lunes, 20 de abril de 2015

Intereses negativos: pagar por invertir


Es una locura, pero sucede en España y en otros 10 países europeos: los inversores que compran deuda pública tienen que pagar por invertir, porque los bonos tienen intereses negativos. Y hay bancos que cobran por los depósitos a empresas y grandes clientes. Algo chocante, que rompe todas las reglas de la economía. ¿La causa? Que los tipos de interés están en mínimos  y hay mucho dinero para invertir y pocos sitios donde hacerlo. Así que bancos y fondos prefieren prestar a los Estados, con seguridad, aunque no ganen. Y más si creen que los tipos seguirán bajando, ahora que el BCE ha iniciado la compra de deuda, para inyectar más liquidez y reanimar la economía europea. Los intereses negativos son síntoma de que algo va mal, de que la economía no tira. Y muestran un fracaso: sólo con liquidez y tipos bajos no salimos del estancamiento, de la “nueva mediocridad” (FMI). Los países tienen que invertir y gastar más, para reanimar la economía y el empleo.
 
enrique ortega

España, 7 abril de 2015. Una fecha que pasará a nuestra historia económica: ese día, el Tesoro colocó Letras a 6 meses a un tipo de interés negativo, el -0,002 % anual. Eso significa que quien prestó 1 millón de euros al Estado recibirá en octubre 10 euros menos de lo que invirtió. Algo inaudito, que no había sucedido nunca antes y que contrasta con el récord de interés que tenía que pagar la deuda pública en 2011 (5,33% en noviembre las Letras a 6 meses) y en 2012 (3,69% en julio), hasta que comenzó a bajar del 1%, en enero de 2013.

El Gobierno Rajoy atribuye estos intereses negativos a que “los inversores confían en España”, pero es otra manipulación más: los intereses negativos se dan en media Europa desde principios de año, antes que en España y con más intensidad. Realmente, la primera vez que se dieron tipos negativos en Europa fue en Alemania, el 9 de enero de 2012, a raíz de la grave crisis de la deuda y el euro: los inversores huyeron de invertir en la Europa del sur y pusieron su dinero en Letras alemanas a 6 meses al -0,0122%. Era el coste de la seguridad. Luego, los tipos negativos se repitieron en el verano de 2012 (cuando se hablaba del rescate de España e Italia), en la deuda a corto de Alemania, Francia y Dinamarca, los países más “fiables”. Y tras las palabras de Draghi (BCE) amenazando con intervenir, los tipos se recuperaron y volvieron a ser positivos. Hasta que han vuelto a ser negativos en 2015.

Entre febrero y marzo de 2015, hasta diez países europeos han emitido deuda a tipos negativos, antes que España: Alemania, Bélgica, Austria, Holanda, Francia, Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza y hasta la rescatada Irlanda. Y con unos tipos negativos más acusados que en España, ya que se dan incluso en la deuda a más plazo: Alemania emite a tipos negativos toda la deuda a menos de 7 años (al -0,019%) e incluso Suiza ha emitido ya a tipo negativo (-0,055%) la deuda a 10 años, cuando en España sólo está en negativo la deuda a seis meses (quizás, en la subasta de mañana 21 de abril, también suceda con las Letras a 1 año). De hecho, un tercio de toda la deuda europea (2,26 millones de euros) cotiza ahora a tipos negativos, según el Banco de Pagos Internacionales de Basilea.

Una situación desconocida en la historia del capitalismo, uno de cuyos sagrados principios es la rentabilidad: nadie invierte para perder. ¿Qué pasa entonces? Se suman varios factores. Uno, que el precio oficial del dinero está por los suelos: el tipo oficial del BCE está en el 0,05% (desde septiembre de 2014) y hay 20 países que han bajado sus tipos este año (desde Suiza a la India, pasando por Rusia, Australia, Egipto o Perú), en un vano intento de depreciar sus monedas (“guerra de divisas”) y reanimar sus estancadas economías.  Pero esto sólo no explica los tipos negativos. La razón básica es que hay una enorme liquidez en todas las economías, que hay mucho dinero disponible y pocos sitios donde invertir con claridad. Y como la deuda pública tiene más seguridad, los Estados pueden colocarla incluso ofreciendo tipos negativos. Y más a los bancos y fondos de inversión o de pensiones, que tienen que invertir forzosamente una parte en deuda pública, para diversificar riesgos. De hecho, los que están comprando deuda a tipos negativo son grandes inversores, no inversores particulares.

