lunes, 28 de noviembre de 2022

Queja patronal: les faltan trabajadores

El reelegido presidente de la patronal ha dicho que la falta de trabajadores será   “el principal problema para las empresas en 2023”. No la inflación, la energía, la subida de tipos o la temida recesión…: la falta de trabajadores, sobre todo cualificados. Y se queja de que las empresas tienen que “gastar más para retener el talento”. Oculta Garamendi que España es el país europeo con menos empleos “vacantes”. Y olvida decir que las empresas apenas gastan en formación, que cada año queda sin gastar la mitad del dinero para formar trabajadores y parados y que apenas hay empresas que impartan formación dual en FP. Tampoco dice que un tercio de asalariados están “sobrecalificados, trabajan en puestos donde les sobra formación porque no les ofrecen otros. Menos “culpar” a los trabajadores y más aumentar el gasto empresarial en formación, reformar las oficinas de empleo y los cursos de formación y colaborar con la FP y la Universidad para una enseñanza dirigida al empleo. Ganarían ellos y todos.

Enrique Ortega

La queja de Garamendi se produjo en la presentación de un informe, elaborado por la patronal CEOE y Randstad, sobre cómo ven las empresas españolas 2023. Y lo primero que sorprende, ante el pesimismo económico reinante, es cómo se ven esas empresas hoy: casi 8 de cada 10 empresas encuestadas se ven “recuperadas” respecto a 2019 (15% plenamente recuperadas y otro 64% en buena situación, quedando sólo un 21% sin recuperar todavía). De cara a 2023, un año muy difícil en toda Europa, el 48% de las empresas creen que la situación española empeorará. A pesar de ello, 2 de cada 3 empresas contratarán nuevos trabajadores el próximo año. Y para contratar, lo que más preocupa a la mayoría  (53% empresas) es “el déficit de talento”, la falta de trabajadores, sobre todo cualificados, y el esfuerzo que tendrán que hacer para evitar que los mejores trabajadores se vayan (rotación). Esto es lo que hace decir al presidente de la patronal que “en España no hay trabajadores y muchas pymes están en riesgo de desaparecer” por ello y por el gasto que exige retener trabajadores.

El empleo lleva creciendo 28 meses, desde junio de 2020 (+1.928.500 empleos), tras lo peor de la pandemia, pero la patronal lleva todo este tiempo quejándose de que “no encuentran trabajadores: el sector de la construcción habla de un déficit de 700.000 trabajadores, los empresarios del campo indican que les faltan entre 50.000 y 100.000 temporeros,  la patronal del transporte señala un déficit de 10.000 a 15.000 camioneros y los empresarios del turismo y la hostelería reiteran que no encuentran personal formado para cubrir unos 50.000 empleos. Y sobre todo, se quejan de que faltan “trabajadores cualificados”: hay 120.000 empleos digitales sin cubrir, según la Asociación Digital ES.

Sin embargo, este presunto déficit de empleos apenas se registra en las estadísticas: sólo había 145.053 empleos “vacantes” en junio de 2022 (el último dato del INE), pocos más que antes de la pandemia (101.009 empleos vacantes). Y de ellos, sólo se contabilizan 5.252 vacantes en la construcción (1.055 menos que a finales de 2021), 9.653 en la industria y 130.147 en los servicios (18.888 en la sanidad, donde las vacantes se han duplicado), 14.153 en el comercio, 9.257 en la hostelería y 3.382 en el transporte), según la EPA, que no recoge las vacantes en el campo. Las vacantes se dan más en las empresas pequeñas y medianas, especialmente en Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana.

Sorprenden las reiteradas quejas de la patronal sobre la falta de trabajadores cuando España es el país europeo con menos porcentaje de empleos vacantes, lo que parece lógico dado que tenemos el doble de paro que el resto del continente: tenemos un 0,9% de empleos por cubrir (145.053), igual que Rumanía y Bulgaria, muy lejos del porcentaje de empleos vacantes de la UE-27 (el 3%), de Holanda (5,1%), Bélgica (5%), Alemania (4,9%), Suecia (3,6%), Francia (2,4%) e Italia (2,3%), según los datos de Eurostat. Y EEUU tiene el 6,2% de empleos vacantes, por la enorme rotación y su bajísimo desempleo (3,7%).

¿Por qué  hay empleos sin cubrir? La falta de trabajadores tiene mucho que ver tanto con la aptitud como con la actitud”, señaló hace unos días Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE, “culpando” así a los trabajadores de estar poco formados (“aptitud”) y de estar poco dispuestos a trabajar (“actitud”). Pero sindicatos y expertos creen que hay otras causas. La  primera y fundamental, los bajos salarios y las pésimas condiciones laborales en algunos empleos, que disuaden a los trabajadores. No es casualidad que los sectores donde dicen que faltan trabajadores sean los que cobran sueldos inferiores a la media (25.165 euros brutos anuales): hostelería (14.136 euros), construcción (23.104 euros) y transporte (25.033 euros), según la última estadística de salarios del INE (2021). Y que estos trabajos tengan además horarios más largos y se hagan muchas horas extras sin cobrarlas (11% trabajadores en hostelería, 9% en construcción y transporte, según un informe de CCOO), sin olvidar las penosas condiciones de trabajo de los temporeros del campo. Y también influye el elevadísimo coste de los alquileres, que hace que sea muy difícil encontrar trabajadores en  Baleares, Barcelona, Madrid y Comunidad Valenciana. También influye, en la construcción, la práctica de la subcontratación en cascada, que deja a las empresas en manos de subcontratas que no cuidan su oferta laboral.

Lo que sí resulta un problema evidente es la falta de algunos empleos cualificados: analistas de datos, expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial, digitalización y robótica, desarrolladores de software, consultores TIC, especialistas en redes, diseñadores de producto, analistas y todos los expertos en energías alternativas y medio ambiente, empleos donde 6 de cada 10 empresas tienen problemas para encontrar trabajadores, según Manpower. Y aquí se plantea el 2º gran problema señalado por la patronal para 2023: las empresas tendrán que gastar más para retener el talento, para evitar que los trabajadores se vayan. Ya se lo dijo Biden hace meses a sus empresarios: “Páguenles más” (“Pay more them”). Es lo mismo que les ha dicho en España la ministra Yolanda Díaz y los sindicatos.

Sobre todo porque España tiene unos bajos salarios, que dificultan “atraer y retener talento”: el coste laboral es de 22,9 euros por hora, un -21,3% inferior a la media de la UE-27 (29,1 euros), un  -30,2% inferior a la zona euro, y un -38% inferior al coste laboral en Alemania (37,2 euros) y Francia (37,9 euros), quedando también por debajo de Italia (29,3 euros por hora), según los datos de Eurostat (2021). Y esa son medias, porque 4 de cada 10 trabajadores ganan menos de 1.000 euros al mes, según la Agencia Tributaria.

Pero la solución para encontrar trabajadores cualificados no es sólo pagarlos más: es que hay pocos. España tiene un problema estructural e histórico de baja formación de los adultos: un 36,1 % de los españoles (25 a 64 años) tienen “baja formación” (ESO o menos), el doble que la media europea (16,4% de los adultos) y casi el triple que Alemania (sólo 14,7% adultos poco formados), según el Informe de la Educación OCDE 2022. Y si nos fijamos sólo en los jóvenes (25 a 34 años), persiste este problema de baja formación: tenemos un 27,7% de jóvenes con la ESO o menos, frente al 11,8% en Europa. Ambos datos indican que tenemos un problema de baja formación laboral, fruto de muchos años de abandono escolar. Y además, en España hay pocos jóvenes matriculados en Formación Profesional (12% frente al 25% en la UE-27 y el 40% en Alemania), estudios que son los más demandados por las empresas.

