Inflación récord, menos gasto y más pobreza

Los precios volvieron a subir en junio, un +10,2% anual, por culpa de carburantes, alimentos, hoteles y restaurantes. Esta inflación récord (desde 1985) recorta el gasto familiar y el crecimiento del país: +0,2% el primer trimestre y podría quedarse en +0,4% el segundo. Llueve sobre mojado, porque el consumo se recuperó en 2021, pero todavía es menor al de 2019. Y gastamos más del 50% en vivienda, energía, luz y alimentos, lo que más sube. Por eso, ha aumentado la pobreza, según el INE: un 27,8% de los españoles (13,2 millones) están en riesgo de pobreza, 846.000 más que en 2019. Y de ellos, 10,2 millones (el 21%) son pobres: ganan menos del 60% de la media. Son 576.000 más que antes de la pandemia. Y también hay más desigualdad. Urge un Plan de choque contra la pobreza, que suba el salario mínimo, corrija el ingreso mínimo vital y mejore los servicios sociales y el empleo a los más desfavorecidos. Se quedan atrás.

Enrique Ortega

La inflación ha empeorado aún más, al subir del +8,7% que estaba en mayo al +10,2% que el INE estima para junio, el peor dato de precios en España desde hace 37 años (desde abril de 1985) y un salto tremendo en sólo un año (estaba en el +2,7 % anual en junio de 2021). Tres son los culpables de que la inflación anual supere el 10%, según el INE: los carburantes (en récords históricos esta semana: 2,12 euros la gasolina y 2,10 el gasóleo, según el Boletín Petrolero Europeo), los alimentos (14 artículos han subido más del 10%) y los hoteles y restaurantes, que aprovechan la coyuntura para desquitarse de la pandemia. Pero lo más preocupante es que sube casi todo: la inflación de fondo (sin energía ni alimentos) ha subido un +5,5% hasta junio (+0,6% sobre mayo), según el avance del INE, la inflación subyacente más elevada en España desde 1963. Esto significa que todo sube con la excusa de la guerra, no sólo la energía y los alimentos.

Esta inflación récord va a seguir alta durante este verano, porque aunque pueda bajar algo la luz (porque surta efecto al tope aprobado al gas), seguirán aún muy caros los carburantes y los alimentos, por la demanda extra en vacaciones (se esperan 29 millones de turistas entre julio y septiembre). Y encima, siempre suben en verano los precios de los hoteles y restaurantes, así como los apartamentos turísticos. Y si Putin corta radicalmente las exportaciones a Europa de petróleo y gas, la inflación subirá aún más.

Este panorama de alta inflación estructural está afectando al consumo de los españoles, que ya cayó un -2% en el primer trimestre, según el INE, lo que provocó que la economía española creciera sólo un +0,2% (frente al +2,4% en la segunda mitad de 2021). Y todo apunta a que ha seguido restando crecimiento en el 2º trimestre, donde la economía sólo habrá crecido un +0.4% (casi en exclusiva por el turismo y las exportaciones), según la estimación del Banco de España. Así que la inflación, si sigue “comiéndose” el consumo, seguirá frenando el crecimiento, con el riesgo de una nueva recesión en Europa a partir de septiembre, cuando ya no ayude el turismo y nos frene la subida de tipos que se hará en julio.

El problema de esta nueva caída del consumo en 2022 es que “llueve sobre mojado”, porque la pandemia ya provocó una anterior caída del consumo, que nos llevó a la recesión de 2020 (el PIB cayó un -10,8%). En 2020, el gasto de las familias cayó un -10,7% (-3.247 euros menos de gasto anual) y no se ha recuperado en 2021: el gasto familiar aumentó un +8,3% (+2.248 euros), pero aún así es todavía menor al de antes de la pandemia (29.244 euros de gasto familiar en 2021 frente a 30.243 euros en 2019), según acaba de publicar el INE. Y con la inflación récord actual, se teme que tampoco este año 2022 recuperemos el nivel de gasto (y crecimiento) de antes de la pandemia.

Lo que sí ha hecho la pandemia es cambiar nuestros hábitos de consumo, el reparto de gastos que hacemos, según la Encuesta de Presupuestos Familiares 2021 del INE. Así, gana peso el gasto en vivienda, agua, luz y combustibles: de suponer el 29,5% del gasto total en 2009 saltó al 31,2% en 2020 y el 33,8% en 2021. También gastamos más en alimentos: de ser el 14,3% del gasto total en 2009 y el 14,2% en 2020 se ha pasado al 16,4% del gasto familiar en 2021. Y también sube el peso del gasto sanitario (copago farmacéutico y seguros médicos): del 3,2% del gasto total en 2009 al 3,5% en 2020 y el 4,1% en 2021. Por el contrario, pierden peso el resto de gastos: bebidas alcohólicas y tabaco (del 2% en 2009 al 1,7% en 2020 y 2021), vestido y calzado (del 5,8% al 4,7% y al 4%), muebles y artículos del hogar (del 5% en 2009  al 4,4% en 2020 y 2021), el transporte (del 11,9% al 12,9% y al 11%), las comunicaciones (del 3,1% en 2009 y 2020 al 3,2% en 2021), el ocio y la cultura (del 6,8% del gasto familiar en 2009 al 4,4% en 2021), la enseñanza (del 1% en 2009 y el 1,6% en 2020 al 1,5% en 2021) y los hoteles y restaurantes (del 9,6% en 2009 al 7,8% en 2021).

El mayor problema es que las familias españolas han concentrado su gasto en lo que más está subiendo de precio. Así, en 2021, el 50,2% de todo el gasto familiar (14.680 de los 29.244 euros de gasto total) se dedicó a vivienda, luz, carburantes y alimentos. Pero lo peor es que estos gastos básicos  tienen mucho más peso en las familias con menores ingresos, donde suponen dos tercios del gasto total, según alerta el INE. Así, el 20% de las familias con menos ingresos gastan el 64,3% de su presupuesto en vivienda, energía y alimentos (lo que más sube de precio), mientras que el 20% más rico sólo gasta en estos bienes y servicios básicos el 41,7% de su presupuesto. Y además, los más pobres gastan sólo el 2,8% en sanidad (frente al 4,8% los más ricos), el 3,9% en hoteles y restaurantes (frente al 9,8% que supone ese gasto para los más ricos) y un 2,6% en ocio y cultura (el 20% más rico dedica el doble de gasto al entretenimiento, un 5,5%).

