Vacaciones 2019: verano récord de turistas

La mayoría de españoles se cogen vacaciones esta semana y van a encontrarse con un verano récord de turistas extranjeros, 500.000 más que el verano pasado, aunque habrá menos en Canarias, Baleares y Levante (por la “fuga” de alemanes y nórdicos a Turquía, Egipto, Túnez y Grecia) y más extranjeros en las ciudades, el norte y el interior de España. Los precios de los hoteles han subido y los turistas vendrán menos días pero gastarán más. También habrá más turismo español, que gastará más este verano y viajará más a otros paises. Con este buen verano, se espera otro año turístico récord, con más de 84 millones de turistas y un récord de gasto. Pero  el sector alerta de una cierta “saturación turística” y proponen apostar por un turismo de más calidad y porque el futuro Gobierno y las autonomías ayuden a la reconversión del turismo de sol y playa, el 60% del negocio, diversificando y digitalizando la oferta turística. Por un turismo menos agobiante y más sostenible.

enrique ortega

Aunque parece que toda España “huye de vacaciones” en agosto, no todos los españoles pueden cogerse unos días y escapar de la rutina diaria: una de cada tres familias (el 34,2% de los españoles) no puede coger una semana de vacaciones fuera de casa, según la última Encuesta de Condiciones de Vida 2018, del INE. Son casi 16 millones de españoles sin vacaciones, unos pocos menos que antes de la crisis (el 36,2% no podía ir de vacaciones en 2008) y más que la media europea (sólo el 28,3% de europeos no pueden coger vacaciones, según Eurostat). Y son más los que no pueden coger vacaciones en Andalucía (el 49,8%, prácticamente la mitad), Extremadura (47,6%), Ceuta (46,1%), Galicia (45,6%) y Cantabria (44%), mientras que los que más toman vacaciones son las familias del País Vasco (sólo 18,1% no las cogen), Aragón (21,2%), Navarra (21,5%), La Rioja (23,4%) y Madrid (23,5% no).

Los más de 30 millones de españoles que sí cogen vacaciones no salen un mes entero, sino que se cogen unos días o semanas: la media son 8 días de vacaciones en agosto, gastando 714 euros de media, según la encuesta del Observatorio Nacional del Turismo. Este verano, el sector turístico espera un aumento del turismo de los españoles, que supone el 24% del gasto turístico total (el 76% restante lo gastan los extranjeros). Y su destino preferido serán las playas, no sólo en el Levante, sur e islas, sino también en Galicia y el norte de España, donde se esperan altas temperaturas por el cambio climático. Eso sí, los hoteles han subido este año (un 6,2%, según el INE), aunque llenar el depósito del coche cuesta como el verano pasado. Y son más los españoles (un 46%, según el Observatorio de Turismo) que este año viajan al extranjero en agosto, aunque han subido los paquetes turísticos.

Los españoles que se cojan sus vacaciones en España van a encontrar 500.000 turistas extranjeros más que el verano pasado: se esperan 29,6 millones de visitantes foráneos en julio, agosto y septiembre, frente a 29,1 millones en el verano de 2018, lo que supone el segundo verano con más turistas de la historia (tras los 29,75 millones del verano 2017), según la previsión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pero no se van a repartir de forma uniforme. Encontraremos menos turistas en Baleares, Canarias y algunos destinos de playa de Levante y Andalucía, porque habrá alemanes y nórdicos que se quedarán este verano en casa (al subir las temperaturas) o se irán de vacaciones a Turquía, Egipto, Túnez y Grecia, destinos con precios más bajos que se están recuperando tras la caída de los últimos años (por inseguridad política). Y habrá más turistas extranjeros en las ciudades (Barcelona y Madrid), en el norte y en las zonas del interior de España, sobre todo turistas no europeos, según la patronal turística Exceltur.

No sólo habrá más turistas extranjeros este verano sino que se espera también que gasten más, precisamente por el aumento de turistas norteamericanos, asiáticos y latinoamericanos que no vienen a la playa sino que hacen un turismo de más gasto. En conjunto, el Ministerio espera que los extranjeros se gasten este verano 33.908 millones de euros, 1.079 millones más que el verano pasado, a pesar de que la estancia media sea menor (7,5 días), porque gasten más cada día (145 euros diarios gastaron de enero a abril).

Con un verano récord en turistas extranjeros, los expertos apuestan por acabar 2019 con otro récord histórico de turistas: más de 84 millones, frente a los 82,8 millones de turistas de 2018, que ya fue un año récord y que colocó a España en el 2º lugar del ranking mundial de turistas, sólo por detrás de Francia (90 millones de turistas), por delante de EEUU (81 millones), Italia (58 millones) o Turquía (40,1 millones en 2018). Y lo más importante, se puede conseguir otro récord de ingresos por turismo, en torno a los 92.500 millones de euros (casi 3.000 millones más que el récord de 2018).

Sin embargo, los expertos y el sector alertan sobre el exceso de euforia sobre el turismo, la primera industria española, que aporta casi el 14% del crecimiento y mantiene 2.575.638 empleos (el 13,2% del total). Primero, porque España puede haber llegado a un cierto nivel de “saturación turística”, dado que somos el país que recibe más turistas por habitante: 1,78 turistas (82,8 millones) por habitante (46,5 millones), frente a 1,34 Francia (90 millones frente a 66,9 millones de habitantes) y menos de 1 Italia (0,96) o Turquía (0,48), según un reciente estudio de CaixaBank. Y hay capitales como Barcelona o Madrid donde los turistas cuadruplican la población residente, mientras hay zonas donde se multiplican hasta por 10 y 20 en verano, despertando la “turismofobia”.

Otro problema de fondo del turismo español es que tiene una tasa de estacionalidad muy elevada, porque casi la mitad de los turistas concentran de junio a septiembre, más que en Francia, USA o Italia. Y además, el 90% del turismo extranjero se concentra sólo en 6 autonomías (Cataluña, Canarias, Andalucía, Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid), creando poza riqueza y empleo en el resto. Y existe también una excesiva concentración en su origen: el 87% de los turistas vienen de Europa, con un gran peso de Reino Unido (18,5 millones de turistas), lo que supone un serio riesgo por el Brexit. De hecho, si se acaba con un Brexit duro, sin acuerdo, España podría perder entre 2,5 y 4,1 millones de turistas británicos para 2023, según el estudio de CaixaBank.

Hay otro problema de fondo relacionado con el tipo de turista que nos visita: dos tercios gastan poco, porque vienen con paquetes que pagan en sus paises de origen, hacen viajes cortos (desde Francia o Portugal) o vienen a su casa en España (británicos, franceses y alemanes), según el análisis de CaixaBank. Y solo recibimos un 1,6% de turistas que hacen viajes largos (14,5 días de media) y un 5,6% de turistas “de alto nivel”, siendo el resto estancias cortas de una semana con poco gasto.

