Renta 2025: pagan más los de siempre

Queda hasta fin de mes para presentar la declaración de la Renta por los ingresos de 2024. Y casi todos vamos a pagar más, porque han subido los salarios, las pensiones y el empleo, además de que Hacienda sigue sin descontar la inflación en los ingresos. Pero el problema es que el IRPF sigue ganando peso en la recaudación (el 44%  del total) y los que pagan la Renta son básicamente los trabajadores con una nómina (fáciles de controlar), sobre todo las clases medias, mientras los más ricos apenas pagan. Además, España tiene otro problema: somos uno de los paises que menos recauda por impuestos, debido a que hay mucho fraude y que tanto la Renta como sociedades e IVA son como un queso de gruyere, con demasiados agujeros (exenciones y deducciones) que reducen la recaudación. Así que, otro año más, pagamos impuestos desiguales e insuficientes para consolidar los servicios públicos. Y nadie habla ya de pactar una reforma fiscal, como pide Europa, algo políticamente imposible.

                            Enrique Ortega

Esta primavera, Hacienda espera recibir 24.868.000 declaraciones de la Renta (IRPF) por los ingresos que tuvimos en 2024, un +3,1% que en 2024. Pero la mayoría de los contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque la declaración les sale a devolver: serán 17.069.000 declaraciones (el 68% del total y 2,5 millones más que en la campaña pasada), que recibirán 14.908 millones de euros en unas semanas o meses (+9,6% que el año pasado), porque pagaron de más en 2024 (o por deducciones). Al otro tercio de los contribuyentes, 6.066.000 según Hacienda (1 millón menos que el año pasado), les sale a pagar el IRPF este año: ingresarán ahora 19.093 millones de euros,+13,3% que en 2024, debido a que han ingresado más por sueldos, pensiones, dividendos, intereses y Bolsa.

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades fiscales, salvo el aumento de la deducción a los trabajadores con ingresos bajos y medios  (sube de 6.495 a 7.302 euros), la deducción adicional de 1.000 euros para guardería a las madres trabajadoras y los cambios en el tratamiento fiscal de los alquileres a los propietarios, según a quien alquilen y lo que cobren. Eso sí, este año no pueden olvidarse los ingresos en plataformas de venta de segunda mano y los ingresos online, porque Hacienda va a vigilar especialmente los movimientos en la Red.

Donde hay más cambios es en la parte autonómica del IRPF, porque la mayoría de autonomías cambiaron tipos y deducciones en 2024. Por un lado, las autonomías gestionadas por el PP (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y león, Galicia, Madrid, la Rioja, Canarias), más País Vasco y Navarra, “deflactaron” la tarifa autonómica del IRPF (la rebajaron para compensar la inflación). Y han modificado deducciones, tanto familiares como personales, un listado con grandes diferencias. Con ello, al presentar la Renta sigue habiendo grandes diferencias según donde se viva. Para ingresos de 20.000 a 45.000 euros, se paga menos IRPF en el País Vasco y Madrid y más en Cataluña, Extremadura, Baleares, Asturias y Castilla la Mancha, según este estudio del Consejo de Economistas. Y para mayores ingresos, sobre todo a partir de 110.000 euros, se paga mucho menos Renta en Madrid y país Vasco y más en Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón y Canarias.

El IRPF se consolida como el primer impuesto, la mayor fuente de ingresos tributarios en España: en 2024, Hacienda recaudó por IRPF 129.408 millones de euros, casi la mitad (el 43,90%) de toda la recaudación fiscal en España (294.734 millones en 2024). Y esa recaudación supone un crecimiento del 7,6% sobre 2023 (120.250 millones) y un +48,92% sobre lo recaudado antes de la pandemia (86.892 millones en 2019). Además, la recaudación por IRPF se ha multiplicado por 4.11 en los últimos 30 años (de 31.418 millones en 1995 a 129.408 en 2024).

El 2º mayor impuesto por recaudación, lejos del IRPF, es el IVA, que recaudó 90.541 millones en 2024 (+7,9% sobre 2023 y +26,56% más que en 2019), ese impuesto que pagamos cada vez que compramos y cuya recaudación se ha multiplicado por 4,45 en los últimos 30 años (recaudaba 20.337 millones en 1995). El tercer impuesto por recaudación es el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, que recaudó 39.096 millones en 2024 (la tercera parte que el IRPF), +11,5% más que en 2023 y +64,73% que antes de la pandemia (2019), por la mejora de ventas y beneficios de las empresas, que pagan por Sociedades 5,14 veces más de lo que pagaban en 1995 (7.605 millones). Y el 4º impuesto son los impuestos especiales (alcohol, tabaco, carburantes, electricidad…), que recaudaron 22.128 millones de euros en 2024 (+6,6% sobre 2023 y +3,49% sobre 2019), los que menos han crecido en los últimos 30 años (1,92 veces sobre 1995). Estos 4 grandes impuestos suponen el 95% de la recaudación, que se completa con lo recaudado por tasas y otros impuestos (13.560 millones en 2024).

Lo que pagamos al declarar el IRPF se ha incrementado un +48,92% desde 2019 por varias razones: hay más gente trabajando y pagando impuestos (+1,8 millones de ocupados tras la pandemia), los que trabajan ganan más (los sueldos han subido un 15,9% entre 2019 y 2024), han subido también las pensiones y los inversores cobran ahora más dividendos e intereses y han ganado más en Bolsa. Todo eso ha elevado los ingresos de la mayoría de los contribuyentes, también en 2024, con lo que pagaremos más IRPF este año. Pero hay otro factor importante que explica por qué pagamos más: Hacienda no ha querido “deflactar la tarifa”, descontar el efecto de la inflación en los ingresos (la inflación ha subido un 18,2% entre 2019 y 2024) y eso ha hecho que suban los ingresos y muchos contribuyentes “salten” de tramo y paguen una tarifa más alta en el IRPF.

Funcas estima que la no “deflactación” de la tarifa ha permitido una recaudación extra en el IRPF de 16.800 millones de euros entre 2021 y 2024, algo más de la mitad del aumento de recaudación (+34.952 millones entre 2019 y 2024). Unos millones que los contribuyentes hemos pagado “de más” (por no ajustar los ingresos y la tarifa con la inflación) y que suponen una media de 255 euros extras, según el Registro de Economistas, un pago extra menor para los ingresos bajos (+207 euros para rentas hasta 25.000 euros) y uno mayor para los que más ganan (+1.500 euros extras para declarantes de más de 350.000 euros. Hacienda ha rechazado “deflactar” la tarifa porque dice que beneficia más a las rentas más altas y que estos mayores ingresos han ido a aumentar las ayudas a las familias vulnerables y a aumentar las deducciones de los contribuyentes con menos ingresos.

La consecuencia es que los contribuyentes pagamos más IRPF de lo que han crecido nuestros ingresos reales, según Funcas, porque la renta real neta de los hogares (descontada la inflación) es ahora inferior a la de 2008 (el 95,7%) mientras pagamos más de IRPF (el 114,4 %), por el efecto de la inflación. Eso ha subido la presión fiscal por el IRPF (del 6,5% del PIB en 2019 al 8,1% en 2024) y la presión fiscal total: la “cuña fiscal”, el porcentaje de los ingresos que pagamos en impuestos y cotizaciones sociales, era del 40,6% en 2024 (37,5% en 2022), según la OCDE, algo por encima de la media de los 38 paises desarrollados que integran la OCDE (34,9%) pero todavía por debajo de la presión fiscal de Bélgica (52,6%), Alemania (47,9%), Francia (47,2%), Italia (47,1%), Finlandia (41,9% y Suecia (41,5%). En consecuencia, ahora pagamos más en el IRPF, por el aumento de ingresos y la inflación: el tipo medio ha saltado del  12,7% en 2019 al 14,4% en 2024, según Funcas.

Pero además, el pago de la Renta sigue cayendo en los trabajadores (cuyas nóminas e ingresos son fáciles de controlar), sobre todo las clases medias. Así, según el balance de la declaración de 2022 (la última con datos de la AEAT), el 91,4 % de las declaraciones presentadas (20,93 de 22,89 millones) tienen rentas del trabajo y son minoría las que tienen también rentas de capital e inmobiliarias. Además, quienes pagan el grueso del IRPF son las rentas medias y medias altas: los que declaran entre 30.000 y 60.000 euros (el 21,7% de declarantes) pagan el 36,84% del IRPF, una media de 8.212 euros por declarante. Los contribuyentes que declaran menos de 30.000 euros (el 67,88% de las declaraciones) pagan el 21,5% del IRPF, entre 48 y 3.742 euros por declarante. Los contribuyentes que ganan entre 60.000 y 150.000 euros (el 4,53% del total) pagan el 23,20% del IRPF, unos 24.230 euros de media. Y los contribuyentes que declaran más de 150.000 euros (159.816 contribuyentes, el 0,7% del total) pagan el 18,45% del IRPF, una media de 81.589 a 540.741 euros por declaración.

