jueves, 28 de diciembre de 2023

Ayudas parciales contra una inflación menor

El Gobierno acaba el año prorrogando hasta junio algunas ayudas (el “escudo social”) que aprobó hace dos años y medio contra la alta inflación. Ahora, los precios suben mucho menos (+3,2% anual, frente al +10% del verano 2021) y España tiene que rebajar el déficit público, por exigencia de Bruselas, lo que obliga a recortar gastos. Por eso, mantienen la bajada del IVA a los alimentos básicos, un bajo impuesto a la luz (10% de IVA, frente al 5% actual y al 21% de siempre) y las ayudas al transporte público urbano e interurbano, aunque no a los transportistas, al campo o la pesca. Y mantienen la prohibición de desahucios, mientras  amplían las familias a las que se alivia el pago de su hipoteca. Habrá menos ayudas (5.300 millones frente a 15.000 en 2023), pero no se suprimen de golpe, para que no repunte la inflación. Ahora, la energía está más barata, aunque los alimentos siguen caros. Y se espera menos inflación en 2024.

                    Enrique Ortega

Al acabar este año 2023, la inflación ya no preocupa tanto como en 2021 y 2022. El  IPC de noviembre, reflejaba una inflación anual del +3,2%, superior a la de este verano (con un mínimo del +1,9% en junio) pero mucho menor a la inflación que hemos soportado desde el verano de 2021: +6,5% en diciembre de 2021, +9,8% en marzo de 2022 (tras la invasión de Ucrania el 24-F), más del 10% de inflación en junio (+10,2%), julio (+10,8%, el máximo) y agosto de 2022 (+10,5%), para bajar al +5,7% en diciembre de 2022 y seguir luego bajando en 2022, hasta el +3,2% actual. Y aunque puede repuntar algo en diciembre, no se espera que supere el +3,4%, la inflación más baja desde diciembre de 2020 (-0,5%).

Con los datos del IPC de noviembre (+3,2% inflación anual), lo que más sube siguen siendo los alimentos (+9% de subida anual, aunque es mucho menor a la subida del +15,7% en las Navidades de 2022). Y dentro de los alimentos, siguen disparados los precios del aceite de oliva (+66,7% de subida anual), las legumbres y hortalizas (+16,8% anual), la carne de cerdo (+12,9%), las frutas frescas (+10,1%), el cordero (+10%) y el azúcar (+7,5% anual). Las bebidas suben otro +7,1% anual y le siguen los hoteles, cafés y restaurantes (+6,1% de subida anual), las comunicaciones (+3,3%), la enseñanza (+2,8%), el menaje del hogar (+2,7%), la ropa y calzado (+2,2% anual) y los gastos médicos (+2,1%). El transporte no sube nada (+0% anual), gracias a las subvenciones al transporte urbano e interurbano, además de la rebaja anual del gasóleo (-5,7%), aunque ha subido la gasolina (+2,7% anual). Y los gastos de la vivienda bajan (-5,7% anual), gracias a la bajada de la electricidad (-13,6% anual), del gas natural y ciudad (-19,7%) y del butano y propano (-22,9% anual).

Lo que más preocupa a la mayoría de las familias, sobre todo a las más vulnerables, es que se mantienen altos los precios de los alimentos, que suponen el 16% del gasto familiar (y hasta el 25% para las familias más pobres), según el INE. La realidad es que la compra de comida para una familia de 4 personas se ha encarecido 90 euros al mes sobre lo que costaba en marzo de 2021, lo que supone que gastan 1.080 euros más al año en comer. Y la cesta de la compra de alimentos básicos ha subido de 873 euros de media en marzo de 2021 a 1.141 euros en noviembre de 2023, un aumento del +30,69%, mientras los salarios han subido menos del +8% en estos casi tres años. Y no es sólo que las familias se gasten más en alimentos, es que han aumentado las familias que ahora no pueden comprar frutas, verduras, carne y pescado, por sus altos precios, empeorando la calidad de su dieta.

La perspectiva para 2024 es que los precios suben algo menos que ahora. La Comisión Europea estima que la inflación anual en España bajará de una media del 3,6% en 2023 al 3,4% de media en 2024, para reducirse al  2,1% en 2025. Y el Banco de España apuesta por una bajada de la inflación del 3,4% al 3,3% en 2024 y al 2% en 2025. Sólo el FMI y la OCDE creen que España tendrá una inflación más alta en 2024 (3,7 al 3,9%) que en 2023 (3,5%), dentro de un panorama internacional donde esperan que amaine la inflación.

Los expertos apuestan por una menor inflación mundial en 2024 (bajará del 6,9% en 2023 al 5,8% en 2024, según el FMI), gracias a que esperan un precio moderado de la energía, las materias primas y los alimentos, factores claves también para el comportamiento de la inflación en España el año próximo. Empezando por la energía, el petróleo augura un precio bajo para 2024, en torno a los 70 dólares barril, aunque ayer volvió a superar los 80 dólares, por el conflicto en Palestina y el cierre de la ruta de Suez. Con ser un precio alto, es mucho menor a los 96,55 dólares barril que costaba en septiembre y a los 97,89 dólares barril que costaba el crudo el día antes de la invasión de Ucrania (24-F 2022). La Agencia Internacional de la Energía cree que el recorte de la demanda augura unos precios moderados del crudo, aunque tanto la OPEP como Rusia recorten su producción para elevarlo. Pero EEUU se ha consolidado como la primera potencia petrolera mundial y eso baja los precios. Incluidos los carburantes: la gasolina cuesta ahora 1,536 euros litro (frente a un máximo de 2,10 euros en julio de 2022 y 1,591 antes de la invasión de Ucrania). Y el gasóleo cuesta 1,501 euros, frente a un máximo de 2,07 euros en julio 2022 y 1,479 antes del 24-F).

Otro tanto pasa con el gas natural: ayer cotizaba a 33.26 euros/ MWh, frente a los 78,73 euros que costaba el día antes de la invasión de Ucrania y los 337,20 euros que llegó a costar el gas en agosto de 2022. Gracias a este desplome del precio del gas natural (que tiene mucho que ver con la alta producción de EEUU y otros paises más el acopio de gas para el invierno), desde febrero de 2023 no se aplica el tope al gas  que fijaba la “excepción ibérica” (primero si superaba los 55 euros y luego los 65 euros). Y gracias a estos bajos precios del gas, más un récord en la producción de electricidad renovable (50,8% en 2023, frente al 42,2 en 2022), se espera que la factura de la luz no se dispare en 2024, tras haber bajado mucho el recibo en 2023: 50,39 euros de media en noviembre, frente a 79,35 euros en diciembre 2022, 130,99 euros en agosto 2022 y un máximo de 143,03 euros en marzo de 2022 (tras la invasión de Ucrania), según la estadística de la OCU. 

