EPA marzo 2023: se pierde empleo (menos)

La economía española crece menos y por eso llevamos medio año perdiendo empleo: -81.900 a finales de 2022 y -11.200 empleos en el primer trimestre (la menor caída desde 2008), según la EPA publicada hoy. Pero ahora trabajan 485.900 españoles más que antes de la pandemia. Y, sobre todo, hay 1,68 millones más de trabajadores fijos que antes de la reforma laboral. Eso sí, seguimos con más de 3 millones de parados y un 28% llevan más de dos años sin trabajo. Urge un Plan de choque para recolocar a estos parados, sobre todo mujeres, jóvenes y mayores de 45 años. Y la gestión de las políticas de empleo corresponde a las autonomías, que acaban de recibir 2.803 millones del Presupuesto y los Fondos UE para hacerlo. Un reto del que no se habla para las elecciones del 28-M. Además, urge subir los salarios para reanimar el consumo y la contratación. Hay que dar un empujón al empleo en un año difícil.

Enrique Ortega

El primer trimestre suele ser malo para el empleo, por el fin de las Navidades y el menor consumo en la “cuesta de enero”. Así, en 2022 se perdieron -100.200 empleos, otros -137.500 en el primer trimestre de 2021 y hasta -285.600 al inicio de 2020 (por la pandemia). Este año ha seguido la tendencia negativa, pero menos, por las contrataciones hechas para afrontar una Semana Santa récord: el empleo cayó sólo en -11.100 ocupados, la menor caída desde 2008, según la EPA conocida hoy. El empleo cayó sobre todo en el sector privado (-8.800 empleos) y menos en el sector público (-2.300 empleos), bajando en la industria (-11.200 empleos), agricultura (-5.000) y construcción (-2.700), pero subiendo en  los servicios (+ 7.800 empleos). La pérdida de empleo se debió a los hombres (-52.800 ocupados), porque el empleo de las mujeres aumentó en el primer trimestre (+41.700). Y cayó entre los más jóvenes, creciendo entre los 25 y 34 años y en los mayores de 50 años. Y por autonomías, el empleo cayó en Baleares (-38.600), Castilla y León (-21.400) y Canarias (-13.600), pero creció la ocupación en Andalucía (+66.300), Madrid (+31.400) y Aragón (+7.300).

Con esta ligera pérdida de empleo en el primer trimestre de 2023, ahora trabajan en España 20.452.800 personas, la cifra más alta desde el verano de 2008 (20.556.400 ocupados), según la EPA. Trabajan ahora  368.000 personas más que hace un año y hay  485.900 ocupados más de los que había antes de la pandemia (19.966.900 trabajaban a finales de 2019), a pesar de la posterior crisis por la inflación y la guerra de Ucrania. Y sólo quedan unos 15.000 trabajadores “aparcados” en ERTEs (finales de marzo), la quinta parte que hace un año y muy lejos de los 3,5 millones en ERTEs que había en abril de 2020.

Esta pequeña caída del empleo al inicio de 2023 (-11.100 ocupados) ha llevado a una subida del paro mucho mayor (+103.800 parados en el primer trimestre), porque en paralelo han aumentado mucho los españoles “activos”, las personas que buscan trabajo ahora, tras lo peor de la pandemia: los “activos” aumentaron en 92.700 personas en el primer trimestre de 2022 (mientras caían en -29.400 personas el primer trimestre en 2022), agravando más las cifras de paro, según la EPA. Es un proceso que se ha ido viendo trimestre a trimestre: aumentan las personas que buscan trabajo. Y ya hay más adultos “activos” (buscando trabajo o trabajando) que antes de la pandemia: 23.580.500 personas frente a 23.064.100 activos a finales de 2019. Todo apunta a que seguiremos así, con lo que en los próximos meses sucederá lo que hasta ahora: el paro bajará menos de lo que sube el empleo. 

Volviendo al paro, ha subido en +103.800 personas en el primer trimestre, una subida mayor a la de comienzos del año pasado (+70.900 parados) y a las subidas del primer trimestre de 2021 (+65,800 parados) y 2019 (+49.900 parados), siendo superada sólo por el aumento del paro al inicio de 2020, por la pandemia  (+121.000 parados), según la EPA de hoy. El paro ha subido el triple entre las mujeres  (+75.400 paradas) que entre los hombres (+28.400 parados), un síntoma claro de que hay más mujeres buscando trabajo (activas). Y por edades, el paro crece sobre todo entre los mayores de 25 años (+93.400 parados) . El  paro subió sobre todo en los servicios (+147.700 parados). Y por autonomías, el mayor aumento del paro se dio en las autonomías turísticas (+48.000 parados en Baleares y +33.500 en Canarias) y en  Cataluña (+20.000 parados), bajando en Andalucía (-19.100), Madrid (-16.200 y Asturias (-6.700).

La cifra total de desempleados sube a  3.127.800 parados, la más baja en España desde diciembre de 2008 (3.206.800 parados entonces), según el INE. Y la tasa de paro española sube al 13,26 %,  la menor desde 2008 (13,79% de paro), aunque sigue duplicando la tasa de paro europea (6% en febrero) y la de los principales paises de la UE, como Francia (7% de paro), Italia (8%) y sobre todo Alemania (2,9% de paro, cinco veces menos que España).Y sigue muy elevada la tasa de paro juvenil (menores de 25 años): el 30,03% de los más jóvenes están en paro, el doble que en Europa (14,5% de paro juvenil) y más que en Francia (17,6), Italia (22,4%) y Alemania (5,7% de paro juvenil, la quinta parte que en España), según Eurostat.

Los datos de paro, aunque mejores que antes de la pandemia y al nivel de 2008, revelan tres cuestiones preocupantes. La primera, que todavía hay 1.055.300 hogares con todos sus miembros en paro (+ 42.100 hogares que antes de la pandemia). La segunda, que España sigue con 6 regiones que tienen una tasa de paro “escandalosa”: Melilla (26,06% de paro), Ceuta (23,9%),), Extremadura (19,53%), Andalucía (18,31%), Baleares (18,14%) y Canarias (17,17% de paro), según la EPA de hoy. Y hay 5 regiones con un paro “europeo”, que ronda el 10%: País Vasco (8,44%), Aragón (8,94%), Cantabria (9,29%), Cataluña (10,37%) y Navarra (12,13%). Y la tercera cuestión preocupante es que aumentan los parados de larga duración, los que llevan más de 1 año sin trabajo: son ya 1.305.000 parados (+22.200 que a finales de 2022), el 41,73 % de todos los parados.