Visto así, parece que en el IRPF pagan más los que más tienen. Y es así. Pero estos datos esconden un problema grave de nuestros impuestos: no son “progresivos” ni “justos”, algo que ya piensan la mayoría de los españoles (el 69,4% no se creen que en España pague más impuestos quien más tiene, según la última Encuesta del CIS). Recientemente, una experta recordaba los datos de Fedea: el 1% más rico paga de impuestos el 25% de sus ingresos mientras los hogares más pobres pagan el 30% y las clases medias destinan el 40% de sus ingresos a pagar impuestos. Eso se debe a que el actual sistema fiscal penaliza más los ingresos del trabajo (pagan un 30% los salarios hasta 25.000 euros) que los ingresos del capital (hasta el 28% pagan dividendos y plusvalías) y a que los más ricos utilizan empresas y otros instrumentos de “ingeniería fiscal” para pagar menos “legalmente”…

En definitiva, que casi la mitad de la recaudación fiscal sale del IRPF, un impuesto que pagan sobre todo los trabajadores y en especial los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros. Y que los que tienen ingresos altos, apenas declaran en el IRPF y tienen otros sistemas para “evadir impuestos legalmente”. Eso ya debería ser una razón para pedir una reforma fiscal, que reparta mejor los pagos, haciendo tributar más a los ingresos no salariales. Pero hay otra razón de peso: con el vigente sistema fiscal, España recauda menos que la mayoría de Europa, no sólo porque hay mucho fraude y los que más tienen tributan poco sino porque la mayoría de impuestos son “un queso de Gruyere”, con múltiples agujeros (deducciones y exenciones) por los que se pierde una parte de la recaudación.

Los datos son inapelables: en 2025, la Comisión Europea estima que España recaudará por todos los impuestos el 42,8% de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, , el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

En resumen, que tenemos que volver a declarar por el IRPF, además de lo que ya nos retuvieron y pagamos en 2024. Hay que pagar impuestos si queremos luego tener servicios públicos y una Administración que nos ayude cuando haya problemas. Pero tenemos todo el derecho a exigir que los impuestos sean más “justos”, más progresivos, que de verdad pague más quien más tiene, algo que ahora no pasa. Eso obliga a una reforma fiscal en profundidad, que reforme todos los impuestos y consiga aumentar la recaudación, para mejorar los servicios públicos, el estado del Bienestar y los nuevos gastos en Defensa y Seguridad . Pero para ello, hace falta pactar una reforma fiscal, algo imposible con un Parlamento enfrentado y donde la derecha y la extrema derecha sólo hablan de bajar impuestos, no de reformarlos y hacerlos más justos. Así que de reforma nada. Seguiremos pagando (más) los de siempre.

Déficit público a la baja: cumplimos con Bruselas

Mientras el “ruido político” resulta insoportable, la economía sigue dando buenas noticias. No sólo vamos a crecer este año el triple que la zona euro, además crecemos con unas cuentas públicas más saneadas: en 2024, el déficit bajó del límite del 3% del PIB, por primera vez desde 2007 (salvo en 2018). Y en 2025, el Gobierno ha prometido a Bruselas un déficit del 2,5% del PIB, menor del que tendrán Europa, Francia, Italia y hasta Alemania. Este “milagro fiscal” se explica por la fuerte recaudación, debido al alto crecimiento y al aumento del empleo, los salarios, el consumo y los beneficios empresariales, mientras se moderan los gastos por menores ayudas públicas. Pero España tiene un problema fiscal de fondo: recaudamos menos que Europa (-57.200 millones este año), porque tenemos más fraude y menos ingresos en IVA, impuestos verdes, sociedades y Renta, donde Bruselas nos ha pedido cambios. Urge una reforma fiscal, para mejorar los servicios públicos. Pero, con el actual enfrentamiento político, resulta imposible.

                            Enrique Ortega

El déficit público elevado (más gastos que ingresos) ha sido un problema estructural en la economía española desde la crisis financiera de 2008. Antes, España tuvo “superávit” en sus cuentas públicas (ingresaba más de lo que gastaba) en 2005 (+1,2% del PIB), 2006 (+2,1%) y 2007 (+1,9%), con el Gobierno Zapatero. Pero llegó la crisis financiera e inmobiliaria, destrozando las cuentas públicas, con un déficit histórico en 2009 (-11,3% del PIB), 2010 (-9,5%) y 2011 (-9,7%). En 2012 llegó Rajoy y, tras regularizar gastos y “cubrirse” (subió el déficit al -11,6% del PIB en 2012), aplicó drásticos recortes en el gasto y la mayor subida de impuestos de la democracia. Con ello, y forzados por Bruselas, el déficit bajó al -7,5% en 2013, el -4,3% en 2016 y el -3,1% en 2017. En 2018, con el cambio de Gobierno y el menor gasto, el déficit público fue del -2,6% del PIB, bajando por 1ª vez del tope del 3% impuesto por la Comisión Europea. Y en 2020, con la pandemia, se disparó al -10,1%, el mayor “agujero fiscal” de toda Europa.

Esta vez, la estrategia de Bruselas no fue imponer recortes a los paises del sur de Europa (como entre 2008 y 2014) sino aprobar un Plan de recuperación y permitir que los Gobiernos aumentaran sus ayudas públicas, levantando el tope del 3% de déficit. Y España inició una senda de reducción del déficit público durante 4 años consecutivos: 2021 (-6,7% de déficit), 2022 (-4,7%), 2023 (-3,52%) y 2024, un año que se ha cerrado con un déficit público del -2,8%, según el dato enviado por el Gobierno a Bruselas y que no tiene en cuenta las ayudas públicas aprobadas por la DANA de Valencia (5.590 millones, el 0,35% del PIB): la Comisión acepta que los paises no incluyan como déficit los gastos provocados por catástrofes naturales. Así que, aunque el déficit total es del -3,15% del PIB, computa como el -2,8%.

Este déficit oficial de 2024 (-44.527 millones, el 2,8% del PIB) es el déficit público más bajo en España desde 2007 (con la salvedad del -2,6% de 2018). Y sitúa a España por debajo del déficit público de la UE-27 (-3.2% del PIB en 2024), de la zona euro (-3,1%), de Francia (-5,8% déficit en 2024) e Italia (-3,4%) y nos iguala con Alemania (-2,8% déficit en 2024), un país que llevaba décadas (hasta 2020) presumiendo de “superávit” en sus cuentas públicas y criticando a España y los paises del sur de Europa por sus abultados déficits.

¿Cuáles son las razones de este “milagro fiscal” que ha permitido bajar el déficit del 3%? Básicamente, el fuerte crecimiento de la economía española entre 2021 y 2024 (superior al del resto de Europa), que ha permitido recaudar más por varias vías: ha aumentado el empleo (+1.251.100 nuevos empleos entre 2021 y 2024), con lo que hay más gente pagando impuestos y gastando, han aumentado los salarios (en los últimos años, más que la inflación), ha aumentado el consumo (más recaudación por IVA) y han aumentado los beneficios empresariales, con lo que las empresas han pagado también más impuestos.

El aumento de recaudación fiscal en España estos últimos años es llamativo: ha pasado de 223.385 millones recaudados en 2021 a 294.734 millones en 2024 (+32% en tres años y +8,4% en 2024), según la Agencia Tributaria. En el IRPF, el salto en recaudación ha ido de 94.189 millones (2021) a 129.408 millones en 2024 (+37,4%). En el IVA, la recaudación ha pasado de 76.537 millones (2021) a 90.541 millones en 2024 (+18,3%). En el impuesto de Sociedades que pagan las empresas, la recaudación ha saltado de 24.609 millones (2021) a 39.096 millones en 2024 (+58,8%, el mayor aumento). En impuestos especiales (tabaco, alcohol y carburantes), el salto ha sido de 20.036 millones recaudados en 2021 a 22.128 millones en 2024 (+10,4%). Y en tasas y otros ingresos, la recaudación se ha duplicado (de 1032 millones en 2021 a 2015 en 2024). Una parte de esta mayor recaudación fiscal se debe a que Hacienda no ha “deflactado” la tarifa del IRPF (no ha descontado de los ingresos el efecto de la inflación, como pedía el PP y muchos expertos), por lo que hemos pagado 9.747 millones de más entre 2021 y 2024, según Funcas.

