El empujón de los Presupuestos 2021

Ayer se llevaron al Congreso los Presupuestos 2021, que sustituyen a los Presupuestos 2018 de Montoro, que han durado 3 años. Su objetivo es gastar más que nunca, en gasto social y en la reconversión energética y digital, para reanimar la economía tras la peor recesión del último siglo. Pero estos Presupuestos pecan de optimismo: esperan gastar tanto gracias a un dudoso crecimiento de la economía (+9,8% en 2021, cinco veces el de 2019) y a una recaudación que pinchará si crecemos menos. Y además, venden “subidas de impuestos” a grandes empresas y los más ricos, una imposición de Podemos que es sólo “un escaparate populista”: ambas subidas sólo ingresarán 617 millones, un 0,27% de toda la recaudación prevista. El chocolate del loro. Mejor que hacer demagogia (que restará apoyos) hubiera sido buscar otros ingresos (supresión deducciones, IVA, impuestos verdes) y ajustar los gastos a un crecimiento más realista. Con todo, el mayor riesgo es que los rebrotes retrasen la recuperación y estos Presupuestos sean papel mojado.

 

Las cuentas del Estado, los Presupuestos, se hacen al revés de lo que la mayoría piensa: primero se mira el déficit que nos deja Bruselas, luego lo que se puede ingresar con los impuestos y así nos sale lo que podemos gastar. Un “techo de gasto” que, desde agosto de 2011 (cuando Zapatero y Rajoy lo introdujeron en la Constitución, por presión de Merkel), ha de aprobar el Congreso español además de Bruselas. La novedad de este año es que, con la pandemia, la Comisión Europea ha abierto la mano y ahora todos los paises pueden saltarse el tope de déficit, ese 3% del PIB que era sagrado. “Hay que gastar lo que haga falta” es ahora el mensaje de la Comisión Europea que nos impuso los recortes en 2010.

Pero claro, hay un límite para todo. Y tras el gasto extra hecho en 2020 contra la pandemia (cifrado por el Gobierno en 210.000 millones de euros), España va a cerrar este ejercicio con un déficit público del -11,3% del PIB (-124.905 millones), un “agujero” insostenible. Por eso, los Presupuestos 2021 presentan a Bruselas un déficit “más asumible”: baja al -7,7% del PIB (-94.304 millones). Y a partir de ahí, el Gobierno Sánchez promete cumplirlo porque vamos a crecer mucho en 2021 (un +9,8%, frente al -12,8% de caída en 2020 que pronostica el FMI) y ese fuerte crecimiento permitirá aumentar los ingresos tributarios un 13% (recaudar 25.570 millones más que en 2020, según los Presupuestos 2021). Y con esa mayor recaudación y la ayuda del dinero europeo (26.634 millones de los Fondos UE que el Presupuesto español adelanta, porque no llegarán hasta el verano próximo), España se lanza a gastar más que nunca, en recomponer el Estado del Bienestar y en modernizar la economía.

Este es el esquema del Presupuesto 2021, unas cuentas que pecan de “optimistas”, de “cuentas de la lechera”, porque será muy difícil que España crezca el +9,8% en 2021, dado que creció el +2% en 2019 y en torno al +3% en los mejores años de la recuperación (2015 al 2018). Y también será difícil recaudar un 13% más , sobre todo porque 2020 puede acabar con menos ingresos fiscales de los previstos (por los rebrotes). En cuanto al dinero europeo, es importante (26.634 millones a fondo perdido) pero es una cantidad insignificante sobre el gasto total (el 5,8%) e incluso sobre el gasto social previsto (3,7%), aunque si pesa mucho en las inversiones previstas para modernizar la economía (34,8%).

A falta de medidas extraordinarias para recaudar más (pensando que una economía en recesión no es el mejor momento para subir impuestos), el Gobierno quiere “vender” que los Presupuestos 2021 suben los impuestos “a las grandes empresas y a los más ricos”, por imposición de Podemos, que presionó a Sánchez la víspera del Consejo con no aprobar los Presupuestos si no se incluía. Las tres subidas son puramente “ideológicas”, nada eficaces. Una, quita parte de la deducción por doble imposición de dividendos a 1.739 grandes empresas del millón y medio que declaran por sociedades. La segunda, establece un recargo en el impuesto sobre la renta a los que ganan más de 200.000 euros anuales (+3% recargo) y más de 300.000 euros (+2%), en total 36.194 contribuyentes de los 19,5 millones que declaran. Y la tercera, subir el 1% a los contribuyentes que declaran más de 10 millones en el impuesto de patrimonio, un impuesto que cobran las autonomías (no Hacienda). En total, estas tres “subidas” (que Podemos vende a bombo y platillo) esperan recaudar 617 millones, el 0,27% de toda la recaudación prevista en 2021. El “chocolate del loro”, una subida de cada a la galería, que no servirá apenas para recaudar pero sí para justificar las críticas de la derecha y los empresarios a estos Presupuestos 2021.

Hubiera sido mejor no hacer demagogia y dejar estas subidas de impuestos (inútiles) hasta 2022 o 2023, cuando hayamos salido de esta recesión y se plantee una necesaria reforma fiscal. Porque la realidad es que tenemos un serio problema de recaudación: España recaudó en 2019 el 39,2% del PIB frente al 46,1% de media en la UE-27, según Eurostat. Eso significa que ingresamos -85.889 millones menos cada año que la media europea. Y eso se debe, según la UE, la OCDE y el FMI a que ingresamos menos en todos los impuestos (desde el IRPF al IVA o Sociedades), porque hay un exceso de deducciones, demasiadas excepciones en IVA y muchos “agujeros” en los impuestos que pagan las empresas, multinacionales y los más ricos, además de un escaso peso de la fiscalidad verde. Por eso, hay que plantear en serio una reforma fiscal, no hacer demagogia.

Con todo, en el Presupuesto2021 se incluyen otras 3 subidas de impuestos “justificables”, aunque suponen también poca recaudación: la subida del impuesto al gasóleo (de 30,7 a 34,5 céntimos por litro, todavía mucho menor a la media europea de 66,7 céntimos, que encarece 2 euros llenar el depósito), que aportará 450 millones,  la subida del IVA (del 10 al 21%) a las bebidas azucaradas (una “bomba para la salud: una lata de Fanta incluye el equivalente a 10 terrores de azúcar), que aporta 340 millones y  la subida a las primas de seguros del 6 al 8% (que no se tocaban desde 1998), que aportará 455 millones más. En total, sumando los retoques “a grandes empresas y los más ricos”, un aumento previsto de la recaudación de 1.862 millones, el 0,83% de todos los ingresos tributarios previstos. Y si sumamos otras subidas aprobadas antes y que van a reportar ingresos en 2021 (968 millones de la tasa Google y 850 millones de la tasa Tobin a operaciones en Bolsa) o los previstos nuevos impuestos a bolsas de plástico (491 millones) o sobre residuos (861 millones), más la lucha contra el fraude fiscal (828 millones) y otros (225), el Presupuesto 2021 cuenta con 4.223 millones de nuevos impuestos, sólo el 1,9% de la recaudación tributaria prevista el año que viene (222.107 millones). El chocolate del loro. Nada que ver con esos 88.418 millones más que deberíamos ingresar para recaudar como europeos.

