Ciencia: por fin una Ley con recursos "blindados"

La guerra de Ucrania, la inflación y las protestas sociales nos paralizan, pero hay que hablar también sobre otros temas importantes que siguen ahí. Como la Ciencia, que nos ha salvado con las vacunas en la pandemia, y que ha estado abandonada en España en la última década. En 2022, el Presupuesto en Ciencia se ha casi duplicado, pero todavía gastamos menos que en 2009. Por eso es muy importante la aprobación, en febrero, de la nueva Ley de la Ciencia, que se compromete a gastar un 3% del PIB en Ciencia para 2030, el doble que ahora, “blindando” los recursos al margen de quien gobierne. Y también son importantes los Fondos europeos, porque 1 de cada 6 euros van a la Ciencia. Ahora falta que la Ley se pacte en el Congreso y que se resuelvan los temas laborales de los investigadores, facilitando su vuelta a España y simplificando la burocracia. Apostar por la Ciencia es el mejor pasaporte para el futuro.

Enrique Ortega

La Ciencia es una de las grandes “asignaturas pendientes” de España en este siglo XXI, una de las claves para modernizar el país y ser más competitivos. En 2009, estábamos recortando distancias con el resto de Europa, pero la crisis y los drásticos recortes se cebaron en la Ciencia: el gasto se redujo en -21.728 millones entre 2010 y 2016, se han perdido investigadores (-5.000 entre 2009 y 2019) y hay menos empresas que investigan hoy que hace una década. El año 2021 fue el primero en que volvió a aumentar el presupuesto en Ciencia y todavía más en 2022, con 7.879 millones de gasto público en I+D+i, un 12% más que en 2020, pero todavía una cuarta parte menos del gasto público en Ciencia que España hizo en 2019 (10.360 millones). Así que llevamos ya 13 años de retraso…

Dentro del Presupuesto en Ciencia para 2022 (7.879 millones), algo menos de la mitad son subvenciones directas (3.411,85 millones), donde se ha hecho el mayor esfuerzo, ya que duplican las subvenciones en Ciencia que se dieron en 2017 (1.721 millones) y casi triplican las concedidas el peor año para la Ciencia (1.396 millones en subvenciones en 2013), siendo la cifra más alta de ayudas públicas a la investigación de la historia (el anterior máximo fueron los 2.575 millones de 2009). El problema es que del Presupuesto total para Ciencia (7.879 millones en 2022), más de la mitad siguen siendo créditos (4.467,70 millones), préstamos que se conceden para I+D+i, que son una manera de “inflar” el Presupuesto total, porque la mayoría de estos créditos (el 75%) no se piden ni gastan.

Así que tenemos mucho más dinero para la Ciencia en 2022, pero más de la mitad de ese dinero son créditos que las instituciones y Universidades no suelen pedir porque sus cuentas no les permiten endeudarse. Al final, el resultado es que gran parte del dinero público disponible para la Ciencia (que es menor al de 2009) no se gasta. Es lo que ha pasado en la última década: en 2009, se gastó el 81,6% de todo lo presupuestado, pero luego bajó drásticamente al 57,6% en 2011, al 38,22% en 2016, al 29, 7% en 2017 (se gastaron menos de 1 de cada 3 euros disponibles), el 51,3% en 2019 y el 52,1% en 2020, el último año del que ha publicado datos Hacienda, según este informe de COTEC.

En definitiva, que hay poco dinero público para la Ciencia y encima sólo se gasta la mitad. La causa es doble. Por un lado, no se gastan todas las subvenciones disponibles (la mitad del Presupuesto) porque los expedientes para conseguirlas son muy complejos, con excesivos trámites que retrasan su ejecución. Por otro, la razón básica es que desde 2012, con Rajoy, la mayor parte del Presupuesto total para Ciencia son créditos que hay que devolver (no subvenciones a fondo perdido) y ni las instituciones ni las Universidades están en situación de devolverlos, con lo que las tres cuartas partes de estos créditos no se piden. En resumen, se “inflan” los Presupuestos para parecer que gastamos en Ciencia, pero no.

Con todo, lo importante es que el Presupuesto en Ciencia (subvenciones y créditos) ha vuelto a subir en 2021 y 2022, tras estar congelado entre 2018 y 2020, por la forzada prórroga de los Presupuestos. Y que además, ahora contamos con una parte de los Fondos Europeos para impulsar a la Ciencia: de los casi 70.000 millones que aportará la UE al Plan de Recuperación, el 16,5% (11.550 millones) serán subvenciones directas (a fondo perdido) para impulsar la investigación, desarrollo, innovación y digitalización, la 2ª partida con más recursos europeos tras la educación y formación (17,6% de los recursos UE). Este dinero ya se incorporó a la Ciencia en el Presupuesto 2021 (España anticipó 1.100 millones europeos) y se notará más en 2022, con 5.418 millones de Fondos Europeos para Ciencia (casi todo, salvo 12 millones, subvenciones a fondo perdido), que se repartirán entre 28 programas ligados a 5 Ministerios (Ciencia, Asuntos Económicos, Universidades, Transportes e Industria y Comercio).

Así que este año 2022, la Ciencia contará en España con 13.298 millones para la Ciencia, entre subvenciones y créditos nacionales y fondos europeos. Una cifra nunca vista desde 2009 y que impone un doble reto: gastarla y gastarla bien. Para ayudar, el Gobierno ha aprobado por fin, el 18 de febrero, la esperada nueva Ley de la Ciencia, que reforma la Ley de 2011. Una Ley que tiene básicamente 2 patas: reducir la burocracia y facilitar el gasto en Ciencia y solventar los múltiples problemas laborales de los investigadores. Y lo más importante: incluye un compromiso, destinar el 3% del PIB español a la Ciencia para 2030, frente al 1,41% que se gastó en 2020. Duplicar el gasto total en Ciencia en esta década.

Este “compromiso” de gasto con la Ciencia, gobierne quien gobierne, es una vieja petición de los investigadores españoles, que han visto como cuando hay recortes se empieza por la Ciencia, alejándonos cada vez más del gasto en Europa, según los datos de Eurostat. El mejor año, 2009, el gasto total en Ciencia de España fue del 1,36% del PIB, frente al 1,97% del PIB en la UE-27 (una “brecha” del 0,61%). Y a partir de 2012, con los recortes, el porcentaje de gasto baja, más en España que en Europa (1,19% en España frente al  2,12% en la UE-27: la brecha crece al 0,93%). Y con la recuperación, el gasto en Ciencia sube más en el resto de Europa que en España, manteniendo la “brecha: 1,41% de gasto total en Ciencia en 2020 (último dato oficial) frente al 2,32% en la UE-27, una brecha del 0,91%.

