¿Qué pasa con el recibo de la luz?

En enero, nos asustaron con la subida de la luz en el mercado mayorista: pasó de 42 a 100 euros/MWh en unos días, por la gran nevada y las heladas, aunque cerró el mes a 1,42 euros. Finalmente, el recibo ha subido  10 euros en enero, aunque bajará en febrero y en el 2º trimestre. El problema de fondo, al margen del clima, es que los españoles somos el 5º país europeo que paga más cara la luz, porque pagamos costes de más a las eléctricas (2.000 millones al año), más impuestos en el recibo y más “peajes” (costes varios que aprueban los Gobiernos), junto a altos márgenes de comercialización a 3 distribuidoras que controlan el mercado. El Gobierno pone “parches”, imponiendo tarifas por horas el 1 de abril y quitando del recibo las ayudas a las renovables. Debería ir más allá: hacer una auditoría de costes y pagar a las eléctricas por lo que les cuesta producir la luz, sin extracostes. Luz y taquígrafos.

Enrique Ortega

España inició este año 2021 con la electricidad más barata desde el año 2004: el precio medio en el mercado mayorista había sido de 33,96 euros/MWh en 2020, un 30% menos que en 2019 (47,68 euros) y el más bajo desde 2004, debido a la pandemia, que provocó un desplome de la demanda eléctrica, sobre todo la industrial y de servicios. Esta bonanza de precios (42,51 euros/MWh el 1 de enero 2021) se rompió el 7 de enero (88,93 euros), con el anuncio de la borrasca Filomena, que disparó los precios del mercado mayorista de la electricidad: 99,94 euros el viernes 8 de enero (llegó a costar 121,24 euros a las 9 de la noche, cuando se inició la gran nevada) y 80,66 el sábado día 9. Y la semana siguiente, con las bajas temperaturas y heladas, el precio de la luz se mantuvo por encima de los 82 euros/MWh hasta el 18 de enero, para bajar después, quedando en torno a los 50 euros hasta el viernes 29, cuando otra tormenta (Justine) trajo fuertes  vientos y la energía eólica provocó un desplome de precios en el mercado, hasta los 1,42 euros/MWh del 31 de enero.

Esta tormenta de precios en el mercado eléctrico en enero se debió no sólo a factores climatológicos (que impidieron producir electricidad con energía solar y eólica, más baratas), sino también a una subida extra en el precio del gas natural (por problemas de suministro en Argelia y una mayor demanda de las centrales de gas) y por la subida de los derechos de CO2 que pagan las centrales de carbón y gas que se tuvieron que enganchar al sistema. Y además, el frío generalizado disparó la demanda de energía en todo el mundo, en especial en Asia (Japón pidió limitar el consumo para evitar apagones), elevando los precios.

Al final, este vaivén de precios en enero en el mercado mayorista de la electricidad (MIBEL) se traduce en una subida del recibo de la luz a los 11 millones de españoles (el 37% de los usuarios) que tienen un contrato de precio regulado (PVPC: precio voluntario al pequeño consumidor). Como el coste de la electricidad en el mercado supone un 35% del recibo, la subida de enero ha provocado que el recibo de una familia media (4,4 kwh de potencia y 3.900 euros de consumo) haya subido +10,36 euros en enero, según el simulador de la CNMC, quedando en 73,59 euros (frente a 63,23 euros en diciembre). Para los demás consumidores, los 18,6 millones que tienen un contrato “libre”, el precio que pagarán será el que fijaron para este año con su compañía (una “tarifa plana” más alta que la regulada).

Ahora, el Gobierno dice que el mercado eléctrico seguirá bajando en febrero (-37% sobre enero) y en el 2º trimestre (-45%), pudiendo subir para el verano, como pasa siempre, con lo que tendremos por delante varios meses de bajada del recibo de la luz. Y además, el Gobierno ha puesto en marcha 2 reformas que van a forzar una mayor bajada de la luz, con lo que espera que siga bajando en 2021 y 2022 y, según la ministra de Transición Ecológica, acabe siendo “más barata que en Francia” (ahora es más cara).

El primer cambio entrará en vigor el 1 de abril, cuando sea obligatorio que las eléctricas cobren la luz según la hora en que se consume, tras varios años de adaptación de contadores y compañías. Habrá 3 tarifas según la franja horaria: la más cara (de 10 a 14 horas y de 20 a 22 horas), la más barata (entre las 12 de la noche y las 8 de la mañana, más sábados, domingos y festivos) y la intermedia (resto de horas). Estas nuevas tarifas con discriminación horaria se aplicarán obligatoriamente a los clientes con previo regulado (PVPC), mientras que a los clientes que estén en el “mercado libre”, será la comercializadora la que le detalle la oferta. Además, a partir de abril, también se podrá contratar potencias distintas para horas distintas, otro sistema para reducir costes fijos. Al final, si nos acostumbramos a poner la lavadora por la noche y a cocinar más en fines de semana, podemos ahorrar en el recibo, hasta un 10% (3 euros de media).

