Un curso escolar lleno de incertidumbres

Más de 8 millones de niños y adolescentes han comenzado ya las clases en colegios e institutos. El nuevo curso escolar 2015-2016 contará con más alumnos y también con más profesores y más Presupuesto, tras cinco años de recortes, aunque sigue habiendo partidas que se reducen, como la educación compensatoria y la formación de docentes. Será el segundo año de implantación de la última Ley de Educación, la LOMCE, con nuevas asignaturas y una nueva reválida para los alumnos de 6º de Primaria. Y apenas mejoran las becas y ayudas de comedor y transporte, mientras suben los costes de la enseñanza para las familias. Pero sobre todo, empieza un curso escolar marcado por una gran incertidumbre: quién ganará las elecciones de diciembre. Porque si no gana el PP, los demás partidos han pactado por escrito derogar la LOMCE, la séptima Ley educativa de la democracia. Y vuelta a empezar. Urge alcanzar un pacto educativo para las próximas legislaturas.
 

enrique ortega

Otro curso más, aumenta el número de alumnos que inician las clases. Serán unos 8.200.000 en las enseñanzas nouniversitarias, 55.000 más que el curso pasado: 1.850.000 en infantil, casi 3 millones en primaria, 1.850.000 en la ESO, 750.000 en Bachillerato y más de 800.000 en Formación Profesional (FP), la rama educativa que más crece. Dos de cada tres alumnos estudiarán este curso en centros públicos (68%), un 25% en concentrados y el 7% restante en centros privados, aunque en Bachillerato (enseñanza más cara) aumentan los alumnos en los centros públicos (76%), mientras se reducen las guarderías públicas (51,3%).

Este nuevo curso aumenta el Presupuesto para educación, como en 2015, tras cinco años de recortes (2010-2014), donde la enseñanza en España perdió 7.300 millones de euros, entre los recortes del Estado y las autonomías. Para 2016, el Presupuesto de Educación aumenta en 208 millones (2.139,5 millones, +10,8%), pero es una subida equívoca, porque el aumento se va a financiar la aplicación de la nueva Ley de educación, la LOMCE (363 millones), sobre todo para financiar los nuevos ciclos de FP básica y la elección de los nuevos itinerarios en 3º y 4º de la ESO. Con lo que, en realidad, para las partidas ordinarias de la enseñanza hay menos Presupuesto el año que viene (como ya pasó en 2015).

Lo positivo es que este curso se recuperan las ayudas para la compra de libros de texto, que el Gobierno Rajoy quitó en 2012 (había 100 millones de euros anuales), aunque con una cifra menor: habrá 48 millones para ayudar a las familias en la compra de libros, 24 millones este mes de septiembre y otros 24 en 2016 (cuando ya se hayan comprado…). También sube algo la dotación para las becas Erasmus (163,5 millones), menor que antes de 2012) y se recuperan 10 millones de euros (una miseria) para el estudio de lenguas extranjeras. Y lo peor es que sigue habiendo recortes en partidas claves: en educación compensatoria (-26%), destinada a solventar los problemas educativos de colectivos marginados (emigrantes, gitanos, etc.), en enseñanzas artísticas (-29,6%), sobre todo música y en la formación de profesores.

Con todo, los profesores de enseñanzas no universitarias inician este curso con varias buenas noticias. Una, que han aumentado las plantillas docentes, con oposiciones y nuevos contratos (se sustituyen el 100% de los jubilados cuando antes la tasa de reposición era sólo del 50%), aunque no sirven para recuperar cinco años de pérdidas de empleo (se han perdido 24.800 profesores y con interinos y contratos a media jornada, casi 50.000). Dos, que para 2016 les suben el sueldo un 1%, tras cinco años de congelación, además de pagarles en octubre el 26,2% de la suprimida paga extra de Navidad de 2012 (otro 25% se lo pagaron en enero 2015 y el resto se lo abonarán en enero 2016), aunque sólo lo cobrarán los profesores de colegios públicos, no los 130.000 de la enseñanza concertada que también perdieron la extra.

Con más profesores, la otra novedad de este curso es que habrá menos alumnos por aula, tras decidir el Gobierno volver a la situación anterior a 2012, cuando los recortes de profesores y medios obligaron a masificar las aulas. Ahora, se bajan un 20% los porcentajes de alumnos por clase: de 30 a 25 en Primaria, de 36 a 30 en la ESO y de 42 a 35 alumnos en Bachillerato. Esto debería traducirse en una mejora de la calidad de la enseñanza y en una menor conflictividad, aunque los Centros seguirán con presupuestos muy ajustados, que les obligarán a recortes en medios (material, laboratorios, recuperaciones, prácticas) y servicios (calefacción, limpieza, instalaciones…), en perjuicio de esa calidad de la educación.