Y junto a este déficit de formación, vinculado a fallos en el sistema educativo, España tiene el problema contrario: un mayor porcentaje de universitarios que el resto de Europa (40,7% de los adultos frente al 38,3% en la UE y el 31,3% en Alemania. Y como la economía española está más centrada en los servicios (turismo, hostelería y comercio) y menos en la industria y las actividades innovadoras, la mayoría de nuestros universitarios (sobre todo los jóvenes) no trabajan en empleos cualificados, sino en  “lo que encuentran”. Y así, tenemos un país donde faltan trabajadores cualificados y a la vez, el 29,2 % de todos los asalariados del sector privado (ojo: 3.925.951 trabajadores)  están “subempleados”, están “sobrecalificados” para el trabajo que hacen (universitarios en un bar, un comercio o un supermercado). Y somos el tercer país europeo con este problema, que afecta al 38,8% de los jóvenes universitarios, frente al 24,1% de media en la UE y el 18,7% en Alemania.

Así que faltan trabajadores cualificados y sobran empleos poco especializados ocupados por personal cualificado. Un desajuste que sólo se puede corregir con la formación, desde la escuela y la Universidad a las empresas. Pero aquí chocamos con dos problemas. Uno, que la educación ha estado al margen de las necesidades de las empresas durante demasiados años. Y el otro, que las empresas españolas (que ahora se quejan) no se han preocupado por la formación de sus trabajadores. Primero, porque gastan en la formación de sus empleados la mitad que en Europa y la tercera parte que en EEUU, según la consultora Élogos. Y además, la mayor parte de esta formación la hacen las grandes empresas, mientras las pymes (el 99%) sólo hacen el 10% del total. Y segundo, porque las empresas españolas han reducido a la mitad su gasto en formación en la última década: gastaron un máximo de 110,95 euros por trabajador en 2011, bajaron a 99,88 euros en 2014 y ha seguido cayendo hasta los 60,51 euros en 2021, según la última encuesta de coste laboral del INE. Y esa caída es más llamativa si la vemos en porcentaje del coste de un trabajador: si en 2011, las empresas dedicaban a formación el 0,35% del coste laboral, ahora es el 0,18%.

El problema no es sólo que las empresas gasten poco en formación. Es que además, el sistema vigente para formar a los trabajadores y parados no funciona. Existe una cuota de formación que pagan cada año las empresas (0,6% de las nóminas) y los trabajadores (0,1%), para destinar estos recursos (2.200 millones de euros) a formar parados (la mitad del dinero, que gestionan las autonomías y sus oficinas de empleo) y trabajadores ocupados (una parte a través de las autonomías y la SEPE, y la mayor parte gestionado por la Fundae, una Fundación tripartita (patronal, sindicatos y Estado), que ofrece cursos gratuitos y financia cursos que hacen las empresas. El problema es que la mitad del dinero que gestiona la Fundae no se gasta en formación (sólo 513 millones de los 968 asignados en 2021), bien porque las empresas no solicitan cursos (son desconocidos y muchos son muy generalistas y poco atractivos), bien porque tienen que adelantar el 40% del importe y tardan en recuperarlo, o bien por no dar permisos retribuidos para hacerlos a sus empleados.

El problema es tal que sólo entre 2015 y 2020 se han quedado sin gastar 2.635 millones de las cuotas pagadas por empresas y trabajadores para formación, según datos del Ministerio de Trabajo. No pasa  sólo con los cursos de la Fundae, sino que tampoco la SEPE y las autonomías gastan lo que tienen para formar a los parados. Y las empresas muestran tan poco interés como que en 2021, sólo 322.767 empresas hicieron cursos subvencionados, el 10% de las existentes. Y se formaron 4.841.385 trabajadores, un tercio del total de asalariados del sector privado. 

Así que las empresas se quejan de que no encuentran trabajadores cualificados y no se quejan del desastre de la formación con sus cuotas (el sistema lo reformó el PP, en 2015, pero sigue sin funcionar). Y tampoco funcionan los cursos para parados que hace el SEPE: solo 65.389 desempleados (el 2%) hicieron cursos en 2021, según el SEPE. Urge reformar el sistema y las oficinas de empleo (SEPE), para que trabajadores y parados hagan los cursos ligados a los empleos para los que no se encuentran trabajadores (construcción, transporte, hostelería y turismo) y para mejorar la cualificación de los trabajadores que han de reciclarse.

En paralelo, hay que volcar la enseñanza, de la escuela a la Universidad, y sobre todo la Formación Profesional, hacia los empleos del futuro, lo que exige dotar de medios, centros y profesores (este curso, ha habido una falta de más de 50.000 plazas en Centros públicos de FP, sobre todo en  Madrid y Cataluña). Y ahora que existe una Ley para promover la Formación Profesional (entró en vigor el 20 de abril de 2022), es fundamental que las empresas colaboren, porque se ha puesto en marcha la FP dual, que supone derivar a las empresas una parte de la formación de los alumnos (entre un 25 y un 35% a nivel general y del 35 al 50% en los cursos intensivos). Eso exige que las empresas organicen programas de formación y tutores, lo que les supone medios, costes y tiempo (que recuperarán si contratan luego a los alumnos formados). El problema que se está dando este curso, el primero con la nueva Ley de FP, es que los Centros no encuentran empresas colaboradoras. Un ejemplo: en Aragón hay apuntadas a la formación dual 252 empresas, de un censo de 88.000. Y luego se quejan de falta de trabajadores cualificados…

Además de mejorar la formación, para conseguir los trabajadores formados que hacen falta, hay que mejorar las relaciones laborales, no sólo los salarios y condiciones de trabajo, sino también “el trato” y la consideración al trabajador, que muchas veces se siente “poco integrado”.  Porque todavía hay demasiadas empresas con una gran rigidez y escasa flexibilidad laboral, donde los trabajadores no se sienten cómodos y eso facilita que se vayan a otra empresa, no siempre por dinero. De hecho, más de la mitad de los trabajadores (un 54%) se sienten “desmotivados” en su trabajo, según el último informe Hays 2022. El primer motivo de descontento es el sueldo (que lleva años perdiendo poder adquisitivo, un -4,6% este año, el doble que la media en la OCDE), pero también se señalan otros factores: tipo de contrato, horario, falta de flexibilidad y conciliación laboral, tener un jefe "tóxico", no poder tener una carrera laboral en la empresa o sentirse discriminado laboralmente. Razones que están detrás de los cambios de trabajo y del “pasotismo” del que se queja Garamendi.