La inversión total en Ciencia en España (1,41% del PIB) no sólo es mucho menor que la media europea (2,32%), sino que es la menor de los grandes paises del continente: 3,14% del PIB gasta Alemania, 2,35% Francia, 1,53% Italia, 3,53% Suecia, 3,48% Bélgica, 3,2% Austria, 2,94% Finlandia o 2,29% Paises Bajos. Pero incluso gastamos menos en Ciencia (comparativamente) que paises económicamente menos desarrollados de Europa, como Eslovenía (2,15%), República Checa (1,99%), Estonia (1,79%), Hungría (1,61%), Portugal (1,62%) y hasta Grecia (gasta 1,49% de su PIB en Ciencia), según Eurostat.

En 2020, el último año con datos publicados, el gasto total  (público y privado) de España en Ciencia fue de 15.768 millones de euros (el 1,41% del PIB), poco más que los 14.581 millones gastados en 2009 (descontando la inflación, el gasto en Ciencia ha caído un -6,3%), según el INE.. Más de la mitad del gasto en Ciencia lo hacen en España las empresas privadas (8.813 millones en 2020), cuyo gasto ha aumentado algo en la última década (gastaban 7.567 millones en 2019). Pero se ha estancado el gasto público (6.954 millones en 2020 frente a 6.985 en 2009), porque lo ha hecho el gasto en Ciencia que hacen el sector público (2.753 millones) y las Universidades (4.202 millones de gasto en investigación en 2020).

Otro problema añadido a que gastemos poco en Ciencia es que lo gastamos de forma muy desigual. Primero, por autonomías. Las tres cuartas partes de todo el gasto (15.768 millones en 2020) se reparte entre sólo 5 autonomías: Madrid (27% del total), Cataluña (23%), Andalucía (10,3%), País Vasco (9,3%) y Comunidad Valenciana (7,8%). Y si tenemos en cuanta la población, la disparidad es enorme: el País Vasco gasta en Ciencia 674 euros por habitante (el doble que la media española: 328,6 euros por persona), Madrid gasta  607,2 y Cataluña 469 euros, mientras Canarias gasta 98 euros por habitante, Extremadura 131 y Andalucía 181 euros por habitante, según COTEC. Y todavía, en 2020, hay 9 autonomías que no han recuperado el gasto en Ciencia de 2009 ni otras 7 regiones el empleo de sus investigadores: La Rioja, Cantabria, Extremadura, Asturias, Canarias, Aragón, Andalucía, Navarra y Castilla la Mancha. La mayoría, en el pelotón de las más pobres.

Además, el gasto en Ciencia es muy desigual por sectores: hay 13 sectores de los 33 existentes que ya han recuperado la inversión en Ciencia de 2008, en especial el automóvil (gasta +102,7%), transporte (+62,6%), energía y agua (+28,8%) y farmacia (+19,6%). Mientras los 22 sectores restantes todavía gastan menos en investigación que en 2008, sobre todo construcción (-62,6%), minería (-58,4%) textil y calzado (-49,3%) y muebles (-47,2%), según COTEC. Y también hay mucha desigualdad de gasto según el tamaño de las empresas: han subido un 1% las grandes empresas que investigan pero hay 2.415 empresas menos que investigan hoy que en 2008 (sobre todo han caído pymes).

Para ayudar a remontar este retraso en la última década, la nueva Ley de la Ciencia busca asegurar un gasto (el 3% del PIB) y facilitar la investigación, para gastar mejor. Ahora, uno de los graves problemas de los investigadores es la burocracia, el exceso de papeleo y tiempo para justificar los programas y sus gastos (es muy difícil comprar una silla o un ordenador y hay que justificar facturas de hasta 10 años atrás, incluso un taxi). La nueva Ley de Ciencia simplifica los trámites y la comprobación de los gastos será “por muestreo”, a cargo de la Agencia Estatal de Investigación. Además, se va a conceder una subvención directa a todos los proyectos que ya hayan sido evaluados positivamente por algún responsable del sistema público (autonomías o Universidades). Se trata de agilizar los proyectos.

La otra pata de la nueva Ley de Ciencia es resolver los múltiples problemas laborales que tienen hoy los investigadores y sus responsables. Hasta ahora, la mayoría de los contratos para investigadores eran por obra y servicio, por un máximo de 4 años, con lo que pasado este tiempo se rompían los proyectos y los investigadores tenían que buscar un nuevo grupo en el que trabajar. Además, una parte del sueldo de los investigadores dependía de la evaluación de sus méritos anteriores (los “quinquenios”), lo que penalizaba a los investigadores que trabajaban fuera de España y regresaban, ya que su trabajo exterior no se tenía en cuenta a la hora de pagarles. Ahora, con la reforma laboral, se crea una nueva modalidad de contrato indefinido vinculado a actividades científico-técnicas, a los que se reconocerá los trabajos de investigación realizados en España y en el extranjero.

Además, se aprueba un nuevo contrato para investigadores postdoctorales, de hasta 6 años (ahora eran hasta 5), con una evaluación intermedia y otra final que les permitirá obtener un nuevo certificado R3 que facilitará su acceso posterior a una plaza fija, porque se les reserva un 25% de plazas en los organismos públicos de investigación y en las Universidades. Además, si no encuentran plaza y se les acaba el contrato, la nueva Ley les asegura una indemnización, lo mismo que a los contratados pre-doctorales, que tampoco la tienen  (el Ministerio va a destinar 12 millones a ayudar a instituciones y Universidades a pagar estas nuevas indemnizaciones).

Además de reducir la precariedad y mejorar el sueldo de los investigadores, la Ley abre la vía a la sustitución de jubilados: desde 2012, cuando el Gobierno Rajoy situó en cero la tasa de reposición de investigadores (se jubilaban y no podía cubrirse su plaza), se han perdido 5.000 puestos públicos. Ahora, la tasa de reposición se pasa al 120% (por cada 100 jubilados, 120 puestos), con lo que se estima que se van a incorporar 12.000 investigadores a puestos públicos relacionados con la Ciencia. Y la Ley pretende que una parte sean investigadores españoles que están en el extranjero, a los que se facilita su vuelta. Y también se busca atraer cerebros extranjeros, desarrollando la figura de “investigador distinguido”.

La nueva Ley de Ciencia está ahora en el Congreso, para el debate de enmiendas y el Gobierno quiere que se apruebe para el verano, con los mayores apoyos políticos posibles, para que dé estabilidad a la Ciencia, al margen de quien gobierne. Los investigadores la han recibido bien, aunque piden que el compromiso de gastar el 3% del PIB se refuerce más, porque la Ley lo condiciona “a las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio”. Y piden, a través de la COSCE (84 sociedades científicas y 46.000 investigadores) que se avance en otras cuestiones: creación de una Oficina de Ciencia en Presidencia del Gobierno y una vicepresidencia, reforzar la Agencia Estatal de Investigación, acelerar de verdad los procesos burocráticos de investigación, un Plan para el retorno de investigadores y corregir a fondo toda la precariedad laboral y salarial de los investigadores.

