Enganchados a bebidas azucaradas dañinas

Cataluña aplicará un impuesto a las bebidas azucaradas (colas, naranjadas, bebidas isotónicas...), de 8 a 12 céntimos por litro, a partir de abril de 2017. La decisión llega un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) propusiera a los Gobiernos que impongan un impuesto a las bebidas azucaradas para reducir su consumo, al que culpan de miles de muertes porque provocan obesidad, diabetes y caries, siendo peligrosa su adicción en niños y jóvenes. La alerta ha provocado la reacción defensiva de la industria del azúcar y las multinacionales de refrescos, que facturan 100.000 millones de euros y son un poderoso grupo de presión, que incluso manipula los estudios científicos para defender el azúcar. Pero médicos y expertos lo tienen claro: el consumo excesivo de azúcar (más de 50 gramos al día) es peligroso para la salud y el Gobierno debería tomar medidas, aplicándoles impuestos y obligando a informar en envases y  latas de su peligro para la salud, como se hace con el tabaco. Y piden además campañas de información entre niños y jóvenes, “enganchados” a estos refrescos dañinos. Ojo a lo que bebemos.
 

enrique ortega

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó en marzo de 2015 su “cruzada” contra el consumo excesivo de azúcar, tras años de estudios e investigaciones: había que reducir el consumo de azúcares no naturales a un máximo del 10% de las calorías diarias, lo que se traduce en un consumo máximo de 50 gramos diarios (12 cucharillas de café). Y para “proporcionar beneficios adicionales para la salud”, la OMS recomendaba menos azúcar del 5% de la dieta, o sea, consumir 25 gramos (37 gramos en el caso de los niños), 6 cucharillas al día. Y eso chocaba con el creciente consumo mundial de azúcar, unos 100 gramos diarios en Europa, cuatro veces lo saludable según la OMS.

Precisamente, la alerta de la OMS se producía porque el mundo ha ido acelerando su consumo de azúcar industrial (azúcar de mesa, glucosa o fructosa) en las últimas décadas, de la mano de una creciente producción y unos precios a la baja. Y así, el mundo consume de media 24 kilos de azúcar por persona (65,75 gramos diarios) y mucho más en los paises industrializados: 33 kilos de media (90,41 gramos diarios), que suben hasta los 126,4 gramos diarios en Estados Unidos (31 cucharillas, casi el triple del máximo recomendado por la OMS). España ocupa el puesto 20 en el ranking mundial de consumo, según Euromonitor, con 112 gramos al día (17 cucharillas), en línea con Reino Unido, por debajo de Alemania, Holanda o Irlanda (25 cucharillas) y por encima de los paises nórdicos (9 cucharillas diarias). Pero el problema, en España y en Occidente, es que el consumo ha crecido un 20%.

Los azúcares artificiales están presentes en la comida (bollería industrial, mermeladas, cacao, salsas: hasta el kétchup tiene 4 gramos de azúcar) y en las bebidas refrescantes, desde colas a refrescos y bebidas isotónicas. Una lata de Coca-Cola, por ejemplo, tiene 36,63 gramos de azúcar (más del máximo diario considerado saludable por la OMS), una de Pepsi 35 gramos, una de Fanta 28.05 gramos, una de Sprite 30 gramos y una de Seven Up 36 gramos, según esta estadística de Action on Sugar, que revela además que el azúcar de las bebidas refrescantes varía según los paises: así una lata de Coca Cola tiene un máximo de 39 gramos de azúcar en Canadá y un mínimo de 32 gramos en Thailandia.

Los expertos alertan que el mundo está “enganchado ”al azúcar, una adicción creciente para muchas personas, sobre todo jóvenes y adolescentes. Incluso existe un mecanismo que estimula la creación de dopamina en el cerebro vinculada al consumo de azúcar: nos sentimos mejor al tomar algo dulce. Y algunos añaden incluso que el azúcar es más dañino que las grasas para el cuerpo. La OMS ha alertado de que el consumo excesivo de azúcar (al margen del que contienen los productos naturales) tiene una relación directa con la obesidad y la diabetes, dos enfermedades con creciente mortalidad. Ya en 2015, investigadores de la Universidad de Harvard y del Imperial College de Londres estimaron que sólo el consumo de bebidas azucaradas provoca 184.450 muertes al año, por diabetes (133.000), enfermedades cardiovasculares (45.000) y diferentes tipos de cáncer (6.450 muertes).

La OMS considera que las personas no necesitan el consumo de estos azúcares industriales en sus dietas y que consumir más de los 25 gramos diarios recomendados (6 cucharillas) es perjudicial para la salud, porque el consumo excesivo de azúcar provoca, junto a las grasas y el sedentarismo, tres graves problemas sanitarios: la obesidad, la diabetes y el aumento de caries dental. Además, las organizaciones ecologistas denuncian que el cultivo de azúcar daña el medio ambiente (no sólo deforestando regiones enteras para el cultivo sino por la emisión de CO2 a la atmósfera) y está muy vinculado a la semiesclavitud (salarios y trabajo de miseria y empleo de niños en muchos paises).

