La ONU acaba de dar otra alerta ("hemos abierto las puestas del infierno") sobre la Crisis Climática, la enésima en los últimos años: las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, culpables del “Cambio Climático”, siguen aumentando en 2023, un +0,3% en el primer semestre, por un mayor consumo de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) en la industria y el transporte, aunque han bajado las emisiones de los hogares y la producción de electricidad. Y esto es grave porque ya subieron las emisiones de CO2 en 2022 (+1%) y en 2021 (+6%), tras la bajada (por la recesión derivada del COVID) en 2020 (-5,4%), por primera vez desde 2015. Con ello, se ha vuelto a batir el récord de CO2 en la atmósfera: en mayo de 2023, en Hawái, se alcanzaron las 424 partes por millón (ppm), el doble que al inicio de la Revolución Industrial (280 ppm en 1850) y la mayor concentración en los últimos 3 millones de años…
El último
informe de la ONU advierte que este récord de emisiones de CO2 ya han
provocado una subida de la temperatura
mundial de 1,15 grados sobre el año 1850, muy cerca del tope marcado en la
Cumbre del Clima de París (2015): no superar en 1,5 grados para el año 2100. A
este ritmo de emisiones, la temperatura subiría hasta 2,8 grados a
finales del siglo, lo que provocaría un caos climático, con
graves efectos para la salud, la agricultura y la alimentación y el Planeta,
afectando más a algunas zonas y paises. Y recuerdan que la Crisis Climática ya
ha provocado graves
daños el mundo: más de 2 millones de muertes y 4,3 billones
de dólares de pérdidas, sólo entre 1970 y 2021, afectado más a los
paises en desarrollo (que se han llevado el 90% de las muertes y el 60% de las
pérdidas).
En definitiva, que aunque los desastres naturales (olas de
calor, sequías, inundaciones, tornados, malas cosechas y hambre) son cada día
más patentes, el mundo no aprende y sigue
aumentando sus emisiones y alimentando la Crisis Climática. Unos más que
otros. Así, entre enero y finales de julio de 2023, las emisiones mundiales de
CO2 y otros gases de efecto invernadero han crecido un +0,5%, según los últimos datos
de Carbon Monitor, aumentando las emisiones en el transporte terrestre
(+0,8%), vuelos internacionales (+0,3%), industria (+0,2%) y vuelos nacionales
(+0,1%), bajando sólo en la generación de electricidad (-0,1%).
Las emisiones bajan este año en Europa (-4,3%), más en Alemania (-5,5%)
e Italia (-5,4%) que en España (-2,6%)
o Reino Unido (-1,3%), en EEUU (-3,6%), en Japón (-5,2%) y en Brasil (-2,6%),
pero suben en China (+3,7%), India (+6,7%) y Rusia (+3,2%), tres paises claves porque emiten
casi la mitad del total de CO2 mundial (30,3% China, 7,62% India y 5,1%
Rusia). Los tres defienden que no pueden poner en peligro su crecimiento futuro
y que los paises desarrollados llevan siglo y medio contaminando, además de que
emiten más CO2 por habitante. De hecho, EEUU
emite 14,24 Tm de CO2 por habitante y la UE 8,39 Tm frente a 8,73 Tm China y
1,90 India, aunque Rusia produce 13,52 Tm per cápita.
Visto el panorama actual, la ONU se queja de que los
paises no toman medidas para reducir
sus emisiones y las que toman son para aumentarlas. Así, denuncian que
en los últimos dos años, casi todos los paises (sobre todo los desarrollados)
han aprobado más ayudas y subvenciones a los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón, los grandes
responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero), dentro de Planes
para atajar la inflación. Sólo en 2022, las ayudas públicas mundiales a la
utilización de combustibles fósiles fueron de 7 billones de dólares (6,5 billones de euros), 1 billón más que en 2020, según
un informe del FMI. La mitad de estas ayudas públicas las han dado Asia
oriental (China) y EEUU, el resto India, Rusia y la Unión Europea, precisamente
los grandes emisores de CO2. España
concedió en 2022 unos
10.500 millones de euros en
ayudas públicas a los combustibles fósiles, desde la subvención a los
carburantes (20 céntimos), al gas (industrias y particulares) y a la generación
de electricidad (subvención al gas), lo que ha beneficiado a consumidores,
eléctricas, gasistas y petroleras pero a la vez ha “alimentado” las emisiones. Por eso, la ONU pide suprimir estas ayudas y destinar esos
billones a promover energías limpias.