Esto provoca que a muchos parados se les acabe el desempleo y no cobren ya ningún subsidio, pasando a una situación de pobreza extrema. En febrero de 2023, último dato de Trabajo, cobraban alguna ayuda 1.863.952 desempleados: menos de la mitad (el 45,8%) cobraban un subsidio contributivo (según lo cotizado), de 961,6 euros de media, y el resto (un 54,2%) cobraban un subsidio asistencial, de 480 euros mensuales. Así que, solo un 65% de los parados registrados en el SEPE (2.862.260 en marzo) cobran algún subsidio. Y si tomamos los parados estimados por la EPA de hoy (3.127.800 parados), la cobertura del desempleo alcanza sólo al 59,6%. Eso significa que casi la mitad de los parados (el 40,4% %) no cobra ninguna ayuda pública, cuando antes de la pandemia, en 2019, eran sólo un 38,5% los parados que no cobraban nada. De hecho, CCOO denuncia que un 35% de los parados  inscritos en el SEPE con experiencia laboral no cobran ninguna ayuda pública por desempleo (y un 41% si se suman los parados que nunca han trabajado).

Mientras cae el paro y el empleo vuelve a crecer, la mejor noticia es que el empleo que se está creando en 2023 sigue siendo  menos precario, de más calidad, gracias a la reforma laboral aprobada a finales de 2021. En este primer trimestre de 2023, el 45,5% de todos los contratos firmados fueron indefinidos (1.639.200 de 3.600.600), un porcentaje que duplica el de hace un año (22,7% de contratos indefinidos en el primer trimestre de 2021) y cuadruplica los contratos indefinidos de todo el año 2021 (10,9%), según los datos de Trabajo. Y además, de cada 3 contratos hechos este primer trimestre, 2 son a tiempo completo (2.088.600) y 1 a tiempo parcial. Con ello, aumentan los asalariados con contrato fijo (indefinido): eran ya  14.350.600 asalariados a finales de marzo, el 82,72% del total,  1.684.800 trabajadores fijos más que antes de la reforma laboral (había 12.665.800 asalariados fijos a finales de 2021, el 74,61% del total). Y el porcentaje de trabajadores temporales baja del 25,39% al 17,28% ahora, todavía más alto que la media de temporalidad en Europa (12,1% en 2022).

Mientras mejora la calidad del empleo que se crea, el gran reto sigue siendo crear más empleo, porque en España trabaja menos gente que en Europa, en relación a la población: aquí trabajan el 64,4% de los que tienen entre 15 y 64 años, frente al 69,9% que trabajan de media en Europa, el 68,1 en Francia, el 60,1% en Italia y el 77,2% en Alemania, según Eurostat (2022). Eso quiere decir (“a lo claro”) que debería haber 1,8 millones de españoles más trabajando si tuviéramos el nivel de empleo europeo. Y  4 millones más trabajando si fuéramos como los alemanes. Por eso  (y por nuestra menor productividad) tenemos menos nivel de vida que los paises del centro y norte de Europa.

Pero para crear más empleo hay que crecer más y este año 2023 creceremos bastante menos que el año pasado: +1,5% según el FMI y +2,1% según el Gobierno, mucho menos que el +5,5% que crecimos en 2022 y 2023. Por eso, la previsión es que España creará menos empleo en 2023, entre 100.000 y 150.000 nuevos empleos según distintas previsiones (frente a +278.900 empleos creados en 2022). Todo va a depender de la marcha de la guerra en Ucrania, de que siga moderándose la inflación y del daño que hagan las subidas de tipos del BCE, que ya ha aprobado 6 subidas y que se plantea aprobar otra el 4 de mayo (dejando los tipos en el 3,75%). Si la economía internacional no se hunde y tampoco Europa (al borde de la recesión, sobre todo Alemania, Italia y Reino Unido), el empleo podría crecer otra vez este año, empujado por el turismo (que volverá a los récords de 2019) y el tirón de los Fondos europeos (ya han llegado 37.030 millones, que financian casi 300.000 proyectos).

Además de crecer más, el objetivo en 2023 debería ser fomentar el empleo de los colectivos con más problemas para colocarse, básicamente mujeres, jóvenes y mayores de 45 años, que constituyen el grueso de los 3 millones largos de parados a los que hay que dar una salida. Eso requiere dos cosas. Por un lado, dedicar más recursos públicos a las políticas activas de empleo, a formar y recolocar a los parados, sobre todo a los que llevan más de 2 años parados (el 28% de los desempleados). El pasado 11 de abril, el Consejo de Ministros aprobó una partida de 2.803 millones para incentivar la contratación de parados, con recursos del Presupuesto y de los Fondos europeos (231,8 millones). Ya los ha repartido entre las autonomías, que son ahora quienes tienen que gestionarlos. Y las autonomías gestionan también las oficinas de empleo, que necesitan reformarse y modernizarse, porque son un desastre: sólo gestionan el 2% de los contratos. Y sólo 1 de cada 38 parados que cobran el paro llegan a recibir una oferta de trabajo del SEPE.

Así que una buena parte del empleo depende de lo que hagan las autonomías, otra razón más para pensarse el voto este 28-M, junto a la sanidad, la educación o la Dependencia, las políticas públicas que gestionan los gobiernos autonómicos. Y en paralelo, también hay una gran responsabilidad de empresarios y sindicatos, que deberían pactar una subida razonable de salarios y planes de empleo en las empresas que tienen beneficios. Porque hay un problema de fondo, que notamos cada vez que nos obligan a hacer colas o retrasan prestarnos un servicio: muchas actividades están “cortas” de empleo, faltas de trabajadores, aunque ahora vendan y ganen mucho más que antes de la pandemia. Baste un dato: España produce hoy un 23% más que en 2007 (1,32 billones de PIB frente a 1,07 billones) con menos trabajadores (20.452.800 hoy frente a 20.600.000 en 2007). Hace falta que las empresas apuesten por contratar más trabajadores y no sólo por ganar más, a costa de tensar las plantillas en perjuicio del empleo y de la atención a los consumidores. Más contratos hoy son más clientes mañana.

Fiebre (y temor) por la Inteligencia Artificial

Los inversores y las Bolsas están a la caza de empresas que desarrollen la Inteligencia Artificial (IA).Y los internautas multiplican la utilización de ChatGPT, un sistema que permite crear textos e imágenes, lo que ha provocado la investigación de España (APD) y varios paises por posible vulneración de datos. Mientras, las empresas utilizan cada vez más aplicaciones de Inteligencia Artificial, con una pelea entre China y EEUU para liderar la IA, que cambiará nuestras vidas y recortará muchos empleos, sustituidos por máquinas. España quiere ser uno de los líderes europeos en Inteligencia Artificial, a la que destinará 600 millones de Fondos Europeos. Y ha sido el primer país en crear un Centro de IA (en A Coruña) y probar una normativa, que Europa aprobará en 2024. La IA será la mayor revolución tecnológica desde la electricidad, pero se teme que avance sin control, por lo que miles de expertos han pedido una moratoria para planificar su futuro. Objetivo: que las máquinas no escapen del control humano.

