Las autonomías rebajan el gasto social

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han rechazado el perdón de parte de su deuda y pasarla a la Administración central, como aprobó el Gobierno Sánchez a principios de septiembre. Argumentan que supone una concesión a los nacionalistas catalanes, aunque 7 de cada 10 euros a condonar benefician a sus autonomías. Consecuencia: los ciudadanos que viven en esas 11 autonomías no podrán beneficiarse del recorte de intereses que supone quitarles parte de su deuda: 6.700 millones que se ahorrarían y que el Gobierno propone que destinen a aumentar el gasto social. Algo que hace mucha falta, porque en 2024, las autonomías recortaron su gasto social: gastaron 2.364 millones menos en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, además de reducir el peso de este gasto social en sus Presupuestos desde 2019. Y hay enormes diferencias entre el mayor gasto social del País Vasco, Extremadura o Asturias y el menor de Madrid, Cataluña, Murcia o Valencia. Estamos en manos de las autonomías, que son como el perro del hortelano…

                              
                          Enrique Ortega 

España lleva más de 4 décadas fortaleciendo el Estado del Bienestar, aumentando el gasto social en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, más el gasto en pensiones, aunque en los últimos años ha caído drásticamente el gasto público en vivienda. Pero este creciente gasto social se vio muy afectado por los recortes impuestos por Bruselas en 2010 y que agravó Rajoy a partir de 2012. La consecuencia es que el gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales), que gestionan las autonomías (con las transferencias del Estado y sus propios recursos) , cayó desde un máximo de 116.851 millones en 2009 a un mínimo de 99.937 millones en 2013. Y después se fue recuperando, lentamente, hasta los 122.487 millones de gasto social en 2019, aumentados en 2020 (137.182 millones) por la pandemia y el mayor gasto sanitario y las ayudas. Y en 2023, el gasto social  ya alcanzó los 159.393 millones de euros.

Pero la tendencia ascendente del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios  sociales) se truncó en 2024, año en que el gasto social bajó en 2.364 millones, cerrándose el año con un gasto de 157.029 millones, según un detallado informe recién publicado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta bajada del gasto social de las autonomías contrasta con la subida de sus Presupuestos totales (gastaron +9.753 millones en 2024), aumentando mucho el gasto no social (+11.801 millones) y el pago de intereses de la deuda (+315 millones). A lo claro: que las autonomías gastaron menos en 2024 en sanidad, educación y servicios sociales pero gastaron más en todo lo demás…

El problema no es sólo el recorte de gasto social en 2024. Lo más preocupante es que el gasto social tiene cada vez menos peso en los Presupuestos de las autonomías, según demuestra el estudio de los Directores y Gerentes de Servicios Sociales: si en 2010 gastaban dos tercios del Presupuesto (el 67,4%) en gasto social (sanidad, educación y servicios sociales), en 2019 ya había bajado al 61,2% y en 2024 gastaron en las partidas más sociales poco más de la mitad de los Presupuestos autonómicos (el 59,1%). Y si analizamos las diferentes partidas, la que sale peor parada es la sanidad: ha pasado de representar el 36,4% del gasto autonómico en 2010 a representar el 30,9% del gasto en 2024. La educación pasa de llevarse el 23,9% del gasto en 2010 al 20,3% en 2024. Y sólo ganan peso los servicios sociales (por el mayor gasto en Dependencia), que saltan del 7,1 al 7,8%.

Y no sólo tiene menos peso el gasto social en el gasto total de las autonomías sino que, además, este gasto social (en sanidad, educación y servicios sociales) ha crecido menos que el resto de loas gastos autonómicos. Así, entre 2019 y 2024, el gasto social autonómico ha crecido un +25,13%, la cuarta parte que el resto de las partidas de gasto autonómico. Y además, ese mayor gasto se lo ha “comido” casi totalmente la inflación en estos años (+21,3% creció el IPC entre 2019 y 2024). Así que el gasto social “real”, descontando la inflación, apenas ha crecido. Lo más preocupante es la evolución del gasto en educación (que ha crecido un +27,1% entre 2019 y 2024) y en sanidad (el gasto ha crecido un +30,1%), mientras el resto del gasto autonómico no social creció un 42,1% (2019-2024).

Otra cuestión preocupante, además de la caída del gasto social en 2024 y su menor peso en el gasto total en los últimos años, es la desigualdad del gasto social por autonomías. Si el aumento del gasto social autonómico ha sido del +25,13% (entre 2019 y 2024), hay 3 autonomías donde ha crecido mucho menos e incluso ha caído el gasto social en términos reales (descontando la inflación esos años, que fue del 21,3%): Cataluña (gasto social ha crecido +14,9% entre 2019 y 2024), Murcia (+15,07%) y Madrid (+16,43%), según el estudio de los Directores de Servicios Sociales. Y al otro lado, hay 8 autonomías donde el gasto social ha crecido más que la media, por encima del 30%, destacando Extremadura (+37,8%), Canarias (+35,65%), Navarra (+35,31%), Baleares (+33.05%) y la Rioja (33.05%).

Es importante saber que hay autonomías que han hecho un gran esfuerzo estos años en su gasto social, aumentando bastante lo que gastan en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales, y otras que apenas han aumentado este gasto social. En conjunto, el gasto social por habitante en España ha aumentado en 658 euros entre 2019 (2.619 euros) y 2024 (3.277 euros). Pero hay 3 autonomías (las mismas) que apenas han aumentado su gasto social por habitante desde 2019: Madrid (+381 euros, la mitad que el conjunto de España), Cataluña (+382 euros) y Murcia (+427 euros) . Y otras autonomías lo han aumentado mucho más que la media: Navarra (+1.174 euros/habitante), Extremadura (+1.132), Asturias (+967), País Vasco (+953), la Rioja (+919) y Castilla y León (+903 euros/habitante).

Al final, las autonomías “se retratan” con el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) que hacen por habitante (datos de 2024). A la cola están, una vez más, Madrid (gasta 2.703 euros/habitante, 574 euros por persona menos que la media española), Cataluña (2.991 euros/habitante), Andalucía (3.158 euros/habitante) y Murcia (3.259 euros/habitante. Y en cabeza del gasto social vuelven a estar Navarra (4.500 euros de gasto social por habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (4.343 euros) y Extremadura (4.124 euros), seguidas de Asturias (3.960) y Cantabria (3.702). Un ranking de gasto social que explica bien los mayores problemas en la sanidad, en la educación y los servicios sociales en algunas autonomías (Madrid, Cataluña, Andalucía y Murcia). Algo que debería ser clave a la hora de votar.

Si desglosamos el gasto social por habitante, aparece la misma desigualdad por autonomías. En el gasto sanitario, la media de gasto por habitante era de 1.717 euros/habitante en 2024, según el informe de los Directores de Servicios Sociales. Pero hay 5 autonomías que gastaron mucho menos: el farolillo rojo vuelve a ser Madrid (1.415 euros/habitante de gasto sanitario, 500 euros menos que la media), Cataluña (1.457), Murcia (1.602), Comunidad Valenciana (1.623) y Andalucía (1.659). Y en cabeza del gasto sanitario se repiten Asturias (2.318 euros/habitante, casi el doble que Madrid), País Vasco (2.222), Navarra (2.170) y Extremadura (2.164 euros/habitante).