Así que en cuestión de impuestos, “mucho ruido y pocas nueces”, que amplificará la derecha para justificar su oposición al Presupuesto 2021. En cuanto a los gastos, el esfuerzo que hace este Presupuesto 2021 es “histórico” de verdad: el gasto público total será de 456.073 millones de euros, un 20,1% superior a 2020. Y un gasto no financiero (sin contar transferencias, desempleo, deuda pública y gasto financiado con fondos UE), que es el techo de gasto que fiscaliza Bruselas, de 195.686 millones de euros, casi el doble del techo de gasto que aprobó Rajoy en 2012 (117.400 millones) para salir de la crisis de 2008.

Para no perderse entre este gasto total (los 456.073 millones), lo analizaré por bloques (ver cuadro Presupuesto 2021). Un primer bloque es el gasto social, al que se destinan 239.765 millones en 2021 (el 52,6% del total). Aquí, las grandes partidas son pensiones (el mayor gasto: 163.297 millones en 2021, el 35,8% de todo el gasto público, con una subida del 0,9% para todos los pensionistas y el +1,8% para las pensiones mínimas), el desempleo (25.012 millones, un 20,1% más), otras prestaciones económicas (20.623 millones, incluyendo 3.017 millones para pagar el ingreso mínimo vital a 850.000 familias, la ampliación del permiso de paternidad de 12 a 16 semanas para 236.000 familias, una subida del 152% en los recursos para la igualdad de género y un 59% más de fondos contra la pobreza infantil, 1.140.000 niños en España), fomento del empleo (7.405 millones, +29,5%), servicios sociales (5.021 millones, un 70,3% más, con 600 millones extras para la Dependencia), Sanidad (7.330 millones, +75,3%, casi el doble de los 4.181 millones gastados en 2020), Educación (4.893 millones, +70,7%, con 514 millones más para becas, 200 millones para impulsar la educación infantil 0-3 años y 1.500 millones para la Formación Profesional), Vivienda (2.253 millones, +367,9%, para ayudas al alquiler, VPO y rehabilitación) y Cultura (1.148 millones, +25,6%), subidas todas para reforzar el Estado del Bienestar tras años de recortes.

Otro importante bloque de gasto son las inversiones para impulsar y modernizar la economía, 49.399 millones de gasto (+67,1% sobre 2020): 12.344 millones (+75%) para Ciencia (I+D+i) y digitalización de la economía, 11.166 millones (+103,9%) para industria y energía (5.300 millones para energías renovables y eficiencia energética), 11.527 millones para infraestructuras (+114,8%, la 2ª inversión que más crece), 8.405 millones (+10,2%) para agricultura, pesca y alimentación, 2.621 millones (+4,1%) para subvencionar el transporte y 2.230 millones para comercio, turismo y pymes (+150%, la partida que más crece entre los gastos económicos de los Presupuestos 2021).

Un tercer bloque de gasto, 22.697 millones (+5,5%) van al mantenimiento de los servicios públicos básicos: Seguridad Ciudadana (9.694 millones, +3,5%), Defensa (9.072 millones, +5%), Justicia (2.048 millones, +7,6%) y Política exterior y Cooperación (1.882 millones, +17.4%). Y queda un cuarto bloque, de actuaciones generales: 70.288 millones de transferencias (18.396 millones a la Seguridad Social, para quitarle “gastos impropios” y déficit, y 13.486 millones a las autonomías, para que tengan menos déficit), 42.263 millones al funcionamiento de los servicios (a los funcionarios les suben el 0,9%) y 31.667 millones a pagar la deuda pública (+0,4%), la 2ª mayor partida de gasto tras las pensiones.

Ya sabemos dónde va a ir el dinero que se recaude y el déficit. Con este “empujón” de gasto e inversión, el objetivo es reanimar la actividad, “tirar” de la inversión privada y conseguir que España crezca ese +9,8% en 2021 y empiece a crear empleo: +1.316.857 empleos espera crear el Gobierno en 2021, tras perderse -1.677.219 en 2020, según el cuadro macro que se incluye en los Presupuestos 2021. Eso significa que todavía, a finales de 2021, habremos perdido -360.000 empleos sobre antes de la pandemia y tendremos un 16,3% de paro (frente al 17,1% de 2020 y el 14,1% de 2019). Es decir que, a pesar del “empujón” del Presupuesto 2021, necesitaremos otro empujón en 2022 (gastar mucho y recaudar más) para salir del túnel de la pandemia en 2023: faltan más de 2 años para que recuperemos el crecimiento y el empleo perdido, igual que Francia y Reino Unido, aunque Alemania, Portugal y EEUU se van a recuperar en 2022 (e Italia en 2024), según el FMI.

Todo este esquema, un Presupuesto 2021 expansivo (para relanzar la inversión, el crecimiento y el empleo) y progresista (que recupere el Estado del bienestar y ayude a los que más sufren esta nueva crisis), está pendiente de que la economía se recupere con fuerza y el Estado (y las autonomías) consigan recaudar más para gastar más. Es una apuesta arriesgada, porque si la economía “pincha” y crece menos, se podrá gastar menos o habrá más déficit (y entonces, Bruselas podría volver a hablar de “recortes”). Y sobre todo, hay más riesgo de que estas cuentas no salgan si siguen los rebrotes: si no se frenan los contagios y hay que volver a un confinamiento duro, como en marzo, la recesión este año sería mayor y la recuperación se retrasaría y debilitaría en 2021. Por eso resulta aún más prioritario frenar al virus como sea, a costa de cierres de ciudades y medidas más duras. Porque si no, la salida del túnel sería más tarde. Y estos Presupuestos 2021 serían “papel mojado”.

Estado de alarma para "cubrir" a las autonomías

España y la mayoría de Europa estamos en el pico de la 2ª ola de contagios, tras superar el millón de contagios y con 142 muertos diarios. Pero no se toman medidas drásticas y cada autonomía va a su aire: La Rioja, Navarra o Aragón se cierran mientras Madrid suaviza el confinamiento, Cataluña cierra bares y Universidades y Castilla y León o Valencia aprueban toques de queda. Todas temen dañar más la economía y que los jueces les tumben medidas  más duras. Por eso, Melilla y 10 autonomías (no las del PP) pidieron a Sánchez el paraguas de un estado de alarma, aprobado ayer domingo. Ahora, serán las autonomías las que fijen las restricciones y decidan si cierran una autonomía o no (no lo hará Madrid). Cada una seguirá a su aire, ahora con cobertura legal. Y mientras, no refuerzan la sanidad: más camas, más médicos y enfermeras, más test y más rastreadores. O toman medidas más drásticas o nos confinarán en diciembre (o antes).