Enrique Ortega a partir de Le faux miroir de René Magritte

La Inteligencia Artificial (IA) busca que una máquina o una red de máquinas sean capaces de aprender y desarrollar tareas humanas, desde escribir o traducir a diagnosticar enfermedades, conducir un coche, investigar o invertir. Las primeras computadoras se crearon en EEUU en los años 40 y ya en 1950 se creó el primer experimento de Inteligencia Artificial, el proyecto Theseus: un ratón a control remoto capaz de encontrar la salida de un laberinto. En los años 90 aparecieron programas para juegos contra humanos y ya en 2012, el desarrollo AlexNet reconocía imágenes y objetos. En 2020 se avanza en el reconocimiento del comportamiento humano y el 1 de diciembre de 2022 aparece ChatGPT, un sistema de chat basado en modelos de lenguaje por IA que permite elaborar investigaciones, informes, traducciones, artículos, fotos y vídeos, gracias al reconocimiento de voz e imágenes.

Los expertos creen que, antes o después, se conseguirá que las máquinas (los ordenadores, solos o con robots) realicen (con menos coste y aceptable calidad) una gran parte de las tareas humanas, que exista “una Inteligencia Artificial a nivel humano”: un 50% de los científicos encuestados creen que esto sucederá antes de 2061 y el 90% están seguros que será “antes de 100 años”,  aunque muchos creen que se logrará “un gran avance” ya para 2050. Todo apunta a que la Inteligencia Artificial (IA) será la mayor innovación en la historia de la humanidad desde la electricidad (finales siglo XIX), permitiendo grandes avances en la Ciencia, sobre todo en energía, medicina, movilidad y sustitución de trabajos rutinarios y desagradables. Pero tiene dos graves incertidumbres: su efecto negativo sobre el empleo y el temor a un descontrol, que permita manipulaciones y controles de la sociedad por Gobiernos y grandes empresas.

Precisamente, el temor más inmediato ante la IA es que se sustituyan empleos por máquinas, acelerando la robotización de la economía. Goldman Sachs estima que hasta 300 millones de empleos en el mundo (casi el 10% del total) pueden verse afectados por los futuros sistemas de IA, llegando a afectar hasta el 25% de los empleos en EEUU y Europa. Los trabajos con más riesgo de ser sustituidos por la IA son los trabajos más cualificados y los más rutinarios, especialmente los empleos administrativos, los profesionales y técnicos, matemáticos, asesores financieros, periodistas, abogados, arquitectos, traductores y gestores. A cambio, se crearán trabajos nuevos, en especial ligados a la programación de las máquinas (“ingenieros de peticiones”) y el tratamiento de datos.

Otro problema de la Inteligencia Artificial (IA) es que agravará la crisis climática, porque la mayor utilización de ordenadores y centros de proceso de datos aumentará el consumo de energía: podría multiplicarse por 5, según algunos expertos. Y además, aumentará el consumo de agua, necesaria para refrigerar los sistemas. Baste decir que el consumo de electricidad mensual de OpenAI, la empresa que gestiona el ChatGPT, equivale al consumo anual de electricidad de 175.000 empresas danesas… Pero el mayor temor ante la IA es que las máquinas (y los Gobiernos y empresas que las gestionan) controlen nuestras vidas: vigilancia y reconocimiento facial, control de datos, manipulación de información y desinformación, consumos dirigidos, amenazas bélicas…. Y el temor final: que las máquinas escapen al control humano y acaben dominando nuestras vidas.

En medio de estos temores y recelos, los inversores y las Bolsas no quieren quedar fuera de esta revolucionaria tecnología y hay “una fiebre mundial para invertir en IA”, por  participar en esta tecnología que va a dominar el futuro, lo que está recaudando millones de dólares para las empresas que avanzan en proyectos de IA, sobre todo en EEUU. De hecho, la inversión corporativa en Inteligencia Artificial se ha multiplicado por 13 en la última década, pasando de 14,57 millones invertidos en 2013 a 79,62 millones en 2018 y 276,14 millones en 2021, según los datos de Our World y la Universidad de Stanford, aunque en 2022 la inversión bajó a 189,59 millones. El gran cambio es que antes, la investigación en IA se hacía en las Universidades, y en los últimos años se están creado empresas privadas (startups) que buscan invertir y rentabilizar la investigación en IA, apoyadas por los gigantes de Internet.

En paralelo, los avances en Inteligencia Artificial (IA) forman parte de la pelea estratégica entre EEUU y China, porque ambos paises saben que será una tecnología clave para configurar el poder económico y militar del futuro, desde la energía, los nuevos fármacos y nuevos materiales a la terapia génica, los análisis de comportamientos y las futuras armas. De momento, EEUU está por delante, en inversiones, científicos que investigan (el 60%) y computación cuántica, pero China tiene planes concretos (anunciados en 2017) para ser líder de la Inteligencia Artificial en 2030. Por eso, el presidente Biden prohibió (en octubre de 2022) que las empresas norteamericanas vendan a China chips de IA. En medio de esta pelea (económica y geoestratégica) por la IA, Europa está muy rezagada y corre el riesgo de quedarse atrás en esta carrera por la tecnología clave del futuro.

La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en las empresas está creciendo mes a mes, de una forma callada pero efectiva: se estima que la mitad de las empresas del mundo han utilizado ya alguna aplicación de IA en alguna unidad de negocio, según la consultora McKinsey, siendo más en EEUU y Asia (59% empresas) que en Europa (48%), paises en desarrollo (44%) y China (41%), dominando las aplicaciones de chats y asistentes virtuales para uso comercial. De momento, hay 4 áreas claves de aplicaciones de IA: tecnologías de lenguaje natural (asistentes virtuales y chatbots, análisis de comportamiento, traducción automática, resúmenes de textos), simuladores, plataformas de inteligencia de decisiones (análisis financiero, diagnósticos y tratamientos sanitarios, marketing y publicidad) e IA basada en datos (recomendaciones a usuarios, análisis para conceder créditos, diagnósticos médicos y prevención de fraudes conforme a comportamientos tipo).

Mientras las empresas se lanzan con precaución a probar las utilidades más “comerciales” de la IA, los internautas se han contagiado la “fiebre” de estas aplicaciones, los chats que incorporan reconocimiento de voz e imágenes. El 1 de diciembre de 2022, la empresa norteamericana OpenAI, fundada en 2015 por varios inversores tecnológicos (entre ellos Elon Musk, de Tesla, que se retiró en 2008, y Microsoft), lanzó al gran público ChatGPT, un modelo de IA para internautas. Y en sólo 5 días, tenía 1 millón de usuarios (cifra que Facebook tardó en conseguir 10 meses), lo que multiplicó en las redes imágenes (falsas) creadas por ordenador, como la del Papa Francisco con un abrigo blanco acolchado o Trump arrestado. Este “boom” de ChatGPT obligó a Google a anunciar, a principios de febrero de 2023, que incorporará a su buscador su propio chatbot,  Bard, en el que lleva años trabajando. Y unas horas después, Microsoft anunciaba que incorporaría ChatGPT (proyecto al que inyectó 10.000 millones de dólares más en enero) a su buscador Bing y al navegador Edge. Meta (Facebook) también tiene su sistema de IA, LlaMa.