Las familias afrontan este curso con más gastos, ya que se espera suban algunos servicios, como el coste del comedor escolar (tras varios años con mínimas subidas), transporte escolar, libros y matrículas (cuotas concertada), mientras apenas mejorarán las becas (las del Estado aumentarán sólo 3 millones de euros, un +0,2%). Con ello, las familias, un tercio de ellas con niños en edad escolar, tendrán que afrontar una factura que ronda los 2.000 euros anuales por niño escolarizado. Ya en 2013, un estudio de la OCU revelaba que el gasto medio por hijo alcanzaba los 1.874 euros de media, oscilando entre los 1.268 euros por niño en la enseñanza pública, los 2.386 euros de la concertada y los 5.232 euros de la privada. Los mayores gastos anuales son uniformes (230 euros por niño), libros y material escolar (300), matrícula y seguros (100 euros), mientras que mensualmente los mayores costes son el comedor (110 euros), las extraescolares (de 50 a 90 euros) y el transporte (60 euros).

Este nuevo curso escolar 2015-2016 es el segundo año de implantación de la nueva Ley educativa, la LOMCE (estrenada en el curso 2014-2015), esta vez en los cursos pares de Primaria (2º,4º y 6º), en los cursos impares de la ESO ( 1º y 3º) y el 2º curso de la FP Básica. Otra novedad es que se implantará una nueva reválida a los alumnos de 6º de Primaria, en mayo de 2016 (supondrá un 40% de la nota final), mientras el Gobierno ha decidido de momento “aparcar” la otra reválida, en 4º de la ESO, que estaba prevista para 2017. Y se mantiene la decisión de suprimir la Selectividad en 2017-2018.

Además, la LOMCE modifica el temario escolar, como ya sucedió el curso pasado. Desaparece Educación para la Ciudadanía, se desdobla Conocimiento del Medio (por Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales) y se establecen tres bloques de asignaturas: troncales (reguladas por el Gobierno, 50% del total: Ciencias, Lengua y Literatura, Matemáticas y Lengua extranjera), específicas y de libre designación autonómica. En este grupo está por ejemplo la nueva asignatura “Tecnología, programación y robótica”, que van a estrenar 130.000 alumnos de la ESO en Madrid. Religión es una asignatura voluntaria (que cuenta para la nota media y las becas), que se puede sustituir por Valores sociales (Primaria) o Valores éticos (ESO). Y en 3º de la ESO, los alumnos pueden ya elegir algunas asignaturas optativas para encaminar sus estudios futuros hacia el Bachillerato o la FP. El problema es que este primer contacto con la FP, la FP básica, está teniendo problemas de implantación, por falta de plazas y profesores en muchos Institutos, debido a la escasez de recursos de las autonomías.

Un cambio clave de la LOMCE es que permite un horario desigual de las asignaturas clave entre autonomías, lo que significa que un alumno de secundaria pueda recibir un tercio más o menos de horas de Lengua o Matemáticas según donde viva, como denuncia un informe de los directores de centros públicos (Fedadi). Así, los estudiantes madrileños o cántabros tienen 35 horas anuales más de Lengua y Literatura en 1º de la ESO (con 5 horas semanales) que el resto (que tienen 4 horas). Son casi 2 meses más de clase. Y en Matemáticas, los gallegos dan 5 horas semanales frente a las cuatro horas del resto de comunidades. Aragón o Euskadi tienen un tercio menos de horas de clase de Matemáticas que el resto en 3º de la ESO. Un sinsentido educativo y más cuando la LOMCE establece que todos los alumnos van a hacer una reválida idéntica al final de la ESO.

Con todo, el mayor problema que tiene la LOMCE es la incertidumbre sobre su futuro. La Ley la aprobó el Gobierno Rajoy en solitario, sólo con los votos del PP, pero la tienen que aplicar las autonomías. Y doce autonomías, las 7 gobernadas por el PSOE y las 5 gobernadas por fuerzas nacionalistas, están en contra de la LOMCE y además se quejan de falta de recursos para financiarla: el Estado central aporta unos 350 millones pero otros 614 millones vendrán de Europa, del Fondo Social Europeo, recursos que tendrán que “adelantar” las autonomías con deuda (y ya están bastante endeudadas). Por eso, acaban de pedir al Gobierno que paralice la aplicación de la LOMCE y frene las reválidas.

Pero el problema de fondo es que la educación en España se apoya en una Ley, la LOMCE, que rechazan la mayoría de grupos políticos, por su ideología conservadora, por segregar a los menos preparados y por un esquema de evaluaciones que obvia la formación integral. Y ese rechazo es tan serio que casi todos los grupos de oposición (todos salvo UPyD, UPN y Foro Asturias) han firmado un documento por el que se comprometen a derogar la LOMCE en el primer periodo de sesiones parlamentarias si el PP pierde la mayoría. Algo que podría pasar tras las elecciones generales de diciembre próximo. Eso obligaría de nuevo a cambiar todos los programas educativos y libros de texto (150 millones) en 2016.