El segundo cambio lo aprobó el  Gobierno el 15 de diciembre y se aplicará gradualmente en los próximos 5 años. Se trata de quitar del recibo de la luz las ayudas a las energías renovables, unos 7.000 millones anuales, que ahora financiamos con “los peajes” (ese cajón de sastre de costes varios que supone el 40% del recibo de la luz). Y pasar este coste, estas ayudas a las renovables, a un Fondo (FNSSE) que financiarán las comercializadoras de gas y electricidad y los operadores petroleros. O sea, que en vez de que los consumidores financiemos a las renovables (para fomentar las energías limpias), pagarán esta ayuda las empresas que comercializan electricidad, gas y petróleo, que probablemente nos cargarán este nuevo coste cuando vayamos a echar gasolina o compremos butano… Pero el cambio permitirá abaratar el recibo de la luz un 13% en los próximos cinco años, según el Gobierno.

Las dos medidas ayudarán a abaratar la luz, pero son un parche. Porque el problema de fondo que tenemos es que la luz es mucho más cara en España que en la mayoría de Europa y eso se debe a que pagamos muchos costes de más, extracostes con los que hay que acabar, no sólo con los de las renovables. Veamos primero la situación de partida: el precio de la luz para los consumidores domésticos es en España el 5º más caro de Europa: costaba 0,2239 euros/kwh en junio 2020, frente a 0,2126 euros de media en la UE-27, los 0,2266 de Italia, los 0,2203 de Reino Unido, los 0,2120 de Portugal o los 0,1899 euros/kwh de Francia (-15,2% menos que España), siendo sólo la luz más cara en Alemania (0,3043 euros/kwh), Dinamarca (0,2833), Bélgica (0,2413) e Irlanda (0,2239, según la última estadística publicada por Eurostat. Y en los consumidores no domésticos (empresas), España el país nº 13 con la luz más cara de Europa: 0,1302 euros/kwh, muy por encima de los 0,0826 euros/kwh que cuesta de media en la UE-27.

¿Por qué tenemos la luz más cara, ahora y en las últimas décadas? La razón es que los usuarios pagamos costes de más en las tres partes del recibo de la luz: en el coste de la generación de electricidad (el 35% del recibo), en los”peajes” (costes varios) que aprueba el Gobierno cada año (40% del recibo) y en los impuestos (25% restante). Veámoslo.

El primer componente, el precio de producir la luz, se fija en el mercado eléctrico ibérico (MIBEL), un mercado donde se negocia el precio de la luz cada hora, según la aportación de las distintas energías y su coste. Pero el sistema de fijación de precios, aprobado por Aznar en la Ley eléctrica de 1997, es “de locos”: cada empresa aporta su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctricas, nucleares y renovables) y siguiendo con las más caras (carbón, fuel o gas). Y al final, el precio resultante para todas es el del kilowatio más caro. Lo normal es que la energía que falta (cuando hay un salto de demanda o no llueve ni hace viento) se cubra con centrales de carbón, fuel o gas, que producen a 60 euros/kwh. Y ese es el precio que se paga a las centrales hidroeléctricas (a las que les cuesta 10 euros producir un kwh) o a las nucleares (a las que les cuesta 22 euros/kwh), centrales ambas que, además,  ya están amortizadas (tras 90 o 40 años de vida). Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y nos la cobrarán a precio de chuletón.

Este sistema de fijación de precios (“marginalista”) busca compensar a las eléctricas por tener centrales con poco uso (de gas y fuel), que se mantienen para asegurar el suministro ante cualquier eventualidad. Pero nos cuesta a los usuarios unos 2.000 millones extras al año desde 2006 (hemos pagado 28.000 millones de extracoste en nuestros recibos), según estima la profesora Natalia Fabra. Además de fijar un precio no justificable, el mercado eléctrico español es poco transparente (lo controlan de hecho las eléctricas, que son “juez y parte”), muy volátil (con muchos altibajos de precios, más que en Europa) y promueve el fraude, como ha detectado en varias ocasiones la Comisión de la Competencia (CNMC), que ha multado ya a todas las eléctricas por “manipular la oferta y los precios”, poniendo y quitando en el mercado centrales, malas prácticas que les han costado varias multas.

Vayamos al segundo componente del recibo de la luz (un 40%), los llamados “peajes”, un “cajón de sastre” donde los distintos Gobiernos han ido incluyendo múltiples costes, que pagamos cada mes en el recibo: ayudas a renovables, cogeneración y residuos (20,6%), compensaciones por el parón nuclear (0,41%), pago para amortizar la “deuda” acumulada con las eléctricas (2,89%), compensación a Endesa por la electricidad que produce en Baleares y Canarias (4,2%), ayudas a las centrales de gas, compensaciones a las grandes industrias consumidoras y el pago por el transporte de electricidad (el 2,96% del recibo) y por su distribución (10,04%),los dos únicos costes “justificados” pero que se consideran elevados.

El gasto más discutible es el margen que pagamos a los distribuidores de electricidad, empresas que dependen de las eléctricas y que nos cargan un margen medio del 17% sobre el precio que pagan (a ellas mismas) al comprar la electricidad en el mercado mayorista. Los expertos denuncian que hay un oligopolio de distribución, que 3 compañías (creadas por las 3 grandes eléctricas) controlan el mercado y fuerzan márgenes y precios. De hecho, en el mercado libre (el que tienen dos tercios de consumidores, Iberdrola (35,6%), Endesa (29,3%) y Naturgy (11%) controlan el 75,9% del mercado. Y llegan al 84,3% con EDP (5%) y Viesgo-Repsol (3,4%). Pero además, se lo tienen repartido por regiones, de tal manera que Iberdrola controla Madrid (52,9% mercado), las dos Castillas, Levante y Murcia, Endesa controla Barcelona (60,5%), Cataluña, Andalucía y Canarias (90%) y Naturgy Galicia, según el mapa 2019 publicado por la CNMC. Y en el caso del mercado regulado (el tercio restante de clientes), pasa lo mismo: Naturgy controla el 55,8% del mercado eléctrico en Galicia, Energía XXI (Endesa) el 43% de Canarias, el 33% de Cataluña o el 30,9% de Baleares, y Curenergía (Iberdrola), el 31,5% del mercado valenciano y el 17,6% del madrileño.