Este “boom” del ChatGPT ha despertado recelos en varios Gobiernos del mundo, que han decidido investigarlo. Incluso Italia lo ha prohibido, bloqueándolo el 31 de marzo, tras acusar a la compañía (OpenAI) de no respetar la normativa de Protección de Datos, al permitir fugas y no verificar la edad de los usuarios. Francia también investiga y en España, la Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado una investigación de oficio y pide a las autoridades europeas que evalúen los problemas de privacidad de ChatGPT. En todos los casos, los reguladores temen la mala utilización de datos de los usuarios, además de los riesgos que conlleva una aplicación que puede generar informes, datos, fotos e imágenes falsas, sin que el internauta pueda detectar esa manipulación. Además, Europol  ha alertado de que ChatGPT facilita los ciberataques y la ciberdelincuencia.

Estos problemas con ChatGPT han reavivado el temor que tienen muchos expertos ante los avances descontrolados de la Inteligencia Artificial (IA). Muchos creen que, en los últimos meses, los laboratorios de IA han entrado “en una carrera sin control para desarrollar e implementar mentes digitales cada vez más poderosas que nadie, ni siquiera sus creadores, pueden entender, predecir o controlar de forma fiable”, según denuncian más de 4.000 expertos e investigadores en esta carta abierta de finales de marzo. Los firmantes, entre ellos líderes de empresas tecnológicas como Musk (Twitter), Apple (Wozniak) o Skype (Tallinn) y el ensayista israelí Harari, piden una moratoria inmediata de al menos 6 meses, para replantearse las investigaciones de IA y planificarlas y gestionarlas con cuidado, dado que la Inteligencia Artificial representa “un cambio profundo” en la historia de la vida en la Tierra.

En paralelo a esta masiva petición de una moratoria a la IA, son numerosos los paises que ya han aprobado normativas sobre la IA, aunque sean más teóricas que eficaces. Según el informe de la Universidad de Stanford, publicado el 3 de abril, 31 paises han aprobado ya más de 125 normas relacionadas con la IA (37 en 2022), destacando EEUU (22), Portugal (13), España (10, Italia y Rusia (9), Bélgica (6), Reino Unido (6) y China (sólo 3 normas desde 2016). A pesar de ello, los expertos critican que la IA “avanza como en el Lejano Oeste”, sin control, mirando más las oportunidades (beneficios) que los riesgos. Y reiteran los riesgos de desprotección, manipulación y control de datos de empresas y usuarios.

Mientras se debate sobre la moratoria y la regulación, la Inteligencia Artificial avanza imparable, sobre todo en EEUU y China. En Europa, la Comisión Europea aprobó en abril de 2021 un Paquete de medidas de IA, con el que pretende invertir 1.000 millones al año de Fondos públicos europeos y movilizar inversiones privadas y de los paises, para alcanzar una inversión total europea en IA de 20.000 millones de euros anuales en esta década. Pero los programas concretos se encuentran retrasados y apenas se ha invertido en proyectos piloto, mientras las grandes empresas europeas contratan sus aplicaciones de IA con los gigantes tecnológicos de EEUU (Microsoft, IBM, Google).

En España, la apuesta por la Inteligencia Artificial (IA) viene de noviembre de 2020, cuando se aprobó la Estrategia Nacional de IA, para impulsar la investigación, promover el talento nacional en IA y atraer a expertos extranjeros, desarrollar plataformas e infraestructuras de datos, integrar la IA en el tejido económica y la Administración pública y establecer un marco ético y regulatorio. Posteriormente, en 2021, la IA forma parte del Plan de Recuperación, con una inversión de 500 millones de Fondos europeos entre 2021 y 2023, que podría crear y mantener 15.986 empleos. Y dentro de la Estrategia Digital 2016, se ha avanzado en distintas medidas: creación del Consejo Asesor de la IA (julio 2020), aprobación Carta de Derechos Digitales (julio 2021), PERTE de nueva economía de la Lengua (marzo 2022), para promover la IA en español, creación de Quantum Spain (adjudicado, en julio de 2022, al BSC de Barcelona el 1º ordenador cuántico del sur de Europa), el Programa Nacional de Algoritmos Verdes o la creación del Centro Nacional de Neurotecnologías (creado en diciembre 2022, en la Universidad Autónoma de Madrid), con 16 cátedras en IA.

El Gobierno Sánchez, a través de la vicepresidenta Calviño, ha reiterado su apuesta para que España sea uno de los líderes europeos en Inteligencia Artificial. Para ejemplificarlo, ha tomado dos iniciativas. Una, institucional,  la creación (diciembre 2022) de la Agencia Nacional de Supervisión de la IA, en A Coruña, la 1ª Agencia de este tipo que se crea en Europa y que echará a andar en junio de 2023. Y la otra normativa: España se ha prestado a pilotar la futura legislación europea sobre IA, con un “Sanbox regulatorio” que se va a ensayar este año con las empresas españolas, para que el futuro Reglamento europeo de IA se apruebe antes de final de año, bajo presidencia española, y entre en vigor en 2024.

A pesar de esta apuesta política e institucional, España no está avanzada en la aplicación de la IA, según un estudio de BBVA Research: utilizan esta tecnología sólo un 8% de las empresas (no financieras y con más de 10 empleados), un porcentaje similar a Francia (7%), Bélgica o Austria, pero inferior a Dinamarca (24%), Portugal (17%), Finlandia (16%) o Alemania (15%). El objetivo del Gobierno y su Plan de IA es que para 2030, utilicen la IA en su operativa el 75% de las empresas españolas. El estudio señala que España ha avanzado mucho en el marco ético, regulatorio e institucional de la IA, pero poco en programas concretos, donde se tropieza con problemas a la hora de la selección y seguimiento de proyectos. Y señala un hándicap: España cuenta con menos recursos que otros paises: Alemania va a destinar el 0,14% del PIB a IA hasta 2025, Italia el 0,14%, Francia el 0,06% hasta 2023 y España sólo el 0,05% del PIB hasta 2023, casi la tercera parte de recursos que Alemania o Italia.

En resumen, la Inteligencia Artificial (IA) va a revolucionar nuestro futuro económico, laboral y social, en un mundo donde la incorporación de las máquinas avanza imparable y con escasa regulación. Y no podemos quedarnos al margen, a pesar de las incertidumbres y los riesgos. España tiene que apostar de forma decidida por la IA, con más recursos y más implicación de las empresas, asegurando el tratamiento de datos y las garantías jurídicas, evitando que las máquinas vayan más allá de la ética y los derechos de los ciudadanos. Esta nueva revolución tecnológica es imparable y tanto Europa como España no pueden quedarse al margen de la pelea entre EEUU y China. Nos jugamos el futuro.