Y queda lo que puede pasar con los precios de las materias primas y los alimentos. Respecto a las materias primas, como se espera un escaso crecimiento mundial en 2024 (y más en Europa), la demanda de materias primas será baja, en un momento en que han subido los stocks. El riesgo es que el conflicto en Palestina y el cierre de la ruta de Suez (por donde pasa el 10% del comercio mundial) pueda crear problemas de transporte y suministro, volviendo a subir precios, aunque EEUU quiere armar una coalición internacional para asegurar el tráfico internacional. Y en cuanto a los alimentos, el índice de precios de la FAO lleva bajando desde diciembre de 2022 y en noviembre estaba (índice 120,4) ya por debajo del índice de 2021 (125,7). Eso no quita para que haya alimentos que sigan subiendo (aceites, azúcar), afectados muchas veces por causas climáticas, un riesgo también en 2024.

En definitiva, todo apunta a que la inflación será menos preocupante, en el mundo y en España, en 2024. Pero los riesgos de que repunte existen, sobre todo por conflictos geopolíticos (Ucrania o Palestina y otros nuevos, como la guerra tecnológica y comercial entre EEUU y China). Y por eso, el Gobierno español (y la mayoría de los europeos) ha optado por mantener algunas ayudas contra la inflación, no desmantelar de repente el “escudo social” contra la inflación que el Gobierno Sánchez aprobó por primera vez en junio de 2021, prorrogando estas ayudas hasta 7 veces, la última en junio de 2023. Pero ahora, con la inflación más controlada, el Gobierno de coalición opta por recortar las ayudas, porque en 2024 habrá que ajustar el gasto público, para cumplir con la exigencia de Bruselas de reducir el déficit público al 3% (desde el 3,9% de 2023).

La Comisión Europea, el BCE, el FMI y la OCDE han recomendado a España y al resto de paises europeos que reduzcan su déficit y su deuda recortando las ayudas públicas contra la inflación en 2024. De hecho, los 7 paquetes de ayudas aprobados en España entre 2021 y 2023 costaron 47.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha reducido esas ayudas en este 8º paquete para 2024, que costará unos 5.300 millones de euros (frente a 22.000 en 2022 y 15.000 en 2023).

Empecemos por las ayudas contra la inflación que se mantienen, algunas retocadas. La principal, nuevos impuestos a la electricidad. El IVA en el recibo de la luz, que se bajó del 21% al 10% en 2021 y luego al 5% en junio de 2022, sube ahora al 10% (todo el año 2024), aprovechando la bajada del gas y la energía. Y en paralelo, el impuesto especial sobre la electricidad sube del 0,5% actual al 2,5% (primer trimestre) y al 3,8% (2º trimestre), para volver al 5,11% de antes en julio. Y el impuesto sobre la generación de electricidad sube del 0% actual al 3,25% (primer trimestre) y al 5,25% después (2º trimestre), para volver al 7% de antes de 2021 a partir de julio de 2024. El IVA del gas se mantendrá también en el 10% hasta marzo, subiendo después al 21% de antes.

También se mantiene hasta junio la rebaja del IVA a los alimentos básicos, que bajó del 4 al 0% en enero de 2023 (para el pan, harinas, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales) y también la rebaja del 10 al 5% en el IVA de aceites y pastas. Y se mantienen (ojo: durante todo el año 2024) las ayudas al transporte urbano (Estado y autonomías financiarán el 50% de los abonos) y la gratuidad a los abonos (para todos) de transporte en Cercanías y  Renfe media distancia, así como las líneas estatales de autobús (para viajeros habituales).

Las ayudas que desaparecen en 2024 son las que recibían hasta ahora los transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores (10 céntimos por litro hasta septiembre y 5 céntimos hasta diciembre de 2023). Eso sí, se congela en 2024 el precio de la bombona de butano (19,95 euros), limitando la subida de la tarifa de último recurso (TUR) del gas (a un +5% trimestral). Y se mantienen las subvenciones al precio del gas para calefacción de las comunidades de vecinos. Además, se extiende 6 meses más la rebaja de tarifa eléctrica a las industrias más consumidoras de electricidad (cerámicas, cementeras, aluminio…).

Además, se mantienen dos ayudas que no tienen un coste presupuestario. Una, la prohibición de desahucios en 2024 a las familias más vulnerables y el corte de suministros básicos (luz, agua y gas). Y se amplía en 100.000 familias (las que ingresan menos de 35.000 euros, frente a los 30.000 euros de límite actual) las que podrán disfrutar en 2024 de un alivio en el pago de sus hipotecas, según lo pactado por el Gobierno con la banca.

Ahora, falta ver si la inflación sigue a la baja y si estas ayudas son suficientes para rebajar el mayor gasto de las familias más desfavorecidas (aunque tanto el IVA más bajo para los alimentos, la luz y el gas benefician más a los que más tienen que a los más pobres). Y con menos inflación, la clave será si las familias pueden mantener su consumo en 2024, un año en que se espera que el consumo privado sea uno de los motores del crecimiento (entre el 1,7% y 2% aumentará el PIB, menos del 2,4 % que creceremos en 2023), junto al turismo y las inversiones que promueven los Fondos europeos. Para que ese consumo de las familias mantenga la actividad (y el empleo), es clave que suban los salarios, más que la inflación. De momento, están a la par, ya que los salarios en convenios suben este año un +3,49%, similar al +3,4% de inflación este año. Parece que hay grandes empresas que están subiendo más los salarios, porque pueden y no encuentran trabajadores. Pero el Acuerdo salarial firmado en mayo entre sindicatos y patronal  acordó una subida salarial del 3% para 2024. Así que está en juego la recuperación del poder adquisitivo (y el consumo) en 2024.