Este fuerte aumento de la recaudación, por la buena marcha de la economía, el empleo y el consumo, ha permitido además que el Gobierno mantuviera una serie de ayudas públicas (más gasto o menos ingresos), para compensar el shock energético por la guerra de Ucrania y el aumento disparatado de la inflación: menores ingresos por la rebaja del IVA en la electricidad (y en otros impuestos eléctricos), los alimentos y los carburantes, así como ayudas específicas a algunos sectores económicos  y a los colectivos más vulnerables(el ingreso mínimo vital beneficia a 2 millones de personas y son 1,7 millones los beneficiarios del bono social eléctrico, además de otras ayudas sociales y al alquiler). Y además, en 2024, el Gobierno ha tenido que hacer frente a 11.000 millones de gastos extras por sentencias  judiciales derivadas de medidas tomadas años antes por Gobiernos del PP (devoluciones forzadas por anulaciones reformas en el impuesto de sociedades en 2026, por complemento maternidad en pensiones, por devolución a jubilados de pagos a Mutualidades…).

En 2025 sigue bajando el déficit público, según los datos de Hacienda del primer trimestre: el déficit de todas las Administraciones públicas fue de -2.353 millones de euros (el -0,14% del PIB), casi la mitad que al inicio de 2024 (déficit de -4.092 millones, el 0,26% del PIB). Y recientemente, el 30 de abril, el Gobierno Sánchez ha enviado a Bruselas su previsión de déficit para 2025 y hasta 2031, en el llamado Informe de Progreso anual. Ahí, España se compromete a bajar el déficit público al  -2,5% del PIB en 2025  (descontando otra vez el gasto por la Dana de Valencia, que si no, aumentaría el déficit este año al -2,8% del PIB). Y traza una hoja de ruta para prometer seguir bajando el déficit año tras año, en 2026 (2,1% del PIB), 2027 (1,8%), 2029 (-1,5%), 2030 (1,2%, la mitad que este año) y 2031 (0,8%).

La Comisión Europea tiene ahora que analizar este Plan de recorte del déficit a medio plazo, pero parece que lo ve posible. Y eso supone, que si España rebaja el déficit al 2,5% del PIB este año 2025, seremos el país grande de Europa con las cuentas más saneadas, con un déficit más bajo del esperado por Bruselas (previsiones de primavera) para la UE-27 (déficit del 3,3% en 2025), la zona euro (3,2%), Francia (5,6%), Italia (3,3%) e incluso más bajo que el déficit previsto para Alemania (2,7% del PIB). Y si analizamos el “déficit público estructural”, el déficit “de fondo”, que no se debe a factores coyunturales, el déficit estructural español también bajará ligeramente en 2025 (al 2,8% del PIB, desde el 2,9% de 2024) y es menor del déficit estructural para 2025 que esperan Francia (5,2% del PIB) e Italia (3,7%).

El informe del Gobierno enviado a Bruselas justifica esta nueva bajada del déficit en 3 factores que permitirán aumentar los ingresos públicos, aunque algo menos (+6,3%, frente a +8,4% en 2024). Uno, el fuerte crecimiento de la economía española : espera que crezca +2,6%, frente al +0,9% la zona euro, un crecimiento que avalan las últimas previsiones de la Comisión Europea. El 2º factor que permitirá reducir el déficit es que no habrá rebajas fiscales temporales (electricidad y gas, alimentos o carburantes), como en años anteriores. Y el tercero, que se aprobaron en diciembre de 2024 algunos “retoques fiscales” que servirán para aumentar ingresos: tipo mínimo 15% para impuesto sociedades multinacionales, limitaciones bases negativas y deducciones grandes empresas, aumento tipo máximo en IRPF de las rentas de capital, subida impuesto al tabaco y aumento de cotizaciones sociales a los sueldos más altos. Eso sí, el Gobierno no consiguió subir los impuestos al gasóleo que exige Europa.

Respecto a los gastos, el Gobierno promete a Bruselas que subirán menos (+4,1%), porque habrá menos gastos en ayudas para compensar la alta inflación de años anteriores y crecerá como la economía (no más) el gasto en pensiones (224.000 millones en 2025). Y aseguran que el aumento aprobado del gasto en Defensa (del 1,2 al 2% del PIB en 2025) no supondrá más déficit, porque esos 10.471 millones de gasto extra saldrán de otras partidas que ya no son necesarias y de reorientar Fondos europeos. Eso sí, la subida del coste de la deuda (por el enrarecimiento de la economía mundial tras los aranceles de Trump) hará que haya que gastarse 4.800 millones más este año en pagar intereses (43.200 millones). Algo que se compensa porque no pesan tanto los efectos en 2025 de las sentencias judiciales por temas “heredados” (sólo 3.200 millones en vez de los 11.000 de 2024).

Al final, el Gobierno está seguro de que Bruselas aprobará estas cuentas y no penalizará a España por su déficit público, inferior al de la mayoría. Incluso, el informe enviado a Bruselas contempla un “colchón de gasto” 7.300 millones que tiene España para los próximos años, por si hay gastos o problemas imprevistos, colchón que procede de que España ha cumplido con holgura la regla de gasto en 2024 y puede utilizar ese “colchón” para aprontar posibles desviaciones (de ingresos o gastos) en el futuro.

En definitiva, que el déficit público que tanto nos ha agobiado durante años (justificando unos recortes dolorosos y de nefastos efectos sobre los servicios públicos) parece que está encauzado y con un Plan para reducirlo a su mínima expresión en 2031. Pero hay un problema de fondo que sigue ahí, sin resolverse: España recauda menos que los demás paises europeos y eso provoca que también gastemos menos. Para 2025, la estimación de la Comisión Europea es que España recaude el 42,8 % de su PIB, frente al 46,3% de media que recaudará la UE-27, el 47,5% que recauda Alemania, el 47,7% de Italia o el 52% del PIB que recaudará Francia. A lo claro, eso significa que recaudaremos 57.200 millones menos que la media europea y 76.800 millones menos que Alemania… Por eso, tenemos que gastar también menos que ellos para bajar el déficit público del 3% obligado por Bruselas.

¿Por qué España recauda menos que la mayoría de Europa? Básicamente, porque tenemos más fraude fiscal y bajas tarifas o un exceso de deducciones en la mayoría de impuestos. En el IRPF, somos el tercer país europeo que menos recauda, sólo por detrás de Grecia y Portugal, según este estudio de Fedea. Y no porque tengamos tipos más bajos, sino porque hay muchas deducciones y exenciones fiscales. En el IVA, somos también el tercer país que menos recauda, tras Irlanda e Italia. En Sociedades (empresas), la recaudación española está a la cola de Europa (el 2,3% del PIB, frente al 2,5% la zona euro), por las enormes exenciones y beneficios fiscales. En los impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco), también recaudamos menos: un 2,1% del PIB frente al 2,3% de media europea y el 3% en los paises nórdicos. Y también ingresamos menos por las herencias (-3.250 millones menos cada año que la media UE), las tasas y los precios públicos.

La Comisión Europea lleva años pidiendo a España que apruebe medidas fiscales para recaudar más, sobre todo en el IVA (cree que hay demasiados tipos reducidos y superreducidos, además de mucho fraude), en sociedades y en el IRPF (demasiadas deducciones, que favorecen más a los más ricos), en los impuestos especiales (somos los que tenemos menos impuestos al tabaco y al alcohol)  y en los impuestos verdes, que apenas recaudan en España, a la cola de Europa). En paralelo, un grupo de expertos entregó al Gobierno, en marzo de 2022, un Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, una propuesta que duerme en un cajón de Hacienda ante la imposibilidad de aprobarlo, dado el enfrentamiento parlamentario y la obsesión del PP y Vox por “bajar impuestos”…

Así que nos encontramos con un sistema fiscal que parece un queso de gruyere, con demasiados agujeros y deducciones por los que se escapan los defraudadores. Y así, la recaudación se hace a golpe del IRPF (los que tienen un trabajo y no se pueden “escaquear”) y el IVA (sobre el consumo), con las empresas pagando menos impuestos que hace 17 años (39.096 millones en 2024 frente a 44.823 millones en 2007). Y seguimos recaudando menos que Europa, aunque los ingresos aumenten año tras año. Por eso no podemos reforzar el Estado del Bienestar, gastar más en sanidad, educación, Dependencia, servicios sociales, protección ciudadana e infraestructuras. Urge una reforma fiscal, para recaudar más y mejor, para que paguen más los que más ganan y tienen. Pero hoy por hoy, con el enfrentamiento político, es imposible pactar nada. Ni siquiera unos impuestos más justos y eficaces.