España: 10 años de superávit exterior

Hoy se ha conocido el dato de las exportaciones en febrero, que volvieron a crecer más que las europeas, como en enero. Y llevamos ya 12 años de récord exportador, vendiendo más mercancías fuera año tras año, desde 2010. Este “boom” exportador es importante porque aporta casi la mitad del crecimiento español y mantiene 2,5 millones de empleos. Pero hay más. También crecen las exportaciones de servicios (empresas españolas que trabajan fuera) y, sobre todo, los ingresos por turismo. Y con todo ello, España lleva 10 años con superávit con el exterior (somos el 8º país europeo con más superávit exterior), ingresando más divisas de las que pagamos. Algo inaudito en nuestra historia, donde siempre hemos tenido déficit con el exterior, en todo el siglo XX y hasta 2012. Ahora, las exportaciones y el turismo consiguen que tengamos superávit, lo que permite invertir fuera y reducir deuda externa. Y nos convierte en un país económicamente más independiente y más solvente. Parece técnico pero es un cambio histórico, un logro de todos que debemos preservar.

Enrique Ortega

España ha sido siempre un país poco abierto económicamente al exterior, al menos hasta el ingreso en la CEE (1986) y en el euro (2000). Pero en este siglo, las exportaciones españolas han crecido con una fuerza desconocida, sobre todo a partir de la crisis de 2008, que forzó a nuestras empresas a vender fuera para compensar la caída de la demanda dentro. De hecho, las exportaciones españolas crecieron, año tras año, desde 1995 a 2022, con sólo tres años de caída (2008,2009 y 2020), según los datos de Comercio. El tirón de las exportaciones se aceleró en 2010 y son ya 12 años consecutivos de récords anuales (2010-2022, salvando la bajada en 2020, por la pandemia). Y con ello, el valor de las exportaciones de mercancías se ha más que duplicado: de 159.889 millones de euros vendidos fuera en 2009 a 389.208 millones exportados en 2022, según Comercio.

Con ello, las exportaciones de mercancías han aumentado su peso en la economía: si en 2009 aportaban sólo el 15% del crecimiento total (PIB), en 2022 aportaron casi el doble (el 29,32% del PIB). Y si sumamos las exportaciones de servicios (los prestados por empresas y entidades españolas en el extranjero y que ayudan al crecimiento del PIB en España), la aportación de la actividad exterior es ya del 35% del PIB, un tercio del crecimiento total. Y lo más importante, las exportaciones (de mercancías y servicios) “nos han salvado” ya dos veces en poco más de una década, contrarrestando la crisis económica interna. La primera vez, a raíz de la crisis de 2008: entre 2009 y 2013, la economía española estuvo en recesión, con bajadas del PIB, pero habríamos caído mucho más si las exportaciones no hubieran crecido esos años malos. Baste un ejemplo. En 2009, el PIB cayó un -3,6%, pero hubiera caído más si las exportaciones no hubieran aportado un +2,8% de crecimiento. Ahora, con la pandemia y la crisis por la guerra de Ucrania y la inflación, las exportaciones nos han vuelto a salvar: cayeron menos que la economía en 2020 (-1,9% frente a -10,8% el PIB total) y han ayudado al crecimiento en 2021 (+0,2% de +5,5%) y sobre todo en 2022: las exportaciones aportaron casi la mitad del crecimiento español (+2,6% del 5,5%).

En 2022, las exportaciones españolas crecieron un +22,9%, más que el conjunto de las exportaciones europeas (+20,9% en la UE-27) y de la zona euro (+21%), pero también más que las exportaciones de Alemania (+14,1%), Francia (+19,1%) o Italia (+19,9%), nuestros tres principales competidores y clientes. Y más de lo que crecieron las exportaciones de EEUU (+17,7%), China (+10,5%) y Japón (+18,2%), siendo superados sólo por el aumento de las exportaciones británicas (crecieron +26%), según Comercio. ¿Por qué crecen más las exportaciones españolas? Básicamente, porque son una “válvula de escape” a la baja demanda interior y, sobre todo, porque nos ayuda tener menos inflación (5,5% en diciembre 2022 frente al 10,4% en la UE-27 y 9,6% en Alemania) y salarios mucho más bajos (17,5 euros la hora frente a 22,9% en la UE y 30,3 euros en Alemania), lo que hace nuestros productos más competitivos en Europa y el resto del mundo.

En 2022, las exportaciones españolas crecieron sobre todo a Europa (+24,9% a la UE-27), especialmente a Bélgica (+66,1%), Irlanda (+41,1%), Portugal (+29%), Francia (+18,9%), Italia (+18,5%) y Alemania (+15,6%), pero también aumentaron mucho las exportaciones de mercancías a EEUU (+28,1%), Brasil (+37,6%), Argentina (+32,5%) o México (+26,2%), Arabia Saudita (+56,5%) y Marruecos (+26,2%), cayendo nuestras ventas a China (-7,5%) y Argelia (-45.9%). Por productos, las exportaciones que más crecieron fueron las de energía (+80,1%), medicamentos (+55,5%), buques (+56%), productos químicos (+37%), aceites y grasas (+32,2%), electrodomésticos (+30,6%), leche y huevos (+25,3%), calzado (+22%) y automóviles (+9,7%), según los datos de Comercio.

Si en 2022 se batió el récord histórico de exportaciones, también se alcanzó el récord de importaciones, por culpa de los precios disparados de la energía y los alimentos: alcanzaron los 457.321 millones de euros, +33,4% sobre 2021. Y eso fue porque las importaciones energéticas duplicaron su factura (90.879 millones frente a 46.575 millones en 2021), aumentando también mucho el coste de los alimentos importados (51.917 millones frente a 39.556 en 2021, +31,2%, sobre todo por el encarecimiento de aceites, lácteos, frutas y pesca), los metales, hierro y papel (34.602 millones, +30%), las importaciones de calzado (4.659 millones, +46,5%) y ropa (28.052 millones, +27,8%).

Al final, el shock de la energía y los alimentos en 2022 duplicó con creces el déficit comercial de España, la diferencia entre importaciones y exportaciones: pasó de -26.177,9 millones de euros en 2021 a -68.112 millones en 2022. Un viejo problema de España: compramos fuera más de lo que vendemos, lo que lleva a crear más riqueza y empleo fuera, lo que nos resta riqueza y empleo. De hecho, los paises más ricos de Europa son los que tienen superávit comercial, que venden fuera más de lo que compran: Noruega (+156.000 millones  en 2022), Alemania (+80.367 millones), Paises Bajos (64.624 millones),  Irlanda (+64.411 millones), Suiza (+43.815 millones), Bélgica (+11.909 millones), Dinamarca (+2.317 millones). Mientras, paises punteros tuvieron también déficit comercial en 2022, por el shock energético: Francia (-190.867 millones), Italia (-30.718 millones), Austria (-19.541 millones), Finlandia (-10.638 millones) o Suecia (-4.311 millones).