Y acabemos en la tercera parte del recibo, los impuestos (el 25% restante): el impuesto especial (el 5,113% sobre la potencia instalada y el consumo) y el 21% de IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro). Y aquí también pagamos impuestos de más. Somos el 3º país de la UE con más peso de los impuestos sobre el precio final de la electricidad a los consumidores domésticos: un 47,38%, frente al 66,4% en Dinamarca y el 53% en Alemania, muy por encima del peso de los impuestos en la luz de la UE-27 (40%), de Portugal (48%), Italia (39%) y Francia (34,3%). Y somos el 5º país europeo con el IVA de la electricidad más alto (21%), sólo por detrás de Dinamarca y Suecia (25%, Finlandia (24%) y Portugal (23%),según Eurostat. Y en el caso de la luz para empresas y consumidores no domésticos. España es el 6º país con más peso de los impuestos (28%), detrás de Alemania (52%), Holanda (50,5%), Italia (43%), Bélgica y Portugal, aunque por debajo del peso de los impuestos en la UE-27 (36%).

Ahora ya sabemos por qué pagamos la luz más cara que en Europa: por extracostes en la generación de electricidad, mayores márgenes al comercializarla, exceso de costes “políticos” y más impuestos. Habría que hacer una reforma integral del sistema eléctrico, no seguir con “parches” cuando se dispara el recibo. Y para eso, la clave sería que el Gobierno impusiera una auditoría de costes, para saber de verdad cuánto nos cuesta producir la luz y cuáles son los extracostes desde la central hasta el recibo. No vale decir que el sistema de fijación de precios es “europeo” y no puede tocarse, porque hay paises, como Francia, que han aprobado retribuir a las nucleares con un precio fijo (no el marginal del mercado) que cubre sus costes medios. Habría que aprobar precios fijos para las energías ya amortizadas (como  hidráulica y nuclear) y compensar de otra forma a las centrales “de refuerzo” (gas), no a costa de que se dispare el precio final, como ahora. Y renegociar los márgenes de transporte y distribución, así como rebajar el IVA lo que se pueda (déficit).

Sólo así bajará de verdad la luz, con transparencia en los costes y con más competencia en la distribución y comercialización, atacando el oligopolio y fomentando más la competencia. El sistema vigente desde hace décadas beneficia a las eléctricas (duplican el beneficio de las europeas) y perjudica a los consumidores, que pagamos la luz más cara. Es hora de reformar este mercado, que ellos ganen menos y nosotros paguemos menos. El problema es que son muy poderosos y será difícil imponerles los cambios. Luz y taquígrafos.

Luz más cara y más sucia

El recibo de la luz subió un 10,3% en 2017, debido en parte a la sequía, que redujo la luz producida con centrales hidroeléctricas y molinos eólicos y aumentó la generada con carbón, fuel y gas, más cara y más sucia (CO2). Pero no es sólo eso: el mercado eléctrico utiliza un sistema de precios que prima las energías más caras y promueve  el fraude, por lo que han expedientado a varias eléctricas. Además, la mayor parte del recibo son “peajes”, que fija el Gobierno y pagan costes que deberían cargarse al Presupuesto o suprimirse, como la deuda eléctrica, las ayudas a renovables, nucleares o centrales de gas y a la industria vasca. Y también pagamos más impuestos. Por estos “extra costes” y no por el clima, la luz en España es un tercio más cara que en Europa, en beneficio de tres grandes eléctricas. Mientras no hagan una auditoria de costes y paguemos la luz por lo que vale, el recibo seguirá subiendo en 2018.

enrique ortega

Durante el año 2017, subió la luz en 7 meses (incluido el último trimestre), con lo que la factura de un consumidor medio (4,4 kw de potencia y 3.900 kWh consumidos)  se encareció en 77 euros, hasta los 830 euros anuales, un +10,3% de subida en 2017, según la estimación de la Comisión de la Competencia (CNMC), tras haber bajado un -10,8% en 2016 y subir antes un  +10.30% en la primera Legislatura de Rajoy (2012-2015).

Si la luz ha subido tanto en 2017 ha sido en gran parte por el clima, por la sequía, que ha reducido el peso de la luz producida en las centrales hidroeléctricas (-48,4%) y los molinos eólicos (-1,6%), más barata, obligando a producir más luz en las centrales de carbón (+22,6%), de fuel (+3,9%) y las de ciclo combinado de gas (+32,9%), según Red Eléctrica, una luz más cara y que genera más emisiones de CO2. También ayudó, en enero de 2017 (subida de la luz del 28,9%), el cierre de varias nucleares en Francia, que disparó el precio de la luz importada, y la subida del gas y el petróleo, que habían bajado los años anteriores.

