Presupuestos prorrogados y chantaje de Rajoy

No habrá Presupuesto 2017 y el Gobierno Rajoy aprobará una prórroga del Presupuesto 2016, congelando ingresos y gastos. También aprobará un Decreto para recaudar 6.000 millones más de las empresas, para “calmar” a Bruselas y evitar que nos multe en diciembre. Pero Rajoy no subirá pensiones, sueldos de funcionarios ni ayudas a parados y dependientes, 14 millones de españoles que dependen de los Presupuestos. Dice que legalmente no puede, pero el PSOE le dijo en el debate de investidura que apoyaría un decreto revisando estas partidas. Otro problema grave lo tienen autonomías y Ayuntamientos: Hacienda no quiere subirles su déficit ni darles previsiones de ingresos y gastos, así que no pueden aprobar sus Presupuestos 2017, en perjuicio del gasto sanitario, educativo, empleos y sueldos de funcionarios. Parece un “chantaje” de Rajoy para forzar al PSOE a abstenerse en la investidura, so pena de aparecer como responsable de perjudicar a millones de españoles. Una pelea política que pagarán los españoles más débiles y la economía.
 

enrique ortega

No se ha conseguido pactar un nuevo Gobierno y el gabinete Rajoy, en funciones desde hace 329 días, legalmente no puede aprobar los Presupuestos 2017, que deberían llegar a finales de septiembre al Parlamento. Por eso, el Gobierno en funciones aprobará una prórroga del Presupuesto 2016, como ya sucedió en 1983, 1990, 1996 y 2012, años con Presupuestos prorrogados. Eso significa que se congelan todos los ingresos y gastos públicos, que el año que viene sólo se podrá recaudar y gastar lo mismo que este año. Al menos hasta que haya un Gobierno, antes del 25 de octubre (difícil) o tras unas terceras elecciones, que revise las cuentas públicas, este año o el que viene.

En paralelo a la prórroga del Presupuesto 2016, el Gobierno Rajoy aprobará esta semana un Decreto ley para "calmar" a Bruselas, que nos había exigido un nuevo Presupuesto 2017 y medidas de ajuste (para recortar el déficit) antes del 15 de octubre. Se trata de aumentar este año en 6.000 millones los ingresos públicos, obligando a las grandes empresas a adelantar en octubre y diciembre un 20% del pago del impuesto de sociedades que deben hacer en 2017. Es un “truco contable”: se recaudará más este año, para recortar el déficit, y menos en 2017. La medida es más “chocante”: se aprueba para compensar la drástica caída de recaudación en el impuesto de sociedades (un -85% hasta julio), caída que se ha producido por culpa del Gobierno Rajoy: el año pasado aprobó una bajada de impuestos a las empresas, rebajando el tipo de sociedades del 28 al 25% y limitando drásticamente los pagos adelantados, que ahora sube con el nuevo Decreto. Y es que las grandes empresas apenas pagan impuestos en España, lo que perjudica la recaudación y el déficit. Basten dos ejemplos. el Corte Inglés lleva 5 años sin pagar ni un euro en el impuesto de sociedades y Hacienda le ha devuelto 343 millones de euros desde 2011. Y Hacienda devolvió al Banco de Santander 1.236 millones de euros por Sociedades en 2013 y 2014.

Además de este Decreto para recaudar más ahora, el Gobierno Rajoy aprobó en agosto otra medida para “calmar” a Bruselas: “cerrar el grifo” del gasto en todos los Ministerios el 8 de agosto de este año, en vez del 31 de diciembre. A partir de esa fecha, ya no se autorizan gastos nuevos. Otro “truco contable”: las facturas se meten en el cajón y se pagarán el año que viene. Con ello, Hacienda prevé ahorrar 1.000 millones más, a sumar a los 6.000 extras que se recauden por sociedades. Y pretende recaudar 1.000 millones más en la lucha contra el fraude. En total, 8.000 millones más para reducir el déficit este año, el mensaje que se quiere enviar a Bruselas para evitar una multa en diciembre, de la que nos libramos en julio (hasta 2.200 millones), más la posible pérdida de fondos europeos (otros 1.350 millones más) .