La misma desigualdad autonómica se percibe en el gasto en educación por habitante, cuya media en España fue de 1.126,9 euros (2024). El farolillo rojo en el gasto educativo vuelve a ser Madrid (910 euros gastados por habitante), seguida en este caso por Asturias (1.034 euros/habitante), Cataluña (1.042), Galicia (1.055), Canarias (1.069) y Castilla la Mancha (1.076 euros/habitante). Y en cabeza del gasto educativo se repiten País Vasco (1.608 euros/habitante, casi el doble que Madrid), Navarra (1.492) y Extremadura (1.300 euros), seguidas de Murcia (1.264), Comunidad Valenciana (1.255) y la Rioja (1.251 euros).

El tercer gasto social importante (Dependencia y servicios sociales) también es muy desigual por autonomías, con una media en España es de 433 euros/habitante (2024). Aquí, el farolillo rojo es Baleares (273,7 euros/habitante, casi la mitad), seguida de Canarias 8327,8 euros) y los habituales, Andalucía (368,6 euros)) y Madrid (377 euros/habitante). Y en cabeza del gasto en servicios sociales aparecen las regiones más ricas o envejecidas: Navarra (836,9 euros/habitante, más del doble de gasto que Madrid), Extremadura (659,5 euros), Asturias (608), la Rioja (560), País Vasco (512), Cantabria y Castilla y León (505 euros/habitante).

Tras esta avalancha de datos, hay una conclusión clara: el gasto social en España es bajo, pero hay una serie de autonomías que se toman más en serio que otras el gasto en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales. Y que varias autonomías gobernadas por el PP están a la cola del gasto social, mientras recortan impuestos (más a los que más tienen), lo que repercute en un menor gasto social. Y no se pueden quejar de que gastan poco porque el Gobierno les aporta pocos fondos de su recaudación, ya que la aportación del Estado central a las autonomías ha alcanzado cifras récord en los últimos años. Así, en 2024, el año en que las autonomías han bajado su gasto social (-2.364 millones), las transferencias de la Administración central a las autonomías fueron de 147.412 millones de euros, una cifra récord. Y en los 7 años de Gobierno Sánchez (2018-2024), las autonomías han recibido del Estado central unos 300.000 millones más de lo que recibieron durante los casi 7 años del Gobierno Rajoy (2012-2018).

A pesar de que tienen más recursos (transferidos y propios), las autonomías gastaron menos en sanidad, educación y servicios sociales en 2024. Y desde 2019, el peso del gasto social en sus cuentas es menor. ¿Qué pasa? Básicamente, que muchas autonomías gastan más en otras cosas (transporte, deuda, obras y servicios…) y menos en gasto social  (tampoco gastan  en vivienda, donde las autonomías apenas promueven viviendas ni conceden ayudas con fondos propios). Además, en muchos casos, utilizan parte de las mayores transferencias del Estado para otras cosas, como bajar impuestos. De hecho, en varios años, el Gobierno ha aumentado su financiación a la Dependencia y algunas autonomías han aprovechado estos mayores recursos para gastar ellos menos en Dependencia, como han denunciado los Directores de Servicios Sociales.

El problema que tenemos los ciudadanos es que la gestión del gasto social (sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) está en manos de las autonomías (como tantas cosas, desde los incendios hasta la vivienda) y cada una gasta y gestiona a su aire, con tremendas diferencias que luego se traduce en la deficiente sanidad que tenemos (con listas de espera crecientes y 13 millones de españoles pagando un seguro privado), en la infra financiada educación (un gasto creciente para las familias) y en la insuficiencia de los servicios sociales y la Dependencia (286.861 dependientes están “en lista de espera”, la cifra más alta en 10 años, con una espera media de 342 días).

Las autonomías, sobre todo las 11 gobernadas por el PP, se quejan de falta de recursos  y exigen un nuevo sistema de financiación, pendiente desde 2014. Pero la actual polarización política impide cualquier acuerdo sobre cómo financiar en el futuro las autonomías, de las que dependen la mayoría de los servicios públicos que necesitamos los ciudadanos. A falta de una nueva financiación, el Gobierno va poniendo parches, desde ayudas para paliar los efectos de la COVID a ayudas para la enseñanza (ahora para la educación pública de 0 a 2 años). Y la última medida para aportar más recursos a las autonomías ha sido la condonación (perdón) de parte de su deuda, aprobada por el Gobierno el 2 de septiembre.

El origen de parte de la deuda autonómica se remonta a 2009, cuando la crisis financiera y de la deuda provocaron un desplome de la recaudación, obligando a las autonomías a endeudarse (con los bancos y con Hacienda, a través del FLA): se estima que entre 2009 y 2014, el endeudamiento de las autonomías aumentó en 109.000 millones de euros. Ahora, el Gobierno Sánchez ha aprobado una quita de deuda autonómica de 83.252 millones, la cuarta parte de la deuda total que tienen las autonomías. La idea es que esta deuda pase a la Administración Central y la paguemos todos los españoles vía Presupuestos, liberando a las autonomías del coste de esta deuda.

Las 11 autonomías gobernadas por el PP han dicho que no van a pedir la quita de esta deuda, porque es “una maniobra” del Gobierno para contentar a los nacionalistas catalanes (tanto Ezquerra como Junts habían exigido la quita de la deuda catalana para pactar con Sánchez). Pero Hacienda reitera que la quita es para todas las autonomías (no sólo para Cataluña) y que 7 de cada 10 euros de la quita benefician a las autonomías gobernadas por el PP (18.791 millones de quita a Andalucía, 17104 millones a Cataluña, 11.210 millones a la Comunidad Valenciana y 8.644 millones de quita a Madrid: ver cuadro de reparto de la quita ), por lo que rechazar la quita es “tirar piedras contra su propio tejado”.

Pero este rechazo (político)  del PP tiene una consecuencia más preocupante: la sufriremos los ciudadanos de estas 11 regiones. Porque la quita de esos 83.252 millones de deuda supondría que las autonomías se ahorrarían 6.700 millones anuales en pago de intereses, un dinero que el Gobierno les propone que utilicen para aumentar su gasto social (para gastar más en sanidad, educación, Dependencia y servicios sociales) y en vivienda. Es una cifra importante, el triple del recorte en gasto social que han hecho en 2024 (-2.364 millones). Para la Comunidad Valenciana, aceptar la quita supondría tener 724 millones más al año para gastar, 716 millones para Cataluña, 506 millones para Murcia, 414 millones para Aragón, 348 millones para Madrid o 201 millones más para Andalucía, por ejemplo. Podrían contratar más médicos o profesores o ayudar a más dependientes. Pero rechazan hacerlo “para atacar y desgastar” al Gobierno.