Así que la inflación no afecta por igual a las familias, sino que los gastos básicos (los que más suben) pesan más en las cuentas de los hogares con menos ingresos. Y además, en los últimos años, son los que han sufrido más el desempleo y el recorte de ingresos, por unos empleos más precarios y peor pagados. Por todo ello, la pobreza ha crecido en España tras la pandemia: ya teníamos el mal dato de 2020 (aumentó, por primera vez desde 2014) y el INE publicó ayer el de 2021, la tasa más alta de pobreza desde 2016.

Al hablar de pobreza, hay dos estadísticas oficiales, a nivel europeo. Una es la tasa AROPE, que mide la pobreza de los europeos que tienen bajos ingresos, carencia material severa y bajo nivel de empleo. Según estos 3 indicadores, un 27,8% de los españoles (13.186.319 personas) estaban en situación de pobreza o exclusión social en 2021: son 407.225 más que en 2020 (27%) y 846.016 excluidos más que en 2019 (26,2%), antes de la pandemia. La mayoría son económicamente “pobres”, porque ingresan menos del 60% de la renta media española (en 2021, menos de 9.535 euros los solteros y 20.024 euros las familias con dos hijos). Con este baremo, el INE señala que un 21,7% de los españoles son pobres (eran 20,7% en 2019 y el 21% en 2020): 10.292.918 personas, 352.918 más que en 2020 y 575.918 pobres más que antes de la pandemia (2019).

Además de estos “pobres oficiales” (el 21,7% de la población), hay otro porcentaje de españoles (8,3% en 2021) que tienen carencias materiales, sean o no sean pobres: el 33,4% de los españoles no puede atender gastos imprevistos, el 32,7% no tiene posibilidad de ir de vacaciones, el 14,4% retrasa pagos y el 8,8% de las personas tienen “mucha dificultad” para llegar a fin de mes. Además, el tercer componente de la exclusión social es el bajo nivel de empleo (poco o de baja calidad), que afecta al 11,6% de los españoles.

Si nos centramos en esos 13,18 millones de españoles en situación de pobreza o exclusión social (tasa AROPE de pobreza), el porcentaje (27,8% de media) es mayor entre los más jóvenes (28,7% entre los menores de 16 años), los menos formados (38,4% de pobreza entre los que sólo tienen primaria y 34,4% entre los que sólo tienen la ESO), los adultos solos con niños (54,3% de pobres) y los hogares con niños (37,3% excluidos), los parados (el 58,6% en situación de pobreza y exclusión social) y los inmigrantes (65,2% inmigrantes no europeos son pobres y el 40,3% de los inmigrantes UE), según el INE. Y por autonomías, hay 8 regiones con más pobreza que la media (27,8%): Ceuta (43% de su población en pobreza o exclusión social) , Andalucía y Extremadura (38,7%), Canarias (37,8%), Melilla (35%), Murcia (33,8%), Castilla la Mancha (32,5%) y la Comunidad Valenciana (30,6% de pobreza). Y entre las 11 autonomías con menos pobreza que la media, destacan Navarra (9,8%), País Vasco (12,2%), Madrid (15,2%) y Cataluña (14,8%).

La pandemia no sólo ha aumentado la pobreza en España, entre 2019 y 2021, sino que también ha aumentado la desigualdad, según el INE. Y aportan 2 datos. Uno, la relación entre los ingresos del 20% que más gana y el 20% de españoles que menos ganan: ingresaron 6,2 veces más en 2021 (frente a 5,8 veces más en 2020 y 5,9 veces más en 2019).  El otro, el índice de Gini, más alto cuanto más desigualdad: subió del 32,1 en 2020 a 33 en 2021, después de haber bajado cada año la desigualdad desde 2014 (índice 34,7).

Estos datos del INE nos acaban de confirmar lo que ya temíamos: que la pandemia ha agravado la pobreza y la desigualdad en España. Y todo apunta a que ahora, la elevada inflación agravará aún más la pobreza y la desigualdad, porque las subidas se concentran en productos y servicios básicos que suponen un mayor porcentaje de gasto en las rentas bajas (64,3%) que en las altas (41,7%). Así que además de las medidas de choque aprobadas, que benefician más a las familias más vulnerables pero también al resto (bajada de impuestos a la luz y bonificación generalizada a los carburantes), urge poner en marcha un Plan de choque contra la pobreza y la desigualdad.

¿Medidas? Para saber las que hacen falta, lo mejor es acercarnos al perfil de los españoles en situación de pobreza y exclusión social, según el informe Foessa publicado por Cáritas: más mujeres que hombres y menores de 18 años, con pocos estudios, extranjeros (sobre todo extracomunitarios), de etnia gitana y que viven en ciudades de más de 50.000 habitantes. Pero ojo, un 17,9% de trabajadores son "pobres" , según el INE, aunque tengan un trabajo: 3,6 millones de "empleados pobres", 558.000 más que antes de la pandemia (2019).  Como corolario, el informe Foessa señala los 8 factores de riesgo que llevan a la pobreza: estar en paro, ser menor de 30 años, tener un bajo nivel de estudios, la etnia, la nacionalidad, el número de personas en el hogar (tener varios hijos o madres solas triplica el riesgo), el residir en barrios degradados y tener discapacitados en casa.

Este resumen de causas de la pobreza puede servir para poner en marcha un Catálogo de medidas contra la pobreza que habría que tomar: mejorar la formación y el empleo de los colectivos más desfavorecidos, atender especialmente a menores y jóvenes pobres, integrar a inmigrantes y gitanos, cuidar mejor a familias numerosas, madres solas y hogares con discapacitados. Además, el informe FOESSA propone un abanico de medidas contra la pobreza y la exclusión social: mantener las ayudas por la pandemia y la inflación, mejorar el ingreso mínimo vital (que cobran 461.788 hogares, la mitad de los 800.000 prometidos), reducir la precariedad laboral (sobre todo en la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas, origen de muchos “trabajadores pobres”), mejorar los bajos salarios, garantizar una atención sanitaria de calidad a todos, mejorar la atención a los dependientes, facilitar alquileres asequibles y mejorar la formación, reduciendo la brecha digital de las familias más desfavorecidas.