Pero el Gobierno Rajoy no quiere aprobar nada más. Y por ello, no podrán revisarse al alza algunos gastos que afectan a 14 millones de españoles: la subida de las pensiones (9 millones), el sueldo de los funcionarios (2 millones), las prestaciones a parados (2 millones) o las ayudas a ancianos y Dependientes (1 millón). Estas pensiones, sueldos y prestaciones se congelarán en 2017, al no haber Presupuesto. El Gobierno Rajoy dice que legalmente no puede tocarlas, pero el PSOE le dice que sí puede, que ya lo hizo Zapatero en la prórroga de 2011 y que la Ley de Gobierno (aprobada por Aznar en noviembre de 1997) permite aprobar un Decreto así a un Gobierno en funciones “por razones de urgencia e interés general”. Y ya en el debate de investidura de Rajoy, Pedro Sánchez le dijo explícitamente que si mandaban al Parlamento un Decreto revalorizando pensiones, sueldos y prestaciones de paro y Dependencia, “los socialistas lo iban a convalidar” (a apoyar). Pero Rajoy insiste en que no lo hará, como tampoco revisará otras ayudas y gastos necesarios, como las becas y ayudas escolares, según acaba de confirmar el ministro de Educación en funciones. Y por supuesto, otras partidas que exigen mejoras, como muchas prestaciones sociales, ayudas a la pobreza o urgentes inversiones en infraestructuras.

Pero el problema de la falta de Presupuestos 2017 no está sólo  en la cerrazón del Gobierno Rajoy para aprobar un decreto de revalorización de prestaciones a los españoles más débiles. También preocupa mucho a los Ayuntamientos y, sobre todo, las autonomías. Básicamente, porque el Gobierno Rajoy se niega a aprobarles un “techo de gasto” para 2017 (el máximo que pueden gastar, compatible con la rebaja del déficit prometida a Bruselas): dicen que un Gobierno en funciones no puede hacerlo, aunque sí lo hizo Zapatero en 2011. Y tampoco les quiere decir la previsión de ingresos que pueden tener para 2017, en función de lo que espera recaudar el Estado central (una parte importante son transferencias a autonomías y Ayuntamientos). Así, sin saber sus ingresos y su límite de gastos, autonomías y Ayuntamientos no pueden elaborar sus Presupuestos 2017, que deben aprobar en octubre y noviembre. Y eso paraliza su actividad y perjudica el Estado del Bienestar (sanidad, educación, dependencia, gastos sociales), que depende básicamente de las autonomías.

Otro chantaje del Gobierno Rajoy para presionar a autonomías y Ayuntamientos (la mayoría controlados por la oposición) a que presionen al PSOE para que se abstenga en la formación de un nuevo Gobierno, so pena de paralizar los gobiernos autonómicos y municipales. Además, en el caso de las autonomías, el Gobierno Rajoy está utilizando otro instrumento de presión: no dejarles tener más déficit este año, lo que les obligaría a hacer 4.500 millones de recortes extras de aquí a diciembre, recortes que tendrían que salir de la sanidad, la educación, el empleo y los sueldos de los funcionarios o retrasando el pago a proveedores. En abril pasado, Hacienda pactó con las autonomías un aumento del déficit de este año 2016, permitiendo que fuera del 0,7% del PIB en vez del 0,3% inicialmente previsto (4.500 millones más de gasto), debido a que Bruselas había abierto la mano y permitía que España tuviera este año más déficit (hasta el 4,6%). Pero hasta ahora, el Gobierno Rajoy no ha materializado este nuevo déficit y dice que como está en funciones no puede legalizarlo. Y las autonomías se ven ahora con que tienen que hacer un ajuste mayor del previsto.

Las autonomías están agobiadas, porque sin techo de gasto y sin previsión de ingresos, no pueden aprobar los Presupuestos de 2017 y eso paraliza su actividad. Encima, si Hacienda no les sube el déficit de 2016, tienen que gastar este año 4.500 millones menos de lo que contaban hasta hace unos días. Y por si fuera poco, si el Gobierno Rajoy no aprueba un Decreto ad hoc, se quedarán también en 2017 sin los 937 millones que recaudan por el Impuesto de Patrimonio, que exige prorrogarlo explícitamente en cada Presupuesto. Por todo ello, las autonomías han presionado a Hacienda, para que convoque un Comité de Política Fiscal y Financiera (obligatorio si lo piden un tercio), que finalmente se celebrará este mes. Y allí exigirán información sobre ingresos y gastos para 2017 y que se respete el nuevo límite de déficit, tras haberlo cambiado Bruselas. Y se quejan de que el Gobierno Rajoy les “chantajea” financieramente (en perjuicio de sus ciudadanos), para presionar al PSOE (que gobierna en 7 autonomías y muchos Ayuntamientos) a que se abstenga.

La falta de Presupuestos y la actitud “pasota” del Gobierno Rajoy, no queriendo paliar los efectos negativos de la situación, no sólo puede perjudicar a pensionistas, parados, funcionarios, dependientes, Ayuntamientos o autonomías (sanidad, educación, ayudas sociales e inversiones) sino que también afecta muy negativamente a la actividad de la Administración, así como por supuesto a la economía y al empleo (que cayó en agosto). De entrada, hay más de 100 nombramientos de altos cargos que están paralizados. El 6 de octubre deberían renovarse la presidencia y vicepresidencia de la CNMV, el organismo que controla la Bolsa. Y a finales de año se va al Banco de Pagos de Basilea el subgobernador del Banco de España. Hay 3 consejeros de la Comisión de la Competencia (CNMC) que llevan un año en funciones y habría que renovarlos, lo mismo que 44 embajadores jubilados, fallecidos o cesados. Y están pendientes de nombramientos más de 30 Fiscales.