La nueva Ley de la Ciencia y los mayores fondos, nacionales y europeos, pueden ayudar a recuperar la década perdida para la Ciencia, si se alcanza un pacto político que blinde su futuro y se apoya a los investigadores, facilitando sus contratos y programas. Es hora de promover de verdad la Ciencia, donde nos jugamos la salud, la mayor eficiencia de la economía y el empleo de las próximas décadas. Apostar por la Ciencia es ganar el futuro.

Ciencia: recuperar una década perdida

La Ciencia nos está salvando en esta pandemia, pero seguimos sin apoyarla. En 2020, el gasto público en Ciencia aumentó sólo en 38 millones y fue un 52% inferior al de 2009. Tras años de recortes, llevamos una década perdida para la Ciencia: menos Presupuesto ahora que en 2009 y encima gastando sólo la mitad de lo presupuestado. Y estamos a la cola de Europa, gastando en Ciencia casi la mitad que la UE y un tercio que Alemania. Ahora, en 2021 se empieza a remediar este retraso de nuestra Ciencia, con un Presupuesto que aumenta el gasto un 60%, gracias a los Fondos europeos. Y se ha firmado un Pacto por la Ciencia, con 72 organizaciones científicas, para reconstruir la investigación en España y gastar como Europa en 2030, apoyados por una Ley de la Ciencia, que mejorará el trabajo de investigadores y sus instituciones, reduciendo burocracia. Hay que volcarse con la Ciencia, para mejorar la salud y la economía. Nos jugamos el futuro.

Enrique Ortega

En 2020, el año de la pandemia, el Presupuesto público para Ciencia fue similar al de 2019 y 2018, al prorrogarse el Presupuesto de Montoro: 7.044 millones de euros, de los que el 60% eran créditos y el resto subvenciones y ayudas. Un Presupuesto público en Ciencia algo superior al de 2017 (6.513 millones), pero muy por debajo del que había en 2009 (10.360 millones). Así que, tras 11 años, el gasto público en Ciencia (administraciones públicas y Universidades) es un 68% inferior al de 2009, como consecuencia de los drásticos recortes impuestos a la Ciencia entre 2010 y 2016 (-21.728 millones).

Pero todavía hay más recortes. Porque el problema no es sólo que baje un -68% el Presupuesto de 2020 (7.044 millones) sobre el de 2009 (10.360), sino que además, ese Presupuesto no se ha gastado, año tras año. En 2009, se gastó finalmente en Ciencia un 81,6% de lo presupuestado (8.476 millones gastados), pero en los años posteriores se ejecutó mucho menos, en 2011 (se gastó el 57,6% de lo presupuestado), en 2016 (el 38,22%), sobre todo en 2017 (se gastó el 29,7%, menos de 1 de cada 3 euros disponibles), en 2018 (el 46,8%), en 2019 (el 51,3%) y también en 2020: se gastaron en Ciencia el año pasado 3.667 millones, el 52,1% de lo presupuestado, según demuestra este informe de COTEC a partir de los datos de la Intervención General del Estado (Hacienda). Con ello, el gasto real en Ciencia aumentó en 2020 en 38 millones y 642 millones entre 2018 y 2020.

Así que a los recortes de cada Presupuesto se han sumado los “recortes escondidos” del Presupuesto no ejecutado, la mitad del dinero disponible en los últimos años: otros -32.786 millones perdidos en la última década, que se suman a los -21.728 millones recortados en los sucesivos Presupuestos. En total, 54.500 millones perdidos para la Ciencia en los últimos 11 años (casi 5.000 por año), o bien porque no se presupuestaron o bien porque no se consiguieron gastar. ¿Cómo es posible. La explicación es doble. Por un lado, los expedientes para conseguir y ejecutar subvenciones y ayudas a la investigación son muy largos y complejos, muy burocráticos, lo que retrasa y dilata su ejecución. Pero la razón básica es que, desde 2012 (con Rajoy), la mayoría del gasto presupuestado en Ciencia son créditos (no subvenciones) y los organismos y Universidades no los podían pedir porque estaban endeudados en exceso o se lo limitaba  Hacienda (Montoro).

Veamos el ejemplo reciente de 2020, que es muy ilustrativo. De los 7.044 millones presupuestados para Ciencia, casi el 60% son créditos (4.078 millones) y el resto subvenciones a fondo perdido (2.965 millones). De estas subvenciones, el 89,2% se han gastado (2.644 millones), pero de los créditos sólo se ejecutaron 1.023 millones, el 25,1%, lo que explica que al final se haya ejecutado 3.667 millones, un 52,1% de lo Presupuestado. En definitiva, que España sólo consigue gastar en Ciencia la mitad de lo presupuestado, algo que contrasta con el gasto en pensiones (se gasta el 99,9% de lo presupuestado), Defensa (se gasta el 97,8%), Justicia (97%), Seguridad Ciudadana (96,4% se gasta), Fomento del empleo (95,9%) o Industria y Energía (gastan el 58,4% de lo presupuestado), según COTEC. Y hay más: el Estado sólo gasta el 38% de lo presupuestado en Ciencia mientras los organismos y Agencias estatales funcionan mejor y gastan el 86,7% del Presupuesto.

El problema de la Ciencia en España no es sólo que se hayan perdido muchos recursos e inversiones públicas, por los recortes y la pésima ejecución de los proyectos. Otra consecuencia de esta “década perdida” es que se han perdido investigadores en el sector público (124.420 en 2019 frente a 129.308 en 2009), aunque han aumentado en las empresas privadas (de 92.714 a 106.993), según la Fundación COTEC. Y además, ahora hay menos empresas que investigan: eran 11.096 en 2019 frente a 13.603 en 2009, una pérdida de 2.507 empresas para la investigación, sobre todo pymes. Y si desglosamos la evolución de la inversión pública en Ciencia por autonomías, hay 9 regiones que gastan hoy en investigación menos que en 2009: Cantabria (-24,6%), La Rioja (-20,5%), Canarias (-18,2%), Asturias (-17,1%), Andalucía y Extremadura (-10,9%), Navarra (-8,4%), Castilla la Mancha (-4,8%) y Aragón (-4,2%). Y entre las 8 que gastan más en Ciencia destacan Murcia (+26,3%), Baleares (+21,6%), Comunidad Valenciana (+12,8%) y Cataluña (+9,4%).

Hasta aquí el drama del gasto público en Ciencia (gasta poco y gasta mal), que supone algo menos de la mitad del gasto total de España en Ciencia. El resto es el gasto en Ciencia de las empresas, que también se recortó con la crisis (pasaron de invertir 7.562 millones en I+D+i 2009 a 6.784 millones en 2014) pero que luego se ha ido recuperando año tras año, hasta alcanzar los 8.741 millones de euros invertidos en 2019, el último dato publicado por el INE, más que el gasto público ejecutado en Ciencia (6.831 millones). Con esta mejoría de la inversión empresarial en investigación, el gasto total de España en Ciencia es algo superior: 15.572 millones de euros en 2019 (último dato INE) frente a 14.582 millones en 2009.