Además, en este contexto de alta inflación, urge tomar otras medidas complementarias para frenar la pobreza y la desigualdad. Una, facilitar alquileres asequibles, con más ayudas y promoción pública, porque el alquiler se lleva hasta el 40% de los ingresos de muchas familias y las conduce a la pobreza (o al desahucio). Dos, atajar la pobreza energética, ampliando el bono social eléctrico. Tres, fomentar la subida de los salarios más bajos, la antesala de la pobreza para muchos españoles con trabajo. Baste recordar que uno de cada cinco trabajadores gana el salario mínimo y dos de cada tres empleados ganan menos de 1.900 euros: con los precios disparados, muchos no pueden llegar a fin de mes. Y sobre todo, urgen  Planes de empleo específicos, para mujeres, jóvenes y regiones más pobres, para atajar la primera causa de pobreza: no tener trabajo o tener un empleo precario y mal pagado.

En resumen, la inflación nos hace daño a todos pero a unos más que a otros. Hay millones de familias que ya lo estaban pasando mal, tras la pandemia, y cuya situación empeora con la subida desbocada de sus gastos básicos. No hacen falta sólo medidas de choque para la mayoría, sino priorizar las ayudas dirigidas a los más desfavorecidos, los que más las necesitan. Hay que ayudarles con Planes selectivos, para evitar que más españoles sigan marginados de la sociedad y de la democracia. No podemos dejarles atrás.

Las 2 Españas siguen ahí (desde 1977)

La grave crisis política en Cataluña, enquistada tras las elecciones del 21-D, no debería hacernos olvidar un problema más grave: que España tiene una preocupante desigualdad regional, con unas autonomías pobres y otras ricas que ofrecen distintos servicios públicos a los españoles según donde vivan. Que hay dos Españas. Y lo más grave es que son las mismas desde 1977, como demuestro aquí, tras bucear en las series históricas. Y que las diferencias entre españoles se han agravado con la crisis. Lo peor es que si no se toman medidas, esta desigualdad regional sólo se reducirá a la mitad dentro de 70 años, según el Banco de España. Así que, además de afrontar la crisis catalana, hay que resolver el problema de las 2 Españas, a otros 40 años vista. Y eso exige cambiar el sistema de financiación, los impuestos, el modelo económico y el autonómico. Y más solidaridad de la España rica con la pobre. Es otra gran asignatura pendiente de nuestra democracia.

enrique ortega

En 1977, los españoles estábamos ilusionados con la recién estrenada democracia y nos preocupaba sobre todo la política, no la desigualdad entre regiones. Pero ya entonces, las autonomías más pobres eran las de hoy: Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Galicia y Canarias, por este orden, con la menor renta per cápita, según puede comprobarse buceando en las estadísticas históricas 1850-2000 que recopiló el Banco de Bilbao (una joya). Y hoy, 40 años de democracia después, las autonomías más pobres son casi las mismas, con la sustitución de Galicia (que ya no está entre las pobres) por la Comunidad Valenciana, que ha pasado de casi rica a ser la sexta más pobre, según el ranking 2016 del INE de renta por hogar: Extremadura (21.671 euros), Andalucía (21.966 euros), Murcia (pasa del 4º al 3º puesto, con 22.425 euros), Canarias (sube del 6º al 4º, con 22.450 euros), Castilla la Mancha (mejora del 3º al 5º puesto, con 22.473 euros) y la Comunidad Valenciana (22.747 euros).

Si miramos las seis autonomías más ricas, pasa lo mismo: son casi las mismas hoy que en 1977. Ese año, las que tenían mayor renta por habitante eran, por este orden, Baleares, Madrid, Cataluña, la Rioja, País Vasco y Navarra, según las series históricas del BB. En el año 2.000, Aragón pasa a ser la más rica, con las demás detrás, pero en 2008, tras la Ley del Cupo (2002), el ranking cambia de líder y lo encabezan el País Vasco y Navarra, que siguen liderando la lista de las regiones con más renta por hogar en 2016, según el INE, por este orden: País Vasco (34.054 euros), Navarra (33.167 euros), Madrid (31.370 euros), Cataluña (31.339 euros), Baleares (30.859) y Aragón (28.019 euros). Cinco son las mismas que en 1977 y sólo cambia la Rioja (ahora la 7ª más rica por superarle Aragón).

Este es el resultado, el mapa de las 6 autonomías más pobres y las 6 más ricas, en 1977 y hoy. Un mapa donde la diferente renta es consecuencia de las diferencias económicas entre autonomías (diferente modelo económico, diferente estructura empresarial e industrial), que se ven en lo que produce cada una por habitante, el PIB por habitante. Y aquí se repite la historia: las que eran más productivas en 1977 son casi las mismas que las que lo son hoy. Y lo mismo las menos productivas, las que generan menos riqueza por persona.

Así, en 1.977, las 6 regiones españolas más productivas eran, según las series de PIB por habitante del BB, por este orden, Baleares, País Vasco, Madrid, Cataluña, Navarra y la Rioja. Y resulta que, 40 años después, son casi las mismas, sustituyéndose Baleares (ahora la 7ª más productiva) por Aragón, según los datos que acaba de publica el INE: Madrid (produce 32.815 euros/habitante), País Vasco (31.784 euros/habitante), Navarra (30.006), Cataluña (28.225), Aragón (26.097) y La Rioja (25.317 euros/habitante). Y si miramos las menos productivas, tampoco hay casi cambios. En 1.977 eran Extremadura, Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha, Aragón y Castilla León, según las series históricas. Y en 2016, las regiones españolas que producen menos (PIB/habitante), las más atrasadas, son Extremadura (16.558 euros/habitante), Andalucía (17.790), Castilla la Mancha (18.849), Murcia (19.865), Canarias (19.821) y Asturias (20.855 euros/habitante), según el INE.