El Gobierno Rajoy dice que está en funciones y no puede hacer nombramientos, aunque sí propuso al ex-ministro Soria para el Banco Mundial y Defensa ha nombrado sin problemas 6 nuevos altos cargos militares (además de aprobar sin problemas, este mes de septiembre, un gasto militar extra de 1.160 millones para este año, como viene haciendo desde 2012). También están pendientes de trasponer 19 Directivas europeas y tomar decisiones que no permiten demora, como la renovación del Plan de Vivienda 2013-2016 (si no, el 1 de enero se paraliza) o decidir si se revisan las declaraciones de los contribuyentes acogidos a la amnistía fiscal (como pactaron el PP y Ciudadanos), para lo que hay plazo sólo hasta el 30 de noviembre. Ell Gobierno está en funciones, pero por el bien de todos urge pactar una solución a los problemas y nombramientos más urgentes, para no paralizar aún más el país. Pero parece que Rajoy piensa que “cuanto peor mejor”: más presión sobre el PSOE y más votos para el PP si hay terceras elecciones, en las que culpará de todos estos males al “obstruccionismo” de Sánchez (y no a la incapacidad de Rajoy para conseguir más apoyos a su investidura).

Entre tanto, la Comisión Europea nos vigila y Bruselas está esperando “con la escopeta cargada”. Saben que sin Gobierno no pueden exigir un Presupuesto para 2017 antes del 15 de octubre, pero advierten que España debe de tomar “medidas”. A lo claro: recortes. Como 2016 será “un año perdido”, tendrán que concentrarse en 2017. Y eso supone que para cumplir con el 3,1% de déficit que Bruselas nos exige para el año que viene, habría que recortar entre 16.500 millones (si cerramos 2016 con el déficit objetivo del 4,6%, algo casi imposible, ya que hasta julio tenemos más déficit que en 2015) y 21.300 millones, una barbaridad. Y otros 10.000 millones más de recortes el año siguiente, para dejar el déficit público al 2,2% del PIB que nos exigen para 2018. Y si no hacemos este duro ajuste, la Comisión Europea amenaza a España con una multa de hasta 5.000 millones de euros, según el ministro de Guindos.

Así que el panorama está muy negro. No hay Gobierno ni visos de lograrlo. Y si se consigue en septiembre o en octubre, tendría que empezar con recortes este año. Y aprobar muchos más para 2017. Algo que sufriremos todos, en más impuestos y sobre todo en recortes en sueldos, empleos públicos, pensiones, sanidad, educación, dependencia, gastos sociales e inversiones en Ciencia y en infraestructuras que tanta falta nos hacen. Y con estos recortes, la economía crecería menos y crearía menos empleo, en un año 2017 que ya se prevé crecer menos (2,3% frente al 3% este año) y crear menos empleos (439.000 frente a 460.00 en 2016 y 525.000 en 2015). Y con la mala suerte que los recortes y el menor crecimiento coinciden con una Europa estancada y una economía mundial que no despega.

Esto es lo que hay y lo que está detrás de la falta de Presupuestos y de las peleas políticas sin salida, mientras Bruselas sigue con su austeridad, un suicidio económico y político. Habría que cambiar drásticamente, en Europa y en España, reanimando la economía alemana y europea (lo ha pedido el BCE)  y pactando casi todo en España para mejorar el futuro, buscando aumentar la recaudación de grandes empresas, multinacionales y los más ricos, para poder gastar más y recortar el déficit público. Hacer otra política económica y social, en beneficio de la mayoría de españoles. Pero no parece que estén por la labor.

Los bancos apuestan por el móvil

A finales de septiembre y en octubre, 27 bancos y Cajas (casi todos) van a bombardearnos con publicidad para que contratemos un nuevo servicio: transferencias y pagos por el móvil. La plataforma tiene un nombre raro, Bizum, y su objetivo es canalizar en 5 años casi un tercio de las operaciones bancarias. Todavía no sabemos lo que costará usarla, porque cada banco cobrará a su manera el servicio, como los cajeros. La apuesta por los móviles es el  último intento de la banca por evitar que los grandes de Internet (Google, Apple, Amazon, Facebook…) y las compañías telefónicas se hagan con parte del negocio bancario, como ya están haciendo. Pero los bancos lo tienen difícil, por su peor imagen y su menor agilidad. La clave del éxito de Bizum estará en que el pago por móvil sea sencillo, rápido, barato y seguro. Y ojo: usemos la tecla de los pagos y transferencias con moderación, porque luego hay que pagarlo.
 