En definitiva, no tenemos tanto un problema de empleos vacantes como de empleos que muchos no quieren por su baja remuneración y su dureza. Y sí tenemos un problema grave de falta de trabajadores cualificados, que exige modificar el sistema educativo, potenciar la FP y, sobre todo, apostar por la formación y cualificación permanente de empleados y parados. Una tarea en la que las empresas necesitan gastar más en formar a sus trabajadores ante las nuevas exigencias tecnológicas. Menos "culpar” a los trabajadores y más arrimar el hombro para conseguir una mano de obra preparada y competitiva. Ganarían ellos y todos.

jueves, 24 de noviembre de 2022

España se posiciona en el mundo

Este mes de noviembre se han acumulado varias noticias económicas “buenas” (se destacan menos que las “malas”), de grandes multinacionales que han escogido España para instalarse: dos centros de metanol verde de la naviera Maersk, la fábrica de baterías de Volkswagen, el centro de diseño de “chips” de Cisco, tres instalaciones en la nube de Amazon y el acuerdo para la futura fabricación (compartida) del caza europeo de combate. Y llegarán más proyectos, porque España tiene “el gancho” de los 77.200 millones de Fondos europeos de recuperación, ayudas que se incluyen en 11 Planes ya aprobados (PERTEs) que buscan atraer inversiones extranjeras en nuevas energías, baterías y coches eléctricos, microelectrónica y semiconductores, industria aeroespacial y nuevas tecnologías e Internet. El objetivo es que España se posicione esta década en las industrias y sectores del futuro, dentro de un proyecto europeo global que busca un mayor autoabastecimiento industrial y tecnológico frente a EEUU y China. No podemos perder este tren del futuro.

Enrique Ortega

La semana pasada, al acabar el G-20 en Indonesia, el presidente Sánchez dio un gran desvió de 15.000 kilómetros para volver a Madrid: viajó primero de Bali a Seúl, para reunirse con los directivos coreanos de Samsung e intentar que escojan a España para instalar una gran fábrica de microchips en Europa (30.000 millones de inversión), por la que pelean varios paises europeos. Es la penúltima gestión internacional del presidente, que lleva todo este año de viajes y reuniones para vender el atractivo de España para invertir: reuniones con multinacionales en la Cumbre de Davos de mayo, viaje a EEUU en julio y múltiples contactos “paralelos” en las distintas Cumbres mundiales. “Nunca como hoy ha merecido tanto la pena invertir en España”, recordó Sánchez en enero, en el Spain Investor Day.

Pedro Sánchez lleva en la cartera una “baza” negociadora ante los inversores mundiales: los 77.234 millones de euros en subvenciones (a fondo perdido) que España va a recibir de la Unión Europea dentro de los Fondos de Recuperación (140.000 millones en total), un dinero que debe servir para modernizar la economía española, de la mano de proyectos ligados a las energías limpias, el coche eléctrico, la digitalización, las nuevas tecnologías e Internet. Y para concretarlo, el Gobierno Sánchez ya ha aprobado 11 PERTEs (Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación energética), que son “el gancho” que España ofrece a las grandes multinacionales para instalarse aquí. En especial, 4 PERTEs concretos: PERTE para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (24.000 millones, 4.300 de inversión pública), PERTE energías renovables e hidrógenos verde (16.370 millones, 6.920 públicos), PERTE aeroespacial (4.533 millones, 2.193 públicos) y PERTE microelectrónica y semiconductores (el mejor dotado: 12.500 millones públicos hasta 2026).

Los PERTEs están ahí, con sus ayudas públicas y proyectos, que deben funcionar como “gancho” para atraer grandes inversiones privadas, sobre todo de las multinacionales que dominan esos sectores industriales de futuro. Pero como todos los paises buscan lo mismo, inversores internacionales que modernicen sus economías y creen empleo y riqueza, hay “una gran subasta”, en la que los Gobiernos van “con la chequera por delante”, con subvenciones y ayudas múltiples, desde rebajas fiscales y suelo industrial  a infraestructuras de transporte, comunicaciones, energía, materias primas y mano de obra preparada. Y los gobernantes se implican al máximo nivel, como el ex ministro Draghi negociando con Intel y cerrando hace meses el acuerdo para que la multinacional USA instale una gran fábrica de “chips” en el Véneto. Antes, Merkel negoció otra que Intel abrirá en Magdeburgo.

España cuenta con la ventaja de ser el país que va a recibir más subvenciones de los Fondos de Recuperación (por delante de Italia, el doble que Francia, el triple que Alemania o Polonia y cuatro veces que Grecia), su excelente situación geográfica (entre Asia, Europa y Latinoamérica), una moderna infraestructura de carreteras, puertos y aeropuertos, una espectacular red de telecomunicaciones (España tiene una red de fibra óptica que supera a la de Francia, Alemania, Italia, Portugal  y Reino Unido juntas) y unos salarios bajos respecto a los grandes paises europeos (el salario medio es de 26.832 euros frente a 52.556 en Alemania, 39.971 en Francia o 34.032 en Italia). Pero tenemos hándicaps que hacen vacilar a posibles inversores internacionales, sobre todo la menor formación de la mano de obra: el 36,1% de los adultos no tiene la EGB, frente al 16,4% en la UE-22 y sólo el 23,2% tiene formación secundaria frente al 45,8% en Europa, aunque sí tenemos más universitarios (40,7% adultos frente al 38,3% en Europa). Y tenemos una menor industrialización, demasiadas pymes y una menor digitalización de las empresas y la economía. Y existe una mayor regulación para los negocios, con el inconveniente de 17 autonomías con normativas diferentes.

Con estos pros y contras, ya empiezan a verse los primeros éxitos de la campaña de España para atraer grandes inversores extranjeros. Sólo este mes de noviembre se han concretado 5 operaciones importantes, poco destacadas por los medios (las “buenas noticias” venden menos que las malas, muy abundantes): acuerdo de la naviera danesa Maersk para instalar en España 2 de sus centros para producir metanol verde para su flota (3 noviembre), confirmación acuerdo de Volkswagen para instalar en Sagunto una fábrica de baterías (9 noviembre), acuerdo de la multinacional Cisco (EEUU) para instalar en Barcelona su primer centro de diseño de chips en Europa (10 noviembre), la inauguración por Amazon de 3 centros de datos en la nube en Aragón (16 noviembre) y el principio de acuerdo de España, Francia y Alemania para construir juntos el futuro caza europeo (18 noviembre).

La primera inversión, la de la naviera danesa Maersk, supone un acuerdo con el Gobierno español para invertir 10.000 millones de euros (y crear 85.000 empleos directos e indirectos) en la instalación de 2 grandes centros de producción de metanol verde en Andalucía y Galicia, el 2º y 3º de sus futuros centros de aprovisionamiento mundial de sus 730 buques, tras el acordado en marzo en Egipto y a los que seguirán otros dos o tres en el resto del mundo. Las plantas de metanol verde (un carburante limpio que se elabora con hidrógeno verde y CO2 biogénico de plantas de biomasa) serán de nueva creación y se autoabastecerán con la energía eólica y solar que se instalarán en los alrededores, entrando en funcionamiento en 2025 y 2027, para abastecer en 2030 al 20% de la flota mercante de Maersk, que tendrá que reconvertir todos sus buques a esta energía limpia.

La inversión se pondrá en marcha gracias a los Fondos europeos contemplados en el PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (que contempla 16.370 millones de inversión total, 6.920 millones de ayudas públicas) y el Gobierno no descarta que el Estado participe directamente en el proyecto. Un proyecto ligado a la estrategia de convertir a España (y Portugal) en uno de los mayores productores mundiales de hidrógeno verde (gracias al impulso a las energías solar y eólica con que se produce), argumento que está detrás del reciente acuerdo de España y Portugal con Francia (20 de octubre) para construir, en 4 o 5 años, un corredor marítimo de energía verde entre Barcelona y Marsella (el proyecto BarMar, que contará con Fondos UE) para exportar hidrógeno verde (y antes gas natural) desde la Península ibérica hasta los paises del centro y norte de Europa.

