Más negocio para la seguridad privada

Esta primavera encontraremos guardias privados de seguridad vigilando calles y centros comerciales, eventos deportivos o culturales, polígonos industriales y hasta el exterior de las cárceles y centros de inmigrantes. Además, podrán pedirnos la documentación, cachearnos e incluso detenernos. Y si hay algún enfrentamiento, disfrutarán de la protección del nuevo Código Penal, como si fueran servidores públicos. Son los cambios que introduce la nueva Ley de Seguridad Privada, que se debate ahora en el Senado y con la que el Gobierno amplía el negocio de la seguridad privada en España. El objetivo es privatizar una parte de la seguridad que ahora prestan las fuerzas de seguridad pública, que apenas crecen por los recortes. Con ello, tendremos una seguridad de peor calidad, con profesionales peor formados, y más centrada en empresas y particulares que la puedan pagar. Otro servicio público, como la sanidad, la educación, la justicia o el agua, que Rajoy privatiza.

enrique ortega

España es uno de los países europeos con más fuerzas de seguridad pública: 259.791 vigilantes públicos, casi como Alemania (260.000, con el doble de población), entre Guardia Civil (80.300), Policía Nacional (70.733), policías autonómicas (17.160 Mossos, 8.008 Ertzaintza y 1.090 Policías Forales de Navarra) y policías locales (64.500). Ello da una media de 1 guardia público por 198 habitantes, una proporción mucho mayor que la de Francia (1/271), Alemania (1/326), Reino Unido (1/382), Suecia (1/522) o Italia (1/565). Sin  embargo, cuenta con menos guardias privados de seguridad: 82.150, casi la mitad que Alemania (170.000) y la cuarta parte que Reino Unido (365.000). De hecho, España cuenta con un vigilante privado por cada 525 habitantes, una cifra muy inferior a la media europea (1/369) y a países como Francia (1/437), Alemania (1/484), Italia (1/260) o Reino Unido (1/170).

Con ello, España tiene casi tres guardias públicos por cada vigilante privado (2,65/1), mientras en otros países hay más equilibrio (1,61 públicos/1 privado en Francia o 1,48 públicos/1 privado en Alemania) o incluso gana la seguridad privada (0,44 públicos/ 1 privado en Reino Unido). Y eso, a pesar de que desde 2010 se han congelado las plantillas y sólo se reponen el 10% de las vacantes por jubilación, lo que ha aumentado la presencia de la vigilancia privada en tareas que antes cubrían exclusivamente las fuerzas de seguridad públicas: Ministerios e instituciones públicas (estatales, autonómicas y locales), cuarteles, aeropuertos, trenes, Metro, hospitales, centros educativos y Universidades, eventos deportivos (en cada partido del Bernabéu hay más seguridad privada que Policía Nacional), cabalgatas y procesiones, playas, urbanizaciones…

De hecho, un 24% del negocio de la seguridad privada en España lo contratan ahora el Estado central, las autonomías y los Ayuntamientos, con cargo a nuestros impuestos. Pronto, este porcentaje se disparará, cuando entre en vigor esta primavera la nueva Ley de Seguridad Privada, que está ahora en el Senado y que el Gobierno sacó adelante en el Congreso en diciembre, en Comisión (no pasó al Pleno, como es habitual), con el único apoyo de CiU y PNV. El objetivo de esta Ley es legalizar la presencia de la seguridad privada en zonas comerciales (la calle Preciados o Las Ramblas), polígonos industriales, urbanizaciones, eventos culturales o deportivos, exterior de cárceles y centros de detención de extranjeros. O sea, en cualquier lugar. Además, se permite a los vigilantes privados identificar, cachear e incluso detener en caso de fragante delito. Y estos guardias privados (que ahora podrán ser de países no europeos) tendrán la cobertura del Código Penal (nuevo artículo 554) en caso de ser atacados (delito de atentado, como si fueran funcionarios públicos).

Con esta nueva Ley, las empresas de seguridad privada van a “tener más negocio”, como ha reconocido el propio ministro del Interior, quien ha resaltado que España sea uno de los países con menos vigilantes privados (200 por 100.000 habitantes, frente a 271 en la UE). De hecho, el Gobierno Rajoy ya había privatizado una buena parte de la seguridad (en mayo pasado privatizó la vigilancia de los perímetros exteriores de 21 cárceles) y ahora se espera que en unos meses se multipliquen los concursos para que las empresas de seguridad entren en las instituciones públicas y suplan la falta de Policía Nacional y Guardia Civil, cuyas oposiciones se convocan con cuentagotas, para rebajar el gasto público.