En resumen, el Gobierno gasta lo que puede (menos) para mantener algunas ayudas contra la inflación, pero la clave va a estar en que la energía y los alimentos no nos den un susto en 2024 y obliguen a tomar medidas más drásticas (en un año que tendremos que gastar menos como país para reducir el déficit público). Por eso, el Gobierno debería pactar con patronal y sindicatos una moderación no sólo de los salarios (ya lleva años) sino de los márgenes y beneficios empresariales, que fueron los causantes de dos tercios de la subida de la inflación en 2022, según un estudio del BCE. Y también la OCDE ha demostrado que tres cuartas partes de la subida de la inflación en Europa se ha debido a la subida de los márgenes empresariales (beneficios) y sólo la cuarta parte restante se debe a los salarios. Habría que pactar una moderación de esos beneficios, porque sería más eficaz que estas ayudas recortadas ahora. Vigilen los márgenes (disparados) de algunos sectores y empresas, para que no nos suban otra vez los precios a todos en 2024.

lunes, 25 de diciembre de 2023

Más subsidio para más parados

La primera medida económica de calado aprobada por el nuevo Gobierno Sánchez ha sido la reforma del desempleo, que hoy cobran sólo 2 de cada 3 parados registrados (1 millón de parados no cobran nada). El objetivo de esta reforma, exigida por Bruselas y que entrará en vigor el 1 de junio, es doble. Por un lado, que el subsidio de paro llegue a 425.000 desempleados más y que cobren algo más (entre 570  a 540 euros el primer año, frente a 480 hoy), porque la mitad de los parados son “pobres”. El otro objetivo es conseguir un mayor compromiso (y control) de los parados en la búsqueda de empleo, ayudándoles con asesoramiento personalizado. Es un avance, pero la clave es conseguir que las oficinas de empleo (hoy inútiles, salvo para papeleos) ayuden a los parados a encontrar trabajo, con tutorías y formación, sobre todo para los mayores de 50 años, que hoy no encuentran empleo y malviven con los subsidios. Políticas activas de empleo y no limosnas
 
                 Enrique Ortega

Empecemos por ver cuántas personas cobran hoy el desempleo. En octubre (último dato de Trabajo), cobraban alguna ayuda 1.736.502 parados, el 62,9% de los parados registrados en las oficinas de empleo (2.759.404 parados inscritos en octubre). Eso significa que 1 millón de parados registrados como tales (exactamente 1.022.902) no cobran ninguna ayuda, porque se les ha acabado el paro o porque no tienen derecho por no haber cotizado suficiente. Y si lo comparamos con las personas que se consideran paradas, según la EPA, 2.855.200 a finales de septiembre (hay 95.796 parados que no se han registrado en el SEPE), resulta que hay 1.118.698 personas que dicen estar en paro y no cobran ningún subsidio. 

Volviendo a esos 1.736.502 parados registrados que sí cobran ayuda, hay dos tipos de subsidios. Menos de la mitad de los parados, 772.852 desempleados (el 44,5% de todos los beneficiarios) cobran un subsidio contributivo, cuyo importe tiene que ver con el tiempo que ha trabajado y cotizado (se exigen 360 días de cotización en los últimos 6 años) y con su sueldo (reciben el 70% de la base reguladora los primeros 6 meses y el 50% después). Y se cobra entre 4 meses (si ha cotizado menos de 539 días) y un máximo de 2 años (para los que han cotizado 720 días). En octubre, el importe medio que cobraban esos 772.852 parados con prestación contributiva era de 974,20 euros mensuales.

Y luego están la otra mitad larga de parados, 963.650 desempleados (el 55,5% del total que cobran algo) que reciben el subsidio asistencial, una ayuda para los que ya no tienen derecho a la prestación contributiva, porque se les ha acabado o no cotizaron lo suficiente (710.622 en octubre) o son eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura (158.552 parados más) o han agotado todas las prestaciones (renta mínima de inserción: 94.476 parados la recibían en octubre). El importe de este subsidio, que ya no tiene que ver con el tiempo cotizado, es igual para todos y se fija cada año, en un 80% del IPREM (un indicador público de referencia para ayudas y subvenciones): en 2023 es de 480 euros, lo que cobran de subsidio asistencial esos 963.500 parados. Y este subsidio asistencial (no el contributivo) es el que contempla la reforma aprobada la semana pasada.

¿Quién cobra este subsidio asistencial de 480 euros?  La mayoría son parados de más de 52 años (433.691 parados, el 44,65% del total), que cobran esta prestación mensual hasta que alcanzan su edad legal de jubilación (66 años y 4 meses o 65 años si ha cotizado suficiente). Otro grupo importante, según los datos del SEPE,  son los parados que han agotado su prestación contributiva (136.785 parados, el 14,8% de los subsidios asistenciales). Y les siguen los parados que han cotizado menos de lo exigido para tener una prestación contributiva (120.766 parados, el 10,07% del total). Luego están los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, que cobran la renta agraria (74.518) o el subsidio agrario (82.024 parados), que exige menos requisitos. Y quedan los 97.874 parados (10,07% de los subsidios asistenciales) que cobran la renta activa de inserción, una última oportunidad de cobrar algo para los que han perdido todos los subsidios.

Todos estos colectivos cobran esos 480 euros al mes durante 6 meses, aunque puede extenderse hasta 30 meses a los parados mayores de 45 años con cargas familiares (los mayores de 52 años, cobran el subsidio hasta que se jubilan). Según los datos del SEPE, el 55% de los parados que cobran estos subsidios asistenciales son mujeres, el 68% tienen más de 50 años y el 92% son españoles (sólo un 8% son extranjeros). Y por regiones, la mayoría de los que cobran el subsidio viven en Andalucía (496.691 subsidiados, el 8,20% de sus activos), seguidos de Cataluña (228.093 subsidiados, el 2,4% de sus activos), Comunidad Valenciana  (200.486 subsidiados, el 4,1% de sus activos), Madrid (173.512 subsidiados, el 1,9% de sus activos), Canarias (95.586 subsidiados, el 4,8% de sus activos), Galicia  (81.824 subsidiados) y Extremadura (71.686 subsidiados, el 10,4% de sus activos).