Esta es la gran incertidumbre del nuevo curso: qué va a pasar con la LOMCE, la séptima Ley educativa de la democracia, aprobada en 2013 con el único apoyo del PP. Una incertidumbre que agobia a los centros, a los profesores, a los alumnos y familias, que tendrían que volver a cambiar planes de estudio y libros. Por ello, la comunidad educativa exige a los políticos, tras las próximas elecciones, un gran Pacto educativo, que dé estabilidad a la enseñanza por una o dos décadas y evite su politización. Un pacto que debería asegurar una financiación estable para la educación, con un Presupuesto de un 6% del PIB (en vez del 4% actual, lo que supondría casi 20.000 millones más al año para la enseñanza), para reforzarla con profesores, colegios y medios. Y un pacto que estableciera las bases de una enseñanza de calidad, sobre todo en escuela pública (muy deteriorada), con una formación más práctica y dirigida al empleo. Y con programas específicos para luchar contra el abandono escolar (21,9%, el doble que en Europa) y el acoso y la violencia en las aulas.

Así que empezamos un curso nuevo que no sabemos si acabaremos con la misma Ley de educación  o con otra nueva, forzada por los resultados de las próximas elecciones. Una incertidumbre muy negativa para la calidad de la enseñanza y para nuestros hijos. Somos el 2º país con más paro de Europa y mejorar la formación es clave para el empleo. Pero para ello hay que volcarse en la enseñanza, con dinero, medios y profesionalidad, dejando que sea la comunidad educativa y no los políticos de turno quien marque el rumbo docente. Votemos por ello.

La doble comisión de los cajeros

En las próximas semanas, cuando saque dinero en un cajero que no sea de su banco, tiene un 50% de posibilidades de que le cobren una nueva comisión de 2 euros, además de la que  ya le cobraba su banco. CaixaBank la cobra desde marzo y ahora la cobrarán BBVA y Santander (y quizás Popular), aunque no la cargarán entre ellos Bankia, Sabadell y las Cajas de Euro6.000. Además, van a cobrar esa comisión a los turistas que nos visitan, 68 millones este año. La nueva comisión ha sido denunciada por los consumidores ante Bruselas y el Banco de España, que dice que sólo se puede cobrar una comisión, no dos, aunque de momento no ha tomado medidas. Quizás porque, en paralelo, el banco emisor ha alentado a los bancos a cobrar más comisiones a los clientes, para mejorar sus márgenes. Ya lo hacen: las comisiones llevan dos años subiendo y los clientes pagamos 168 euros de media, más que en Europa. Y eso que los grandes bancos han duplicado sus beneficios este año.
 

enrique ortega

España es un país donde nos gusta pagar en efectivo y usar los cajeros. Los españoles no somos de usar mucho las tarjetas y hacemos el 70% de las compras en metálico, frente al 50% en Francia o el 30% en Alemania, según Master Card. Y por eso, vamos mucho al cajero: 905 millones de veces en 2014, una media de dos veces al mes por adulto. Y por eso, España tiene la mayor red de cajeros de Europa: 1 cajero por cada 920 habitantes. Esa fuerte demanda ha obligado a bancos y cajas a realizar una fuerte inversión en cajeros, aunque con la crisis hay menos que antes: 50.441 en 2015 (34.480 de Servired, 7.500 de 4B y 9.961 de Euro 6000). Y como estamos “enganchados” al cajero, los bancos lo aprovechan para intentar aumentar sus ingresos y de paso rentabilizar sus inversiones en la renovación de cajeros.

Hasta ahora, cuando un cliente sacaba dinero en un cajero que no era de su banco, el propietario del cajero le cobraba una comisión al banco del cliente emisor de la tarjeta, la llamada “tasa de intercambio”, que suele ser 0,65 euros por operación. Y luego, el banco ya veía si repercutía o no a su cliente esa comisión, entre 0 y 1,50 euros por operación, según su política comercial y el perfil y la vinculación del cliente. El 19 de marzo de este año, CaixaBank, el banco líder en cajeros en España (9.683) rompió este esquema y anunció que empezaba a cobrar una nueva comisión de 2 euros por el uso de sus cajeros a los no clientes. Es una comisión que carga al no cliente que saca el dinero (“acces fee) no a su banco, que además le puede cobrar la otra comisión.


La iniciativa provocó un revuelo en el resto de la banca y al final los otros dos grandes se van a sumar: BBVA cobrará los 2 euros desde el 14 de septiembre y Santander desde primeros de octubre. A última hora, CaixaBank y BBVA han decidido hacer una excepción: no cobrarán a sus clientes por sacar dinero en la red del otro banco. Y el Popular podría también sumarse en octubre a cobrar los 2 euros a los no clientes que sacan dinero en sus cajeros. Pero Bankia, Sabadell y las Cajas que forman el sistema Euro6000 (Unicaja, Ibercaja, Liberbank, BMN, Abanca, Kutxabank y Evo Banco) han alcanzado un acuerdo (donde no han querido admitir a ING Direct) para no cobrarse entre ellos esta nueva comisión de 2 euros en sus cajeros y devolvérsela a sus clientes en el caso de que se la carguen CaixaBank, BBVA y Santander (o Popular).