El consumo excesivo de azúcar contribuye al exceso de peso y a la obesidad, una verdadera “epidemia mundial” según la OMS, que está detrás de enfermedades mortales como la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres, el Alzheimer y la demencia. Actualmente, 1 de cada 3 adultos en el mundo  tienen obesidad (600 millones) o sobrepeso (1.900 millones de personas), aumentando dramáticamente la obesidad infantil. Y España es el segundo país europeo con más obesidad, tras Reino Unido: un 19,9% de los adultos españoles son obesos y otro 35,8% tienen sobrepeso, con lo que un 55,7% de los españoles tienen exceso de peso, según el estudio ANIBES. Y aún preocupa más el avance de la obesidad infantil, donde España está a la cabeza de Europa: un 18,3% de los niños de 6 a 9 años son obesos y otro 26,2% tienen sobrepeso, con lo que el 44,5% de los niños españoles tienen exceso de peso, según el estudio Aladino. Y muchos serán obesos de adultos.

El exceso de azúcar también provoca, según las investigaciones de la OMS, un avance de la diabetes, otra epidemia moderna, que afecta ya a 366 millones de personas (el doble que en 1980) y provoca casi 4 millones de muertes al año en el mundo. En España, la diabetes tipo 2 afecta ya al 13,8% de la población, a 5,3 millones de españoles (y 2,3 millones no lo saben), según el estudio di@bet.es elaborado por CIBERDEM. Y en tercer lugar, el consumo excesivo de azúcar ha provocado el aumento de caries dental, una enfermedad que consume el 8% de los presupuestos sanitarios de los paises ricos. Y España es uno de los paises europeos con más caries dental, que han sufrido el 95% de españoles y entre el 60 y 90% de los niños.

A pesar de estos efectos dañinos para la salud, España es uno de los paises más “enganchados” al azúcar y sobre todo al consumo de bebidas refrescantes: somos el cuarto país europeo que más las consume, por detrás de Reino Unido, Alemania e Italia. En 2015, cada español consumió 51,52 litros de bebidas refrescantes en casa y en los bares, con un gasto de 72,62 euros, según el anuario de alimentación del Ministerio de Agricultura. De ese consumo, la mayoría fueron bebidas compradas en tiendas y súper, con la comida, para beberlas en casa: 41,10 litros por persona, el 2,26% del gasto en alimentación (casi tanto como el gasto en leche, el 3,46% de la compra). La mitad de esas bebidas refrescantes fueron colas (20,65 litros por persona), seguidas por bebidas de naranja (5,42 litros), de limón (3,13 litros) e isotónicas (2,75 litros). Y otros 10,42 litros de refrescos por persona se tomaron en bares y restaurantes. En total, un gasto en refrescos de 2.900 millones de euros.

Tras la recomendación de bajar el consumo en 2015, la OMS ha dado un paso más este mes de octubre, lanzando una propuesta a los Gobiernos del mundo: que apliquen un impuesto a las bebidas refrescantes, para reducir así su consumo dañino. Estiman que un impuesto del 20% sobre el precio de venta reduciría en ese porcentaje las ventas y el consumo. Y con ellos, se reducirían la obesidad y sus enfermedades, la diabetes y la caries. Y los ingresos obtenidos con este impuesto podrían destinarse a tratamientos y prevención.

Pero no será fácil que los Gobiernos hagan caso a la OMS y aprueben impuestos a las bebidas azucaradas, porque detrás están dos industrias mundiales muy poderosas: la industria azucarera y las multinacionales de bebidas refrescantes, que ya han reaccionado ante la propuesta, calificándola de desproporcionada e injusta. La industria del azúcar factura 47.000 millones de dólares anuales, en un mercado controlado por nueve multinacionales alemanas, británicas, francesas y norteamericanas (ver ranking). En España, dos de estas multinacionales controlan nuestro mercado: la británica AB Sugar es dueña de Azucarera (80% mercado) y la francesa Tereos controla Acor.


En el sector de bebidas refrescantes, dos multinacionales controlan el mercado mundial, con 85.000 millones de euros de facturación en 2015: Coca-Cola (39.776 millones de euros vendidos y 6.601 de beneficios)  lidera el ranking mundial de marcas consumidas (1.600 millones de productos vendidos cada día) y PepsiCo factura más (por los aperitivos) pero gana menos (45.624 millones y 4.895 millones de euros de beneficios en 2015). En España, el sector de bebidas refrescantes vendió  12.000 millones de euros y las empresas mantienen 8.500 empleos directos y 56.000 más indirectos. 

La industria azucarera y las multinacionales de bebidas refrescantes llevan años ejerciendo como grupos de presión (“lobbys”) para promover estudios científicos favorables a sus productos, incluso utilizando algún experto que antes trabajaba para la industria del tabaco. Así, la industria azucarera trató de influir en las prioridades del Programa nacional contra la caries (en USA) y presionó a la administración Obama para que retirara su financiación de la OMS, cuando esta organización promovió rebajar el consumo de azúcar, en 2015. Y en paralelo, Coca-Cola y PepsiCo han donado millones de dólares a organizaciones científicas y a organizaciones de salud en EEUU (y en otros países), para tratar de lavar su imagen y devaluar la responsabilidad de las bebidas azucaradas en la epidemia mundial de obesidad, atribuyéndola a “las grasas y la falta de ejercicio”.