Ligada a estas compras está la tercera razón: los bancos centrales de los países están cobrando a los bancos por los depósitos que tienen en ellos, para forzarles a que muevan este dinero y lo presten. Así, el BCE cobra desde septiembre a los bancos europeos un 0,20% por sus depósitos de liquidez y el Banco de Suiza cobra incluso el 0,75%. Así que los bancos prefieren colocar esa liquidez en deuda, pagando tipos negativos del -0,002% (España) o incluso del -0.019% (Alemania), que pagar al BCE el 0,20% (o el 0,75% al Banco de Suiza). Incluso, prefieren pagar algo por aparcar su dinero en deuda pública que “arriesgarse” a prestarlo a empresas o particulares, a tipos bajos y con riesgo (morosidad). Así de triste.

Otra razón, la cuarta, que explica la “locura” de los tipos negativos: la inflación negativa. Al final, la rentabilidad de una inversión ha de tener en cuenta lo que “se come” la inflación. En España, por ejemplo, en marzo de 2013 se podían comprar Letras del Tesoro a  6 meses con un interés nominal del +0,794%, pero la inflación era entonces del 2,4%, con lo que el tipo de interés real era del -1,66%: la inflación se comía con creces la rentabilidad. Ahora, con las Letras a 6 meses al -0,002% anual, como la inflación es negativa (-0,7% anual), resulta que el interés real es positivo, del +0,698%. O sea, la rentabilidad real es mayor. Y como los inversores creen que la inflación será negativa por un tiempo más, les compensa invertir con tipos negativos, al menos hasta que lleguen al suelo del -0,20% que les cobra el BCE.

Hay otra quinta razón para comprar deuda a intereses negativos: pensar que la divisa en la que se compra la deuda va a revalorizarse. Es lo que creen los que compran deuda en francos suizos: dentro de unos años, les devolverán menos francos pero la moneda valdrá más y compensará el tipo negativo. Y quizás pase también a medio plazo con el euro, ahora de capa caída, porque a EEUU le preocupa tener un dólar tan fuerte para exportar.

Y queda una sexta razón para explicar por qué alguien paga por invertir: la especulación. Los bancos y grandes inversores piensan que los tipos de la deuda van a seguir cayendo, dado que el BCE va a comprar deuda pública europea hasta septiembre de 2016. Y por eso, creen que si venden mañana la deuda comprada hoy, valdrá más (los tipos y las rentabilidades en el mercado secundario son inversos). Y que tendrán compradores, los que piensen que todavía la podrán vender ganando porque siga bajando.“Tonto el último”.

Al final, si todo el mundo cree que la deuda seguirá bajando, bajará. Y todos especularán pensando que cuanto más tarde compren será peor. El problema es que los tipos negativos son una locura falta de lógica y “pueden dañar seriamente al sistema financiero”, como ha advertido el Banco de Pagos Internacionales de Basilea. De hecho, los tipos negativos son gasolina para las Bolsas, que han batido sus récords históricos en Europa (salvo el IBEX y la bolsa italiana y francesa). Y están alimentando otra burbuja inmobiliaria, con los grandes Fondos invirtiendo en inmuebles y oficinas (y batiendo récords de inversión en España). Eso sí, los tipos negativos pueden ayudar a las empresas y a las familias, al bajar el coste de su financiación, pero la realidad es que el crédito no despega, ni en España ni en Europa.

Y hay otro riesgo: que los tipos negativos se trasladen a los depósitos, a lo que nos pagan por el ahorro. De momento, ya hay bancos alemanes (Commerbank y Skatbank) y americanos (JP Morgan, Goldman Sachs y BNY Mellon) que cobran a sus clientes por los depósitos, aunque de momento sólo a las empresas y a los que tienen depósitos millonarios. En España, la banca dice que no piensa en cobrar por los depósitos, pero está claro que ahora no les interesa tanto captar ahorro, porque no dan casi préstamos y el BCE les penaliza los depósitos. Así que muchos bancos están intentando “quitarse clientes sólo de depósitos, buscando los que operen más y tengan inversiones en fondos y Bolsa (que pagan comisiones).