En total, pues, casi el 50% de los cajeros cobrarán este otoño esa nueva comisión de 2 euros a los no clientes. Los bancos lo justifican por dos razones. Una, para hacer frente a la competencia de los bancos pequeños sin apenas cajeros, que se apoyan en la red de los grandes sin hacer inversiones (y en el futuro, podrían hacerlo Google, Apple o Amazon si emiten tarjetas). La otra y fundamental, para ingresar más y financiar así la inversión que han hecho en cajeros (CaixaBank ha gastado 500 millones). Se estima que la nueva comisión puede reportar a la banca unos 100 millones anuales de ingresos extras.

El mayor ingreso puede venir de las retiradas de efectivo en los cajeros de los turistas que nos visitan, 68 millones de extranjeros este año 2015. CaixaBank ha presionado a Visa y Master Card para conseguir que autoricen el cobro de esta comisión a los turistas, para lo que han tenido que cambiar ligeramente sus estatutos. Pero para la entidad catalana, es un asunto clave: un 26,5% de todos los turistas extranjeros (18 millones) visita Cataluña (y un 11,3% más la Comunidad Valenciana y Baleares), donde sus cajeros son omnipresentes.

Con esta nueva comisión de 2 euros, España será el país europeo donde más se paga por sacar dinero en los cajeros: la comisión media en los siete países más ricos de la UE es de 1,4 euros. En Holanda, Reino Unido y Suecia, los bancos no cobran por la retirada de dinero, ni en sus redes ni en las ajenas. En Francia cobran 1 euro, en Italia 1,95 euros y en Alemania, 2,19 euros cuando la red es de otro banco.

Las asociaciones de usuarios, desde la OCU y Facua a Adicae, han denunciado esta nueva comisión en los cajeros, ante el Banco de España y ante la Comisión Europea, ya que supone cobrar dos veces por el mismo servicio. Ante el revuelo levantado, Bruselas ha pedido información y el Banco de España señaló en julio que los bancos no pueden cobrar dos comisiones por un mismo servicio y que estará vigilante. Pero los bancos creen que la nueva comisión es legal, según un informe jurídico encargado por Servired al despacho de Uría y Méndez (aunque otro encargado al bufete de Gómez Acebo disiente). Y se acogen a que los bancos no cobran dos comisiones sino una cada entidad: una que cobra el que da la tarjeta al cliente y otra el dueño del cajero. Eso sí, la Comisión de la Competencia (CNMC) también ha abierto una investigación por el hecho de que los tres grandes se hayan puesto de acuerdo en cobrar lo mismo (2 euros) a los no clientes que usen sus cajeros.

Para evitar problemas, mientras Bruselas y la CNMC se pronuncian, CaixaBank ha renunciado a cobrar la antigua comisión de intercambio a  los bancos (los 0,65 euros), algo a lo que no quieren renunciar los demás, que parece que la seguirán cobrando (doble comisión). Y el Banco de España ha dicho en agosto que “carece de indicios de que se aplique la doble comisión en los cajeros”. Así que aún no sabemos cuánto nos costará en realidad sacar dinero de un cajero de otro banco este otoño: si una comisión o dos. Pero lo que es seguro es que costará más del doble que hasta ahora (al menos 2 euros, frente a 0,65 euros).

La batalla de los cajeros es solo la última muestra de la guerra de la banca por conseguir más ingresos por comisiones a sus clientes. En los últimos meses, han dado pasos significativos en el aumento de cobros por distintos servicios: ingreso en efectivo en las oficinas (quieren que no vayan los clientes), sobre todo cuando ingresamos dinero a terceros, cobro por descubiertos (el Santander lo ha subido a 39 euros), comisiones por mantenimiento de cuenta (han subido un 31,5% desde 2007, según kelisto.com), comisiones por apunte, cobro de cheques, transferencias y pago por recibos no domiciliados, además de subir las comisiones anuales por tarjetas de débito y crédito y también por fondos, Bolsa y seguros.

En paralelo a esta subida de comisiones, arrecian las campañas de marketing centradas en “Cero Comisiones”, un gancho para atraer a clientes vinculados, con nómina o pensión y recibos o préstamos. Pero el hecho cierto es que la mayoría de clientes pagan más comisiones cada año: la media es de 168,73 euros por cliente, según un estudio de Facua en 2014. Y son los grandes bancos los que más comisiones cobran: Barclays (271,41), Santander (248,40), Unicaja (242,40), CaixaBank (239,90), BBVA (216,70), Sabadell (213,20) y Popular (204,50). Por otro lado, los españoles somos los europeos que más comisiones bancarias pagamos tras los italianos, según la Comisión Europea.

La banca está utilizando los ingresos por comisiones para cubrir la caída de márgenes derivada de los bajos tipos de interés y del desplome del crédito. En 2014, la banca española ingresó 11.257 millones de euros en comisiones, aumentando por primera vez desde la crisis. Y este año 2015 vuelven a crecer. Y cada vez, estas comisiones pesan más en sus cuentas: suponen un tercio de sus ingresos por intereses (32,65%), cuando en 2007 eran la quinta parte (20,9%). Y todo apunta a que seguirán creciendo, aunque sus beneficios se recuperan con fuerza tras la crisis y el rescate bancario: en la primera mitad de 2015, los 6 grandes bancos han duplicado sus beneficios (7.989 millones de euros). Y ya hay 133 banqueros españoles que ganan  más de 1 millón de euros anuales (81 de ellos ganan más de 2 millones), según acaba de revelar la Autoridad Bancaria Europea (EBA).