Pero como España produce más hoy que hace 11 años, el peso del gasto en Ciencia ha bajado en porcentaje del PIB: gastamos el 1,25% del PIB (2019) frente al 1,39% en 2009. Y la brecha tecnológica con Europa se ha ampliado: en 2009, la UE-28 invertía en Ciencia el 1,84% de su PIB (+0,45% que España) y en 2019 invertía el 2,19% del PIB (+0,94% que España), alcanzando el 3,17% en Alemania, según Eurostat. Estamos a la cola de Europa en gasto en Ciencia y eso se debe a que apenas hemos aumentado el gasto total en la última década (+6% en España, gracias al aumento de la inversión de las empresas), mientras los demás han aprovechado la recuperación para gastar mucho más en investigación (entre 2009 y 2019): es el caso de China (+119,6%), Alemania (+39,8%), UE-28 (+30,7%), Reino Unido (+26,1%), Italia (+21,9%), EEUU (+14,7%) o Francia (+13,6%), según la Fundación COTEC.

Con este balance de la última década, España se coloca en el puesto 14 de la UE-27 en el último ranking europeo de innovación (“European Innovation Scoreboard 2020”), elaborado por la Comisión Europea. Un ranking de la Ciencia encabezado por Suecia, Finlandia, Dinamarca y Paises Bajos (los 4 líderes en investigación), seguidos de Luxemburgo, Bélgica, Alemania, Austria, Irlanda, Estonia y Portugal (los 7 paises con tecnología “fuerte”), a los que siguen Chipre, España, Eslovenia, República Checa, Malta, Italia, Lituania y Grecia, con tecnología “moderada”. Como se ve, nos ganan en Ciencia paises con mucho menos potencial económico, tanto de centro Europa como Estonia, Portugal o Chipre. Y es que el retraso tecnológico de España con Europa es mucho mayor que el retraso económico: en la brecha económica, tenemos el 91% de la renta comunitaria, pero en la brecha tecnológica, invertimos el 49% de la inversión europea por habitante.

El retraso tecnológico de España es desigual, porque hay autonomías con un alto gasto en Ciencia y otras muy retrasadas, según la última estadística del INE (datos 2019). Así, el País Vasco tiene un gasto en tecnología casi europeo (invierten el 1,97% de su PIB, frente al 2,13 en la UE-27). Y gastan más que la media española (1,25% del PIB) Madrid (1,71%), Navarra (1,67%), Cataluña (1,52%) y Castilla y León (1,35%), curiosamente cuatro de las regiones españolas con más renta per cápita. Y están a la cola del gasto en Ciencia Baleares (0,40% del PIB), Canarias ( 0,47% ), Castilla la Mancha ( 0,59% ), Extremadura (0,67% ), la Rioja (0,77%), Asturias (0,82%), Cantabria (0,83%) y Andalucía (0,93%), regiones que, en su mayoría, están también en el pelotón de cola de la renta en España.

De hecho, un reciente informe de la Fundación COTEC  e IVIE señala la capacidad que tiene cada autonomía de atraer o retener talento, el mapa del talento por autonomías, elaborado a partir de 56 indicadores que señalan la capacidad de facilitar, atraer y hacer crecer la investigación y sus capacidades tecnológicas y de conocimiento. Ahí se ve que el talento se concentra en Madrid y en el noreste de España: lideran el ranking Madrid (índice 71), seguida de Navarra (66,7), País Vasco (63,6), Cataluña (56,3), Aragón (53,9) y Asturias (53,1), las 6 autonomías por encima de la media de España (índice 49). Les siguen, con un  talento “intermedio”, Castilla y León (49), Cantabria (47,9), Galicia (46), la Rioja (43,4) y la Comunidad Valenciana (43,3). Y en el pelotón de cola del “talento” se sitúan Baleares (índice 36,4), Murcia (34), Andalucía (33,6), Extremadura (32), Canarias (28,7) y Castilla la Mancha (índice 28,2), otra vez el mapa de la España más pobre.

Para mejorar la brecha tecnológica de España con Europa, la Comisión Europea lleva años pidiendo a los distintos Gobiernos que aumenten el gasto público en  Ciencia y hagan reformas para gastar más y con más eficacia. Pero no es sólo una cuestión del gasto público, también hay una gran brecha con Europa en el gasto tecnológico de las empresas. De hecho, un reciente estudio de FEDEA  revela que el principal “culpable” del retraso tecnológico con Europa es el menor gasto investigador de nuestras empresas: en España aportan un 0,7% al gasto total  en Ciencia (1,25% del PIB), mientras en Europa aportan un 1,48% (del gasto total, 2,13% del PIB).  Y la aportación del sector público al gasto total en Ciencia es más parecida (0,21% del PIB en España frente al 0,28% en la UE-27) y también la aportación de la Universidad (0,33% del PIB en España frente al 0,46% en la UE).

Esto se explica, según el estudio de COTEC e IVIE por el tamaño y la composición diferentes de las empresas españolas respecto a las europeas. Por un lado, España tiene un exceso de pymes (94,5% empresas tienen menos 10 empleados), de las que dependen muchos empleos (el 40,8%) y que invierten menos que las grandes en tecnología, mientras en Europa hay menos pymes y más empresas grandes, que invierten más en I+D+i. Y por otro, en España tienen más peso que en el resto de Europa el turismo, la hostelería, el comercio y los servicios, sectores con baja inversión en tecnología y bajo valor añadido. De los dos factores, el menor  tamaño de las empresas explica el 33% de la brecha tecnológica con Alemania y la composición  sectorial (el mayor peso de los servicios) otro 12%, según otro estudio de BBVA Research. Así que tendría que cambiar el tamaño y el negocio de las empresas españolas para conseguir un país tecnológicamente más avanzado.

Pero el motor de ese avance tecnológico debe ser la inversión pública, con un gasto del Estado, las Universidades y organismos públicos que “tire” de la inversión tecnológica privada. Y para ello, el Presupuesto 2021, el primero que ha propuesto este Gobierno, contempla un aumento de la inversión directa en Ciencia de 1.267 millones, casi un 60% de aumento sobre los 2.965 de inversión directa (subvenciones) presupuestados en 2020 (el resto, los 4.078 millones de créditos de 2020 se mantienen). Es un gran salto que se financia con 1.100 millones de los Fondos europeos, que ha adelantado el Gobierno. Y además, estos Fondos europeos van a permitir mantener este aumento en los dos años siguientes, en 2022 y 2023, según el Plan de Recuperación presentado a Bruselas. El objetivo es destinar 3.380 millones de los Fondos europeos al gasto público en Ciencia, con lo que la investigación será la 9ª prioridad de destino de estos Fondos UE, tras el cambio climático, la rehabilitación de viviendas, la digitalización, la formación, el 5G, la industria, el turismo y la modernización de la Administración pública.

