: ha calificado de “ineficientes” a los servicios de empleo españoles y reprocha al Gobierno que no da indicadores de rendimiento de la gestión del desempleo. En paralelo, los organismos internacionales llevan años pidiendo al Gobierno español que se vuelque en las políticas activas de empleo, sin resultados. El informe de la misión del FMI que estuvo en España ya pidió en diciembre de 2016 mejorar las políticas de empleo y coordinarlas mejor con las autonomías. La OCDE, en su informe de marzo, acaba de pedir a España aumentar las ayudas a los programas de empleo para los parados de larga duración. Y el Informe España 2017 de la Comisión Europea dedica un capítulo a analizar las deficiencias de los servicios españoles de empleo y pide medidas para mejorarlos.

Un problema añadido a la falta de medios y presupuesto es que las políticas activas de empleo se reparten entre el Gobierno central y las autonomías, que son las responsables de las 711 oficinas del SEPE. Y como en sanidad o educación, cada autonomía tiene su propia gestión y su presupuesto adicional. Los expertos critican que no hay coordinación y que “cada una va a su aire”. Un ejemplo. En 2014, el Gobierno autorizó que 80 ETTs privadas colaboraran con las oficinas de empleo, para ayudarlas a recolocar parados. Pues bien, tres autonomías importantes, Andalucía, Cataluña y País Vasco no se han sumado a este acuerdo. Y mientras, las autonomías echan en cara al Gobierno Rajoy que les racanean los fondos para políticas de empleo: en 2016, los 1.800 millones que les tocaban para políticas de empleo se los transfirieron en diciembre (así Montoro rebaja el déficit…), con lo que tuvieron que “adelantar” el dinero (unas más que otras). Y se quejan de que el exceso de trámites exigidos por el Ministerio de Empleo ha frenado el Sistema de Garantía Juvenil europeo, al que sólo se han apuntado 400.000 jóvenes españoles de los 800.000 esperados. (Ahora, han forzado que el Gobierno cambie y acepte, desde diciembre de 2016, que los jóvenes apuntados al paro están automáticamente inscritos en el programa europeo).

España, el segundo país con más paro de Occidente, no puede seguir con una política desastrosa de gestión del desempleo. Urge tomar medidas para ayudar a los parados a recolocarse, sobre todo a esos 2,4 millones que llevan más de un año sin trabajar. Pero medidas eficaces, no “ocurrencias”, como la del presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, que propone formar durante 2 o 3 años a los trabajadores de las oficinas de empleo para que “aprendan” a orientar a los parados, aunque “ello implique una paralización temporal de las oficinas”… Señor parado: vuelva dentro de 3 años, que estoy aprendiendo. Vaya locura.

Las propuestas más razonables apuestan por actuar en tres frentes: gastar más, ofrecer servicios de apoyo personalizado a los parados y coordinar mejor la gestión de las oficinas, para que los parados tengan las mismas oportunidades independientemente de donde vivan. Gastar más en políticas activas de empleo debería buscar gastar como el resto de europeos, recuperando el presupuesto de antes de los recortes, al menos 7.400 millones, 1.200 millones más de gasto que ahora. Y con ese dinero extra, aumentar las plantillas de las oficinas del SEPE y gastar en dar más y mejores servicios a los parados. Aquí, la prioridad debería ser apoyar individualmente a todos los parados de larga duración (2,4 millones), con herramientas para hacerles un perfil y gestionarles un itinerario hacia el empleo, según una documentada propuesta que ha hecho Fedea. Y lo más eficaz sería ahondar en su formación y ofrecerles técnicas de búsqueda y orientación profesional, los dos servicios que más empleo consiguen. Y hacerlo en colaboración con expertos privados (ETTs y ONGs) y, sobre todo, con las empresas, que son las que tienen en su mano contratar. Y más colaboración con Europa: sólo 21.693 parados y 2.723 empresas españolas están registrados en el gran portal de empleo europeo Eures, que tiene 1,35 millones de ofertas. Además, Fedea propone crear una Mesa nacional por el empleo donde estén Gobierno, autonomías, empresas, sindicatos, ETTs, ONGs y expertos, para intercambiar experiencias de colocación, copiando las iniciativas que consigan más trabajo para los parados.

Algo hay que hacer y con urgencia, porque todavía tenemos 4.237.800 españoles parados (EPA  2016), la mitad sin cobrar nada y llevando más de un año sin trabajar, lo que reduce sus posibilidades de encontrar empleo. Hay que volcarse con ellos, con más dinero y más medios, para darles una salida como sea. Y eso exige cambiar a fondo las oficinas de empleo, para que ayuden de verdad a encontrar trabajo, la angustia diaria de 1 de cada 5 españoles.