Y queda otra deficiencia estructural más: la calidad del empleo turístico. Los trabajos son más precarios (un 34% de empleos son temporales, frente al 26% en toda la economía) y un 25% son a tiempo parcial (15% en global), lo que da un personal peor pagado y con baja formación (menos empleados turísticos tienen secundaria o titulación universitaria que en el conjunto de la economía), según el estudio de CaixaBank. Estos datos van en contra de un turismo de calidad, al igual que el envejecimiento de muchas infraestructuras. Y queda el reto de la digitalización, el avanzar más en plataformas de oferta de paquetes y servicios turísticos que permitan al sector competir con los grandes tour operadores extranjeros.

El Gobierno Sánchez aprobó en enero de 2019 una Estrategia de Turismo Sostenible España 2030, para mantener el liderazgo turístico y a la vez conseguir una mayor diversificación, rentabilidad y sostenibilidad del sector. Para ello, apuesta por una Red de 70 destinos turísticos “inteligentes” en todas las autonomías, impulsando la digitalización. Y se ha aprobado, en marzo de 2019, un real Decreto para racionalizar el uso de las viviendas turísticas, disparado en algunos destinos. Y hay un Plan de contingencia para afrontar el Brexit.

El sector turístico, a través de la patronal Exceltur, acaba de pedir al futuro Gobierno y a las nuevas autonomías que se ponga en marcha un Plan para reconvertir la oferta turística de sol y playa, que supone el 60% de la actividad turística española, con ayudas para modernizar hoteles e instalaciones. Además, piden que cada Ayuntamiento turístico y cada autonomía elaboren planes de especialización turística, con la colaboración del sector privado y suficientes recursos públicos como para no tener que implantar “tasas turísticas”.

En definitiva, que España estará a tope de turistas extranjeros y españoles, otro verano más. Pero no podemos “matar la gallina de los huevos de oro” y hay que pensar en reordenar y mejorar la oferta turística, para no“morir de éxito": renovar instalaciones, mejorar la calidad, ampliar la oferta de turismo interior y alternativo al sol y playa, diversificar paises y destinos,  atraer turistas que gastan más, vender más por Internet y apostar por un turismo “sostenible”, que sea compatible con el resto de habitantes y con el medio ambiente. Que el turismo nos de trabajo y riqueza pero no a costa de veranos insoportables por la saturación turística. Amén.

El empleo no puede esperar

Hoy se ha conocido la EPA de junio, que aumenta el empleo y baja el paro, como es habitual en primavera. Pero la ocupación aumenta menos que los años anteriores. Y se crea más empleo temporal que en 2018, con parados que firman hasta 40 contratos al año para tener trabajo. Y los empleos “fijos” tampoco lo son: 1 de cada 3 acaban en despido antes de un año. Además, el paro sigue siendo el doble que antes de la crisis y que en Europa. Y la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajar y no cobran el paro. De hecho, hay 1,45 millones de parados sin ninguna ayuda, en la pobreza. Un panorama muy preocupante, tras 5 años de recuperación. Por eso, urge pactar un Plan de choque contra el paro y por un empleo de más calidad, con un acuerdo social entre patronal y sindicatos y con medidas que deberían ser la prioridad del futuro Gobierno. El empleo no puede esperar. 

enrique ortega

El segundo trimestre del año suele ser el mejor para el empleo, por las rebajas y las contrataciones previas al verano. Y en 2019, la EPA de junio lo ha confirmado, con un aumento del empleo y una bajada del paro. Pero, en ambos casos, la mejoría es menor que en 2018 y años anteriores, porque el empleo está perdiendo fuelle. Y si el paro baja, también menos, es en gran parte porque hay menos españoles que buscan trabajo, menos “activos”, sobre todo mujeres y mayores de 45 años, así como jóvenes que prolongan sus estudios. De hecho, hay 500.000 activos menos que en 2012, según la EPA.

Con todo, lo más preocupante es que el empleo que se crea es muy precario, más incluso que en 2018. Así, el 90,32% de los contratos firmados entre enero y junio de 2019 son temporales, según Trabajo, frente al 89,6% en el primer semestre de 2018 y el 89,75% de todo 2018, en línea con el 91% de contratos temporales firmados en 2016 y 2017. Y además, hay una gran rotación, con lo que se firman muchos contratos de corta duración para cada empleo. Así, un 38% de los contratos se firman por menos de un mes y un 25% por menos de 1 semana, sobre todo en el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios. Además, lo que está pasando es que esta excesiva temporalidad se ceba en un reducido número de trabajadores, unos 212.000, que han firmado una media de 3,3 contratos al mes, unos 40 contratos al año para poder trabajar, según un reciente estudio de CCOO.

Esta alta temporalidad de los nuevos contratos, que arrastramos desde la reforma laboral aprobada por Rajoy en 2012, lleva a que España sea el país europeo con más precariedad laboral: un 26% de los asalariados tienen ya un contrato temporal, casi el doble que en Europa (14,1% de contratos temporales en la UE-28), Francia (16.7%) o Alemania (12,6%), según Eurostat (2018). Y además, España es también el país europeo donde se hacen más contratos temporales por menos de 6 meses: el 60% del total, frente al 15% en Alemania, según la OIT.

También han subido este año los contratos a tiempo parcial (por horas o días), que suponen el 34,72% de los contratos firmados de enero a junio de 2019 (frente al 33,18% en el primer trimestre), según Trabajo. El problema de estos contratos a tiempo parcial es que se concentran en las mujeres: 2,2 millones de los 3 millones de asalariados que trabajan a media jornada. Y además, las mujeres y los hombres que trabajan menos horas no lo hacen porque quieren (algunos sí, para cuidar a hijos y padres dependientes), sino porque no encuentran otra cosa. Así, el 61,1% de los contratados a tiempo parcial en España lo son de forma “forzosa” (subempleo), frente al 26,4% de media en Europa, según Eurostat.

Así que España crea empleo, más que la mayoría de Europa, pero sigue siendo un empleo muy precario. De hecho, sólo el 6,31% de los contratos firmados en 2019 (10.988.900 entre enero y junio) son contratos “de calidad”: indefinidos y a tiempo completo, menos incluso que en 2018 (6,5% de contratos fijos y a tiempo completo), según Trabajo. Pero es que, además, estos contratos “indefinidos” no son tampoco “seguros”: sólo un 63% de los contratos indefinidos firmados a lo largo de 2018 sobrevivían a finales del año pasado, según un estudio de CCOO, que lo achaca a la reforma laboral de 2012, porque en 2011, el 87% de los contratos indefinidos se mantenían. Y otro dato sorprendente sobre la precariedad de los contratos “fijos”: sólo el 50% de los contratos indefinidos firmados en 2017 sobrevivían a finales de 2018: la otra mitad se habían perdido.