enrique ortega

En el mundo hay más móviles que habitantes: 7.300 millones de móviles a finales de 2015, el 45% de ellos  inteligentes (smartphones), según el informe Mobility Repport de Ericsson, que anticipa 9.000 millones para 2021. Y lo mismo pasa  en España, que es un paraíso de los móviles inteligentes: ya lo tienen el 88% de los adultos, lo que nos convierte en el segundo país del mundo con más penetración de los smartphones, sólo por detrás de Singapur (92%) y por delante de la media de los paises de la Unión Europea (78% de penetración), según un estudio de la Consultora Deloitte. Estos teléfonos inteligentes se usan para casi todo menos para hablar, sobre todo para acceder a Internet y a las redes sociales, para bajarse vídeos, canciones y noticias y, cada vez más, para comparar ofertas y comprar online, apoyados en una tarjeta de crédito.  

De hecho, el 21,7% de los españoles realiza ya compras y pagos a través del móvil, la cuarta parte de ellos a través de monederos virtuales (“wallets”), el medio de pago que más crece en todo el mundo. Y aunque todavía España es un país donde nos gusta pagar en metálico (el 84% de las compras se hacen a tocateja, según un estudio de la consultora PWC), todo apunta a que el futuro es de los pagos a través de Internet y sobre todo vía móvil. De hecho, un estudio de la consultora Accenture vaticina que 3 de cada 4 transacciones de dinero serán “online” o a través del móvil para 2.020. Y otro estudio de la consultora Forrester apuesta porque los pagos por móvil se van a triplicar en Estados Unidos: pasarán de los 50.000 millones de dólares actuales a 142.000 millones en 2019.

Así que el móvil no sólo está cambiando nuestras vidas sino que va a cambiar el mundo del dinero y se convertirá en un gran negocio. Los gigantes de Internet ya lo vieron hace años y por eso se adelantaron a la banca en ofrecer pagos a través de Internet y el móvil, sobre  todo en Estados Unidos. Google fue el pionero, lanzando en 2009 Google Wallet, un monedero virtual que mejoró en 2013, con una tarjeta de débito prepago. Y en mayo de 2015 ha lanzado en EEUU el servicio Android Pay. Apple, con más de 200 millones de tarjetas almacenadas en iTunes, lanzó también en octubre de 2014, en EEUU, su servicio Apple Pay, un sistema de pago interactivo para los iPhone que no está disponible en España. Facebook, la red social con  1.500 millones de usuarios, lanzó en marzo de 2015, en EEUU, un servicio para hacer transferencias a través de la plataforma de mensajería de la red social (Messenger) y está por ver si lo integra en su exitosa WhatsApp. Y Twitter permite  también  hacer pagos gracias a una aplicación para el móvil lanzada en marzo de 2015 por el banco Barclays.

En paralelo, otras empresas tecnológicas se han lanzado a ofrecer compras online con tarjetas. La pionera, en el año 2.000, fue PayPal (eBay), que ya tiene 128 millones de cuentas activas en todo el mundo, con las tarifas más baratas para compras y envío de dinero persona a persona. Amazon lanzó en agosto de 2014 un lector de tarjetas de crédito que conectado a un móvil o una tablet permite a pequeños negocios aceptar pagos. Y las empresas chinas Alibaba y Tencent o la japonesa Rakuta ofrecen también desde hace años plataformas de pago a través de móviles, como la mayoría de las empresas que venden por Internet.

Las grandes empresas de telefonía también se han lanzado a este negocio. Vodafone ofrece su monedero electrónico para pagos (Vodafone Wallet) desde 2014 en Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda y España. Y en noviembre de 2015 renovó su aplicación para permitir el pago con móvil asociado hasta con 5 tarjetas de crédito o débito diferentes. El servicio es compatible con los principales teléfonos Android y cuenta ya con 600.000 usuarios en España (lo aceptan Vips, Starbucks, Repsol o Mercadona) y 2,4 millones en Europa. También Orange ofrece el servicio de pago por móvil Orange Cash. Y Samsung ha lanzado este mes de junio su sistema de pago por móvil (Samsung Pay) en España, cuarto país donde funciona el servicio.

Mientras todo esto ha ido pasando en el mundo digital, la banca no ha sido capaz (ni en España ni en Europa) de lanzar iniciativas de éxito que aprovecharan el boom de Internet y de los móviles para canalizar pagos. No fue hasta finales de 2013 cuando dos grandes bancos lanzaron sus "apps" para operar y pagar a través del móvil: BBVA Wallet y La Caixa Wallet (en colaboración con Movistar, Vodafone y Orange). Ahora ya, casi todos los bancos y Cajas tienen su aplicación móvil, pero sin mucho éxito. En 2014, CaixaBank y Santander (con Movistar) intentaron hacer una apuesta conjunta por el pago móvil, lanzando Yapp, una plataforma que acabó cerrando en junio pasado, tras perder 8 millones de euros.