El verdadero problema es que los tipos negativos, una anomalía histórica, son un claro síntoma de que la economía europea está enferma, del estancamiento, que se refleja en una inflación negativa que lleva a  los consumidores a retrasar su consumo y a las empresas a vender menos, recortando el crecimiento y el empleo. Y ya no es sólo un problema europeo. La recuperación mundial “es mediocre”, ha dicho la directora del FMI, Christine Lagarde, que ha acuñado el término de la “nueva mediocridad”: bajo crecimiento con  baja inflación, alto endeudamiento y alto paro (ver previsiones del FMI sobre la economía mundial). Y ello a pesar de la caída del petróleo y la recuperación USA, mientras preocupa el menor crecimiento de Latinoamérica (recesión en Brasil, Argentina y Venezuela, preocupante para las empresas españolas), China y países emergentes, amenazados por el alza del dólar (encarece su deuda) y la caída de las materias primas.

Al final, los tipos negativos reflejan también otro hecho: el fracaso de la política monetaria en solitario, el hecho de que sólo con tipos por los suelos y mucha liquidez no se sale de una crisis tan profunda como esta. Es un arma que ha tocado suelo: ya poco más pueden hacer los bancos centrales por reanimar la economía, sobre todo si han tomado tarde las medidas: el BCE, seis años y medio después que EEUU. Ahora, urge acompañar a la política monetaria con otras políticas, sobre todo con la política fiscal: que los países ingresen y gasten e inviertan más, para reanimar la actividad y tirar de la inversión privada. Que la liquidez y el dinero no vaya a comprar deuda pública sino que se dirija a relanzar la inversión, pública y privada, que es el motor del crecimiento y del empleo.

Y para ello hace falta, en Europa, relanzar el Plan Juncker de inversiones, con más aportaciones de los países, que por ahora sólo han comprometido 21.000 millones de los 315.000 previstos para 2015-2017 (el resto “esperan” que sean inversiones privadas). Y conseguir más ingresos públicos (de multinacionales, empresas y grandes fortunas) para fomentar las inversiones en infraestructuras, tecnología, formación y competitividad de Europa. Y en España, más de lo mismo: más ingresos públicos para fomentar la inversión pública productiva (hoy es menos de la mitad que en 2007, la tercera más baja de Europa) y promover un cambio del modelo productivo, para pasar de una economía basada en la construcción y el turismo a una economía competitiva en el siglo XXI.

En resumen, los tipos negativos son una locura y un claro síntoma de que la economía está muy enferma. Y hay un serio riesgo de nuevas burbujas, en las Bolsas y en el mercado inmobiliario. Y también una muestra de que los Gobiernos no pueden dejar todo en manos del BCE y los mercados, que ha llegado la hora de la política, de que los países tomen medidas eficaces para relanzar la inversión y el empleo, para salir del estancamiento y “la mediocridad” de que habla el FMI. Huir de la austeridad y apostar de verdad por salir de la crisis.

jueves, 16 de abril de 2015

Más litigios para una Justicia colapsada


Por si la Justicia no estaba ya bastante colapsada, en 2014 aumentaron los litigios, por primera vez en los últimos 4 años. Y eso, aunque Ruíz Gallardón disparó las tasas judiciales en 2012. Con ello, los Juzgados no dan más de sí: sumarios por los suelos, sistemas informáticos colapsados, jueces con estrés y juicios que se citan para 2019, sobre todo en la jurisdicción mercantil y en los juzgados de lo social, los más colapsados. El ministro de Justicia ha quitado las tasas judiciales y ha aprobado tres Leyes para agilizar los procesos judiciales e informatizar la Justicia desde 2016. Pero jueces y expertos dicen que son parches y que hacen faltan más medios: duplicar los jueces (la mitad que en Europa), abrir más juzgados, aumentar personal y gastar mucho más en informática, donde hay 10 sistemas distintos. Hace falta una justicia más ágil, eficaz  e independiente: los españoles desconfían mayoritariamente de la Justicia. Y así no hay democracia que valga.
 