Esta elevada precariedad laboral, más en los contratos temporales y de media jornada, pero también en los indefinidos, se traduce en bajos salarios, porque los contratos precarios ganan entre un 39% y un 62% del sueldo de los contratos indefinidos a jornada completa: 17.003 euros anuales los empleos temporales y 10.648 euros a tiempo parcial frente a 27.348 euros los que trabajan a tiempo completo, según la estadística salarial del INE (2017). Eso explica el aumento de los trabajadores pobres en España: 2.654.000 personas con empleo, el 14,1% de los asalariados, según la Red Europa de lucha contra la pobreza (EAPN), con lo que somos el país occidental con más porcentaje de trabajadores pobres (que ganan menos del 60% de la media del país), según la OCDE.

Si la situación del empleo es preocupante, lo es mucho más la del paro, que afecta a 3 millones de españoles y sus familias. La bajada del paro es menor en 2019 que en los dos últimos años. Y aunque la tasa de paro esté ahora por debajo del 14% (Rajoy la dejó en el 16,7%), es todavía mucho más alta que antes de la crisis, cuando estaba en el 7,9% (verano 2007). Y, sobre todo, es la segunda más alta de Europa, tras Grecia (18,1% de paro), con más del doble de paro que la media europea (6,3% en la UE-28) y más de cuatro veces el paro de Alemania (3,1%), según los últimos datos de Eurostat (mayo 2019). Además, el paro afecta especialmente a los jóvenes (32% en paro frente al 15% en 2007), los inmigrantes (21% paro) y las mujeres (16,5% en paro frente al 12,5% os hombres). Y hay 5 autonomías que superan la tasa de paro del 20% (Melilla, Extremadura, Ceuta, Andalucía y Canarias), mientras tres no llegan al 10% (Navarra, País Vasco y Aragón).

No es sólo que tengamos todavía una tasa de paro “insoportable”. Es que la situación de los parados es doblemente preocupante. Por un lado, son casi la mitad los parados que llevan varios años en paro, sin encontrar trabajo, lo que les dificulta ser recolocados: hay casi 1,5 millones de parados EPA que llevan más de un año sin trabajar, el triple que antes de la crisis (500.000 parados de larga duración en 2007). Y de ellos, casi 700.000 llevan más de 4 años parados, muchos de ellos sin perspectiva porque tienen más de 45 años.

Por otro lado, casi la mitad de los parados no cobra ninguna ayuda, porque se les ha acabado el subsidio o porque su contrato era tan precario que no tiene derecho (o autónomos que no han cotizado). En mayo, último dato de Trabajo, sólo 1.745.593 parados cobraban alguna ayuda, el 56% de los parados EPA, cuando antes de la crisis, en 2007, cobraban subsidio el 76% de los parados. Y hay 7 autonomías donde hay más parados que no cobran ayudas (más del 50%) de los que sí las cobran: Melilla, Madrid, Canarias, Ceuta, Asturias, País Vasco y la Rioja. Además, entre los que cobran algo, son mayoría (1.048.500 parados) los que cobran un subsidio “asistencial” (de sólo 430 euros, durante unos meses) que los que reciben un subsidio “contributivo” (697.094 parados), ahora de 817,50 euros al mes.

Con la EPA de hoy, el empleo ronda los 19,8 millones de ocupados, lo que indica que se han creado 2.850.000 nuevos empleos (precarios y mal pagados) con la recuperación iniciada en la primavera de 2014. Pero todavía queda recuperar más de 700.000 empleos para alcanzar la máxima ocupación alcanzada antes de la crisis (20.510.600 españoles trabajaban en septiembre de 2007, según la EPA). Así que no hay que hacer “triunfalismo” con los datos de empleo de junio, sobre todo porque el ritmo de creación de empleo está bajando, como el crecimiento de la economía. La previsión de la Comisión Europea es que el empleo en España crezca este año un 2% (frente al 2,5% en 2018 y el 3% en 2016 y 2017). Eso se traducirá en 350.000 nuevos empleos este año 2019, tras los 566.200 creados en 2018 (y una media de 465.000 cada año entre 2014 y 2017). Y eso si no hay “sustos” en el horizonte económico de los próximos meses (guerras comerciales, subida del petróleo y los tipos de interés, estancamiento en Europa, nuevos ajustes, bloqueo político en España…).

Como he intentado explicar, los datos del empleo y el paro mejoran pero están lejos del resto de Europa y de recuperar la situación que teníamos antes de la crisis, a pesar de estos 5 años de recuperación. Y la situación es angustiosa para muchas familias, o bien porque siguen en paro (mucho tiempo ya y sin cobrar subsidio) o porque tienen empleos muy precarios y mal pagados, que les hacen mirar el futuro con mucha incertidumbre. Por todo ello, el paro sigue siendo “la primera preocupación de los españoles” (para el 62,5%), según el Barómetro del CIS de junio. Y eso hace que las soluciones no pueden esperar, a la vista del grave panorama del empleo y el paro que acabo de reflejar, con datos oficiales españoles y europeos.

Lo primero y más urgente es resolver la grave situación de los parados que no cobran y que están en la pobreza y la exclusión social. Son 1.450.000 parados que no reciben ayudas, según un reciente estudio de CCOO. Los sindicatos ya presentaron en el Congreso, en febrero de 2017, una iniciativa popular (apoyada por 700.000 firmas) para pagar una renta mínima de 426 euros a las familias sin recursos, iniciativa que contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo PP y Ciudadanos. Ahora, más de 2 años después, esta propuesta de renta mínima sigue sin aprobarse y tendrá que debatirse de nuevo en un Congreso bloqueado, salvo que se disuelvan las Cortes y haya nuevas elecciones. Mientras, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) ha dado un espaldarazo técnico es esta renta mínima, al presentar un estudio donde defiende crear una renta mínima de 430 euros para 1,8 millones de familias excluidas, con un coste de 5.500 millones anuales.

Esta medida debería ser una prioridad del Congreso y de la mayoría de los partidos, aunque PP y Ciudadanos no la apoyan. Y el próximo Gobierno debería pactar también un Plan de choque contra el paro y por el empleo estable, dirigido especialmente a los jóvenes, las mujeres y los parados de larga duración, los colectivos que tienen más difícil colocarse. Primero, hay que volcarse en su formación (hay 1.504 millones de euros para formación sin gastar, de los ejercicios 2015, 2016 y 2017), con cursos más eficaces y ligados a lo que piden las empresas. Segundo, hay que reformar los servicios públicos de empleo (SEPE), para que no sean unas oficinas burocráticas sino que ayuden realmente a los parados a encontrar empleo, como agencias de colocación. Un avance pueden ser los 3.000 asesores que han  contratado las autonomías para orientar a los jóvenes parados, en cumplimiento del Plan de empleo joven aprobado por el Gobierno Sánchez en diciembre. Y tercero, hay que incentivar (ayudas fiscales, cotizaciones) a las empresas que contraten de forma estable parados de larga duración, casi la mitad de los parados.