El propio Banco de España está alentando a los bancos a cobrarnos más comisiones: en junio, el subgobernador del banco emisor, Fernando Restoy, recomendó a los bancos generar más ingresos por comisiones: “el cobro de comisiones es la única fórmula, junto al recorte de costes, para combatir los bajos márgenes de rentabilidad del negocio bancario”. Así que tienen “su bendición oficial” para crujirnos.

En resumen, que hoy nos suben las comisiones en el cajero y mañana nos cobrarán por otra cosa. Además, cada vez hay menos bancos en España (de 55 se ha pasado a 14), más grandes (los 6 grandes controlan el 69% del mercado), que se ponen de acuerdo entre ellos para imponer comisiones, con lo que hay pocas salidas. La solución debería venir por una regulación europea, con la futura unión bancaria, donde el BCE y Bruselas fijaran unas reglas comunes para todos los bancos europeos, con las que saldríamos ganando porque ahora pagamos más comisiones. Pero tampoco hay que confiar mucho, porque las comisiones son libres y a las autoridades no les gusta mucho inmiscuirse en el poderoso negocio bancario. Así que los clientes estamos bastante desprotegidos. Digan lo que digan.

El temor a China en un mundo estancado

Ha sido la noticia económica de agosto: el temor a la crisis del gigante chino, la locomotora de la economía mundial en las dos últimas décadas. China está creciendo menos y su Gobierno ha tomado medidas excepcionales para reanimar la economía: devaluar su moneda, inyectar liquidez y bajar los tipos de interés, además de intervenir en sus Bolsas para frenar unas drásticas caídas que han contagiado a todos los mercados. El susto ha pasado pero los problemas siguen ahí y el mundo pide que China cambie su modelo de crecimiento y liberalice su economía para impedir una crisis más profunda, de consecuencias inimaginables. El problema es que los temores sobre China resurgen cuando el resto del mundo está estancado y el FMI ha pedido medidas al G-20 para evitar un "frenazo económico": Japón está a las puertas de su quinta recesión, Europa apenas crece, Canadá está en recesión y Latinoamérica y muchos emergentes han entrado en crisis. Salimos de la gran recesión, pero la economía mundial no tira, salvo EEUU (poco). Y si pincha China, apaga y vámonos.
 

enrique ortega

El temor a una crisis en China es un miedo recurrente, tras tres décadas de fuerte crecimiento, superior al 10% durante varios años, que le ha llevado a convertirse en la segunda economía mundial, tras EEUU. Este verano, el detonante de los temores fue el mal dato de las exportaciones chinas en julio: habían caído un 8,3%. Y algo peor: ya eran 5 meses, de los 7 transcurridos en 2015, en que caían las exportaciones, el motor del crecimiento chino. Por eso, el 11 de agosto, el Gobierno inició la devaluación de su moneda, el yuan, un 3% en tres días, una medida que se disfrazó como una liberalización en su mercado de divisas (apoyada por el FMI) pero que los mercados interpretaron como una confirmación de que el crecimiento chino era débil y que quizás no alcanzara el 7% previsto para 2015. Eso hizo hundirse a la Bolsa de Shanghái, que cayó un 35% desde junio, contagiando a todas las Bolsas mundiales. Y el Gobierno chino se vio obligado a intervenir, con compras en Bolsa, inyección de liquidez y rebaja de tipos (la quinta desde noviembre) para calmar los ánimos.

Lo peor pasó y a finales de agosto y principios de septiembre hay algo más de calma en los mercados, aunque siguen muy vivos los temores sobre un posible “pinchazo” de la economía china, que ha sido la locomotora de la economía mundial en las últimas décadas y sobre todo, tras la crisis financiera de 2008, aportado la mitad de lo que ha crecido el mundo en estos años. Tras los fuertes crecimientos de China en las últimas tres décadas (por encima del 10%), en 2014 creció “sólo” un 7,4% y para este año el objetivo es crecer al 7%, aunque algunos expertos creen que podría no superar el 4%. Y además preocupa que estalle alguna de las tres “burbujas” que se han creado en la economía china: la burbuja del crédito (gobiernos locales y empresas estatales, tienen una deuda de 28 billones de dólares, el 280% del PIB), la burbuja inmobiliaria y la burbuja de la Bolsa (subió un 150% el último año).