enrique ortega

La Justicia lleva una década colapsada, pero la situación se agravó en 2014, año en que aumentaron los litigios judiciales, por primera vez desde 2010. Y eso, a pesar de que Ruíz Gallardón aumentó drásticamente las tasas judiciales, en diciembre de 2012. El año pasado ingresaron en los juzgados españoles 8.653.160 nuevos asuntos judiciales, un 0,2% más que en 2013. La mayoría fueron asuntos penales (6,1 millones, el 70%, lo que indica una elevada conflictividad social), que se redujeron (-2,1%), igual que los laborales (427.966, un -8,8%), pero aumentaron los litigios civiles (1.845.173, +10,5%) y los contencioso-administrativos (206.700, +8,2%). Con este aumento, el índice de litigios subió a 185 asuntos por 1.000 habitantes, casi el doble de pleitos que en Europa (menos de 100 por cada 1.000 habitantes).

El aumento de pleitos en 2014 ha colapsado aún más los Juzgados, aumentando los sumarios por juez (1.702 asuntos) y reduciendo las sentencias (306 por juez, 1,33 por día laborable), quedando  2.562.153 sumarios en trámite a finales de 2014. La mayor congestión se da en los juzgados de lo Contencioso (pleitos con la Administración) y en los juzgados de lo Social, por el aluvión de juicios tras la reforma laboral de 2012. Las autonomías con más colapso judicial son Castilla la Mancha, Murcia, la Rioja, Valencia y Galicia, así como los juzgados mercantiles y los Juzgados de lo Social de Madrid y Sevilla.  

La duración media de los procesos mejoró en 2014, pero aún es muy elevada: 3,7 meses en primera instancia, 4,6 meses en segunda y 11,1 meses en el Supremo, o sea 19,4 meses de media, aunque en la jurisdicción contenciosa llega a 41,7 meses y en la Social a 27,3 meses. Un plazo medio de resolución de los litigios (473 días) es muy superior al del resto de Europa, siendo España el quinto país con la justicia más lenta, tras Portugal, Malta, Grecia y Chipre.

El colapso de la Justicia ha sido denunciando en las redes sociales por un grupo de jueces, la “brigada tuitera”, que difundió fotos de sumarios en los baños de los Juzgados y por los suelos, mientras faltan hasta estanterías, se colapsan los servidores y faltan jueces y personal, mientras las bajas no se sustituyen. Todo ello lleva a casos como el Juzgado de lo Social nº 3 de Sevilla, en la que se acaba de fijar un juicio para el 6 de febrero de 2019. O el mercantil nº 1 de Sevilla, que ha fijado un juicio oral sobre una clausula hipotecaria (interpuesta por un cliente de la Caixa en 2014) para febrero de 2018. O un juzgado de Cartagena que ha tardado 11 meses en fijar las medidas provisionales de un divorcio (que deberían tardar un mes).

Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el colapso de la Justicia son esclarecedores: 1.695 órganos judiciales, el 84,8% de todos los Juzgados tienen una carga de trabajo superior a la que pueden asumir. Y de ellos, 864 juzgados (el 43,5% del total) están sobresaturados: soportan una carga de trabajo del 150%. Son casi todos los Juzgados de 1ª instancia (el 95,65%), los Mercantiles (93,75%) y 45 de los 46 Juzgados de lo Social sin ejecuciones (el 97,83%). Y son datos de 2013: ahora será peor. Este colapso en los Juzgados se acaba cebando en jueces y funcionarios, aumentando las enfermedades y los infartos. De hecho, el 92,66% de los jueces declara padecer estrés por exceso de trabajo, según  una encuesta de Jueces por la democracia. Por ello, el CGPJ ha aprobado en enero de 2015 un Plan de riesgos laborales para jueces y personal de la Justicia.