La COVID 19 cumplirá este sábado sus primeros 10 meses  y contagia más cada semana: en octubre, superó cuatro días el récord de 400.000 contagios diarios, el último el viernes 23, con 506.570 contagiados en el mundo. Así se ha llegado hoy a los 43.009.938 contagiados en 189 paises, el doble que a mediados de agosto, según los datos de la Universidad Jhons Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en Estados Unidos (8.636.168 contagiados) y Latinoamérica (10.622.840 contagiados), donde destacan Brasil (5.394.128 contagiados), Argentina (1.090.589), Colombia (1.015.885), México (891.160), Perú (888.715) y Chile (502.063 contagiados). Les sigue Asia (8.870.366 contagiados), donde crece muy rápido la pandemia en India (7.909.959 contagiados) y Europa, donde asistimos al pico de la 2ª ola, con 9.255.953 contagiados (según la OMS), sobre todo en Rusia (1.503.652), Francia (1.130.146 contagiados), España (el 7º país del mundo con más contagios: 1.046.132), Reino Unido (876.840), Italia (525.782) y Alemania (443.189 contagiados).

La pandemia ha provocado ya 1.153.964 muertes en el mundo, tras alcanzar el medio millón a finales de junio, según la estadística diaria de la Universidad Jhons Hopkins. El liderazgo de fallecidos sigue estando en EEUU (225.230 muertos), seguida por Brasil (159.134 muertos), India (119.014), México (88.924), Reino Unido (44.986), Italia (37.338), España (34.752 muertos, el 5º país con más muertos por millón de habitantes, tras Perú, Bélgica, Bolivia y Brasil), Francia (34.693 muertos), Bélgica (10.810) y Alemania (10.062 muertos).

España superó el techo del millón de contagios el miércoles 21 de octubre, duplicando el medio millón de contagios que alcanzó el 6 de septiembre. De este millón de contagiados, el 16,4% acabó hospitalizado (165.049 contagiados) y un 9% de ellos en las UCIs (14.829 personas), muriendo por el COVID al menos un 3,4% de los contagiados, 34.366 personas de ese primer millón (y en realidad, más de 50.000 según muchos expertos). El mayor número de muertes se ha dado en Madrid (10.211 hasta el viernes), Cataluña (5.960), Castilla y León (3.446), Castilla la Mancha (3.338) y Andalucía (2.270 muertos), aunque las autonomías con más mortalidad por 100.000 habitantes son Castilla la Mancha (164), Madrid (152), Castilla y León (142) y La Rioja (140), porque han sufrido más las muertes de ancianos en residencias, casi 23.000, según el último sondeo hecho por la Cadena SER.

España está, como la mayoría de Europa, en el pico de la 2ª ola de contagios, iniciada en agosto y agravada este mes de octubre. “La situación ha empeorado: sólo hay 28 provincias con los contagios estabilizados o bajando”, señaló el jueves el doctor Simón, mientras el ministro Illa añadía: “Tenemos muchísima preocupación. Van a venir semanas muy duras”. Los datos de Sanidad son muy explícitos: récord de contagios diarios (+20.986 el jueves 22), crecientes hospitalizaciones (14.539, el 12,1% de las camas disponibles), aumento de los ingresos en UCIs (2031 hasta el viernes, un 24,48% de las camas disponibles, aunque superan el 35% en 6 autonomías) y consiguiente aumento de muertes: +997 la última semana (viernes 16 al viernes 23 de octubre), frente a una media de +826, +843, +1.454, +737,+748, +329 y +407 muertes las siete semanas anteriores. Son 142 muertes diarias, una barbaridad.

La pandemia se ha agravado en casi toda España, pero sigue habiendo grandes diferencias en el nivel de contagios, con 3 grupos de regiones, según los datos de Sanidad. Un primer grupo de 5 regiones tienen un altísimo nivel de contagios, muy superior a la media de España (361 por 100.000 habitantes el viernes, el más elevado desde que se inició la pandemia): Navarra (1,062 contagiados/100.000 habitantes en las últimas 2 semanas), Melilla (915), Aragón (682), La Rioja (630) y Castilla y León (562). Un segundo grupo de 10 autonomías tiene un nivel de contagios alto: Cataluña (447/100.000 habitantes), Ceuta (444), País Vasco (430), Madrid (421), Castilla la Mancha (385), Murcia (379), Extremadura (352), Andalucía (327), Asturias (300) y Cantabria (225). Y hay 4 autonomías con un nivel de contagios relativamente  bajo: Galicia (192) y, sobre todo, Comunidad Valenciana (153), Baleares (150), y Canarias (81 contagiados/100.000 habitantes, casi como Alemania).

Ante este panorama, que se agrava semana tras semana desde hace 2 meses, Sanidad pactó el jueves con las autonomías este Plan de Actuación frente al COVID 19, buscando un mínimo para fijar unas pautas comunes de actuación en toda España. A cambio de lograr esa casi unanimidad (Madrid y Euskadi se abstuvieron), el Plan es un catálogo de medidas demasiado inconcreto y que no impone confinamientos: deja a las autonomías el hacerlo. Básicamente, lo que hace es mantener las limitaciones que ya están en vigor (en bares, comercios y reuniones) y que se han revelado insuficientes para frenar los contagios.

El Plan fija 4 niveles de alerta, según los contagios, positivos, camas y UCIS ocupadas que tengan las autonomías (y dentro de ellas, las provincias, ciudades o áreas de salud: las autonomías eligen cómo lo determinan). Aunque Sanidad no ha querido “señalar con el dedo” y deja que cada autonomía clasifique sus provincias y ciudades, hay 5 autonomías con una situación epidemiológica en riesgo extremo (nivel 4): Aragón, Castilla y León, Castilla la Mancha, Ceuta y Melilla. Y otras 6 autonomías con riesgo alto (nivel 3): La Rioja, Navarra, Madrid, Cataluña, Andalucía y  Murcia. En realidad, estas 11 autonomías tienen en común un alto nivel de contagios (más de 250) y un alto porcentaje de ocupación de camas de hospital  y UCIs, aunque las primeras están algo peor. En el nivel 2 (riesgo medio) se sitúan Extremadura, Cantabria, Euskadi y Comunidad Valenciana. Y en el nivel 1 (riesgo bajo) están Canarias, Galicia, Baleares y Asturias.

¿Qué nuevas medidas se proponen en este Plan? Prácticamente ninguna. En el nivel 3, de riesgo alto, cierre del ocio nocturno, seguir con las limitaciones en bares y restaurantes (cierres a las 11 de la noche), terrazas al 75%, limitaciones en comercios (aforo al 30%) y reuniones de personas, aumentando el teletrabajo y la enseñanza online. Y se propone a las autonomías “valorar las limitaciones a entradas y salidas en el área territorial” (no se imponen confinamientos) y “recomendar salir de casa sólo lo necesario”. En el caso de las autonomías en riesgo extremo (nivel 4), el documento pactado señala que, además de estas restricciones del nivel 3, “supondrá la toma de medidas excepcionales que podrán incluir restricciones adicionales”, ofreciendo la posibilidad de solicitar el estado de alarma.