Pero la subida no es sólo culpa del clima y los altos precios de la energía. Una parte del aumento del recibo hay que achacárselo al funcionamiento mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde 1998: es un mercado estrecho (un “mercadillo”) y con precios muy volátiles, donde muy pocas empresas (Endesa, Iberdrola y Gas natural) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos”, que les permitió Aznar con la Ley eléctrica de 1.997. En esencia, es un mercado donde cada empresa va aportando su electricidad, empezando por las más baratas (hidroeléctrica, renovables, nucleares) y siguiendo con las más caras (fuel y gas), que son las que fijan el precio a que se paga a todas. O sea, que si el kilowatio de gas entra a 90 euros, es lo que se paga por el kilowatio hidroeléctrico (que cuesta producir 10 euros) o el nuclear (que cuesta 22 euros). Un negocio redondo para estas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de chuletón. De hecho, el experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, sólo entre 2005 y 2015, por este injustificable sistema de precios.

Además de engordar los precios del mercado eléctrico, este sistema incentiva el fraude, porque algunas eléctricas pueden verse tentadas a cerrar hidroeléctricas y meter centrales de gas, para subir artificialmente precios Es lo que detectó en diciembre de 2013 la CNMC, que multó a Iberdrola por parar la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios del mercado. En enero de 2017, algunos expertos denunciaron que las eléctricas habían “manipulado el mercado”, retrasando la entrada de las centrales de gas y marcando luego un precio muy alto que benefició a sus centrales más baratas. Y la CNMC ha abierto, en diciembre de 2017, otro expediente a Gas Natural y Endesa, por haber encontrado “indicios” de que ambas compañías contribuyeron a “alterar el precio mayorista de la electricidad entre octubre de 2016 y enero de 2017”. Y por si fuera poco, se ha detectado otro problema adicional, a raíz de la fuerte subida de la luz en octubre 2017: existe un algoritmo en el mercado eléctrico (introducido en 2013) que hace entrar en juego a los mercados secundarios y funciona mal, “elevando artificialmente los precios”, como ya denunció la propia CNMC en 2014. Y este algoritmo nos pudo costar una subida extra de la luz en octubre pasado de más de 4 millones de euros.

Como se ve, el mercado eléctrico, donde se fija el precio base de la luz, es complejo y poco transparente, pero juega a favor de las subidas. Y más desde abril de 2014, cuando el Gobierno Rajoy acordó que el precio de la luz en el mercado mayorista se fijara cada día y cada hora, algo que no sucede en ningún otro país de Europa, donde los precios se fijan mensual o trimestralmente. Eso hace que el español sea un mercado muy volátil, con muchos altibajos, un tobogán de precios muy sensible al clima, al cierre de tal o cual central o a la mayor o menor demanda, interna o extranjera. Y eso se traduce directamente en la factura de los usuarios, que sufren esta enorme volatilidad.

 Este coste de la luz en el mercado mayorista es una de las tres partes del recibo y supone el 37,5% de la factura que pagamos, según la CNMC. Y no para todos los usuarios, sólo para los que tienen un “precio regulado” de la luz, que son 11,9 millones de españoles. El resto, otros 17 millones de consumidores, pagan una “tarifa libre”, generalmente anual, fija (“tarifa plana”), que no varía con el clima o los vaivenes del mercado de la electricidad. Pero estas tarifas libres tienen dos pegas. Una, que suelen ser más caras que las tarifas reguladas (32 euros más de media), porque las eléctricas tienen que cubrirse de que suba la electricidad. Y la otra, que al renegociar la tarifa cada año, la eléctrica les subirá el importe si el mercado eléctrico está subiendo los precios. Se lo acabarán repercutiendo.

Vayamos a la segunda parte del recibo, un 41,5%de la factura que pagamos, que no tiene que ver con cómo evolucione el precio de la luz en el mercado mayorista y que pagan igual todos los consumidores, los que tienen precios “regulados” y libres”. Son los costes regulados que fija el Gobierno cada año y que se llaman “peajes”. Llevan cuatro años sin subir y tampoco subirán en 2018, pero son un enorme “cajón de sastre” de costes que encarecen nuestro recibo y que deberían suprimirse o cargarse al Presupuesto. Aquí pagamos algunos costes justificados pero demasiado elevados, como por transportar la electricidad (el 2,96% del recibo) o distribuirla (el 10,04% del recibo) y otros injustificados: ayudas a las renovables (6.403 millones en 2016, el 17,22% del recibo), a las nucleares (155 millones, el 0,41% del recibo, por el parón nuclear de 1986), para amortizar la deuda eléctrica acumulada (2.828 millones, el 2,84% del recibo), para compensar a Endesa por el mayor coste de producir luz en las islas (4,2% del recibo), para compensar a grandes industrias de que puedan cortarles la luz si hace falta (algo que nunca ha pasado y por lo que pagamos 525 millones, el 3% del recibo) o incluso este año para abaratar la luz a las industrias vascas (50 millones que salen de nuestro recibo, en contrapartida al apoyo del PNV a los Presupuestos 2017…). Y hay más, como las ayudas a las centrales de gas para que estén disponibles, aunque no funcionen.

Como se ve, en esta 2ª parte del recibo nos cargan muchos costes que poco tienen que ver con el coste directo de la electricidad y que son compensaciones que las eléctricas han ido consiguiendo en las últimas décadas, a costa de nuestro bolsillo. Muchas son criticadas por la Comisión de la Competencia (CNMC) y otras por la Comisión Europea, que tiene abiertos tres expedientes a España, por las ayudas a las centrales de gas que no funcionan y a las empresas por poder cortarles la luz (“ayudas a la interrumpibilidad”, que consideran una “ayuda encubierta”) y, sobre todo, porque el Gobierno Rajoy fija estos “peajes” y no lo deja en manos de un organismo independiente, como pasa en el resto de Europa. Aquí debía ser la CNMC (aunque depende del Ministerio de Economía), pero el ministro de Energía se niega a perder esta competencia de los peajes, lo que ha llevado a algo insólito: la CNMC ha llevado al Gobierno a los Tribunales, presentando un recurso al Supremo contra el real decreto que aprobó el Gobierno en octubre para seguir aprobando tarifas y peajes eléctricos.