La segunda multinacional que ha confirmado una importante inversión en España es Volkswagen: a través de Seat y Power Co, construirá en Sagunto (Valencia) una gran factoría de fabricación de baterías para vehículos eléctricos, que suministrará a sus plantas de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra) y quizás a la planta valenciana de Ford. La inversión prevista es de 4.500 millones de euros entre 2023 y 2026 (3.000 iniciales), que creará 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. Y, tras las presiones de última hora, Volkswagen, contará con ayudas públicas del PERTE del vehículo eléctrico (397 millones) y de la Comunidad Valenciana (66 millones).

Mientras, se esperan otros proyectos de instalación de gigafactorías de baterías en España, donde se podrían instalar 4 fábricas, dentro de la estrategia europea de abrir 40 gigafactorías para 2030 (13 en Alemania, 4 en España o Noruega, 3 en Francia o Italia), para cubrir el 32% de las necesidades del mercado europeo (hoy, Europa  sólo se autoabastece del 9%: el 65% viene de China y el 11% de EEUU). La segunda factoría podría instalarse en Navalmoral de la Mata (Cáceres), un proyecto de Acciona liderado por  la china Envisión Energy (89%), que hace poco se reunió con el presidente Sánchez. La tercera, también en Extremadura, sería Phi4Teach, el primer proyecto de raíz española, que se instalaría al lado de la mina de litio del Cañaveral. Y el cuarto proyecto de baterías que aspira a las ayudas europeas y españolas es Basque Volt, pilotado por Iberdrola y Cie Automotive, con apoyo del Gobierno vasco.

En paralelo a las futuras fábricas de baterías, las multinacionales del automóvil presentes en España (hay 14 fábricas y somos el 2º fabricante europeo, tras Alemania) avanzan en la producción de modelos eléctricos, al amparo del PERTE del vehículo eléctrico, tanto Volkswagen  (en Martorell y Landaben) como Opel (en Figueruelas) o Citroën (en Vigo). Y el Gobierno trabaja ahora en un 2º PERTE  del vehículo eléctrico, con más ayudas públicas, para que entren a fabricar coches eléctricos Ford y Stellantis.

La gran obsesión de toda Europa y del Gobierno Sánchez es conseguir fabricar “chips” en el continente, al amparo de la Ley Europea de Chips (febrero 2022), que pretende fabricar en Europa el 20% de los chips para 2030 (hoy 9%), para lo que pretende invertir 43.000 millones de euros (11.000 millones, ayudas públicas). De momento, la multinacional Intel (USA) ha anticipado que quiere invertir 80.000 millones de euros en 4 grandes plantas de chips en Europa. Y ya se han anunciado en Alemania (17.000 millones), Francia (5.700 millones) e Italia (5.000), así que España se moviliza para lograr la 4ª factoría, en pugna con Polonia y otros paises del Este. Y como alternativa, el presidente Sánchez acaba de proponer un acuerdo a la coreana Samsung, con el incentivo de los 11.000 millones de euros del PERTE y el objetivo de instalar entre 1 y 2 fábricas de chips de 5 nanómetros, los más pequeños.

De momento, una buena noticia es la reciente decisión de la multinacional Cisco (EEUU) de instalar en Barcelona el primer Centro de diseño de chips de Europa, que contará con 1.330 euros de ayudas públicas del PERTE. Ya en mayo, la norteamericana Intel anunció que invertirá 200 millones en 10 años para desarrollar un laboratorio de microchips en Barcelona. En ambos casos, la decisión tiene mucho que ver con la existencia del Barcelona Super Computing Center, en la Universidad Politécnica, un “vivero” para el diseño de microchips, que puede facilitar las posibles llegadas de fábricas de chips de Intel o Samsung.

Otro sector clave de futuro es la industria aeronáutica, donde España tiene una fuerte presencia, al ocupar la 5ª posición en Europa, con 76 empresas (8 centros del fabricante europeo Airbus, la antigua CASA y varios proveedores de primer nivel), 155.000 empleos, una facturación de 16.000 millones y un gran aporte a la exportación (el 80%) y a la investigación. Una parte del PERTE aeroespacial  (4.533 millones) está dirigido al sector aeroespacial, para crear un sistema español de satélites (8), en colaboración con Portugal (otros 8). De momento, la firma vasca AVS quiere atraer a la norteamericana Virgin Orbit a participar en el primer puerto espacial europeo, en el aeropuerto de Foronda (Vitoria), una inversión de 42,5 millones que espera contar con Fondos UE y del PERTE aeroespacial español. Y pronto, el Gobierno decidirá la instalación de la Agencia Espacial Española (“la NASA española”), para la que se han presentado 21 sedes, siendo Sevilla la favorita (por la presencia de Airbus y Andalucía Aeroespace).

En la vertiente de la industria aeronáutica, la buena noticia de este mes es el principio de acuerdo entre Francia, Alemania y España para construir conjuntamente el futuro avión de combate europeo (FACS), un proyecto para 2027 en el que España ha comprometido un tercio de la inversión total (2.500 millones de euros: los primeros 525 van en los Presupuestos 2023) y que promueven la española Indra, la alemana Dassault y el consorcio Airbus, con la idea de que sea un gran impulso para toda la industria aeronáutica europea.

Y queda la 5ª buena noticia tecnológica para España, la inauguración de los 3 centros de infraestructuras en la nube instalados por Amazon (AWS) en Aragón (dos en la provincia de Zaragoza y otra en Huesca), una nueva “región cloud” de Amazon en Europa  (la 8ª), que supone  una inversión de 2.500 millones de euros en 10 años, la creación de 1.300 empleos y la aportación de 1.800 millones de euros al PIB español. Esta infraestructura propia de Amazon (a diferencia de los almacenamientos de Google, Oracle, IBM y Microsoft, que operan a través de centros de terceros) permitirá dar un mayor servicio de almacenamiento de datos en la nube a los clientes españoles de Amazon, entre ellos bancos, grandes empresas, energéticas, hoteles y el Ministerio de Migración y Seguridad Social) y apoya proyectos tecnológicos locales, abriendo el camino a que otras multinacionales de la nube se instalen directamente en España.

Son 5 hitos importantes, aunque queda mucho por hacer, tanto para España como para Europa, muy retrasadas en los avances industriales y tecnológicos que están definiendo el futuro. De hecho, entre las 10 mayores empresas del mundo, no hay ninguna europea: 9  son norteamericanas (Apple, Microsoft, Alphabet-Google, Aramco, Amazon, Tesla, Facebook, Nvidia y Berkshire), ocupando el 10º lugar la taiwanesa TSCM (semiconductores). Y sólo hay 7 europeas entre las 25 grandes empresas del mundo: la francesa del lujo LVMH (17ª) y las suizas Nestlé (22ª) y laboratorios Roche (24ª). Y la empresa española que está más arriba en el ranking es Inditex (puesto 160º), 30 veces más pequeña que la líder Apple… La Comisión Europea busca ayudar a las empresas europeas a dar el salto, para que en 2030 haya 10 gigantes europeos de la tecnología que facturen más de 100.000 millones de euros (hoy solo hay tres: la holandesa ASML, la alemana SAP y la holandesa Prosus). Para conseguirlo hace falta agrupar mercados, mejorar la tecnología y más apoyos públicos.