Tras el empujón presupuestario a la Ciencia, la segunda apuesta clave es el Pacto por la Ciencia alcanzado en marzo entre el Gobierno y 72 organizaciones representativas de la Ciencia, la Universidad, la empresa y los investigadores (ver texto y firmantes). Contempla 3 compromisos muy importantes. El primero y básico, aumentar el gasto público en Ciencia, del 0,54% del PIB en 2019 al 0,75% en 2024 y al 1,25% en 2030, para que, sumado al esfuerzo que hagan las empresas, se consiga alcanzar un gasto total en Ciencia del 2% del PIB en 2024 y del 3% en 2030 (el objetivo que marca la Comisión para Europa). Una década para recuperar la anterior “década perdida”. El 2º objetivo del Pacto es mejorar la carrera de los investigadores, con una estabilidad laboral que permita atraer talento. Y el tercero, mejorar la autonomía y coordinación de todos los organismos que hacen Ciencia.

Este Pacto por la Ciencia se va a apuntalar con los Fondos europeos y los recursos de los próximos Presupuestos, así como con la futura Ley de la Ciencia, cuyo proyecto aprobó el Gobierno el 30 de marzo y ahora se debate con el sector, en consulta pública, para integrar los cambios en una futura Ley de la Ciencia que se aprobará este año.

Con estas iniciativas, la Ciencia podría salir del túnel de “una década perdida”, por los recortes y la ineficiencia en el gasto ejecutado, así como por la pérdida de investigadores y empresas innovadoras. Para España, es clave acertar en el fomento de la investigación y la innovación, no sólo para  asegurar nuestra salud (como han demostrado las vacunas) sino también para mejorar nuestra economía, consiguiendo aumentar la productividad y producir bienes y servicios con más valor añadido, que se exporten mejor y aporten más crecimiento, más riqueza y empleo de calidad. Apostar por la Ciencia es el pasaporte a un futuro mejor.

Vuelven a bajar los medicamentos

Mañana, 1 de noviembre, bajan 1.287 medicamentos que se dispensan con receta en farmacias y hospitales, tras otra bajada que hubo el 1 de enero y las aprobadas cada año desde 2010. Permitirá ahorrar 118 millones en la factura farmacéutica, 5,30 millones a los ciudadanos, que notarán rebajas de unos céntimos. Pero ojo a los riesgos de estas bajadas. El precio de algunos medicamentos ya no compensa a los laboratorios y optan por exportarlos a paises donde son más caros, provocando aquí desabastecimiento: ahora hay 537 medicamentos “en falta”. Además, si la mitad de los medicamentos con receta cuestan menos de 3,5 euros (y pagamos entre 35 céntimos y 1,70), los laboratorios tienen menos incentivos para investigar y sacar fármacos nuevos. Y estas continuas rebajas hunden a muchas farmacias, esenciales en la atención sanitaria. Así que ojo a las bajadas continuas de precios en lugar de racionalizar las recetas. Luchar contra las enfermedades es caro y no se puede racanear, porque es contraproducente. Lo barato es caro.

enrique ortega

Con la crisis, todos los Gobiernos se lanzaron a recortar el gasto farmacéutico, que había batido todos los récords en 2009: casi 1.000 millones de recetas y 12.506 millones de euros de gasto sólo en farmacias, más otros 4.000 millones en hospitales. A partir de 2010, se empezaron a bajar año tras año los precios de referencia (el precio máximo que se financia en los medicamentos con receta: si el medicamento prescrito cuesta más, el farmacéutico está obligado a dispensar uno más barato, un genérico). Y a partir de julio de 2012, el Gobierno Rajoy implantó el copago farmacéutico: los jubilados pagaban el 10% del precio de la receta y los activos entre el 40 y el 60%. El resultado de ambas medidas fue una rebaja drástica de la factura en recetas (por debajo de los 10.000 millones de euros entre 2012 y 2016), aunque ha vuelto a subir en 2017 (10.170 millones) y 2018 (10.476 millones). Y mientras, se ha disparado la factura farmacéutica de los hospitales, al introducirse tratamientos cada vez más costosos contra el cáncer y otras enfermedades: se gastaron  6.864 millones en 2018, un 76% más que en 2009.


En 2019, el repunte del gasto farmacéutico continúa: las recetas crecen un 2% hasta agosto y el gasto en farmacias un 2,57% (7.175 millones) y en hospitales aumenta aún más el gasto farmacéutico, un 7,1% hasta agosto (4.830,5 millones), según Sanidad y Hacienda. Eso hace que el Gobierno Sánchez, en funciones, haya seguido con la política de rebaja de los precios de referencia (el precio que paga por los medicamentos con), aprobando un nuevo decreto que rebaja el precio de 1,286 medicamentos que se dispensan en farmacias y hospitales, con el que obtendrá un ahorro de 118,49 millones (79,44 en hospitales y 39,05 en las ventas en farmacia), de los que sólo 5,31 millones repercutirán en los ciudadanos, que compraremos esos medicamentos unos céntimos más baratos desde el 1 de noviembre. La rebaja oscila entre un -0,4% (el inhalador Ventolín) al 0,8% que baja la heparina Clexane, el -2,76% que baja la Fosfomicina (antibiótico para infecciones de orina) y hasta un -66,27% que baja Invega, un medicamento contra la esquizofrenia. También bajan algunos ibuprofenos más caros, pero no lo notaremos porque no afecta a los que se venden con receta.


Esta nueva rebaja de medicamentos con receta, que se suma a la efectuada el 1 de enero con otros 1.300 medicamentos, puede parecer una muy buena noticia para los consumidores, pero sólo nos vamos a ahorrar unos pocos céntimos y sin embargo tiene tres riesgos que debemos conocer. El primero, que agrave el desabastecimiento de algunos medicamentos, ahora que los laboratorios van a cobrar menos por ellos, aunque el Gobierno ha tomado la cautela, para evitarlo, de no bajar 4 medicamentos básicos (contra el Parkinson, problemas cardiovasculares y para anestesia e infecciones), como ya hizo en enero con otros 29 fármacos. Pero los farmacéuticos (FEFE) ya han alertado que esta nueva bajada puede favorecer el desabastecimiento de los fármacos que cuestan ya menos de 3 euros, porque a ese precio, a los laboratorios les compensa más venderlos en otros paises (donde valen entre un 10 y un 30% más) o dejar de fabricarlos aquí.


De hecho, España es el 5º país con los medicamentos más baratos de Europa, tras Eslovaquia, Portugal, Estonia y Letonia y se pagan un 15% por debajo de la media de la eurozona, según los datos de la Consultora IMS Health. Y un medicamento cuesta de media en España un 33% menos que en Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Bélgica o Irlanda y un 16% menos que Francia o Italia, según Farmaindustria. Eso significa que cada bajada de precios es un incentivo a los laboratorios para que exporten fuera y no vendan dentro. De hecho, las exportaciones de medicamentos se han multiplicado por 19 entre 1995 (562 millones de euros) y 2018 (10.743 millones), según datos de Comercio. Y este año 2019, de enero a agosto (7.698 millones), han crecido un 11%, en parte anticipando el Brexit. Y luego están las exportaciones paralelas (“comercio inverso”), las que hacen fraudulentamente almacenes mayoristas y farmacias (limítrofes con Portugal, Francia o Africa), para vender medicamentos que debían ir a farmacias a paises que los pagan el doble o triple más caros.