Las empresas de seguridad privada llevan años presionando para conseguir esta Ley y compensar la caída de negocio (-20%) por la crisis y el fin de los atentados de ETA. En España hay 1.490 empresas de seguridad, que facturaron 3.865 millones de euros en 2012, según DBK. De ellas, sólo 436 empresas se dedican a vigilancia y protección y facturaron 2.503 millones en 2012, un 64,8% del negocio de la seguridad (el 27,6% son sistemas y alarmas y el 7,6% restante, transporte de fondos). Es un sector muy atomizado, con un 70% de empresas que tienen menos de 20 personas y donde sólo 5 grandes empresas controlan más de la mitad del mercado, la mayoría en manos extranjeras: Prosegur (23,6% de cuota, fundada en 1976 por el argentino Herberto Gut y ahora presidida por su viuda)  Securitas (13,7% del mercado, filial de la multinacional sueca Securitas), Securitas Direct (7%, ahora controlada por dos fondos de inversión USA), Eulen Seguridad (6,2%, de David Álvarez y su díscola familia, los propietarios de Vega Sicilia) y Grupo Segur Ibérica (5% del mercado, controlada por dos sociedades extranjeras de capital riesgo).

La privatización de gran parte de la seguridad que ahora hacen los cuerpos públicos de seguridad va a suponer un deterioro de la calidad del servicio. Primero, porque los guardias privados están peor formados: sólo hacen un curso de 180 horas (más 20 horas de reciclaje anual), mientras un Policía nacional hace un curso de 1 año en la Academia (Ávila) y otro año de prácticas en una comisaría. Y segundo, porque hay mucha rotación en este trabajo y están peor pagados: un vigilante privado sin arma gana 1.086 euros brutos al mes, frente a 1.450 euros un Policía Nacional recién salido de la Academia. Pero eso no significa que su empresa facture eso a los organismos públicos, porque hay que sumar su beneficio. A igualdad de servicio y sueldo, lo privado tiene el sobrecoste del beneficio (como en la sanidad).

Casi nadie está en contra de que haya más seguridad privada (ver encuesta). El problema, una vez más, es que la seguridad privada crezca gracias a los recortes de la seguridad pública, que en España, tras los cambios de la transición, se ha ganado el respeto por su profesionalidad y eficacia. Al final, lo que se hace es desviar recursos públicos a las empresas privadas, perdiendo el control del nivel del servicio y la calidad (como se ha demostrado en la privatización de los hospitales). Y con un coste que acaba siendo mayor, por el extracoste del beneficio privado. Y hay otro problema añadido: al privatizar parte de la seguridad, se facilita que esté más seguro el que se la pueda pagar, desde un comercio a una urbanización o un evento deportivo o cultural. Si tienes dinero para pagar guardias privados, vivirás más seguro. Si no, a ver si la Policía nacional o la Guardia Civil dan de sí para incluirte en su cobertura. Eso sí, si tienes una farmacia y contratas una alarma, cuando suene, quien se presenta es la Policía Nacional aunque la mensualidad se la pagues a una empresa privada.

Otro paso más del Gobierno Rajoy para privatizar servicios públicos esenciales, como ha hecho con la sanidad, la educación (España es hoy el país occidental con menos peso de la educación pública), la justicia, la Dependencia o el agua. Ya sabe, dentro de unos meses, una parte de su seguridad estará en manos de vigilantes privados, peor preparados, que pagaremos nosotros con nuestros impuestos, para que un reducido número de empresas privadas aumenten su negocio. No me da seguridad.

Informe PISA: la desigualdad educativa empieza en casa

Vuelta a clase, a proseguir el cuarto curso de los recortes, con menos profesores, menos medios y menos becas y ayudas. Y a la espera de concretar con las autonomías la nueva Ley educativa, que entrará en vigor en septiembre de 2014. Todo ello, teniendo muy reciente el último Informe PISA, que sitúa a España en un nivel educativo similar al de 2003, aunque en línea con  Europa. Preocupa que haya más desigualdad educativa, sobre todo entre las autonomías. Y no se debe tanto a que los jóvenes estudien en un centro u otro como a su origen social, al nivel de vida y educación de su familia y a la región donde viven: las más pobres dan peores resultados educativos. Y con la crisis y los recortes, ha aumentado la brecha económica y educativa entre el norte y sur de España. Ojo: la desigualdad económica (entre familias y regiones) se traduce en desigualdad educativa. Educarse empieza en casa.

