Los retos económicos del Gobierno Sánchez

El nuevo Gobierno Sánchez empieza a trabajar y su gran reto no será la amnistía sino afrontar una economía española que crece menos y una economía europea estancada, con 10 paises decreciendo. Su estrategia “socialdemócrata” busca crecer y repartir la riqueza, con ayudas a familias, empresas y modernización de la economía, para que sea más verde y digital. Problema: con poco crecimiento (1,7% en 2024), será difícil recaudar y gastar más, porque Bruselas exige reducir el déficit público, lo que obliga a ajustar gastos (-15.000 millones), máxime con una derecha europea radicalizada ante las elecciones UE (junio 2024). El Gobierno tendrá difícil cuadrar los Presupuestos 2024 y reforzar a la vez el Estado del Bienestar (sanidad, educación, Dependencia, vivienda) sin tocar impuestos (exigiría una reforma fiscal). La clave será contener la inflación y mantener el consumo familiar (subiendo salarios por mejoras de productividad). Y gastar bien los Fondos europeos. Que la economía y el empleo se mantengan, para poder gastar en lo mucho que hace falta. Suerte. 

                 Enrique Ortega

La situación económica no va a ayudar al Gobierno Sánchez en esta Legislatura. Por un lado, la economía española va a crecer mucho menos este año (+2,4%) y sobre todo en 2024 (+1,7%)  de lo que creció en los dos últimos años, en 2021 (+6,4%) y 2022 (+5,8%). Y por otro, el nuevo Gobierno echa a andar con una economía europea estancada, que apenas va a crecer en 2023 (+0,6%) y con 10 paises europeos cuya economía caerá esta año: Alemania (-0,3%), Austria (-0,5%), Luxemburgo (-0,6%), Suecia (-0,5%), Irlanda (-0,9%), Estonia (-2,6%), Letonia (-0,2%), Lituania (-0,4%), República Checa (-0,4%) y Hungría (-0,7%), según la Comisión Europea. Y en 2024, la economía europea apenas mejorará: crecerá un +1,3% (menos de la mitad del 3,4% que creció en 2022).

Esta debilidad en el crecimiento de España y Europa complicará la política económica del Gobierno Sánchez, cuya estrategia “socialdemócrata” se basa en “crecer para recaudar y redistribuir”: su objetivo es crecer y crear empleo y riqueza, para después, con los impuestos, poder dedicar recursos públicos a reforzar el Estado del Bienestar y a modernizar la economía. El problema es que si se crece menos, se recauda menos y resulta más difícil gastar en sanidad, educación, pensiones, dependencia o en el ajuste energético y digital de la economía. La otra estrategia ya la conocemos, de la crisis financiera y Rajoy, los ajustes: se crece menos, se ingresa menos y se recortan gastos públicos, desde la sanidad a las pensiones.

El primer reto del nuevo Gobierno va a ser la aprobación de los Presupuestos para 2024. La clave serán los gastos. La elaboración de las cuentas públicas se hace al revés: primero analizar cuántos gastos son ineludibles, luego ver qué ingresos se pueden conseguir y a la vista del déficit que resulta, ver cómo conseguir más ingresos o qué gastos hay que recortar para cuadrar las cuentas. Este año, como los anteriores, un tercio del gasto público será para pagar las pensiones (casi 200.000 millones), donde el Gobierno tiene poco margen, porque tienen que subir, por Ley, lo que la inflación (un +3,8% previsto hasta noviembre). Otro gasto fijo son los sueldos de los funcionarios (+2% y un 0,5% adicional).Y un tercer gasto obligado son los intereses de la deuda pública, una factura disparada por la subida de tipos (habrá que pagar 39.078 millones, frente a 26.805 millones en 2021).Y a partir de ahí, analizar qué margen queda para el resto del gasto social (Sanidad, Educación, Dependencia, ayudas sociales), vivienda e inversiones públicas. Con un dilema: si se mantienen las ayudas contra la inflación a familias, sectores y empresas (rebaja impuestos energía y alimentos más ayudas directas), que cuestan 15.000 millones anuales.

Analizados los gastos, habrá que ver los ingresos, con un problema: no se pueden aprobar nuevos impuestos ni una reforma fiscal (necesaria), porque eso exigiría aprobar una Ley previa. Así que se mantendrán los impuestos como están, incluyendo en 2024 el impuesto extraordinario a las energéticas y bancos  (2.908 millones recaudados en 2023) y el impuesto a las grandes fortunas (623 millones). Y todo apunta a que la recaudación de Hacienda no crecerá tanto en 2024, al crecer menos la actividad y el empleo. En 2022 se pudo gastar más, porque hubo un récord de recaudación (255.000 millones, +14,4%), pero en 2023 (el PIB crece casi un tercio) la recaudación crece menos (+5,1% hasta junio) y crecerá todavía menos en 2024 (con un PIB menos y la mitad de empleos nuevos).

Vistos los gastos ineludibles y los ingresos posibles, el Presupuesto 2024 tiene una espada de Damocles: el déficit público (gastos-ingresos) no puede superar el 3% del PIB, porque Bruselas ha advertido que en 2024 vuelven las reglas fiscales, tras la “tregua” por  la pandemia  y Ucrania: un déficit público máximo del 3% (España cerrará 2023 con un 4,1%) y una deuda que no supere el 60% del PIB (España cerrará con el 106,5%). Así que España tendrá que recortar el déficit del 4,1% al 3%: eso son 15.000 millones de ajuste (o menos gastos o más ingresos o ambas cosas). El Gobierno Sánchez, en un primer borrador de las cuentas para 2024 (enviado en octubre) se comprometió con Bruselas a bajar el déficit al 3% del PIB, pero la Comisión Europea no se lo cree y prevé que sea del 3,2%. Tiene dos opciones: o pedir un recorte adicional (-0,2% serían -2.820 millones de ajuste) o “hacer la vista gorda”, dado que otros paises grandes tampoco van a cumplir  (estiman que el déficit de Francia e Italia será del 4,4% del PIB en 2024 y el de Bélgica el 4,9% de su PIB).