En tercer lugar, urge un acuerdo social, entre patronal y sindicatos (con el apoyo del Gobierno y los partidos), para conseguir más empleo “decente”, con una estrategia de “palo y zanahoria”: palo a las empresas y sectores (hostelería y servicios) que “abusan” de los contratos temporales y por horas para empleos que son estables y con jornadas normales. Hay que reforzar la Inspección de Trabajo y lanzar campañas contra los que defraudan, como se empezó a hacer en agosto (se han regularizado 195.000 falsos empleos temporales en 2018). Y “enseñar la zanahoria” al resto, para incentivarles a que hagan contratos fijos y con jornadas normales, con menores cotizaciones e impuestos. Y con un seguimiento periódico y un objetivo: por ejemplo, rebajar del 89,75% al 70% el porcentaje de temporales en los contratos de 2020. Se puede conseguir si se convence a los empresarios que ahora, tras varios años con beneficios,  pueden y deben ofrecer contratos decentes. Y eso pasa también por una reforma normativa, para dar marcha atrás a la reforma laboral de Rajoy de 2012, como piden los sindicatos y la izquierda.

Y hay una cuarta medida de fondo para promover el empleo en España: cambiar el modelo económico de crecimiento, asentado en el turismo, la hostelería, las tiendas y la construcción, sectores con un empleo estacional, precario y mal pagado. Hay que apostar por la industria y la tecnología, porque el 92% de los empleos en España se crean en actividades de bajo contenido tecnológico y sólo el 8% en ramas de tecnología media y alta, las que tienen futuro, según un estudio de CCOO. Eso quiere decir que hay que evitar ser “la California de Europa” y apostar por un país más competitivo, que cree más empleo (tenemos 1.800.000 empleos menos que la media de Europa: un 67% de adultos trabajando frente al 73,2% en la UE-28) y un empleo más estable y más productivo, para vivir mejor.

Son retos muy importantes y que exigen tiempo, pero el empleo no puede esperar, porque es lo que preocupa a los españoles aunque no a los políticos. Dejen de pelearse y tomen medidas eficaces para que trabajen más españoles, con empleos decentes y mejor pagados. Esa debería ser la gran prioridad del Gobierno y los demás partidos este año. Al tajo.

Bloqueo político: 4 años perdidos

Hoy y mañana se debate en el Congreso la investidura de Sánchez, que puede no salir y abocarnos a otra votación en septiembre o a nuevas elecciones en noviembre. Pero, según las encuestas, esas elecciones valdrían para poco, porque se repetirían 2 bloques sin mayoría para gobernar. Y perderíamos otros  6 meses, cuando  España lleva 4 años de bloqueo político, desde que en octubre de 2015 se convocaron elecciones. La economía sigue creciendo, por  inercia, pero amenazan vientos en contra desde fuera (crisis comercio mundial, estancamiento UE, tipos y  petróleo al alza) sin que España haya hecho las reformas más urgentes: empleo y normas laborales, pensiones, vivienda, sanidad, educación, dependencia, desigualdad y pobreza, demografía, financiación autonomías, Ciencia y formación, digitalización, reindustrialización, inversiones públicas y lucha contra el Cambio climático. Y una reforma fiscal que permita recaudar más de los que pagan poco y gastar en lo mucho que hace falta. Problemas serios que hay que afrontar cuanto antes, con medidas pactadas. Para eso queremos a los políticos.

enrique ortega

En 2015 se acabó un periodo político de la reciente democracia española: el bipartidismo. Hasta entonces, el centro, la izquierda o la derecha habían conseguido gobernar y hacer reformas (algunas duras y nefastas), a golpe de mayorías absolutas o con acuerdos con los nacionalistas. Pero en las elecciones del 20 de diciembre de 2015 (20-D), se configuró una España de cuatro partidos y dos bloques, sin mayorías claras, que han impedido gobernar y tomar medidas de fondo en estos casi 4 años de “bloqueo político”, desde que el 26 de octubre de 2015 se convocaran las elecciones  del 20-D.

El problema de fondo es que retrasar la investidura y convocar nuevas elecciones para noviembre de 2019 (las cuartas en 4 años) no va a resolver nada. Porque las últimas encuestas indican que aumentaría mucho la abstención (hasta el 32,4%) y que seguiría habiendo dos bloques sin mayoría para gobernar (176 diputados): uno de izquierdas (PSOE con algunos diputados más y Podemos con menos, 168 diputados frente a los 165 de ahora) y otro con “las tres derechas” (PP con algo más diputados, Cs con menos y Vox con la mitad que ahora, unos 149 diputados frente a los 147 de ahora). Y así, tendríamos nuevo bloqueo político en diciembre, tras haber perdido otros 6 meses más.

Y lo grave es que España lleva 4 años en este bloqueo político, desde octubre de 2015, sin afrontar los problemas de fondo, que se agravan mes a mes. La economía sigue creciendo, con la inercia de la recuperación, y la Comisión Europea nos augura un crecimiento del 2,3% para 2019, el doble que la zona euro (+1,2%) y más que Alemania o Francia (+12,2%). Pero no hay que confiarse. Primero, porque una parte de ese crecimiento ha venido de la ayuda exterior desde 2014, en forma de bajos tipos de interés y bajos precios del petróleo, más las compras de deuda del BCE. Pero ahora, el temor es que los vientos exteriores soplen de frente, por la crisis del comercio mundial (proteccionismo), el estancamiento de Europa y las subidas del petróleo y tipos. Y, sobre todo, porque España tiene una serie de problemas de fondo que exigen reformas, abandonadas desde 2015 por falta de Gobiernos estables y pactos.

El primer problema a afrontar es aprobar un Plan de choque por el empleo y contra el paro, el primer problema para los españoles, según todos los CIS. Este año 2019 se va a crear menos empleo (+350.000, frente a 566.200 en 2018 y +475.000 en los tres anteriores). Y el problema es que el 91% son empleos temporales y un tercio a tiempo parcial, casi todos mal pagados (menos de 1.000 euros netos al mes). Y la mitad de los parados llevan más de dos años en el paro y casi la mitad no cobra ya el desempleo, con lo que malviven sin perspectiva de trabajar, sobre todo los mayores de 45 años. Y los jóvenes y las mujeres sufren más la precariedad en el empleo y en los sueldos, ganando los jóvenes hoy igual que hace 20 años.