Y queda la tercera parte del recibo, el 21% restante de la factura que pagamos, que son impuestos, y donde también pagamos de más, más impuestos a la electricidad que la media de Europa. La luz paga en España dos impuestos, el impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo, 1.300 millones recaudados que van a las autonomías) y el IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que pagamos un impuesto sobre otro impuesto), que es del 21%, uno de los más altos de Europa: en Reino Unido se paga el 5% de IVA en la luz, en Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el 16,7% y en Alemania el 19%.

Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo de la luz (coste de producirla, peajes que aprueba el Gobierno e impuestos) pagamos costes de más. Pero incluso antes, al contratar la luz, ya pagamos de más muchas veces, porque contratamos más potencia de la que necesitamos, por miedo a que “nos salte el automático”: un 20% de españoles tienen contratada más potencia de la que necesitan y pagan así 52,82 euros de más al año, según un estudio de Mirubee. Antes no era tan caro hacerlo, pero en 2013, con la “reforma eléctrica” aprobada por el Gobierno Rajoy, se subió mucho el componente potencia del recibo (+92% a los consumidores domésticos y +145% a los industriales), como una forma de “garantizar ingresos” a las eléctricas en unos años de menos consumo, por la crisis. Y ahora, podemos pagar casi tanto por potencia (gastemos o no luz) como por consumo. Yo pago 19,84 por potencia y 29,50 por consumo. Miren su recibo. Y si pueden, contraten menos potencia.

Al final, entre tanto “extra coste” (en el precio de mercado, peajes, impuestos y potencia contratada) no resulta extraño que el precio de la luz se haya disparado, subiendo en España un 52% durante la crisis (2008-2014), casi el doble que en Europa (+34%). Y ahora, los consumidores domésticos pagamos la luz más cara de Europa, según Eurostat : 0,181 euros/kWh sin impuestos, un 41,4% más cara que la media europea (0,128 e/kWh en la UE-28) y un 37% más cara que en la zona euro (0,132 euros/kWh), según los últimos datos del Ministerio de Energía (precios junio 2017). Y más cara que en Francia (0,109 €/kWh), Portugal (0,111 €/kWh), Reino Unido (0,134 €/kWh) y Alemania (0,139 €/kWh). Lo mismo les pasa a las empresas: pagan 0,084 euros/kWh sin impuestos, un 21,7% más que las empresas europeas (0,069 €/kWh media UE-28) y un 23,5% más que las empresas de la zona euro (0,068 €/kWh), sí como un 33,3% más que las empresas alemanas (0,063 €/kWh) y un 37,7% más que las francesas  (0.061 €/kWh), aunque menos que las británicas (0,095 €/kWh).

Ya no se trata sólo que paguemos la luz más cara que la mayoría de europeos. Es que  además es más “sucia”, se emite más CO2 al producirla, sobre todo en 2017. Y eso porque la sequía ha aumentado el peso, en la generación de electricidad, del carbón (17,4%), del fuel (2,6%) y del gas (14,8%), con lo que las energías renovables sólo han producido el 33,3% de la electricidad en 2017, según Red Eléctrica (REE), el peor dato de los últimos 5 años. Y con ello, las emisiones de CO2 para producir electricidad han subido un 18% en 2017, hasta los 74,8 millones de toneladas, el peor dato desde 2015, según los datos de REE.

Y cuando emitimos más CO2 para poner encender la luz, el ministro de Energía nos sale defendiendo las centrales de carbón y poniendo pegas a Iberdrola, que quiere cerrar dos centrales de carbón en Palencia y Asturias. El ministro Nadal quiere impedir esos cierres y otros que puedan venir, por razones políticas (el voto de los mineros) y lo justifica por riesgo de suministro y porque la luz se encarecería un 15%. Pero ambos argumentos son falsos. Los expertos creen que el cierre de las centrales de carbón (hay 64 en España: ver listado) sólo encarecería la factura un 2,2% y sólo a corto plazo. Y además, en España sobran centrales, hay un exceso de capacidad instalada, más de la mitad: 104.517 MW de potencia frente a una demanda máxima en 2017 de 41.0015 MW, según los datos de REE. Y el carbón aporta sólo 10.004 MW. El 1 de julio de 2020, las centrales de carbón tendrán que cerrar o haber acometido una profunda reconversión, por exigencia europea.

Una luz más cara y más sucia, no sólo en 2017, sino también se espera en 2018, a juzgar por la meteorología, el mercado eléctrico (los futuros auguran otra subida del 6,5%), los peajes e impuestos. Y antes o después, nos tocará pagar el “bono social eléctrico”, un descuento del que se benefician 2,5 millones de españoles y que el Gobierno quiere que paguen las eléctricas, aunque hasta ahora se pagaba también en el recibo. Pero las 5 grandes eléctricas ya lo han recurrido en diciembre de 2017 ante el Supremo y es como para que nos echemos a temblar, porque en recursos anteriores, los jueces les dieron la razón y el Gobierno se ha visto obligado a  devolverles 503 millones desde 2009, una parte a costa de nuestro recibo y otra a costa del reciente superávit eléctrico. Y ahora está en juego quien paga los 230 millones del bono en 2017 y otros tantos en 2018. Seguro que nos acaban cayendo encima.