Crecemos, pero mucha gente no lo nota

La Comisión Europea dice que España crecerá este año +3%, más que en 2023, el triple que Europa y más que EEUU. Pero la mayoría de la gente, según el CIS, cree que la economía está “mal o muy mal”. ¿Qué pasa? Básicamente, que la inflación se ha comido los ingresos de los españoles y ganan realmente menos que hace 15 años. Además, les agobia la vivienda (hipotecas y alquileres) y el deterioro de los servicios públicos: sanidad (12,4 millones pagan un seguro privado), educación (muchos gastos) y Dependencia (pagan a cuidadores). Y mientras, los salarios pierden peso y crecen los beneficios empresariales y la desigualdad. En definitiva, la economía “va bien”, pero muchos españoles no lo notan. Es lo que ha pasado en EEUU: Biden logró crecer mucho y crear empleo, pero las elecciones las ganó Trump. Hay que repartir mejor el crecimiento, con mayores subidas de salarios y mejoras en la vivienda y los servicios públicos, para que no ganen los populistas reaccionarios.

Hace muchos años, quizás desde 2004 a 2007, que la economía española no atravesaba una situación tan positiva como ahora, algo que reconocen hasta los economistas más críticos. Llevamos varios años creciendo más que Europa y la Comisión Europea ha anticipado que España crecerá este año un +3%, más que en 2023 (+2,7%), el triple que la UE-27 (+0,9%) y más que Alemania (-0,1%), Francia (+1,1%), Italia (+0,7%) e incluso EEUU (+2,7%). Y se han creado +1.856.100 empleos desde antes de la pandemia (+433.300 este año, hasta septiembre). La inflación está por debajo del 2% y es menor a la europea (1,8% frente a 2,3% en la UE-27 en octubre). El turismo volverá a batir este año un récord histórico de turistas (93 millones) y de ingresos (125.000 millones euros, el doble que en 2015). Las exportaciones están estancadas, pero crecen más que las europeas desde 2019. Aumentan las inversiones extranjeras, unos 30.000 millones de media, frente a 20.000 hace una década. Somos el país que ha recibido más Fondos europeos, 47.943 millones. Y este será el undécimo año con superávit de España con el exterior: generamos más divisas de las que necesitamos, lo que nunca pasó con el franquismo ni con la democracia hasta 2013.

En resumen, tenemos una economía más saneada y más solvente. Son datos, oficiales e indiscutibles. Pero la mayoría de los españoles no los ven y su percepción de la economía es muy negativa, según la ultima Encuesta del CIS (Barómetro de octubre): el 38,2% creen que la situación económica es “mala” y otro 20,8% la ven “muy mala”, siendo “buena” sólo para el 29,2% y “muy buena” para otro 2,2% (el resto no sabe o no contesta). Curiosamente, cuando esa Encuesta les pregunta por “su situación económica personal”, los mismos encuestados la ven muy positiva: el 58,1% la ven “buena” y el 3,5% la ven “muy buena”, mientras sólo el 20,2% la ven “mala” y el 6,3% “muy mala”. Una aparente contradicción que quizás se explica porque muchos de estos encuestados se han beneficiado de mejoras evidentes estos años: un empleo más estable, subida del salario mínimo (+54%), ingreso mínimo vital o ayudas públicas para bajar el recibo de la luz, los carburantes o los alimentos.

En cualquier caso, ¿por qué los datos económicos son buenos y la mayoría de españoles creen que la economía esta mal o muy mal?  La primera explicación podría estar en que el Gobierno Sánchez no ha sabido explicar sus logros, en medio de un barrizal político y mediático que no destaca los logros económicos y sí los múltiples  problemas políticos y sociales que aparecen cada día, para desgastar al Gobierno. Pero hay una explicación más de fondo: la inflación se ha comido estos años parte de los ingresos de la mayoría de los españoles (+40% ha subido la cesta de la compra y +50% la luz en los últimos 4 años), sobre todo los que viven de su trabajo, que ven cómo crecen los ingresos de los que ganan más y los millonarios, en paralelo a la pobreza y la desigualdad. Y esto crea una enorme frustración, no sólo contra un Gobierno como contra “un sistema” donde, a pesar de las crisis, los que antes vivían bien, ahora viven mejor. Y ellos no.

Pongamos datos a esta pérdida de poder adquisitivo de los españoles. En 2008, antes de la crisis, la renta media por persona era de 10.737 euros, según el INE, y con la crisis, cayó a 10.391 euros en 2014. A partir de ahí, empezó a recuperarse, hasta los 11.680 euros en 2019 y los 14.082 euros en 2023. Un aumento de ingresos del +31,15% desde 2008 a 2023. Pero en estos 15 años, la inflación ha subido un +33.9%, según el INE, con lo que hemos perdido poder adquisitivo, un -2,4%. Todos. Y si comparamos los ingresos de 2023 con los de antes de la pandemia, han aumentado un +20,56% y los precios un +17,9%, así que la mejora es sólo del +2,66% en estos 5 años. Como para no notarlo.

Veamos lo que ha pasado con los trabajadores, los que viven de un sueldo. El salario medio ha pasado de 19.850 euros en 2009 (el máximo, antes de la crisis financiera, desde los 13.279 del año 2.000) a los 23.981 euros en 2023, según los datos de la Agencia Tributaria. Una subida del +20,81% en estos 15 años, que se ha comido con creces la inflación acumulada, dado que el IPC ha subido estos años un +32,9%. Pérdida de poder adquisitivo: -12,09%. Y si nos centramos en los últimos años, tras la pandemia, se repite la pérdida: los sueldos en convenio han subido un +12,93% entre enero de 2020 y octubre de 2024, según Trabajo, mientras la subida acumulada de los precios ha sido del +19,1%. Resultado: pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores con convenio del -6,17% (sin convenio, más). Los pensionistas, sin embargo, han salido ganando estos años. La pensión media ha pasado de 11.369 euros en 2009 a 18.813 en 2023, según la Agencia Tributaria. Una subida del +65,4%, que duplica lo que subió la inflación esos años (+32,9%) y da una ganancia neta del +32,5%.

Mientras los ingresos “reales” (descontando la inflación) han bajado para la mayoría y los salarios actuales son muy bajos (4 de cada 100 trabajadores ganan menos de 2.000 euros brutos, unos 1.700 netos, según la EPA), hay gastos que se han disparado estos años, como la vivienda o la energía. En el caso de las familias que pagan una hipoteca (4 millones), han visto subir la cuota desde 2022, cuando el BCE inició las subidas de tipos (10 en 14 meses): de una media de 482 euros a principios de 2022 a un máximo de 819 euros en octubre de 2023, aunque luego estén bajando (675 ahora). Y se han disparado el coste de los pisos (de 150.000 euros un piso de 80 metros en 2019 a 180.000 en 2024) y, sobre todo, de los alquileres: el alquiler medio ha pasado de 10,4 euros/m2 en 2019 (936 euros una casa de 90 metros) a 13 euros/m2 en octubre de 2024 (1.030 euros, +30%), subiendo mucho más en las grandes ciudades.

Y otro problema para el bolsillo de los españoles estos años ha sido el deterioro de los servicios públicos, agobiados por los recortes del pasado y el aumento de población (+1.627.985 residentes entre enero de 2020 y septiembre 2024) y de necesidades. El problema más preocupante es la sanidad, con un aumento en las listas de espera (desde el médico de familia a especialistas y operaciones), lo que ha obligado a 12,4 millones de españoles a contratar un seguro médico privado, que este año sube un 10%. En la educación, las familias con hijos pagan más cada año, desde la guardería a los colegios concertados (y privados), por cuotas “voluntarias”, libros, extraescolares, uniformes, comedor o transporte. Y la Dependencia atiende sólo a una parte de los mayores y discapacitados (hay 310.000 dependientes en listas de espera), lo que obliga a muchas mujeres a trabajar a tiempo parcial (reduciendo sus ingresos) o a contratar cuidadores para ayudarles con hijos y padres.

Con este panorama, sueldos que suben menos que la inflación y gastos crecientes, no es extraño que casi la mitad de españoles (22 millones)  tengan problemas para llegar a fin de mes, según el INE. En 2023, un 46,4 % de los hogares (8.950.000) tenían dificultades para llegar a fin de mes, casi tantos como en 2019 (47,9%). De ellos, el 8,9% de hogares (1.716.374, donde viven 4,3 millones de personas) tenían “mucha dificultad” para llegar a fin de mes (un 9,4% de toda la población, frente al 6,8% en la UE-27). Otro 12,7% de hogares (2.450.000) tenían “dificultad” para llegar a fin de mes y otro 24,8% de hogares (4.782.000) tenían “cierta dificultad” para llegar a fin de mes. En total, el 48,8% de la población tiene mucha, mediana o alguna dificultad para llegar a fin de mes, según el INE.