En Europa, los lobbys del azúcar y las multinacionales alimentarias tienen tanto poder que consiguieron en 2015 de la Comisión Europea que permitiera aumentar los azúcares libres en los alimentos para bebés hasta un 30% del aporte energético total, el triple del máximo recomendado por la OMS. Al final, en enero de 2016, el Parlamento europeo consiguió frenar esta normativa, pero ojo, por poco (393 votos en contra y 305 a favor). En España, un buen ejemplo de la influencia de los lobbys es que la directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad Alimentaria (AECOSAN), entre marzo de 2012 (antes AESAN) y marzo de 2015 ha sido Ángela López de Sa y Fernández, que procedía de Coca Cola España, donde  fue directiva 20 años… Y en 2013, cuando el Gobierno catalán de Artur Mas pensó en establecer un impuesto a las bebidas refrescantes, lo rechazó tras una presión directa de la embajada de EEUU.

Las multinacionales de bebidas refrescantes se defienden de las recomendaciones y las propuestas de la OMS (apoyadas por la mayoría de expertos y médicos) argumentando que han rebajado las calorías de sus productos un 23% y que van a seguir reduciendo el azúcar en sus refrescos: PepsiCo ha prometido que lo reducirá un 40% hasta 2015 y Coca-Cola también lo promete, mientras señala que un 37% de sus ventas totales son productos “light” o ”zero”. De hecho, el boom de las bebidas “light” preocupa mucho a médicos y expertos, porque la sustitución del azúcar por edulcorantes (como el aspartamo, la sacarina o el ciclamato) no parece beneficiosa: reduce calorías pero hay estudios médicos que revelan que produce sobrepeso o incluso aumentan los niveles de azúcar en sangre, con riesgo de sufrir un síndrome metabólico o diabetes de tipo 2. Así que ojo a las bebidas “light” o “zero”.

Para la OMS, la alternativa es reducir el consumo de azúcar y de bebidas refrescantes, intentando no superar los 25 gramos diarios (6 cucharillas). Y para lograrlo, proponen imponer a las bebidas edulcoradas un impuesto, como ya han hecho varios países, con poco éxito de momento en la rebaja del consumo: Francia (2012), Finlandia, Dinamarca, Noruega, Sudáfrica, México (2013) y algunas ciudades de EEUU (San Francisco, Chicago, Oakland y Albany). Y en 2018 entrará en vigor el impuesto que ha aprobado Reino Unido. De momento, el Parlamento catalán aprobó el pasado 10 de noviembre un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas, que entrará en vigor para Cataluña en 2017. Se aplicará a partir de abril, una tasa entre 8 y 12 céntimos por litro (según la cantidad de azúcar que contengan: la máxima tasa, de 12 céntimos, se aplicaría a la Coca-Cola, por ejemplo) y con ella la Generalitat prevé ingresar 30 millones de euros el año que viene y 41 millones un año completo. 


Además de aplicarles impuestos, la Plataforma “25 gramos”  propone otra serie de medidas: información comprensible en latas y etiquetas (con semáforos de colores según el nivel de azúcar de la bebida o alimento) y advertencias explicitas sobre los daños que pueden causar (como en las cajetillas de tabaco), control de máquinas expendedoras de bebidas (y bollería) en colegios y lugares públicos y una limitación de la publicidad de comidas y bebidas azucaradas, sobre todo en TV y en horarios infantiles (en Reino Unido están prohibidos los anuncios de comida y bebida poco saludable), además de campañas de información y prevención, sobre todo entre niños y adolescentes.

Hay que tomárselo en serio, en casa, en los  colegios, en el trabajo y en los lugares públicos, pero sobre todo desde la Administración: el exceso de azúcar es perjudicial, causa enfermedades y mata, además de aumentar los costes de la sanidad pública. Menos campañas publicitarias de “vida sana” y más medidas concretas (impuestos incluidos) para frenar su consumo, sobre todo entre niños y adolescentes, para evitar que luego sean adultos adictos al azúcar y obesos. Es otra tarea para el nuevo Gobierno y la oposición. Otro Pacto más, por unas bebidas más sanas.    

Pensiones: urgen más ingresos, no recortes

Las pensiones son, junto al paro, la mayor preocupación de los españoles. Y más al saber que “la hucha” se acaba y no dará para pagar la extra de Navidad de 2017. Los gastos suben más que los ingresos y el déficit de las pensiones será este año de 19.000 millones. El dilema es claro: o aumentan los ingresos o habrá más recortes. Se pueden ingresar 15.000 millones más si no se bonifican cotizaciones (tarifas planas), si cotizan más los que más ganan, si se pagan subsidios a los parados que no cobran (y así cotizan) y si la Seguridad Social deja de financiar  el Ministerio de Empleo. Además, habría que trasvasarles otros 10.000 millones del Presupuesto. Y subir en el futuro cotizaciones (más bajas que en Europa). Todo menos recortar unas pensiones que son bajas (la mitad, inferiores a 667 euros) y que serán un 50% más bajas para 2050, gracias a las “reformas” (recortes) de Zapatero (2011) y Rajoy (2013). Urge garantizar más ingresos para asegurar las pensiones.
 

