Ha pasado casi desapercibido, pero el Gobierno aprobó ayudas fiscales a la compra de viviendas en el Consejo de su segunda reforma financiera. No son ayudas para que las familias accedan a una vivienda, sino para las empresas, particulares y extranjeros que compren pisos y locales para invertir, para especular: pagarán la mitad de plusvalía al venderlos. Un regalo fiscal de unos 500 millones, para ayudar a bancos e inmobiliarias a vender sus pisos, que se suma a las ayudas fiscales a la compra de viviendas (desgravación e IVA reducido) aprobadas en diciembre, mientras se recortaban las ayudas al alquiler. En total, unos 6.500 millones en ayudas, que además no sirven: la venta de viviendas lleva 13 meses cayendo. Y es que mientras haya recesión y falte crédito, no se venden pisos. Ni se alquilan.
Como complemento a su segunda reforma financiera, el Consejo del 11 de mayo aprobó una ayuda fiscal a los que compren viviendas y locales comerciales antes de fin de año: se les exime de pagar el 50% de la plusvalía (en IRPF y sociedades) que puedan conseguir cuando los vendan. La medida no va dirigida a las familias que estén pensando en comprar un piso para vivir, ya que si alguien vende una casa para comprar otra como vivienda habitual, ya está exento del 100% de la plusvalía. Va dirigido a sociedades, fondos y particulares (incluidos extranjeros) que compren una casa o local como inversión, para especular. Además, se mejora también la fiscalidad de las sociedades y extranjeros que compren pisos para alquilar.
El objetivo es facilitar la venta de los casi 700.000 pisos nuevos sin vender, sobre todo de los bancos (140.000 viviendas, por valor de 34.106 millones). Y para ello se subvencionan las compras especulativas, con un regalo fiscal que podría costar 500 millones de euros, más del esperado ahorro de la subida del copago farmacéutico. Mejor los venderían si bajaran los precios otro 25%, como piden los expertos.
La nueva ayuda al ladrillo se suma a las dos ayudas aprobadas en diciembre por el Gobierno Rajoy para fomentar la venta de pisos: recuperar la desgravación por la compra de vivienda habitual (hasta 9.040 euros al año) y mantener el IVA superreducido del 4% para la compra de vivienda nueva (habitual o segunda mano). Dos medidas con un coste de 6.000 millones de euros (lo que se va a recaudar con la subida de impuestos) y que no consiguen animar las ventas: han caído un 27% en el primer trimestre y llevan ya 13 meses cayendo.
Los expertos insisten que estas costosas ayudas fiscales son ineficaces. Primero, porque frenan la caída de precios (hasta un 8%, según el Banco de España), ya que con ayudas el comprador puede pagar ahora más. Segundo, porque para comprar un piso hace falta tener un empleo estable y unos ingresos suficientes (tener ahorrados unos 45.000 euros para la entrada y gastos de un piso de 150.000 euros), algo cada vez más complicado. Y tercero, porque no hay casi crédito: la concesión de hipotecas lleva 22 meses cayendo, con subidas de tipos y gastos (comisiones).
La OCDE, el FMI, la Comisión Europea y el Banco de España se han mostrado contrarios a estas ayudas fiscales al ladrillo, porque alimentan la burbuja inmobiliaria y el endeudamiento. Todos proponen que se fomente el alquiler, pero Rajoy hizo lo contrario en diciembre, con dos medidas. Una, quitar la ayuda de 210 euros para pagar el alquiler durante 4 años a los jóvenes que ganen menos de 22.000 euros, lo que perjudicará a 700.000 jóvenes cada año. La otra, quitar la deducción por alquiler (60%) a los propietarios que ganen más de 24.107 €. O sea que para desgravar por compra de vivienda no importa lo que se gane y para alquilar sí. Además, en marzo, el Gobierno Rajoy ha liquidado la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), que había promovido casi 4.500 alquileres.
Con este sospechoso bagaje, el Gobierno Rajoy ha presentado una reforma para promover el alquiler, de cara a Bruselas: se busca animar a los propietarios a alquilar (hay 3 millones de viviendas vacías), reduciendo el plazo de los contratos, facilitando la recuperación de la casa si hace falta y agilizando los desahucios. El objetivo es aumentar el peso del alquiler en España: sólo un 17% vive en alquiler, frente al 40% en Europa (y un 58% de alquiler en Alemania). Una peculiaridad española que tiene mucho que ver con la cultura en favor de la propiedad (en 1970 teníamos un 30% de viviendas en alquiler), los bajos tipos de interés que llevaron a la burbuja inmobiliaria y las ayudas fiscales a la compra: Alemania o Reino Unido han suprimido la desgravación y en la mayoría de la OCDE sólo se desgravan los intereses, mientras el Gobierno Rajoy recupera las desgravaciones y aumenta ahora las ayudas al ladrillo.
Además, promover el alquiler no es sólo cuestión de dar más garantías a los propietarios. De hecho, ahora hay muchos pisos en alquiler, con precios que llevan ya 50 meses bajando, según Fotocasa. La cuestión es que los jóvenes e inmigrantes, los que más alquilan, tienen un empleo y un sueldo cada vez más precarios y les resulta difícil que les alquilen un piso y pagarlo. Y más ahora, sin ayudas estatales y autonómicas (muchas las han recortado también). Haría falta promover avales y viviendas públicas para alquiler, sobre todo para jóvenes. Sólo así se ayudará a los 6 millones que siguen viviendo con sus padres.
Al final, en plena crisis provocada en gran parte por el ladrillo, el Gobierno Rajoy subvenciona con dinero público a los que compren pisos y locales para especular, para ayudar a la banca y las inmobiliarias. Y sigue sin apoyar con ayudas y promoción pública el alquiler. En plenos recortes, Rajoy no tiene problemas en gastar más en el ladrillo, fomentando la especulación y retrasando el ajuste de precios de los pisos. Sigue por el camino equivocado.