Esta mayor o menor producción de las regiones explica en gran parte que unas sean ricas y otras pobres, además de que revela que el desarrollo económico español no ha sido capaz de corregir las diferencias de crecimiento y productividad. De hecho, entre 1987 y 2016, la economía española creció un 93,5%, casi duplicó el valor de lo producido (PIB): hemos pasado de producir 569.833 millones de euros en 1987 a un PIB de 1.102.850 millones de euros en 2016, según este interesante libro de AFI sobre los cambios económicos 1987-2017. Pero no todas las regiones han crecido igual. Hay dos que han crecido muy poco: (+39,5% Asturias y +56,4% Cantabria, lo que explica su caída de renta estos años. Y otras tres que han crecido menos que el conjunto de España: Castilla y León (+64,2%). Y sin embargo, hay otras 7 regiones que crecieron más que el conjunto de España, sobre todo La Rioja (+110,13%), Murcia (+111,07%), Madrid (+119%), seguidas de lejos por Andalucía (99,8%), Canarias (+97,4%), Navarra (96,7% y Cataluña (96,05%).

Aquí se ve que en los últimos 30 años han crecido poco Galicia y la cornisa Cantábrica, más Castilla y León, y que el crecimiento se ha apoyado en el valle del Ebro, el arco Mediterráneo y sobre todo Madrid, que aporta mucho más a la economía española (del 16,2% del PIB en 1987 al 18,8% en 2016) y que se convertirá en la región que más produce en 2018, superando a Cataluña (que ha caído: de suponer el 19,75% del PIB español en 1987 al 18,9% en 2016).

Pero esta mayor o menor producción (PIB per cápita) y el distinto crecimiento no explican por sí solos las diferencias de renta entre regiones ricas y pobres, aunque sean el factor clave. Hay otros elementos que mejoran o agravan las diferencias, como el distinto modelo económico y el papel del Estado, tanto con su política de inversiones públicas (infraestructuras y servicios públicos) como con los impuestos. Y en la última década, no han ayudado mucho, porque los recortes han reducido a la mitad las inversiones públicas y los impuestos son cada vez menos redistributivos, porque en las últimas décadas ha aumentado el peso de los impuestos indirectos (IVA, especiales, tasas, transmisiones patrimoniales), que pagan todos por igual, y ha bajado el peso de los directos (el IRPF aporta sólo el 37% de la recaudación), que pagan más los que más tienen. Esto perjudica a las regiones más pobres, además de que la crisis ha reducido la recaudación del Estado, que puede gastar menos en las regiones pobres. Regiones que han recibido una gran ayuda de Europa: 81.000 millones de fondos europeos entre 1986 y 2017, de los que se han beneficiado sobre todo Extremadura (5.300 euros/habitante), Castilla y León (4.000), Galicia (3.800), Asturias (3.500), Castilla la Mancha (2.500) y Andalucía (2.400 euros/habitante), según el libro de AFI.

Un elemento clave para reducir las diferencias entre regiones ricas y pobres debería ser el sistema de financiación, que cuenta con un Fondo de compensación interterritorial. Pero el sistema de 2009 (aún vigente) no es justo, porque beneficia a unas regiones sobre otras y, sobre todo, porque de las 10 autonomías que salen ganando (reciben más de lo que aportan), sólo 3 son pobres, según los datos de Hacienda: País Vasco (recibe +2.483 euros/habitante al año sobre la media), Navarra (+1.563 euros), Cantabria (+347), La Rioja (+248), Extremadura (+233), Castilla y León (+169), Galicia (+111), Aragón (+107), Asturias (+78) y Canarias (+78 euros/habitante). Y lo peor es que entre las 7 autonomías perjudicadas por el actual sistema de financiación, porque reciben menos que la media (2.171 euros/habitante) hay 4 autonomías pobres: Comunidad Valenciana (recibe -373 euros/habitante al año), Murcia (-331), Madrid (-288), Andalucía (-256), Cataluña (-249), Baleares (-96) y Castilla la Mancha (-42 euros/habitante). Y si tenemos en cuenta las ayudas del Estado recibidas desde 2012 (créditos para pagar proveedores e intereses deuda), Cataluña y Baleares pasan al lado de las autonomías mejor financiadas, según un reciente estudio de Fedea.

Así que ya tenemos el mapa de los factores que configuran la España rica y la España pobre: modelo económico (más o menos industrias o servicios), desarrollo tecnológico, tipo de empresas, inversiones públicas y ayudas sociales recibidas, fondos europeos, impuestos y sistema de financiación. Factores que no han ayudado en 40 años de democracia para cambiar el mapa de España, donde pobres y ricos son casi los mismos. Y lo peor, han aumentado las diferencias de renta. Si en 1977, un balear tenía 1,81 veces la renta de un extremeño, mejoró en el año 2.000, cuando un aragonés ingresaba 1,53 veces lo que un andaluz, pero ha empeorado después: si un vasco tenía una renta 1,65 veces la de un extremeño en 2008, en 2016 su renta es 1,72 veces mayor. Y la renta por persona de las regiones ricas (18.914 euros en País Vasco, 18.291 en Madrid, 17.904 en Navarra o 16.908 en Cataluña) es casi el doble que en las regiones pobres (10.981 euros en Extremadura, 11.466 en Andalucía, 11.466 en Murcia o 12.067 en Castilla la Mancha), según el INE.

Un fracaso, tras 40 años de democracia. Y más cuando hay 7 regiones españolas que, después de 30 años largos en Europa, siguen por debajo del 75% de la renta media europea: Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Murcia, Canarias, Ceuta y Melilla. Lo peor es que si no se toman medidas, estas diferencias entre las regiones españolas sólo se reducirán a la mitad dentro de 70 años, según un estudio del Banco de España.