Así que todo está “abierto” (“flexible” dice el ministro Illa) y en manos de las autonomías, que seguirán tomando las medidas por su cuenta, unas más duras que otras. Así, Navarra, la Rioja y Aragón cierran sus regiones a cal y canto (con restricciones internas a la hostelería, el comercio y las reuniones), Andalucía implanta el toque de queda en Granada y su región, Castilla y León cerró varias capitales (Burgos se suma al cierre de León, Palencia, Salamanca y Aranda de Duero) y aprobó el viernes el toque de queda en la región y  la Comunidad Valenciana anunció el toque de queda hasta el 9 de diciembre, como Murcia, mientras Madrid, con el triple de contagios, ha levantado el confinamiento del estado de alarma impuesto por Sanidad y volverá al confinamiento por barrios (ineficaz e injusto), en 32 zonas básicas de salud, con “la guinda” añadida de ampliar el horario de bares y restaurantes hasta las 12 de la noche (aunque “limita” las reuniones de no convivientes de 12 de la noche a 6 de la mañana). En Cataluña (con la misma tasa de contagios que Madrid), se han cerrado durante 15 días todos  los bares y restaurantes, los comercios abren al 30%, están prohibidas las reuniones de más de 6 personas (todo el día), la enseñanza universitaria es sólo telemática y debe tener prioridad el teletrabajo.

Las autonomías tenían miedo de tomar medidas más duras por la presión de la hostelería, el comercio y por la posible reacción en contra de los ciudadanos, un poco hartos de tantas restricciones. Y sobre todo, los gobiernos autonómicos temen que se las rechacen los juzgados, por “no tener cobertura legal suficiente para restringir derechos fundamentales”. Es lo que le pasó al País Vasco, a quien un tribunal rechazó restringir los grupos de más de 6 personas. Por eso, el lendakari Urkullu pidió el viernes al presidente Sánchez un estado de alarma, para dar cobertura legal a esta y otras medidas, como el cierre de ciudades o regiones y el toque de queda. Y a las pocas horas, se le unieron en la petición 9 autonomías más y Melilla (ni Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia, Castilla y León o Ceuta, gobernadas por el PP). Y entre medias, Ciudadanos ofreció a Sánchez sus 10 votos para sacarla adelante en el Congreso, una cuestión clave a la vista de los problemas en mayo y junio.

Con esta avalancha de peticiones y con el esperado apoyo de Ciudadanos y los nacionalistas vascos y catalanes, el Gobierno aprobó ayer domingo, en un Consejo extraordinario, el estado de alarma, primero por 15 días y luego hasta el 9 de mayo, si consigue el apoyo mayoritario en el Congreso. Pero ojo, el estado de alarma no impone nada: sólo da cobertura legal a las autonomías para que sean ellas las que aprueben 3 medidas claves: el toque de queda (de 23 a 6 de la mañana, aunque les permite que decidan si lo rebajan a las 10 o lo suben a las 12, como ha hecho Madrid), la limitación de grupos a 6 personas y el posible cierre de ciudades o regiones para que no se disperse el virus, una cuestión clave que la mayoría de autonomías no ha decidido salvo en los casos más graves. Así que si Madrid no cierra la capital, como ha decidido, el Gobierno no puede imponérselo con este estado de alarma.

Así que, en los próximos días, serán las autonomías las que decidan las restricciones, más o menos duras según el gobierno regional de turno, ahora con el “apoyo legal” del Estado de alarma. Y con un Plan de Actuación, según la gravedad de la epidemia, donde Sanidad puede hacer recomendaciones pero donde la última palabra la tienen las autonomías. Y ya sabemos lo que pasará: que los ciudadanos sólo dejarán de hacer lo que esté prohibido. Y si no les prohíben irse de puente (vienen dos), pues se irán, aunque Sánchez y las autoridades recomienden no salir de casa salvo lo imprescindible. Y así hasta que el virus crezca tanto que paralice otra vez hospitales y UCIS y no quede más remedio que volver al confinamiento.

Además, no basta con las medidas de restricción de la actividad y la movilidad, que deberían ser más estrictas. Urge tomar ya más medidas sanitarias, que deberían haberse tomado el 21 de junio, con la desescalada,  y que siguen sin tomarse hoy: reforzar los centros de salud (cerrados para la mayoría, ya que no hay consultas ni cogen los teléfonos) con “carpas” en polideportivos, aparcamientos y parques, contratar ya más médicos y enfermeras para atender mejor a los pacientes COVID y al resto (hoy abandonados), aumentar el número de test y planificar mejor su utilización (no vale con hacer test de antígenos o PCRs de forma indiscriminada, convocando por SMS: es como buscar una aguja en un pajar, hay que concentrarlos en grupos, barrios y colectivos de riesgo) y ,sobre todo, ampliar de una vez el número de rastreadores, insuficientes en Madrid, Cataluña y la mayoría de España. Y preparar ya un refuerzo de los hospitales y UCIs, de cara al invierno, no esperar a otro pico para montar hospitales de campaña y Ucis adicionales en los grandes hospitales. Reforzar de una vez la Sanidad y prepararla mejor para esta 2ª ola y lo que venga.

Sólo así, con más cierres drásticos de ciudades y regiones (imponiéndoselos a los muchos ciudadanos que incumplen las normas) y con más medios sanitarios se podrá frenar el ritmo de contagios y muertes, que son en España de los más altos del mundo. Y sólo así, con la pandemia controlada, se podrá recuperar la economía. Canarias lo ha hecho y por eso van a tener ahora turistas británicos y alemanes, que ni se plantean viajar a Cataluña o a Madrid. Es la hora de la verdad, no de los “toques de queda” de cara a la galería, una medida que suena dura pero que es poco eficaz. Lo eficaz es restringir la movilidad : no salir de fin de semana o de puente (vienen dos) y extender el virus por España, restringir las salidas de casa, los contactos con amigos y familiares o las compras innecesarias hasta que hayamos doblegado al virus. Si no lo hacemos, nos volverán a confinar en diciembre (o antes).

43.275 dependientes muertos esperando ayuda

Sabíamos que el coronavirus se ha cebado con los mayores, el 86% de los muertos. Lo que no sabíamos hasta el lunes es que 43.275 dependientes han muerto este año sin recibir la ayuda a la que tenían derecho (27.116) o pendientes de valoración (otros 16.159). Un dato oficial (aunque no sale en los medios) que revela que casi 1 de cada 3 dependientes, 158 cada día, han muerto sin recibir una ayuda pública a la que tenían derecho. Un fracaso del sistema con unos mayores que han dado al país  lo mejor de su vida. Y todo por años de recortes, por el escaqueo del Estado y la falta de recursos de unas autonomías que “ahorran” en ayudas a los ancianos dependientes. ¡Basta ya!  Urge un Plan de choque para la Dependencia, con más recursos de los 600 millones extras que va a incluir el Presupuesto 2021. Que no muera un dependiente más sin ayuda. Y asegurarles servicios y residencias de calidad. Se lo debemos.