El problema de fondo es el agotamiento del modelo de crecimiento de China en estos 30 años, basado en la exportación, en convertirse en “la fábrica del mundo”, un modelo que ha tocado fondo por razones externas (el comercio mundial y las principales economías se han estancado y les compran menos) y sobre todo por razones internas: los salarios chinos se han triplicado, falta mano de obra cualificada (por su política demográfica), hay escasez de energía y materias primas, falta innovación y tecnología  y está en riesgo el medio ambiente y la estabilidad social, con una creciente desigualdad y corrupción. China ha crecido gracias a la inversión pública en infraestructuras y a las exportaciones pero esos motores se agotan y ahora necesita cambiar el modelo y crecer en base al consumo interno, que sólo aporta un 38% del crecimiento cuando en España y Occidente supone el 60%.

El reto es complejo: conseguir crecer en base a un mayor consumo de los 1.200 millones de chinos a la vez que siguen inundando el mundo con sus productos baratos. Y en el camino, desinflar las burbujas de la Bolsa, el mercado inmobiliario y la enorme deuda. Tienen a su favor dos factores: mucho dinero (unas inmensas reservas de 3,6 billones de dólares, invertidas por todo el mundo) y una economía muy intervenida por el Estado, que tiene todas las palancas para tomar medidas que intenten evitar las crisis. Pero a su vez, esta es también su debilidad: una economía muy intervenida acaba siendo muy ineficiente y por eso los expertos piden una mayor liberalización de la economía china, desde sus empresas a sus bancos, con mayor entrada al capital extranjero. El mayor obstáculo a esta apertura económica está en la política, en el control total del poder por el partido único (el PCCh), que defiende un “capitalismo de partido” (o un “comunismo de mercado”) que les ha ido bien en lo económico pero que a la larga, en la medida que la población progrese, es incompatible con la falta de democracia.

El futuro de China preocupa y mucho porque todos los análisis señalan que Asia concentrará el 75% del crecimiento mundial en la próxima década. El problema además es que los temores sobre China han saltado en un momento en que el resto del mundo está estancado y apenas “tira”, aunque oficialmente haya salido de la gran recesión de 2008.

Japón acaba de anunciar que su economía ha caído un 0,4% en el segundo trimestre, tras sólo 6 meses de crecimiento, con lo que va camino de entrar en su quinta recesión en los últimos siete años. La Unión Europea sigue estancada (ha crecido sólo un 0,4% en el segundo trimestre de 2015, lo mismo que en los dos anteriores) y la zona euro va incluso peor, con un mínimo crecimiento del 0,3% entre abril y junio (inferior al 0,4% de los dos trimestres anteriores). Francia está parada (creció un 0% en el segundo trimestre), Italia casi (+0,2%) y Alemania crece el 0,4%, mientras Holanda y Austria crecen el 0,1%. Y España “saca pecho” con un crecimiento del 1%, mientras Reino Unido crece al 0,7%. Miserias. Canadá, la décima economía del mundo, acaba de entrar en recesión por la crisis del petróleo. Y entre tanto, muchos países emergentes han entrado en crisis, por la caída del comercio mundial y de los precios de las materias primas, desde Brasil (en recesión) a Chile o Venezuela, Indonesia, Sudáfrica, Rusia o Australia. La propia directora general del FMI acaba de decir que espera en 2015 un crecimiento mundial “más débil del esperado”, en torno al 3%. Y el FMI ha advertido al G-20 del riesgo de un "frenazo económico", por China y la debilidad de los países emergentes, la fortaleza del dólar, la caída de las materias primas y el menor flujo de capitales.  

La esperanza es Estados Unidos, el único país que va mejor y crea bastante empleo. Pero tampoco está para echar cohetes: la Reserva Federal ha rebajado en junio su previsión de crecimiento para 2015, del 2,3%-2,7% que preveía en marzo al 1,8%-2%, un crecimiento moderado que podría retrasar la decisión de subir los tipos de interés, quizás hasta fin de año. Y en agosto se han creado menos empleos (173.000) que en los siete meses anteriores (212.000 nuevos empleos mensuales), aunque el paro ha caído al 5,1%, el nivel más bajo desde abril de 2008 (y menos de la mitad que el paro en la zona euro: 10,9%). En cualquier caso, si suben los tipos la próxima semana (16 y 17), por primera vez desde la crisis de 2008, EEUU podría provocar un mayor estancamiento en la economía mundial, agravando la crisis de China y sobre todo, de los países emergentes: la mayoría están muy endeudados y con un dólar más fuerte, aumentaría el pago de intereses de la deuda, frenando su crecimiento. Por eso, quizás esperen a diciembre para subir los tipos (suavemente). 

Así que el problema no es sólo que China pueda crecer menos del 7% sino que el resto del mundo (que supone el 83% del PIB mundial) apenas crece e incluso decrece, mientras EEUU no acaba de tirar de la economía mundial, a un año de las elecciones presidenciales de 2016. El mundo ha salido oficialmente de la gran recesión pero ha entrado en un parón, en un “estancamiento prolongado”, en una espiral de mínimo crecimiento, empleo e inflación. Haría falta un esfuerzo conjunto de los grandes países para reanimar la economía mundial, con políticas coordinadas a través del G-8, del G-20 o del FMI. Pero los dirigentes mundiales, reunidos el viernes y sábado en Ankara (Cumbre G-20), no han tomado medidas concretas para estimular las economías, como les pedía el FMI . Y cada uno sigue "a lo suyo", a intentar salvarse depreciando su moneda (el Banco Mundial habla de una escaramuza de “guerra de divisas”), bajando tipos o protegiendo sus exportaciones y ayudando a sus empresas.