Como he detallado, el recibo de la luz es un galimatías que pagan los 29 millones de usuarios (particulares y empresas) y beneficia sobre todo a las 3 grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas natural controlan el 96,3% del mercado), con un gran poder económico, político y mediático, que llevan décadas engrosando sus beneficios (y dividendos) a costa de asegurarse pagos crecientes en el mercado mayorista de electricidad y en los pagos regulados. Es hora de acabar con tantos extra costes y la solución resulta muy evidente: realizar una auditoría de costes, que establezca lo que cuesta realmente la electricidad. Así evitaríamos pagar costes de más, entre un 20% y un 30% del recibo que pagamos hoy. Una reforma a fondo del sistema eléctrico, otra gran asignatura pendiente de la transición que ningún Gobierno se ha atrevido a hacer en estos 40 años. Luz y taquígrafos para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta. Mucho menos de lo que nos cobran por ella.

Sube la luz y llega el "tramposo" bono social

La luz subió en octubre, por 7º mes este año, y cuesta ya un 12,18% más que en 2016. La culpa la tienen la sequía y el clima, que recortan la energía hidráulica y eólica, aumentando el uso del carbón y el gas, más caros y contaminantes. También funciona mal el mercado eléctrico, con muchos vaivenes de precios. Pero este mayor coste de la luz sólo cuenta para un 35% del recibo: el resto son impuestos (25%) y una parte regulada (40%) donde el Gobierno nos carga costes que debería pagar el Presupuesto, como las ayudas a renovables, nucleares, centrales de gas, empresas e islas. Y por eso pagamos la luz más cara que el resto de Europa. Este alto precio hace que muchas familias no puedan pagar la luz y se la corten. Acaba de estrenarse el nuevo bono social, con muchas “trampas”: sólo se librarán del corte los “pobres” a quienes paguen la mitad del recibo los Ayuntamientos. Urge reformar el mercado eléctrico, una asignatura pendiente desde la transición.



                                                                                      enrique ortega

El recibo de la luz volvió a subir en octubre, un 7,48%, según la Comisión de la Competencia (CNMC), la mayor subida este año desde la de enero (+9%). Con ello, son ya 7 meses en que ha subido la luz este año y el usuario medio paga 76 euros más de factura (682,89 euros) que en los diez primeros meses de 2016, un 12,6% de subida anual. La causa principal de estas subidas está en el clima, sobre todo en la sequía y la falta de viento, que han recortado la electricidad producida por centrales hidroeléctricas y molinos eólicos (más barata), aumentando la luz generada por centrales térmicas de fuel y gas natural (más cara). Además, en enero se disparó el precio de la luz por el parón de algunas centrales nucleares francesas, que aumentó la exportación de electricidad a Francia y los precios en España.

Pero si sube la luz no sólo es culpa del clima. El mercado eléctrico ibérico (MIBEL), que funciona desde enero de 1998, es un mercado estrecho (un “mercadillo”) y con precios muy volátiles, donde muy pocas empresas (Iberdrola, Endesa y Gas natural) tienen un gran poder y se benefician de un sistema de precios “de locos” que les permitió Aznar con la Ley eléctrica de 1997.En esencia, es un mercado donde cada tipo de electricidad se ofrece a su precio y cada hora se fija un precio que es el de la electricidad más cara. Así, por ejemplo, si hay poca agua o viento, las eléctricas ofrecen electricidad de sus centrales de gas (las más caras), a 90 euros el kilowatio. Y eso es lo que paga el mercado por el kilowatio de las centrales hidroeléctricas (que cuesta producir 10 euros) o nucleares (22 euros). Un negocio redondo para estas centrales, que además están ya amortizadas. Es como si compráramos carne picada hecha con pollo, cerdo, ternera y chuletón y la pagáramos a precio de chuletón. De hecho, el experto Jorge Fabra estima que los consumidores hemos pagado 20.000 millones de más a las eléctricas, sólo entre 2005 y 2015, por este injustificable sistema de precios.

Además de engordar los precios del mercado eléctrico, este sistema incentiva el fraude. En la gran subida de la luz de diciembre de 2013, la Comisión de la Competencia (CNMC) ya detectó que Iberdrola había parado la producción de sus centrales hidroeléctricas del Duero, Tajo y Sil, provocando una falta de oferta que disparó los precios del mercado (en beneficio de sus centrales térmicas y nucleares), actuación por la que Iberdrola fue multada con 25 millones de euros. En la fuerte subida de enero de 2017, algunos expertos denunciaron que varias eléctricas habían vuelto a “manipular el mercado”, retrasando la entrada de las centrales de gas (porque no tenían gas almacenado y estaba muy caro), lo que llevó luego a que estas centrales marcaran un precio muy alto, en beneficio (otra vez) de las centrales hidroeléctricas y nucleares. Y ahora, en la fuerte subida de octubre, se ha detectado otro problema adicional: existe un algoritmo en el mercado eléctrico (introducido en 2013) que hace entrar en juego los mercados secundarios y que funciona mal, elevando artificialmente los precios, como ya denunció la CNMC en 2014. Y ese algoritmo nos ha costado una subida extra de la luz en octubre de más de 4 millones de euros, según algunos expertos.