Y lo peor: todavía tenemos muchos “pobres”, personas que ingresan menos del 60% que el conjunto de españoles (ganan  menos 916 euros al mes los solteros y menos de 1.923 euros los hogares con dos adultos y dos niños): eran 9,7 millones de personas en 2023, uno de cada cinco españoles (20,2%), un porcentaje que sitúa a España como el 6º país con más “pobres” (por ingresos) de Europa (72 millones de pobres, el 16,2% de europeos), sólo por detrás de Estonia y Letonia (22,5% pobres), Rumania (21,1%), Lituania (20,6%) y Bulgaria (20,65). Y España todavía tiene un alto índice de desigualdad: la renta del 20% más rico es 5,5 veces superior al 20% más pobre, un problema enquistado (5,6 veces en 2008). Y somos también el 6º país europeo con más desigualdad (la media UE-27 son 4,7 veces), sólo por detrás de Bulgaria (6,6), Lituania (6,3), Letonia (6,2), Rumanía (5,8) y Portugal (5,6).

España crece más que Europa desde 2021, pero uno de los motores es el aumento de población, sobre todo extranjera (la población total ha aumentado casi 3 millones desde 2007 a 2023). Por eso, nuestro crecimiento real per cápita es menor y ese es el dato que se traduce en mejora de rentas y nivel de vida. De hecho, el PIB per cápita (lo que produce cada español) ha pasado de 23.594 euros en 2007 a 30.810 euros en 2023. Un aumento productivo del +30,5%. Pero si se descuenta la inflación en estos años (+39,7%), el PIB por habitante real ha caído (-9,2%). Y eso explica el deterioro de la renta real y los salarios reales (descontando la inflación). Producimos más pero siendo más y con mucha inflación.

Esto se traduce en que España se distancia de la renta y del PIB por habitante europeo, que ha crecido más. Así, en 1986, cuando ingresamos en la CEE, el PIB por habitante de España (homogeneizando la inflación) era el 76% de la media europea. Fuimos mejorando y en el año 2.000 rozamos la media (98% del PIB por habitante UE), superándola por primera vez en 2002 y alcanzando un máximo en 2006 (nuestro PIB por habitante era el 105% del europeo). Pero llegó la crisis financiera y se desplomó, hasta el 96% en 2016 y un mínimo del 83% en 2020 y 2021, por la pandemia. Después ha mejorado algo: en 2023 teníamos el 88% del PIB por habitante de la UE-27, ocupando el lugar nº 16 en el ranking de productividad por habitante (aunque seamos el que más crece), detrás de Luxemburgo (239% de la media UE), Irlanda (211%), Dinamarca (127%), Paises Bajos (130%), Austria (123%), Bélgica (118%), Alemania (115%), Suecia (114%), Finlandia (108%), Malta (105%), Francia (101%), Italia (97% media UE), Chipre (95%), Chequia (91%) y Eslovenia (91%), según Eurostat.

¿Por qué somos menos productivos y tenemos menos renta que 15 paises europeos? Básicamente, hay dos causas de fondo: en España trabaja menos gente y trabajan peor, con menos eficacia y productividad (ver Blog).  Por eso seguimos lejos de la Europa rica y nuestras rentas y salarios no acaban de despegar. Pero hay otra razón: tras las dos crisis, los salarios se han frenado, mientras los beneficios empresariales se han recuperado y crecen año tras año. España crece, pero unos se benefician más que otros de este crecimiento, por sectores y grupos sociales. Es un crecimiento que se reparte de forma desigual. Y por eso, los salarios han perdido más trozo del pastel en el reparto de la renta: del 49,87 % en 2018  al 48,28% en 2023 (-1,59%), mientras los beneficios empresariales han pasado del 41,11% al 42,86% (+1,75%), perdiendo también  los impuestos (8,86% restante). Y eso pasa en toda Europa y EEUU: las grandes empresas ganan cada vez más y los más ricos también, mientras los ingresos de la mayoría se estancan y no llegan a fin de mes.

Esta es la cuestión que está detrás del auge de los populismos y la extrema derecha en muchos paises, al margen de la bonanza económica. Así, Biden logró que la economía USA creciera más que nunca y creara mucho empleo, bajando la inflación, pero muchos americanos “sentían” que no vivían mejor (con sus salarios reales también estancados, como en España) y votaron a Trump, que ganó las elecciones. Este es el riesgo que tenemos en España, donde la economía va bien, pero la gente no lo nota y el crecimiento se ha repartido de forma desigual. Urge tomar medidas para “aumentar el rendimiento social de nuestro crecimiento”, lo que obliga al Gobierno a actuar en tres frentes: fomentar una mayor subida de salarios (promoviendo mejoras de productividad, con la modernización de la economía y una gestión empresarial más eficaz), mejorar el acceso a la vivienda (construyendo más viviendas y no “asustando” a los propietarios, para que alquilen más) y  reforzar los servicios públicos (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), lo que exige recaudar más con una reforma fiscal de verdad (no los “parches” aprobados).

Si no se toman medidas para que los ciudadanos “noten” que se benefician de este  crecimiento récord, antes o después habrá elecciones y una mayoría de ciudadanos “castigará” al Gobierno (como sucede en medio mundo) y pondrá al frente a populistas y neoliberales que empeorarán las cosas. Porque lo que está en juego es cómo se reparte el crecimiento. Y hay posturas políticas que defienden realmente los intereses (e impuestos) de las minorías más ricas, aunque digan que defienden a la clase media y a la mayoría. No se dejen engañar.   

Renta 2024: pagamos los de siempre

Queda hasta finales de junio para presentar la Renta (IRPF), por los ingresos en 2023, aunque a 2 de cada 3 contribuyentes les sale a devolver (les retuvieron de más). Todos pagamos IRPF, pero sobre todo los que viven de un sueldo y las clases medias, quienes ingresan entre 30.000 y 60.000 euros al año. Lo preocupante es que el IRPF gana peso cada año y supone el 44,3% de toda la recaudación, creciendo más que el IVA (mucho fraude), mientras Sociedades (lo pagan las empresas) recauda un 22% menos que en 2007. A lo claro: casi la mitad de los impuestos los pagamos quienes vivimos de un trabajo o pensión, con el IRPF, mientras empresas, ahorradores y ricos pagan poco. Eso explica que recaudemos 52.000 millones menos cada año que la media UE. Bruselas ha pedido a España una reforma fiscal, con cambios en el IVA, impuestos verdes y exenciones, para recaudar más. Pero no está el horno político para acordar una necesaria reforma fiscal.

                    Enrique Ortega

Esta primavera, Hacienda espera recibir 23.281.000 declaraciones de la Renta (IRPF), por los ingresos que tuvimos en 2023, un 1,2% más que en 2023. Pero la mayoría de contribuyentes no tienen que pagar ahora, porque les sale la declaración a devolver: son 14.610.650 contribuyentes (el 63%), que ya están recibiendo 11.650 millones de euros, porque les retuvieron de más en 2022 (más bien, les retuvieron lo que debían pero ahora se deducen por muchos conceptos, desde hijos a gastos y deducciones autonómicas). Al otro tercio de los contribuyentes, a 7.092.000 declarantes, les sale a pagar el IRPF este año, un total de 18.908 millones de euros: pagarán un +12,2% que el año pasado, porque Hacienda espera que declaren más ingresos por dividendos, intereses, ganancias en Bolsa y mayores salarios.

La declaración del IRPF de este año tiene pocas novedades, salvo que se reduce la aportación deducible a los Planes de pensiones (de 2.000 a 1.500 euros) y que las mujeres con niños menores de 3 años que no trabajan pueden cobrar la ayuda por maternidad de 100 euros mensuales por hijo (hasta ahora, sólo la recibían las mujeres que trabajaban). Eso sí, hay una novedad importante en las autonomías, que tienen competencia sobre la mitad de la tarifa del IRPF y las deducciones autonómicas: 7 autonomías gobernadas por el PP (algunas con VOX) han “deflactado” la tarifa del IRPF, la han bajado para compensar la subida de la inflación en 2023 (Andalucía, Canarias, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana). Y otras dos autonomías (Aragón y Extremadura) han cambiado las tarifas autonómicas del IRPF, bajando el tipo mínimo y subiendo el tipo máximo. Además, la mayoría de las autonomías han retocado deducciones y exenciones en el IRPF.

Estos cambios fiscales autonómicos provocan que el pago del IRPF sea muy diferente según el domicilio fiscal, como revela cada año un estudio del Consejo de Economistas y Asesores Fiscales. El último revela que las rentas más bajas tributan menos por IRPF en la Comunidad Valenciana (29,47 euros paga un soltero que gane menos de 16.000 euros) y Madrid (29,47 euros) y donde más en el País Vasco (960 euros) y Navarra (851,56 euros). Las rentas medias (entre 30.000 y 70.000 euros) pagan más en Cataluña (5.039-19.200 euros), Comunidad Valenciana (4.803-19.213 euros)  o Aragón  (4.882-18.861 euros) y menos en País Vasco (4.547-17.726 euros) y Madrid (4.600-17.981 euros). Y los más ricos (ingresos superiores a 110.000 euros) pagan más en la Comunidad Valenciana (38.741-298.000 euros), Navarra (32.214-286.604), La Rioja (37.258-285.303) o Cataluña (37.087-277.311) y mucho menos en Madrid (35.181-251.768 euros), País Vasco (35.097-272.792 euros) y Murcia (36.387-262.773 euros).