Otro tema preocupante en la lucha contra la Crisis Climática
es el
avance
de las posturas negacionistas en Europa,
el continente que más ha apostado por el
medio ambiente. El auge de la extrema
derecha en la mayoría de paises europeos ha llevado a la derecha europea a asumir parte de sus
postulados “negacionistas”, para no perder votos. Y así, en los últimos meses,
hemos asistido a dos votaciones en el
Parlamento Europeo donde el
Partido Popular Europeo (y también el
PP español) han votado en contra de dos Leyes promovidas por la
Comisión Europea dentro del llamado Pacto
Verde europeo.
La primera Ley, la
Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN) procede de un Reglamento
aprobado en junio de 2023 por la Comisión Europea para restaurar los
ecosistemas europeos, el 80% dañados. La Ley, que pretende restaurar al menos el 20% de las zonas terrestres y marítimas europeas
para 2030, salió
adelante en el Parlamento europeo el pasado 12 de julio, con 336 votos a favor, 12 abstenciones y 300 votos en contra del PP europeo (y
del PP español), junto a la extrema
derecha europea (y Vox). Dos meses después, el 13 de septiembre, esos
mismos partidos votaron en contra de la
nueva Directiva de la Calidad del Aire,
promovida también por la Comisión Europea para establecer límites más severos a los
indicadores de contaminación, para 2035, en línea con los límites que
recomienda la OMS. Y eso porque la contaminación
atmosférica provoca
más de 300.000 muertes al año en la UE (24.000 en España). A pesar de
ello, la propuesta de Directiva tuvo 226
votos en contra (PP europeo y español, más la ultraderecha europea y Vox),
46 abstenciones y 363 votos a favor.
Ahora, ambas Leyes
medioambientales, aprobadas con
fuerte oposición en el Parlamento Europeo, deben concretarse en una negociación entre la Comisión, el
Parlamento y los distintos Gobiernos europeos. Pero el
ambiente político es complicado, porque la derecha europea (PP europeo)
está virando hacia posiciones negacionistas, preocupada por el ascenso de la
extrema derecha ante las elecciones
europeas de junio de 2024. Y además, crecen las posturas negacionistas, para “suavizar”
las medidas medioambientales en muchos paises, no sólo en Polonia y
Hungría. Así, el gobierno italiano de la ultraderechista Meloni
bloquea los nuevos límites que estudia la Comisión Europea para las emisiones de coches a partir de 2030. Y Alemania
ha tenido problemas internos para
aprobar la “Ley
de calefacción”, para promover bombas de calor frente a las calefacciones
de gas. En general, avanzan las posturas
contrarias a medidas de defensa del medio ambiente, con la excusa de que atacan la economía, los agricultores y el nivel de
vida. Ayer mismo, el Gobierno británico anunció que revisará a la baja sus objetivos medioambientales "para no dañar a la economía y a los británicos" .
En España, con el
avance de la derecha y la extrema derecha en las elecciones autonómicas y municipales
de mayo, también han avanzado
las posiciones negacionistas del Cambio Climático y las medidas
medioambientales, con cada vez más políticos, medios y ciudadanos que critican
lo que denominan “la
religión climática de Occidente”. Y eso está suponiendo un
retroceso en la lucha contra el Cambio Climático promovida por la Ley de 2020.
Primero, en las 11 autonomías
donde gobierna el PP (en 5, con la ultraderecha de Vox), ya se han dado
muestras de una “menor sensibilidad
medioambiental”: reducción normas medioambientales, ampliación de regadíos,
reducción espacios protegidos, fomento de la caza, reversión políticas europeas (como en el uso
de pesticidas), freno limitaciones pesqueras… Por un lado, los políticos de Vox
se han hecho con varias consejerías
de Agricultura (Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Aragón)
y en otros casos se ha suprimido la consejería de Medio Ambiente (Baleares) o
se le ha dado a Vox el control de parte de las inversiones medioambientales
(Murcia y el Mar Menor).
Después, en las 44
capitales y grandes ciudades que ahora gobierna el PP (en muchas, con Vox),
también se están dando retrocesos en las
políticas medioambientales. Por un lado, varios Ayuntamientos han
suprimido los carriles bici, algunos ya construidos (con Fondos
europeos): es el caso de Valladolid,
Elche, Palma de Mallorca, Gijón o Logroño (donde se ha eliminado un carril
bici subvencionado ya con 2 millones de Fondos del programa UE Next Generation
para luchar contra el Cambio Climático, como también Valladolid, Elche o
Gijón). Y por otro, la mayoría de Ayuntamientos, en especial los gobernados por
el PP y Vox, han paralizado
la entrada en vigor de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para limitar
el tráfico en el centro de las ciudades, proyectos que habían recibido también
dinero de la UE.