Ahora, los expertos temen que el precio de la luz en el mercado eléctrico siga subiendo este otoño e invierno, ante la perspectiva de una falta de lluvias y de un aumento de la demanda, por el frío. Y lo mismo para los primeros meses de 2018, donde los precios de los futuros de la electricidad marcan ya subidas por encima del 10%. Y no sólo tenemos y vamos a tener una luz más cara, sino también más sucia, con más emisiones de CO2, porque se produce más electricidad en las centrales de carbón (muy contaminante), fuel y gas (también contamina, aunque menos). De hecho, la generación de electricidad ha producido ya hasta septiembre 52,99 millones de toneladas de CO2, un 28,15% más que el año pasado, según Red Eléctrica. Y eso porque se genera con carbón un 16,6% de la electricidad (14,5% en 2016) y un 15,7% con fuel y gas (13,9% en 2016), mientras que sólo el 33,7% de la electricidad viene de fuentes renovables (el 38,9% en 2016 y más del 40% en 2013 y 2014). Es llamativo que las 5 grandes eléctricas (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola, EDP y Viesgo) emitieran el 17% de todos los gases de efecto invernadero emitidos en España en 2016, según el Observatorio de la Sostenibilidad.

Como hemos visto, el precio base de la luz se fija en un mercado estrecho, poco transparente y sujeto a factores descontrolados que suben artificialmente  los precios en beneficio de las eléctricas y en perjuicio de los usuarios. Pero este precio de origen de la luz sólo afecta a una parte de nuestro recibo, al 35%, que tiene que ver con lo que cuesta producir la electricidad. Y además, este precio de mercado no afecta a todos los consumidores, sólo a los que tienen un precio “regulado”, a 12 millones de españoles. Los 17 millones de clientes restantes tienen una tarifa “libre”, que han pactado con las eléctricas y se revisa cada año, no cada mes y cada día, según el precio del mercado eléctrico, como la tarifa “regulada”. Pero ojo, la subida de precios de la luz acabará también trasladándose a estos clientes con tarifas “libres”, cuando las revisen. Y además, tienen que saber que las tarifas “libres” son 32 euros anuales más caras que las reguladas, según un estudio de la CNMC. Y es “normal”: al ser tarifas planas, las eléctricas se cubren de los vaivenes de precios con tarifas más altas. Eso sí, ahora, con las nuevas subidas de luz de este año, volverán a utilizarlas como “argumento comercial”, para convencer a más clientes para que se pasen a tarifas libres, insistiendo que así se libran de las subidas de precios. No es verdad, antes o después se las cargarán también.

Decíamos que los vaivenes de precios, las subidas de la luz que se han producido en 7 meses de este año, sólo afectan a un 35% de nuestro recibo, si tenemos “tarifa regulada”. Hay una segunda parte del recibo, el 40%, en la que todos los consumidores (con tarifa “regulada” y libre”) pagamos por una serie de conceptos que fija el Gobierno, los llamados “peajes”. Un “cajón de sastre” donde pagamos el coste de transportar la electricidad (1.710 millones en 2016, el 2,96% del recibo) y distribuirla (5.123 millones, el 10,04% del recibo), dos conceptos justificables pero en los que pagamos de más, en beneficio del monopolio de red Eléctrica y las comercializadoras, según muchos expertos. Pero también muchas otros conceptos que se cargan a nuestro recibo en vez de al Presupuesto: ayudas a las renovables (6.403 millones, 17,22% del recibo), ayudas por el parón nuclear (155 millones, el 0,41% del recibo), amortización de la deuda eléctrica (2.838 millones en 2016, el 2,84% del recibo), compensación a Endesa por producir luz en las islas (740 millones, el 4,2% del recibo), ayudas a las centrales de gas para que estén “disponibles” cuando no haya viento (525 millones, el 3% del recibo), ayudas a las grandes empresas para compensarles de que las eléctricas puedan cortarles la luz si hace falta , algo que no ha pasado nunca (otros 525 millones, el 3% del recibo)…Pagos que vigila la Comisión Europea, porque considera que son “subvenciones encubiertas a eléctricas y empresas” (a costa de nuestro recibo).

Como se ve, en esta segunda parte del recibo (el 40%), nos cargan una serie de costes que nada tienen que ver con el coste directo de producir electricidad, una serie de extracostes que se han ido sumando desde 1997 y que sirven para engordar los beneficios de las eléctricas, de los más altos de Europa (5.794 millones en 2016 sólo las 3 grandes). El último “coste nuevo”, incluido por el Gobierno Rajoy en nuestro recibo para 2017, es el coste de un proyecto para que el operador del mercado eléctrico OMIE (una empresa privada) participe en la gestión de la futura plataforma de negociación eléctrica europea. A costa de nuestro recibo.

Y queda la tercera parte del recibo, el 25% final, que destinamos a pagar impuestos, un dinero que no va a las eléctricas sino a Hacienda. Y aquí también pagamos de más, al menos más que los demás europeos. La luz paga dos impuestos, un impuesto especial eléctrico (del 5,113% sobre la potencia contratada y el consumo, 1.300 millones que se destinan a las autonomías) y el IVA sobre la factura total (incluido el impuesto eléctrico, con lo que se paga un impuesto sobre otro impuesto), que es del 21%. Y este IVA eléctrico es de los más altos de Europa, ya que en Reino Unido se paga el 5%, en Italia el 10%, en Grecia el 13%, en Irlanda el 13,5%, en Francia el 16,7% y en Alemania el 19%.