¿Qué se puede hacer? No hay una “receta milagro” para reducir las desigualdades entre regiones y con Europa. Hay que actuar en varios frentes y los resultados tardan décadas en verse. Por un lado, es urgente reformar el sistema de financiación autonómica, que se debía haber cambiado en 2014 y que Montoro ofrece pactar este primer trimestre. Hay que conseguir un mayor equilibrio, para que no haya regiones “perdedoras” y reforzar el Fondo de compensación interterritorial, para ayudar más a las pobres a costa de las ricas (diga lo que siga Cataluña). Sin olvidar corregir el privilegio fiscal de Navarra y el País Vasco (el cupo vasco, recién prorrogado hasta 2021 por PP, PSOE y Ciudadanos, les aporta 4.745 millones extras al año, según Fedea), ahora que no existe el chantaje de ETA. Y, sobre todo, hace falta asegurar más recursos a las autonomías, porque tienen muchas competencias y les faltan ingresos. Y eso sólo puede hacerse a costa de reducir la parte del Estado: hoy recauda el 50% del total, 35% las autonomías y 15% los Ayuntamientos y habría que pasar a un 40/40/20 al menos. Esa debería ser la base fiscal de un Estado federal como al que aspiramos.

En paralelo, el Estado central tiene que reforzar su papel reequilibrador, con las inversiones públicas y los impuestos, tratando de mejorar la estructura económica y social de las regiones más pobres, compensando lo que “el mercado” desequilibra. Sería bueno que toda la política pública y todas las decisiones del Gobierno analizaran sus efectos sobre la desigualdad regional, para tender a corregirla con cada euro que se gaste. Y lo mismo en la política educativa, tecnológica, industrial o en las políticas sociales.

Y un tercer frente clave es homogeneizar los servicios públicos, porque no es de recibo que cada autonomía gaste distinto (más las más ricas) en sanidad, educación, Dependencia o servicios sociales y los españoles tengan unas prestaciones distintas según donde vivan. Cuatro ejemplos. Si uno enferma, mejor que sea en el País Vasco (su sanidad recibe 90 puntos sobre 114 de la Fundación en Defensa de la Sanidad Pública), Navarra (90 puntos), Aragón (82) o Asturias (79) que en Canarias (49 puntos), Comunidad Valenciana (59), Cataluña o Andalucía (60 puntos). Si un joven necesita beca para estudiar en la Universidad, mejor en Andalucía (2.556 euros) que en Madrid (1.706 euros). O si un anciano dependiente necesita ayuda, mejor en Castilla León (donde casi no hay esperas) que en Cataluña (84.181 ancianos en espera). Y si uno es pobre, mejor serlo en Navarra (recibe 648 euros al mes de renta mínima) que en Murcia (300 euros). Y podrían ponerse cientos, incluidos algunos tan graves como los distintos criterios a la hora de financiar fármacos contra el cáncer.

Como se ve, la democracia y la modernización del país no han sido capaces de reducir las desigualdades básicas entre regiones y ahí siguen las dos Españas, como en 1977. Y encima, la descentralización de competencias hace que los servicios públicos no sean iguales para todos, algo que no pasaba en 1977 (el Estado del Bienestar era mucho más corto, pero más homogéneo en toda España). Dos graves problemas que deberían ser una de las asignaturas pendientes de todos en las próximas décadas. Para que dentro de 40 años, nadie pueda escribir que hay dos Españas y que son las mismas que hoy. Amén.

EPA: menos empleo del esperado y mucho paro

El Gobierno ha vuelto a echar las campanas al vuelo: en primavera se ha creado más empleo que nunca en los últimos 10 años. Es verdad. Pero también lo es que se han creado 100.000 empleos menos de los que esperaban los expertos: 411.800 empleos, casi igual que los creados en la primavera de 2014, a pesar de que ahora crecemos el doble. Y siguen siendo empleos precarios, temporales y por horas, muy mal pagados.  Además, el paro ha bajado menos que el año pasado, porque aumentan los españoles que buscan trabajo. Con ello, todavía hay 5.149.000 parados, un 22,39% de españoles, el doble que en Europa. Y lo más grave: más de la mitad (el 58,16%), casi 3 millones de parados, no cobran nada. Y dos tercios de los parados llevan más de 1 año sin trabajo (y 2,3 millones, más de 2 años), la mayoría con poca formación, lo que les impide encontrar empleo. Así que no estamos para tirar cohetes.
 

enrique ortega

La primavera suele ser un buen trimestre para el empleo, por el turismo (Semana Santa y puente de mayo), las tareas agrícolas y la contratación previa al verano y las rebajas. Y como ahora la economía crece el doble que el año pasado, se esperaba superar los 500.000 nuevos empleos (516.000 esperaban Asempleo y AFI). Pero no ha sido así: se han creado 411.800 empleos en el segundo trimestre, según la EPA, el mayor aumento en un trimestre desde 2005 pero poco más que en el segundo trimestre de 2014 (+402.400 empleos). Los datos de afiliación a la Seguridad Social ya anticiparon que en junio se ralentizaron las contrataciones, por el final del curso escolar y  las tareas agrícolas.

El empleo se ha creado sobre todo en los servicios (+291.700), por el turismo, la hostelería y el comercio, aunque también creció en la industria (+64.800), la construcción (+32.300) y la agricultura (+23.000). Dos de cada tres nuevos empleos se han creado en Andalucía (+124.700), Baleares (69.900) y Cataluña (+51.800), mientras el empleo bajaba en el País Vasco (-5.700) y Asturias (-3.300). La mayoría de los nuevos empleos se los llevan los hombres (58,6%) y sobre todo los mayores de 40 años (+264.000 empleos), mientras los más jóvenes, los menores de 30 años sólo consiguen 15 de cada 100 nuevos empleos. Y un 83% de los nuevos contratos son temporales.

Se crea empleo, sí, pero muy precario. En lo que va de 2015, un tercio de todos los nuevos contratos son temporales a tiempo parcial. Los contratos temporales son ya el 92,65% de los nuevos contratos y su duración es cada vez menor: en 2014, la duración media de los nuevos contratos fue de 53,3 días, según un informe del CES. Y en 2015, el 24,4% de los nuevos contratos duran 7 días o menos. Y crecen los contratos a tiempo parcial, inferiores a la jornada de 8 horas: ya suponen el 15,7% de todos los contratos, un porcentaje superior al de Italia (14,8%) o Grecia (11,2%), aunque inferior a la media OCDE (16,7%). El mayor problema no es sólo que haya muchos contratos por media jornada (o menos), sino que se hacen porque los parados no encuentran empleos a jornada completa: el 64,6% de los que tienen contratos a tiempo parcial querrían trabajar más horas. Son 2,2 millones de españoles subempleados, el 9,1% de los trabajadores, una tasa que duplica la de la Unión Europea (4,5%), donde somos el país con más subempleo tras Chipre, según Eurostat.