En definitiva, tenemos un serio problema en el Estado del Bienestar, donde faltan medios y financiación en la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero su gestión está en manos de las autonomías, que por tener otras prioridades políticas o por mala gestión, están recortando el gasto social, unas mucho más que otras, configurando enormes desigualdades que sufrimos los ciudadanos. Urge mejorar el gasto social, porque nos importa a todos.

Autonomías: menos peso del gasto social

Las autonomías, empujadas por el PP, llevan meses pidiendo más recursos al Gobierno y quejándose de falta de financiación. Pero incurren en 3 contradicciones. La primera, piden más dinero y a la vez vetan el nuevo techo de gasto y los Presupuestos 2025, que les aportarían 12.000 millones más. La segunda, exigen más ingresos del Estado, pero mientras rebajan impuestos (más a los más ricos) y pierden 6.500 millones de recaudación (Madrid, -60.000 millones desde 2004). Y la tercera, piden más recursos para ofrecer más servicios, pero los datos revelan que gastan menos cada año (porcentualmente) en gastos sociales (sanidad, educación y servicios sociales) y más en pagar deuda y “otros gastos”. Un escándalo. Y Madrid, la autonomía más peleona y pionera en bajar impuestos, es la que menos gasta por habitante en sanidad y educación. No hagan “demagogia” y piensen en “la gente”: urge reformar la financiación autonómica y tener más recursos, pero para gastarlos mejor en lo que hace falta.

                             Enrique Ortega

La penúltima pelea política del PP contra el Gobierno se centra en pedir más dinero para las autonomías y vetar el techo de gasto y los Presupuestos de 2025. Veamos el trasfondo de este debate. Por un lado, es cierto que urge reformar el sistema de financiación autonómica (aprobado en 2009), como prometió Rajoy ya en 2014. El sistema actual penaliza a las autonomías con población mayor y más dispersa (España vaciada) y a las que atienden a  más población necesitada de ayudas y servicios (inmigrantes y familias con bajas rentas). En concreto, hay 5 autonomías “infra financiadas”, que reciben menos recursos por habitante que la media en España (3.365 euros), según el último estudio de FEDEA: Murcia (3.056 euros por habitante), Comunidad Valenciana (3.089), Andalucía (3.182) y Castilla la Mancha (3.193), más Madrid (que recibe 3.364 euros, 1€ menos que la media).

Pero la realidad es que, en los últimos años, todas las autonomías han recibido más dinero que nunca del Estado central, gracias al fuerte crecimiento y a la inflación, que han permitido a Hacienda récords de recaudación: 271.935 millones en 2023, un +6,4% (tras aumentos del +15% en 2021 y +14% en 2022). Por eso, el Gobierno Sánchez ha podido aportar a las autonomías unas cantidades récord: 147.412 millones de euros en 2024 (+9,5%, un máximo histórico), que les han permitido cubrir sus gastos y compensar la infrafinanciación. Y gracias al crecimiento, el aumento del empleo y la recaudación récord, las autonomías recibirán  estos casi 7 años de Gobiernos de Sánchez (2018-2024) unos 300.000 millones más del Estado de lo que recibieron durante los casi 7 años de Gobiernos de Rajoy (2012-2018). 

Ahora, el Gobierno Sánchez quiere aprobar un Presupuesto para 2025, tras no poder aprobar el de 2024 (por la falta de apoyo de ERC y Junts, tras el adelanto electoral en Cataluña) y prorrogar este año el de 2023. Pero el Gobierno tiene que aprobar antes, por exigencia de la Constitución (se aprobó un añadido en 2011, obligado por Bruselas) y de la Comisión Europea, un “techo de gasto” y una “senda de déficit”, dos cimientos previos a  todos los Presupuestos. El Consejo de Ministros aprobó ambos el 16 de julio. Pero el PP (y Vox), con el apoyo de Junts, lo vetaron a finales de julio. El Gobierno volvió a aprobar lo mismo (techo de gasto y senda de deuda) el 10 de septiembre, pero finalmente no lo ha llevado al Congreso, para no perder una 2ª votación, dado que Junts sigue con su veto (con  PP y Vox ).

Estos dos puntos de partida de los Presupuestos 2025 no debían ser tan polémicos. Por un lado, el “techo de gasto” es un tope que se pone a todo el gasto del Estado, contando con lo que se espera crezca la economía (y la recaudación) y la obligación (impuesta por la Comisión Europea) de rebajar el déficit público (del 3% del PIB en 2024 al 2,5% prometido para 2025). Así sale que España no puede gastar más de 195.353 millones en 2025, un +3,2% (sin contar los Fondos europeos). Eso supone poder gastar 6.138 millones de euros más en 2025. Algo que beneficiará a todos los españoles y también a las autonomías, que se llevan casi la mitad del gasto total. Pero el PP (y Vox), que gobiernan 11 autonomías, vetan este “techo de gasto”, no tanto porque les parezca alto (es el que admite la Comisión Europea) sino como “arma de ataque político” al Gobierno.

El otro documento que también se veta es “la senda de déficit” . En este caso, el Gobierno reparte el tope de déficit prometido a Bruselas para 2025 (2,5% del PIB, unos 37.500 millones de euros) entre el Estado central, la Seguridad Social, las autonomías y los Ayuntamientos. La idea es “repartir el ajuste”. Pero este año, el Gobierno ha propuesto un cambio: la Administración central reducirá más su déficit (al -2,2% del PIB frente al -2,8% inicialmente previsto: tendrá que “ajustar” sus cuentas en 9.000 millones más)  para que las autonomías tengan más margen de gasto y puedan tener déficit (antes se les ponía como objetivo un superávit del +0,1% del PIB y ahora se les permite un déficit de -0,1%). Eso se traduce en que podrán gastar 3.000 millones más de lo previsto en 2025 (y otro tanto en 2026). Y también mejora “la senda de déficit” para los Ayuntamientos: si antes debían tener un superávit del +0.1% del PIB en 2025, ahora, el Gobierno les propone que no tengan superávit (cuantas equilibradas), con lo que podrán gastar 1.500 millones más (y 3.000 en 2026, cuando se les permite también un equilibrio en vez del +2% de superávit).

Esto es lo que significa, a lo claro, la “senda del déficit” propuesta por el Gobierno: que las autonomías puedan gastar 3.000 millones más en 2025 (y otros 3.000 extras en 2026) y que los Ayuntamientos gasten 1.500 millones más en 2025 (y 3.000 en 2026), a cambio de que la Administración central gaste menos (-9.000 millones). Y el PP (y Vox), que gobierna en 11 autonomías y la mayoría de los Ayuntamientos, ha votado en contra… No se entiende, salvo que se anteponga la “pelea política frontal” a los intereses de regiones y ciudades.