El sistema de ayudas a la Dependencia ya tenía graves problemas antes de la pandemia. En enero de 2020 cumplió 13 años, arrastrando el lastre de la falta de recursos con que nació en 2007: había 269.854 dependientes “en lista de espera” (+19.817 que un año antes), sin recibir una prestación a la que tenían legalmente derecho porque las autonomías, que gestionan la Dependencia, no tenían recursos suficientes, tras haber recortado el Estado central su aportación al sistema en -5.864 millones desde 2012. Y aunque las autonomías han tratado de aportar más (ahora financian ya el 80% de la aportación pública), no les llega para atender a los dependientes (1,8 millones). Y tratan de mantener el sistema con “trucos”, para atender a más dependientes con casi lo mismo: retrasan la resolución de los expedientes, mantienen listas de espera para ir escalonando las ayudas y buscan sistemas de atención “low cost” (teleasistencia, ayuda a domicilio, cheques…), para atender a más dependientes con los recursos disponibles. En definitiva, retrasos acumulados y una atención deficiente.

Pero el coronavirus ha empeorado las cosas, ha sido la puntilla para el deteriorado sistema de Dependencia: con el estado de alarma, se cerraron oficinas de atención y se retrasaron aún más los expedientes y las ayudas. Así, a 30 de abril, se habían reducido en 54.808 las solicitudes de ayuda (1.844.322 frente a 1.899.385 a finales de febrero), se habían reducido también las resoluciones (-13.837) y caía el número de beneficiarios: 1.375.740 a finales de abril, 12.974 menos que a finales de febrero (porque habían caído las entradas de expedientes y las resoluciones y habían muerto beneficiarios), según los datos del IMSERSO. Gracias a esta caída de solicitantes, se conseguía reducir las listas de espera, por primera vez en dos años: a finales de abril había 261.616 dependientes esperando una ayuda reconocida, 6.218 menos que en febrero.

El 21 de junio salimos del estado de alarma, volvió a funcionar la Administración, pero la gestión de la Dependencia siguió empeorando, según los últimos datos del IMSERSO. Así, a finales de septiembre, el número de solicitudes de ayuda era similar al de abril: 1.844.766, -54.619 menos que a finales de febrero. La resolución  de expedientes había empeorado (1.697.776), cayendo el triple que en abril (ahora -43.332 menos que en febrero). El número de beneficiarios de ayuda también siguió cayendo: 1.345.397 dependientes, -43.317 menos que en febrero (el triple que a finales de abril). También habían caído los que recibían ayudas: 1.111.492 dependientes, -9.387 menos que en febrero. Y lo único que ha mejorado es “la lista de espera”, los dependientes con ayuda reconocida que la estaban esperando: 233.905 a finales de septiembre, -33.930 menos que a finales de febrero. Un “milagro” fruto de que habían caído los beneficiarios y a que muchos habían muerto en estos meses.

Este empeoramiento de la Dependencia no ha sido igual en toda España, sino que hay autonomías que lo han sufrido más que otras. Así, la caída en el número de dependientes que reciben una prestación (-9.387 en toda España, entre el 28 de febrero y el 30 de septiembre) se concentra en 9 autonomías, Ceuta y Melilla, destacando la caída de dependientes con ayudas en Madrid (-8.736), Cataluña (-7.608), Castilla la Mancha (-3.546) y País Vasco (-1.449 dependientes con ayudas), según los datos del IMSERSO. Y por el contrario, hay 7 autonomías donde hay ahora más dependientes recibiendo ayudas que antes de la pandemia, en especial la Comunidad Valenciana (+3.716), Extremadura (+2.335), Canarias (+1.037), Baleares (+949) y Murcia (+879). 

Y en cuanto a las “listas de espera” (recordemos: 233.905 dependientes con derecho a una ayuda que no les ha llegado, el 17,39% de los dependientes con derecho reconocido), tampoco son uniformes. En cabeza siguen Cataluña (31,21% dependientes en espera, un porcentaje similar al de febrero), La Rioja (27,63% en espera, casi como en febrero), Canarias (22,72%, menos que el 28,5% de febrero), Andalucía (21,9%, mejor que el 24,7% de febrero), Cantabria (19,1%, peor que el 17,78% de febrero) y Madrid (17,74% dependientes en espera, similar a febrero).  Y siguen con una lista de espera mínima Castilla y León (0,22%, frente al 1,22% en febrero), Ceuta (3,7%), Navarra (4,57%), Galicia (7.76%), Castilla la Mancha (7,78%) y Baleares (9,46%).

Lo dramático es que si hoy tenemos 33.930 dependientes menos en lista de espera para recibir ayuda que a finales de febrero es, básicamente, porque muchos dependientes han muerto estos meses, más que nunca antes por la pandemia. Así, el IMSERSO publicó el lunes los datos de dependientes muertos este año, obtenidos a partir del MoMo (sistema de monitorización de la mortalidad) que elabora el Instituto de Salud Carlos III. Y el resultado es escalofriante: han muerto 132.654 dependientes entre enero y septiembre (36.505 fallecidos más de lo habitual, por la COVID 19) y de ellos, casi un tercio, 43.275 dependientes muertos estaban a la espera de recibir una ayuda (27.116 de la “lista de espera”) o pendientes de valorar su dependencia (16.159 dependientes más).

Son 158 dependientes muertos cada día en espera de ayuda este año, una cifra tremenda, que casi duplica la cifra de fallecidos pendientes en 2019, 85 dependientes al día, según estimaban los Directores y Gerentes de Servicios Sociales (DYGSS). Y aquí también, el reparto de dependientes muertos en espera de ayuda o valoración  (esos 43.275 fallecidos) es desigual por autonomías, según los datos del MoMa/IMSERSO: 11.160 dependientes en espera han fallecido en Cataluña (2.880 estaban en “lista de espera”), 9.110 en Andalucía (4.018 de la “lista de espera”), 4.324 en Madrid (21 en “lista de espera”, 4.110 en la Comunidad Valenciana (2.396 de la “lista de espera”), 2.514 en Canarias (1.724 en “lista de espera”) y 1.922 en el País Vasco (247 en “lista de espera”). Así que estas 6 autonomías concentran el 76,5% de todos los dependientes muertos sin atender.

De paso, la estadística del MoMa y el IMSERSO revela que la pandemia se ha cebado sobre los dependientes: han muerto este año 82,9 de cada 1.000 beneficiarios de la dependencia, unos 31.800 más que otro año, por el COVID. Y lo peor lo han sufrido los dependientes reconocidos que vivían en residencias: han muerto 180,1 de cada 1.000, casi 1 de cada 5, frente a 56,8 por cada 1.000 que han muerto entre los que recibían la ayuda a domicilio. Y lo más estremecedor: han muerto más los dependientes que menos se podían valer, los que tenían una dependencia grave (grado III), 225,7 de cada 1.000, casi 1 de cada 4 dependientes graves en residencias. Y sobre todo en Cataluña (3.594 muertes “extras” en residencias sobre un año normal), Madrid (+2.842 muertes extras), Castilla la Mancha (+1.528), País Vasco (+580) y Andalucía (“exceso de 516 muertes sobre lo habitual). Y eso a pesar de que este año, hasta septiembre, la ayuda a dependientes en residencias ha sido la que más ha caído con la pandemia: de recibirla el 12,05% en febrero al 11,02% a finales de septiembre, porque unos se han muerto y otros han vuelto con su familia.