A la vista de ese fracaso, la banca española “se ha puesto las pilas”, presionada por el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), preocupado por crear una gran plataforma tecnológica europea que salve el futuro de la banca continental. Y así, en julio pasado se creó una plataforma integrada por 27 bancos y Cajas españoles (el 95%), invirtiendo más de 100 millones de euros para lanzar Bizum, un servicio de transferencias y pagos por móvil de la banca, con requisitos técnicos homologados con Europa, donde ya están en marcha plataformas similares en Reino Unido, Suecia y otros países.

La plataforma Bizum está en pruebas y se va a lanzar en tres fases, una vez que cada banco la difunda entre sus clientes. La primera, a finales de septiembre o principios de octubre, en que se pondrán en marcha las transferencias de dinero entre particulares a través del móvil. No hará falta saber el número de cuenta del otro, sólo introducir su móvil y el importe de la transferencia, que le llegará al instante (no al día siguiente, como ahora). Y si el destinatario no tiene smartphone, le llega igual: basta que tenga móvil inteligente el que lo envía (hasta un máximo de 500 euros). En octubre se pondrá en marcha el segundo servicio, el pago con móvil en compras online (compras de 50 céntimos a 500 euros), sólo con indicar el número de móvil y una clave que se dará al cliente. Y para diciembre de este año, Bizum permitirá también las compras en comercios y tiendas físicas, acercando el móvil al TPV e introduciendo la clave que habrá dado el banco o caja al cliente. Todo ello con la máxima seguridad y con garantías en caso de que nos roben o perdamos el móvil.

La clave ahora va a estar en el precio del servicio. Los responsables de Bizum no han querido decir lo que nos van a cobrar por estas transferencias y pagos por móvil, argumentando que será una decisión de cada banco o Caja, como pasa ahora con las comisiones de los cajeros. Y además, la Comisión de la Competencia (CNMC) está vigilante, porque al ser un servicio que ofrecerán el 95% de los bancos, existe el riesgo de que se pongan de acuerdo para fijar las condiciones al cliente y no compitan de verdad entre ellos (como ha pasado con los cajeros).Otro problema va a estar en las tiendas: actualmente, muchas pymes no tienen tienda online y muchas de las tiendas físicas (un 25%) carecen todavía de TPV que admita el pago sin contacto (Contact less), por lo que tendrán que colocarse con urgencia para que Bizum avance.

El objetivo de la banca española con Bizum es que en 5 años canalice unos 10 millones de clientes, el 30% de los usuarios de la banca, con una media de 200 millones de operaciones al año, que moverían unos 6.000 millones de euros. Una apuesta difícil pero clave para la banca, que necesita reducir costes y oficinas y trasladar una gran parte de su operativa a la banca online y al móvil. De eso van a depender en buena medida sus resultados futuros. Pero mientras, los demás competidores no bancarios no están parados y van a seguir avanzando para “robar” a la banca una parte creciente de su negocio financiero, primero en EEUU y luego en Europa y España.

Precisamente, la multinacional de las telecomunicaciones Orange acaba de informar que va a lanzar un servicio de banca móvil, a principios de 2017 en Francia y en 2018 en España, Bélgica y Polonia. Para ello ha creado Orange Bank, comprando el 65% de Groupama Banque, con objeto de ofrecer a sus clientes telefónicos una completa oferta bancaria. Y este mismo verano, Telefónica Deutschland (la filial de Telefónica en Alemania) ha entrado también en el negocio de la banca móvil lanzando O2 Banking, una cuenta bancaria para sus clientes que comercializa junto con la entidad alemana Fidor Bank y que permite realizar múltiples operaciones bancarias, con créditos y tarjetas. En América, Telefónica también ofrece servicios financieros en Brasil y Perú. De momento, no los ofrece en España, para no “molestar” a sus dos principales accionistas, BBVA (6,96%) y CaixaBank (5,44%).Pero los expertos creen  que hacerlo será sólo cuestión de tiempo, como la ampliación de servicios bancarios de Vodafone. Y ya hay grandes empresas, como Inditex, que admiten el pago por móvil, mientras se espera que Google, Apple, Amazon o Facebook amplíen su oferta “bancaria”.

Así que la banca española se tendrá que tomar muy en serio el lanzamiento de Bizum y facilitar su implantación entre los usuarios, para sobrevivir en el futuro ante los gigantes de Internet y las telecos. De entrada, lo tienen difícil, por varias razones. Primera, porque los clientes de Google, Apple, Amazon o Facebook se cuentan por millones: hay 3.500 millones de internautas y 30 millones en España, cada vez más activos. Segunda, porque esas empresas conocen perfectamente a sus usuarios (aficiones, gastos, incluso su geolocalización), mucho mejor que la banca. Y tercera y fundamental, porque tienen una excelente imagen entre los internautas: muchos las consideran empresas que “defienden valores”, no un negocio más. Y eso supone una gran ventaja respecto a la banca, que tiene una pésima reputación en España, sobre todo tras este crisis (“la reputación de la banca está bajo mínimos.es un problema muy serio”, ha dicho el consejero delegado de CaixaBank, mientras la propia patronal AEB ha llegado a decir que “la banca corre el riesgo de perecer si no recupera la confianza del cliente”).