Del perfil de Facebook de Literatura Infantil y Juvenil SM

El informe PISA, que la OCDE realiza cada tres años en 65 países, no es un examen de los conocimientos de los jóvenes de 15 años (4º de la ESO) sino sobre cómo saben usar esos conocimientos, la destreza que demuestran. Los resultados de España son polémicos: para unos, son muy malos, porque estamos por debajo de la OCDE en Matemáticas (484 puntos frente a 494), Lectura (488 frente a 496) y Ciencias (496 frente a 501). Para otros, estamos muy cerca de la media europea (489 en Matemáticas y Lectura y 497 en Ciencias) y hemos mejorado respecto al informe 2009, sobre todo en Ciencias. Pero hay un hecho claro: tenemos casi la misma nota que en el primer Informe de 2003 (incluso un punto menos en Matemáticas) mientras España ha aumentado su presupuesto en educación en estos diez años (del 4,4 al 4,8% PIB), sin que mejoren los resultados PISA.

El otro tema preocupante que refleja el informe PISA es que España tiene un menor porcentaje de alumnos excelentes: sólo un 8% de jóvenes españoles están entre los que destacan frente al 12% en la OCDE. Tenemos los mismos en los niveles de notas bajas (23%) y muchos más estudiantes “medianillos” (69%). Y nos baja mucho la nota el tener muchos más repetidores (1 de cada 3 estudiantes repiten curso en España): tienen 150 puntos menos de media que el resto de alumnos evaluados.

España, hasta 2009, daba un buen resultado en el informe PISA sobre equidad: teníamos una educación bastante igualitaria, al nivel de los países nórdicos. Pero con la crisis y los recortes, nuestra educación se ha hecho más desigual: los hijos de familias con mayores ingresos superan (PISA 2012) a los de niveles más bajos en 34 puntos (en Matemáticas), ya muy cerca del nivel de desigualdad de la OCDE (39 puntos de diferencia). Y lo peor, según el último informe: más del  85% de las diferencias en el rendimiento en Matemáticas de los alumnos españoles “es atribuible a diferencias socioeconómicas”, frente al 47% en Italia, el 16% en Canadá o el 26% en Australia. O sea: dime el nivel de ingresos de tu familia y te diré cómo son tus notas. En general, con excepciones que confirman la regla.

Esta desigualdad  no se debe sólo al nivel de ingresos familiar, sino a otros factores que suelen ir unidos, como el nivel educativo de los padres, donde España tiene un gran retraso: sólo el 40% de los españoles entre 25 y 64 años tienen educación secundaria no obligatoria frente a un 62% de media en la OCDE. Y eso tiene muchas consecuencias. Por ejemplo, que el alumno tenga en casa menos de 10 libros o más de 200 explica una diferencia de nota de 124 puntos (PISA). Y lo mismo, disponer de mayores recursos para ir a guarderías (obtienen después mejores notas), tener clases particulares o más o menos refuerzo en casa. El informe PISA refleja también que los hijos de inmigrantes (que se han triplicado en los colegios españoles, hasta el 9% de los alumnos) han obtenido 150 puntos menos, de media.

Diferencias educativas según clase social y diferencias aún mayores entre autonomías, en perjuicio de las más pobres, del sur de España. Así, obtienen una nota por debajo de la media de España en el informe PISA 2012 (como en los anteriores) Extremadura (461 puntos en Matemáticas frente a 484 España), Murcia (462) y Andalucía (472), las tres con la menor renta per cápita de España, más Baleares (475 puntos, quizás por el peso del turismo, que fomenta el abandono escolar). Y sacan nota por encima de la media (y de la OCDE), Navarra (517 puntos en Matemáticas), País Vasco (505), Madrid (504), La Rioja (503) y Aragón (496), las cinco regiones con más renta per cápita junto a Cataluña (que saca peor nota por el tema de la lengua y la elevada inmigración). También Castilla y León (509 puntos), como fruto de sus planes de refuerzo, y Asturias (500 puntos).

La crisis económica y los recortes han agravado la brecha económica entre las autonomías, con mayores diferencias entre el sur, que cae más, y el norte: en 2012, las autonomías que más cayeron, según el INE fueron Castilla la Mancha (-3,1%, que no se incluyó en el informe PISA 2012), Extremadura (-2,8%), Andalucía y Asturias (-2,1%) y Murcia (-2%), otra vez las tres autonomías que sacan peor nota en el informe PISA. Una brecha escolar entre autonomías que será difícil de corregir en el futuro, aunque mucho pueden paliar sus políticas educativas (Andalucía ha mejorado más que la OCDE en el informe PISA 2012).