En definitiva, el Gobierno Sánchez tiene que hacer “encaje de bolillos” para contener los gastos, recaudar más y reducir el déficit a la vez. La clave va a estar en la marcha de la economía: si crece poco y pincha el empleo, será difícil recaudar más y poder gastar. El Gobierno apuesta por crecer un 2% en 2024 y crear 284.877 empleos (frente a 438.028 en 2023), pero tanto la Comisión Europea como el FMI apuestan por un crecimiento menor (+1,7%), que incluso la OCDE rebajó en octubre (+1,5%). De ser así, las cuentas 2024 no saldrían, porque se recaudaría menos (y habría que gastar más en ayudas).

Este es el gran reto económico del Gobierno para 2024 toda la Legislatura: crecer para poder gastar y redistribuir. Y a partir de ahí, ver si puede afrontar el otro gran reto: consolidar el Estado del Bienestar (frente al PP y Vox, que defienden  privatizar y recortar servicios), Eso exige recursos y gestión, pero sobre todo negociar con las autonomías (11 gobernadas por la derecha) que gestionan y financian (también con transferencias del Estado) la mayoría de servicios públicos. En Sanidad, el gran reto es recortar las listas de espera, que han batido récords en junio: 819.964 españoles esperan para operarse (112 días de media) y 79 de cada 1.000 pacientes esperan para ir al especialista (más de 60 días el 51,6%). Y además, mejorar la atención primaria y las urgencias, implantando un Plan de Salud Mental, que exige triplicar el número de psicólogos. En Educación, las prioridades son reducir el abandono escolar y los alumnos por aula, crear 300.000 plazas públicas en Formación Profesional y la inclusión de todos los niños de 0 a 3 años en centros públicos. Y en Dependencia, forzar a las autonomías a dedicar más recursos, junto al Estado, para reducir las listas de espera, que han aumentado en octubre (a 189.546), provocando que mueran 123 Dependientes cada día sin ayudas. Y extender el ingreso mínimo vital (alcanza ya a 2 millones de beneficiarios), pero sobre todo, que las autonomías no lo aprovechen para reducir sus rentas mínimas (como hacen Madrid y otras).

Dos retos claves para consolidar el Estado del Bienestar son poner orden en los impuestos y reformar el sistema de financiación autonómica. A pesar de las quejas de algunos, España sigue recaudando menos ingresos públicos que la mayoría de Europa: el 42,8% del PIB frente al 45,7% de media UE-27, el 46% en Alemania, el 46,8% en Italia y el 52,8% en Francia, según la Comisión Europea. A lo claro: España recauda 40.890 millones menos cada año que la media europea. Y eso sucede porque algunos pagan menos impuestos, sobre todo las grandes empresas y bancos, multinacionales y grandes fortunas, además de las numerosas exenciones en IVA e IRPF. Así que si queremos tener mejores servicios públicos, habrá que hacer una reforma fiscal para conseguir recaudar más, para que paguen esa minoría que hoy evade o elude impuestos. Hay un Libro Blanco de propuestas de expertos, entregado en marzo de 2022, que podría ser el punto de partida para esa necesaria reforma fiscal.

Y también está pendiente, desde 2014 (la prometió Rajoy), la reforma del sistema de financiación autonómica, fijar un nuevo mecanismo para financiar las autonomías y sus servicios públicos. El sistema actual, según un estudio de FEDEA, beneficia a Cantabria, la Rioja, Extremadura, Canarias y Castilla y León. Y perjudica a Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Andalucía y Baleares (cada balear recibe 2.296 euros, frente a 3.533 euros cada cántabro). Ahora, la reforma debería cambiar el peso de las distintas variables (población, renta, coste servicios públicos…) para hacer más justo el sistema de financiación.

En paralelo a esta reforma, difícil con la mayoría autonómica del PP, habrá que negociar la quita (“perdón”) de parte de la deuda autonómica, propiciada por haber incluido en el pacto de investidura la quita de 15.000 millones de deuda a Cataluña. La ministra de Hacienda ha reiterado que “habrá quita para todos”: el Estado asumirá 88.000 millones de los 191.747 millones de deuda autonómica que asumió el Estado (FLA) en 2012 (Rajoy), porque no conseguían financiarse. La autonomía más beneficiadas por esta “quita” de deuda sería Andalucía (-16.437 millones, el 64,7% de su deuda con el Estado), no Cataluña (-15.000 millones, el 20,5% de la deuda), seguidas de Madrid (no tiene deuda con el Estado, pero se le transferirán 12.979 millones para reducir su deuda privada), Comunidad Valenciana (-9.750 millones, el 20,2% de su deuda con el Estado), Galicia (5.757 millones, el doble de su deuda), Castilla y León (5.125, el doble de su deuda), Canarias (quita de 4.385 millones, el triple de su deuda), Castilla la Mancha (4.205 millones, el 37% de su deuda total), las 8 autonomías a las que se va a perdonar más deuda (6 del PP), aunque la quita será para todas.

Otros temas que protagonizarán esta Legislatura serán los retos laborales. El primero, un “escaparate” para la vicepresidenta Yolanda Díaz, será la subida del salario mínimo vital, que está en 1.080 euros (tras subir +47% desde 2018). La patronal quiere que suba sólo un 3% en 2024 (+32 euros mes) y otro 3% en 2025 (+33 euros), pero los sindicatos piden subirlo a 1.200 euros ya (+11%). El Gobierno tomará una decisión salomónica y podría subirlo en diciembre un 3,8% (la  inflación media anual prevista para noviembre), 41 euros (a 1.121 euros).