Esto explica en parte la falta de algunos medicamentos y vacunas en las farmacias españolas, que llegaron a 900 desabastecimientos en 2017 y que son ahora 537 medicamentos “en falta”, según este listado que publica diariamente la Agencia Española del Medicamento, en tanto el Consejo de Farmacéuticos publica este listado del CISMED con 34 medicamentos en falta durante 3 o más días en  muchas farmacias. El problema del desabastecimiento preocupa a toda Europa (donde hay una gran disparidad de precios) y se debe no sólo al bajo precio de los medicamentos en España sino también a problemas de suministros (las multinacionales farmacéuticas producen en distintos paises) y a saltos puntuales de demanda. Pero los farmacéuticos y muchos expertos coinciden: las rebajas continuas de precios son la principal causa de los desabastecimientos, a pesar del Plan de Garantía de Abastecimiento 2019-22, aprobado el año pasado por Sanidad para evitarlo.


El segundo riesgo de la bajada continuada de precios es que un 50% de los medicamentos que se venden con receta cuesta ya menos de 3,5 euros, según Farmaindustria, y a ese precio no compensa fabricarlos, lo que alienta el desabastecimiento. Además, la rebaja de precios de enero y noviembre les va a reducir sus ingresos en 174 millones, según Farmaindustria, lo que se “come” el aumento de ventas (148 millones). Y así, les será más difícil invertir en investigación, algo clave para la lucha contra las enfermedades: de hecho, el sector farmacéutico ha subido su gasto en I+D+i a 1.147 millones en 2017 y representa el 20% de toda la investigación industrial que se hace en España. Y somos el segundo país del mundo, tras EEUU, en ensayos clínicos de medicamentos. Pero esto puede ponerse en peligro si les bajan más los ingresos. Ya de hecho fabrican menos fármacos innovadores, sólo 2 de cada 10 nuevos fármacos autorizados.


El tercer riesgo de que los medicamentos bajen año tras año es que se está hundiendo las cuentas de las 22.000 farmacias que hay en España (sobre todo las más pequeñas y las farmacias rurales), que no son “unas tiendas más”, sino un eslabón clave del sistema sanitario (al que más se consulta y quien colabora en los tratamientos). La mayoría de las farmacias facturan hoy menos que en 2009 (475.104 euros de media en 2018, un 24,38% menos de los 590.949 euros en recetas que facturaban en 2009, según datos de Sanidad) y sin embargo sólo tienen un 5% de recetas menos que entonces y 2.000 recetas más por farmacia que en 2014. O sea trabajan más, pero ganan menos porque dispensan recetas más baratas. Y así, hay muchas farmacias en apuros, sobre todo las 3.000 que venden menos de 300.000 euros, básicamente las farmacias rurales que sobreviven gracias a las ayudas autonómicas.


Al final, el hecho de que un medicamento cueste menos de un café (el Adiro cuesta 1,45 euros y un pensionista paga 14,5 céntimos, la mayoría 0,75 céntimos) puede provocar efectos indeseados, como la falta de algunas medicinas, menos investigación y el cierre de las farmacias pequeñas. Y todo ello sin que baje la factura farmacéutica. Primero, porque consumimos demasiados medicamentos, a pesar del copago, con un  abuso en las recetas (médicos con dos minutos por paciente pueden hacer poco más que recetar) y en los antibióticos. Y hay un cierto despilfarro, con las casas llenas de medicamentos y un exceso de automedicación. Además, los nuevos medicamentos son cadavez más costosos y así será cada vez más, sobre todo en los tratamientos hospitalarios. Por eso, lo normal es que la factura farmacéutica siga al alza, aunque hay que reducir el abuso en las recetas.


Por otro lado, el gasto farmacéutico por habitante ha bajado, de 267 euros en 2009 a 224 en 2018, según los datos de Sanidad. Y todavía es un 32% inferior al de la eurozona, según Farmaindustria. Además, el gasto farmacéutico ha reducido su peso en la economía, al pasar del 1,17% del PIB que suponía en 2009 al 0,87% del PIB que suponen las recetas en 2018. Eso se ha conseguido en parte gracias al Pacto alcanzado en 2015 entre el Gobierno Rajoy y el sector farmacéutico: el gasto en medicamentos debe crecer cada año lo que la economía. Y si crece más, se penaliza a las farmacéuticas. En 2017, el gasto creció menos que el PIB (2,60% frente al 2,9%) y en 2018 creció más  (3% frente a 2,4%), con lo que los laboratorios tendrán que pagar 150 millones a Sanidad. Y el sector cree que cumplirán en 2019.


Cara al futuro, la Autoridad Fiscal independiente (AIReF) ha propuesto al Gobierno un Plan para ahorrar entre 1.000 y 2.000 millones en gasto farmacéutico entre 2020 y 2022. La propuesta básica es implantar un sistema de subasta, en el que los laboratorios pujarían por ofrecer al mejor precio los medicamentos que financia Sanidad, un sistema que funcionaba en Andalucía con Susana Díez y que ahora quiere suprimir el nuevo Gobierno regional de PP y Ciudadanos. Según AIReF, las subastas permitieron a Andalucía ahorrar 560 millones en medicamentos entre 2012 y 2017. Pero laboratorios y farmacéuticos están en contra. El sector farmacéutico teme que la subasta penalice a los laboratorios más innovadores, en beneficio de laboratorios indios, chinos y de Europa del Este, que ofrecen medicamentos menos innovadores y de menor calidad, mientras los medicamentos de marca facilitan los tratamientos y la farmacovigilancia. Y los farmacéuticos creen también que estos laboratorios que “tiran precios” ofrecen menos garantías, que la subasta favorecería los desabastecimientos (ha pasado en Andalucía) y afectaría negativamente a las cuentas de las farmacias. 


La propuesta de AIReF incluye también una reforma del sistema de precios de referencia (para considerar la indicación terapéutica y no el principio activo, como ahora) y responsabilizar más a las autonomías en el sistema de fijación de precios a los nuevos fármacos. Precisamente, el 4 de noviembre entra en vigor un nuevo sistema, Valtermed, implantado por Sanidad para monitorizar la eficacia de los nuevos fármacos, empezando por 7 medicamentos innovadores de uso hospitalario, que ya se financian, para medir su efectividad real.