Parece una buena noticia que muchas autonomías bajen la tarifa del IRPF (la “deflacten” para compensar la inflación) y suban las deducciones por distintos temas (vivienda, guardería, libros, uniformes, paneles solares, seguros médicos…). Pero hay dos “peros”. Uno, que rebajar la tarifa del IRPF para compensar la inflación (algo que el PP lleva exigiendo al Gobierno Sánchez desde 2021) es “socialmente injusto”, porque beneficia más a los contribuyentes con más renta, según demuestran los expertos fiscales. Así, la deflactación reduce 100 euros el IRPF que pagan los que ingresan menos de 20.000 euros, 205 euros al que declara 30.000 euros, 345 euros al que ingresa más de 45.000 y ahorra 545 euros al que declara 70.000 euros o más.

El otro “pero” es que estas menores tarifas y mayores deducciones restan muchos ingresos a las autonomías. Los expertos cifran en 5.700 millones la merma de ingresos autonómicos   sólo en 2022 por las rebajas fiscales que aprobaron, una cifra que subirá en 2023. Y esto choca con las necesidades crecientes que tienen las autonomías en sanidad, educación, Dependencia y gastos sociales. No es casualidad que Madrid, la autonomía que lleva años “bajando impuestos”, sea también la comunidad que menos gasta en sanidad (1.248 euros por habitante frente a 1.538 de media) y en educación (896,98 euros frente a 1028,91) y la 6ª por la cola en gasto social  (323,36 euros frente a 372,23 de media), según los Directores de Servicios Sociales.

¿Quién paga el IRPF? Los datos de la Agencia Tributaria, referidos a la Renta presentada en 2021 (22.048548 declaraciones), lo evidencian: el 84,95% de los ingresos declarados son rentas del trabajo. A lo claro: quienes pagamos la Renta somos los trabajadores, los que vivimos de un salario o de una pensión (100% controlables). El 15% restante procede de rendimientos de viviendas, acciones o inversiones, así como de actividades económicas (empresarios y autónomos). A la hora de concretar quién paga, la mayor parte de la recaudación del IRPF (60,22%) la aportan las rentas medias y bajas, según Hacienda: un 23,05% lo pagan los que ingresan menos de 30.000 euros (16,58 millones de contribuyentes, a los que la declaración les sale negativa o a pagar entre 544 y 3.810 euros) y otro 37,17% de la recaudación la aportan los que ganan entre 30.000 y 60.000 euros (4,4 millones de contribuyentes, que pagan 8.142 euros de media en el IRPF). Y el resto, los que ganan más de 60.000 euros (1.042.402 contribuyentes) aportan el 39,78% de la recaudación del IRPF. De ellos, la minoría que ganan más de 601.000 euros (12.178 contribuyentes) aportan el 6,74% de la recaudación total (y pagan de media 534.730 euros).

Estos datos, que reflejan como los salarios y las pensiones son los que pagan el IRPF, los intuíamos. Pero lo que quizás no sabemos es que al pagar la Renta, los contribuyentes pagamos casi la mitad de todos los impuestos que se recaudan en España. El IRPF ha ganado peso año tras año y se consolida como el primer impuesto, ingresando en 2023 el 44,23% de toda la recaudación: 120.280 millones de los 271.935 millones recaudados en total, según la Agencia Tributaria. Un porcentaje que ha crecido imparable, desde el 36,18% que aportaba a la recaudación en 2007 al 40,83% en 2019 y al 44,23% en 2023 (el mayor salto se da tras la pandemia). Con ello, la recaudación por IRPF es la que más ha crecido, un +65,64% en 16 años, desde los 72.614 millones en 2007 a los 120.280 recaudados en 2023.

En ese tiempo, la recaudación total ha crecido casi la mitad que la del IRPF, sólo un +35,5%, desde los 200.676 millones en 2007 a los 271.935 millones en 2023. Y eso, porque los demás impuestos han crecido menos que el IRPF. Por un lado, el IVA que pagamos por casi todo, cuya recaudación ha crecido un +46,7% (de 57.287 millones en 2007, cuando aportaba el 28,54% de la recaudación, a los 83.909 millones aportados en 2023, el 30,85% del total). Una recaudación que crece y aporta mucho menos que el IRPF porque se ha reducido el tipo de IVA a muchos productos y servicios (tarifa reducida o baja) y por el alto fraude que existe. Pero el gran problema lo tenemos en el impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas: recauda ahora -21,78% que hace 16 años (35.060 millones en 2023, el 12,89% del total de impuestos, frente a 44.823 millones en 2007, cuando aportaba el 22,3%).. Y también ha bajado, más desde 2019, la recaudación por impuestos especiales (carburantes, alcohol, tabaco, matriculaciones), que aportan 20.757 millones de ingresos (el 7,7% de la recaudación) y los impuestos medioambientales y otros, que sólo aportan 11.929 millones (el 4,3% del total de la recaudación), según la Agencia Tributaria.

Así que los trabajadores y pensionistas pagamos muchos más impuestos que en 2007 (y que en 2019), mientras las empresas pagan menos, aunque sus beneficios son ahora mayores (300.000 millones en 2023 frente a 218.000 millones de beneficios en 2007). Este desajuste, que las empresas paguen ahora un 21,87% menos de impuesto de Sociedades que en 2007 (cuando en el IRPF pagamos un 65,4% más) se debe a que los distintos Gobiernos, desde Aznar y Zapatero a Rajoy, han ido reduciendo el tipo efectivo de este impuesto, como también otros paises, para ayudarles a competir. Y lo han hecho por dos vías. Una, con múltiples exenciones y deducciones fiscales, sobre todo para los grandes grupos, los más endeudados y los que operan en el extranjero. Eso ha permitido que las empresas españolas sólo tributen por 3 de cada 5 euros de beneficios (¡me lo pido para el IRPF¡). Y así, el tipo efectivo que pagaron sobre su resultado contable fue del 12,3% en 2023, menor al que pagamos en el IRPF (13,60%), según la Agencia Tributaria. Además, los grandes grupos empresariales (son 143) pagan mucho menos: pagaron un tipo efectivo del 4,98% sobre beneficios (y un 6,67% todos los grupos, no sólo los grandes). Además, usan otra vía: muchas grandes empresas y bancos pagan pocos impuestos porque todavía se benefician de los “créditos fiscales” que les concedió Hacienda por tener pérdidas en la crisis financiera, créditos de los que todavía “echan mano” para pagar menos.

El 60% de los españoles “piensan que los ricos y las grandes empresas pagan muy pocos impuestos”, según una reciente Encuesta de Intermón Oxfam. Los datos anteriores lo demuestran. Y en cuando a los más ricos, utilizan “empresas pantalla”, SICAV (pagan el 1% de las plusvalías generadas) y paraísos fiscales para “eludir” impuestos (es más fino y legal que evadir). Además, los más ricos que presentan el IRPF también pagan menos porque una parte importante de sus ingresos son dividendos e intereses que pagan un tipo del 19 al 28% (según el importe recibido), un tipo mucho menor al tipo máximo del IRFP (del 45 al 54%).

Al final, la Renta y los otros tres grandes impuestos (IVA, Sociedades e impuestos especiales) aportan el 95% de toda la recaudación fiscal (260.006 millones de euros en 2023), pero casi la mitad lo aporta el IRPF.  Y si contamos todos los impuestos, la presión fiscal en España (recaudación/PIB) fue del 24,1% del PIB en 2022, todavía por debajo de la europea (27,1%), aunque la mayoría cree que pagamos más impuestos. No es así ni sumando el pago por cotizaciones sociales: impuestos más cotizaciones suponen un 38,3% de presión fiscal en España (2022), frente al 41,2% en la UE-27 y el 41,9% en la zona euro.

Eso sí, esta presión fiscal no es igual para todos. ¿Quién paga más impuestos? La respuesta es la misma que para el IRPF: las clases medias y medias altas, según este informe de FUNCAS, que revela algo llamativo: el 1% de españoles más ricos (189.000 familias que ingresan 426.228 euros de media) pagan menos impuestos (el 23,9% de sus ingresos) que el 20% de españoles más pobres (3,78 millones de hogares que ingresan 10.884 euros), que pagan el 28,2% de sus ingresos. El 2º grupo más pobre (23.843 euros de renta) paga el 29,4% en impuestos, el 3º (37.636 euros) paga el 33,1%, el 4º (56.606 euros) paga el 36,2%, el 10% siguiente (81.241 euros) y el 9% restante (129.549 euros de ingreso medio) pagan el 39,9% de su renta en impuestos, son los que tienen la mayor presión fiscal.