La Justicia está colapsada porque aumentan los litigios, con causas cada vez más complejas (sumarios económicos y de corrupción), mientras se han reducido los Presupuestos y los medios. Nada más llegar al Gobierno, Ruíz Gallardón suprimió los 1.200 jueces sustitutos (que asumían el 20% de los casos en muchos Juzgados) y no  ha cubierto más que un 10% de jubilaciones, a la vez que recortaba el personal interino. Y el Presupuesto de Justicia ha perdido 328,76 millones en los últimos cinco años (pasando de 1.804,32 millones en 2010 a 1.475,56 en 2015), mientras las autonomías (12 tienen competencias y cargan con dos tercios de los gastos de la Justicia) han recortado también sus gastos e inversiones. Con ello, España gasta en Justicia 76,4 euros por habitante (2013), muy por debajo de la mayoría de países europeos (166,92€ Alemania, 134,68€ Italia, 123,32€ Francia y 166€ Portugal).

Menos gasto y menos medios, empezando por los jueces: en España hay 5.500 jueces y magistrados, 11 por 100.000 habitantes, la mitad que en Europa (21 jueces por 100.000 habitantes). Y lo mismo pasa por los fiscales (5,3 por 100.000 habitantes), funcionarios y personal de los juzgados, destacando la escasez de peritos y expertos en temas económicos, financieros y fiscales. La Fiscalía Anticorrupción ya pidió refuerzos en 2013 (sin conseguirlos apenas) y la Audiencia Nacional, con 6 Juzgados, apenas puede afrontar las 3.000 causas pendientes, de las que 77 son macroprocesos muy complejos. Y también están colapsadas la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, con pocos medios para apoyar a la Justicia. Y luego está el desastre informático: hay 10 aplicaciones informáticas diferentes e incompatibles.

Frente al grave colapso de la Justicia, el nuevo ministro de Justicia intentó paliar lo peor de Ruíz Gallardón, suprimiendo (febrero 2015) las tasas judiciales a las personas físicas (no a las empresas y pymes) y suavizando los cambios de tres Leyes del anterior ministro, aprobadas en febrero y marzo y que están ahora en el Congreso, para aprobarse en septiembre. La primera, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que obliga a los profesionales de la Justicia (abogados y procuradores) a  presentar los escritos y documentos por medios electrónicos a partir del 1 de enero de 2016. La segunda, la Ley orgánica del Poder Judicial, que establece medidas organizativas en el sistema judicial para tratar de agilizar los procesos: mejor sistema de reparto asuntos, mayor especialización tribunales, adscripción de los secretarios judiciales para ayudar a los jueces y Plenos para fijar criterios comunes que eviten sentencias contradictorias entre Juzgados. Y la tercera, la Ley orgánica que modifica  parcialmente la Ley de Enjuiciamiento Criminal (de 1882), para intentar agilizar la justicia penal, evitando los macroprocesos, ampliando los juicios rápidos y no enviando al juzgado los atestados policiales sin autor conocido (debería reducir los sumarios).

Jueces y expertos consideran que estas leyes son más realistas que las de Ruíz Gallardón pero que no dejan de ser “un parche”, retoques que no van a ser decisivos para agilizar y modernizar la Justicia. Y temen que la Justicia telemática, obligada a partir de 2016, ahonde aún más el caos actual, a convivir el papel y lo digital sin inversiones ni formación. La mayoría insiste: lo que hace falta son más medios (duplicar los jueces actuales) y más inversiones (en juzgados, personal e informática). Y denuncian que este año 2015, el Gobierno Rajoy sólo va a crear 100 nuevas plazas de jueces y gastará sólo 59,27 millones del Presupuesto de Justicia (1.475,56 millones) en modernización tecnológica. Una miseria…

Pero resolver el colapso de la Justicia no es sólo cuestión de dinero y personal. También hay que realizar cambios en la organización y aplicación de la Justicia. Empezando por promover las acciones colectivas, agrupando las demandas de muchos afectados (como las preferentes o las clausulas suelo de las hipotecas), algo a lo que tienen “aversión” la mayoría de jueces (unos por falta de medios de apoyo y otros porque cobran pluses de productividad por número de causas resueltas). Otra vía de acelerar la justicia sería promover los arbitrajes, los acuerdos sin llegar a juicio, más cortos (6 meses) y más baratos (60€). Además, los abogados se quejan de la mala organización de la justicia, con muchos juicios que empiezan retrasados o se suspenden y con vistas sólo tres mañanas a la semana. Parece clara también la necesidad de una mejor coordinación de los juzgados y compartir medios y personal.