A la hora de “tapar este déficit comercial”, España ha contado en 2022 con dos aliados. Uno, el aumento de las exportaciones de servicios, los ingresos por asesoría, consultoría y ventas de filiales de empresas españolas en el extranjero: ingresamos 160.000 millones de euros, un +58% sobre 2021. Y lo más importante: los ingresos por turismo extranjero: se ingresaron 87.061 millones de euros, casi el triple que en 2021 (34.903 millones) y un 95% de las divisas por turismo ingresadas en 2019. Con estas dos fuentes de ingresos, exportaciones de servicios e ingresos por turismo extranjero, España pudo “tapar” el déficit comercial y tener superávit con el exterior: +11.800 millones de euros en 2022, según el Banco de España, algo más que en 2021 (+11.500 millones), a pesar del shock energético y la inflación. Con ello, España mantiene un saldo positivo de divisas, un superávit con el exterior que es del +0,9% del PIB, el 8º país con más superávit exterior de Europa, tras Irlanda (18,1% del PIB), Dinamarca (6,7%), Paises Bajos (5,7%), Malta (5,1%), Alemania (+3,7%), Luxemburgo (3,5%) y Suecia (3,3%) del PIB). Y unas cuentas exteriores mucho más saneadas que las de Francia (tiene un déficit exterior del -2,5%) e Italia (superávit del +0,8%), según la Comisión Europea.

Lo importante es que este superávit exterior de España no es fruto de un año, sino que llevamos ya con este superávit exterior una década, desde 2013 (+7.130 millones) a 2022 (+11.800 millones), con dos “picos” en 2016 (+22.306 millones y 2019 (+26.236 millones de superávit exterior). Y que esta “racha”, este saldo positivo de divisas no se ha roto ni con la pandemia (+6.789 millones de superávit exterior en 2020) ni con el shock de la energía y los alimentos de 2021 y 2022. Y esto es algo histórico, porque uno de los males endémicos de España ha sido su déficit con el exterior: lo sufrimos en casi todos los años del siglo XX y al inicio del siglo XXI. Un dato concreto: entre 1961 y 2012, España tuvo déficit exterior 45 de esos 52 años… Y eso condicionó la política económica del franquismo y de la democracia: no teníamos divisas suficientes para importar y eso limitaba nuestro crecimiento económico y nos obligaba a endeudarnos fuera.

Ahora, la situación de la economía española es radicalmente distinta: tenemos superávit con el exterior, ingresamos más divisas de las que gastamos y eso nos da una mayor autonomía económica como país. Podemos importar más, invertir más fuera y devolver parte de la deuda externa que acumulamos cuando nos faltaban divisas. De hecho, esta década de superávit exterior nos ha permitido reducir la deuda externa neta: de rozar el billón de euros en 2013 (96,2% del PIB) se bajó a 926.100 millones en 2019 (74,4%) y a 802.400 millones en 2022 (el 60,5% del PIB, un tercio menos que hace una década), según los datos del Banco de España. Gracias al superávit con el exterior, España podrá seguir reduciendo y amortizando esta deuda con el exterior, a la vez que puede invertir fuera. Y en paralelo, están creciendo también las entradas netas de capital extranjero (+13.200 millones en 2022), que, sumadas a nuestro superávit exterior, aumentó en +25.000 millones nuestro saldo con el resto del mundo en 2022. Unas cuentas que revelan una independencia y solvencia económica que España no ha conocido en su historia reciente, aunque parezca un tema complejo del que no se habla. Unos mejores cimientos económicos que revelan un país más saneado frente al exterior.

Este año 2023 va a ser difícil que España consiga otro récord de exportaciones, aunque el año ha empezado bien: crecieron +16,2% en enero y otro +9,7% en febrero, también más que las exportaciones europeas. Por un lado, se augura un menor crecimiento del comercio mundial: aumentará un +1,7%, casi la mitad que en 2022 (+2,7%), según la previsión de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Y todo apunta a un menor crecimiento de la economía mundial (+2,8% frente al +3,4% en 2021, según el FMI), pero sobre todo de las economías europeas, donde van las tres cuartas partes de las exportaciones españolas: la zona euro sólo crecerá un +0,8% (frente al 3,5% en 2022), Alemania entrará en recesión (-0,1%) y Francia e Italia apenas crecerán (un 0,7%), con perspectivas también de recesión en Reino Unido (-0,3% de caída en 2023), un panorama que también afectará negativamente al turismo y sus ingresos. Y el euro no ayuda, porque está cotizando cerca de 1,10 dólares, lo que encarece los productos españoles (un +14%) en los mercados no europeos que pagan en dólares.

Ante este preocupante panorama, la prioridad debe ser mantener este superávit exterior, lo  que exige seguir apoyando las exportaciones, controlar las importaciones, aumentar la presencia exterior de nuestras empresas y “mimar” el turismo, la clave de que tengamos más divisas. Todo esto exige volcarse en la exportación, aumentando más  las empresas que exportan (hay sólo 43.000 exportadores “regulares”, un 30% más que hace una década pero pocos dado que tenemos 3 millones de empresas), diversificando los compradores en Asia y América, fuera de Europa (donde van el 73,4% de nuestras exportaciones) y mejorando nuestra competitividad e innovación, para conseguir exportar productos con más valor añadido. Tras las elecciones, debería alcanzarse un Pacto de Estado por la exportación y el turismo, para asegurar esos cimientos y mantener el superávit exterior de nuestra economía, un logro histórico que no podemos volver a perder. Es clave para avanzar y crecer como país solvente.

CNMC: Tribunales anulan multas a empresas

Les voy a contar una historia, increíble pero cierta. La presidenta de la Comisión de la Competencia (CNMC) compareció el 23 de marzo en el Congreso y denunció ante los diputados (quienes la nombraron) que la Audiencia Nacional (AN) “torpedeaba” sus sanciones a grandes empresas, anulando “todas y cada una de las multas”: de los 1.253 millones en sanciones a grandes empresas desde 2010, sólo ha recaudado 290,4. La gota que colmó su paciencia fueron varias sentencias de la AN, a finales de 2022, anulando las multas impuestas (203,6 millones) a 6 grandes constructoras por repartirse obras públicas y subir sus costes durante… ¡25 años¡ Es sólo un ejemplo de las decenas de multas impuestas a empresas eléctricas, petroleras, automovilísticas, bancos, telecos, navieras, tabaqueras, residuos, lácteos, material ferroviario o papeleras, por manipular mercados y precios, en perjuicio de los consumidores. Multas anuladas o pospuestas por la Audiencia Nacional y el Supremo, “tolerantes” ante los delitos de guante blanco. Urgen cambios, porque nos están robando (presuntamente).

Enrique Ortega

Para muchos economistas, uno de los grandes males de la economía actual es la falta de competencia: grandes empresas controlan los mercados de muchos bienes y servicios y por su situación de cuasi monopolio fijan las reglas de juego, imponiendo altos precios que perjudican a los consumidores y elevan la inflación. Además, esta falta de competencia impide sobrevivir a nuevas empresas (que son compradas o anuladas), lo que reduce la oferta, la innovación, la productividad, el crecimiento y el empleo. Lo explica muy bien el economista francés Jean Tirole, en su libro “La economía del bien común”, donde define “el poder del mercado” como “la capacidad de hacer pagar a los consumidores precios muy superiores a los costes y ofrecer productos de mediocre calidad”. Una lacra para los consumidores.