Además de volcarse en el empleo, reformando las oficinas del SEPE (que ni buscan empleo ni forman a los parados), haría falta apostar por las políticas activas de empleo, con ayudas a la contratación y reforzando la FP con los empleos que necesitan las empresas. Y conseguir una reforma laboral que reduzca la precariedad y mejore la productividad española, cada vez más alejada de Europa: somos más pobres que la UE (tenemos el 90% de su renta) porque aquí trabaja menos gente (67% de adultos 20-64 años frente al 73,2% en la UE-28 y el 79,9% en Alemania, según Eurostat) y trabajan con menos eficacia (la productividad por hora trabajada ha crecido en España un +17,5% entre 1995 y 2018 y en Europa un +37,1%, según un estudio de la Fundación BBVA e Ivie).

El otro gran problema sin resolver son las pensiones. No se ha hecho nada desde que Rajoy y el PNV pactaron, en abril de 2018 una subida de las pensiones del 1,6% y retrasar a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad (rebajar la pensión inicial en función de la esperanza de vida). La mayor subida de las pensiones (en 2018 y 2019) ha aumentado el gasto de la Seguridad Social, mientras no suben tanto los ingresos por sueldos (bajos) y cotizantes. Y así, a finales de junio, se ha batido un récord de gasto en pensiones: 9.773 millones, más casi otro tanto para la extra (19.000 millones en total), con lo que la SS ha tenido que acudir a un préstamo del Tesoro, porque “la hucha” está casi agotada. Y ya se pagan 9.733.234 pensiones (a 8,8 millones de pensionistas), con una pensión nueva más alta: 990 euros de pensión media y 1.410 euros las nuevas jubilaciones de junio.

Al final, el envejecimiento de la población está aumentando el número de pensiones y pensionistas, que cobran cada vez más porque han tenido salarios más altos. Y sin embargo, los 2,8 nuevos empleos creados con la recuperación son precarios, con bajas cotizaciones. Esto crea un déficit de la Seguridad Social  que ha sido de -18.500 millones en los últimos tres años y que podría superar los -20.000 millones en 2019.Un déficit que se agravará a partir de 2027, cuando se jubila la generación del “baby boom” (nacidos entre 1960 y 1975) y sobre todo para 2050 (cuando habrá 15 millones de pensiones). Por eso, urge tomar medidas desde ya, tratando de aumentar ingresos (vía cotizaciones e impuestos) y atemperar los gastos, con medidas varias: retraso edad de jubilación, computar lo cotizado en toda la vida laboral, ajustar las subidas al PIB y no sólo al IPC y rebajar algo las pensiones iniciales para asegurarlas durante más años que vive ahora el pensionista.

El tercer gran problema a resolver es la vivienda, que es, junto al empleo y los salarios, el tercer factor que provoca hoy mayor vulnerabilidad entre jóvenes y familias: hay 8,5 millones de españoles en situación de exclusión social, un 18,4% de la población, según el informe FOESSA. Una causa clave es que los alquileres se han disparado desde 2014, subiendo un 46% y alcanzando máximos históricos en 25 capitales. De hecho, 1,5 millones de españoles no pueden pagar un alquiler de mercado, según un estudio de la Fundación Alternativas. Esto ha llevado a muchas familias a la exclusión social, al tener dedicar  la mitad y más de sus ingresos al alquiler (el 40% de los excluidos viven en alquiler). Y hay 2.100.000 hogares (el 11%) que viven en situación de “exclusión residencial”: 1,3 millones en viviendas con graves deficiencias (“infraviviendas”)o sin suministros adecuados (agua, calefacción) y otros (800.000), sin contrato de alquiler, con riesgo de desahucio o con situaciones de violencia intrafamiliar.

La solución al grave problema de vivienda de millones de familias y jóvenes no pasa por limitar legalmente los alquileres (como pretenden Podemos y algunos Ayuntamientos), porque eso retraería a los propietarios a alquilar, ni por conceder 150 euros de ayuda al alquiler de los jóvenes como promete el alcalde de Madrid (terminan subiendo más el alquiler), sino aumentando la oferta de pisos en alquiler, incentivando a alquilarlas a los propietarios que las tienen vacías (bajándoles el IBI y el IRPF) y, sobre todo, ampliando el parque de viviendas públicas (VPO) en alquiler, con compras de pisos sin vender y nuevas promociones en suelo público. Porque es una vergüenza que en 2018 sólo se terminaran 5.136 VPO, según Fomento, cuando entre 1957 y 1.989 se terminaban más de 100.000 VPO al año. Es posible promover 20.000 al año y sacar al mercado otras 20.000 vacías o sin vender, unas 50.000 viviendas en alquiler más al año que tirarían a la baja de los precios.

El 4º gran problema a afrontar en España es recuperar el Estado del Bienestar, tras  recortes de 21.847 millones de euros entre 2009 y 2016 (según Hacienda) en sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales. En Sanidad, habría que gastar como la media europea (el 7% del PIB, unos 12.000 millones más al año), aumentando y regularizando las plantillas de médicos y enfermeras (1/3 tienen contratos temporales), ampliar los especialistas, renovar tecnológicamente los hospitales y reducir con ello las abultadas listas de espera (584.000 españoles esperan una operación y el 43% esperan 57 días de media para ir al especialista) y las enormes diferencias de servicio entre autonomías. En Educación, urge un Pacto educativo para gastar también como europeos (el 5% del PIB, 11.200 millones más al año) y para reformar a fondo la educación, desde infantil a la universidad, para reducir los repetidores (1 de cada 3 estudiantes), el fracaso escolar (18,3%) y el elevado paro de los jóvenes (35% los menores de 25 años).

En Dependencia, la atención a mayores y discapacitados ha sufrido serios recortes (-4.600 millones entre 2012 y 2017) y el resultado es que, en junio de 2019, junto a 1.083.329 dependientes atendidos (la mayoría, con servicios “low cost”, no en residencias), hay todavía 256.821 dependientes en lista de espera, con derecho reconocido pero sin recibir ningún servicio o ayuda, porque su autonomía no tiene recursos. Y lo grave es que la mayoría son ancianos muy mayores, con lo que 80 dependientes mueren cada día sin recibir la ayuda a la que tienen derecho, según los Directores de Servicios Sociales. En cuanto a los servicios sociales, el gasto en 2018 (1,57% del PIB) fue 2.300 millones menos que en 2010 (1,68% del PIB), con grandes desigualdades entre la cuantía y la calidad de la atención social en Castilla y León, País Vasco o Navarra (las mejores) y Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias (las peores), según los Directores de Servicios Sociales. Y urge relanzar las ayudas a la familia y a la natalidad, para frenar nuestro “suicidio demográfico”

Otra 5ª prioridad, que lleva años esperando, es un Plan integral contra la pobreza y la desigualdad social, que han aumentado con la crisis. España es el país europeo donde más ha crecido la desigualdad entre 2008 y 2017 y el 4º país más desigual de Europa, tras Bulgaria, Ucrania y Letonia: el 10% más rico concentra más de la mitad de la riqueza total (55,3%), más que el 90% restante (que se lleva el 44,6%), según Intermón Oxfam. Y el 1% más rico acapara más riqueza (24,42%) que el 50% más pobre (7,20%). Eso lleva a que España tenga más pobreza que antes de la crisis: el 26,6% de la población (12.338.187 españoles) están en riesgo de pobreza, según el indicador europeo AROPE, sobre todo parados, inmigrantes y mujeres solas con niños (+50% son pobres). Y 1 de cada 3 menores de 16 años están en situación de pobreza: 1.400.000 niños pobres, según Save the Children.