Una Justicia lenta e ineficaz hace un gran daño a la economía y a los ciudadanos, que la valoran muy negativamente: un 48% de españoles creen que funciona mal o muy mal (Barómetro del CIS 2011) y la suspenden, con un 3,1 de nota (INE 2014). Pero quizás lo peor es que los españoles opinan que la justicia no es independiente de los poderes políticos y económicos: los españoles puntúan la independencia judicial con 3,2 puntos, la tercera peor nota en Europa, tras Eslovaquia y Bulgaria, según el informe EU Justice Scoreboard 2015. Y lo peor es que España ocupa el lugar 97 entre los 144 países evaluados en el ranking mundial de independencia judicial: hay países como Tanzania, Costa de Marfil, Nepal, Irán, Kazajistán, Timor, Vietnam, Argelia, Marruecos o Senegal que consideran su Justicia más independiente que los españoles. Tremendo. Sobre todo porque la independencia de la Justicia es una de las condiciones claves de una democracia.

Esta falta de legitimidad de la Justicia agrava aún más su colapso, su lentitud e ineficacia. Y debería obligar  a los partidos a un gran Pacto de Estado, para dejar de “instrumentalizar la Justicia” (con acuerdos para repartirse cargos) y poner los medios materiales y humanos para que los tribunales funcionen mejor y no torpedeen la economía. Es una de las asignaturas pendientes de la democracia, que algún día habrá que afrontar de verdad. Porque seguimos con una Justicia decimonónica en pleno siglo XXI. Eso es ineficaz y sobre todo injusto.

lunes, 13 de abril de 2015

SICAV récord: millonarios sin crisis


La crisis sigue ahí, pero las grandes fortunas tienen más dinero que nunca en las SICAV, la inversión favorita de los millonarios, porque apenas pagan impuestos. En 2014 se ha batido el récord histórico de SICAV (3.226) y de su patrimonio (31.486 millones), superior ya al de 2007. Y su rentabilidad triplica a la de la Bolsa. Las SICAV son una inversión legal, pero que deja muchas vías al fraude y facilita pagar menos impuestos a los más ricos, por lo que muchos piden reformas y un mayor control, que ahora está en manos de la CNMV, no de Hacienda. Pero el Gobierno dice que si se hacen cambios, las grandes fortunas se llevarán su dinero al extranjero. Es verdad y por eso hace falta  un cambio a nivel europeo, como pide la OCDE. Pero Bruselas no está por la labor. Y mientras, la mayoría de los contribuyentes volvemos otro año a pagar la Renta, cuando el 1% de la población apenas paga impuestos.
 
enrique ortega

Las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), creadas en 1983, son la inversión preferida de las grandes fortunas. Sobre todo, porque son bastante opacas (no hay que informar de todos sus titulares, sólo del Consejo de Administración) y apenas pagan impuestos: sólo tributan por el 1% de sus beneficios anuales (las sociedades por el 30% y los contribuyentes cotizamos a un tipo del 20 al 47% en el IRPF). Los miembros de la SICAV sólo pagan impuestos cuando venden y tienen beneficios, pero sólo tributan un 24% (como un Fondo de inversión o una renta de capital), casi como el tipo mínimo del IRPF (20%) y bastante menos que el tipo máximo que les corresponderían si pagaran IRPF (47%). Además, la constitución de SICAV está exenta de pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales.

SICAV hay en toda Europa (sobre todo en Luxemburgo, Suiza, Francia e Italia) y aquí se han desarrollado sobre todo a partir de los años noventa. Es una inversión legal, pero que tiene “mala fama porque deja vías abiertas al fraude, como señalan los técnicos de Hacienda (GESTHA). Primero, porque no son un instrumento de inversión colectiva, sino que las controlan las grandes fortunas. En teoría, hacen falta 100 inversores para crear una SICAV (con un capital mínimo de 2,4 millones de euros), pero en la mayoría de los casos las crea una familia acaudalada y busca a 99 testaferros (“mariachis”, en el argot financiero) para que den su nombre sin poner dinero. Y es el millonario el que decide la política de la SICAV. Así, con datos de la CNMV, de las 3.000 SICAV que había en 2013, en 2.500 el capital estaba entre un 80 y un 90% en manos de un partícipe. En el caso de Morinvest, por ejemplo, la SICAV de Alicia Koplovitz: el 99,89% del capital es suyo.