Eso sí, con la pandemia, las autonomías han seguido concentrando las ayudas a los dependientes en los servicios más baratos (“low cost”), que les permiten atender a más beneficiarios con el mismo dinero, según los datos del IMSERSO: teleasistencia (cuesta unos 35 euros al mes y suponía el 17,66% de las ayudas en septiembre), la ayuda a domicilio (17,51%), los cheques a las familias para que busquen ayuda (prestación vinculada a servicio, una especie de “privatización” del servicio que reciben un 10,96% de los dependientes pero un 47% en Extremadura, un 31% en Castilla y León o un 26,38% en Canarias) y los centros de día (6,45% de las ayudas), aunque todavía es mayoritaria (31,49% del total) la ayuda a las familias (de 153 a 387 euros al mes, según grado de dependencia),para que atiendan ellos a sus dependientes.

La pandemia y las muertes de dependientes han hecho saltar todas las alarmas en un sistema de Dependencia que ya tenía graves deficiencias antes. Los dependientes y sus familias no pueden seguir así, sufriendo las consecuencias de una gestión autonómica que utiliza los retrasos en los expedientes  y la utilización de servicios “low cost” para paliar la falta de recursos. Urge un Plan de choque, para dotar a la Dependencia de recursos públicos suficientes, sobre todo de una mayor aportación del Estado central, que ahora financia un 20% del gasto público en Dependencia, lo que obliga a las autonomías a aportar el 80% restante (cuando la Ley fijaba que ambas administraciones aportarían el 50/50). Y que obliga a las familias de los dependientes a unos copagos crecientes (el 19% del gasto total en dependencia) y a “buscarse la vida”  pagando cuidadores en casa o residencias privadas, muy caras y con deficientes servicios (como se ha visto con el COVID 19).

El Gobierno ha presentado a las autonomías, el 2 de octubre, un Plan de choque por la Dependencia, que quiere incluir en el Presupuesto 2021. Propone destinar 600 millones más a la Dependencia el año próximo, lo que permitirá reducir la “lista de espera” y crear 24.000 empleos. Además, propone mejorar el sistema de ayudas (establecer las cuantías mínimas que había en 2012), agilizar los procedimientos administrativos, establecer la teleasistencia como un derecho generalizado y aumentar el servicio de ayuda a domicilio.

El Plan del Gobierno “suena bien” pero es insuficiente. Para acabar con las listas de espera harían falta 1.500 millones de euros, según una reciente estimación de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con los que se podrían crear 70.000 empleos. Y además, piden que las autonomías agilicen trámites y simplifiquen ya procedimientos, sobre todo mientras dure la pandemia. Y además creen que hay que modificar la Ley de Dependencia, para permitir compatibilizar prestaciones y aumentarlas, lo que exige destinar más recursos públicos a la Dependencia: si ahora gastamos 8.000 millones al año, gastar 2.700 millones más (no sólo los 600 millones extras prometidos para 2021). Y en paralelo, reordenar y mejorar la calidad de las ayudas, con un Plan específico de construcción de residencias de ancianos públicas (el 73% de las plazas son privadas): harían falta 100.000 plazas públicas, coordinadas con una mejor atención hospitalaria de los residentes.

La pandemia ha desvelado las debilidades del sistema de Dependencia, como también lo ha hecho con nuestra sanidad, educación, protección social y modelo económico. Hay que aprovechar esta catástrofe para apuntalar las ayudas a los dependientes, con inversiones en cuidados que pueden ayudarnos a reconstruir la economía y el empleo, máxime cuando el creciente envejecimiento español va a duplicar el número de dependientes en 2050, según el CSIC. Hay que reforzar la Dependencia, el 4º pilar del Estado del Bienestar (junto a la sanidad, la educación y las pensiones), para proteger a los más débiles ante la pandemia y ante cualquier otra crisis futura. Es inadmisible que 158 dependientes mueran diariamente sin recibir una ayuda a la que tienen derecho, tras toda una vida trabajando. Deberían ser una prioridad en la reconstrucción del país. Se lo debemos.

COVID 19: la pobreza se enquista en España

Llevamos 7 meses de pandemia, con casi 1 millón de contagios, 34.000 muertos y millones de españoles con problemas para trabajar y sobrevivir. Y con 1.100.000 personas más en la pobreza, según Oxfam. La COVID 19 se ha cebado en las personas más vulnerables, ampliando y enquistando una pobreza que ya alcanzaba a 11,87 millones de españoles en 2019, según la Red Europea contra la Pobreza. Son 1 millón más que en 2008, antes de la otra crisis. Ahora, muchos de estos “pobres” son “nuestros vecinos”: son españoles (78%), con nivel educativo medio y alto, trabajan (un tercio) y viven en grandes ciudades. Además, España va a distanciarse más de la Europa rica, porque somos el país que más sufre esta pandemia: ya en 2020, bajaremos en el ranking europeo, del 14º al 17º país con más renta, según el FMI. Urge tomar más medidas para paliar el aumento de la pobreza, un cáncer económico, político y social : no podemos reconstruir el país dejando atrás a la cuarta parte de españoles.

España afronta esta pandemia con una elevada pobreza. Europa utiliza desde 2008 un indicador, el AROPE (At Risk of Poverty and Exclusion), que mide las personas en riesgo de pobreza o exclusión social según 3 indicadores: sus ingresos (que ganen menos del 60% del ingreso medio en cada país), la privación material severa (carecen de 4 de 9 bienes, desde comer carne dos veces por semana a no poder pagar los recibos) y hogares con adultos que trabajan pocas horas (menos del 20% de la jornada). Si alguien cumple 1 de estos 3 indicadores, es oficialmente “pobre”. En Europa había 109,2 millones de pobres en 2018, un 21,7% de la población, según el último dato publicado por Eurostat. Y ese año, España era, con 12.047.000 de “pobres” (el 26,1% de la población),  el 7º país europeo con más pobreza (AROPE), solo por detrás de Bulgaria (32,8%), Rumanía (32,5%), Grecia (31,8%), Letonia (28,4%), Lituania (28,3%) e Italia (27,3%), según Eurostat.