En resumen, España (junto a Europa) busca su hueco en el mundo en las próximas décadas, avanzando en tecnologías, industrias y negocios con futuro, olvidándonos de ser “las playas y la despensa de Europa. Y eso pasa por “sacar la chequera” para atraer a inversores de primera línea, pero también por configurar una economía más moderna y competitiva, con empresas más innovadoras y trabajadores mejor formados, avanzando juntos el sector público y el privado en proyectos ambiciosos y viables. Eso exige invertir bien  los Fondos europeos y crear una nueva cultura industrial y tecnológica, que exige un gran pacto social (patronal y sindicatos) y político, para sumar y no restar. Diseñemos el futuro.

lunes, 21 de noviembre de 2022

Alquileres en máximos (y no hacen nada)

Los alquileres siguen subiendo y hay 25 ciudades donde su precio alcanza máximos históricos, con una media de 1.000 euros (+47% sobre 2009). Y además de caros, los alquileres son difíciles de encontrar (el 15% “vuelan” en el día) y se “selecciona” al inquilino, mientras los jóvenes no pueden ni compartir piso. El  alquiler se lleva ya un tercio de los ingresos familiares y en 8 grandes ciudades más (58,4% en Barcelona y 42,1% en Madrid), aumentando los desahucios y la pobreza. Urge tomar medidas frente a esta “emergencia habitacional”, que angustia a 7,4 millones de inquilinos e impide la emancipación de los jóvenes. La Ley de Vivienda lleva 10 meses estancada en el Congreso, pero es una mala solución, porque propone topes imposibles a los alquileres. Más que “atajos populistas”, la solución está en aumentar la oferta, con promociones públicas y privadas, viviendas del “banco malo” e incentivos al alquiler de viviendas vacías. Más viviendas en alquiler es la receta para frenar los precios.  

Enrique Ortega

Los alquileres llevan todo 2022 subiendo, un +6,4% anual en octubre, tras el paréntesis de 2021, en que bajaron un -3,6%, por la  pandemia. Ahora, la demanda de pisos de alquiler es muy elevada, por el aumento del empleo (hay 514.700 personas más  trabajando que hace un año y +1.370.000 ocupados que hace dos años) y el encarecimiento de los pisos en venta (suben sus precios y las hipotecas para comprarlos), mientras se reduce la oferta de alquileres, por la vuelta de pisos al alquiler turístico y el temor de muchos propietarios a futuros controles de precios (Ley de Vivienda), lo que desvía alquileres a la venta. El resultado es un mercado de alquiler muy tensionado, con poca oferta  (menos en las grandes ciudades) y mucha demanda, lo que dispara los precios.

En octubre, el precio medio de los alquileres en España llegó a los 11,2 euros por metro cuadrado, 1.008 euros para un piso de 90m2, una subida del +6,4% anual. Y roza el precio máximo del alquiler en España, los 11,56 euros/m2 alcanzados en septiembre de 2020, tras lo peor de la pandemia, según el portal Idealista. Pero hay 25 capitales españolas que alcanzaron en octubre  su máximo histórico en el precio de alquiler: Barcelona, Valencia, Málaga, Palma, Alicante, San Sebastián, A Coruña, Albacete, Almería, Badajoz, Castellón, Girona, Granada, Huesca, Jaén, León, Logroño, Lugo, Orense, Oviedo, Pamplona, Tarragona, Toledo, Valladolid y Vitoria, según el Idealista. Y otro estudio de la consultora urbaDATA indica que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes están en precios máximos o muy cerca, con una media de 11 euros por metro (990 euros alquiler 90 m2).

Precios de alquileres en máximos y que están subiendo de forma desigual, más en las grandes ciudades, donde hay poca oferta (incluso fuera del centro) y mucha demanda: los alquileres suben más este año en Alicante (+22,8% anual hasta octubre), Barcelona (+22,3%), Valencia (+18,9%), Girona (+17%), Palma (+11,6%), Almería (+11,5%), Jaén (+10,7%), Madrid (+10,4%) y Orense (+10,1%), frente al +6,4% de subida media en España, según el portal Idealista. Con estas subidas, llegamos al ranking de las 10 ciudades con los alquileres más altos: Barcelona (18,3 euros/m2), Madrid (16,3 euros), San Sebastián (16,1), Bilbao (12,8), Palma de Mallorca (12,6), Málaga (11,4), Valencia (10,8), Vitoria (10,7), Las Palmas (10,6) y Sevilla (10,4 euros/m2). Y las ciudades con los alquileres más bajos son Zamora (5,5 euros/m2, menos de un tercio que Barcelona), Ciudad Real y Cáceres (6 euros), Ávila (6,2), Teruel (6,3), Lugo (6,4), Jaén (6,5) y Palencia (6,7 euros).

Estos precios disparados de los alquileres agobian ahora especialmente a las 7,4 millones de familias que pagan un alquiler en España (el 15,7% de la población paga un alquiler de mercado, según el INE), porque se suman a las fuertes subidas de la energía (luz, gas, carburantes), los alimentos y casi todo. Este mayor esfuerzo económico de las familias en alquiler es más preocupante en España, porque somos el 4º país donde las familias en alquiler destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a los gastos de la vivienda (alquiler, servicios básicos de luz, agua, gas e Internet, reparaciones y mantenimiento): 40,9% de los ingresos totales, frente al 21,2% de media en la UE-27, el 26,9% en Portugal, el 26,2% en Italia, el 18,4% en Francia y el 13% en Alemania, según Eurostat.

Por eso, la inflación preocupa tanto a las familias españolas (los gastos de la vivienda se llevan casi la mitad de sus ingresos) y sobre todo a los que viven de alquiler, el porcentaje mayor de su gasto. De hecho, las familias en alquiler destinan casi un tercio de todos sus ingresos a pagarlo: un 29,4% en septiembre de 2022, un 3% más que un año antes (26,4%), según el portal Idealista. Y este esfuerzo de los inquilinos es mucho mayor en las grandes ciudades: supone el 58,4% de los ingresos en Barcelona (era el 36,1% hace un año), el 42,1% en Madrid (33,7% un año antes), el 41,9% en Ceuta, el 40,4 % en San Sebastián, el 39% en Bilbao, el 36% en Las Palmas, el 34,8% en Valencia, el 33,8% en Vitoria y el 33,2% en Málaga. Y a estas 8 ciudades, hay que sumar otras 10 ciudades donde pagar el alquiler roza el 30% de los ingresos totales.

Este enorme esfuerzo afecta a todos los inquilinos, pero especialmente a los jóvenes, porque son los mayores demandantes de alquiler (lo buscan el 59% de los que tienen entre 18 y 34 años) y a la vez los que tienen una peor situación económica para pagarlos: el 32,1% de los menores de 25 años están en paro (14,6% en la UE-27), el 60% de los que trabajan tienen contratos precarios y ganan menos que el resto (12.925 euros anuales entre 20 y 24 años, la mitad que la media salarial española, según el INE). La consecuencia es que la mayoría de jóvenes viven con sus padres y no se pueden emancipar (sólo el 15,8% entre 16 y 29 años) y que los que se van de casa apenas pueden pagar los alquileres actuales (el precio medio está en 845 euros y en las grandes ciudades ronda los 1.400). En muchos casos, les supone destinar al alquiler un 60% y más de sus ingresos, lo que les fuerza a compartir alquiler: el 34,5% de los jóvenes que viven en alquiler comparten piso con otras personas que no son pareja o familia, según el portal Idealista. Y aún así, el coste de una habitación alquilada en un piso compartido supera los 400 euros en grandes ciudades.

Alquilar un piso hoy en España no sólo es muy caro sino que resulta cada día más difícil, ante la falta de oferta en muchas grandes ciudades. Eso está provocando que los alquileres “vuelen”, los pisos se alquilen horas: el 15% de las viviendas que se alquilaron en octubre no llevaban ni 24 horas en el mercado, según el portal Idealista, lo que revela la enorme “tensión” en el mercado y la falta de oferta, sobre todo de alquileres inferiores a 1.000 euros al mes. La mayor rapidez en colocar una vivienda en alquiler se da en Palma (el 36% se contratan en el día), en Barcelona (32% alquileres “exprés”) y Madrid (29%), seguidas de Valencia (19% en el día), las Palmas y Zaragoza (17%).