Pero hay más temas laborales pendientes. Uno clave es la reforma del despido, porque PSOE y Sumar pactaron en su programa de Gobierno “endurecer” las causas de los despidos (que han aumentado tras el fin de la COVID), lo que preocupa mucho a la patronal, porque cree que “encarecería el despido” en el futuro, dificultado la contratación. Otro tema pactado con Bruselas es la reforma del seguro de desempleo (somos el 2º país europeo que más gasta, tras Francia), para incentivar a los parados a reconvertirse, formarse y buscar trabajo. Y también está pendiente el Estatuto del Becario y la reforma de la jubilación parcial, para que los mayores trabajen menos horas y den paso a los jóvenes. Y urge aprobar  Planes de empleo para jóvenes, mujeres y mayores si el Gobierno quiere conseguir el pleno empleo (8% de paro frente al 11,84% actual). Con todo, “la medida estrella” de esta Legislatura será la prometida reducción de la jornada laboral, de 40 horas a 37,5 horas (2025). Además, Yolanda Díaz quiere aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (de 1980, aunque se ha retocado muchas veces), que incluya el trabajo digital, la transición verde, la participación de los sindicatos en las empresas o la representatividad empresarial.

Y quedan otros retos importantes, aunque menos mediáticos. Como afrontar el grave problema de la vivienda, con precios disparados del alquiler, por falta de un parque de viviendas públicas (y una baja promoción privada). La preocupante situación de los jóvenes, con un altísimo paro (27,82%) y un empleo precario y mal pagado, que, junto a los alquileres imposibles les obligan a vivir con sus padres (al 66% de los que tienen entre 18 y 34 años, frente al 49% en Europa). Y una mayor atención a las familias, para facilitar la conciliación laboral, los cuidados y los nacimientos, porque la demografía es uno de los grandes retos del siglo XXI: el año pasado nacieron 329.251 niños, 125.397 menos que en 2012. Y no podemos olvidar el otro gran reto de este siglo, la lucha contra la emergencia climática, una de las prioridades de este Gobierno, que debe avanzar en las energías renovables (poniendo orden a la actual burbuja) y en la reforma del mercado eléctrico aprobada por Europa. Otro gran reto (objeto de un nuevo Ministerio) es la digitalización de la economía y la Inteligencia artificial (para la que se aprobará un Reglamento europeo antes de fin de año). Y también es clave la reindustrialización de España, avanzar en las nuevas industrias (baterías, coches eléctricos, hidrógeno verde, nuevas energías, chips, datos…) donde España debe buscar su lugar en el mundo y asegurar así el crecimiento y el empleo del futuro.

Por retos y tareas no será. Retos económicos que deben apoyarse en una mejora de la formación de los españoles y en una cooperación de la inversión pública y privada, para aprovechar el tirón de los Fondos europeos. Y que debería contar con la colaboración de autonomías, instituciones y políticos de todo signo, porque nos jugamos el futuro de España y de los españoles, nuestra competitividad, empleo y nivel de vida. Todos estos retos sí son importantes y deberían unirnos, por encima de la amnistía. El dilema sigue siendo el mismo que hace años: avanzar o retroceder. En España y en Europa.

Por qué empresas temen Gobierno de izquierdas

La respuesta es sencilla: porque saben que van a pagar más impuestos. Algunas empresas estudian adelantar este año el pago de dividendos previsto para 2020. Y hay fortunas que analizan si cambiar su SICAV a Luxemburgo. No es un tema ideológico, sino de datos: grandes empresas, multinacionales y los más ricos pagan pocos impuestos en España. Las grandes empresas pagan un 6,25% sobre beneficios, los grandes bancos un 2,68% y las grandes constructoras un 1,9%, según indica la Agencia Tributaria. Las 10 grandes multinacionales (de Google a Amazon) pagan sólo 29,5 millones de impuestos en España. Y dos tercios de los 611 multimillonarios españoles no pagan ni 1 euro de patrimonio. Mientras, el 95% de españoles pagamos religiosamente. Al final, España recauda 73.703 millones menos cada año que Europa. Y por eso, tenemos más déficit y menos gasto social. Así que el Gobierno está obligado a  recaudar más si quiere gastar más y rebajar el déficit como exige Bruselas. Subir impuestos al 5% del país o hacer más recortes a la mayoría. Elijan.

enrique ortega

España lleva creciendo año tras año desde 2014, pero la recaudación de impuestos apenas ha mejorado: hasta 2018 (208.685 millones ingresados) no se ha superado ligeramente la recaudación fiscal de 2007 (200.676 millones). Y eso ha sido posible gracias a que las familias y contribuyentes hemos pagado más por el IVA (+14.326 millones en 2018 que en 2007), en la Renta (+10.245 millones) y en los impuestos especiales sobre carburantes, tabaco y alcohol (+742 millones), porque las empresas pagan ahora casi la mitad que antes de la crisis en el impuesto de sociedades: 24.838 millones pagados en 2018 frente a 44.823 millones pagados en 2007.


Podría pensarse que las empresas pagan casi la mitad de impuestos porque no acaban de despegar, porque sus beneficios no se han recuperado. Pero no es así: los beneficios empresariales han aumentando un 13,7%, pasando de 450.170 millones ganados en 2007 a 511.842 millones en 2018, según los datos del INE. De hecho, la propia Agencia Tributaria acaba de publicar que los beneficios empresariales pasaron de 100 a 112,9 mientras el impuesto pagado por las empresas pasaba de 100 a 69,2. Así que, ganan más y pagan menos. Eso es posible porque se ha bajado el tipo del impuesto de sociedades (Zapatero lo bajó del 35% al 30% en 2007 y Rajoy al 25% en 2016) y porque se han multiplicado las exenciones y deducciones fiscales, con lo que pagan menos que ese 25%.