Una 6ª prioridad que no puede esperar más (el clima, la sequía y los incendios nos lo “gritan”) es la lucha contra el Cambio Climático, donde España tiene una posición de partida peor que el resto de Europa, porque somos el 3º país europeo que más ha aumentado sus emisiones de efecto invernadero entre 1990 y 2017: un +17,9%, sólo superado por Chipre (+57,8%) y Portugal (+19,5%), mientras el conjunto de la UE las reducía un -23,5%. Y además, porque si hay un país que sufre y sufrirá más el Cambio Climático es España, junto a la Europa del sur. El Gobierno Sánchez envió a Bruselas, a finales de febrero de 2019,  el Plan español, considerado por los expertos como uno de los más ambiciosos. En esencia, propone suprimir el uso del carbón en 2030, reducir las nucleares y contar con un 42% de energías renovables para 2030, además de reducir el uso del diesel y la gasolina en los transportes (plantea suprimir los coches de combustión a partir de 2040).

En paralelo a la reconversión hacia una economía más limpia, la energía debe ser la 7ª prioridad a afrontar en los próximos años, con el doble objetivo de conseguir una energía más limpia y más barata, en especial la electricidad: hoy España tiene la luz para uso doméstico un 43,8% más cara que Europa (0,187 €/Kwh frente a 0,130 €) y la luz industrial un 32,4% más cara (0,094 €kWh frente a 0,071 € la UE-28), según Industria. Y eso se debe a que los distintos Gobiernos, desde Aznar a Sánchez, no han sido capaces de imponer una auditoría  y recortar a las eléctricas los costes que nos cobran de más en el recibo (un tercio).

Otra 8ª prioridad debería ser apostar por la Ciencia y la tecnología, tras años de recortes en I+D+i (-21.728 millones desde 2009), traducidos en abandono de proyectos y fuga de investigadores. España es uno de los paises que menos gasta en Ciencia (1,20%  del PIB en 2017 frente al 2,07% de la UE-28, el 3% de Alemania o el 3,30% de Suecia) y estamos en el puesto 17º del ranking europeo de innovación, según la Comisión Europea. Y además de gastar poco, lo gastamos mal, porque el 60% del Presupuesto es vía créditos que no se piden (hay Universidades y Centros que tienen prohibido endeudarse más), con lo que en 2018 sólo se gastó el 46,8% del Presupuesto en Ciencia (3.278 de 7.003 millones). Y en paralelo, las empresas gastan poco en tecnología e innovación.

La 9ª prioridad de futuro debería ser modernizar la economía, apostando más por la industria (en España aporta el 16% del PIB frente al 17,5% en la UE-28 y el 23,2% en Alemania), que aporta empleo más estable, la exportación,  las inversiones públicas en infraestructuras, agua y medio ambiente, la innovación y la digitalización, buscando aumentar el tamaño de las empresas (tenemos demasiadas pymes, menos eficientes que las grandes empresas)  y mejorando la productividad, con una mayor apuesta por la formación y la mejor organización de las empresas, fomentando la participación en la gestión del día a día.

Y por fin, la 10ª gran tarea pendiente: una nueva reforma fiscal, para conseguir recursos suficientes para afrontar las tareas anteriores. El gran problema de España, y por el que tenemos todavía el 4º mayor déficit público de Europa (el 2,48% en 2018, tras 2,5% Francia, 2,1% Italia y 4,8% Chipre), no es que gastemos más (gastamos menos: un 41,3% del PIB frente al 45,6% que gasta la UE-28) sino que ingresamos mucho menos que el resto de Europa, según Eurostat. Así, en 2018, España recaudó el 38,9% del PIB, mientras los paises europeos recaudaron el 45% de su PIB y la zona euro el 46,3%. Eso significa que recaudamos 73.703 millones menos el año pasado que la media europea, 89.410 millones menos que los paises euro y 177.612 millones menos que Francia. Pongamos 80.000 millones menos de ingresos, que darían para reducir el déficit y gastar más en lo que hace falta.

Así que el gran reto del próximo Gobierno no es hacer más recortes, como ya pidió la Comisión Europea en junio (15.000 millones de “ajuste” entre 2019 y 2020 para seguir bajando el déficit), sino recaudar más, en línea con Europa. Y para ello, hay que aumentar la recaudación en el IRPF (reduciendo deducciones, que benefician a los ingresos más altos) y en el IVA (quitando tipos reducidos al 10% sin justificación, como hoteles y restaurantes), en los impuestos verdes (subiendo impuestos al gasóleo y gasolina, menores que en Europa), y, sobre todo, aumentando el impuesto de sociedades a los bancos, grandes empresas y multinacionales, así como a los más ricos, que pagan menos de lo que deben. Se trata de hacer una reforma fiscal donde el 95% paguemos igual o menos y un 5% pagarán más. Y reducir el fraude fiscal y cobrar a los que evaden. Medidas de las que no quieren hablar las tres derechas, que prometen bajar impuestos, cuando el camino es recaudar más.

Son bastantes retos, muy importantes, donde apenas se ha hecho nada en los últimos 4 años de bloqueo político y Gobiernos débiles. Y son reformas que exigen pactos, acuerdos y consensos, con recursos suficientes y tiempo, sin politiqueos egoístas, buscando mejorar la vida de los ciudadanos y ser un país más eficiente, más moderno y socialmente más justo. Es lo que necesitamos los españoles. Para eso queremos a los políticos. No para llevarnos a bloqueos políticos que agravan los problemas y retrasan las soluciones.