Otro problema de los buscan alquilar es que cada día hay más propietarios que “seleccionan” inquilinos, directamente o a través de agencias: como hay muchos solicitantes para cada piso que sale en alquiler, se hace una especie de “casting” al aspirante a inquilino, valorando desde su trabajo y su contrato a su edad, aspecto o nacionalidad. Incluso se cuentan casos en que el propietario ha convocado a 8 solicitantes a la vez, para elegir más fácilmente... Una situación que favorece el fraude, los casos de desaprensivos que solicitan un pago previo por un alquiler inexistente o alquileres engañosos o con costes encubiertos, aprovechando la escasa oferta y la urgente necesidad de los inquilinos.

La subida de los alquileres, agravada por una inflación disparada, tiene además otras consecuencias preocupantes. La primera e inmediata, el aumento de los desahucios por impago del alquiler: en el 2º trimestre de 2022 hubo en España 10.816 desahucios y el 72,8% (7.871) fueron por impago de alquileres, la mayoría en Cataluña (1.809), Andalucía (1.313), Comunidad Valenciana (966) y Madrid (862), según los datos del Consejo General del Poder Judicial. Y muchos de los que sí pagan el alquiler, lo hacen a costa de no poder cubrir otros gastos, de entrar en una situación de pobreza. De hecho, la pobreza se da mucho más entre las personas que viven en alquiler, según el informe 2022 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza(EAPN): el 36,2% de las familias pobres dedican más del 40% a pagar su vivienda, mientras sólo dedican ese porcentaje el 2,6% de las familias no pobres. Y Cáritas ha reiterado que los alquileres son, junto al paro, la principal causa de la pobreza.

Al final, los expertos alertan de que España vive una situación de “emergencia habitacional”, que habría que atajar con urgencia, porque conduce a muchas familias a la pobreza y ensombrece el futuro de los jóvenes. Pero no se hace nada, ni desde el Gobierno central ni desde las autonomías, que tienen transferidas las competencias de vivienda. La única medida, tomada en abril y prorrogada luego hasta el 31 de diciembre, ha sido congelar la revisión de los alquileres, para que no suban más del 2%, lo que está suponiendo un pequeño ahorro a los inquilinos: en octubre, por ejemplo, la revisión de un arrendamiento tipo habrá supuesto 14 euros más al mes, cuando si se hubiera revisado con la subida del IPC (+8,9% hasta septiembre), la subida habría sido 47 euros.  La otra medida, los 400 millones destinados por el Gobierno central a subvencionar el alquiler de los jóvenes (250 euros al mes durante 2022 y 2023) se ha empezado a aplicar tarde (en septiembre y octubre se ha abierto plazo de solicitudes en la mayoría de las autonomías) y parece que sólo va a beneficiar (por los requisitos) a una cuarta parte de los jóvenes.

Mientras, lleva 10 meses estancada en el Congreso la Ley de Vivienda, que el Gobierno Sánchez aprobó el 1 de febrero. La Ley está en la Comisión de Transportes, pendiente del informe de la Ponencia y de los debates posteriores, paralizada por los enfrentamientos entre el PSOE y sus aliados parlamentarios (Podemos, ERC y Bildu), que defienden ampliar los topes a los alquileres en las zonas tensionadas y obligar a los grandes tenedores de pisos a ofrecer alquileres sociales a las familias vulnerables. Dos medidas de intervención directa en el mercado que no convencen a los socialistas, que temen sean “anticonstitucionales”. Podemos, ERC y Bildu intentaron “colarlas” en los Presupuestos de 2023, pero las enmiendas fueron rechazadas el 8 de noviembre, con el voto en contra del PSOE y el PP.

Por un lado, es mejor que la Ley de Vivienda esté paralizada, porque su intención de permitir a los ayuntamientos de las zonas con alquileres tensionados congelarlos y poner topes va a frenar la oferta de alquileres, algo que ya se está detectando, con el sólo anuncio. Se trata de un “atajo populista”, que puede agravar el problema del alquiler, al retraer a los propietarios. La verdadera solución a los alquileres disparados no está en controles de precios a la oferta sino en aumentar la demanda: que haya más viviendas en alquiler. Cada año hay 120.000 nuevas familias que necesitan vivienda, frente a sólo 90.000 nuevas viviendas terminadas en 2021, una cifra ínfima frente a las 563.000 viviendas nuevas terminadas en 2008 (en plena burbuja) y las 218.000 de 2010. Se necesitan 1,2 millones de pisos en alquiler para 2030, según la consultora Savills Aguirre Newman.

Es posible conseguir 1 millón de viviendas en alquiler en 5 años (200.000 al año), actuando por tres vías: más promoción pública de viviendas en alquiler, incentivando la promoción privada de viviendas y fomentar el alquiler de las casas vacías de particulares y bancos.

La primera vía, promover viviendas públicas para alquiler, debe priorizarla el Estado, desde la Administración central a las autonomías y ayuntamientos, que han hecho dejación de responsabilidad en los últimos años: en 2021 se terminaron 9.957 viviendas de promoción pública, cuando se promovían 63.990 en 2008 y hasta 114.067 VPO en 1985 (el 67,2% del total de viviendas). En paralelo, se pueden sumar al escaso parque público de viviendas (para destinar la mayoría al alquiler), las viviendas que tiene la SAREB, “el banco malo”, la sociedad que se creó para dar salida (con dinero público) a los activos inmobiliarios de bancos y Cajas: tiene 45.618 viviendas sin vender, otras 21.693 en construcción y 30.250 parcelas urbanizadas. De entrada, la SAREB ofreció en mayo,  a autonomías y ayuntamientos, hasta 15.000 de estas viviendas, para destinarlas al alquiler de familias vulnerables. Y dicen que solo les han solicitado 3.300 viviendas. Entre promoción pública y viviendas de la SAREB se podría crear un parque público de 20.000 viviendas en alquiler al año.

La segunda vía de actuación pasa por relanzar la promoción privada de viviendas, en venta y sobre todo para alquiler (con precios tasados). La clave es negociar con promotores y constructores un Plan a medio plazo, aportando financiación y avales, facilitándoles suelo público y agilizando los permisos y expedientes. Y sin imponerles “cuotas”, como pretende la Ley de Vivienda (obligando a que el 30% de las nuevas promociones sean para VPO): es mejor pactar acuerdos que funcionen, para no repetir la situación actual, donde los promotores privados no hacen VPO porque no les compensa.

Y la tercera vía de futuro, para ampliar la oferta de alquileres, pasa por actuar sobre los particulares, empresas y bancos que tienen viviendas vacías sin alquilar. Se estima que hay 1,9 millones de viviendas vacías y un tercio de ellas (633.000) podrían sacarse al mercado del alquiler con 2 medidas sencillas, que no aborda la polémica Ley de Vivienda: fuertes incentivos fiscales y mayores garantías jurídicas para recuperar las viviendas en caso de impagos (todavía hay demasiados retrasos en los juzgados). Otra buena medida sería copiar el Programa Bizigune del Gobierno vasco: han creado una empresa pública que garantiza al propietario el pago del alquiler y la devolución de la vivienda en buen estado al finalizar el contrato, lo que les ha permitido alquilar más de 8.000 viviendas vacías.