Un empleo precario y, claro, peor pagado. Los españoles que tienen un empleo temporal (25,2% de los asalariados) ganan un tercio menos que los trabajadores fijos, según las estadísticas del INE. Y los que tienen un trabajo a tiempo parcial, por horas, ganan un 38,2% de lo que ganan los que trabajan a tiempo completo. No sólo porque trabajen menos horas sino porque también ganan menos por hora: 10,70 euros frente a 16,11 euros, según el INE. Así se explica que aumenten los trabajadores pobres, aquellos que tienen un empleo pero que apenas consiguen subsistir: son ya 1.815.762 trabajadores pobres, 1 de cada 8 asalariados, el 12,3%, el mayor porcentaje en Europa tras Rumanía 19,1) y Grecia (15,1%).

Y vayamos a las cifras de paro de la EPA, que ha bajado sólo en 295.600 personas en el segundo trimestre, menos que los empleos creados (+411.800) porque en paralelo han aumentado las personas que buscan trabajo, tanto los jóvenes como los mayores que antes no buscaban y ahora buscan (mujeres). Es un indicador de lo que va a pasar en el futuro: puede crecer el empleo pero como también habrá más gente que ahora “se anime” a buscar trabajo, la cifra de paro puede bajar más lentamente. De momento, tenemos 5.149.000 parados, el 22,39% de los españoles, el doble de paro que Europa (11,3% en la zona euro). Y esa tasa sube al 32,3% entre los menores de 35 años y al 50% entre los más jóvenes.

Los datos del paro revelan tres hechos preocupantes de los que apenas se habla. Uno, que hay cuatro autonomías donde el paro supera o roza el 30%: Melilla (36,35%), Andalucía (30,98%), Canarias (30,3%) y Extremadura (29,56%), seguidas de cerca por Castilla la Mancha (27%), Murcia (24,77%) y Ceuta (24,59%), mientras tienen un paro “casi europeo” Navarra (12,55%), el País Vasco (15,98%), la Rioja (16,39%) y Madrid (17,66%). El segundo, que todavía hay 1.657.500 hogares donde todos están parados. Y el tercero y más grave, que más de la mitad de los parados siguen sin cobrar el desempleo: en mayo, sólo cobraban algún subsidio público 2.154.701 parados, el 41,84% de los parados EPA. Y de ellos, sólo un tercio (757.435 parados) cobraba un subsidio contributivo, de 801,50 euros mensuales (63,20 euros menos al mes de lo que estos parados cobraban cuando Rajoy llegó al Gobierno). Y los dos tercios restantes cobran un subsidio de 426 euros. Así que hay casi 3 millones de parados, la mayoría (el 58,16%), que no cobran nada. Y hay cinco autonomías donde casi dos tercios de los parados no cobran nada: Melilla (73,9% parados no cobran), Murcia (66,1% no cobran), Castilla la Mancha (62,6%), Madrid (62,5%) y Canarias (61,8%). Curiosamente, cuatro de las cinco regiones eran gobernadas hasta mayo por el PP.

Con todo, el mayor problema de fondo del paro es que la mayoría de los parados llevan más de un año sin trabajo y eso les resta posibilidades de encontrarlo: tienen un 6,7% frente al 26,5% del resto, según un estudio de Asempleo. Con la EPA de hoy sabemos que 3.186.100 parados llevan más de un año sin trabajar, un 61,8 % de todos los parados (frente al 49,3% en la UE-28). Y de ellos, 2,3 millones llevan más de dos años (y 1,4 millones más de 3 años), un colectivo que tiene muy difícil acceder a los nuevos empleos. Sobre todo si tienen más de 45 años (2 millones de parados)  y además tienen poca formación. De hecho, los datos de la EPA son estremecedores: 2.823.100 parados, más de la mitad del total (54,82 %) tienen baja formación, ya que no han terminado la educación secundaria. Y encima, sólo 1 de cada 6 parados hace cursos de formación. Así, se pueden “eternizar” en el paro.

Todos estos son datos reales y oficiales, que no aparecen en los análisis triunfalistas del Gobierno (ni de la oposición: así nos va). Rajoy ha prometido crear este año 602.000 nuevos empleos y de momento lleva 297.500 (a los 411.800 creados en el segundo trimestre hay que restar los 114.300 perdidos en el primero). Puede cumplir y llegar a diciembre con la cifra de ocupados que ha prometido: 18.171.400 (le falta crear 304.900 empleos en dos trimestres: es factible). Con ello, se presentaría a las elecciones con 18.400 españoles más trabajando que cuando llegó al poder en 2011. Y así espera ganarlas. Claro que no dirá que todavía falta recuperar dos tercios del empleo perdido, otros 2,58 millones de empleos, para que haya en España tanta gente trabajando como antes de la crisis (20.753.400 ocupados en 2007). Y tampoco dirá que el paro que espera en diciembre de 2015 (4.866.600 parados, un 21,1% de los españoles) es la segunda mayor tasa de paro del mundo, totalmente inaceptable, máxime si la mitad de los parados no cobra y no tienen futuro, porque llevan demasiado tiempo en paro y además no tienen formación como para optar a un empleo.

Así que menos triunfalismo y más medidas para afrontar el problema que más preocupa a los españoles, el paro. Lo primero es conseguir crear más empleo y de mayor calidad. Para eso hay que crecer más y sobre todo de una forma más competitiva, porque si no, no crearemos empleo suficiente. Según un análisis del Banco de España, la previsión es que España crezca una media del 1,5% en la próxima década (2014-2016), bastante menos que antes de la crisis (crecimos un 2,8% de media en 1.991-2000 y otro 2,9% en 2001-2008), debido a nuestro problema demográfico (faltará mano de obra) y a la falta de capital (si no hay más ahorro, no nos podremos endeudar como antes). Y al crecer menos, el Banco de España prevé que se creará menos empleo: un +0,4% anual entre 2014 y 2026, que sería la cuarta parte del empleo creado antes de la crisis (+1,8 % entre 2001 y 2008) y un tercio del creado antes (+1,2% creado en 1991-2000). En resumen, que si no se hace nada especial, la tendencia es crecer poco y crear poco empleo en la próxima década.