enrique ortega

El problema que tienen las pensiones es que no salen las cuentas: los ingresos no cubren los gastos y el déficit crece de forma imparable. Así, si en 2010 apareció el primer “agujero” en las pensiones (-365 millones de euros), el déficit se ha multiplicado por 45, alcanzando los -16.514 millones en 2015. Y la previsión del Gobierno Rajoy, enviada a Bruselas en octubre, es que el déficit vuelva a crecer este año, hasta los 18.950 millones de euros (el 1,7% del PIB), 6.000 millones más de lo que preveían hace sólo unos meses.

¿Qué ha pasado para que las pensiones pasen de tener un superávit de +13.000 millones de euros (2008) a un déficit de casi -19.000 millones (2016) en sólo 8 años? Básicamente, que se han desplomado los ingresos mientras crecían imparables los gastos. Veamos esta  sencilla relación, que lo explica muy claro: hay 2 millones menos de españoles trabajando (y cotizando) que en 2008 y 1 millón más de pensiones (y de pensionistas). Así es imposible que salgan las cuentas.

Con todo, el problema es más de ingresos que de gastos. Porque aunque han crecido las pensiones (de 8,41 millones a 9,43) y los pensionistas (de 7,56 a 8,57 millones), el gasto en pensiones ha crecido menos del 3% hasta mayo pasado y ahora crece el 3,1 %, debido a las “reformas” (recortes) aprobados por Zapatero (2011) y  Rajoy (2013) y a que las pensiones sólo se revalorizan un mínimo 0,25% anual. Con ello, la pensión media es hoy de 907,7 euros y la de jubilación 1.047,9 euros. Pero esas son las medias y hay muchas más bajas. De hecho, el 49,9% de todas las pensiones estaban en 2015 por debajo de los 667 euros, el umbral de pobreza (menos del 60% de los ingresos medios de los españoles). Y eran “pobres” el 69% de las pensiones de viudas, el 86% de las de orfandad y el 40% de las jubilaciones.

Lo que más ha fallado en las cuentas de las pensiones son los ingresos. En 2014 subieron sólo un 1%, en 2015 un 1,3% y este año aumentan un 2,8% hasta octubre, frente al 6,7% que estaba presupuestado. Y fallan los ingresos porque apenas crecen las cotizaciones, aunque la economía crece y se crea empleo. Pero, a raíz de la reforma laboral aprobada por el Gobierno Rajoy en 2012, se trata de un empleo “precario”, temporal y por horas o días, mal pagado, con lo que cotiza menos que el empleo estable del pasado. Además, hay otras dos razones para que no crezcan más las cotizaciones, por decisiones también del Gobierno Rajoy. Una, su apuesta por bonificar cotizaciones a empresas y autónomos para incentivar el empleo (las famosas “tarifas planas”), que se han revelado poco efectivas pero que son muy costosas: estas bonificaciones (descuentos) a empresas y autónomos han rebajado los ingresos de la Seguridad Social en 3.439 millones en la pasada Legislatura (2012-2015). Y la otra, los recortes a los parados aprobados también por Rajoy, que han provocado que sólo 715.518 parados cobren un subsidio de paro contributivo, frente a 1.389.973 que lo cobraban en diciembre de 2011. Eso supone que hay 674.455 parados menos cotizando a la Seguridad Social, porque cuando un parado no cobra el subsidio contributivo (de 780 euros), deja de cotizar (aunque cobre el subsidio asistencial de 426 euros).

Así que ya sabemos por qué han caído los ingresos (cotizaciones) más que los gastos y por qué el déficit de las pensiones se va a multiplicar por 51, entre 2010 y 2016. Hasta ahora, el agujero se ha ido tapando con “la hucha” de las pensiones, creada en 2006 y alimentada con los superávits de los años buenos, hasta alcanzar un máximo de 66.815 millones en 2011. Pero desde 2012, el Gobierno Rajoy ha tirado de la hucha para pagar las extras de verano y Navidad (unos 8.500 millones cada una). Y ahora ya sólo quedan 24.207 millones, que se acabarán en 2017, no llegando ya para pagar la extra de Navidad del año que viene. Por eso, urge poner orden en las cuentas cuanto antes.

La opción es clara: o se buscan nuevos ingresos o habrá que hacer más recortes en las pensiones, ya de por sí bajas. Rajoy ha prometido reunir antes de fin de año a las fuerzas sociales, en el llamado “Pacto de Toledo”, para estudiar soluciones, con idea de aprobar medidas antes del verano próximo. Pero su propuesta es muy “simplista”: para salvar las pensiones hay que crear más empleo, llegar a los 20 millones de españoles trabajando (hoy son 18,5 millones). No es una “alternativa”. De hecho, entre 2014 y septiembre de 2016 se han creado en España 1.392.300 nuevos empleos y el déficit de las pensiones ha seguido creciendo. La otra propuesta del Gobierno, a través de la ministra Báñez, es más “una ocurrencia”: permitir que los jubilados puedan seguir trabajando y cobrando el 100% de la pensión (ahora es el 50%). Sería sólo “un parche”, que traería pocos ingresos y sin embargo dificultaría el empleo a los jóvenes, que bastante lo necesitan.