¿Qué se puede hacer para mejorar la nota PISA? El ministro Wert insiste en que los países que tienen mejores resultados son los que dan más autonomía a los centros educativos y los que hacen más evaluaciones externas, dos pilares de la nueva Ley de Educación (LOMCE). Pero los expertos dicen que esta Ley Wert y los recortes (que seguirán en 2014-2015), empeorarán las cosas. Primero, porque es falso que la Ley Wert dé más autonomía a los centros: quita poder a los Consejos escolares y refuerza a los directores nombrados por la Administración y no por sus compañeros. Además, refuerza el centralismo, ya que los temarios de las asignaturas importantes los fija el Ministerio. Y segundo, porque los recortes   (-7.300 millones entre 2010 y 2014) devalúan la  calidad de la enseñanza. Por un lado, porque han suprimido 21.800 profesores entre 2010 y 2013, además de reducir un 80% los cursos de formación del profesorado (los CAP y los CEP). Por otro, porque se ha reducido drásticamente la educación compensatoria (Plan PROA), las clases de refuerzo (-68%), claves para mejorar la nota de los rezagados. Y en tercer lugar, por la pérdida de becas (-600.000 sobre 2010) y ayudas a las familias (-1,1 millones menos de becas para libros, -30/-50% ayudas de comedor, becas transporte), claves para compensar el efecto de la desigualdad económica sobre la enseñanza.

Mejorar la educación no es sólo cuestión de dinero, de gastar más, aunque los recortes son claramente un suicidio. Hay que poner el foco en otros temas, a la vista del informe PISA. Primero, en los profesores: los países que  triunfan en educación  dan prioridad al profesorado, desde la selección (rigurosa) a la formación (aquí se recorta), los incentivos económicos por resultados y configurar una carrera profesional, más un mayor prestigio social. Segundo, dan mucha importancia a la autonomía real de los centros, para que configuren una educación  innovadora, más práctica (y menos “de memoria”, como en España). Y tercero, dan mucha importancia al papel de las familias y a una mayor responsabilidad de los alumnos: en Asia, que tiene cuatro países con las mejores notas en PISA (China, Singapur, Corea y Japón), los jóvenes estudian hasta 14 horas diarias y sus padres les exigen mucho y dan prioridad a invertir en su educación sobre otros gastos.  Y en todos los países líderes, la educación es un gran objetivo nacional, al margen de recortes y peleas políticas.

Son varios caminos sobre los que se podría ir avanzando en el terreno educativo, desde los colegios y sus profesores a las familias y los alumnos, siempre que haya un pacto político y social en favor de la educación, la clave de nuestro futuro. Pero sabiendo que si no reducimos la pobreza y la desigualdad, habrá dos Españas también en educación. Porque mucha de la nota que saquen nuestros hijos empieza en casa.

Más alquileres y más baratos (algunos)

España es un país de propietarios, pero la crisis ha obligado a muchos jóvenes y familias a pasarse al alquiler, que ha crecido  a niveles de hace 20 años (13,5%), aunque estemos muy lejos de Europa (38% viven en alquiler). Se alquila más también porque hay más pisos en alquiler, porque no se venden, y, al haber más oferta, han bajado los alquileres un 31,5 % desde 2007. Pero ojo, sólo bajan un 6,5% de todos los alquileres, los más caros y los de la periferia de las ciudades. Con todo, mucha gente no puede pagar un alquiler (665 euros de media), más después de que el Gobierno Rajoy haya reducido o quitado (jóvenes) ayudas al alquiler. Por eso crecen los desahucios y la demanda de alquileres sociales (150 euros), para jóvenes y parados, pero apenas hay. Harían falta un millón para equipararnos con Europa. Sobran viviendas vacías y faltan alquileres asequibles. El drama de la vivienda en España.
 

enrique ortega

Con esta larga crisis, muchos españoles han dejado de soñar en comprar un piso (como sus padres) y se conforman con poder vivir de alquiler. Y así, en la última década hay 824.000 viviendas en alquiler más: de los 18 millones de viviendas censadas, 2.438.574 están en alquiler (13,5% en 2011 frente a 11,4% en 2001), según el último Censo del INE. Volvemos así a los niveles de alquiler de antes del boom inmobiliario (13,9% alquiler en 1991), aunque todavía lejos del 18,8% de españoles que vivían en alquiler en 1981. Donde más ha crecido el alquiler ha sido en Castilla la Mancha y Navarra, aunque las autonomías con más alquileres son Melilla (24,1%), Baleares (21,6%), Cataluña (30% en Barcelona y 27,6% en Girona), Ceuta (19,3%), Madrid (17,4%) y Canarias (16,2%). Y todavía están por debajo del 10% de alquileres las más pobres (Extremadura, Andalucía, Castilla y León o Cantabria) y el País Vasco.