Es la política de “sálvese el que pueda” y dejar que los mercados manden, a golpe de vaivenes, sustos y millonarias plusvalías. No hay una coordinación económica mundial ni una apuesta decidida por salir de la crisis con decisión y más estímulos públicos al crecimiento y al empleo. En este contexto de estancamiento y descoordinación, si China falla y “pincha”, acabaremos en otra grave recesión. Lo saben, pero los líderes mundiales (G-8 y G-20) no hacen nada para evitarlo. No aprenden.     

El fraude de los concesionarios subvencionados

El fraude de los vendedores de coches saltó el 28 de julio y por eso pasó bastante desapercibido. Pero afecta a mucha gente: la mayoría de los que compraron un coche nuevo entre febrero de 2006 y agosto de 2013. En esos años, los concesionarios se pusieron de acuerdo para limitar los descuentos a compradores de coches y usuarios de talleres oficiales, que perdieron entre un 5 y un 10% de descuentos adicionales, según el expediente abierto por la Comisión de la Competencia (CNMC). Entre 900 y 1.800 euros por coche, que ahora quiere reclamar la OCU. El fraude es más indignante porque lo han hecho unos vendedores de coches que han sobrevivido a la crisis gracias a las ayudas públicas del Plan PIVE, que nos han costado a los contribuyentes 3.363 millones desde 1.999. Un Plan PIVE que además sirve para financiar la compra de coches importados, ayudando a crear empleo fuera de España. Pero el Gobierno Rajoy ha aprobado más fondos para 2016. 
 

enrique ortega

Los concesionarios de coches estaban bajo vigilancia de la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) desde principios de 2013, ante la sospecha de acuerdos entre ellos para fijar los descuentos a los compradores de coches. Ante las primeras investigaciones, el grupo líder de ventas (Seat-Volkswagen) se ofreció a colaborar con la CNMV y entregó (abril 2013) documentación clave para demostrar el fraude a cambio de inmunidad. Con este material y una amplia investigación, la CNMV abre un expediente a 23 marcas de coches entre agosto de 2013 y mayo de 2014. Y ahora, el 28 de julio de 2015, ha impuesto una multa histórica, de 171 millones de euros, a 21 marcas de coches (91% de concesionarios) por establecer acuerdos para limitar los descuentos que hacían a sus clientes. De estas multas se ha librado Seat y el grupo Volkswagen (les tocaban 39,4 millones) por haber colaborado con la investigación, aportando pruebas del fraude (por “chivatos”).

En esencia, el fraude consistía en el intercambio de información entre las marcas de coches, a través de dos empresas de consultoría (Urban Science y Snap-on), sobre precios y comisiones a aplicar no sólo en la venta de coches (nuevos y usados) sino también en los servicios oficiales de taller, desde las revisiones y reparaciones a la venta de piezas. Y eso está probado al menos durante 7 años y medio, entre febrero de 2006 y agosto de 2013. Según demuestra el expediente de la CNMC, las marcas se pusieron de acuerdo en limitar los descuentos a los compradores (no más del 4%) y en no realizar políticas comerciales más agresivas. La estimación de la CNMC es que  los concesionarios podrían haber obtenido con estos acuerdos  una ganancia ilícita del 5 al 10% del precio de los coches y servicios.

La multa de la CNMV ha sido recurrida por las marcas de coches ante la Audiencia Nacional, argumentando que ellos no han pactado precios y que la competencia entre marcas es un hecho, como lo demuestra que los precios de los coches han bajado un 8% en los últimos cuatro años, siendo España el país que aplica los mayores descuentos  en Europa (un 65% más que los cinco principales mercados). Y se quejan de la elevada multa de 171 millones  (aunque sólo sea entre el 0,10 y el 2% del volumen de negocio del sector), argumentado que el sector no se ha recuperado aún de la fuerte caída de ventas (-60% desde 2007). Además, algunas multinacionales del automóvil  presionan al Gobierno Rajoy para que intervenga, amenazando en privado con cancelar inversiones. Y hay riesgo de una ruptura en el sector, con todos frente al grupo Seat-Volkswagen, por haber “delatado” los acuerdos.

Ahora, si la Audiencia Nacional confirma el fraude y la multa, se abre la vía para que los consumidores reclamen ante los tribunales por daños y perjuicios. Se estima que los compradores de coches pueden haber perdido un descuento adicional del 5 al 10% del precio del coche, entre 900 y 1.800 euros para un vehículo que costara 18.000 euros. La asociación OCU va a comenzar a interponer reclamaciones a finales de septiembre. El proceso será complejo, ya que hay que demostrar el fraude  caso por caso, con el informe de peritos, por lo que una alternativa podría ser promover una acción colectiva que llevara a una mediación o a un pacto con las empresas investigadas, algo en cualquier caso difícil y complejo. Pero si ha habido fraude, las empresas tendrán que indemnizar a los afectados. Es la Ley.