¿Cuánto? La Agencia Tributaria acaba de publicarlo: un 21,59% de tipo efectivo, un 19,57% los grandes grupos empresariales y un 19,76% los bancos. Pero es el porcentaje que pagan sobre la base imponible (la cantidad sobre la que se aplica el impuesto). Si se calcula lo que pagan las empresas sobre sus beneficios, el dato oficial es muy llamativo: las grandes empresas pagan un 6,25% de lo que ganan, los grandes bancos el 2,68% y las grandes constructoras un 1,9%. Bastante menos que las pymes (pagan el 18,37% de sus beneficios) y que la mayoría de contribuyentes (15% de tipo efectivo). Eso se debe a las múltiples exenciones y desgravaciones que disfrutan: 3.453 millones de beneficios fiscales en 2018, según la Memoria de los Presupuestos. Son ahorros “legales”, a los que sumar los ahorros derivados de la “ingeniería fiscal” ideada para eludir impuestos. Incluyendo la creación de sociedades en paraísos fiscales: las 35 empresas del IBEX tienen ahí 805 filiales, a través de las que desvían 13.000 millones de ingresos, lo que supone para Hacienda una pérdida de 3.250 millones anuales, el 13% del impuesto de sociedades, según Intermón Oxfam. 


Las multinacionales pagan todavía menos impuestos, tanto en Europa como en España. Cada año desvían 13.500 millones de ingresos de España a otros paises, con lo que Hacienda pierde 2.600 millones de ingresos, un 13% de la recaudación de sociedades, más que el conjunto de Europa (pierden el 9% de la recaudación), según un estudio del economista Gabriel Zucman. Las grandes multinacionales “eluden” impuestos facturando ingresos a otros paises (Google factura en España a través de su filial en Irlanda), pagando “royalties” a filiales en paraísos fiscales (caso de Inditex a través de Luxemburgo o Facebook España a través de Irlanda), comprando productos más caros a filiales (caso de Apple) o pagando intereses de supuestos préstamos a filiales de terceros paises.


El resultado es que las 10 grandes multinacionales tecnológicas que operan en España (Amazon, Apple, Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Airbnb, HBO, Netflix y Tripadvisor) pagaron en 2018 sólo 29,52 millones en impuestos, un 9,6% menos que el año anterior, a pesar de que facturaron un 37,3% más, según sus propias cuentas. Eso significa que estas multinacionales pagan, en conjunto, un 2,13% de impuestos sobre su “teórica” facturación en España (que en realidad es mucho mayor, porque desvían ingresos).Como curiosidad, Apple pagó 10,1 millones de impuestos en España (2018), Google 6,89 millones, Amazon 3,76, Facebook 860.000 euros, Twitter 110.000 euros, Airbnb 90.000 euros y Netflix... 3.246 euros (menos que muchos de sus clientes españoles).  

El tercer grupo que apenas paga impuestos son los más ricos y los inversores. Empezando por estos, el cobro de dividendos paga del 19% al 23% (si reciben más de 50.000 euros), lo mismo que las ganancias con los fondos de inversión o por la venta de acciones. Un porcentaje que es inferior al que pagan los que viven de un trabajo, que pagan un tipo del 19 al 45% (48% en Cataluña o Andalucía). Y en el caso de las grandes fortunas, muchos declaran impuestos a través de sociedades (con lo que pagan la mitad o menos que si declararan sus ingresos como el resto de españoles) o a través de las SICAV, unas sociedades que sólo tributan el 1% de sus beneficios anuales y donde sus miembros pagan impue4stos sólo cuando venden y obtienen plusvalías (al 23%, mucho menos que el máximo del 45% del IRPF).


Y a la hora de pagar el impuesto sobre el patrimonio, muchas grandes fortunas no pagan nada. El dato es contundente: de los 611 españoles superricos,  que tienen más de 30 millones de patrimonio, dos tercios (406) no pagan nada, porque residen en Madrid, que bonifica el 100% del impuesto sobre el patrimonio (y con ello, deja de ingresar 995,6 millones al año, lo que conlleva que es una de las autonomías con menos gasto social). Además, si tomamos a los ricos en general, lo que pagan en impuestos depende mucho de dónde viven: en Canarias, Castilla y León, Castilla la Mancha y Galicia, los que tienen un patrimonio de 15 millones pagan 273.770 euros, mientras que esos mismos ricos pagarían 375.790 euros o 418.155 si vivieran en Baleares o Extremadura, según el Consejo de Economistas.


Estos tres grupos de contribuyentes (grandes empresas, multinacionales y los más ricos e inversores), que pagan bastante menos que la mayoría de españoles, explican en buena medida un hecho: que España sea el 7º país europeo que menos recauda por impuestos, el 38,9% del PIB, sólo por detrás de Irlanda (25,8% del PIB), Rumanía (32%), Lituania (34,7%), Bulgaria (36,8%), Letonia (37,5%) y Malta (38,8%), muy por debajo de la media europea (la UE-28 recauda el 45% del PIB en 2018), según Eurostat. Eso significa, a lo claro, que España recauda 73.703 millones menos cada año que la media europea. No tenemos que recaudar más porque haya un Gobierno de izquierdas, sino para equipararnos a Europa.


El problema es que España recauda menos en todos los impuestos: en Renta (somos el 3º país europeo que menos recauda: un 7,5% del PIB frente al 10% de media en la UE-28, el 9% de Francia o Alemania, el 12% de Italia o el 27% de Dinamarca), en IVA (recaudamos 23.400 millones menos que la media europea, según la Comisión), en Sociedades (recaudamos el 2,3% del PIB frente al 2,5% que recauda la zona euro, con 3.453 millones de beneficios fiscales a las empresas en 2018), en impuestos sobre alcohol, tabaco y carburantes (ingresamos el 2,5% del PIB frente al 2,3% de media en la UE y el 3% en Dinamarca, Finlandia, Reino Unido o Grecia), en impuestos verdes (recaudamos 3.000 millones menos que la media europea) y hasta con las herencias (-3.250 millones menos que Europa).