El primer problema que tiene este subsidio de desempleo es que 1 millón largo de parados registrados no cobra nada y que la mayoría de los que sí cobran, esos 963.650 parados que tienen un subsidio asistencial sólo reciben 480 euros mensuales. Eso les lleva a una situación de marginalidad: el 41,7% de los parados están (2022) en una situación de “pobreza” (ganan menos del 60% de la media del país), el doble que la media de españoles (20,4% son  oficialmente “pobres”), según la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN). El segundo problema, es que muchos parados llevan años en el desempleo, un pozo del que no salen: el 39,67% de todos los parados (1.132.700) llevan más de 1 año sin trabajo, según la EPA. Y la mayoría de los parados con más de 50 años no encuentra trabajo nunca.

La reforma aprobada el pasado martes por el Gobierno y pactada antes con Bruselas (para recibir la 4ª entrega de Fondos europeos, 10.021 millones solicitados el miércoles pasado) busca abordar esos 2 problemas de fondo del desempleo en España: que cobren más subsidio más parados y tratar de sacarles del desempleo, con más exigencias para que sigan cobrando y con más ayudas para recolocarles. Trabajo (Yolanda Díaz) ha hecho más hincapié en mejorar las ayudas y la vicepresidenta económica (Nadia Calviño) se ha preocupado más por exigir una actitud más activa a los parados para buscar trabajo y ayudarles más a recolocarse. Al final, la reforma aprobada es un pacto entre ambas.

El primer objetivo de esta reforma de los subsidios de desempleo (la prestación contributiva no se toca) es ampliar el número de beneficiarios y aumentar lo que cobran. Para ello, se incluyen en este subsidio a 3 colectivos que ahora no cobraban nada, 425.000 nuevos beneficiarios: 150.000 parados menores de 45 años sin cargas familiares (recibirán 6 meses de subsidio, siempre que hayan cotizado 3 años, periodo que los sindicatos ven “excesivo”), 250.000 eventuales agrarios de toda España (ahora sólo tienen derecho los de Andalucía y Extremadura) y otros 25.000 que son trabajadores “transfronterizos” (marroquíes) en Ceuta y Melilla. Ellos, y los 963.650 parados que hoy cobran el subsidio asistencial recibirán una ayuda mayor: los 480 euros actuales subirán a 570 euros los primeros 6 meses, bajarán a 540 euros los 6 siguientes y volverán a 480 euros los 18 meses restantes (el máximo son 30 meses, según edad, circunstancias familiares y duración de la prestación). Sólo los mayores de 52 años seguirán cobrando hasta jubilarse los 480 euros actuales.

Con la reforma, el subsidio asistencial se simplifica y sólo habrá 2 motivos para cobrarlo. Uno, haber agotado la prestación contributiva o no haber cotizado suficiente para recibirla. Y el otro, ser mayor de 52 años y estar en paro. Para el resto, los que agoten esta prestación contributiva, se abre una “pasarela” para que accedan a cobrar el ingreso mínimo vital (IMV), ya fuera del desempleo. Otra novedad es que se acelera el cobro del subsidio: ya no habrá un mes de espera sin cobrarlo, se recibirá desde que se conceda.

El segundo objetivo de esta reforma es conseguir que los parados encuentren empleo, facilitar y promover que lo busquen y encuentren. La primera medida es permitir cobrar este subsidio y trabajar durante menos de 6 meses, algo ahora incompatible. Eso provoca que haya parados que rechacen hoy un trabajo de temporada (verano o Navidad) porque tienen que renunciar al subsidio y lo que ganan no les compensa perderlo. Esto debería facilitar que los parados acepten trabajos y que las empresas los “prueben”.  Sólo se ponen dos salvaguardas, para evitar fraudes: que no pueden hacerlo empresas con un ERE y que una empresa no puede contratar a un parado que haya trabajado con ella el año anterior.

Otra medida para incentivar a los parados a buscar y aceptar trabajo es que se les va a exigir ahora la firma de un “acuerdo de actividad”, a cambio de cobrar el subsidio: se trata de una serie de obligaciones que ha de cumplir el parado para mejorar su empleabilidad. No sólo tendrá que demostrar cada año sus ingresos (con la declaración del IRPF), sino que tendrá que actualizar su situación, hacer los cursos y la adaptación que se le exija y justificar los trabajos que rechace. Todo ello supondrá un mayor control del parado, ya no renovará sin más su demanda para cobrar, como ahora. Y si incumple, perderá el subsidio de desempleo.

La clave del éxito de esta reforma no está en el Real Decreto Ley aprobado la semana pasada, que entrará en vigor el 1 de junio de 2024 (para nuevas cuantías, beneficiarios y requisitos), el tiempo que necesitan las oficinas de empleo para adaptarse. Lo decisivo será la aplicación de la Ley de Empleo, aprobada en febrero de 2023, que pretende conseguir una tutoría personalizada de todos los parados: que las oficinas de empleo tengan un análisis laboral de cada parado y lo ayuden a colocarse, con políticas específicas para cada grupo o colectivo. Se busca que las oficinas de empleo dejen de ocuparse de la burocracia de los subsidios (ahora más simples) y se dediquen a asesorar a cada uno de los parados a salir del paro. Un dato de su ineficacia: en la última década, las oficinas de empleo (SEPE) sólo han intermediado en un 2% de los contratos conseguidos por los parados, según Trabajo. Ahora, el compromiso que se fija la Ley de Empleo es hacer un seguimiento personalizado de cada parado a lo largo de 2024.

En paralelo al Real Decreto de reforma del subsidio de desempleo, el Gobierno se ha comprometido a elaborar en 6 meses (para junio de 2024), con sindicatos y patronal,  una Estrategia para reducir el paro de larga duración, “dar una salida” a esos 1.132.700 parados que llevan más de 1 año sin trabajar, la mayoría mayores de 45 años (el 79% del total). Para conseguirlo, plantea elaborar en 2024 una herramienta que permita  a estos “parados difíciles” acceder a oportunidades de empleo, emprendimiento o formación.