Hay más alquiler porque hay más pisos que se alquilan (con la crisis no se venden) y porque esta mayor oferta ha bajado los alquileres: un 5,7% en 2013 y una caída del  31,5% desde mayo de 2007, según Fotocasa (caída menor al 41,3% que han bajado los precios de venta de las viviendas). Con ello, el  precio medio del alquiler está en 6,93 euros por metro cuadrado y el alquiler medio se sitúa en 665 euros al mes.

Pero no todos los alquileres han bajado: en 2013 sólo habían bajado un 6,45% de los alquileres, según un análisis de 200.000 alquileres realizado por enalquiler.com. Y de 255 municipios analizados por Fotocasa en 2013, los alquileres subían en 59, entre ellos en San Sebastián, Bilbao, Barcelona, Palma, Guadalajara, Las Palmas, Logroño, Cáceres y Ciudad Real. Bajan más los alquileres más caros y de la periferia de las ciudades, mientras se resisten a caer los alquileres de casas pequeñas en el centro de las capitales.

En cualquier caso, se multiplican los inquilinos y caseros que están renegociando el alquiler, forzados por la crisis y por el exceso de oferta. Ahora es más fácil, ya que no están obligados a revisar el alquiler con el IPC y porque los propietarios (que no consiguen vender su piso) ven cada vez más rentable alquilarlo, una vez que la última Ley de Fomento del alquiler (que entró en vigor en junio de 2013) les da más seguridad jurídica, al agilizar los procedimientos para desahuciar a un inquilino si no paga (en 10 días). Todo apunta a que en 2014 volverán a caer los precios (entre un 5 y un 10% prevén las inmobiliarias), dado que habrá más pisos en alquiler, porque seguirá siendo difícil venderlos (no hay demanda ni hipotecas asequibles). De hecho, la Asociación de Fomento del Alquiler prevé que en estos dos próximos años se incorporen al mercado de alquiler 500.000 viviendas ahora vacías.

Con todo ello, el mercado del alquiler tiene un gran potencial en España, porque estamos aún muy lejos de Europa: tenemos un 13,5% de viviendas en alquiler, frente al 38% en la UE y al 46,6% de Alemania. Pero también porque la crisis está cambiando la mentalidad de los españoles: un 52% de jóvenes ya no quieren comprar y ven el alquiler como “su forma de vida”, según una reciente Encuesta de enalquiler.com. Pero no nos engañemos: la mayoría de los que alquilan son extranjeros, emigrantes (73%) y de los hogares españoles, sólo el 8,4% viven en alquiler, según el INE. Y la mitad de los que alquilan son jóvenes, sobre todo menores de 30 años, que hoy viven ya casi tanto en alquiler (39%) como en propiedad (42,5%).

El problema es que la crisis ha atacado duramente a estos dos colectivos, emigrantes y jóvenes, que optan por volverse a sus países o con sus padres. De hecho, más de un tercio de los jóvenes entre 25 y 34 años viven con sus padres (36,4%), según el INE. Sin ingresos o sin  un trabajo estable para alquilar. Lo mismo que la mayoría de los casi 6 millones de parados. Eso está creando una bolsa de personas (emigrantes, jóvenes, parados y subempleados) que ni siquiera pueden vivir de alquiler, que no pueden pagar un alquiler de 650 a 900 euros. Y por eso han aumentado los desahucios por impagos.

El problema de estos colectivos para alquilar se agrava porque el Gobierno Rajoy ha recortado las ayudas al alquiler. Por un lado, en junio de 2013 suprimió las ayudas a los jóvenes para que alquilaran (ayudas de 266 euros que recortaron a 200 euros en diciembre de 2011 y a 147 en julio de 2012) y de las que se beneficiaron más de 300.000 desde 2008. Por otro, endureció las nuevas ayudas al alquiler, bajando el tope (de 288 a 200 euros), ayudando sólo a alquileres inferiores a 600 euros (en Madrid y Barcelona apenas hay) y restringiendo los ingresos para recibirlas (532 € los solteros, 1.118 € una familia con dos hijos). Además, el Gobierno liquidó la Sociedad Pública de Alquiler y redujo las ayudas fiscales a inquilinos (10,05%) y propietarios (60%), al limitar su base imponible (menos 24.107 €). Y como remate, el Plan de Vivienda 2013-16 solo destina 65 millones al año para ayudas (30%) a instituciones y empresas que promuevan viviendas en alquiler, lo que da para 2.000 viviendas al año. Una miseria para un país que sólo tiene un 2% de vivienda pública en alquiler, frente al 15% de Francia o Reino Unido.