La alternativa pasa por conseguir más ingresos a corto plazo, no esperar al lento goteo de los nuevos empleos que cotizan poco. Y aquí, UGT ha hecho una propuesta muy concreta, que supondría ingresar 15.500 millones más, por 4 vías: supresión de bonificaciones en las cotizaciones a empresas y autónomos (3.700 millones más de ingresos), subida de los topes máximos de cotización (ahora están en 3.642 euros mes) para que los sueldos altos coticen por todo lo que cobran (se podrían ingresar 7.735 millones más), aumentar la cobertura del paro para que haya más desempleados cobrando subsidio y cotizando (aportarían otros 2.969 millones extras) y quitando a la Seguridad Social la obligación de costear el presupuesto del Ministerio de Empleo (4.000 millones al año), que debería financiarse con los Presupuestos, como los demás Ministerios. Aunque no se pudieran conseguir los 15.500 millones en 2017, de aquí podrían salir 10.000 millones extras al menos.

Y otros 10.000 millones deberían trasvasarse para las pensiones de los Presupuestos 2017. Se debe y se puede, porque la gran asignatura pendiente de España es recaudar más, como el resto de paises europeos. Ahora, Hacienda sólo recauda el 38,2% del PIB (2015) frente al 45% que recauda Europa y el 46,6% que recaudan los paises euro, según Eurostat. Eso significa que si España recaudara impuestos como los demás paises euro, habríamos ingresado 85.000 millones de euros más en 2015. Y ese dinero extra nos daría para los gastos extras que necesitamos (entre ellos, las pensiones) y  para bajar el déficit. Bastaría de momento con conseguir 42.000 millones más de recaudación en 2017, como proponen los técnicos de Hacienda (GESTHA). Y para ello, habría que hacer pagar más impuestos a los que pagan poco (grandes empresas, multinacionales y los más ricos), además de subir el impuesto de los carburantes, algunos IVA, introducir la tasa Tobin a las operaciones financieras y nuevos impuestos medioambientales. Y dedicar parte de estos ingresos extras a las pensiones.

Pero no basta con tapar el agujero actual con medidas a corto plazo. Hay que buscar un sistema estable y suficiente de financiación para las pensiones a medio plazo, porque el coste se va a disparar en los próximos 50 años. Básicamente, porque España envejece: si los mayores de 65 años son ahora el 18,7% de los españoles, serán el 25,6% en 2031 y más de un tercio de la población (34,6%) en 2066, según el INE. Más viejos que vivirán más años: si la esperanza de vida es hoy de 82,8 años, en 2066 superará los 90 años. O sea que habrá que asegurar la financiación para pagar pensiones durante 25 años (o aumentar la edad de jubilación hasta cerca de los 70 años). Y mientras los pensionistas casi se duplicarán, bajará la población española y se espera que haya 900.000 activos menos para 2025. En definitiva, más viejos y menos jóvenes para trabajar y pagar las pensiones en el futuro.

Este panorama exige desde ya buscar unos ingresos y una financiación estable, combinando medidas. Por un lado, habrá que pagar una parte creciente de las pensiones con impuestos (se plantea pagar las pensiones de viudedad y orfandad, 24.000 millones, un 20% de la factura total) pero también habrá que subir las cotizaciones a la Seguridad Social, que son más bajas en España (sobre todo las de los trabajadores) que en Europa: un 28,3 % (en total, entre empresas y trabajadores) frente al 28,7% en la UE-28, un 33,3% en Alemania, 37,9% en Francia o 31,5% en Italia. Si se subieran un 1% las cotizaciones de empresas y otro tanto las de los trabajadores, se ingresarían 8.000 millones más al año. Está claro que sería un esfuerzo extra, pero también lo es que muchos trabajadores tengan que pagarse hoy un Plan de pensiones privado (lo pagan casi 10 millones de españoles) mientras las pensiones públicas tienen déficit. Y un tercer frente de actuación sería emitir deuda pública para financiar las pensiones a partir de 2030 (cuando haya bajado la deuda española), como propone Funcas.

Y en paralelo, España debería tomarse en serio la natalidad y ayudar a las familias para que tengan más hijos, para evitar que caiga la población: si no se toman medidas, habrá 5.300.000 españoles menos dentro de 50 años, cuando se tripliquen los pensionistas, según el INE. Actualmente, la tasa de natalidad es de 1,32 hijos por mujer, frente a 1,58 hijos en Europa (UE-28), 1,94 en Reino Unido y 2,01 hijos en Francia. Los expertos insisten en que para conseguir los jóvenes necesarios para trabajar y pagar las pensiones, harían falta 2,01 hijos por mujer. Eso significa que debían nacer 719 niños más cada día sobre los 1.143 que nacen. Y para eso, hay que ayudar a mujeres y familias desde ahora, con políticas fiscales y medidas eficaces.