La reforma a fondo del desempleo es clave para un país como España, que tiene el doble de paro que Europa (12% de la población activa frente al 6% la UE-27 y el 3,1% en Alemania, según Eurostat). La derecha y una buena parte de los empresarios siempre han pensado que muchos parados “no quieren trabajar” y prefieren “vivir del paro” (es falso: el 80% de los parados no agotan su prestación, según Yolanda Díaz). Por esa actitud "condenatoria", han defendido siempre  recortes en el seguro de desempleo. El más drástico es el que hizo Rajoy en 2013, recortando la protección, subiendo el subsidio hasta la jubilación de 52 a 55 años  y bajando la cotización pública por los parados (al 80%). Con ello, la cobertura de parados con alguna ayuda se desplomó, del 70,7% que cobraban algo en 2011 al 61,44% en diciembre de 2013, el 54,87% en 2015 y el 56% en mayo de 2018, antes de irse de la Moncloa. El primer Gobierno Sánchez aumentó la cobertura, que ahora está en el 67% (bruta). Y además, como en estos 5 años se han creado 1.738.000 empleos netos, ha aumentado la recaudación de cotizaciones para el desempleo. Y así, hoy tenemos más parados cobrando más (entre 2013 y 2017, el paro asistencial se estancó en 426 euros mensuales) pero, además, el sistema tiene un superávit de +5.700 millones, mientras con Rajoy tenía un déficit de -66.000 millones, según señaló Yolanda Díaz tras el Consejo de Ministros.

Pero seguimos teniendo un problema: España gasta mucho en subsidios a los parados (21.287 millones gastaremos este año 2023) y poco en ayudarles a encontrar trabajo (8.029 millones en 2023, aunque es el doble que en 2014). Por eso, muchos expertos creen que hay que apostar más por las “políticas activas de empleo”, por gastar más en formar y recolocar a los parados, para tener menos parados y gastar menos en subsidios. Y no sólo se trata de gastar más en incentivar la contratación de los parados, sino hacerlo de otra manera, porque hoy el 30% de los incentivos son para rebajar cotizaciones a los parados que se contratan y todo indica que es poco eficaz, que las empresas los contratarían igual y lo consideran una subvención encubierta, no un incentivo real a su contratación.

Por ello, hay que avanzar enpolíticas activas” de empleo eficaces, por 3 caminos: orientar a los parados para ayudarles a buscar trabajo (sobre todo a los mayores y a los colectivos con más problemas para recolocarse), planes de formación para parados ligados a lo que demandan las empresas (que se quejan de que “no encuentran trabajadores”) y una mayor información de la demanda y oferta real de empleo, dinamizando la web de la SEPE (que solo tiene 71.753 empresas registradas, 685.304 demandantes y 51.265 ofertas de empleo). Eso exige destinar más recursos a las futuras oficinas de empleo (Agencia Pública de Empleo), sobre todo contratar personal especializado (como el de las ETTs), dado que tienen muy poco personal (8.000 empleados y necesitarían 3.500 más), demasiado mayor y poco formado para ayudar a recolocar a los parados. Y sobre todo, una mayor coordinación entre autonomías, porque la gestión del desempleo está en sus manos y cada una tiene una política distinta para gestionar los fondos estatales para políticas activas de empleo.

En resumen, que el Gobierno Sánchez ha dado un paso importante para intentar reformar el desempleo, para que los parados sean “menos pobres”, pero la clave sigue estando en conseguir que los 2.855.200 parados actuales encuentren un empleo. Y eso exige más recursos y más personal para reorientarles, formarles y ayudarles a colocarse. Es nuestra gran asignatura pendiente.

jueves, 21 de diciembre de 2023

Navidades 2023: el gasto se modera

Este año, las familias no van a “tirar la casa por la ventana” en Navidad, como pasó en 2022, tras dos Navidades marcadas por la pandemia. Ha sido un año de mucho gasto, por la alta inflación y los mayores viajes, en verano y “puentes”, sobre todo a principios de diciembre. Y tras “tirar” de ahorros y tarjeta, el gasto se va a moderar esta Navidad, como confirman las tiendas y las menores contrataciones por las fiestas. Parece que sólo un 26% de españoles gastarán más y el resto igual o menos que en 2022, que fue una Navidad de gasto récord. Y se estabilizan las compras de ropa y regalos, mientras crecen comidas y viajes. Pero ojo: casi la mitad de hogares tienen problemas para llegar a fin de mes y no pueden disparar su gasto esta Navidad. Y hay 9,6 millones de españoles  (un 20,4%) en situación de pobreza, de los que no podemos olvidarnos estas fiestas, porque necesitan ayuda y apoyo. ¡Feliz Navidad!

                   Enrique Ortega

Vemos que las calles, tiendas y mercados de las ciudades están a tope estos días, con múltiples compras por la Navidad, la gran fiesta del consumo en Occidente. Hay factores que animan a las familias a gastar y otros les disuaden. El principal motivo de que el consumo de los españoles se mantenga (aunque más débil) es la mejora del empleo: hay 802.900 españoles más trabajando (21.265.900 ocupados en septiembre, según la EPA) que en las Navidades de 2022. Y la mayoría, con contratos más estables (menos temporales) y algo mejor pagados, tras una subida de salarios en convenio del +3,49% hasta noviembre (frente a la subida del +3,01% el año pasado y + 1,49% en 2021). Sin embargo, frena las compras la todavía alta inflación (+3,2% anual en noviembre y +9% los alimentos), aunque es mucho menor a la de las Navidades de 2022 (+5,7% inflación y +15,7% los alimentos). Pero el factor clave que frena el gasto es que las familias han consumido parte del ahorro acumulado durante la pandemia, tanto en 2022 como en 2023: la “hucha” está casi vacía. Y muchos españoles han tirado demasiado de tarjetas y créditos.

La consecuencia de todo esto es que el gasto se va a moderar estas Navidades, sobre todo comparado con 2022, en que los consumidores se lanzaron a gastar y celebrar las fiestas por todo lo alto tras dos Navidades (2020 y 2021) marcadas por la pandemia y las limitaciones a reunirse. Estas Navidades, 2 de cada 3 españoles van a gastar menos que en 2022, según un estudio de Intrum, que coincide con otro informe de BBVA Research, que augura un  estancamiento del consumo navideño”. Y otro estudio de Cetelem señala que el 45% de los españoles gastarán estas Navidades igual que el año pasado y otro 26% gastarán menos, con lo que sólo un 29% gastarán más.

¿Cuánto gastaremos estas fiestas? La OCU realiza un estudio cada Navidad y en este año estima que cada español gastará 745 euros de media (unos mucho más y otros menos), 10 euros más que en 2022 (+1,36%, lo que significa que gastaremos menos en términos reales, contando la inflación, y un crecimiento mucho menor al +15% de aumento en 2022). La mayoría de este gasto navideño se destina a comprar regalos (391 euros), seguidos de lejos por las comidas (110 euros por persona), viajes (107), lotería (69 euros), fiestas (32) y celebraciones con compañeros (36 euros). Respecto al desglose de los regalos, Cetelem señala que la mayoría del gasto se destina a perfumes (54% compras), moda (51%), libros (51%), juguetes (48%), calzado y complementos (41%).