Por eso, el futuro Gobierno debería tomarse en serio crecer más y crear más empleo, para poner el paro a nivel europeo en una década. Eso pasa por hacer otra política, en España y en Europa. Aquí, obligaría a una mayor inversión pública, con apoyos para reformar el modelo económico y promover un crecimiento apoyado en la industria, la exportación, un turismo remozado, la innovación y la tecnología, con un país más competitivo y empresas más grandes y que creen más empleo. Para lograrlo, es básico conseguir más ingresos públicos, para ayudar a la economía y a las empresas a “dar el salto”. Y eso es posible si España recauda más, como Europa, reduciendo el fraude y subiendo los impuestos a multinacionales, grandes empresas y mayores fortunas (se podrían ingresar 50.000 millones más). En paralelo, habría que presionar para que Europa reanimara la economía, con más consumo e inversión en la Europa del norte y más inversiones (Plan Juncker) en la Europa del sur.

Pero no es suficiente. Si se consigue crecer más y crear empleo, la mayoría no llegará a la mitad de los parados, los que llevan más tiempo en paro y tienen poca formación. España tiene que potenciar las políticas activas de empleo, como recuerda periódicamente Bruselas y la OCDE. Hay que gastar más dinero en colocar a los parados, después de que Rajoy recortara un tercio el presupuesto para políticas activas de empleo (de 7.714 millones en 2011 a 4.746 en 2015). Gastamos menos que los países nórdicos o de centro Europa que tienen una tercera parte de paro. Y además, lo gastamos mal: las oficinas de empleo (SPE) no tienen medios (1 funcionario por cada 269 parados frente a 1 por 47 en Alemania, 1 por 36 en Dinamarca o 1 por 22 en Reino Unido) y funcionan mal, sin ayudar a los parados a encontrar trabajo (sólo coloca al 2%). Y como no cobran subsidio, muchos se borran del paro.

En resumen, que es positivo que se cree empleo y baje el paro, pero queda mucho por hacer. Y que hay que ser más agresivo con la política económica si queremos que España no tenga el doble de paro que Europa durante muchas décadas más. Dejen tanto triunfalismo y afronten, unos y otros, el problema que más nos preocupa a todos. Ya.

EPA: empleo con cuentagotas (y para algunos)

En verano se ha vuelto a crear empleo, por segundo trimestre consecutivo, según la EPA conocida hoy. Pero sigue siendo muy escaso, sólo para los hombres, temporal, precario y mal pagado. Y los 5,42 millones de parados tienen el futuro muy negro. Casi 2 de cada 3 llevan más de un año sin trabajar, lo que reduce al 6,7% sus posibilidades. Y además, sólo hay una oferta de trabajo por cada 102 parados: apenas tienen posibilidades de colocarse los mayores de 45 años y los menores de 24.En definitiva, que 2 millones de parados no van a volver a trabajar nunca. Y la mayoría (dos de cada tres parados), ya no cobra el desempleo. Un drama que hay que atajar con urgencia, con ayudas a los parados sin recursos, con formación y con planes agresivos para recolocar a los parados mayores y jóvenes. Porque si no, habrá empleo (con cuentagotas) sólo para los parados de 25 a 45 años mejor formados.
 

enrique ortega

La EPA del tercer trimestre ha vuelto a crear empleo, como la del segundo, pero bastante menos: en verano se crearon 151.000 puestos de trabajo, menos que en primavera (+402.400 empleos). Uno de cada tres nuevos empleos son autónomos (+58.500) y los otros dos asalariados con contrato temporal (+122.400) mientras caen los empleos fijos (-26.700) y los de a tiempo parcial. Lo peor es que sólo hubo empleo para los hombres (+164.900), mientras seguían perdiéndolo las mujeres (-13.900). Los nuevos empleos siguen concentrados en los servicios (+ 108.800), debido al tirón del turismo y el comercio (rebajas), y crecieron poco en la industria (+ 71.800) y la construcción (+ 43.500), mientras caían en la agricultura (-73.100). Pero se trata de una buena noticia, ya que descontando la pérdida de empleo del primer trimestre, en 2014 se han creado ya  368.800 empleos netos, lo que no pasaba en España desde 2008.

El paro ha bajado más de lo que ha crecido el empleo, porque este trimestre han vuelto a caer las personas que buscaban trabajo (los “activos”), por la marcha al extranjero de inmigrantes y jóvenes españoles (44.200 personas menos buscando trabajo). Así, el paro se reduce en 195.200 personas y queda todavía en 5.427.700 parados, una tasa del 23,67 % (más del doble que en Europa: 10,1%). El paro ha bajado más en Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque lo preocupante es que hay todavía cinco autonomías que superan o rondan el 30% de paro: Andalucía (35,21%), Canarias (33,36 %), Ceuta (31,95%), Melilla (30,49%)y Castilla la Mancha ( 28,49%). Y que todavía hay 1.789.400 hogares donde todos sus miembros están en paro.

A corto plazo, el problema más grave para la mayoría de los parados es que ya no cobran ningún subsidio, muchos porque llevan más de 2 años en el desempleo y otros porque no han cotizado suficiente. El caso es que en agosto sólo cobraban alguna ayuda 2.528.055 parados registrados, un 46,5% de los españoles que se consideran parados según la EPA de hoy (5.427.700). Eso significa que  2.899.645 parados no cobran nada, un 53,5% de los parados EPA. Y de los que cobran, menos de la mitad (1.103.520 parados) cobra un subsidio contributivo, que sigue bajando (792 euros al mes de media, 53 euros menos que hace dos años) y el resto una ayuda “asistencial” de 426 euros al mes.