Pero hay más. Si no hay  Presupuestos para 2025, por no aprobarse previamente ni “el techo de gasto” ni la “senda del déficit”, las autonomías van a tener menos recursos, porque recibirán con retraso las aportaciones del Estado. Vean por qué. El grueso de los ingresos de las autonomías son “las entregas a cuenta” que les hace el Estado central (el Gobierno) a cuenta de la parte que les corresponde por los impuestos que ingresa (la mitad del IRPF y del IVA y el 58% de los impuestos especiales). Cada año se presupuesta lo que les corresponde y se les da un anticipo: para 2025, Hacienda tiene previsto entregarles 147.320 millones. Y además, cada año se les entrega la liquidación de dos años antes (la diferencia entre lo presupuestado y el ingreso real). En 2025, está previsto liquidarles 11.692 millones, por la diferencia de 2023 (recaudación real-entrega a cuenta).

Con ello, el proyecto del Gobierno es entregarles a las autonomías 159.104 millones en 2025 (+2,6%), de los que 147.320 millones son a cuenta de la recaudación prevista, que son 12.743 millones más que en 2024. Pero si no hay Presupuestos, esta aportación se retrasa legalmente y dependerá de un Real Decreto que debe aprobar el Gobierno en 2025. Eso ya pasó en 2024, cuando las autonomías recibieron sus aportaciones a cuenta (son pagos quincenales) a partir de junio. Así que si no hay Presupuestos, las autonomías no recibirán estos 12.743 millones extras de 2025 hasta el próximo verano, no desde el 1 de enero.

Como se ve, las autonomías (y Ayuntamientos) perderán recursos si no hay Presupuestos por una triple vía: habrá menos gasto público en toda España (-6.138 millones), podrán gastar menos por no aprobarse su nuevo techo de déficit (-6.000 millones en 2025 y otros tantos en 2016) y les llegará medio año más tarde la parte extra que les corresponde de la mayor recaudación de impuestos (12.743 millones). Quizás los ciudadanos que viven en las autonomías no lo sepan, pero sus gobernantes sí lo saben. Pero no han presionado al PP (ni a Vox) para que apoyen el techo de gasto y la senda de déficit, aunque les cueste dinero.

En el caso de Junts, han suavizado su veto inicial a la senda de déficit y quieren pactar, para “sacar tajada”: ahora buscan aumentar el gasto autonómico, pelean porque el déficit de las autonomías en 2025 sea mayor. Que en vez del -0,1% del PIB que propone el Gobierno aumente: incluso proponen subirlo a un máximo del -0,8%.  A lo claro, eso significaría que las autonomías podrían gastar 10.500 millones adicionales en 2025. Y como a Cataluña le puede corresponder un 25% (por su peso económico y fiscal), les “tocaría” un gasto extra de +2.625 millones, que Junts vendería como “un triunfo político propio”. El Gobierno está viendo cuánto puede ceder, ya que como el déficit total es inamovible (no debería superar el -2,5%, para que lo acepte Bruselas), lo que gasten de más las autonomías lo gastaría de menos el Estado central (en servicios públicos, ayudas e inversiones).

La primera contradicción de las autonomías, al pedir más dinero y vetar el techo de gasto y la senda de déficit , es evidente. La segunda es aún más clara: las autonomías piden más recursos y a la vez, las gobernadas por el PP (y Vox) reducen su recaudación porque rebajan impuestos, desde hace años. Una rebaja fiscal que beneficia más a los que más tienen y reduce sus ingresos de forma clara. Así, en 2022, las autonomías renunciaron a 5.710 millones de ingresos por sus rebajas fiscales, según un estudio de la Fundación Alternativas, CES, Intermón Oxfam y CCOO. Concretamente, hubo 10 autonomías que redujeron su recaudación, encabezadas por Madrid (-6.255 millones, el 2,4% de su PIB) y Andalucía (-703 millones), Canarias (-363), Castilla y León (-353), Castilla la Mancha (-238), Cantabria (-201) y Galicia (-147 millones), mientras la aumentaban Cataluña (+1.199), Comunidad Valenciana (+683), Baleares (+550), Extremadura(+207) y Asturias (+46).

En general, la mayoría de autonomías han aumentado sus deducciones en el IRPF y han “deflactado la tarifa” (descontado la inflación de los ingresos), además de reducir los tipos en sucesiones y donaciones (una carrera por bajar impuestos a las herencias) y bonificado el impuesto del patrimonio. Con ello, en los Presupuestos autonómicos de 2024 se contemplan rebajas fiscales de -2.856 millones de euros, según la AIReF, de los que -624 millones son de la Comunidad Valenciana, -453 millones de Madrid, -169 de Baleares, -148 de Galicia y -124 de Navarra. Y para 2025, la mayoría de autonomías gobernadas por el PP siguen con rebajas fiscales: otros -180 millones Madrid, una autonomía que ha renunciado a ingresar 65.000 millones desde 2004… Y mientras, es la región que menos gasta en sanidad (1.280 euros por habitante frente a 1.635 de media y 2.129 en Asturias) y en educación (858 euros frente a 1.081 de media y 1.522 euros en el País Vasco).

Pero la contradicción más flagrante de las autonomías es que piden más recursos al Estado y luego cada año gastan menos en lo que necesitamos, en sanidad, educación y servicios sociales. Así, entre 2010 y 2023, las autonomías han reducido el porcentaje de gasto que dedican al gasto social (aunque gastan más millones): de suponer dos terceras partes de su Presupuesto (el 67,4% en 2010) ha bajado a ser poco más de la mitad (el 58,9% en 2023), según denuncia un informe de los Directores de Servicios Sociales. Un escándalo: piden más dinero y cada año pesa menos lo que se gastan en sanidad, educación y servicios sociales, los servicios públicos que gestionan. A cambio, ha aumentado drásticamente los intereses que pagan por su deuda  (era el 5,3% del gasto en 2010 y supuso el 20,1% en 2023) y los “otros gastos” (desde personal, compras e inversiones a gastos varios como inversiones megalómanas o la Formula 1…).

Y aunque cada año aumentan los Presupuestos autonómicos, la mayor parte del aumento no va al gasto social. Así, en 2023, según el informe, sólo 1 de cada 10 euros de aumento de los Presupuestos autonómicos fueron a aumentar el gasto social (sanidad, educación o servicios sociales). Y en Sanidad, por ejemplo, el gasto por habitante de las autonomías en 2023 (1.635 euros) es inferior al de 2020 (1.657) y 2021 (1.678), a pesar de las listas de espera y el deterioro de la sanidad pública. Además, hay una gran diferencia en el gasto social: en 2023, están a la cola Madrid (2.464 euros por habitante), Cataluña (2.942), Murcia (3.008) y Andalucía (3.035), todas por debajo del gasto social autonómico medio (3.124 euros por habitante), la mayoría gobernadas por el PP y bajando impuestos.

En el caso del gasto en Dependencia, los datos son más escandalosos, según otro informe de los Directores de Servicios Sociales: hay 3 autonomías que han aprovechado la mayor aportación del Estado para gastar ellos menos en Dependencia, en 2023 sobre el 2.020. Las autonomías que han “hecho caja” son Castilla y León (ha gastado -34,7 millones, -6,3%), Galicia (-6,4 millones, -2,1%) y Aragón (-3,2 millones, -1,6%). En conjunto, todas gastaron sólo un 9% más en Dependencia (2020-2023), mientras el Estado central aportaba un +138% estos 3 años. Y eso, a pesar de que los dependientes crecen cada año y 292.792 están en espera de ayuda o trámites. Con el agravante de que, como muchos son octogenarios, 40.000 dependientes mueren cada año sin recibir la ayuda a la que tienen derecho (mientras las autonomías reducen o medio congelan su gasto).