Con todo, los comercios ya se han quejado de que están vendiendo menos estas Navidades, algo que ya notaron en las ventas del Black Friday. Y dicen que lo notan en unas menores ventas de ropa y regalos. Y los supermercados también indican que han bajado las ventas de los alimentos más caros, mientras se mantienen llenos los bares y restaurantes (es casi imposible hacer reservas) y siguen altas las reservas para fin de año en hoteles y casas rurales, también de viajes al extranjero. Pero globalmente, Hacienda espera que el consumo se frene este cuarto trimestre y recaudar por IVA sólo un +1% este año 2023. Y otro indicador clave,  el empleo navideño: se van a generar 402.000 contratos de temporada, un -17,3% menos de empleos que en las Navidades de 2022, según Randstad.

Y además de “mirar” más sus gastos, muchos españoles volverán estas Navidades a gastar a crédito, tirando de tarjetas y créditos al consumo. Los pagos con tarjetas de crédito han saltado de 11.465 millones en diciembre de 2022 a 11.775 en octubre de 2023 (último dato publicado por el Banco de España), con lo que se espera otro récord en diciembre. Y los créditos al consumo han subido de 2.363 millones en diciembre 2022 a 2.853 millones en octubre (último dato del Banco de España), a pesar de que los bancos cobran ya el 8,23% de interés por los créditos al consumo y un 18,19% por el crédito de las tarjetas. Pero las familias no dudan en endeudarse para viajes o compras puntuales.

A golpe de créditos o tirando de ahorros, muchos españoles siguen intentando mantener su nivel de gastos, mayor en Navidades. Pero muchos no pueden gastar, porque se les han acabado los ahorros o porque su capacidad de gasto se ha recortado con la inflación y la subida de la hipoteca (una hipoteca media, de 150.000 euros, se ha encarecido 353 euros (+67%), de 527 a 880 euros en los dos últimos años). Y por ello, casi la mitad de los españoles (el 47,8%) tienen algún problema para llegar a fin de mes, según el INE: un 8,7% llega a fin de mes con mucha dificultad, otro 25,7% con cierta dificultad y un 13,4% más con alguna dificultad, un porcentaje mayor que en las Navidades de 2022 (44,9%). Y además, un 13,2% de los hogares tienen problemas para pagar los recibos de la vivienda, un 17,1% no pueden mantenerla a una temperatura adecuada y un 5,4% de hogares españoles no pueden permitirse comer pollo, carne o pescado dos veces por semana.

Si hay muchos hogares con problemas para llegar a fin de mes, también en Navidad, no podemos olvidar estas fiestas que 1 de cada 5 españoles están en situación de pobreza, porque ingresan menos del 60% de los ingresos medios del país (menos de 10.088 euros anuales los solteros y menos de 21.185 euros las familias con dos hijos). Eran 9.670.000 personas pobres en 2022, según la Red Europea de lucha contra la pobreza (EAPN). Una pobreza que se concentra más entre las familias monoparentales (madres solas con niños), los inmigrantes y los parados. Y que afecta especialmente a los niños: en España hay 2.296.000 niños y adolescentes viviendo en hogares “pobres”, lo que nos sitúa como el 4º país occidental con más pobreza infantil (28% de media entre 2019 y  2021), sólo por detrás de Turquía (33,8%), Colombia (25,8%) y Rumanía (29%), según Unicef.

Esta elevada tasa de pobreza en España, que muchos no quieren ver, se ha agravado en el último año, por la alta inflación y el fuerte aumento de los alquileres, dos factores que afectan más a las familias vulnerables. Y por eso, Cáritas ha alertado que han aumentado un 20% las familias a las que atienden en Madrid, por ejemplo. Y siguen aumentando las “colas del hambre”, donde las ONGs y el Banco de Alimentos dan comidas a 1,3 millones de españoles. Y Cáritas atendió a 2.830.156 personas en 2022, una cifra que rondará los 3 millones este año 2023, sobre todo para ayudas de alimentación y vivienda.

Así que estas Navidades, en medio de la fiebre de compras y regalos, no debemos olvidar que hay muchos españoles (“vecinos nuestros”) que lo están pasando mal, que tienen problemas graves para comer, calentar su casa y pagar sus recibos imprescindibles. Volvemos a ver esta Navidad 2023 las dos o tres Españas de siempre, las de aquellos que viven mejor, una amplia mayoría que vive al día y una minoría amplia que malvive. Y no hay luces ni escaparates ni fiestas que eviten esta realidad que muchos no quieren ver. Seamos solidarios, intentemos donar a ONGs y ayudar a quienes sabemos que lo necesitan. Es la mejor manera de celebrar esta Navidad, que debería ser la fiesta de la solidaridad entre todos.
¡Feliz Navidad ¡

lunes, 18 de diciembre de 2023

Jóvenes: viven peor que sus padres y abuelos

Los jóvenes menores de 35 años son “la generación perdedora” en España en este siglo, según un reciente estudio: han formado menos hogares, tienen menos ingresos y riqueza que en 2022 y posen menos viviendas, además de tener más pobres. Y en contrapartida, han mejorado ingresos y riqueza sus padres y sobre todo sus abuelos: los mayores de 65 años son “la generación ganadora” en España este siglo. Y ese mayor colchón, sobre todo por la mejora de las pensiones, les permite ayudar a hijos y nietos: un tercio de los mayores ayudaron a sus hijos  llegar a fin de mes el último año. Una red de ayuda familiar que ha evitado una mayor desigualdad intergeneracional pero que no puede ocultar el grave problema que tenemos, según alertó la OCDE: demasiados jóvenes en paro y con empleos y sueldos precarios, que no pueden emanciparse y formar una familia. Ahora tienen un nuevo Ministerio, pero faltan Planes para darles una salida vital.