Vivimos enganchados a Internet y al móvil y las compras y pagos no podían quedar al margen. Se trata de un gran negocio por el que van a seguir peleando los grandes de Internet y las telecos mientras ahora lo intentan con más medios bancos y Cajas. Al final, unos y otros buscan ganar dinero con nuestras compras y transferencias. Y nos las van a poner cada vez más fáciles. La clave va a estar en ofrecer un servicio ágil, rápido y seguro, porque la seguridad es la principal preocupación de los usuarios. Pero ojo, deberíamos tener otra: no lanzarnos a comprar o mover dinero dándole sin pensar a la tecla del móvil. No gastar más porque ahora sea más fácil. Es "una gran tentación". Podemos acabar más endeudados con el móvil, como ya pasa con las tarjetas y los créditos rápidos. Ojo a “darle al dedo”: luego hay que pagarlo.

Curso escolar 2016-2017: muchas incertidumbres

Esta semana acaban de volver al colegio o al instituto más de 8 millones de niños y adolescentes, que cursan Primaria, ESO, Bachillerato o FP. Y comienzan un nuevo curso lleno de incertidumbres. La principal, como hace un año, si se va a aplicar la LOMCE y si habrá reválidas en junio próximo para 700.000 estudiantes de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. Pero además, los centros no saben su presupuesto, porque las autonomías no van a recibir más dinero del Estado, al prorrogarse para 2017 los Presupuestos de este año, por falta de Gobierno. Y mientras, los padres tendrán que hacer frente a nuevos gastos, desde los libros al comedor o transporte escolar, sin que haya más becas ni ayudas. Entre tanto, es un clamor la petición de un Pacto educativo, que asegure recursos y estabilidad a la enseñanza, para reducir el abandono escolar (España es líder en Europa) y mejorar la formación para que los jóvenes encuentren trabajo. Urge un Pacto educativo este curso.
 

enrique ortega

Otro curso más, aumentan los  niños y jóvenes que inician el curso escolar: serán unos 8.150.000 alumnos de enseñanzas no universitarias, 39.000 más que el curso pasado. Bajarán algo los inscritos en educación infantil, 1.800.000 (por la menor natalidad y los altos precios) y subirán ligeramente los alumnos de primaria (2.925.000), ESO (1.870.000) y Bachillerato (700.000), aunque el mayor aumento se dará, otro año más, en Formación Profesional (790.000 alumnos), por la mejora de los cursos y las mayores salidas profesionales. Se espera una ligera caída de la enseñanza pública, que acoge al 68% de los alumnos, mientras sube ligeramente la concertada (24%) y se estabiliza la enseñanza privada (8%). Eso sí, las diferencias son grandes por autonomías: hay regiones con una mayor penetración de la enseñanza pública, como Castilla la Mancha (82,1%), Extremadura (80%), Canarias (78,5%) o Andalucía (75%) y otras donde la pública casi iguala a la enseñanza concertada y privada, como el País Vasco (sólo 51,1% de alumnos en la pública) y Madrid (54,9%).

Un curso con más alumnos y también con más profesores, porque muchas autonomías (controladas en su mayoría por la izquierda) han aprobado oposiciones para cubrir plazas de profesores, tras haber desaparecido 33.684 docentes (el 8,1%) entre 2012 y 2015 por los recortes y no cubrir jubilaciones, según datos de CCOO. El problema es que las autonomías, que financian el 84% del gasto español en educación, van a tener problemas financieros este curso, no sólo porque les está cayendo la recaudación (como a Hacienda), sino porque van a tener menos ingresos de los previstos, al no poderse aprobar un nuevo Presupuesto para 2017 y prorrogarse el actual, por falta de Gobierno. De hecho, el Gobierno en funciones ya les ha dicho que, al no haber nuevo Presupuesto, tendrán que rebajar su déficit en 2017 al 0,3% y no al 0,7% prometido en abril, lo que les obligará a gastar 4.000 millones menos. En todo, pero sobre todo en educación, sanidad e inversiones, los principales gastos. Y por si fuera poco, el Gobierno en funciones advierte que sin Presupuestos, no se podrán subir las becas este curso 2016-2017...