Tras este “panorama”, quizás tengamos “otra idea” sobre las peticiones de más recursos y el gasto que hacen las autonomías. Y entendamos la demagogia que se hace cada día con el debate de la financiación autonómica. Está claro que hay que reformar el sistema, para que las regiones tengan más recursos, repartidos de forma más justa. Pero también es evidente que hay que acabar con el sistema actual de rebajas fiscales autonómicas, porque eso perjudica a la mayoría de los ciudadanos: una minoría paga menos pero la mayoría sufre que su autonomía acabe gastando porcentualmente menos en sanidad y educación (Madrid) o servicios sociales (Canarias). Debería haber unos mínimos comunes, que aseguren unos servicios públicos homogéneos en toda España, desde el tratamiento del cáncer a las guarderías o la FP. Unas leyes que incluyan Fondos de nivelación para igualar los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, vivan donde vivan. Debates que casi nadie plantea.

Castigo político a autonomías y Ayuntamientos

El enfrentamiento político constante provoca que no se resuelvan los grandes problemas que preocupan a los españoles, desde la sanidad y la educación a la vivienda, la Dependencia, el agua o las ayudas a la familia. Un ejemplo reciente: el PP ha bloqueado en el Senado el techo de gasto para 2024, paso previo a los Presupuestos (ahora prorrogados). Y así, ha privado a autonomías y Ayuntamientos (la mayoría gestionados por el PP) de gastar 4.380 millones extras este año, que no podrán destinarse a servicios públicos. Ese dinero está perdido, aunque el Gobierno ha asegurado, con una enmienda a otra Ley, que autonomías y Ayuntamientos reciban este año más dinero que nunca, a cuenta de la recaudación prevista. Pero la mayoría de autonomías y Ayuntamientos (gestionadas por PP y Vox) han aprovechado para bajar impuestos (más a los más ricos), con lo que recaudarán menos y no podrán gastar más en sanidad, educación, Dependencia, gastos sociales y servicios públicos, faltos de medios y recursos. La política manda.  

                    Enrique Ortega

El primer trámite para que cualquier Gobierno elabore unos Presupuestos es aprobar “el techo de gasto”, un tope al gasto que se puede presupuestar para rebajar el déficit y la deuda. Es una exigencia impuesta por Bruselas en 2011, que obligó a reformar la Constitución española (artículo 135, en septiembre de 2011) y aprobar una Ley de Estabilidad Presupuestaria (abril de 2012), que exige aprobar ese techo de gasto previo a cualquier Presupuesto (el primero, para el Presupuesto 2013). Esta vez, el Gobierno Sánchez aprobó el 12 de diciembre pasado ese techo de gasto para los Presupuestos de 2024 y lo envió al Congreso, que lo aprobó el 10 de enero. Luego tuvo que pasar al Senado, donde la mayoría absoluta del PP lo rechazó, como ataque político al Gobierno y su amnistía.  El Gobierno volvió a aprobar (13 de febrero) ese mismo techo de gasto y lo envió, por 2ª vez, al Congreso (que lo volvió a aprobar el 29 de febrero)  y al Senado, que volvió a rechazarlo (6 marzo), alegando está vez la corrupción y el caso Koldo.

El Gobierno reaccionó a este doble veto manteniendo el anterior techo de gasto para 2024, que había enviado a Bruselas en abril y que aprobó la Comisión Europea. Pero ojo, este anterior techo de gasto, que podía aplicar este año, tiene una diferencia esencial: permite menos gastos a autonomías y Ayuntamientos. En el techo de gasto vetado por el PP en el Senado, se permitía a las autonomías tener un déficit del -0,1% de su PIB, mientras que en el anterior techo (el vigente ahora) no pueden tener déficit. Y se permitía a los Ayuntamientos tener un superávit del +0,2% de su PIB, mientras el anterior (el vigente ahora, tras el veto del Senado) les prohíbe tener superávit. Consecuencia: las autonomías podrán gastar 1.456 millones menos en 2024 y los Ayuntamientos otros 2.924 millones menos.

Así que el veto político del PP (y Vox) al nuevo techo de gasto (que permitía más gasto a Ayuntamientos y autonomías a cambio de menos gasto del Estado) suponía que autonomías y Ayuntamientos podrían gastar 4.380 millones menos. Un veto político que era “un tiró en el pie”, porque perjudicaba a instituciones gobernadas mayoritariamente por PP y Vox (11 autonomías y el 40% de Ayuntamientos).  De hecho, la Comunidad de Madrid va a poder gastar 284,2 millones menos este año, Andalucía -195,7 millones, la Comunidad Valenciana -137,3 millones, Galicia -75,8 millones, Castilla y León -69,7 millones y Canarias -53,2 millones, por ejemplo, mientras Cataluña pierde -277,1 millones, País Vasco otros -86,2 millones, Castilla la Mancha -50,7 millones, Aragón -45,4 millones, Murcia -38,9 millones, Baleares -38,5 millones, Asturias -28 millones, Navarra -24,5 millones, Extremadura -24 millones y Cantabria -17,6 millones, según cálculos de Hacienda, que recuerda que con ese mayor gasto autonómico (los 1.456 millones perdidos con el veto del Senado) se podrían crear 50.000 plazas de profesores o 28.000 de médicos.

El mayor recorte por el veto al nuevo techo de gasto lo sufrirán los Ayuntamientos, que no podrán gastar 2.924 millones más este 2024, unos recursos que les permitirían promover viviendas públicas, mejorar el transporte público o los servicios municipales, afrontar los problemas de agua o mejorar las ayudas a mayores y personas vulnerables. El Ayuntamiento que más pierde es el de Madrid (-202 millones), seguido de lejos por Barcelona (-101 millones), Sevilla (-42), Málaga (-36), Las Palmas (-23), Vigo (-18), A Coruña (-15), Fuenlabrada (-15), Alcorcón (-10) o Pontevedra (-5 millones), según datos del PSOE, que propondrá mociones en Ayuntamientos y autonomías para denunciar el perjuicio del veto del PP (y VOX) a sus propias instituciones. Y ,tanto Ayuntamientos como autonomías, tendrán que rehacer sus Presupuestos 2024, para incluir estos menores ingresos.

Una semana después del veto en el Senado al techo de gasto, el Gobierno catalán se descolgó con un adelanto electoral, al no poder aprobar sus Presupuestos para 2024, por el veto de los comunes. Y unas horas después, el Gobierno Sánchez comunicaba que renuncia a presentar unos Presupuestos para 2024, como tenía previsto (en abril) , porque necesitaba pactar con los nacionalistas catalanes (y vascos), que estarían enfrascados en sus elecciones (21 de abril en Euskadi y 12 de mayo en Cataluña) y eso enturbiaría sus exigencias. Además de que sólo servirían para 6 meses (sería imposible aprobarlos antes de junio). Su decisión es mantener la prórroga de los Presupuestos 2023 para todo 2024, una prórroga que ya aprobó el Gobierno el 27 de diciembre de 2023. Y ponerse a trabajar para presentar en septiembre los Presupuestos de 2025.