La situación es especialmente grave para 740.000 familias donde no entra ningún ingreso, según cálculos sindicales. Por eso, en marzo pidieron al Gobierno un subsidio especial, al menos para las 500.000 familias con hijos donde el padre (o madre) están en paro y no ingresan nada. Rajoy se comprometió en julio con sindicatos y patronal que esta nueva ayuda a los parados más desfavorecidos se empezaría a cobrar en octubre, pero acaba el mes y la promesa no se ha cumplido. Su coste sería de unos 2.500 millones anuales, menos de lo que costará rescatar el almacén de gas Castor o nueve autopistas privadas en quiebra. Pero lo que ha hecho el Gobierno Rajoy ha sido recortar las ayudas al desempleo, endureciendo las condiciones en 2012 y 2013. Y así, en 2015 hay presupuestados 25.000 millones para el desempleo, 6.000 menos que en 2010, a pasar de que hay 725.500 parados más. Y así pasa que si en 2010 cobraban subsidio el 75% de los parados, hoy no llegan a la mitad (46,5 %). Y cada mes que pasa, son 1.200 parados que pierden el subsidio.

La creación de empleo, aunque sea escaso, precario y mal pagado, es un dato alentador. Pero hay un grave problema de fondo: la mayor parte de ese nuevo empleo no llega a la mitad de los parados. Por dos razones. Primera, porque casi dos de cada tres parados llevan más de un año sin trabajar: 3.359.900 parados, un 61,90 % del total, son parados de larga duración, siete veces más que al comienzo de la crisis (en 2007 eran 500.000 parados). Y sus posibilidades de encontrar trabajo se rebajan al 6,7% (frente al 26,5% del resto), según un estudio de Asempleo. En su mayoría, estos parados de larga duración (2.343.600 llevan más de dos años buscando empleo) son padres de familia entre 30 y 44 años (40% del total ), mayores de 45 años (35%) y jóvenes (25%). Y su situación se agrava porque casi la mitad de estos “parados con antigüedad” tienen poca formación: 1,7 millones no tienen acabada siquiera la educación secundaria, según el INE.

La otra razón es que hay pocas ofertas de empleo y sólo llegan a algunos parados (pocos). En julio de 2014, había 102 parados por cada vacante de empleo (frente a 17,5 ofertas por parado en 2007). Con ello, España es, junto a Portugal, el tercer país europeo con menos ofertas de empleo por parado (tras Letonia y Polonia), un 0,6% frente al 1,6% de media en la UE, el 2,8% en Alemania o el 2,3% en Reino Unido. Y como hay pocas ofertas, las empresas se permiten elegir al máximo a los pocos que contratan. Y ahí, la mayoría de los parados quedan fuera de entrada: los parados mayores de 55 años sólo reciben el 0,5% de las ofertas, los parados de 45 a 55 años el 6,1% y los jóvenes de 16 a 24 años el 7,71%, frente al 53,1 % que reciben los de 25 a 34 años y el 32,52% de ofertas para los de 35-44 años, según el informe Infoempleo Adecco. O sea, que los parados  mayores de 45 años y los menores de 24 (suman el 45% de los parados) tienen muy pocas posibilidades de encontrar trabajo. Y menos aun los que tienen baja formación y ninguna experiencia.

Por ambas razones, llevar mucho tiempo en el paro y tener más de 45 años (o menos de 24), estos parados tienen muy difícil trabajar y más en Andalucía, Canarias, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana, las regiones con menos ofertas de empleo, según el informe. Y peor si buscan en la construcción (sólo recibe un 1,89% de ofertas), la agricultura (1,89% ofertas) o incluso los servicios (que reciben menos ofertas que la ocupación). Al final, todo esto ha llevado al catedrático José Ramón Cuadrado a afirmar que dos millones de parados no volverán a trabajar nunca. Son más de uno de cada tres parados. Un drama.

Con este panorama, uno de cada cuatro españoles sin trabajo y la tercera parte de ellos con riesgo de no volver a trabajar, es una temeridad echar las campanas al vuelo por haber creado 368.800 empleos este año. El Gobierno asegura que seguirá creándose empleo, pero hay expertos que temen que el crecimiento se haya desinflado (por el estancamiento en Europa y Latinoamérica, mientras China echa el freno). Y los propios directivos de empresas no piensan en contratar este otoño, según una encuesta de Manpower. La horquilla del empleo estará entre los 240.000 empleos netos que prevé el Gobierno y los 109.000 empleos que vaticina el FMI para este año en España. A este ritmo, harían falta 20 años para recuperar el nivel de empleo de antes de la crisis. Demasiado tiempo.

Se impone actuar con urgencia en dos frentes. Por un lado, un Plan urgente para dar salidas a los parados actuales, asentado en cuatro patas: ayudas inmediatas a los parados sin ingresos que están en la pobreza, un plan de formación y recualificación de todos los parados (3 millones no tienen acabada la secundaria), unas políticas activas de empleo (incentivos, bajada cotizaciones, fiscalidad) para ayudar a colocar a los parados con más problemas (mayores 45 años, jóvenes y mujeres) y, sobre todo, una reforma de verdad del Servicio Público de Empleo (SEPE), que no funciona: ni tiene presupuesto (recortes) ni medios (un funcionario por cada 190 parados, frente a 1 por 59 en Europa) ni estrategia (sólo colocan al 3% de parados, frente al 15% las ETTs privadas). Y además, habría que plantearse bajar cotizaciones sociales a las empresas que contraten, como han pedido reiteradamente a Rajoy la Comisión Europea y el BCE,  la OCDE y el FMI.

Por otro lado, es urgente crecer más, para crear más empleo, para que haya más ofertas de trabajo. Y eso pasa por hacer otra política, en España y en Europa. Aquí, reanimar el consumo (subiendo salarios y bajando impuestos de verdad a las rentas bajas y medias) y fomentar el crédito y la inversión, sobre todo promoviendo las inversiones públicas y privadas en educación, innovación y tecnología, reindustrialización, más apoyos al turismo y a las exportaciones y a infraestructuras necesarias (no más AVEs). Y en Europa, con un plan de inversiones públicas a escala europea y un mayor consumo y gasto en la Europa del norte (sobre todo Alemania), como piden el FMI y la OCDE, para que “tiren” del resto de Europa.

Gestionar mejor la enorme bolsa de parados y crear más empleo, dos retos cada vez más urgentes para un país que tiene más del doble de paro que Europa y un desempleo además enquistado y sin salida. Esta debería ser la prioridad del Gobierno, no regodearse (“vamos mejor que Europa”) en un crecimiento y empleo mínimos. Bajen a tierra, por favor.