En paralelo, el Ministerio de Sanidad ha presentado en octubre un Plan para incentivar el uso de los medicamentos genéricos (los que tienen la patente caducada), como otra forma más de ahorrar gasto, dado que en España estos fármacos tienen menos peso (47,2% de las unidades vendidas  y 22,8% del valor) que en Europa. El sector farmacéutico está en contra de esta propuesta, porque dice que la comparación es errónea, dado que en España, los medicamentos de marca han bajado de precio y cuestan lo que los genéricos, para poder ser financiados con el sistema de precios de referencia. Y con ello, el 80% de los medicamentos de marca que se dispensan con receta están a precio de genérico. Y con más calidad, aseguran. Por ello, fomentar los genéricos en contra de los medicamentos de marca es distorsionar la competencia y penalizar a los laboratorios innovadores frente a los laboratorios indios, chinos o de la Europa del Este que controlan el mercado de genéricos.


Además, la AIReF propone a Sanidad  modificar el copago farmacéutico, para resolver dos problemas actuales. Uno, que paguen lo mismo por las medicinas (el 10%) un pensionista con 600 euros de pensión que uno con 2.000. Y otro, que un trabajador con el salario mínimo (900 euros) pague más por las medicinas (el 40%) que un pensionista que gane el doble. Se estudia que todo el mundo, sea trabajador o pensionista, pague según su nivel de ingresos. 


Al margen de estas propuestas sobre cómo ahorrar, lo que está claro es que habría que reducir el consumo no justificado de fármacos (acabar con el armario que tenemos en casa)  y centrarse en financiar los fármacos necesarios e innovadores, que cada vez serán más caros. Y eso exige pagar los medicamentos por lo que vale producirlos, sin racanear con bajadas continuas pero sin pagar precios imposibles que a veces exigen los laboratorios por sus nuevos fármacos. Seguir adelante con el Pacto con la industria farmacéutica y no racanear en investigación, para que sigan apareciendo medicamentos que salvan vidas. Hay que moverse entre dos polos: ahorrar (para que no hagan falta más copagos) y financiar los fármacos lo suficiente para que no falten y se innoven. Un difícil equilibrio.

La recuperación no llega a la Ciencia

El Gobierno Rajoy ha “vendido” que el gasto en Ciencia aumenta en 2017. Falso: sólo crecen los créditos (que no se gastan) pero bajan las subvenciones. Si consideramos todo el gasto descontando la inflación, realmente baja un 0,38%. Y se suma al recorte del 30% sufrido desde 2009, según la OCDE. España se coloca así a la cola de Europa, en el puesto 19 por gasto público en I+D+i, mientras también las empresas gastan menos. Además, existen enormes diferencias de gasto en Ciencia por autonomías: el País Vasco gasta cuatro veces lo que Canarias. La Comisión Europea, la OCDE y el FMI acaban de pedir  al Gobierno (otra vez) que se vuelque con la Ciencia, porque es una razón clave  de que España sea menos productiva y cree menos empleo que Europa. Pero como si nada. Mientras, los investigadores han salido a la calle, pidiendo más gasto y un Ministerio. Y recuperar una década larga perdida para la Ciencia. Nos jugamos el futuro.



enrique ortega



El Gobierno Rajoy ha vuelto a utilizar su “truco presupuestario” con la Ciencia en el Presupuesto 2017, como ya hizo en años anteriores: el gasto total será de 6.501 millones de euros, con un pequeño aumento (+1,1%), pero a costa de subir los créditos (+3,78%) y bajar las subvenciones (-2,6%). Este aumento global es un “espejismo”, porque los créditos (3.896 millones, un 60% del Presupuesto 2017) no se utilizan (Universidades y centros públicos están muy endeudados y no se pueden endeudar más) y al final no se los gastan, mientras las subvenciones (2.604 millones, el 40% del Presupuesto) sí se utilizan. Además, aunque el gasto público en Ciencia sube 71,57 millones (+1,1%), en realidad ese aumento nominal se lo comerá este año la inflación (+1,5% anual), con lo que el gasto real caerá un 0,38%.

Este año 2017, todas las partidas importantes de gasto (salvo los créditos) caen, desde los gastos de personal (-0,6%) hasta las inversiones (-7,8%), pasando por las compras (-2,4%) y las transferencias (-9,9%), según el análisis de COSCE. Y todos los organismos públicos de investigación ven recortados sus Presupuestos: un -0,9% el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (el CSIC, el principal organismo de investigación en España), un -0,8% el Instituto de Salud Carlos III, un -32,41% el Instituto de Investigación Agraria (INIA), un -35,45 la innovación tecnológica en defensa, un -20,95% la innovación en telecomunicaciones (Ciudades digitales, Agenda Digital, Red.es y el Instituto de Ciberseguridad) y un -64,03% los programas para promover la investigación y la tecnología en las empresas.

Este estancamiento del gasto público en Ciencia en 2017 (o recorte, contando la inflación), se suma a los recortes sufridos entre 2009 y 2013: -3.741 millones de euros, 1 de cada 3 euros disponibles (9.673 millones en  2009). Menos de un tercio del recorte es culpa de Zapatero (-1.084 millones entre 2010 y 2011) y más de dos tercios son de Rajoy (-2.657 millones entre 2012 y 2013). El problema añadido es que España recortaba un tercio su gasto en Ciencia mientras los demás países lo aumentaban durante la crisis, con lo que nos hemos quedado aún más retrasados de Europa. De hecho, España es el país occidental que más ha recortado su presupuesto público en Ciencia, un 34,69% entre 2009 y 2013, según datos de la OCDE aportados por COTEC. Un recorte mayor que el de Grecia (-3,12%), Portugal (-7,22%), Italia (-13,64%), Francia (-15,39%) o Irlanda (-18,46%) y que contrasta con el aumento del gasto en Ciencia en Europa (+0,16% en la UE-28) y en los paises punteros, como Alemania (+18,41%), Suecia (+16,29%), Reino Unido (+1,83%), Holanda (+1,51%) o Finlandia (+1,41%).

Pero no sólo ha recortado en Ciencia el Presupuesto del Estado. También las autonomías han reducido un 10% su gasto en Ciencia desde 2010, aumentándolo sólo Andalucía y Murcia, aunque las que más gastan son País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña. Y las empresas privadas también han recortado su gasto en I+D+i, otro 16% entre 2008 y 2015 (6.915 millones). Todos han utilizado la Ciencia para ajustar sus cuentas, a costa de perderse proyectos y plantillas: se han perdido 23.000 empleos, de los que 13.000 son investigadores perdidos, que han ido al paro o han emigrado al extranjero.