En España sigue habiendo un problema serio de vivienda, lo que obliga a ayudar a muchas familias para facilitarles que alquilen. Pero hay otras muchas que no pueden alquilar un piso “normal”, de 650 a 900 euros, porque tienen que vivir con menos. Para ellos (parados, emigrantes, jubilados y muchos jóvenes) sólo queda la opción del alquiler social, hasta 150 euros mensuales. El problema es que apenas hay: España sólo tiene un 1% de alquileres públicos sociales, frente al 20% o más en Francia, Reino Unido, Holanda, Austria, Finlandia o Dinamarca. Y Alemania paga el alquiler a los parados de larga duración. Mientras, autonomías y Ayuntamientos están desbordadas de peticiones de alquileres sociales.

Para ponernos a nivel europeo, España debería promover un millón de alquileres sociales. Se puede. Por un lado, incorporando al parque público de alquiler las 15.000 viviendas de protección oficial (VPO) vacías, que no se venden. Por otro, sumando las 76.000 viviendas vacías del banco malo (SAREB), que se quieren vender a fondos extranjeros para que especulen. Y dando suelo gratis y financiación barata a Ayuntamientos, ONGs y Fundaciones para promover pisos de alquiler social. Con 1.000 millones (la octava parte de lo perdido con NovaGalicia Caixa), se podrían hacer 20.000 viviendas sociales de alquiler al año. En total, se podría tener en cinco años un parque público de 200.000 viviendas de alquiler social, para cubrir las necesidades más urgentes.

El alquiler crece sí, pero para el que pueda pagarlo. Y para el resto, cada vez más familias y jóvenes, sólo queda buscar la caridad, vivir con los padres, el desahucio o la patada en la puerta. La vivienda es un derecho constitucional y habría que asegurarlo, a unos con ayudas para que paguen los alquileres de mercado y a otros, facilitándoles alquileres sociales  baratos, que hoy no existen. Mientras, hay 3,5 millones de pisos vacíos. Una locura.

La luz sube porque nos cargan costes de más

El Gobierno Rajoy ha intervenido sin pudor en el mercado eléctrico para frenar una subida de la luz del 12,5% en enero y dejarla en el 2,3%. Tras dos años de parches, le ha estallado en plena cara el desmadre del sector eléctrico, que se beneficia desde 1997 (Aznar) de una política de precios que les reconoce costes de más y múltiples compensaciones que pagamos los usuarios en el recibo, que ha subido un 63% en los últimos cinco años, más del doble que en Europa. Ahora, el Gobierno busca nuevas fórmulas para fijar la subida de la luz, pero sólo hay una: hacer una auditoría de costes, para que paguemos la luz por lo que cuesta y no por lo que nos la cobran (así, nuestras eléctricas son las más rentables de Europa). Les ayudo aquí a entender este galimatías para que sepan dónde y cómo nos cobran de más. Lean, lean.

enrique ortega

El recibo de la luz tiene tres partes: el coste de la energía que fija el mercado eléctrico (37,48% del recibo), los peajes o ayudas que aprueba el Gobierno (41,14%) y los impuestos (especiales e IVA), el 21,38% restante. La luz paga en España menos impuestos que en la mayoría de Europa (los alemanes pagan el 46,49% del recibo, los portugueses el 43% y los franceses el 29,2%), por lo que si la electricidad es aquí más cara (0,2228 euros por kilovatio, un 11,2% más cara que los 0,2002 euros de media en UE-28) se debe a que pagamos más por la energía y por otros costes que autoriza el Gobierno. Veámoslos.

Empecemos por el coste de la energía, que se fija de entrada en el mercado eléctrico diario (pool). Se rige por  un sistema de precios fijado por la Ley eléctrica (LSE) de 1.997, aprobada por Aznar: se paga por la luz lo que cuesta producirlo en la central más cara (térmicas de gas, fuel y carbón), lo que beneficia a las centrales con menos costes (hidráulicas y nucleares), además de las renovables. Es como pagar lo mismo por la carne picada al que la hace con pollo o cerdo que con chuletón de ternera. Con ello, estamos pagando un extracoste a la luz que procede de centrales hidráulicas y nucleares (ya casi amortizadas) y las centrales más caras (térmicas carbón, fuel y gas) apenas cubren costes y no inversiones (como las renovables), por los que se les compensa con otros ingresos, que el Gobierno aprueba en la parte regulada de la tarifa, la otra mitad del recibo.