Más ingresos y más natalidad para salvar las pensiones a medio plazo, no esperar a que crezca el empleo (precario) y las salve, como parece proponer Rajoy. Pongan las cuentas encima de la mesa, sin “politiqueos”, y consigan más recursos a corto y medio plazo para evitar más recortes futuros. Y para tratar de revertir los recortes que ya están en marcha. Porque no olvidemos que, con las reformas ya aprobadas por Zapatero (2011) y Rajoy (2013), las pensiones futuras será un 35% más bajas que las actuales para 2050, según un estudio de Funcas (Fundación Cajas de Ahorros). El problema ahora es que si no se toman medidas, los pensionistas actuales tendrán problemas a partir de la Navidad de 2017. Y los españoles entre 40 y 55 años, tendrán aún más problemas para cobrar incluso esas pensiones recortadas en 2050. Unos y otros han cotizado y merecen una pensión digna. Cueste lo que cueste.

Luz: tarifas más "libres" y más caras

En octubre subió la luz, por sexto mes consecutivo, y seguirá subiendo, cerrando 2016 con un aumento del 5 %, tras subir un 10% la pasada Legislatura. El nuevo Gobierno intentará congelar en 2017 la parte regulada (la mitad del recibo), pero lo tiene difícil porque hay muchos costes pendientes de cargar, como compensaciones a renovables o el bono social. La otra mitad del recibo (coste de la luz) subirá por la meteorología, las compras de Francia (tiene nucleares cerradas) y el aumento de márgenes a la distribución. Además, las eléctricas nos cargarán 2 euros extras de refacturación. Mientras, ya hay más usuarios del mercado “libre” (eléctricas fijan tarifas) que del "protegido". Y pagamos la tercera luz más cara de Europa sin impuestos. Y la más sucia: España aumentó sus emisiones de CO2 en 2014 y 2015. Esto pasa porque pagamos costes de más con el recibo. Urge hacer una auditoría de costes y poner orden en el mercado eléctrico, para que la luz sea más barata y más limpia.
 

enrique ortega

Este año 2016, el Gobierno Rajoy (en funciones) decidió no subir la parte regulada de la luz (los “peajes”, la mitad del recibo). Pero poco pudo hacer para impedir que subiera la otra mitad del recibo, la que tiene que ver con los precios que alcanza la electricidad en el mercado eléctrico diario y donde cuenta mucho la meteorología, el tiempo que hace. En los cuatro primeros meses, con mucha lluvia y viento, el precio de la electricidad bajó un 20,6%. Pero en mayo cambió el tiempo: más calor, sequía y poco viento, con lo que se ha generado menos electricidad en las centrales hidroeléctricas y los molinos eólicos, la más barata. Y con ello, la luz ha subido 6 meses consecutivos, un 21,2% entre mayo y octubre. Y los contratos de futuros apuntan a nuevas subidas en noviembre y quizás diciembre, con lo que el año 2016 se podría cerrar con una subida del recibo de la luz del 5%, para una familia con dos hijos que tenga una potencia instalada de 4,4 kW y consuma 3.900 kilovatios. En la pasada Legislatura (2012-2015), el recibo de la luz subió una media del 9,88%.

Ahora, el nuevo Gobierno Rajoy trabaja ya en congelar de nuevo en 2017 la parte regulada del recibo de la luz (los “peajes”, la mitad de la factura). Pero lo tiene bastante difícil, porque hay una serie de costes que están esperando para ser cargados en el recibo del año que viene. El primero, la compensación a las renovables, por haberles pagado (entre 2013 y 2016) unos precios estimados más bajos de los que les correspondía (para intentar así bajar la luz). Eso supone que habrá que pagarles 525 millones en 20 años, unos 25 millones al año (empezando por 2017). Además, los peajes han de recoger también la compensación a las centrales de cogeneración que funcionan con “purines” (defecación de los cerdos), que ganaron un recurso al Supremo por el que hay que pagarles más por su electricidad: la nueva retribución supone pagarles 200 millones más en 2017, con nuestro recibo. Y el tercer concepto a pagar será el bono social, 200 millones anuales que antes pagaban las eléctricas y que ahora tendremos que pagar los consumidores en el recibo de la luz.

La “historia” de este bono social es como para enfadarse mucho. Lo pactó el ministro Sebastián (PSOE) con las eléctricas en 2009: a cambio de no exigirles 1.000 millones de euros que habían cobrado de más (por derechos de emisión de CO2 duplicados), acordaron que las eléctricas se harían cargo del bono social, un descuento del 25% en el recibo a los consumidores más vulnerables. Pero fue un acuerdo “verbal” y a los pocos meses, Iberdrola se saltó el “pacto” y recurrió el pago del bono social al Supremo. En 2012, una primera sentencia estableció que el criterio de reparto (sólo entre las 5 grandes eléctricas) era “discriminatorio” y obligó a devolverles el dinero pagado por el bono entre 2009 y 2012 (dinero que cobraron a costa de cargárnoslo en el recibo). En noviembre de 2014, Industria reformó el pago del bono, repartiendo su pago entre todas las empresas que vendían electricidad (unas 20), pero siguió cargándoles el bono (a pesar de la sentencia), como una manera de “ganar tiempo” y evitar subir la luz a corto plazo (2015 era “año electoral”). Las eléctricas volvieron a recurrir y el Supremo ha vuelto a fallar a su favor (en octubre de 2016), con lo que hay que volver a indemnizar a las eléctricas y devolverles lo pagado en 2014, 2015 y diez primeros meses de 2016, más intereses. En total, 503,21 millones de euros, que saldrán ahora de nuestros recibos.