Actuar en estos tres frentes y sumar 200.000 nuevas viviendas en alquiler cada año sí tendría un efecto inmediato: aumentaría la oferta y frenaría los alquileres, algo que no conseguirá  el control de precios que defienden los populistas de izquierdas y que retraería más la oferta (encareciendo los alquileres). Urge tomar medidas, porque los alquileres están hundiendo a muchas familias y jóvenes. La solución sólo puede ser aumentar la oferta, poner más pisos en alquiler, sobre todo alquileres públicos asequibles, para lo que necesitamos un parque público que no existe. Dejen la demagogia y tomen medidas eficaces.

jueves, 17 de noviembre de 2022

Los ciberataques se duplican

La digitalización de la economía y la guerra de Ucrania han disparado los ciberataques, duplicando los ataques informáticos a empresas, sobre todo el robo de datos con pago de rescate y los ciberataques a hospitales y universidades. Pero también los fraudes a internautas: en España hubo más de 300.000 denuncias por delitos informáticos en 2021, siendo ya el 2º delito más importante, tras los hurtos. Y todo apunta a que la ciberdelincuencia seguirá creciendo, al amparo de una globalización de los delitos y del aumento de actividad en Internet. Frente a esta “ciberguerra”, las grandes empresas y los Estados están cada día más preparados (España es el 4º país más ciberseguro del mundo, según la ONU) pero faltan inversiones y medios. El punto débil son las pymes y los internautas, que no nos tomamos en serio la seguridad digital, mientras faltan profesionales de la ciberseguridad, un sector en auge. Urge priorizar la lucha internacional contra la ciberdelincuencia, un cáncer en la economía digital.

Enrique Ortega

Los ciberdelitos se han convertido en el mayor crimen organizado a nivel internacional, por delante del tráfico de drogas, armas y personas, reportando a los ciberdelincuentes un beneficio que superó los 6 billones de euros en 2021. Hoy se lanza ya un ciberataque en el mundo cada 11 segundos, cuando hace sólo 5 años se daba cada 40 segundos. El salto en la digitalización de las economías y los avances en el comercio electrónico y la interconexión por Internet tras la pandemia multiplicaron los ciberdelitos en 2020. Y han seguido creciendo en 2021, cuando aumentaron un 50% los ataques contra las empresas, los ciberataques a redes sanitarias, educativas y de investigación (1.605 ataques semanales) y crecieron un 140% los ataques a proveedores de software, según el informe Check Point 2022.

Con todo, los ciberataques que más crecen son los robos de datos con solicitud de rescate, el ransomware: los sufrieron en 2021 un 66% de empresas mundiales, el doble que en 2020 (37% atacadas), según un reciente estudio de Sophos realizado entre 5.600 empresas de 31 países. Y lo peor es que el coste del rescate pagado (por el 46% de las empresas afectadas) se ha multiplicado por 5 y ya supone un pago de 760.166 euros de media. España es el 2º país europeo más afectado por el robo de datos con rescate, que han sufrido el 71% de las empresas en 2021, sólo por detrás de Francia (73%) y por delante de Alemania (67% empresas), Italia (61%), EEUU (58%) y Reino Unido (57% empresas), según este estudio de Sophos, que incluye empresas de 500 a 5.000 empleados. Eso sí, España es de los países donde se piden rescates más bajos (174.000 euros de media), frente a 1,86 millones de euros en Holanda, 665.000 euros en Italia, 275.000 en Francia, 255.000 en Alemania.

El robo de datos con rescate (“ransomware”) es muy preocupante porque es el ciberdelito que más crece y además cada vez hay más empresas que pagan (casi la mitad, el 38% en España), no tanto para recuperar los datos robados o inaccesibles (la mayoría de las empresas afectadas tienen copias de seguridad) sino para evitar el daño reputacional que supone conocerse el ataque y la vulnerabilidad que refleja. Y además del elevado coste del rescate, las empresas tienen un coste añadido: “limpiar” después los datos recuperados, para evitar que los ciberdelincuentes hayan copiado contraseñas o añadido puertas traseras y software que expongan a la empresa o institución a futuros ataques. Este coste de recuperarse tras un ataque de “ransomware” supone ya una media de 1,3 millones de euros por empresa, la mitad en el caso de España, según el estudio de Sophos.

El auge de este ciberdelito, el robo de datos con rescate (“ransomware”) frente a otros (“phising” o robo de datos, “malware” o introducción de programas maliciosos y el “data breach” o escape y filtrado de datos) está llevando a un cambio en la estrategia mundial contra la ciberdelincuencia: los ciberdelincuentes son más agresivos y piden rescates más altos (porque ven que es más fácil conseguir resultados, dado que las empresas pagan y cada vez más) y las compañías de seguros (el 83% de las empresas tienen un ciberseguro) endurecen sus condiciones (el 34% de las pólizas tienen exclusiones), lo que dificulta la defensa efectiva ante esta ciberdelincuencia, sobre todo en las pymes.

Los sectores más afectados por el robo de datos con rescate (“ransomware”) son los medios de ocio y  entretenimiento (79% afectados), el comercio minorista (77%), la energía, el petróleo y los servicios públicos (75%), las empresas de distribución y transporte (74%), los servicios empresariales y profesionales (73%) y la salud (66% empresas afectadas). Y los que menos las telecos (61%), los Gobiernos  (60%), el sector educativo (56%), las manufacturas (55%) y los servicios financieros (55%), según el estudio de Sophos. Pero una novedad de 2021 y también de 2022 es el aumento de los ataques de “ransomware” contra empresas sanitarias (hospitales, seguros médicos, laboratorios), educativas y centros de investigación. En España, han sufridos estos ataques, para intentar el robo de datos con rescate, varios hospitales, algunas Universidades y el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en septiembre de 2022), así como las oficinas de empleo (SEPE), el INE y varios Ministerios (Trabajo, Justicia, Educación y Economía), en 2021.

El interés de los ciberdelincuentes por los datos sanitarios preocupa en todos los paises y también en España, donde el sistema sanitario acumula este año 2022 “una treintena de ataques informáticos de muy alta peligrosidad”, según datos del Centro Criptológico Nacional (adscrito al CNI), que los vigila de cerca. La novedad es que está creciendo “el ransomware” de triple extorsión: se roban datos, se exige un rescate a la empresa y se extiende el chantaje a sus clientes, dirigiéndose a ellos para exigirles otro rescate por sus datos. Esto se vio por primera vez en 2020 en Finlandia, con el ciberataque a una clínica y a sus clientes, pero ahora ya se ha extendido y generalizado.

En conjunto, los ciberataques de distintos tipos están muy generalizados en las empresas, sobre todo con el auge del teletrabajo, que reduce la seguridad informática al conectarse los empleados desde puestos y redes no seguras. Sólo en 2021, el 94% de las empresas españolas sufrieron al menos un incidente grave de ciberseguridad (frente al 87% en 2020), según una encuesta hecha por Deloitte entre responsables de seguridad. Casi el 69% de esas empresas sufrieron entre 1 y 2 ataques y el 25% de ellas sufrieron más de dos ataques graves, en especial aseguradoras, telecomunicaciones, medios de comunicación, tecnológicas, banca e instituciones públicas: son las que cuentan con más ciberseguridad, pero también las que cuentan con más datos atractivos para los ciberdelincuentes. Y el 44% de las pymes sufrieron un ciberataque en 2021, según Hiscox.