Y así se da paso a la segunda vía de fraude: se utiliza la SICAV para hacer compras o participar en otras empresas, sin tener que vender para comprar. Y si el dueño tiene que hacer gastos, los hace con cargo a la SICAV, sin tener que vender (y pagar impuestos) para comprar.

Con todo, el mayor problema de las SICAV es, para muchos, su falta de  control. El 30 de junio de 2005, el Congreso decidió (con el voto del PSOE, PP más Ciu y la oposición de IU) que el control de las SICAV pasara de Hacienda a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), lo que automáticamente invalidó 200 actas que la Agencia Tributaria había abierto a otras tantas SICAV por no tener de verdad los 100 socios exigidos. Ahora, la CNMV controla la constitución de SICAV, pero carece de medios e información para hacer un control efectivo, según los técnicos de Hacienda (GESTHA).Y así, carece de información sobre el origen de los fondos, cuáles son sus verdaderos titulares, si cometen fraude fiscal o blanquean dinero. Y Hacienda sólo puede vigilar si pagan el 1% o las plusvalías si venden.

Al final, todas estas ventajas fiscales y la escasa supervisión han hecho crecer las SICAV, a pesar de la crisis. En 2007 llegaron a un máximo (3.290 SICAV y 31.481 millones de patrimonio), para caer hasta un mínimo en 2011 (3.064 SICAV y 23.776 millones de patrimonio) y luego recuperarse en 2012 y sobre todo en 2013, a raíz de la amnistía fiscal de Montoro en 2012: muchas grandes fortunas, que tenían su dinero en SICAV de otros países, trajeron su dinero a España y crearon SICAV aquí, como reconoció en su día la CNMV. Y en 2014, se han batido todos los récords: se crearon 197 nuevas, alcanzando las 3.226 SICAV, con 450.211 accionistas (la mayoría “mariachis”) y con un patrimonio invertido de 31.486,8 millones, un 14% más que en 2013, según los recientes datos de la CNMV. Y con una rentabilidad que en muchos casos ha superado el 10%, el triple que la Bolsa (3,66% en 2014). Ahora, la patronal Inverco apuesta porque el patrimonio de las SICAV crezca otro 10% este año y alcance los 35.500 millones invertidos a finales de 2015.

De las 3.226 SICAV, hay 53 con más de 50 millones de patrimonio. En el top 10 están las SICAV de las grandes fortunas, los grandes millonarios españoles. Hasta 2011, las dos mayores SICAV eran las de Amancio Ortega (Keblar y Alazón), el dueño de Inditex, que ese año las cerró para dedicarse a la inversión inmobiliaria. Ahora, las mayores SICAV son las de la familia March (Carlos y Juan March): Torrenova de Inversiones (1.093 millones), Cartera Bellver (356 millones) y Lluc Valores (181,5). Les siguen Alicia Koplovitz (de FCC), con Morinvest (494,9 millones) y Sandra Ortega, de Inditex, con Soandres (402,5 millones).Luego la familia Gallardo (de laboratorios Almirall), con Elitia Invest (386 millones), Alberto Palatchi (de Pronovías), con Hesprisa (207,4) y Gesprisa (170,7 millones), la familia Del Pino (Ferrovial), con Allocation (337,8), Chat inversiones (269,1), Swift Inversiones (146) y Tosqueta Inversiones (105,7 millones), la familia Hernández Calleja (primer accionista de Ebro Foods), con Soixa (273,6 millones), Juan Abelló (ex de Conde), con Arbaria (138,5 millones), César Alierta (presidente de Telefónica), con Lierde (99,2 millones) y la familia  Entrecanales (dueña de Acciona), con cartera Kefren (67 millones).  