La semana pasada se conoció el dato de la pobreza en España en 2019: 11.870.012 personas, un 25,3% de la población, en situación de pobreza o exclusión social (indicador AROPE), por sus bajos ingresos o sus privaciones y subempleo, según la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES). Son 301.000 pobres menos que un año antes, pero lo grave es que hay más pobres en España que en 2008 (había un 23,8% de población pobre), a pesar de la “recuperación”. Concretamente, hay 1.000.0805 personas más en situación de pobreza, con lo que España ha incumplido el compromiso que Zapatero asumió con Bruselas en 2008, dentro de la Estrategia Europea 2020: reducir el número de pobres entre 1,4 y 1,5 millones entre 2009 y 2019. No sólo no hay menos pobres, sino 1 millón más en la última década, a pesar del crecimiento y la creación de empleo.

Voy a centrarme en el grueso de esa pobreza, en la pobreza monetaria, donde se incluyen a los españoles que ganen menos del 60% de la media: en 2019, los solteros que ganaron menos de 9.009,2 euros anuales (menos de 750 euros al mes) y las familias con 2 hijos que ingresaron menos de 18.919,3 euros anuales (1.576 euros al mes). En total, 9.695.989 personas, el 20,7% de la población española, 653.000 pobres monetarios más que en 2008, antes de la crisis. Eso nos coloca como el 6º país con más pobreza monetaria de Europa, sólo por detrás de Rumania (23,5%), Letonia (23,3%), Lituania (22,9%), Bulgaria (22%) y Estonia (21,9%) y lejos de la media europea de pobreza monetaria (17,1% de la población UE-28 en 2018) y de la pobreza de Italia (20,3%), Reino Unido (18,6%), Grecia (18,5%), Portugal (17,3%), Suecia (16,4%), Alemania (16%), Irlanda (14,9%), Francia (13,4%), Holanda (13,3%), Dinamarca (12,7%), Finlandia (12%) y República Checa (9,6%), según Eurostat.

Esta pobreza monetaria no alcanza a todos los españoles por igual sino que se ceba en algunos colectivos, según el estudio de la EAPN-ES: los parados (el 43,3% son pobres frente al 20,7% de media en España), las familias monoparentales (un adulto con niños, sobre todo mujeres: 41,4% son pobres), los inmigrantes europeos (42,1% pobres) y sobre todo de fuera de la UE (50,2% pobres), los menores de 16 años (el 27,16% viven en familias pobres), los jóvenes de 16 a 29 años (26,5% pobres), los discapacitados (23,8% son pobres), los que tienen sólo estudios primarios (26,5% pobres) y sólo la ESO (24,9%), además de las mujeres: un 21,1% son pobres (5.052.251) frente al 20,2% los hombres (4.644.013 eran pobres en 2019). En general, las familias con niños, con poca formación y contratos precarios que viven en las ciudades son el epicentro de la pobreza en España. Y en el sur (28,4% de pobreza) más que en el norte (14,7%), en especial en Ceuta (40,6% de pobreza), Melilla (55,7%), Extremadura (31,5%), Andalucía (31,3%), Canarias (28,5%) y Murcia (27,7%), mientras apenas hay pobreza en Navarra(7,7%), País Vasco (10%) y Baleares (12%). 

Dentro de esta tremenda bolsa de pobreza, hay dos grupos especialmente vulnerables. Uno son los que sufren la pobreza severa: las personas que ingresan menos del 40% de la media, que ganan menos de 6.006 euros al año (menos de 500 euros al mes), los solteros, y menos de 12.600 euros al año (menos de 1.050 euros al mes), las familias con 2 niños. En 2019 eran 4,3 millones de personas en España, casi la mitad de todos los “pobres monetarios” y el 9,2% de la población española (eran el 7,4% en 2008), según la Red Europea contra la Pobreza (EAPN-ES). Son 938.900 pobres severos más que en 2008, sobre todo parados, madres con niños e inmigrantes.

El otro colectivo especialmente vulnerable son los niños. La pobreza infantil alcanzaba en 2019 al 27,4% de los menores de 18 años, 2,2 millones de niños y adolescentes (entre 14 y 18 años la sufren más), según EAPN-ES.  Somos el tercer país europeo con más pobreza infantil, tras Rumanía y Bulgaria. Y la mitad, además, sufren pobreza severa (viven en hogares que ingresan menos del 40% de la media española). Esta pobreza infantil se concentra en las familias monoparentales (sobre todo mujeres solas con niños), familias numerosas, inmigrantes y parados, especialmente en las ciudades más pobladas (donde se registra el 49,2% de toda la pobreza infantil). Estos “niños pobres” sufren las carencias de sus padres y otras en su educación: el 22,8% no pueden comprarse ordenador, el 5,3% no tienen Internet en casa y sus calificaciones son peores, lo que fomenta que repitan curso, el abandono escolar y penaliza su futuro laboral, según el informe PISA.

Si España lleva creciendo desde 2014 (+15,6% aumentó el PIB hasta 2019) y se han creado 3 millones de empleos, ¿Por qué tenemos más pobres que en 2008? La razón es que la riqueza creada se ha distribuido de forma desigual y los más pobres son los que menos se han beneficiado de la recuperación. Así, el informe de la Red Europea de la Pobreza revela que el 25% de españoles más pobres han ganado +92 euros de renta por persona entre 2008 y 2019 (+2,3%) mientras el 25% más rico han ganado +1.822 euros de media (+8,9%) y el 50% de clase media restante ha aumentado su renta un 10%. Pero si tenemos en cuenta que parte de esa mejoría de renta “se la ha comido la inflación” (+12,7% de subida entre 2008 y 2019), en realidad todos los españoles tienen hoy menos ingresos reales que en 2008, antes de la otra crisis: 11.680 euros por persona (2019) frente a 10.737 euros (2008), que se quedan realmente en 10.091 euros en 2019 descontado la inflación, un -6%. Una pérdida de poder adquisitivo que es mayor entre el 25% de españoles con menos ingresos (-11,6%) que entre el 25% más rico (-5,9%) y también que entre el 50% intermedio (-4,5 al -5,5% de pérdida de poder adquisitivo desde 2008), según el estudio de la EAPN-ES.

Por eso tenemos hoy más pobres, porque la recuperación ha estado mal repartida y se la ha comido la inflación. Pero además, los pobres de hoy lo son más que los de 2008, porque ha aumentado la llamada “brecha de la pobreza”: el dinero que necesita un pobre para dejar de serlo. En 2019, a la media de los pobres españoles les faltaban 2.622 euros de ingresos anuales para “salir de la pobreza”, 474 euros más de lo que necesitaban para salir en 2018 (2.148 euros). Ahora, en 2019, el porcentaje que un pobre necesita para salir de la pobreza es del 29,1% de sus ingresos medios mientras que en 2008, podía salir de pobre aumentando sus ingresos “sólo” un 25,6%. En resumen, hay más pobres que antes de la crisis y además son más pobres, necesitan más ingresos adicionales que entonces para salir de la pobreza.