Esta desigualdad fiscal, la caída de recaudación en Sociedades y el bajo aumento en  el IVA (frente a lo mucho que crece en el IRPF) explica el problema fiscal de fondo que tiene España, ahora y hace décadas: recaudamos menos que la mayoría de Europa, en relación con lo que producimos (PIB). Entre 2015 y 2019, recaudábamos el 38,7% del PIB y la UE-27 un 46,2% (-7,5% de “brecha fiscal”). En 2023, subió el porcentaje de recaudación en España (al 42,8% del PIB) y se mantuvo en Europa (45,9%), lo que mantiene la “brecha fiscal”, aunque ahora es menor (-3,6% frente a la UE, -3,3% frente a Alemania , -5% frente a Italia y -9,1% frente a Francia, que recauda el 51,9% de su PIB). Eso significa que el año pasado, España recaudó -52.632 millones de euros menos que la media europea. Y -48.246 millones menos que Alemania, -73.100 menos que Italia o -133.042 millones menos que Francia.

España recauda menos y por eso podemos gastar menos y tenemos más déficit. De ahí que todos los organismos internacionales, desde la OCDE y el FMI a la Comisión Europea llevan años pidiendo a España que recaude más, por tres vías: revisando los tipos de IVA (hay demasiados productos y servicios pagando el tipo reducido del 10% y el mínimo del 4%) y reduciendo el fraude, suprimiendo deducciones y exenciones en el IRPF y Sociedades y aprobando nuevos impuestos verdes y aumentando los ambientales y especiales. Y en abril pasado, el vicepresidente de la Comisión Europea (Valdis Dombrovskis) le recordó al Gobierno que “España debe recabar apoyos para reformar la fiscalidad”, no sólo porque es una de las reformas comprometidas (para este año) a cambio de recibir los Fondos Europeos, sino porque España sólo podrá reducir su déficit y su deuda a medio plazo si aumenta su recaudación (o recorta el gasto), lo que exige aprobar una reforma fiscal.

La reforma fiscal que nos exige la Comisión ya la perfiló en marzo de 2022 un Comité de Expertos independiente, que elaboró un informe (por encargo del Gobierno) sobre los cambios que habría que hacer en todos los impuestos para aumentar la recaudación y mejorar su progresividad y eficacia, propuesta que Hacienda metió en un cajón por la invasión de Ucrania. Podría ser un buen punto de partida para elaborar esa necesaria reforma fiscal, pero hay un obstáculo que parece insalvable: la polarización política y los duros enfrentamientos entre la oposición y el Gobierno, que imposibilitan cualquier acuerdo de reforma fiscal. Para desgracia de los que sí pagamos impuestos.

Los retos económicos del Gobierno Sánchez

El nuevo Gobierno Sánchez empieza a trabajar y su gran reto no será la amnistía sino afrontar una economía española que crece menos y una economía europea estancada, con 10 paises decreciendo. Su estrategia “socialdemócrata” busca crecer y repartir la riqueza, con ayudas a familias, empresas y modernización de la economía, para que sea más verde y digital. Problema: con poco crecimiento (1,7% en 2024), será difícil recaudar y gastar más, porque Bruselas exige reducir el déficit público, lo que obliga a ajustar gastos (-15.000 millones), máxime con una derecha europea radicalizada ante las elecciones UE (junio 2024). El Gobierno tendrá difícil cuadrar los Presupuestos 2024 y reforzar a la vez el Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia, vivienda) sin tocar impuestos (exigiría una reforma fiscal). La clave será contener la inflación y mantener el consumo familiar (subiendo salarios por mejoras de productividad). Y gastar bien los Fondos europeos. Que la economía y el empleo se mantengan, para poder gastar en lo mucho que hace falta. Suerte. 

                 Enrique Ortega

La situación económica no va a ayudar al Gobierno Sánchez en esta Legislatura. Por un lado, la economía española va a crecer mucho menos este año (+2,4%) y sobre todo en 2024 (+1,7%)  de lo que creció en los dos últimos años, en 2021 (+6,4%) y 2022 (+5,8%). Y por otro, el nuevo Gobierno echa a andar con una economía europea estancada, que apenas va a crecer en 2023 (+0,6%) y con 10 paises europeos cuya economía caerá esta año: Alemania (-0,3%), Austria (-0,5%), Luxemburgo (-0,6%), Suecia (-0,5%), Irlanda (-0,9%), Estonia (-2,6%), Letonia (-0,2%), Lituania (-0,4%), República Checa (-0,4%) y Hungría (-0,7%), según la Comisión Europea. Y en 2024, la economía europea apenas mejorará: crecerá un +1,3% (menos de la mitad del 3,4% que creció en 2022).

Esta debilidad en el crecimiento de España y Europa complicará la política económica del Gobierno Sánchez, cuya estrategia “socialdemócrata” se basa en “crecer para recaudar y redistribuir”: su objetivo es crecer y crear empleo y riqueza, para después, con los impuestos, poder dedicar recursos públicos a reforzar el Estado del Bienestar y a modernizar la economía. El problema es que si se crece menos, se recauda menos y resulta más difícil gastar en sanidad, educación, pensiones, dependencia o en el ajuste energético y digital de la economía. La otra estrategia ya la conocemos, de la crisis financiera y Rajoy, los ajustes: se crece menos, se ingresa menos y se recortan gastos públicos, desde la sanidad a las pensiones.

El primer reto del nuevo Gobierno va a ser la aprobación de los Presupuestos para 2024. La clave serán los gastos. La elaboración de las cuentas públicas se hace al revés: primero analizar cuántos gastos son ineludibles, luego ver qué ingresos se pueden conseguir y a la vista del déficit que resulta, ver cómo conseguir más ingresos o qué gastos hay que recortar para cuadrar las cuentas. Este año, como los anteriores, un tercio del gasto público será para pagar las pensiones (casi 200.000 millones), donde el Gobierno tiene poco margen, porque tienen que subir, por Ley, lo que la inflación (un +3,8% previsto hasta noviembre). Otro gasto fijo son los sueldos de los funcionarios (+2% y un 0,5% adicional).Y un tercer gasto obligado son los intereses de la deuda pública, una factura disparada por la subida de tipos (habrá que pagar 39.078 millones, frente a 26.805 millones en 2021).Y a partir de ahí, analizar qué margen queda para el resto del gasto social (Sanidad, Educación, Dependencia, ayudas sociales), vivienda e inversiones públicas. Con un dilema: si se mantienen las ayudas contra la inflación a familias, sectores y empresas (rebaja impuestos energía y alimentos más ayudas directas), que cuestan 15.000 millones anuales.

Analizados los gastos, habrá que ver los ingresos, con un problema: no se pueden aprobar nuevos impuestos ni una reforma fiscal (necesaria), porque eso exigiría aprobar una Ley previa. Así que se mantendrán los impuestos como están, incluyendo en 2024 el impuesto extraordinario a las energéticas y bancos  (2.908 millones recaudados en 2023) y el impuesto a las grandes fortunas (623 millones). Y todo apunta a que la recaudación de Hacienda no crecerá tanto en 2024, al crecer menos la actividad y el empleo. En 2022 se pudo gastar más, porque hubo un récord de recaudación (255.000 millones, +14,4%), pero en 2023 (el PIB crece casi un tercio) la recaudación crece menos (+5,1% hasta junio) y crecerá todavía menos en 2024 (con un PIB menos y la mitad de empleos nuevos).

Vistos los gastos ineludibles y los ingresos posibles, el Presupuesto 2024 tiene una espada de Damocles: el déficit público (gastos-ingresos) no puede superar el 3% del PIB, porque Bruselas ha advertido que en 2024 vuelven las reglas fiscales, tras la “tregua” por  la pandemia  y Ucrania: un déficit público máximo del 3% (España cerrará 2023 con un 4,1%) y una deuda que no supere el 60% del PIB (España cerrará con el 106,5%). Así que España tendrá que recortar el déficit del 4,1% al 3%: eso son 15.000 millones de ajuste (o menos gastos o más ingresos o ambas cosas). El Gobierno Sánchez, en un primer borrador de las cuentas para 2024 (enviado en octubre) se comprometió con Bruselas a bajar el déficit al 3% del PIB, pero la Comisión Europea no se lo cree y prevé que sea del 3,2%. Tiene dos opciones: o pedir un recorte adicional (-0,2% serían -2.820 millones de ajuste) o “hacer la vista gorda”, dado que otros paises grandes tampoco van a cumplir  (estiman que el déficit de Francia e Italia será del 4,4% del PIB en 2024 y el de Bélgica el 4,9% de su PIB).