La consecuencia de que España ingrese menos es doble: también gastamos menos y aún así tenemos más déficit público (2,5% del PIB frente al 0,6% en la UE-28). El gasto público en España fue en 2018 del  41,3% sobre el PIB, frente al 45,6% de media en la UE-28, según Eurostat. Eso significa, a lo claro, que gastamos 51.954 millones menos al año que la media de los europeos, lo que se traduce en una caída de las inversiones públicas y del gasto social. De hecho, España es el país europeo (entre los grandes) que más ha reducido su gasto social en los últimos 5 años y uno de los que lo tiene más bajo: el 23,4% del PIB en 2017, frente al 27,9% de media que gasta Europa (UE-28), el 34,1% que gasta Francia (13.100 millones más al año en términos comparables), el 29,7% de Alemania, el 29,1% de Italia o el 26,3% del PIB que gasta Reino Unido en temas sociales (desde pensiones a educación, sanidad o ayudas a vivienda y familias), según Eurostat.


Ahora, la Comisión Europea acaba de dar “un toque de atención” a España: tiene que reajustar las cuentas, porque en 2019 han subido los gastos pero no los ingresos (al no conseguir el Gobierno Sánchez sacar adelante su Presupuesto, que contemplaba subidas de impuestos). Así que en 2019 no se reducirá el déficit lo previsto (Bruselas dice que será del 2,3% del PIB en vez del 2% que preveía el Gobierno) y en 2020 seguirá en el 2,2% (no en el 1,7% que prometió el Gobierno). Eso significa que Europa pide a España un ajuste en las cuentas públicas, de 6.500 a 10.000 millones en 2020. 


Se puede discutir este “aviso” de Bruselas (no es tan “grave” que un país con el doble de paro tenga unas décimas más de déficit) o mejor “acatarlo”, para que los mercados no se pongan nerviosos, porque tenemos que financiar 1,2 billones de euros de deuda pública. En este caso, el próximo Gobierno sólo tiene 2 caminos: hacer más recortes o recaudar más. Dado que hacen falta más recursos para todo (sanidad, educación, pensiones, gasto social,  vivienda, tecnología, modernización de la economía y tantos retos más), lo más lógico parece intentar recaudar más, en línea con Europa. Y eso pasa, de entrada, porque paguen más impuestos los que pagan menos, como ya hemos visto: grandes empresas,  multinacionales, los más ricos y los inversores que viven de dividendos, fondos y acciones. No tocar los impuestos al 95% de españoles que ya pagamos bastante.


El preacuerdo de Gobierno firmado por el PSOE y Podemos señala textualmente que “el Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva, que nos acerque a Europa y se eliminen privilegios fiscales”. No concretan más, pero todo el mundo lee entre líneas que subirán los impuestos. ¿Cuáles? En la campaña electoral no lo han dicho (¿para no asustar?), pero todo apunta a que seguirán el camino abierto en el fallido Presupuesto para 2019, donde contemplaban recaudar 5.654 millones más a través de varios cambios: subir el tipo efectivo y quitar exenciones en sociedades a grandes empresas (+1.778 millones) mientras lo bajaban a las pymes (-260 millones), equiparar el impuesto del gasoil al de la gasolina (+670 millones), subir un 1% el tipo impuesto patrimonio (+339 millones), subir el tipo del IRPF a los que ganen más de 140.000 euros (+328 millones), implantar una tasa Google del 3% a las multinacionales (+1.200 millones) y otra tasa Tobin del 0,2% a las operaciones financieras (+850 millones), más un Plan anti fraude fiscal (+828 millones).


Pero ahora, si quiere cumplir con Bruselas y hacer más gasto social, el futuro Gobierno tendrá que ingresar más que esos 5.654 millones extras. Por eso, están pensando en subir del 23 al 27% el tipo máximo que paguen los que cobren más de 50.000 euros en dividendos o venta de fondos y acciones, lo que ya ha hecho que algunas empresas se planteen adelantar el pago de dividendos de enero de 2020 a este año. También estudian homogeneizar el pago del impuesto de patrimonio y sucesiones, que quieren liquidar las autonomías gobernadas por el PP y Ciudadanos (con Vox), para que no se “escapen” las grandes fortunas como en Madrid. Y controlar más las SICAV, que ya estudian si trasladarse a Luxemburgo. Y, a medio plazo, reformar el IRPF (para eliminar deducciones) y el IVA (donde España pierde 23.400 millones de recaudación al año, según la Comisión Europea), además de ingresar más por los impuestos verdes (recaudamos el 1,83% del PIB frente a 2,4% la UE-28).


Oír hablar de subir impuestos pone los pelos de punta a muchos, pero más debería preocuparnos los que prometen bajarlos, porque es el camino seguro a más recortes y a un mayor deterioro del Estado del Bienestar y las pensiones. Hay que recaudar más, al margen de las ideologías: es necesario para equipararnos con Europa y poder gastar como ellos. Y hay que recaudar más con justicia, haciendo que paguen más los que más tienen, que son los que hoy pagan menos, porque tienen bufetes y bancos de inversión que les ayudan a “eludir” impuestos, “dentro de la legalidad". Hay que afrontar este reto, reformar los impuestos, que es “la madre de todos los retos”. Hablemos de impuestos sin miedo. Y que suban los que haga falta. A la gran mayoría no nos debería afectar.