La liquidación del Banco de Madrid ha sacado a la luz otros nombres famosos que tenían una de las 87 SICAV gestionadas por el banco (con un patrimonio de 867 millones). Entre ellos, los jugadores de fútbol Carles Pujol y Roberto Carlos, el inversor indio Bhavani, las familias Aistrain (acero vasco), Carceller  (cerveza Damm), Colón de Carvajal (Osborne), Hernández (jamones Beher) o Fernández Somoza (ex dueño de Azkar). Junto a Banco de Madrid, se han especializado en crear SICAV para grandes fortunas Bankinter (387 SICAV), Deutsche Bank (82) y BNP Paribas (81), así como BBVA, Popular y Santander (que tiene una SICAV,Cartera Mobiliaria, con 350 millones).

Y luego hay fortunas españolas que siguen teniendo su dinero en SICAV registradas en  otros países, sobre todo en Luxemburgo, que ofrece dos ventajas adicionales: sólo pagan el 0,01% de impuestos anuales sobre beneficios (frente al 1% en España) y son más opacas y fáciles de crear, ya que se pueden constituir con un solo accionista , con menos capital (sólo 1,25 millones de euros, la mitad que en España) y las autoridades no obligan a informar qué inversor o inversores están detrás de la gestora de la SICAV. Estas SICAV luxemburguesas se hicieron famosas en 2014, cuando salió a la luz que el Parlamento europeo había creado una SICAV en Luxemburgo, que funcionó entre 1994 y 2009, para gestionar los fondos de pensiones de los 480 eurodiputados (sólo dimitió uno: Willy Meyer, de IU).

Al final, hay expertos que dicen que las SICAV son un instrumento legal de inversión, que incluso utilizan medianos inversores (hay SICAV que cotizan en la Bolsa MAB y cuyas acciones se pueden comprar abiertamente) y que no hay que “demonizarlas. Pero el hecho real es que son la inversión preferida de las grandes fortunas por su opacidad, escaso control y porque pagan menos impuestos que si crearan una empresa o invirtieran por libre. Por eso, los técnicos de Hacienda (GESTHA) creen que hay que hacer cambios en las SICAV, no prohibirlas. Y proponen dos cambios básicos. Uno, fijar un porcentaje máximo que una persona puede tener de una SICAV (entre el 2 y el 5%). Y el otro, fijar una fecha  límite para aflorar las plusvalías y pagar impuestos (3,4 ó 5 años). Y además, proponen devolver su control y supervisión a Hacienda, algo que también pide Intermón Oxfam, que defiende una tributación de las SICAV similar a las de las empresas (que paguen el 30% sobre beneficios).

La OCDE recomendó a España, en septiembre de 2014, que revisara el régimen fiscal de las SICAV, “para que no se utilizaran para eludir el pago de impuestos”. Pero el Gobierno Rajoy no ha cambiado la normativa de las SICAV en la reforma fiscal que aprobó en 2014, desatendiendo la petición del Comité de expertos, que pedía unas “SICAV para pobres”. Montoro ha reiterado que el Gobierno no quiere cambiar las SICAV porque eso “abriría la puerta a una fuga de capitales, como pasó en el País Vasco, cuando reformó las normas: se fueron todas. El riesgo es real y por eso, cualquier cambio normativo exigiría hacerlo a nivel europeo al menos y si fuera posible a nivel mundial, con la OCDE y el G-20. Pero ni los países que captan inversiones vía SICAV ni la Comisión Europea están por la labor.

Así que parece que tendremos SICAV para rato, aún a costa de no reducir el fraude fiscal: estimado en 60.000 millones por los técnicos de Hacienda (GESTHA), una quinta parte procede de las grandes fortunas. Y se podrían recaudar unos 5.000 millones más cerrando las vías de fraude de los más ricos, sobre todo las SICAV. Eso permitiría gastar más en educación, sanidad, formación y gastos sociales, a la vez que reducir los impuestos de la mayoría, que pagamos entre el 20% y el 48% de nuestros ingresos, más que muchos millonarios. Piense en ello al hacer su próxima declaración de la renta. Y, sobre todo, al votar a finales de año.