Este año 2022, con el auge de la digitalización y el comercio electrónico, más la guerra de Ucrania, se observa un aumento de los ciberdelitos: más del 50% de las empresas del mundo esperan un repunte en los ciberataques, superando el récord de 2021, según un informe de la consultora Price Waterhouse. Lo que más está creciendo en el mundo es el robo de datos con rescate (“ransomware”), que se ha duplicado en 6 meses (según Fortiguard), gracias a la proliferación en la red oscura (“Deep web”) de programas que cualquiera puede comprar (sin ser hacker) y que han globalizado el “ransomware”. En España, además de los ataques a empresas con muchos clientes, están aumentando los ciberataques a la nube y los ataques informáticos a las cadenas de suministros.

Pero no pensemos que los ciberataques se dirigen sólo a las empresas e instituciones: cada día hay miles de ataques informáticos para robar datos a los internautas, más de 30 millones en España, que navegan dos horas y media al día de media, muchas en redes sociales y bajándose aplicaciones que son una gran puerta de entrada de virus maliciosos. En 2021, las autoridades españolas detectaron 180.000 ciberataques a empresas, redes y particulares, según una comunicación enviada por el Gobierno al Congreso. De ellas, 109.126 son los incidentes de seguridad gestionados en 2021 por el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, con sede en León: 90.168 fueron incidentes a empresas y ciudadanos, 18.278 a la red académica y de investigación y 680 a operadores estratégicos.

Otro indicador de que tenemos un serio problema de ciberseguridad  es que se han triplicado las denuncias por delitos informáticos: de 92.716 en 2016 a 305.477 denuncias en 2021, según el Ministerio del Interior, con 240.100 víctimas afectadas (+11,4% que en 2020). Con ello, los delitos informáticos (15,6% de todas las denuncias) se aúpan al 2º puesto en el ranking de delitos tras el hurto, por lo que algunos expertos dicen que “es más fácil que nos atraquen en Internet que en la calle”. La mayoría de estas denuncias son por “fraudes informáticos” (87,4%), quedando a mucha distancia las denuncias por amenazas y coacciones informáticas (5,7%) y las falsificaciones (3,4%). Lo preocupante además es que sólo se esclarecieron el 15,9% de las denuncias y sólo se detuvo por ellos a un 4,5% de los investigados, 13.801 personas (ojo: el 71,2% hombres y el 79,3% españoles). Dos datos que revelan la dificultad de estas investigaciones (seguir la pista a delincuentes amparados en redes y servidores internacionales) y la falta de medios de la policía (el Plan contra la Cibercriminalidad de Interior contó con 1 millón de euros en 2021…).

Con todo, en los últimos años han aumentado los medios y las medidas contra la ciberdelincuencia, en Europa y en España. En enero de 2019, este Gobierno aprobó la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, que incluía un Plan Estratégico de Ciberseguridad. Y en abril de 2019, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. En julio de 2020 se creó el Foro Nacional de Ciberseguridad, un espacio de colaboración entre la Administración y las grandes empresas privadas. Y en mayo de 2021, el Gobierno aprobó el Plan de choque contra la Ciberseguridad, un paquete que incluye casi 1.000 millones de inversión en ciberseguridad, 600 millones de los Fondos de Recuperación UE. Tras la invasión de Ucrania, el Gobierno español decidió, el 9 de marzo de 2022, elevar el nivel de alerta cibernética al nivel 3 (hay 5 niveles), creando un Comité de Ciberseguridad dirigido por el CNI.

Actualmente, hay en España un triple mecanismo público de defensa ante los ciberataques: el INCIBE, que protege a los ciudadanos (con alertas y consejos, su web y el teléfono 017), las empresas y los organismos universitarios y de investigación, el Centro Criptográfico Nacional (adscrito al CNI), que protege a la administración y al sector público y el equipo de respuesta de emergencias informáticas (CERT) de Defensa. Y además está la Oficina de Coordinación de la Ciberseguridad (integrada por policías y guardias civiles) que colabora con las empresas para la Ciberdefensa de los 171 operadores críticos (que en 2021 sufrieron 680 incidentes graves, según el INCIBE), en la energía, banca, agua y salud. Sin olvidar que la mayoría de las grandes empresas del IBEX cuentan con Centros de respuesta ante emergencias informáticas (CERT), igual que Cataluña y País Vasco, coordinados con los del Estado.

Todos ellos suponen una enorme red de Ciberdefensa, que realiza básicamente un trabajo preventivo (detectar la llegada de virus a las redes, para evitar ataques) y posterior a los ciberataques, coordinando medidas. Un sistema de protección, público y privado, que ha convertido a España en el 4º país más ciberseguro del mundo (en 2016 éramos el 23º), según el Índice de Seguridad Global 2020 elaborado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ONU): sólo estamos por detrás de EEUU, Reino Unido y  Arabia Saudí (empatados en 2º lugar) y Estonia, ocupando el 4º puesto con Corea del Sur y Singapur y por delante en ciberseguridad de Francia (9º), Alemania (13º) y Portugal (14º).

Mientras España ha avanzado en Ciberseguridad global, como país, y en la estrategia de las grandes empresas (bancos, aseguradoras, energía, telecomunicaciones, servicios), queda mucho por hacer en la ciberseguridad de la mayoría de las empresas (sobre todo pymes, que sólo invierten un 6% en seguridad informática) y de los particulares, los internautas. En  principio, el 88% de las empresas piensan que su gasto y su personal en ciberseguridad “es suficiente”, según el estudio de Sophos, con lo que la mayoría no cree que el problema sea invertir más en ciberseguridad. Los expertos señalan que muchas sí que necesitan más inversión y más expertos, aunque lo fundamental es poner la Ciberseguridad como una de las grandes prioridades estratégicas (como la financiación, el marketing o los recursos humanos) y dedicarse a buscar “proactivamente” los fallos de seguridad y las amenazas, cuidando especialmente las “brechas” en proveedores, empleados y clientes.

En el caso de los internautas, la mayoría está preocupado por la seguridad pero apenas toman medidas para protegerse, que INCIBE reitera en su web: la mayoría no tiene antivirus solventes, se baja numerosas aplicaciones  e intercambia archivos sin precaución, compra en tiendas online poco seguras,  abre correos y enlaces sin precaución, no cambia y repite contraseñas, desconoce o no utiliza las herramientas de privacidad, etc., etc. Y enfrente, cada día, los ciberdelincuentes son cada día más imaginativos y multiplican los sistemas para robarnos datos o entrar en nuestros dispositivos. Es como si hubiera una epidemia de ladrones de casas y nosotros no tuviéramos una puerta blindada y bien cerrada. Resulta clave la formación, sobre todo a los jóvenes, para enseñarles a conectarse de forma segura a la Red. Y buscar programas y empresas que nos ayuden a trabajar más seguros.

La ciberdelincuencia ha crecido más rápido que cualquier delito y crecerá más en el futuro, según la Agencia Europea de Ciberseguridad, amparada en la globalización de los ataques, desde cualquier lugar del mundo y a cualquier empresa o particular, con una mayor facilidad para los ataques (se ofrecen programas de hackeo en la Red oscura) y virus maliciosos cada vez más sofisticados e indetectables. Eso exige una mayor cooperación internacional, para compartir información y contramedidas, cerrando puertas a la ciberdelincuencia con legislación y medios. Es una Ciberguerra, que exige un ejército preparado a nivel del G-20, el G-7 y la Unión Europea. Pero poco puede hacerse si empresas e internautas no nos tomamos más en serio nuestra Ciberseguridad. Y ponemos más medios para que no nos roben.