Los retos económicos del nuevo Gobierno

España estrena esta semana un Gobierno bastante solvente que se presenta sólo para unos meses (¿cuántos?). Pero los problemas del país no se resuelven a corto plazo, son de fondo y se han enquistado estos 2 años sin reformas: paro, empleo precario, salarios, pobreza y desigualdad, pensiones, suicidio demográfico, vivienda, sanidad, educación y formación, Dependencia, Ciencia, innovación, reindustrialización, reconversión del turismo, exportación, financiación autonomías, nuevo modelo económico… Urge tomar medidas, las más necesarias, sin politiqueos, apoyadas por una mayoría sensata. Aquí propongo un paquete que costaría 10.000 millones. Y por supuesto, la forma de recaudarlos. Luego, para 2019, pactar un Presupuesto con más reformas y más recaudación. Y así, en mayo o en octubre de 2019 podríamos ir a unas elecciones sin haber perdido un año, con lo más urgente encauzado. Dejen de hacer cálculos políticos a corto y arrimen el hombro, todos, para mejorar ya la vida de ese 70% de españoles que no notan la recuperación. Suerte.

enrique ortega

Rajoy nos ha dejado una economía que crece y crea empleo (precario y mal pagado), gracias sobre todo a la ayuda exterior en estos años (que ahora Sánchez la tiene en contra): bajos precios del petróleo, euro débil, dinero al 0% de interés y una recuperación internacional y europea que han empujado las exportaciones y el turismo. Pero los problemas económicos de fondo siguen ahí, enquistados por no haberlos afrontado desde hace ya dos años, tras las elecciones de 2016. Y ahora, el reto, no de Sánchez sino de España, es afrontarlos desde ya o poner unos parches más hasta las próximas elecciones, justificándose en que el Gobierno es débil (84 diputados) y la oposición ansía poner ya las urnas para llegar a la Moncloa. Otra vez más, confunden lo que es bueno para la economía y la mayoría de españoles (el 70% no notan la recuperación) y lo que es bueno para los políticos.

El primer gran reto de España es el paro. No sólo porque sea el mayor problema de los españoles, según todas las encuestas del CIS, sino porque la cifra es muy preocupante, a pesar del triunfalismo de Rajoy: tenemos 3.796.100 parados estimados por la EPA (y muchos más que ni se animan a buscar trabajo, hoy “inactivos”), el 16,74% de la población en edad de trabajar, más del doble que Europa (7,1% en la UE-28) y cinco veces el paro de Alemania (3,4%), según los últimos datos de Eurostat (abril 2018). Encima, el paro alcanza ya a 1 de cada 3 jóvenes españoles (34,4% de paro entre los menores de 25 años), el doble que en Europa (17,2%) y casi seis veces el paro juvenil alemán (6%). Y por si fuera poco, el paro en España se ha enquistado: la mitad de los parados llevan más de 1 año sin empleo y 700.000 llevan ya más de 4 años parados.

Ante esta situación, urge actuar en dos frentes. Uno, paliar cuanto antes la grave situación de los parados, porque más de la mitad no cobran nada: en abril, 2.026.513 de los parados no cobraban ningún subsidio, el 53,39% de todos los parados estimados por la EPA (3.796.100), según Empleo. Y de los que sí reciben algún subsidio (1.769.587 parados, el 46,61% del total), la mayoría (1.086.088) cobran una prestación asistencial, de sólo 430 euros, normalmente por 6 meses. Además, el problema es más grave en algunas autonomías, especialmente en 5 regiones donde dos tercios (y más) de los parados no cobran nada: Melilla (el 72,33% de los parados EPA no cobran ningún subsidio), Baleares (67,59%), Ceuta (67,35%), Madrid (61,96%) y Murcia (61,39% parados no cobran).

El otro reto, tras ayudarles a sobrevivir, es ayudara los parados a encontrar trabajo. Y eso requiere tomarse en serio la reforma de las oficinas de empleo, que hoy no sirven ni para recolocar a los parados (sólo al 2%) ni para formarles (sólo hacen cursos el 4,12% de los parados) ni para reorientarles profesionalmente  (el 91,3% no reciben orientación personalizada). Y sobre todo, poner en marcha políticas activas de empleo, para ayudar a formarse y recolocar a los parados que lo tienen más difícil: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años. Eso exige incentivos eficaces a la contratación y medidas para fomentar los contratos estables (el 26,10% de los trabajadores tienen contrato temporal, la tasa más alta en Europa, y sólo el 8% de los contratos temporales se hacen fijos), con ayudas fiscales y cotizaciones, mejorando los medios de la inspección de Trabajo (hay 1.800 funcionarios, la mitad de inspectores que en Europa, según la OIT) para evitar el fraude en la contratación y el empleo precario injustificado. Y promover mayores subidas de salarios, ahora que hay beneficios empresariales, para compensar el sacrificio hecho y reanimar el consumo.

El segundo gran reto es la pobreza y la desigualdad, que han crecido con la crisis, a pesar de la recuperación. De entrada, el 70% de los españoles aseguran que “no han notado la recuperación”, según una Encuesta incluida en el Informe FOESSA “Desprotección Social y Estrategias Familiares 2017”, encargado por Caritas. Y es lógico, porque un 70% de la población tiene  menos ingresos que en 2007, según un estudio de Intermón Oxfam presentado en la última Cumbre de Davos. Y eso se debe a que el crecimiento “ha ido por barrios”: así, en el último año, el 1% más rico de españoles captó el 40% de la riqueza creada, mientras el 50% más pobre captó el 7% del crecimiento. Un reparto desigual de la recuperación que ha agravado la desigualdad, convirtiendo a España en el tercer país con más desigualdad de Europa, detrás de Rumanía y Bulgaria. El dato presentado en Davos por Intermón Oxfam es impresionante: el 10% más rico de españoles concentran más de la mitad de la riqueza (el 53,8%) y el 90% restante se lleva el 46,2% del pastel.

La recuperación tampoco ha servido para reducir la pobreza, que ha aumentado en España desde 2007, para alcanzar un récord histórico: hay 12.989.405 españoles en riesgo de pobreza o exclusión social, según la última estadística europea de Eurostat (2016), 1.242.000 más de los que tenían una situación precaria en 2008, según la Agencia Europea contra la pobreza (EARP). Con ello, España se coloca como el 7º país europeo con más pobreza (tasa AROPE) en 2016, con un 27,9% de la población en situación vulnerable, por encima de la UE-28 (23,5%) y sólo por detrás de Bulgaria (40%), Rumanía (38,8%), Grecia (35,6%), Lituania (30,1%), Italia (30%) y Letonia (28,5%), según Eurostat.  Y lo peor es que la pobreza se ha “enquistado” en España, en determinados colectivos y familias, sobre todo en esos 4 millones de españoles que están en la pobreza extrema, según Cáritas. Y lo más sangrante es que 1.400.000 niños españoles son pobres, según Save The Children.