                    Enrique Ortega

La primera novedad en el excelente Informe sobre la España de este siglo, elaborado por la Fundación AFI Emilio Ontiveros, es el gran aumento de población: hemos pasado de ser 40,5 millones de habitantes en el año 2000 a 47,5 millones en 2022. Un aumento de población de 7 millones de personas (+17%), muy superior al del resto de Europa: +12% en  Francia, +4% en Italia y sólo un +1% de aumento en Alemania estos 22 años. Un aumento récord de la población, a pesar de la caída de la natalidad, debido casi totalmente a la llegada de inmigrantes extranjeros (6 de los 7 millones de aumento de la población). En paralelo, también han crecido los hogares españoles, de 14,7 millones en 2002 a 18,8 millones en 2020, un +28%, el doble que aumentó la población. Y eso se debe a que ahora los hogares son más pequeños, con menos personas: de 2,8 en 2000 se ha pasado a 2,5 de media. El motivo: que ahora hay más hogares unipersonales (el 26,3% en 2020 frente al 20,8% en 2002) y con sólo 2 personas (el 30,3% frente al 25,9% en 2002), el 55% de todos los hogares hoy (cuando en 2002 eran el 45%).

Otro cambio importante, junto al menor tamaño de los hogares, es que los hogares formados por jóvenes se han desplomado: si en 2002, el 14,7% de los hogares españoles tenían de cabeza de familia a un joven (menor de 35 años), en 2020 sólo el 6,7% de las familias tenían un cabeza de familia joven. Y también ha caído el porcentaje de familias de 35 a 44 años (del 21,9% al 19,5% en 2020). Sin embargo, los hogares con un cabeza de familia mayor de 45 años han ganado peso, del 63,4 al 74,8% del total. Esto se debe no sólo al envejecimiento de la población española sino especialmente a la drástica caída de hogares jóvenes, por falta de empleo y recursos para emanciparse y formar una familia.

El estudio de la Fundación AFI resalta que España ha crecido mucho en este siglo (el PIB se ha duplicado, de 647.851 millones de euros en 2000 a 1.346.377 millones en 2022), pero ha sido básicamente por el enorme aumento de la población, porque hay mucha más gente trabajando (sobre todo inmigrantes): 21,26 millones de ocupados hoy frente a 17,81 en el año 2.000 (trabajan 3,5 millones de personas más). Pero el problema, destaca el estudio, es que España se ha estancado: produce por habitante lo mismo en 2022 (17.236 euros de renta bruta disponible per cápita)  que en 2002 (17.236 euros en términos reales). Eso significa, además, que España ha ampliado la “brecha” (distancia) de productividad con Europa: si en 2002 producíamos el 80% de la media europea por habitante, en 2022 produjimos el 72,88%. Y nos hemos distanciado también de Alemania  (67,6% de su PIB por habitante en 2002 y 58,42% en 2022) y Francia (del 78,34 al 69% ahora), aunque hemos reducido distancia con Italia (del 73,3% al 79,8% de su PIB por habitante).

En términos de hogares, no de PIB por habitante, la “brecha” (distancia) de España con la Europa rica es mayor, porque en estos años se ha reducido además el tamaño de los hogares españoles. Por un lado, la renta media bruta por hogar (antes de pagar impuestos y cotizaciones), descontando el efecto de la inflación, era de 38.000 euros en 2022, inferior a los 40.000 euros por hogar en 2002, según la Fundación AFI. Esta renta media bruta no sólo ha caído en este siglo en términos reales (descontando la inflación) sino que también ha aumentado la distancia con la renta media de los hogares europeos: en 2022 era un 15% inferior a la de Alemania, un 13% inferior a la de Francia y un 10% inferior a la media de la zona euro, siendo sólo un 7% superior a la renta media por hogar de Italia.

Dentro de España, también hay una “brecha” de ingresos entre los hogares según la edad del cabeza de familia, penalizando a la generación más joven, según demuestra el estudio. Lo normal es que la mayor renta se consiga en las edades intermedias y luego baje entre los mayores: por eso, la mayor renta se obtiene en los hogares de 35 a 44 años (33.120 euros en 2022), seguida de los hogares entre 45 y 64 años (30.000 euros), los de menos de 35 años (27.500 euros), los hogares entre 65 y 74 años (25.500 euros) y los mayores de 77 años (17.500 euros). Pero la sorpresa salta cuando el Informe AFI compara estos ingresos de los hogares hoy con los de esas edades en 2002. Y resulta que en todas las edades han caído los ingresos, salvo en los hogares mayores de 65 años, cuyas rentas han crecido en este siglo: un +18,6% los hogares con el cabeza de familia de 65 a 74 años y un +25% los hogares encabezados por un mayor de 77 años. En el resto, las rentas han caído este siglo, sobre todo en los hogares encabezados por un menor de 35 años: ingresan 27.500 euros ahora frente a 32.500 euros en 2002 (-15,4%).

En consecuencia, las tres crisis de este siglo (la crisis financiera de 2008-2013, la pandemia de 2020 y la crisis por la alta inflación y la guerra de Ucrania de 2022) se han cebado sobre todo en los hogares encabezados por jóvenes (menores 35 años), que tienen empleos y sueldos más precarios,  mientras han salido ganando los hogares encabezados por mayores de 65 años, que tienen mayores ingresos, por el cobro de mayores pensiones ahora derivadas de cotizar por sueldos mayores en las décadas finales del siglo XX.

Otra peculiaridad de España frente al resto de Europa es que los hogares españoles ahorran mucho menos y con grandes altibajos, según revela el Informe AFI. En el año 2.000, los hogares españoles ahorraban sólo el 9,5% de su renta disponible, frente al 12,5% la zona euro y Francia, el 16,5% los alemanes y el 12% los italianos. En 2007, en pleno “boom”, el ahorro de los españoles cayó al 3% y en 2009, con la crisis financiera subió al 12%, para bajar después al 5% entre 2013 y 2017. Y aunque el ahorro se disparó con la pandemia, más en España (25% de la renta) que en Europa (23%), ha vuelto a caer al 8% en España en 2022, frente al 14% en la zona euro y el 21% de la renta en Alemania. Los expertos creen que en España hay “mayor propensión al consumo que al ahorro”, ayudado por un mayor apoyo entre las redes familiares y unas pensiones más “generosas” (la pensión media supone el 80,4% del salario medio en España frente al 59,9% de media en Europa, según la OCDE). 