Y además, cara a 2017 y años siguientes, habrá que buscar una fórmula para pagar el bono social, que cuesta 200 millones al año y que saldrán de nuestro recibo, con cargo a los “peajes”, en lugar de pagarse con cargo a los Presupuestos, como una ayuda social más. Entre tanto, muchos expertos critican el bono social, porque lo consideran injusto. Hay 2.414.000 consumidores (mayo 2016) que se benefician de esta rebaja del 25%: son los jubilados con pensiones mínimas, familias con todos sus miembros en paro, los clientes con menos de 3kw de potencia y las familias numerosas, al margen de lo que ganen. Por eso, se estima que dos tercios de los beneficiarios de este bono social no debían disfrutarlo y sin embargo hay dos tercios de familias con problemas para pagar la luz que no tienen derecho al bono. Así que habría que reformarlo a fondo, además de ver cómo se paga.

Estos tres costes extras van a encarecer los peajes para 2017 (la mitad del recibo). Pero también hay motivos para que suba el año que viene la otra mitad del recibo, la que está ligada al precio de la electricidad en el mercado eléctrico. Por un lado, el Gobierno tiene que cumplir otra sentencia del Supremo y subir el margen que se paga a las eléctricas por comercializar la luz: se les estaba pagando 4 euros anuales por kW contratado y la Comisión de la Competencia (CNMC) lo ha fijado en 5,24 euros tras la sentencia. Eso supondrá una subida extra de la luz del 1 al 2% en 2017, además de una refacturación de todos los recibos desde abril de 2014. El Gobierno Rajoy en funciones la había parado, pero ahora tendrá que permitir que las eléctricas nos hagan una subida extra de unos 2 euros por cliente en 2017 para cumplir esa sentencia del Supremo (además de cobrarnos más por comercializar la luz en el futuro). Otro factor que hará subir el precio de la luz en el mercado eléctrico serán las compras de electricidad de Francia, que hasta ahora nos vendía (exportaba) luz: ahora ha empezado a comprárnosla, tirando hacia arriba de los precios, porque va a parar 21 de sus 58 centrales nucleares (ya desde octubre), para revisar un posible fallo en las vasijas de sus generadores de vapor. Un tercer motivo para que suba la luz es que está subiendo el precio del petróleo y con él el precio del fuel y el gas que utilizan las centrales térmicas para generar electricidad. Y luego, habrá que ver qué hace la meteorología: si en 2017 sigue “el tiempo loco” (hace calor, llueve poco y hay poco viento), la luz será más cara.

Un  problema adicional es que la mayoría de los consumidores ya no disfruta de precios protegidos, los denominados PVPC (precio voluntario al pequeño consumidor), que pagan por la electricidad el precio que se fija (cada día y cada hora) en el mercado eléctrico. Antes, la mayoría disfrutaba de estos precios “protegidos” y “transparentes”, pero en los dos últimos años, las eléctricas han hecho campañas para desviar estos clientes hacia el mercado “libre”, donde las tarifas las fijan las eléctricas “libremente”, estableciendo tarifas anuales o tarifas planas que normalmente incluyen otros costes (por mantenimiento) y cláusulas de revisión en caso de superar determinados consumos. El resultado es que en junio de 2016, 13.648.696 consumidores de electricidad están en el mercado “libre” (sometidos a las tarifas que les apliquen las eléctricas) y 12.076.194 clientes están en el mercado “protegido” (sometidos al precio que tenga la luz cada día en el mercado). Así que cuando decimos que la luz sube en los últimos 6 meses, la estadística sólo afecta al mercado “protegido”. El resto de usuarios, más de la mitad de los consumidores, no sabemos si pagan más o menos por la luz con tarifa "libre" (pero mucho nos tememos que si las eléctricas gastan millones en publicidad para que nos cambiemos a las tarifas "libres", no es precisamente para que ellos cobren menos...).

Pero los consumidores sí lo saben y por eso un 20,9% se declara poco o nada satisfecho con el servicio de la electricidad, según la última encuesta de la Comisión de la Competencia (CNMC). Y el principal motivo que alegan es que la luz “es cara”. De hecho, la luz en España ha subido un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Y actualmente, los consumidores domésticos pagan la 5ª luz más cara de Europa (tras Dinamarca, Alemania, Irlanda e Italia): 0,237 euros por kWh, un 12,3% más que la media de la UE (0,211 euros por kWh). Pero si descontamos los impuestos, que en España son de los más bajos de Europa (un 21% frente al 33% de media en la UE o el 52% en Alemania y el 69% en Dinamarca), resulta que las familias españolas pagan la tercera luz más cara de Europa (0,184 euros por kWh), sólo por detrás de Reino Unido e Irlanda (dos islas, donde producir luz siempre es más caro) y un 30,5% más cara que Europa (0,141 euros por kWh la UE-28), según los últimos datos de Eurostat (2015). Y en el caso de las industrias, también pagan la tercera luz más cara sin impuestos (0,092 euros por kWh), un 16,4% más cara que la media UE-28 (0,079 euros por kWh), según Eurostat.