Mucha gente no se cree que haya “tantos pobres”, porque identifica pobreza con miseria y cree que pobres son sólo los que piden en los semáforos. Pero pobres son los que ganan menos del 60% de la media del país y eso les pasa a 9,6 millones de españoles. Y además, en la última década, la pobreza se ha ampliado a personas que nunca pensaron en ser pobres, se ha generalizado y alcanza ya a “muchas personas que tenemos cerca”, a nuestros vecinos, como revela la Encuesta hecha por EAPN-ES a 7.000 pobres: la mayoría son españoles (el 78,3%), adultos (27,7% entre 45 y 64 años), con un nivel educativo medio y alto (el 38,5% de los pobres, incluso un 16% son universitarios), que trabajan (un 33% de los pobres tienen empleo) y que viven en grandes ciudades (45,4% de los pobres) y zonas rurales (el 30,4%). Un retrato robot de “los nuevos pobres”, que tienen una renta media de 3.810 euros anuales (2019), 3,6 veces menos que la renta media de “los no pobres” (13.729 euros). Y que tienen un serio problema para llegar a fin de mes, hacer compras y pagar recibos, calentar su vivienda y pagar el alquiler, según esta Encuesta. Y que sobreviven gracias a que piden ayuda a familia o amigos (el 21,4%) y a las ONGs (el 12,3%).

Esta era la fotografía de la pobreza en España a finales de 2019. Hoy, con la pandemia, será mucho peor, como atestiguan las ONGs y las colas del hambre. Y lo peor es que la COVID 19 se ha cebado en las personas más vulnerables, en los más pobres, en España y en los demás paises: el mayor porcentaje de contagios se ha dado en los barrios más pobres, entre familias que viven hacinadas, que no pueden teletrabajar y que en muchos casos no pueden cumplir la cuarentena porque trabajan en la economía sumergida. Por todo esto, lo que pasa no es sólo que aumente la pobreza con la pandemia sino que se enquista entre los colectivos más pobres: familias con niños, parados e inmigrantes.

A nivel mundial, la pobreza aumentará entre 88 y 115 millones de personas en 2020, según el Banco Mundial, por primera vez tras 20 años bajando la cifra de pobres en el mundo (643 millones en 2019). Y aumentará en otros 150 millones de personas en 2021. Lo peor estará en Africa (hay 55 millones de personas pasando hambre extrema en Yemen, Congo, Nigeria, Burkina Faso, Sudán del Sur y Somalia, además de Afganistán, según ha alertado Oxfam Intermón), aunque también en Latinoamérica y Asia, sin olvidar Europa, donde la Comisión Europea advierte que “ha aumentado la pobreza”. En España, Oxfam Intermón estima que la COVID 19 ha aumentado la pobreza monetaria en 1.100.000 personas en 2020, del 20,7% de la población al 23,07%. Tendríamos así 10.942.331 pobres, la peor cifra desde el final de la Guerra Civil. Y podrían ser más en 2021, si se reducen las ayudas a familias, ERTEs y parados y aumentan los despidos y cierras de empresas.

Además, tenemos otro problema adicional: España es el país europeo que más sufre la pandemia y sus efectos, el que tendrá este año la mayor recesión entre los paises occidentales, según el FMI: -12,8% de caída del PIB, frente al -4,4% de media mundial, el -8,3% la zona euro, el -10,6% de Italia, el -9,8% de Reino Unido y el -8,8% de Francia pero sólo el -6% que caerá el PIB en Alemania, el -5,4% en Holanda, el -4,7% en Suecia, el -4,5% en Dinamarca el -4% en Finlandia. A lo claro: la Europa rica del norte sufrirá la mitad de recesión por el COVID. Y, en consecuencia, serán después comparativamente más ricos que ahora, donde ya tienen, en 2019, un 130% de la renta media UE (Holanda) o el 123% (Alemania) frente al 91% que tiene España. El FMI estima que España bajará en el ranking mundial de riqueza por habitante en 2020 del puesto 34 al 39. Y en Europa (UE28) bajaremos del 14º al 17º país más rico: nos superarán, además de los 13 paises de antes (Luxemburgo, Irlanda, Dinamarca, Holanda, Austria, Alemania, Suecia, Bélgica, Finlandia, Francia, Reino Unido, Malta e Italia) otros 4 paises nuevos: República Checa, Chipre, Lituania y Eslovenia. Tras la COVID 19, seremos aún más pobres respecto a Europa.

¿Qué se puede hacer contra esta pobreza que afecta a tantos españoles? Lo primero es salir de la recesión, reconstruir el país y mantener el tiempo que haga falta las ayudas a familias, trabajadores y empresas, como insisten el FMI y la Unión Europea, cueste lo que cueste. “Si se retiran antes de tiempo las ayudas, se puede provocar una oleada de quiebras y desempleo”, reiteraba la semana pasada la directora gerente del FMI. Y en paralelo, hay que avanzar en el Plan de recuperación, con el que el Gobierno pretende invertir 772.000 millones en 2021-2023 con dinero de Bruselas, que podrían movilizar hasta 500.000 millones de dinero público y privado en los próximos años. Y crear así 500.000 empleos.

Pero para luchar contra la pobreza no basta con crecer y crear empleo, como recuerda la Red Europea contra la Pobreza, a la vista de la experiencia de la última década: tenemos 1 millón más de pobres que en 2008 a pesar de la recuperación. Hay que redistribuir, concentrando las ayudas en los colectivos más vulnerables (prioridad: agilizar el cobro del ingreso mínimo vital). Y actuar en varios frentes. El primero, aumentar el gasto social y hacerlo más eficaz. España gasta menos que la mayoría de Europa (un 16,9% del PIB frente al 18,65 de media en la UE-28, un 19,4% en Alemania o un 23,4% en Francia) en sanidad, educación, ayudas sociales y a familias o pensiones, en todo menos en paro, según Eurostat (2018). Y además de gastar poco, lo gastamos mal, porque las ayudas benefician porcentualmente más a las familias con ingresos medios y altos, según el FMI: el 40% de las familias más pobres reciben el 30% de las ayudas sociales. De hecho, la OCDE dijo que de sus 34 paises, sólo Grecia, Portugal e Italia hacen una política social peor que España. Además, hay que apoyar a las familias pobres con políticas activas de formación y empleo, con apoyos a la enseñanza de sus hijos y con ayudas a la vivienda (el pago del alquiler se lleva casi la mitad de los ingresos de las familias pobres) y al pago de luz, agua y gas.

Pero todas estas ayudas a los más pobres exigen poder sacar más recursos de algún lado y ese dinero sólo puede venir de los impuestos. Ojo, no lo dicen sólo los partidos de izquierdas, el Banco de España y muchos expertos: el pasado 14 de octubre, el FMI pidió a los paises subir los impuestos a los más ricos y a las empresas rentables, para pagar la factura de esta crisis. Este organismo, que en su día defendió la austeridad, propone ahora seguir gastando y pide que los que más tienen contribuyan a compensar a los más vulnerables. No hay otro camino. Porque no podemos reconstruir el país dejando a 1 de cada 4 ciudadanos atrás. No es una cuestión de caridad, sino de pura necesidad, porque la pobreza es un cáncer social, económico y político. Hay que cortarla de raíz.