Los ciberataques se multiplican

A finales de junio se supo que unos hackers habían entrado en el correo electrónico de los jueces del “procés”. En mayo, que los datos de 4,5 millones de visitantes de la Alhambra quedaron al descubierto por comprar sus entradas online. Y en marzo, que habían introducido un virus en los ordenadores de Defensa para conseguir secretos de la industria militar. Son solo 3 ejemplos recientes de ciberataques, que en el mundo sufren 1.200 millones de internautas. En España, se detectaron 111.519 incidentes en 2018, más del doble que en 2015, sobre todo a empresas estratégicas, instituciones  y particulares. Y el CNI alerta que España sufre un incidente “crítico” de seguridad cada 3 días. Es un problema serio, que cuesta 500.000 millones de euros al año en el mundo y 2.100 millones en España, donde 1 de cada 3 internautas sufren ciberataques. Urge que el Estado, las empresas y los particulares gasten más en seguridad y afronten con mayor decisión uno de los grandes problemas del siglo XXI. Estamos muy inseguros.

enrique ortega

A principios de 2019 había en el mundo 4.388 millones de internautas, más de la mitad de la población mundial (7.676 millones), según el último informe de We Are Social y Hootsuite. Y de ellos, la mayoría (3.986 millones de personas) son internautas vía móvil, casi 30 millones de ellos en España. Pues bien, 1 de cada 3 de estos internautas sufrió algún ciberataque en 2018, según revela el último informe sobre Ciberseguridad de Norton/Symantec: son ya 1.200 millones las personas que han sufrido ciberataques en el mundo, 867,2 millones en el último año, sobre todo en China (729,5 millones de internautas han tenido problemas), EEUU (151,9 millones afectados), Brasil (89 millones), México (49,4 millones), Alemania (32,6 millones), Reino Unido (26,7), Francia (26,2), Italia (24,1). En España, el informe Norton estima que 1 de cada 3 internautas fueron afectados por ciberataques (unos 10 millones).

Con estos ciberataques tan generalizados, la ciberdelincuencia se ha convertido en un negocio más rentable que la droga, según los expertos. De hecho, el informe Norton revela que 2 de cada 5 ataques informáticos tienen un impacto económico sobre el país, la empresa o el particular atacado y que provoca unas pérdidas de 172.000 millones de dólares al año (142 dólares de media anual por víctima). Otra estimación, de McAffe, eleva el coste anual de la ciberdelincuencia a 600.000 millones de dólares (500.000 millones de euros), el 0,8% del PIB mundial. Y en el caso de España, la estimación de Norton es que los ciberdelitos nos cuestan cada año 2.100 millones de euros de pérdidas.

El hecho cierto es que los ciberdelitos se han multiplicado en España en los últimos años, aumentando casi un 50% anual. Así, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con sede en León, ha pasado de detectar 18.000 “incidentes de seguridad” en 2014 a 50.000 en 2015 y 111.519 incidentes en 2018, sobre todo en empresas, Universidades, infraestructuras críticas e internautas particulares. Y de ellos, 722 ciberataques afectaron a “operadores estratégicos críticos” (organismos y empresas que prestan servicios esenciales para la comunidad), sumándose ya más de 2.300 ataques críticos en los últimos 5 años, más de la mitad de ellos a bancos, empresas de energía y transportes.

Otra estadística reveladora es la que publica cada año el Centro Criptológico Nacional (CCN), dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que se especializa en ciberataques al Estado y sus instituciones, aunque también a empresas y servicios básicos. En 2018, el CCN detectó 38.192 ciberataques, el 57% dirigidos a instituciones públicas. Suponen un 44% más que en 2017 (26.472), casi el doble de incidentes que en 2016 (20.807) y casi 10 veces los ciberataques detectados en 2012 (4.003). Y lo peor es que 180 ciberataques fueron “críticos” (1 cada 3 días) y 9 “muy críticos”. El propio presidente del CNI reconoció en el Parlamento su preocupación porque los ciberataques son cada vez “más serios”: “si en  los últimos 5 años se registraban cada mes 5 incidentes de seguridad informática “de envergadura”, en junio de 2019 se han producido 9 ataques relevantes”, señaló Sanz Roldán.

Una tercera estadística son los ciberdelitos que se denuncian, ante la policía y la Guardia Civil: fueron 81.307 denuncias en 2017, el último dato aportado por el Observatorio de Delitos Informáticos (OEDI), con las denuncias que recibe Interior, un 35% más que en 2015 (60.154). La mayoría son denuncias por fraude informático (60.150), seguidas de las denuncias por amenazas y coacciones (11.270), falsificación informática (2.961), acceso e interceptación ilícita (2.505), delitos informáticos contra el honor (1.537) y sexuales (1.322).

El problema es que sólo un 12% de estos delitos cibernéticos pasan a un Juzgado: se incoaron 8.035 procedimientos judiciales por delitos informáticos en 2016, según la Memoria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), frente a 66.586 denuncias ese año. Y eso, porque muchas empresas y particulares no los denuncian y, sobre todo, porque la policía tiene la orden de no enviar al juez los delitos informáticos donde no se ha detectado el autor (algo casi siempre muy difícil y más si las fuerzas de seguridad carecen de medios), en cumplimiento de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal promovida en 2015 por el Gobierno Rajoy. Y aunque lleguen a un Juzgado, muchos de estos delitos informáticos se archivan, bien porque son importes bajos o porque su investigación es muy compleja, con frecuentes implicaciones de mafias radicadas en el extranjero. Y al final, se estima que el 95% de los delitos informáticos quedan impunes. En 2016, por ejemplo, de las 66.586 denuncias, los jueces sólo imputaron delitos informáticos a 1.242 personas (el 1,86%), según la Memoria del CGPJ. Y la mayoría de los imputados no acaba en la cárcel.

Los ciberataques se centran, en España y el mundo, en organismos públicos, empresas y particulares. Los ataques informáticos a los Estados y sus instituciones están creciendo, por razones políticas y de espionaje industrial, según el último informe del CCN (CNI). Es el caso detectado en el Ministerio de Defensa, donde en marzo se detectó un virus que pretendía robar datos de empresas de armamento. Lo que más está creciendo en el último año, según el último informe de Norton/Symantec 2019, es el “formjacking”, una nueva modalidad de ciberdelincuencia que se dedica a cargar códigos maliciosos en Web de minoristas para robar los datos de las tarjetas de créditos de los compradores. Es lo que pasó en septiembre de 2018 a 380.000 clientes de British Airways o al 5% de clientes de Ticket máster. Y en España, lo que les ha pasado a los 4,5 millones de visitantes de la Alhambra que compraron su entrada por Internet: sus datos quedaron expuestos. Y hay mafias informáticas que luego ofrecen estos datos en el Internet oscuro, cobrando 45 dólares por tarjeta.

Otras dos modalidades de ciberdelitos que siguen ahí, con fuerza, son el “ransomware” (se exige el pago de un rescate para acceder al propio sistema, infectado por un virus: su uso ha aumentado un 12% en 2018, según Norton) y el “crytojacking” (delincuentes entran en equipos informáticos potentes y los utilizan para generar criptomonedas). También está muy generalizado el “phising” (ciberdelincuentes engañan al internauta para que revele información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito, de la Seguridad Social y  números y claves de cuentas bancarias), que ha supuesto más de 1.000 millones de euros de pérdidas a bancos y clientes españoles desde 2014, según el CCN. Y también están ahí todas las modalidades de “malware”, virus que se introducen con las cuentas de correo (el 60% de los mails tienen alguna “carga dañina”, según el CCN), fotos, imágenes o descargas y que pretenden acceder a datos personales y correos. Es lo que le ha pasado al Juez Marchena y a otros magistrados que juzgan “el procés”. Sin olvidar las plataformas que ofrecen servicios (alquileres) o premios y que piden a cambio pagos que son un fraude.