Este no es el único fraude que ha salpicado a los concesionarios. Hace años que se denuncia el acuerdo entre concesionarios y empresas de desguaces para aprovechar las ayudas del Plan PIVE: los vendedores ofrecían al comprador buscarle un coche inservible para entregarlo a cambio de las ayudas (2.000 euros, 1.000 del Presupuesto y 1.000 de las marcas) por cambiar un coche viejo por otro nuevo. Por 500 euros, los vendedores ofrecían poner el coche del desguace a su nombre y cumplir con las normas del Plan PIVE, en connivencia con los desguaces. Así fue entre 1999 y junio de 2014, cuando el Plan PIVE 6 empieza ya a pedir que el comprador haya abonado el impuesto de circulación del año anterior. Y hasta el PIVE 7, en febrero de 2015, no se acaba de verdad con este fraude, al exigir que el titular del vehículo que se sustituye por uno nuevo lo sea al menos desde un año antes.

El fraude masivo de los concesionarios, pactando los descuentos a los compradores durante 7 años y medio, es más grave porque este sector ha sobrevivido a la crisis gracias a importantes ayudas públicas (Plan PIVE), que han salido del bolsillo de los contribuyentes. Las ayudas se iniciaron en 1.999, primero con el Plan PREVER, luego con el Plan VIVE y el Plan PIVE, del que en mayo de 2015 se ha aprobado la última entrega, el PIVE 8, con 225 millones de euros del Presupuesto, cuyos fondos se espera agotar en octubre. En total, han sido 3.363 millones de euros de dinero público, entre 1999 y 2015, para reanimar las ventas de coches. Y gracias a este dinero de todos, se han sustituido 1.200.000 coches viejos y se han recuperado las ventas de coches, que se habían desplomado con la crisis: si en 2004-2007 se vendían 1,6 millones de coches, las ventas cayeron a 722.000 en 2012-2013 y luego se han recuperado a 855.000 en 2014, con el objetivo de superar el millón de coches vendidos este 2015. Y todo ello, gracias a las ayudas pública del Plan PIVE, que han mantenido abiertos la mayoría de los concesionarios, mientras ellos, a cambio, pactaban recortar las rebajas a los compradores de coches.

El Gobierno Rajoy ha incluido en el Presupuesto para 2016 nuevas ayudas públicas para reanimar la venta de coches, recursos para un Plan PIVE 9, aunque eso va a depender de quien gane las elecciones de diciembre. En cualquier caso, el mantenimiento de estas ayudas es muy discutible. Primero, porque son muchos los que piensan que las ventas de coches ya se han recuperado y no necesitan más ayudas, que podrían destinarse a otras cosas (como a la investigación o a la reindustrialización). Y segundo, porque las ayudas públicas del Plan PIVE han servido para mantener empleo en la industria del automóvil en España pero también en otros países: de los 10 coches más vendidos en España en 2015, cinco se fabrican fuera (el DS4 de Citroën en Francia, el VW Golf en Alemania, el Dacia Sandero en Rumanía y Marruecos, el Renault Clío en Francia y el Nissan Qashqai en Reino Unido). Así que con nuestros impuestos, el PlanPIVE mantiene empleo en otros países. Y fomenta las importaciones de coches, que se han disparado en 2014 y 2015.

Está claro que el automóvil es una industria clave en España (la tercera, tras el turismo y la agroalimentaria), que aporta un 10% del PIB y mantiene el 12% del empleo, siendo España el 9º fabricante mundial de automóviles (2,4 millones en 2014) y el 2º europeo (tras Alemania). Pero ya recibe extraordinarias ayudas por otras vías, además del Plan PIVE: el sector ha recibido 5.836 millones de créditos blandos y ayudas desde 2009, además de los 3.363 millones del Plan PIVE. Más de 9.000 millones en 15 años, una cantidad superior al resto de la industria, más ayudas laborales (a los EREs temporales). Y todo ello para un sector que es muy dependiente del exterior (el 87% de los vehículos se exportan) y cuyas decisiones se toman fuera de España, por multinacionales (alemanas, francesas, japonesas, americanas o italianas) que cualquier día pueden decidir cambiar una fábrica de España a México, Rumanía, Turquía, Indonesia o Marruecos, a pesar de las millonarias ayudas recibidas.

No se trata de quitar ayudas a la industria del automóvil, sino clarificarlas, para que promuevan  sobre todo el empleo en España y sirvan para afianzar nuestro tejido industrial y nuestra tecnología, no para financiar empleo y ventas fuera de España. Y sobre todo, la industria del automóvil debe cumplir la Ley, como todos, y no justificar acuerdos ilegales contra la libre competencia, en perjuicio de los usuarios. Y menos cuando reciben cuantiosas ayudas públicas. Es un escándalo. Deberían indemnizar a los afectados y competir de verdad en la venta de coches, en beneficio de los compradores. No más fraudes.