¿Por qué pagamos la luz más cara que en Europa?  Básicamente, porque pagamos costes de más, por tres caminos. El primero, contratando más potencia de luz de la que necesitamos: seguimos con el miedo a que “nos salte el automático” y un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan, según un estudio de Mirubee. Antes no era caro hacerlo, pero desde 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho la parte de potencia del recibo (el +92% a los consumidores domésticos y el +145% a los industriales), con lo que ahora pagamos más por la potencia contratada que por la luz que consumimos (es una forma de "garantizarles ingresos" a las eléctricas, al margen de que suba o no el consumo de electricidad). Y si no, mire su recibo: en el último mío (septiembre 2016), pago 38,54 euros por potencia y 24,35 euros por  la energía consumida…

El segundo camino por el que pagamos costes de más es el sistema de precios que rige en el mercado eléctrico desde 1997 (Ley eléctrica de Aznar) y que afecta a casi la mitad del recibo (un 37,48% del precio de la luz, otro 41,14% son los “peajes” regulados por el Gobierno y el 21,38% restante del recibo son impuestos, según la CNMC). El sistema establece un precio medio para las distintas centrales que no cubre todos los costes de las renovables (más baratas pero con más gastos fijos) ni de las térmicas de fuel y gas, pero que paga en exceso los costes (fijos y variables) de las centrales hidroeléctricas y nucleares. O sea: pagamos de más el kilovatio hidráulico y nuclear y de menos el renovable y térmico. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de ternera: los del pollo y cerdo se forraban. De hecho, el experto Jorge Fabra estima que hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas entre 2005 y 2015 por este sistema de precios, que prima a las centrales hidráulicas y nucleares, ya amortizadas.

Pero hay más extracostes. El tercer camino para pagarlos es la parte regulada del recibo (el 41,14% de los “peajes”), esos costes que el Gobierno carga al recibo cada año. Una parte pueden estar “justificados”, como el pago al transporte de la luz (2,96% del recibo) o a la distribución (10,04%), pero no otros extra costes que nos cargan: compensaciones a las renovables (17,22% del recibo, para compensarles por no pagarles la luz por los costes que tienen), compensación a las eléctricas por el mayor coste luz en Baleares y Canarias (4,14% del recibo), amortización de la deuda eléctrica acumulada (más de 30.000 millones) y sus intereses (2,84% del recibo), pago del bono social (0,41%), pago por interrumpibilidad (0,94% para grandes industrias, por “compensarles” ante posibles cortes de suministro que nunca han sufrido), moratoria nuclear (0,89% del recibo por el “parón nuclear” de Felipe González) y otros gastos (1,60%), como la compensación a las centrales térmicas por estar disponibles. Como se ve, un “cajón de sastre” donde los Gobiernos han ido sumando costes que pagamos en el recibo en lugar de cargarlos al Presupuesto (la mayoría) o suprimirlos.

Ya sabemos los tres caminos por los que pagamos costes de más y las razones de que paguemos la tercera luz más cara de Europa. Ahora, lo que debería hacer el nuevo Gobierno es lo que los expertos llevan dos décadas pidiendo: una auditoría de costes, para saber lo que cuesta de verdad producir electricidad y pagar cada kilowatio por lo que vale. Y lo que sean costes “externos”, como compensar a las islas o el bono social, pagarlo con impuestos, no en el recibo. Claro que eso supone recortar los ingresos de las eléctricas, un sector muy poderoso, con gran poder político y mediático, que además utiliza al Supremo para aumentar sus ingresos. De hecho, ni González ni ZP se atrevieron a clarificar sus cuentas y menos Aznar y Rajoy, que han aumentado sus ingresos y beneficios (5.009 millones de euros en 2015 sólo las tres grandes eléctricas, Iberdrola, Gas Natural y Endesa).

Es hora de clarificar las cuentas y afrontar la transición eléctrica pendiente. Urge imponer esta auditoría de costes y reducir la factura de la luz, además de hacerla más limpia. Porque crece la luz generada con carbón, fuel y gas, lo que ha provocado que España sea de los pocos paises donde han crecido las emisiones de CO2, un 0,5 % en 2014 y un 3,2% en 2015, mientras bajan en Europa (-4,1% en 2015). Hay que bajar el coste de la luz, porque pagamos de más y porque hay 5 millones de hogares con problemas para calentar sus hogares y pagar el recibo de la luz, según el estudio de ACA. Y porque nuestras empresas tienen más difícil competir y crear empleo al tener que pagar más caro el recibo de la luz. Y porque además de cara, la luz es sucia y destroza el medio ambiente. Gobierno y oposición deben poner orden en el mercado eléctrico, uno de nuestros grandes retos como país. Pacten soluciones, con luz y taquígrafos.