Y todo eso será un problema extra para una educación que lleva con recortes desde 2010. Según los datos oficiales de Educación, el Presupuesto educativo ha pasado de un máximo de 53.895 millones en 2009 (el 4,99% del PIB) a 46.469 millones en 2015, el 4,23% del PIB. Eso supone un recorte de gasto de 7.426 millones de euros en 6 años. Y este año 2016, aunque el Presupuesto ha aumentado en 208 millones, han sido básicamente para la aplicación de la LOMCE, para financiar los nuevos ciclos de la FP básica y la elección de los nuevos itinerarios en 3º y 4º de la ESO. Con lo que, en realidad, para las partidas ordinarias de la enseñanza, ha habido este curso menos Presupuesto que el pasado. Como ya pasó en 2014-2015 y como volverá a suceder este nuevo curso, al prorrogarse el actual Presupuesto. Con ello, las autonomías y los centros tendrán que hacer malabarismos para aumentar profesores, mejorar su oferta y ofrecer más servicios. Un dato esclarecedor: en Cataluña habrá este nuevo curso 1.010 colegios en barracones, 14 más que el curso pasado…

Además de la penuria económica, a las autonomías, los centros, sus profesores y alumnos les preocupa  lo que va a pasar con la LOMCE, la Ley educativa aprobada en 2013 por el PP (en solitario) y que todos los demás grupos han prometido derogar si gobiernan. De momento, el gobierno en funciones del PP la sigue aplicando y el pasado 29 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para obligar a las autonomías a establecer, antes de finales de noviembre, las condiciones de las reválidas que han de hacer obligatoriamente (en junio próximo) los 700.000 alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato. De entrada, 13 autonomías están en contra de hacer estas reválidas (12 no gobernadas por el PP más Castilla y León), que han sido también criticadas por el Consejo escolar del Estado, los profesores (el 80,7% las rechaza, según una encuesta hecha por la Universidad Autónoma de Madrid), los sindicatos (amenazan con movilizaciones este otoño) y varias asociaciones de padres. Todos creen que estas pruebas excluyen a los alumnos con problemas y no mejoran la enseñanza.

Pero el Gobierno en funciones insiste en obligar a las autonomías a que fijen ya las condiciones de estas reválidas, ya que serán ellas las que establezcan las preguntas y el calendario, lo que supondrá una disparidad en las pruebas entre regiones. La reválida de 4º de la ESO, que sólo se hace en 5 países europeos (Italia, Reino Unido, Portugal, Estonia y Malta), sería esta primera vez una prueba piloto, pero en el futuro, si se mantiene, sería un filtro obligado para pasar al Bachillerato (contaría un 30% en la nota final y el otro 70% la nota media de toda la ESO). La reválida de 2º de Bachillerato, que se hace también en 23 países europeos, será esta primera vez una prueba, sin contar como nota, pero será obligatoria para acceder a la Universidad, ya que sustituye al anterior examen de Selectividad. Y lo peor es que cada Universidad diseñará su prueba, con lo que puede haber desigualdad entre los alumnos según donde la hagan.

Esta “guerra” de las futuras reválidas inquieta a los centros, profesores, alumnos y familias, mientras el ministro de Educación en funciones insiste que la LOMCE es una Ley orgánica y “hay que cumplirla”. Y amenaza incluso con tomar medidas contra las autonomías que no lo apliquen, como ya hicieron el curso pasado con la prueba al final de 6º de Primaria: 7 de cada 10 estudiantes no hicieron este examen, incluido en la LOMCE, y 7 autonomías acabaron denunciadas ante la alta inspección educativa (Cataluña, Andalucía, Aragón, Cantabria, Comunidad Valenciana, Extremadura y Baleares), con expedientes aún no resueltos. Ahora, todo va a depender de los pactos políticos y del futuro Gobierno. De que se confirme la LOMCE o de que se pacte una nueva Ley orgánica antes de junio próximo.

Otra novedad de este curso, impuesta por la LOMCE, es que se refuerzan Lengua, Matemáticas y Ciencias, mientras se dejan de lado las enseñanzas artísticas (música, dibujo y artes plásticas) y la filosofía. Por ejemplo, este nuevo curso deja de ser obligatoria en 2º de Bachillerato la Filosofía (sigue en 1º), lo que ha provocado una movilización de intelectuales y docentes que ha llevado a que 10 autonomías la sigan manteniendo como obligatoria en todas o en algunas especialidades, mientras no será obligatoria en otras 7 autonomías que no han “apostado” por la Filosofía (Galicia, Madrid, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Canarias y la Comunidad Valenciana. Otra muestra de disparidad educativa entre autonomías.