Pero sigamos con la primera mitad del recibo. Las subidas no se fijan con lo que cuesta la luz en el mercado eléctrico diario entre compañías. La subida de esa mitad del recibo (coste de producir la electricidad) se decide en otro mercado, en una subasta trimestral (CESUR) donde acuden las eléctricas a vender y comprar (60% de energía que venden), pero que es un mercado controlado por operadores financieros, bancos de inversión como Goldman Sachs, Morgan Stanley o Deutsche Bank (los tres, culpables de especular con las hipotecas basura y llevarnos a la Gran Recesión). Un mercado como el del petróleo o los cereales, donde se negocia a futuro: el precio que va a tener la luz el próximo trimestre. Los brókeres aseguran a las eléctricas una cantidad de luz (que no tienen) y un precio. Si luego, al entregarles la luz, el precio en el mercado es más bajo, se quedan con la diferencia (y si es mayor, la pierden). Este sistema especulativo, como cualquier mercado de futuros, supone otro extra coste sobre el precio de la luz, estimado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en 726 millones sólo entre julio 2009 y septiembre 2010.Otro coste extra (para los brókeres financieros) que pagamos en el recibo.

Y vayamos a la otra mitad del recibo, las subidas que autoriza el Gobierno y que no tienen que ver con los precios de la electricidad en el mercado. Por un lado está lo que pagamos por el transporte y la distribución de la luz desde las centrales a casa: un 13 % del recibo, algo en principio lógico, aunque también está inflado para compensar a Red eléctrica y distribuidores, según algunos expertos. El segundo capítulo son las primas o subvenciones a distintas energías, para compensarles porque el precio del mercado (1ª mitad del recibo) les da solo para cubrir costes, no para amortizar inversiones. Son las primas a la energía eólica (4,34% del recibo), solar (6,97%) y a las centrales térmicas de gas (5,90% del recibo), de las que se hablan poco, decenas de centrales que han montado las eléctricas y que ahora sobran por la caída de la demanda. Y luego están otras subvenciones, que debería pagar el Presupuesto y no nuestro recibo: 4,14% para compensar a Endesa por los mayores costes de producir luz al mismo precio en Baleares y Canarias, 1,60% para compensar el uso del carbón nacional y otros costes, 0,94 % para compensar a las grandes industrias por si les falta la luz para asegurarnos el suministro (no ha pasado nunca, pero les pagamos 700 millones al año), 0,89% para compensar la moratoria (parón) nuclear, 0,41% para pagar el bono social (la luz más barata a 3 millones de familias), 0,10% para pagar la Comisión Nacional de la Energía y 2,84 % del recibo para pagar el déficit de tarifa, nuestra “deuda” con las eléctricas de la que ahora hablaré. En total, si quitamos las ayudas al transporte y la distribución, un 28,14 % del recibo que no son costes directos de la electricidad que consumimos (50,48%) ni impuestos (21,38%).

Debido a esta ristra de extracostes, la tarifa de la luz, aunque ha subido un 63% (2008-junio 2013), no cubre estos costes que las eléctricas tienen reconocidos desde 1997. Y resulta que encima, tenemos una deuda histórica con ellas, el famoso déficit de tarifa. El origen está en 1999, cuando Rato pactó con las eléctricas subir poco la luz (un 2% de media) para no disparar el IPC y poner en peligro la permanencia en el euro. A cambio, el Gobierno Aznar les prometió compensarles la diferencia, el déficit de tarifa. En 2000 el déficit fue sólo de 250 millones y así en los siguientes, pero en 2005 saltó a 4.089 millones, por la crisis de Irak y el petróleo, Y en 2008, con la entrada de las renovables (que dan menos “cancha” a las térmicas de gas, carbón, hidroeléctricas y nucleares), el déficit se dispara a 6.287 millones. La pelota crece y ya alcanza los 30.000 millones. Una hipoteca eléctrica que en su mayoría ya estamos pagando, con el recibo, a una media de 3 euros mensuales hasta el año 2025.

El Gobierno Rajoy, en 2012 y 2013, aprobó cinco paquetes de medidas para intentar tapar este agujero eléctrico con subidas extras de tarifas, el Presupuesto, recortando primas y cobrando impuestos verdes a la generación de electricidad (que nos acaban trasladando al recibo: en la subasta de diciembre, un 7% de la subida que salió fue por la subida de impuestos). Y en septiembre de 2013 aprobó una Ley del Sector Eléctrico que pretendía reducir a cero el déficit de tarifa en 2014, por tres vías: subida extra de tarifas (agosto 2013), recorte de primas (al transporte y distribución y a las renovables) y con un crédito extraordinario de 3.600 millones para cubrir el déficit 2013 (que será mayor: 4.800 millones).