Además de ahorrar menos y consumir más, los hogares españoles también invierten, aunque mayoritariamente lo hacen en comprar una vivienda  (representa hasta el 80% de los activos de las familias) y sólo los hogares con más renta invierten en activos financieros (que representan el 20% de las inversiones de los hogares), sobre todo en depósitos (el 40% de las inversiones financieras de las familias), los Fondos (12%) y valores y bonos (7%), con un menor peso que en Europa de las inversiones en Planes (7%) y seguros (otro 7%). Y otra diferencia con Europa: los hogares españoles se han endeudado mucho más que los europeos, sobre todo para comprar un piso, aunque también para invertir. De hecho, entre 2007 y 2010, la deuda de las familias españolas llegó a representar el 144% de la renta bruta disponible, muy por encima de la tasa de deuda europea (110%) y mundial. Eso sí, tras la crisis financiera, los hogares españoles se han desendeudado y en 2020, la tasa de endeudamiento bajó al 90% de la renta bruta disponible en España,  inferior a la de la zona euro (107%). Pero ahora, tras las 10 subidas de tipos de interés, un 15% de los hogares tienen todavía una deuda excesiva, según el Banco de España.

Curiosamente, los hogares españoles acumulan una mayor riqueza que los hogares europeos, porque la mayoría (el 73%) tienen su vivienda en propiedad, a diferencia de Europa (61% hogares con vivienda en propiedad en la zona euro, 78% en Italia, 59% en Francia y 43% en Alemania. Y eso aumenta su patrimonio, al haberse revalorizado mucho la vivienda en este siglo. Pero ojo, esto ya no se cumple con los hogares jóvenes: si en 2002, el 67% de los hogares jóvenes (menores 35 años) tenían su casa en propiedad, en 2020 sólo eran propietarios el 36% de los hogares jóvenes, frente al 73% de propietarios entre los hogares de 45 a 54 años y el 84% de propietarios entre los hogares hoy encabezados por mayores de 55 años (cuyo porcentaje de propiedad no ha caído apenas). Eso supone un cambio drástico en el modelo de tenencia de la vivienda y una enorme dependencia de los hogares jóvenes del alquiler, lo que reduce su renta disponible.

Otro elemento clave que analiza el Informe AFI es la riqueza de los hogares españoles, conseguida tras años de ingresos, compra de vivienda e inversiones. Y refleja 2 evidencias. Una, que la riqueza neta crece hasta determinada edad  y que luego decrece, porque las familias “tiran” de la riqueza y el ahorro acumulado. Precisamente, esa edad donde los hogares alcanzan su mayor pico de riqueza ha aumentado: si en 2002 estaba entre 55 y 64 años, ahora el pico de acumulación, el máximo de riqueza se da más tarde, entre los 65 y 74 años. Y la otra evidencia que refleja el estudio es que son los hogares encabezados por mayores de 65 años los que más han mejorado su riqueza real: un +53,8% los que tienen entre 65 y 74 años y un +70% los mayores de 70 años. El resto han visto caer su riqueza real en este siglo (por el deterioro de sus ingresos comentado antes y un menor patrimonio para revalorizar). Y otra vez más, los que han visto una mayor caída de su riqueza neta son los jóvenes (menores de 35 años): un -63%, más que los hogares entre 35 y 44 años (-41,6% caída riqueza este siglo) y los que tienen entre 45 y 54 años (-27,2%). 

En resumen, que los jóvenes aparecen con claridad como “la generación perdedora” en este siglo, con la mayor caída en el número de hogares, en la renta disponible, en la propiedad de la vivienda y en la riqueza real conseguida. Y los “ganadores” son sus abuelos, los mayores de 65 años, aunque también salen mejor parados sus padres (35 a 65 años). Ya la OCDE alertó en octubre a España de que tenemos un grave problema con los jóvenes: altísimo paro (28% entre menores de 25 años frente al 14,8% en la UE-27), baja ocupación (38,8% entre 15 y 29 años frente al 49,2% en la UE-27 y el 61,7% en Alemania), excesiva precariedad (35% contratos temporales, el triple que en Europa) y bajos salarios (el sueldo medio menores 29 años ronda los 13.830 euros brutos, la mitad que en el conjunto de trabajadores). Y eso provoca que un 22,3% de los jóvenes (16 a 29 años) estén en situación de pobreza (ganan menos del 60% de la media española), incluso trabajando, y dos tercios (el 66% de jóvenes de 18 a 34 años) sigan viviendo con sus padres, frente al 49% en Europa. E incluso, que un 16% de los jóvenes españoles tengan problemas de salud mental, según la OCDE.

En definitiva, los jóvenes españoles han sufrido duramente las crisis de este siglo y viven hoy peor de lo que vivían sus padres en el año 2.000. Mientras, sus padres y abuelos, que viven mejor, les están ayudando, lo que evita que su situación sea aún peor, según revela una Encuesta hecha por la Fundación BBVA a 1.127 mayores de 60 años. De hecho, un 37% de los mayores de 60 años afirma haber ayudado a sus hijos en el último año para afrontar gastos cotidianos, como hacerles la compra, pagarles los recibos de luz o agua o darles dinero para llegar a fin de mes. Sin olvidar que un 51% reconoce haber ayudado a sus hijos a independizarse, un 72% les ha prestado ayuda para formarse y otro 16% les ha ayudado económicamente para emprender un negocio o invertir. El estudio concluye que estas ayudas de los mayores a sus hijos han sido claves para que en España no haya más pobreza y desigualdad, para que muchos jóvenes hayan sobrevivido a las crisis.

A pesar de estas ayudas, que “parchean” la situación, España tiene un grave problema con los jóvenes, según alertó en octubre la OCDE: su preocupante situación es “un lastre para el potencial de crecimiento futuro” del país. Y por eso, pedían al Gobierno medidas educativas (mejora de la formación, desde la escuela a la FP y la Universidad), medidas laborales (para promover la empleabilidad de los jóvenes y el relevo de los mayores) y medidas en la vivienda, para mejorar las ayudas al alquiler y promover viviendas para familias jóvenes, con financiación accesible y avales públicos. También urgen otras políticas, desde el ocio a la integración social y política de la juventud, para evitar su aislamiento social o su deriva a posiciones extremistas o populistas. Ahora, por primera vez, España tiene un nuevo Ministerio de Infancia y Juventud, pero falta un Plan de medidas (urgentes y a medio plazo), para que los jóvenes de dentro de 20 años vivan mejor que sus padres hoy.