Además de las materias a enseñar y la escasez de Presupuestos, los centros se enfrentan a buscar fórmulas para mejorar la calidad de la enseñanza, tras los recortes que han llevado a aumentar los alumnos por clase, reducir las clases de refuerzo y los desdobles y reducir la atención a la educación especial. Y hay que plantearse mejorar las plantillas de docentes (675.000), no sólo para recuperar los 33.684 perdidos sino para mejorar su situación laboral, lo que se traduciría en una mayor eficacia docente. De hecho, hay una gran precariedad laboral, con muchos interinos sin plaza (10.000 más que en 2009), con una plantilla de profesores muy envejecida y mal pagada: los recortes en los salarios brutos han sido, entre 2010 y 2016, de entre el 44% (maestros) y el 57% (profesores de secundaria y catedráticos), según un estudio de FETE-UGT. Y se mantienen grandes diferencias por regiones: el salario bruto de un maestro de primaria es mucho menor en Galicia (1.971 euros) que en el País Vasco (2.335 euros) y lo mismo en secundaria (2.231 euros en Galicia frente a 2.934 en Ceuta o Melilla).

Y mientras, los alumnos y sus familias ven cada año cómo les sube la factura del colegio o instituto, mientras han bajado las becas (hay 200 millones y 40.000 beneficiarios menos que en 2011) y las ayudas, para libros, comedor o transporte (de 126 a 46 millones de euros). Y lo peor es que becas y ayudas son cada vez más desiguales entre autonomías (ver listado). Para este curso, vuelven a subir los libros de texto (un 1,1%), el gasto de comedor y el transporte, así como las matrículas, uniformes y otros gastos. Actualmente, tener un hijo en edad escolar supone un gasto en septiembre de unos 600 euros, entre libros (de 200 a 400 euros), uniformes (200-300 euros), comedor (110 euros),  transporte (80-100 euros) y gastos de matrícula o abono mensual, que aunque se dice “voluntario” es realmente obligatorio en los centros concertados. Y luego, ese gasto se mantiene, con extraescolares, seguros, APAS y otros extras, en unos 250 euros mensuales por niño. No es extraño que el gasto educativo haya sido el único, junto al sanitario, que ha aumentado en las familias con la crisis, un 36,7% entre 2010 y 2016, según la Encuesta de Presupuestos familiares del INE.

Una educación polémica, desigual, sin medios, cara para las familias y que encima lleva al abandono escolar de uno de cada cinco alumnos: España es líder en Europa, con un 20% de jóvenes que dejan sus estudios, el doble que en la UE (11% de abandono escolar). Urge pues, otro curso más, afrontar este grave problema y mejorar un sistema educativo que además no prepara a los jóvenes para el trabajo, ya que casi la mitad (46,5%) está en paro. Por eso, desde la comunidad educativa se pide un Pacto educativo, un acuerdo que establezca unas normas para varias décadas, al margen de quien gobierne, y terminar con los vaivenes legislativos que nos han traído las 7 leyes educativas de la democracia. Todo el mundo habla de la necesidad del Pacto, pero los políticos son incapaces de firmarlo, por lo que muchos plantean que se geste primero entre la comunidad educativa, expertos y familias.

La base de cualquier Pacto educativo debería ser asegurar una financiación suficiente para la educación, al margen de Gobiernos y coyunturas. España gasta hoy un 4,2% de su riqueza (PIB) en educación, por debajo de la media europea, que es del 5 al 6% del PIB. Eso obligaría a gastar más, a recuperar primero los 7.500 millones perdidos desde  2009 y luego aumentar unos 10.000 millones más de gasto cada año. Y crear un fondo interno de homogeneización, para que no haya autonomías que gasten más y otras menos en educación. Después, hay que fortalecer las plantillas y los centros, con más recursos para educación infantil y la Formación Profesional, por la que hay que apostar decididamente, para ponernos a nivel europeo. Y en paralelo, revisar contenidos y formas de estudio, buscando una educación más práctica, más ligada a lo que demanda el futuro y las empresas, sin olvidar la importancia formativa de las enseñanzas artísticas y sociales. Y todo ello, con una mayor participación de centros, profesores, expertos y familias y una menor politización de la educación.

España tiene el doble de paro que Europa porque tenemos una estructura económica y empresarial menos competitiva pero también porque tenemos una peor educación, según los últimos datos de la OCDE (“Panorama de la educación 2014”): un 45% de los españoles adultos (25-64 años) tienen un nivel educativo bajo (sólo con la ESO acabada o ni siquiera), frente al 21% en Europa (UE-21) o el 24% de la OCDE (34 paises más desarrollados), y muy lejos de Suecia (12% de adultos poco formados), Alemania (14%), Finlandia (15%), Reino Unido (22%), Irlanda (25%) o Francia (27%). En el medio, también tenemos menos adultos con formación media (bachillerato y FP Básica): un 22% en España frente al 48% en Europa y el 44% en la OCDE. Y sin embargo, por arriba, estamos en cabeza de universitarios: un 32% en España frente al 29% en la UE y el 33% en la OCDE. Así nos va. Esto es algo que hay que arreglar a medio plazo, pero hay que empezar ya, con otra enseñanza. A ver si este es el último curso antes de un cambio educativo a fondo. Es uno de los grandes retos del país.