El tercer gran reto es la igualdad entre hombres y mujeres y la demografía. No se trata sólo de la brecha salarial (los hombres ganan un 22,3% más que las mujeres, según los últimos datos del INE) sino de otras “brechas” enormes de las que se habla menos: hay más mujeres inactivas (2.6709.500 más que hombres), menos mujeres trabajando (1.554.600 menos, una tasa de actividad del 57,12% frente al 68,02% los hombres), en peores puestos, más mujeres paradas(18,54% de paro frente a 15,18% los hombres), cobran  menos paro (el 14,06% menos que los hombres) y menos pensión (725,02 euros de media frente a 1.147,98 euros los hombres, otra “brecha” del  -36,85%). Y encima, luego en casa, las mujeres trabajan una media de 26,5 horas a la semana en casa, frente a 14 horas los hombres, según el INE. Una de las consecuencias de esta discriminación de la mujer es que tiene menos hijos y los tiene más tarde: 1,33 hijos por mujer, la mitad que en 1976 y la tasa de natalidad más baja de Europa. Con ello, España camina imparable al “suicidio demográfico”: perdemos población y cada vez habrá más viejos y menos jóvenes para trabajar y sostener el sistema.

El cuarto gran reto son las pensiones, en un doble sentido: pagar y revalorizar las pensiones actuales y asegurar unas decentes pensiones futuras. Con el empleo tan precario y el envejecimiento de la población, los ingresos por cotizaciones no dan para pagar las pensiones actuales y revalorizarlas, con lo que hay un déficit (-18.000 millones en 2017) que se agravará en 2050, cuando haya 15 millones de pensionistas y menos activos para cotizar. Aquí, urge tomar medidas a corto plazo para enjugar el déficit actual (eliminar tarifas planas, ahorrar costes, aumentar cotizaciones salarios altos, mejorar la calidad del empleo para recaudar más…), pero hay que afrontar una reforma a fondo del sistema, asegurando más ingresos de forma estable (entre 30.000 y 50.000 millones de euros, vía cotizaciones e impuestos) y clarificando las pensiones que se pueden pagar.

En quinto gran reto es “apuntalar” el Estado del Bienestar, tras los drásticos recortes impuestos por el Gobierno Rajoy. Mejorar la situación de la Sanidad, con más recursos, una recomposición de plantillas (precarias, temporales e insuficientes) y una mejor gestión, tratando de homogeneizar las prestaciones sanitarias, hoy muy distintas según las autonomías, y universalizarlas (a todos los inmigrantes). En la Educación, hay que aumentar el gasto y recomponer las plantillas, luchando contra el fracaso escolar, volcándose en el refuerzo de los alumnos más retrasados y dando más peso a la formación profesional, clave del empleo. Y sobre todo, cambiar a fondo la enseñanza: formar a los jóvenes, en los empleos que va a demandar el futuro, que la Universidad deje de ser una costosa “fábrica de parados”. Y en la Dependencia, hay que aprobar un Plan de choque para acabar con esos 300.000 dependientes con derechos que están en lista de espera para recibir ayudas y reforzar las prestaciones, hoy con exceso de servicios “low cost”.

El sexto gran reto es la vivienda, donde un tercio de la población no puede ni comprar ni alquilar, por los elevados precios, lo que lleva al 80% de los jóvenes a seguir viviendo con sus padres. Urge promover un parque de vivienda pública en alquiler, a través de Ayuntamientos y autonomías, porque sólo un aumento de la oferta forzará una bajada de alquileres, no las ayudas a los inquilinos (que suben el precio). Y vigilar las condiciones de las hipotecas que dan los bancos, para que no haya tantas clausulas abusivas.

Un séptimo reto es la energía y el medio ambiente. No puede ser que las familias españolas paguen la 3ª electricidad más cara de Europa, tras Irlanda y Bélgica: 0,176 euros/kWh sin impuestos, un 40% más que la media europea (0,125 euros/kWh en la UE-28) y muy por encima de Francia (0,110 euros), Portugal (0,123), Italia (0,1326), Reino Unido (0,134) o Alemania (0,139 euros/kWh), según Eurostat. Y lo mismo les pasa a las industrias: pagan la electricidad, sin impuestos, a 0,083 euros/kWh, un 20,3% más cara que el coste medio en Europa (0,069 euros/kWh) y por encima de lo que pagan por la luz las empresas en Alemania (0,064 euros) y Francia (0,059 euros), aunque no Reino Unido, una isla (0,093 euros), según los datos del Ministerio de Energía. Y no sólo pagamos la luz más cara sino que tenemos mucho más dependencia energética del exterior y consumimos más energía que el resto de europeos, somos energéticamente menos eficientes. Y por todo ello, emitimos demasiado CO2. De hecho, somos el 5º país europeo que más aumentó las emisiones de CO2 en 2017 (+7,4%), según Eurostat. Y España es uno de los cinco únicos países de Europa (junto a Chipre, Irlanda, Austria y Portugal) que ha aumentado sus emisiones de CO2 entre 1990 y 2017. Un tema preocupante que obliga a pactar ya una Ley de Cambio Climático.

El octavo gran reto es la tecnología, apoyar a la Ciencia, que ha perdido 40.000 millones de euros desde 2009 entre los recortes y el que no se haya gastado la mitad del Presupuesto cada año (en 2016 no se gastó el 62%). El gasto público en Ciencia es del 1,23% del PIB, frente al 2,03% la UE y las empresas españolas gastan en tecnología la mitad de las europeas. Esto explica en buena medida la baja productividad de España ( en el puesto 34 del mundo, según el Foro Económico Mundial) y el menor valor añadido de lo que exportamos, junto a otros problemas como la baja formación de los trabajadores, el menor tamaño de las empresas (hay un exceso de pymes) y las dificultades de financiación. Y por supuesto, la digitalización de la economía y las empresas, otro reto pendiente.