Esta será la 9ª prórroga de Presupuestos de la democracia. La prórroga más duradera fue la de los últimos Presupuestos de Montoro, los de 2018, que sirvieron para 2018, 2019 y 2020, siendo los de 2021 los primeros aprobados por el Gobierno Sánchez. La prórroga de Presupuestos afecta negativamente a la economía, aunque se salvaguardan temas claves, como la subida de las pensiones (se cumplirá la Ley de subirlos con el IPC) y los funcionarios (subida pactada), así como las rebajas de impuestos a la electricidad y los alimentos (aprobadas ya). Tampoco afecta la prórroga de Presupuestos a las inversiones ligadas a los Fondos europeos, que seguirán su curso. Eso sí, no se podrán retocar impuestos ni realizar nuevos gastos, lo que impedirá aplicar reformas como la gratuidad de la enseñanza de 0 a 3 años, algunas mejoras a la dependencia, ayudas al campo y medidas ligadas a la nueva Ley de Familia y la de derechos de los consumidores. En definitiva, no poder aprobar un nuevo Presupuesto no ayuda a resolver problemas, paralizando algunos gastos e inversiones.

Cara a autonomías y Ayuntamientos, el Gobierno Sánchez ha encontrado “un truco” para que reciban en 2024 las “entregas a cuenta” de la recaudación prevista: las ha incluido a última hora como enmienda socialista al proyecto de Ley de ayudas anticrisis. Así, asegura que las autonomías recibirán este año 134.658 millones, un +8,3% que en 2023,  a cuenta de la recaudación prevista (les toca un 50% de lo que Hacienda espera ingresar por IRPF e IVA y un 58% de los impuestos especiales). Falta saber si les podrá abonar también (con un Presupuesto prorrogado) los otros 20.746 millones que les corresponden como liquidación definitiva de 2022 (se liquida 2 años después). En el caso de los Ayuntamientos, la misma enmienda les asegura este año 23.773 millones de euros, un +5,1% que en 2023, como entrega a cuenta de la recaudación prevista (municipios reciben el 2,13% de los ingresos por IRPF, el 2,32% del IVA y el 2,92% de los impuestos especiales). Y queda por saber si podrán recibirán alguna cantidad adicional (como otros años)  por la liquidación final de 2022.

En cualquier caso, Hacienda reitera que autonomías y Ayuntamientos recibirán en 2024 las mayores transferencias del Estado de la historia, como ya pasó en 2023, gracias a que Hacienda consiguió una recaudación récord, por el crecimiento del PIB y del empleo, aumento de recaudación que será menor en 2024, aunque Hacienda estimaba (antes de prorrogar el Presupuesto) que iban a recibir 20.000 millones más que en 2023. Y destacan que las autonomías han recibido 178.750 millones más (+40%) durante los Gobiernos de Sánchez (entre 2019 y 2013) que los recibidos en los 5 años de Gobiernos de Rajoy (2013-2017), según datos aportados por Hacienda como defensa ante las acusaciones de falta de recursos.

¿Qué han hecho las autonomías (y los Ayuntamientos) con estos mayores recursos recibidos del Estado central?  La mayoría los han destinado a mayores gastos e inversiones, aunque hay autonomías que también han aprovechado para gastar menos en algunas cosas. Dos ejemplos escandalosos. Uno, el gasto en Dependencia. En 2021, 11 autonomías aprovecharon que el Gobierno aprobaba un Plan de choque y aumentaba el gasto estatal en dependencia para gastar ellos menos (“ahorraron” 188,7 millones), según denunciaron los Directores de Servicios Sociales. Y en 2022, volvieron a hacerlo: 9 autonomías gastaron 203 millones menos en Dependencia, mientras había 180.000 dependientes “en lista de espera”. El otro ejemplo, las rentas mínimas: 13 autonomías han aprovechado que el Gobierno central ponía en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para reducir el gasto (-241 millones, entre 2020 y 2022) y los beneficiarios (-128.448) de las rentas mínimas que financian las autonomías, según otra denuncia de los Directores de Servicios sociales.

Lo que han hecho la mayoría de las autonomías (y Ayuntamientos), sobre todo a partir de 2023, cuando ganaron las elecciones del 28-M el PP (y Vox), ha sido bajar los impuestos, aprovechar los mayores recursos recibidos para reducir los impuestos (más a los que más tienen). En 2023, ya bajaron el impuesto de la Renta (bajando la tarifa o aumentando las deducciones) la Comunidad de Madrid, Andalucía, Aragón, Canarias, Extremadura y Canarias. Y en 2024, son ya 11 las autonomías (básicamente las gobernadas por PP y Vox) que han vuelto a bajar la tarifa del IRPF (aumentando además deducciones), así como la tarifa del impuesto de sucesiones y donaciones (peleando por quien cobra menos por las herencias), transmisiones patrimoniales y sobre todo, aprobando cambios en el impuesto de patrimonio: 7 autonomías han legislado para recuperar lo que perdían al aprobar Hacienda el impuesto alternativo sobre grandes fortunas, según refleja este estudio del Consejo de Economistas, donde se ve “el guirigay fiscal” de las autonomías.

El problema de estas bajadas de impuestos autonómicos (y municipales), que políticamente “suenan bien”, es que reducen la recaudación de las autonomías (y Ayuntamientos), perjudicando a sus ciudadanos. Se estima que en la Comunidad de Madrid, las rebajas sólo en el IRPF van a recortar sus ingresos en 379 millones en 2024 (más otros 1.200 millones que pierde por bonificar el Impuesto de Patrimonio). En Murcia, las rebajas supondrán recaudar este año 400 millones menos y otros 366 en la Comunidad Valenciana, 240 millones menos en Canarias, 120 millones en Baleares, 90 millones menos en Cantabria, 67 en Extremadura, 51 en Aragón y 50 millones menos en Galicia…

En definitiva, las mismas autonomías (y partidos) que se quejan de que están “infra financiadas”, aprueban por ideología política unas rebajas fiscales (que favorecen más a los contribuyentes con más recursos) que les suponen recaudar menos y por tanto poder gastar menos en servicios públicos y sociales, que necesitan más los que menos tienen. Basta analizar las autonomías que menos gastan en educación, Sanidad, Dependencia o rentas mínimas para ver que son las que más bajan impuestos. Veámoslo.