Recapitulando, vemos que en las tres partes del recibo de la luz pagamos costes de más: en el 35% que se paga por el precio de producir la electricidad (un mercado mal regulado y muy volátil), en el 40% de los peajes (lleno de “extracostes” que deberían quitarse o pasarse al Presupuesto) y en el 25% de impuestos (mayores que en Europa). Así no debería extrañarnos que la luz en España sea de las más caras de Europa. Para el usuario doméstico, el precio medio en junio 2017 era de 0,1805 euros/kilowatio (sin impuestos), un 37% más cara que la media europea (0,1315 euros/kilowatio) y la tercera luz más cara de Europa, sólo por detrás de Bélgica e Irlanda (una isla) y un 65% más cara que en Francia (0,1089 €/kWh) y un 30% más costosa que en Italia (0,1332 €/kWh), Reino Unido (0,1344 €/kWh) o Alemania (0,1389 €/kWh), según Eurostat. Y las empresas pagan en España 0,086 €/kWh (sin impuestos), un 28,3% más que las alemanas (0,067 €/kWh) y un 30,3% más que las francesas (0,066 €/kWh), según datos de Industria (2016). Es un gran hándicap para competir, tan importante o más que el coste salarial del que siempre se quejan nuestras empresas (muy inferior al europeo).

Al final, tenemos un sistema eléctrico “de locos”, que es una fuente de extracostes y que provoca subidas continuadas de la luz, nada menos que un 52% de 2008 a 2014, casi el doble que en Europa (+34%). Y por ello, cada vez hay más españoles que tienen graves problemas para pagar el recibo de la luz, dado que hay más de 5 millones de españoles en situación de pobreza energética. De hecho, hay 625.000 hogares a los que se cortó la luz por impago en 2015, según datos de la CNMC. La última ola de frío y la muerte de Rosa (una jubilada de 81 años que murió asfixiada en su casa de Reus en noviembre de 2016, a causa de un incendio provocado por una vela con la que se alumbraba, tras haberle costado la luz Gas Natural por impago de los recibos), provocaron que el Gobierno, PSOE y Ciudadanos pactaran en diciembre de 2016 un nuevo bono eléctrico, que se aprobó en enero de 2017 pero cuyo Reglamento para ponerlo en marcha no se ha aprobado hasta el 6 de octubre.

El bono social eléctrico es un descuento que se hace en el recibo a las familias con bajos ingresos, desde un 25% (consumidores vulnerables: matrimonios con menos de 9.681 euros anuales o hasta 16.135 si tienen 2 hijos menores, jubilados y familias numerosas, ganen lo que ganen) a un 40% de descuento (consumidores vulnerables severos: matrimonios que ingresen menos de 4.840 euros y o hasta 8.067 euros con 2 menores, jubilados con menos de 6.454 euros de pensión y familias numerosas que ingresen menos de 8.067 euros anuales). Actualmente se benefician de este bono social eléctrico 2,5 millones de españoles.

La novedad ahora es que se ponen más cautelas para evitar el corte de la luz, pero sólo a los consumidores “vulnerables severos”, unos 916.486 consumidores: las eléctricas no les cortarán la luz si los servicios sociales les pagan durante 5 meses la mitad del recibo (otro 40% es el descuento del bono social y el 10% restante lo asumen las eléctricas). Así que el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos “se han hecho la foto” de que evitan más cortes de luz, pero el acuerdo tiene "trampa": el coste lo tendrán que asumir los servicios sociales, de los Ayuntamientos. Una decisión que puede costarles entre 286 y 330 millones de euros extras al año, cuando están sin fondos para atender a los 8 millones de españoles que les piden ayuda para todo. Y si los servicios sociales no pagan la mitad del recibo, la eléctrica cortará la luz a estos consumidores pobres, según advierten los Directores de Servicios Sociales. Y otra “trampa”: el Gobierno dice que el coste del bono social (230 millones en 2017) lo pagarán las eléctricas, pero ellas aseguran que “lo repercutirán al consumidor”. Y si alguien pretende evitarlo, irán a los Tribunales y lo ganarán, como ha pasado desde 2009 (el Gobierno está obligado a devolverles 503 millones por ello). O sea, que también lo pagaremos nosotros.

La situación del sector eléctrico no puede ser más caótica, al amparo de que la mayoría de españoles no entiende lo que pasa, que en realidad es muy sencillo: estamos pagando la luz más cara de Europa porque pagamos costes de más, desde que se produce hasta que llega a los hogares o empresas. La solución pasa por aprobar una auditoría de costes, como ya ha pedido varias veces la oposición, para que paguemos la luz por lo que realmente cuesta, entre un 20 y un 30% menos de lo que nos están cobrando. El problema es que el sector eléctrico tiene mucho poder económico, político y mediático y hasta ahora ningún Gobierno, ni ZP ni Rajoy, se ha atrevido a desmontar los privilegios que les otorgó Aznar en 1997 y después. Pero urge reformar el sistema eléctrico, porque atenta contra nuestro bolsillo y resta eficacia a nuestra economía. Y provoca pobreza energética y hasta muertes. Es una de las grandes reformas económicas pendientes desde la transición. Luz y taquígrafos y cambios de fondo: no más parches como el bono social.