Otras formas más de ciberdelincuencia, según recuerda el CCN (CNI) son las acciones contra la seguridad informática de ciertas redes, organismos y empresas sensibles hechas por hackers activistas (“kactivistas”), yihadistas o terroristas. Es un anticipo de la guerra del futuro: la “guerra cibernética”. De hecho, la OTAN y 21 paises europeos (entre ellos España) han creado en Estonia el Centro para la Defensa Cibernética Europea (CCDCOE), para trabajar conjuntamente en la defensa de instalaciones básicas europeas (agua, electricidad, aeropuertos…), pensando en potenciales ataques de Rusia, China y pequeños paises de Asia y Oriente Medio. Y el abuso de datos y noticias falsas (“fake news”) y la manipulación de la opinión pública e través de las redes sociales en  épocas electorales. O los ataques a webs (el 45% de estos ataques se dan en EEUU y el 25% en Holanda), para paralizarlas o ralentizarlas o como forma de presión económica o política.

En España, los ataques cibernéticos más comunes, según esta guía del INCIBE, son el secuestro del sistema (“ransomware”), el robo de datos, el colapso plataformas o servicios, la caída y alteración de webs, el espionaje y hackeo de dispositivos y el envío fraudulento de correos con virus o haciéndose pasar por empresas, bancos, eléctricas o instituciones (Hacienda) para obtener datos personales del internauta. Los sectores más atacados por los ciberdelincuentes son los bancos, las empresas de energía, agua y transportes, así como las webs de vuelos, viajes y entradas.

El problema de fondo es que los ciberdelincuentes están cada vez más preparados y los Estados, empresas y particulares no lo están tanto. En la Administración pública, el Ministerio del Interior ha contratado este año a 12 expertos externos en ciberseguridad porque faltan especialistas  en la Policía y la Guardia Civil, colapsadas con los ciberdelitos. Y el Centro de detección de ciberataques de León, el INCIBE, sólo tiene 23 millones de Presupuesto y 104 empleados (el 40% son contratados temporales), por lo que se quiere aumentar un 40% su plantilla (superada por el trabajo de los ciberdelincuentes) en los próximos 3 años.

Pero lo más preocupante es la desprotección en ciberseguridad de la mayoría de las empresas españolas: el 30% consideran que están “poco o nada preparadas” para hacer frente a los ciberataques, según una Encuesta hecha por Deloitte en 2018. Las más preparadas son las empresas muy grandes (las que facturan más de 5.000 millones de euros anuales), pero lo están poco las menos grandes, las medianas y sobre todo las pymes. En general, las empresas españolas  invierten poco en ciberseguridad: invierten de media un 8,5% de su presupuesto en tecnología, cuando la media que recomiendan los expertos es invertir al menos el 20% de lo que gasten en tecnología (TIC). Y esta escasa preparación es especialmente preocupante dado este dato: el 76% de las empresas españolas han sufrido un ciberataque en los últimos 6 meses, según la Encuesta de Deloitte.

Los particulares tampoco hacemos mucho contra los ciberataques. Por un lado, nos gastamos muy poco en antivirus (sólo lo tienen el 68% internautas, según el informe ONTSI 2018) y en sistemas de protección y nos dedicamos a descargar sin precaución correos, adjuntos, fotos, vídeos, aplicaciones y demás, las mayores vías de entrada de los ciberdelincuentes. Y no nos preocupamos demasiado de gestionar las claves, que repetimos sin reparo. De hecho, sólo el 15% de los internautas recurren a “métodos seguros” para proteger su seguridad informática, según los expertos. Y todo ello a pesar de que dos tercios de los internautas españoles (el 65,8%) han sufrido problemas de seguridad, según el informe ONTSI 2018. Y a que un 32% confían “poco o nada” en Internet.

Un elemento clave es gastar más en ciberseguridad, tanto los Estados como las empresas y los particulares, pero otro es contar con profesionales bien formados que nos defiendan contra la ciberdelincuencia. Y no los hay, ni ahora ni para el futuro próximo. De hecho, para 2022 habrá 1,8 millones de empleos sin cubrir  ligados a la ciberseguridad, de ellos 350.000 en Europa y 25.000 en España, según la publicación Cybersecurity Ventures. Así que los Gobiernos y las empresas tienen que apoyar a fondo la formación de ciberespecialistas, desde la Formación Profesional a la Universidad. Pero “estudios de verdad”, con seriedad y profundidad, porque actualmente hay una cierta “burbuja” de formación, con 65 Másteres y Grados en ciberseguridad  impartidos por Universidades (sobre todo privadas) y Escuelas de Negocio, muchos puestos en cuestión por los expertos.

El mundo tiene que tomarse en serio la lucha contra la ciberdelincuencia, uno de los grandes retos de este siglo como el cambio climático. Obama ya declaró la ciberseguridad como uno de los objetivos estratégicos de EEUU y Trump ha reiterado que es una de sus prioridades, agobiado con China y Rusia. En Europa, la Comisión aprobó en 2016 una Directiva que establece medidas para lograr un elevado nivel de ciberseguridad, obligando a paises y empresas a informar con celeridad de los incidentes y fugas de datos. Y en España, Rajoy aprobó en diciembre de 2013 la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que Sánchez acaba de actualizar, al aprobar en abril la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019. Su objetivo es potenciar la resistencia de los sectores ante la ciberdelincuencia y conseguir una mayor colaboración público-privada, introduciendo certificaciones e indicadores de ciberseguridad en los servicios estratégicos y exigiendo requisitos de seguridad informática en todos  los concursos públicos. Pero faltan más recursos (públicos y privados)  y más coordinación entre instituciones, administraciones y empresas, así como campañas públicas para concienciar y formar a los internautas en la seguridad.

Internet ha revolucionado nuestras vidas y la economía pero también se ha convertido en la mayor plataforma para el delito, para cometer fraudes, atacar a empresas e instituciones y robar o intimidar a los internautas. Y los ciberdelincuentes están cada vez más organizados y tienen más poder, con la connivencia de mafias y algunos Estados. Por eso, urge que los paises, las empresas y los particulares se vuelquen en defenderse de esta plaga, con dinero, medios, especialistas y formación. Es “una cuestión de Estado”. Porque estamos más desprotegidos de lo que creemos. Superconectados sí, pero necesitamos estar más seguros.