Por eso, todos los paises tienen organismos públicos que vigilan  la competencia, para evitar que grandes empresas impongan sus reglas y precios. Es lo que ha llevado a Google o a Facebook a declarar ante el Congreso de EEUU. Y en Europa, la comisaria de la Competencia, la danesa Margrethe Vestager, es uno de los cargos más importantes, con la categoría de Vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable de varias multas por actividades contrarias a la competencia a gigantes como Google, Facebook, Microsoft, Apple o Amazon. En  España, la vigilancia de la competencia ha ido pasando por varios organismos de la Administración, sin demasiado ímpetu, hasta que se creo, el 7 de octubre de 2013, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Un organismo independiente, cuya presidencia propone el Ministerio de Economía pero que ha de ser elegida por el Congreso, para un mandato de 6 años (como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores).

La CNMC es el organismo “vigilante” de mercados tan importantes como la energía (ha abierto múltiples expedientes a las eléctricas, por manipular precios), las telecomunicaciones, el sector audiovisual (ha multado a las TV, privadas y RTVE, por abuso publicitario), el transporte ferroviario o las tarifas aeroportuarias, además de asegurar que se cumplen las reglas de la competencia en todos los sectores de la economía. En estos años y con pocos medios, ha abierto más de 30 expedientes sancionadores a distintas empresas y sectores, por ponerse de acuerdo en fijar reglas y precios en numerosas actividades, lo que se conoce como un “cártel”: empresas que en lugar de competir, se reparten el mercado y fijan precios (más altos que con competencia), en perjuicio der los consumidores. Veamos algunos.

La multa más abultada impuesta por la CNMC se decidió el 7 de julio de 2022, al cerrarse un expediente contra 6 grandes constructoras españolas (Acciona, Dragados-ACS, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr), a las que se acusaba de haberse repartido miles de licitaciones públicas (como hospitales, carreteras, aeropuertos) durante 25 años (entre 1992 y 2017). La investigación de la CNMC descubrió que el grupo de constructoras se reunían semanalmente para analizar las licitaciones de obras públicas publicadas y decidir qué concursos iban a compartir (en todo o parte) y las ofertas que iban a presentar concertadamente, para ganarlas. Y también compartían información comercial sensible, como su intención de presentarse o no a licitaciones y la formación de ofertas conjuntas (UTEs). Y para evitar sospechas, las constructoras encargaban estos trabajos y ofertas a empresas externas. En conjunto, la CNMC estima que este “cártel” continuado de las principales constructoras ha provocado un extracoste de muchas obras públicas, en perjuicio del Presupuesto y los contribuyentes. Y les multó con 203,6 millones de euros.

La 2ª mayor multa impuesta por la CNMC, 171 millones de euros, fue decidida en julio de 2015, contra 21 empresas de automoción (que acaparaban el 91% de las ventas), por compartir información (desde 2006 a 2013) para aplicar estrategias agresivas o descuentos a compradores de coches. De las multas se libraron Seat y Volkswagen, por actuar como “delatores” (a lo claro: por “chivarse” y dar información a cambio de no ser multados). La 3ª mayor multa, 127,8 millones, se impuso en 2016 a los fabricantes de pañales para adultos, que pactaron (de 1996 a 2014) los precios a los que vendían a la sanidad pública. La 4ª mayor multa, 120 millones, se impuso en diciembre de 2012 (antes de crearse la CNMC) a Telefónica, Vodafone y Orange por pactar un precio elevado por los SMS. La 5ª mayor multa, 119,1 millones, se impuso en marzo de 2019 a 15 empresas de material ferroviario (filiales de las constructoras ACS, Sacyr y OHLA, más Siemens, Alsthom, Indra, Elecnor, Isolux o Abengoa), por repartirse durante 14 años contratos ferroviarios de Adif (Renfe).

La lista de expedientes sigue con multas inferiores a los 100 millones. En enero de 2015, la CNMC multa con 98,2 millones a 39 empresas y 3 asociaciones del sector de gestión de basuras (residuos, recogida de basuras y saneamiento), que pactaban y se repartieron la recogida de basuras, gestión de zonas verdes y tratamiento de aguas en Ayuntamientos de toda España, entre 2000 y 2013.Entre las multadas, las filiales de las constructoras ACS, FCC, Ferrovial y Sacyr, reiteradas "sospechosas" de la CNMC: en agosto de 2021, ACS, FCC, Acciona, Ferrovial , OHL y Sacyr  recibieron otra multa de 61 millones  (la 3ª), por pactar contratos de mantenimiento de carreteras del Estado (entre 2014 y 2018) . En febrero de 2018, los cuatro grandes bancos españoles (CaixaBank, Santander, BBBA y Sabadell) fueron multados con 91 millones de euros por pactar unas condiciones más favorables de ciertos derivados financieros con los que financiaron a constructores de parques eólicos. En julio de 2019, la CNMC sancionó con 80,6 millones a 8 empresas lácteas (Nestlé entre ellas) y 2 asociaciones sectoriales por prácticas anticompetitivas de fijación de precios en perjuicio de los ganaderos. En noviembre de 2019, se impone una multa de 77,1 millones a Mediaset (Tele 5) y Atresmedia (Antena 3), por repartirse el mercado de la publicidad televisiva.

Sigamos con la lista de las mayores multas. En marzo de 2017, la CNMC multa con 75,6 millones a Renfe y Deutsche Bank por “entorpecer” la liberalización del transporte ferroviario, lo que provocó la mayor sanción impuesta nunca a una sola empresa (65 millones a Renfe). En marzo de 2018, se fija una multa de 68 millones a 9 empresas de mensajería (entre ellas, Correos), por repartirse los grandes clientes empresariales. En junio de 2015, se multa con 57,7 millones  a 18 empresas de fabricación de papel y cartón ondulado y a su asociación sectorial por repartirse el mercado y fijar precios entre 2002 y 2013. En octubre de 2019, se multa con 54,2 millones a 19 empresas de montajes y mantenimientos industriales (Duro Felguera, ACSA y Atrian) por repartirse 746 contratos industriales y encarecer los servicios prestados a empresas energéticas y petroquímicas. En noviembre de 2017, la CNMC impuso una multa de 44,8 millones a 5 cárteles integrados por 11 empresas y una Asociación empresarial que se repartían la fabricación y distribución de cables eléctricos.