Entre 2014 y 2017, los presupuestos en Ciencia se han mantenido, con ligeras subidas, lo que no ha evitado que el recorte final en Ciencia sea del 30% entre 2009 y 2016, según los últimos datos de la OCDE, que contrastan con la subida del gasto en Europa y muchos paises. Con ello, el gasto público español en Ciencia se coloca a niveles de 2006: una década perdida. Y España sigue bajando en el ranking europeo por  gasto público en I+D+i: en 2016 estábamos en el puesto 18, con un gasto público en Ciencia del 1,23% del PIB, muy por debajo del 2,02% de la UE-28 y del objetivo europeo del 3% para 2020. Sólo hay 7 paises europeos que gasten menos en Ciencia (Rumania, Letonia, Bulgaria, Grecia, Eslovaquia, Polonia y Lituania) y estamos muy lejos de los más innovadores: Suecia (3,30% del PIB en Ciencia), Finlandia (3,17%), Dinamarca (3,05%), Austria (2,97%), Alemania (2,86%), Bélgica (2,46%), Francia (2,22%) y Reino Unido (1,66%). Y estamos a la cola de Europa (puesto 27) en el ranking europeo de solicitud de patentes (32 por millón de habitantes).

Y todos estos recortes son contando el gasto que está en los Presupuestos, que no es lo que se gasta de verdad en Ciencia, porque la mayoría de las partidas son créditos que no se consumen. Así, en 2016, el Estado sólo gastó realmente un tercio de lo presupuestado, según las cifras parciales de Economía, debido a la no utilización de los créditos y al cierre del gasto el 1 de agosto para forzar el recorte del déficit. En 2015, el Estado solo gastó la mitad de lo presupuestado, según datos de la Intervención General. Y en conjunto, se estima que el Estado ha dejado de gastar 18.886 millones en I+D+i sobre lo presupuestado entre 2008 y 2015, con lo que el recorte final en Ciencia ha sido aún más drástico.

El problema de la Ciencia en España no es sólo la falta de recursos. Hay un problema adicional de falta de plantillas y de investigadores (6,8 por cada 1.000 empleados frente a 7,9 en la UE, 8,9 en Reino Unido o 9,9 en Francia), que además están muy envejecidos y con poco reciclaje. Además, hay poca inversión en investigación en las Universidades (330 millones de media por Universidad frente a 1.330 millones en Alemania). Una gran disparidad en el gasto en Ciencia por autonomías, que representan un 60% de todo el gasto público en Ciencia: un 1,93% del PIB gasta el País Vasco, 1,71% Madrid, 1,64% Navarra o 1,52% Cataluña frente a sólo un 0,48% de Canarias, un 0,54% de Castilla la Mancha, un 0,66% de Extremadura o un 1,02% de Andalucía (justamente, las regiones más pobres y atrasadas de España). Y, sobre todo, tenemos el problema de que las empresas españolas gastan poco en I+D+i: un 0,65% del PIB frente al 1,3% de media en la UE. Gastan menos y sólo las grandes empresas, que mantienen menos investigadores que en Europa (3,4 por cada 1000 empleos, frente a 6,5 investigadores en las empresas alemanas  y 8,7 en las francesas).

Ya no es sólo que España gaste poco y mal en Ciencia, desde el Estado, autonomías, Universidades y empresas. Es que además tenemos un problema educativo que no ayuda, que tiene un impacto muy negativo sobre la innovación, como señala el Informe COTEC 2016. Por un lado, la educación de los jóvenes españoles es muy deficiente, como revelan dos datos. Uno, que los jóvenes de 15 años tienen peores puntuaciones que la media de Europa y la OCDE en matemáticas, lectura y ciencia, según revelan los informes PISA. Y el otro, que España es líder en abandono escolar en Europa: un 20% de jóvenes abandonan sus estudios, casi el doble de la media europea (11%), según Eurostat. Y por otra parte, tenemos también una población adulta poco formada: un 25,4% de los trabajadores españoles tienen baja cualificación, frente al 9,4% de media en la OCDE. Como dice el Informe COTEC, este bajo nivel educativo y formativo no ayuda al avance de la Ciencia y la innovación.

Mientras Rajoy sigue “racaneando” con la Ciencia, los organismos internacionales reiteran año tras año que España tiene un grave problema de innovación y tecnología, que explica en buena medida nuestra baja productividad (puesto 33 en el ranking mundial) y que trabajen pocos españoles (el 59,5% de los adultos frente al 66,6% en UE-28, según Eurostat).En diciembre 2016, la misión del FMI criticó a España por las escasas ayudas públicas que destina a los programas de innovación de las empresas privadas y pidió más eficacia en el gasto público en I+D+i. En febrero de 2017, el informe sobre España de la Comisión Europea criticaba la falta de coordinación en materia de Ciencia entre el Estado central y las autonomías, pidiendo un mayor gasto empresarial y una mayor colaboración entre la investigación pública y la privada, señalando el exceso de rigidez y burocracia en las Universidades y la falta de evaluación sistemática del gasto en I+D+i. Y en marzo de 2017, el informe de la OCDE sobre España pidió simplificar los trámites para que las empresas consigan bonificaciones fiscales para inversiones en investigación, a la vez que más ayudas directas y no créditos para la Ciencia.

Todas estas llamadas de atención del FMI, la Comisión Europea y la OCDE no sirven de mucho. Ya en julio de 2014, la Comisión Europea realizó un Informe sobre la Ciencia en España, donde hacía 10 recomendaciones que se resumen en tres: tenemos que gastar más (mínimo, 1.000 millones más de gasto público al año), aumentar las plantillas de investigadores y gastar mejor, reformando los centros públicos de investigación (fusiones), modificando la carrera de investigador, coordinando mejor los esfuerzos de las 17 autonomías, estado, Universidades y empresas, evaluando mejor y de forma sistemática los programes de investigación y favoreciendo fiscalmente la innovación de las empresas privadas. Han pasado casi 3 años y apenas se ha avanzado, ni en el gasto ni en cómo investigar mejor.

Ante este parón de la Ciencia, tras una década perdida, los investigadores salieron a la calle el 22 de abril para pedir recursos y medidas, resumidas en este Manifiesto por la Ciencia, centrado en 4 propuestas: firma de un Pacto de Estado por la Ciencia, restitución del Ministerio de Ciencia y creación de una Oficina independiente que asesore el Gobierno en temas de tecnología, además de la creación de una Agencia independiente (al estilo del European Research Council europeo) que gestione un Fondo estable de inversión en Ciencia procedente de los Presupuestos. Los investigadores creen que habría que pactar unos recursos estables para la Ciencia, al margen de la política, hasta recuperar unos 9.000 millones de gasto público al año (el nivel europeo), un tercio más que  ahora (6.501 millones para 2017). Y no sólo gastar más sino gastarlo mejor, de forma más coordinada y eficiente.

Todo el mundo habla de la importancia de la Ciencia, pero sigue relegada, en este Presupuesto y en los últimos 8 años, en la política y en las empresas. Y con ello, España pierde el tren del futuro, porque de la innovación y la tecnología depende nuestra productividad, empleo y riqueza. No podemos seguir en el vagón de cola de la Ciencia europea si aspiramos a ser un país puntero. Dejen de mirar para otro lado y acuerden ya un Pacto por la Ciencia, con dinero y medidas eficaces para recuperar esa década perdida y avanzar hacia un país más moderno, más competitivo y con más empleo. El pasaporte es la Ciencia.