En sanidad,  6 autonomías gastaron por debajo de la media (1.809 euros por habitante) en 2023: Madrid (1.446 euros), Cataluña (1.456), Murcia (1.535), Andalucía (1.605), Comunidad Valenciana (1.628) y Canarias (1.651 euros/habitante). En educación, gastaron por debajo de la media (en 2022) Madrid (816 euros por habitante), Canarias (907), Castilla y León (968), Galicia y Aragón (998), Asturias (935) y Baleares (937). En Dependencia, los que menos gastan por habitante potencialmente dependiente (2023) son Asturias (744 euros), Galicia (812), Canarias (858), Navarra (971), Aragón (986), Murcia (1.020), Baleares (1.238), Cantabria (1.239) y Comunidad Valenciana (1.292), todas por debajo de la media (1.305 euros), mientras Madrid recortó este gasto un -57%. Y en rentas mínimas, hay gran distancia entre los 526,4 millones que gastó Cataluña (2022), los 379,6 millones del País Vasco, 97,11 de Canarias o 77,22 de Andalucía y los 25,18 millones que gastó Madrid, 23,2 de Extremadura, 7,7 de Murcia, 7,3 de Aragón y los 3,4 millones gastados por Castilla la Mancha.

Y no podemos olvidar las desigualdades en el gasto de los Ayuntamientos, que sostienen unos Presupuestos de 50.000 millones al año, destinados al pago de personal y a atender servicios básicos para sus vecinos (transportes, basuras, abastecimiento agua, policía, seguridad e inversiones en infraestructuras y servicios). Aquí, el gasto es muy desigual, porque lo son sus ingresos, relacionados con su población y economía: dos tercios de su recaudación procede de la vivienda (del IBI) y el resto de los vehículos, la actividad comercial, las tasas y las transferencias que reciben del Estado y de su autonomía. Los Ayuntamientos con más gasto por habitante (2023) son Barcelona (2.243 euros), Marbella (2.227), San Sebastián (2.095), Bilbao (1.915), Lleida (1.630), Madrid (1.622), Cádiz (1.451), Tarragona (1.383), Zaragoza (1.325), Valencia (1.320), Huelva (1.314), Toledo (1.290), Logroño (1.281) y Málaga (1.258 euros por habitante). El gran problema lo tienen los Ayuntamientos pequeños (8.000), con bajos ingresos y unos gastos mínimos que han de afrontar.

En resumen, estamos ante un problema muy serio: la mayoría de los servicios públicos que nos importan dependen de los Ayuntamientos y, sobre todo, de las autonomías (gestionan el 92% del gasto sanitario, el 85% del educativo y el 73% de la Dependencia). Y aunque reciben muchos más recursos del Estado, racanean con los gastos sociales y rebajan impuestos, recortando así su recaudación. Este año 2024, sin el gasto extra del techo de gasto vetado y sin Presupuestos, tendrán que ajustar sus Presupuestos y hacernos recortes. Pero lo tienen peor para 2025, porque recibirán menos transferencias del Estado (recaudará menos y tendrá que bajar más el déficit público) y ellos también recaudarán menos. Así que convendría alcanzar acuerdos (tras las elecciones europeas de junio) sobre financiación e impuestos (estatales, autonómicos y municipales), para costear un Estado del Bienestar que necesita más medios y recursos. Con tanta pelea política, no avanzamos en resolver los problemas que preocupan a la mayoría.

Autonomías frenan gasto social (antes PP+VOX)

Es un doble escándalo, que ha pasado desapercibido. Por un lado, las autonomías gastaron menos en 2022 que en 2009 en sanidad, educación y servicios sociales, porque la inflación se comió los aumentos del gasto social. Y además, el porcentaje de Presupuesto que destinan al gasto social ha bajado estos 13 años (del 67,4 al 58,8%). Por otro, 9 autonomías han aprovechado que el Gobierno destinaba más dinero a la Dependencia para “hacer caja” y aportar ellos 203,4 millones menos en 2022, una “treta” que ya utilizaron 11 autonomías en 2021 (“ahorrándose” otros 188,7 millones). Ojo, este “desinterés” por reforzar el Estado del Bienestar (que gestionan y financian mayoritariamente las autonomías), viene de los anteriores Ejecutivos regionales, gobernados mayoritariamente por “la izquierda”. Ahora, con 11 autonomías en manos del PP (6 con Vox), el gasto social está aún más en el alero. Sobre todo porque las autonomías gestionadas por la derecha están bajando impuestos y recortando ingresos. Así que gastarán aún menos en lo fundamental. Vigilen.

                Enrique Ortega

Las autonomías son la clave en el Estado del Bienestar, para que funcionen la sanidad, la educación y los servicios sociales que tanto necesitamos. Por un lado, son los que gestionan estas competencias básicas. Y por otro, son los que las financian mayoritariamente, con los recursos que les transfiere el Presupuesto del Estado y sus propios ingresos. Así, las autonomías financian en España el 92% del gasto sanitario, el 85% del gasto educativo y el 74% de las ayudas a los dependientes. Pero resulta que las autonomías destinan cada vez menos recursos a los gastos sociales, tanto en importe total como en porcentaje de su gasto total, gastando más en otras cosas que no son el Estado del Bienestar (como la burocracia y el pago de la deuda), según un informe realizado por los Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con datos comparativos entre 2009 y 2022.

Este balance del gasto social autonómico es “escandaloso”. Por un lado, revela que las autonomías gastan menos ahora en sanidad, educación y servicios sociales que en 2009 en términos reales, descontando la inflación: destinaron 139.100 millones de euros en 2022, frente a 116.900 en 2009, un +19,02%, inferior a la inflación acumulada estos años (+28,9%). A lo claro: en realidad están gastando un -9,88% menos, según sus Presupuestos. En Sanidad, las autonomías gastan ahora 8.602 millones más que en 2009 (+13,40%), en Educación 7.897 millones más que hace 13 años (+19,37%) y en servicios sociales 5.025 millones más (+48,13%, un aumento mayor por la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007). Lo llamativo es que, en estos años, hay otras partidas, como el gasto en personal o gastos corrientes que crecen más y, sobre todo, se dispara el gasto autonómico en pagar los intereses de su deuda: este gasto financiero (que beneficia a los inversores y bancos que compran esa deuda autonómica) ha crecido en 34.645 millones entre 2009 y 2022, un +503,06% (su coste se ha quintuplicado).

Pero no es sólo que el gasto social real que hacen las autonomías haya bajado (al “comérselo” la inflación), sino que además, las autonomías destinan ahora menos porcentaje de sus Presupuestos a financiar el gasto social: si en 2009, dos tercios del Presupuesto autonómico (el 66,89%) se destinaba a sanidad, educación y servicios sociales, en 2019 ya sólo era el 61,8% y en 2022 (a pesar del COVID) bajó a poco más de la mitad (el 58,78% del gasto total de las autonomías), según este informe de los Directores de Servicios Sociales. Incluso este 2023, el porcentaje ha bajado al 58,64% del gasto total. A lo claro: que si hubieran mantenido la proporción de gasto social de 2009 en 2022, las autonomías tendrían que haber gastado 20.344 millones más en sanidad, educación y servicios sociales, prestaciones todas cortas de recursos. Y así se entienden mejor las listas de espera, el fracaso escolar o las listas de espera de la Dependencia.