El noveno gran reto de España es el cambio de modelo económico, para que el crecimiento se asiente más en la industria (que ha perdido peso, hasta  aportar el 13,06% del PIB, frente al  17% en Europa y el 24% del PIB en Alemania) y menos en los servicios, donde trabajan ya 3 de cada 4 españoles y que aporta un empleo más precario, peor pagado y vulnerable. Eso pasa por apoyar la reindustrialización, buscando promover empresas que encuentren su nicho en el mundo, con productos innovadores, competitividad y de calidad. Y a la vez, apostar por una reconversión del turismo, la primera industria española, que tiene que pasar de un turismo low cost masivo a un turismo de calidad no sólo centrado en sol y playa.

Y el 10ª gran reto, que es más bien el primero, una profunda reforma fiscal, para conseguir recaudar más, la condición imprescindible para poder gastar más en los retos anteriores. Hace poco comentaba en este blog que el problema nº1 de España es recaudar poco, menos que el resto de Europa: España recaudó en 2017 el 37,9% del PIB, frente al 44,9% que recaudó la UE-28, el 45,8% que recaudaron los países del euro y la alta recaudación de Francia (53,9% del PIB), Italia (46,6%), Alemania (45,2%) e incluso Reino Unido (39,1% del PIB), según los datos de Eurostat (2017). Eso significa que si España recaudara como los demás países UE, ingresaríamos 81.456 millones de euros más cada año. Con ello, podríamos tapar el agujero del déficit público (el mayor de Europa) y encima gastar más dinero en necesidades públicas, de las pensiones al paro y la industrialización. Y sólo recaudando más se puede mejorar la financiación de las autonomías, otro gran reto

Bueno, son muchos retos como para resolverlos en unos meses y más un Gobierno con sólo 84 diputados. Por ello, lo más sensato sería plantear un Plan de medidas urgentes, que diera prioridad a algunas necesidades y tratara de sacarlo adelante porque hacen falta y nadie debería oponerse. Yo propongo 10 medidas para lo que queda de año. Una, un Plan de choque contra el paro, para que 1 millón de los parados que no cobran (la mitad) cobren 430 euros al mes. En medio año, costaría 2.500 millones. Dos, un Plan de empleo centrado en los parados de larga duración jóvenes, mujeres y mayores de 45 años, con políticas de formación e incentivos a la recolocación, con otros 1.000 millones. Tres, un Plan de choque contra la pobreza, sobre todo la infantil, que costaría 1.500 millones en medio año. Cuatro, 500 millones en guarderías y ayudas a la familia (ampliar los permisos de paternidad). Cinco, 1.000 millones extras para la sanidad. Seis, otros 1.000 millones para educación (becas y recuperación alumnos problemáticos). Siete, reducir la mitad de la lista de espera de la Dependencia, gastando 348 millones este año. Ocho, 120 millones para completar la aplicación del Pacto contra la violencia de género. Nueve, 500 millones para promover con los Ayuntamientos un parque de viviendas públicas en alquiler. Y diez, 1.000 millones extras para Ciencia, para agilizar los planes tecnológicos paralizados.

La clave para hacerlas realidad es recaudar los 10.000 millones que cuestan. Unos ingresos extras que se pueden conseguir con varias medidas. Una, subir los impuestos a los carburantes (mucho más bajos que en Europa), como defiende la Comisión Europea: se podrían sacer 1.500 millones extras hasta diciembre. Dos, subir el IVA reducido y superreducido a muchos productos, como también defiende Bruselas: otros 1.500 millones extras en medio año. Tercera, ingresar 2.000 millones más subiendo el tipo de sociedades (a las grandes empresas), subiendo el tipo al ahorro, subir el tipo del IRPF a los que ganan más de 100.000 euros y limitar desgravaciones. Cuarta, conseguir otros 1.000 millones con impuestos verdes, a los que más contaminan, como defiende la Comisión Europea. Quinta, el impuesto a las tecnológicas, que podría reportar 500 millones en medio año. Y quinta, un Plan especial de lucha contra el fraude, para recaudar los 1.500 millones restantes.

Son unos objetivos necesarios y posibles, que nadie debería rechazar por motivos políticos y que beneficiarían a mucha gente, sobre todo a los que peor parados han salido de la crisis. Y además, ayudarían a reanimar el crecimiento y el empleo, ahora que “soplan vientos en contra” desde fuera que pueden hacer peligrar la recuperación: subida del petróleo, incertidumbre del euro, posible subida de tipos, crisis y bajo crecimiento en Europa, incertidumbre política internacional y proteccionismo comercial. Gastar más en lo que hace falta ayudaría a reanimar la economía y compensar las turbulencias de fuera. Y hay muchas otras medidas que no cuestan dinero al Estado, como una Ley de Igualdad Salarial, cambiar la política eléctrica, gastar lo presupuestado, eliminar las restricciones burocráticas a la investigación o escuchar a la gente.

Son tareas para estos primeros meses del Gobierno Sánchez, que podrían continuarse en la negociación de los Presupuestos de 2019. Una antesala para afrontar  de verdad los grandes retos, algo que sólo se podrá hacer tras unas elecciones, ya sean en mayo (con las autonómicas y municipales) o en octubre de 2019, con pactos de Estado a medio plazo que ahora parecen políticamente imposibles Pero antes de esas elecciones, habrá que hacer algo, avanzar en lo urgente, con realismo y sin politiqueos. El nuevo Gobierno debe de intentarlo, buscando amplios apoyos. Y si hay grupos que boicotean medidas imprescindibles que benefician a la mayoría, se “retratarán” ante los ciudadanos. No queda otra que intentar avanzar con sensatez. Ya hemos estado demasiado tiempo parados.