Tranquilos, que la lista sigue y aparecen otras grandes empresas. En 2019, la CNMC multa con 42,3 millones a las tabaqueras Altadis (Fortuna) y  Philip Morris (Marlboro), junto a Logista,  por repartirse el mercado: intercambiaban datos sobre las ventas diarias en estancos, detalladas por provincias y marcas. En febrero de 2015 se multa con 32,4 millones a las grandes petroleras (Repsol, Cepsa, Disa, Galp y Meroil) por pactar precios de los carburantes en distintas ciudades, además de un pacto de “no agresión” entre Repsol y Cepsa (desde 2011 a 2013). Y tanto Repsol como Cepsa tienen otras multas más (casi 10 millones), por prácticas “anticompetitivas” desde 2009. En septiembre de 2016, la CNMC multa con  29 millones a 23 empresas cementeras y hormigoneras, por pactar precios (desde 1999 a 2014). En marzo de 2019, se multa con 25,3 millones a dos eléctricas, Endesa y Naturgy por ofrecer precios elevados en el mercado eléctrico. Ya en noviembre de2015, la CNMC había sancionado a Iberdrola con otros 25 millones “por manipular el mercado eléctrico”. En total, ha impuesto a las eléctricas 54 millones en multas desde 2014 a 2019. Y para cerrar las grandes multas, en marzo de 2022 se impusieron 24 millones a 3 empresas siderúrgicas por manipular los precios de la chatarra…

A esta exhaustiva lista de sanciones se podrían sumar las multas (menores) impuestas en la última década a otras empresas: de transporte de fondos, de mudanzas internacionales, fabricantes de turrón, empresas de transporte frigorífico, empresas radiofónicas, de vinos de Jerez, fabricantes de productos dietéticos o de tiras reactivas para la leucemia… Y unos días antes de esta Semana Santa, la CNMC inspeccionó varias oficinas de Viajes el Corte Inglés, buscando pruebas de un presunto “cártel” de agencias de viaje para repartirse el mercado de viajes (nacionales e internacionales) de la Administración del Estado.

Todas estas multas son el final de largas investigaciones de la CNMC, de expedientes que generalmente se abren por alguna denuncia de un competidor (al margen del cártel que se reparte el mercado) o de alguna empresa que quiere evitar la multa, colaborando (evita más o menos según colabore antes o durante el expediente). Y a partir de ahí, lo difícil es demostrar estos acuerdos contra la competencia, conseguir pruebas y documentos, para lo que la CNMC llega hasta registrar las oficinas de las empresas implicadas. Pero eso a veces lleva a la nulidad del procedimiento, como acaba de resolver el Supremo (fallo del 28 de febrero 2023) en el caso de la inspección (en 2017) en la sede de Altadis. Lo mismo pasó en 2014, con una sentencia que anuló el registro a UNESA y 5 eléctricas o con la inspección a la sede de Transmediterránea (el Supremo anuló las dos multas en 2015). En otros casos (multa a las telecos), el Supremo anuló las multas (enero 2019) por “fallos en la investigación”.

Pero esta es la 2ª fase de los problemas con que se encuentra la CNMC al luchar contra los acuerdos de repartos de mercados y precios: las sentencias del Supremo (que tardan años), tribunal al que recurren las empresas investigadas una vez que hay una decisión en primera instancia, en la Audiencia Nacional (AN). Y aquí está el primer problema de la CNMC: la AN suspende de forma cautelar las multas impuestas a las empresas por acordar mercados y precios. Lo lleva haciendo años, pero la gota que ha colmado el vaso de la CNMC han sido las sentencias (dictadas entre septiembre de 2022 y el 1 de febrero de 2023) que suspenden las multas impuestas en julio de 2022 (203,6 millones) a las 6 grandes constructoras españolas a las que la CNMC acusa de pactar precios durante 25 años.

Con estos fallos recientes de la Audiencia Nacional, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, compareció el 23 de marzo en el Congreso y denunció la situación ante los parlamentarios (que la eligieron en junio de 2020, con los votos en contra de PP, Vox y Ciudadanos): acusó a la Audiencia Nacional de boicotear las sanciones que impone a las empresas al suspender de forma cautelar “todas y cada una de las multas”. Y además, impide con ello que se cumpla el mandato legal de que estas empresas multadas no puedan contratar con la Administración. La presidenta de la CNMC, abogada, señaló que la Audiencia Nacional suspende las multas porque considera que entre el interés general y el perjuicio que puede provocar a la empresa sancionada, “siempre prima lo segundo”, el daño económico a la empresa sancionada.

La presidenta de la CNMC pidió ayuda a los diputados, aportando los datos que reflejan la impotencia de su trabajo frente a las grandes empresas investigadas y sancionadas: entre el año 2000 y el 2012, la CNMC ha impuesto más de 1.153 millones de euros en sanciones a empresas que incumplieron la legislación sobre competencia, pero sólo ha podido recaudar 290,4 millones de euros. Las grandes empresas afectadas cuentan con el apoyo de potentes bufetes de abogados, que recurren primero ante la Audiencia Nacional, que suspende las multas, les deja seguir contratando con la Administración y luego tarda años en decidir sobre el fondo del expediente (todavía no ha decidido sobre el expediente a los grandes bancos, de 2018), rechazando la mayoría. Y todavía les queda a las empresas recurrir al Supremo, que son más años de retraso y muchas sentencias favorables, por defectos de forma en la tramitación. Y frente a estas poderosas empresas y sus bufetes, la CNMC cuenta con pocos medios: 272 funcionarios y 370 empleados más, para vigilar los sectores prioritarios y la competencia en toda la economía (ahora vigilan los precios de los alimentos).

El tema es serio y preocupante, porque en la lista de empresas “pilladas” en manipulación de mercados y precios está lo más granado del empresariado español. Y porque este “modus operandi”, anticompetitivo e ilegal, nos cuesta mucho dinero a los consumidores y a muchas empresas, que pagan precios más altos de los debidos. Para intentar resolverlo, el PSOE ha presentado varias enmiendas (aprovechando la tramitación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, algo que nada tiene que ver) para cambiar aspectos de la Ley de Defensa de la Competencia y dar más “armas  legales” al trabajo de la CNMC. Por un lado, proponen subir las multas a las empresas que se repartan mercados, con un máximo de 50 millones, pero aplicando además un porcentaje sobre sus ventas mundiales (que puede llegar al 10%, cuando ahora el máximo es el 6,4% de las ventas nacionales).Y se ampliarán también las multas a los directivos implicados (de 60.000 a 400.000 euros). Eso sí, se mejora el trato a las empresas que colaboren con la CNMC aportando pruebas. Además, se propone ampliar el plazo del procedimiento, de los 18 meses actuales a 24 meses.

Todos estos cambios se debaten ahora en el Congreso, en Comisión, y podrían ser aprobados para otoño, lo que facilitaría la tarea de la CNMC. Pero queda reforzar los medios de la CNMC, para que cometan menos fallos en la gestión de los expedientes. Y sobre todo, urge un cambio sustancial en los jueces, tanto en la Audiencia Nacional como en el Supremo: no pueden seguir “tolerando” estos comportamientos con unas sentencias favorables a los más poderosos, en perjuicio de los ciudadanos. De acuerdo, hay que probar los delitos, hay que vigilar las garantías jurídicas del proceso, pero estos “delitos de guante blanco” no pueden quedar tan impunes como ahora. Nos están robando (presuntamente).