Pero el déficit público manda y el viernes 29 de noviembre, Montoro pide a los senadores del PP que no aprueben cubrir con el Presupuesto esos 3.600 millones del déficit de tarifa, para bajar el gasto e intentar cumplir con Bruselas. Las eléctricas montan en cólera y temerosas de tener que cargar ellas con el agujero (no ha pasado nunca), trasladan ese temor a los precios del mercado eléctrico (pool), que empieza a subir el lunes 2 de diciembre y el día 8 (domingo) alcanza un precio récord desde 2002: 93,11€ por megavatio (ver gráfico subidas). En el camino, habían sucedido algunas cosas “raras”: dejaron de funcionar 4 de las 8 centrales nucleares y parte de las hidráulicas (la luz más barata), incluso algunas de carbón (ahora ha bajado) y se estaba produciendo más con centrales de gas importado (en invierno carísimo), para compensar la parada de esas centrales y la falta de aire para las eólicas (las más baratas). Resultado: los precios siguen disparados hasta la subasta CESUR del 19 de diciembre, donde los brókeres añaden su margen del 7% y sale un precio de 61,83 euros por megavatio, un 25,6% más que en la subasta de octubre. Con ello, esta mitad del recibo obligaba  a una subida del 11,5%, más lo que subiera el Gobierno la otra mitad, los peajes (un 1% más, para cubrir con el recibo el déficit de tarifa de 2013 que no paga Montoro con los Presupuestos).

Evidentemente, una subida de la luz del 12,5% no es de recibo, pero es lo que marcaba el mercado, forzado por los temores y enfados de las eléctricas. El Gobierno, sin poder demostrar manipulación (ya se abrió un expediente en 2010 y no se pudo probar nada), tomó el camino de en medio y suspendió la subasta, una decisión chapuza y demagógica. Y ha optado por tomar los precios del semestre anterior, para aprobar a última hora una subida del 2,3% desde el 1 de enero. Y promete un nuevo sistema para fijar las subidas futuras.

El problema no es que el mercado eléctrico funcione mal y se especule. El problema de fondo es que al sector eléctrico se le han reconocido unos costes que están inflados, desde la generación, el trasporte y distribución a las primas a las renovables y al gas. Y no es un problema de las renovables, como acusan las eléctricas tradicionales: entre 1998 y 2011, las renovables han recibido subvenciones por 35.000 millones, mientras las eléctricas tradicionales recibían más, hasta 53.000 millones por otros pagos regulados (costes de transición a la competencia, pagos por disponibilidad, ayudas al carbón y regalo de derechos de emisión de CO2 que han vendido). Todo salía de nuestro recibo. Pero mientras las ayudas a las renovables permiten bajar el coste de la luz (de los 6.136 millones de primas en 2012, 4.056 se recuperaron por un menor coste de la luz que se produce, el 21,2% eólica y 3% solar), las demás ayudas han ido a engordar los beneficios de las eléctricas tradicionales, las más rentables de Europa: tienen un 6,78% de margen sobre ventas frente al 2,62% del resto.

La solución no es conseguir que el mercado sea más transparente (también), sino poner en marcha una auditoría de costes, para saber de verdad lo que cuesta producir cada kilowatio y no pagar extracostes, ni en el mercado ni con facturas que debían ir al Presupuesto. Y en paralelo, debería desinflarse la burbuja eléctrica, que al hilo de las ayudas ha creado un exceso de capacidad: hay 101.822 MW de potencia instalada, para una demanda que no llega a la mitad (43.527 MW), con muchas centrales (sobre todo de gas) funcionando al 10% (y nosotros pagando en el recibo para que estén disponibles).

Si han llegado hasta aquí y han entendido todo este galimatías, comprenderán que el mercado eléctrico en España es un gran desmadre que pagamos los consumidores. Un caos de costes y subvenciones, logrados en la época Aznar y mantenidos por Zapatero y Rajoy. Las eléctricas son un sector sin competencia (oligopolio) y con un poder tremendo, como se refleja en que sientan en sus Consejos a dos expresidentes, González (Gas natural) y Aznar (Endesa), doce exministros (Solbes, Salgado, Acebes, Ana Palacio, de Guindos hasta 2011…) y multitud de ex altos cargos. Y con elevados beneficios (y dividendos) a costa de nuestro recibo. El problema es quien le pone el cascabel al gato, para que paguemos la luz a lo que debería costar (un 20% menos) y no a lo que quieran cobrarnos. ¡Luz y taquígrafos ¡