En definitiva, el Gobierno Sánchez tiene que hacer “encaje de bolillos” para contener los gastos, recaudar más y reducir el déficit a la vez. La clave va a estar en la marcha de la economía: si crece poco y pincha el empleo, será difícil recaudar más y poder gastar. El Gobierno apuesta por crecer un 2% en 2024 y crear 284.877 empleos (frente a 438.028 en 2023), pero tanto la Comisión Europea como el FMI apuestan por un crecimiento menor (+1,7%), que incluso la OCDE rebajó en octubre (+1,5%). De ser así, las cuentas 2024 no saldrían, porque se recaudaría menos (y habría que gastar más en ayudas).

Este es el gran reto económico del Gobierno para 2024 toda la Legislatura: crecer para poder gastar y redistribuir. Y a partir de ahí, ver si puede afrontar el otro gran reto: consolidar el Estado del Bienestar (frente al PP y Vox, que defienden  privatizar y recortar servicios), Eso exige recursos y gestión, pero sobre todo negociar con las autonomías (11 gobernadas por la derecha) que gestionan y financian (también con transferencias del Estado) la mayoría de servicios públicos. En Sanidad, el gran reto es recortar las listas de espera, que han batido récords en junio: 819.964 españoles esperan para operarse (112 días de media) y 79 de cada 1.000 pacientes esperan para ir al especialista (más de 60 días el 51,6%). Y además, mejorar la atención primaria y las urgencias, implantando un Plan de Salud Mental, que exige triplicar el número de psicólogos. En Educación, las prioridades son reducir el abandono escolar y los alumnos por aula, crear 300.000 plazas públicas en Formación Profesional y la inclusión de todos los niños de 0 a 3 años en centros públicos. Y en Dependencia, forzar a las autonomías a dedicar más recursos, junto al Estado, para reducir las listas de espera, que han aumentado en octubre (a 189.546), provocando que mueran 123 Dependientes cada día sin ayudas. Y extender el ingreso mínimo vital (alcanza ya a 2 millones de beneficiarios), pero sobre todo, que las autonomías no lo aprovechen para reducir sus rentas mínimas (como hacen Madrid y otras).

Dos retos claves para consolidar el Estado del Bienestar son poner orden en los impuestos y reformar el sistema de financiación autonómica. A pesar de las quejas de algunos, España sigue recaudando menos ingresos públicos que la mayoría de Europa: el 42,8% del PIB frente al 45,7% de media UE-27, el 46% en Alemania, el 46,8% en Italia y el 52,8% en Francia, según la Comisión Europea. A lo claro: España recauda 40.890 millones menos cada año que la media europea. Y eso sucede porque algunos pagan menos impuestos, sobre todo las grandes empresas y bancos, multinacionales y grandes fortunas, además de las numerosas exenciones en IVA e IRPF. Así que si queremos tener mejores servicios públicos, habrá que hacer una reforma fiscal para conseguir recaudar más, para que paguen esa minoría que hoy evade o elude impuestos. Hay un Libro Blanco de propuestas de expertos, entregado en marzo de 2022, que podría ser el punto de partida para esa necesaria reforma fiscal.

Y también está pendiente, desde 2014 (la prometió Rajoy), la reforma del sistema de financiación autonómica, fijar un nuevo mecanismo para financiar las autonomías y sus servicios públicos. El sistema actual, según un estudio de FEDEA, beneficia a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Canarias y Castilla y León. Y perjudica a Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía y Baleares (cada balear recibe 2.296 euros, frente a 3.533 euros cada cántabro). Ahora, la reforma debería cambiar el peso de las distintas variables (población, renta, coste servicios públicos…) para hacer más justo el sistema de financiación.

En paralelo a esta reforma, difícil con la mayoría autonómica del PP, habrá que negociar la quita (“perdón”) de parte de la deuda autonómica, propiciada por haber incluido en el pacto de investidura la quita de 15.000 millones de deuda a Cataluña. La ministra de Hacienda ha reiterado que “habrá quita para todos”: el Estado asumirá 88.000 millones de los 191.747 millones de deuda autonómica que asumió el Estado (FLA) en 2012 (Rajoy), porque no conseguían financiarse. La autonomía más beneficiadas por esta “quita” de deuda sería Andalucía (-16.437 millones, el 64,7% de su deuda con el Estado), no Cataluña (-15.000 millones, el 20,5% de la deuda), seguidas de Madrid (no tiene deuda con el Estado, pero se le transferirán 12.979 millones para reducir su deuda privada), Comunidad Valenciana (-9.750 millones, el 20,2% de su deuda con el Estado), Galicia (5.757 millones, el doble de su deuda), Castilla y León (5.125, el doble de su deuda), Canarias (quita de 4.385 millones, el triple de su deuda), Castilla la Mancha (4.205 millones, el 37% de su deuda total), las 8 autonomías a las que se va a perdonar más deuda (6 del PP), aunque la quita será para todas.

Otros temas que protagonizarán esta Legislatura serán los retos laborales. El primero, un “escaparate” para la vicepresidenta Yolanda Díaz, será la subida del salario mínimo vital, que está en 1.080 euros (tras subir +47% desde 2018). La patronal quiere que suba sólo un 3% en 2024 (+32 euros mes) y otro 3% en 2025 (+33 euros), pero los sindicatos piden subirlo a 1.200 euros ya (+11%). El Gobierno tomará una decisión salomónica y podría subirlo en diciembre un 3,8% (la  inflación media anual prevista para noviembre), 41 euros (a 1.121 euros).

Pero hay más temas laborales pendientes. Uno clave es la reforma del despido, porque PSOE y Sumar pactaron en su programa de Gobierno “endurecer” las causas de los despidos (que han aumentado tras el fin de la COVID), lo que preocupa mucho a la patronal, porque cree que “encarecería el despido” en el futuro, dificultado la contratación. Otro tema pactado con Bruselas es la reforma del seguro de desempleo (somos el 2º país europeo que más gasta, tras Francia), para incentivar a los parados a reconvertirse, formarse y buscar trabajo. Y también está pendiente el Estatuto del Becario y la reforma de la jubilación parcial, para que los mayores trabajen menos horas y den paso a los jóvenes. Y urge aprobar  Planes de empleo para jóvenes, mujeres y mayores si el Gobierno quiere conseguir el pleno empleo (8% de paro frente al 11,84% actual). Con todo, “la medida estrella” de esta Legislatura será la prometida reducción de la jornada laboral, de 40 horas a 37,5 horas (2025). Además, Yolanda Díaz quiere aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (de 1980, aunque se ha retocado muchas veces), que incluya el trabajo digital, la transición verde, la participación de los sindicatos en las empresas o la representatividad empresarial.

Y quedan otros retos importantes, aunque menos mediáticos. Como afrontar el grave problema de la vivienda, con precios disparados del alquiler, por falta de un parque de viviendas públicas (y una baja promoción privada). La preocupante situación de los jóvenes, con un altísimo paro (27,82%) y un empleo precario y mal pagado, que, junto a los alquileres imposibles les obligan a vivir con sus padres (al 66% de los que tienen entre 18 y 34 años, frente al 49% en Europa). Y una mayor atención a las familias, para facilitar la conciliación laboral, los cuidados y los nacimientos, porque la demografía es uno de los grandes retos del siglo XXI: el año pasado nacieron 329.251 niños, 125.397 menos que en 2012. Y no podemos olvidar el otro gran reto de este siglo, la lucha contra la emergencia climática, una de las prioridades de este Gobierno, que debe avanzar en las energías renovables (poniendo orden a la actual burbuja) y en la reforma del mercado eléctrico aprobada por Europa. Otro gran reto (objeto de un nuevo Ministerio) es la digitalización de la economía y la Inteligencia artificial (para la que se aprobará un Reglamento europeo antes de fin de año). Y también es clave la reindustrialización de España, avanzar en las nuevas industrias (baterías, coches eléctricos, hidrógeno verde, nuevas energías, chips, datos…) donde España debe buscar su lugar en el mundo y asegurar así el crecimiento y el empleo del futuro.

Por retos y tareas no será. Retos económicos que deben apoyarse en una mejora de la formación de los españoles y en una cooperación de la inversión pública y privada, para aprovechar el tirón de los Fondos europeos. Y que debería contar con la colaboración de autonomías, instituciones y políticos de todo signo, porque nos jugamos el futuro de España y de los españoles, nuestra competitividad, empleo y nivel de vida. Todos estos retos sí son importantes y deberían unirnos, por encima de la amnistía. El dilema sigue siendo el mismo que hace años: avanzar o retroceder. En España y en Europa.