Veamos el negacionismo
de estos Ayuntamientos para reducir la contaminación, cuando los expertos
denuncian que cada año mueren por la contaminación 24.200 españoles y que es
la causa principal de que aumenten los enfermos de cáncer en España. La Ley
contra el Cambio Climático, aprobada por el Gobierno Sánchez en 2020,
establecía que las 149 ciudades con más
de 50.000 habitantes (donde viven la mitad de los españoles) tenían que
poner en marcha, el 1 de enero de 2023,
unas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para restringir el tráfico en los
centros urbanos y así reducir la contaminación. La realidad fue que sólo
aprobaron estas restricciones 20 ciudades,
con la excusa de que no les había dado tiempo a implantar los sistemas de
acceso, aunque la realidad es que no querían hacerlo por la cercanía de las
elecciones municipales (28-M). Pero, pasadas las elecciones, la realidad es
que, a primeros de agosto, sólo
están activas las ZBE en 14 ciudades: Madrid, Barcelona, Sevilla, Zaragoza,
Pontevedra, Hospitalet, Badalona, Pamplona, Sant Cugat del Vallés, Rivas
Vaciamadrid, Cornellá, A Coruña, Córdoba, la Línea de la Concepción y Badalona.
Y en otras 120 siguen en trámite, mientras no se sabe nada del resto.
Ahora, al menos 6
ciudades gobernadas por el PP (y Vox) han indicado que buscan retrasar
o reducir las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): Gijón (ahora permite aparcar en el centro coches sin etiqueta), Valladolid (quiere reducir la zona ZBE
y retrasarla a finales de 2024), Castellón
y Lorca, Majadahonda (el Ayuntamiento ya votó en febrero que no pondrá en
marcha la ZBE) y Elche. El
último Ayuntamiento “rebelde” ha sido Badalona,
cuyo alcalde (por mayoría absoluta) es el exlíder del PP catalán García Albiol:
este 25 de septiembre van a aprobar paralizar la ZBE aprobada por el anterior
consistorio (y por la que recibieron 2 millones de euros de Fondos UE)
y fijar una moratoria de 3 años para aplicarla.
El Gobierno ya ha reaccionado ante esta “rebeldía
negacionista” de la derecha, que incumple la Ley vigente contra el
Cambio Climático. Por un lado, la
ministra de Transición Ecológica amenazó el martes con llevar al
Ayuntamiento de Badalona y a los demás a
los Tribunales. Y por otra, el
Ministerio de Transportes ha recordado a los Ayuntamientos que el Gobierno
transfirió 1.500 millones de euros de
Fondos europeos para que los municipios implantaran carriles bicis o Zonas
de Bajas emisiones. Y que si no lo hacen, tendrán que devolverlos.
En resumen, que la crisis Climática avanza, en el mundo y en
España, y los Gobiernos siguen financiando las energías fósiles (para intentar
rebajar la inflación) y avanzan las posturas negacionistas (promovidas por la
ultraderecha y “asumidas” por una gran parte de la derecha), en Europa y en
España. Malas noticias, porque la
realidad es que los síntomas de la Crisis Climática se agravan y causan cada
día muertes y daños. Sólo en 2021, los daños por el Clima en Europa
fueron de 15.154 millones de euros, según
Eurostat. Y rondan los 500.000 millones las pérdidas por causas climáticas en Europa desde 1.980, sin olvidar
los miles de muertos por las olas
de calor (6.000
en España en 2022), incendios, desastres naturales, contaminación
y enfermedades asociadas). Y a eso hay que sumar los daños en la agricultura y las cosechas (que disparan el precio de
los alimentos), en el turismo y las infraestructuras y en la economía, sobre
todo en la Europa del sur y el este y sur de España.
Urge una reflexión: la
lucha contra la Crisis Climática debería ser una cuestión “de sentido común”,
al margen de la política: hay que preservar el medio ambiente para evitar
una crisis climática que acabe con vidas, cultivos, la economía y el Planeta. Los científicos
llevan años diciéndonos qué hay que hacer: dejar de utilizar los
combustibles fósiles y cambiar el modelo de vida y crecimiento, para que sea
sostenible. Aprobar medidas concretas
para reducir más drásticamente las emisiones de CO2 (un -43% en 2030 y
0 emisiones netas para 2050, según la ONU)
y reducir la contaminación que mata. Salvar
el medio ambiente no debe ser de izquierdas ni de derechas. Es algo obvio, una cuestión de supervivencia.