Hasta aquí la primera idea: todas las autonomías gastaron menos, comparativamente, en el Estado del Bienestar en 2022 que en 2009, tras una dura fase de “recortes” en el gasto (de 2012 a 2014) y un escaso aumento de recursos hasta 2019, que crecieron más en 2020 y 2021, por la COVID, pero que luego han vuelto a bajar. Porque el informe refleja otro dato escandaloso: el gasto sanitario por habitante, que apenas había recuperado en 2019 (1.442 euros por persona) el nivel de antes de los recortes (1.479 euros en 2012), subió en 2020 (a 1.657 euros) y 2021 (1.678 euros), pero bajó en 2022 (a 1.578 euros), a pesar de las importantes transferencias del Estado a las autonomías. Y este año 2023, todavía el gasto sanitario por habitante será menor (1.645,39 euros) al de 2020, a pesar de todos los problemas que arrastra sin resolver la sanidad pública.

Pero hay otro problema adicional al recorte del gasto social de las autonomías: su reparto desigual por regiones, que evidencia que unas han recortado el peso del Estado del Bienestar más que otras. Así, mientras el conjunto de autonomías aumentaron su gasto social en un +19,02% (que se comió la inflación), hay 6 autonomías donde el gasto social creció (entre 2009 y 2022) menos que la media: Cataluña (+4,68%), Castilla la Mancha (+9,39%), Aragón (+10,59%), Madrid (+14,70%), Galicia (+16,8%) y Castilla y León (+17,28%). Y otras donde creció más que la inflación: Baleares (+48%), Valencia (40,46%) o Navarra (+34.48%), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

Gracias a este mayor y menor aumento del gasto social en los últimos 13 años, llegamos al mapa actual (2022), donde hay una tremenda desigualdad en el gasto social por habitante según donde uno vida. La media española es de 2.939,8 euros de gasto por persona en sanidad, educación y servicios sociales (+404 euros que en 2009), pero es mucho mayor en Navarra (3.901 euros por habitante), País Vasco (3.708), Extremadura (3.629), Asturias (3.473), Cantabria (3.391), la Rioja (3.257), Castilla y León (3.185), Comunidad Valenciana (3.150), Galicia (3.065) y Aragón (3.007). Y están a la cola del gasto social por habitante 5 autonomías: Madrid (2.399 euros), Cataluña (2.781), Andalucía (2.992), Canarias (2.804), Murcia (2.823) y Baleares (2.924). Ojo, el dato es de 2022, cuando gobernaban estas 5 autonomías “menos sociales” el PSOE (2), el PP (2) y los nacionalistas (1)…

Veamos el desglose de este gasto social autonómico. El gasto en Sanidad se llevó en 2022 más de la mitad del Presupuesto social (52,3%, frente al 54,9% que suponía en 2009) y casi un tercio del gasto autonómico total (30,8%, frente al 36,74% en 2009). El aumento del gasto sanitario en estos 13 años (+8.602 millones) fue del +13,40% (“comido” con creces por la inflación), pero cayó el gasto sanitario en Cataluña (-12,22%), que gasta ahora -266,9 euros menos en sanidad por catalán que en 2009. Y apenas ha crecido en Aragón (+3,16%) y Madrid (+5,74%), mientras crecía el doble de la media o más en Baleares (+51%), Navarra (+30,44%), Cantabria (+28,53) y Andalucía (+25,55%).

Y así llegamos al dato clave, la desigualdad en el gasto sanitario autonómico en 2022, con un gasto medio en España de 1.538,66 euros por habitante (+146 euros que en 2009). Hay 5 autonomías a la cola del gasto sanitario (2022): Madrid (la que menos gasta: 1.248,97 euros por persona), Cataluña (1.362,50), Murcia (1.435,62), Andalucía (1.435) y Comunidad Valenciana (1.521,86). Y en cabeza del gasto sanitario se sitúan Asturias (1.997 euros por habitante, un 38% más que Madrid), País Vasco (1.989), Extremadura (1.904), Navarra (1.891) y Castilla y León (1.817 euros), según el informe de los Directores de Servicios Sociales.

El 2º mayor gasto social de las autonomías es la Educación, que supuso en 2022 el 35% del gasto social autonómico (similar porcentaje al 34,9% de 2009) y el 20,57% de todo el gasto autonómico (era el 23,34% en 2009). Este gasto educativo autonómico ha crecido en 13 años en +7,897 millones, un +19,3%. Pero ese aumento fue mucho mayor en la Comunidad Valenciana (+38%), Navarra (+36,65%), La Rioja (+35,25%) o Baleares (+33,75%)  y mínimo en Castilla y León (+5,94%), Castilla la Mancha (+6,88%), Galicia (+9,91%) y Asturias.

Y así llegamos a otra desigualdad, en el gasto autonómico en educación por habitante, que alcanzó en España una media de 1.028 euros en 2022 (+144 euros que en 2009). Hay 7 autonomías que gastan en educación menos que la media: Madrid (otra vez el farolillo rojo, con 826,98 euros de gasto educativo por habitante), Asturias (934,12), Canarias (942,05), Castilla y León (969,38), Baleares (981,68), Aragón (989,66) y Galicia (998,50). Y en cabeza del gasto educativo se sitúan el País Vasco (1.426 euros por habitante, un 48% más que Madrid), Navarra (1.342), Comunidad Valenciana (1.124.40), Extremadura (1.169), Cantabria (1.160), la Rioja (1.087) y Murcia (1.007), según los Directores de Servicios Sociales.

Y queda el tercer gasto social, los servicios sociales, donde destaca el gasto en Dependencia, gestionado y financiado mayoritariamente (74%) por las autonomías. En 2022 supuso el 12,7% del gasto social autonómico (10,2% en 2009) y sólo el 7,44% de todo el gasto autonómico (era el 6,80% en 2009). Esta partida ha crecido en 5.721 millones desde 2009, un +48,13%, por la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en 2007. El gasto medio por habitante (en servicios sociales) es de 372,23 euros (2022) y hay 8 autonomías que gastan mucho menos. A la cola están Baleares (237,62), Canarias (276,71) y País Vasco (292 euros), pero los Directores de Servicios Sociales advierten que es un dato engañoso, porque tanto en las islas como en Euskadi, una parte de los servicios sociales los cubren los consejos insulares, cabildos y Diputaciones, cuyo gasto no se incluye aquí. Así que en realidad, lideran el furgón de cola del gasto en servicios sociales Murcia (309,49 euros por habitante), Andalucía (318,33), Madrid (323,36), Aragón (336,19) y Galicia (364,06). Y están en cabeza Navarra (666,90 euros por habitante, el doble que Madrid), Extremadura (555), Asturias (506,63) y la Rioja (498,61).

Un inciso sobre el principal gasto en servicios sociales, la Dependencia, el otro escándalo al que me refería al principio de este Blog. Desde su inicio (2007), la Dependencia  ha sufrido una falta de financiación, agravada por los recortes de Rajoy en 2013. Para subsanarlo, en enero de 2021, el Gobierno Sánchez y las autonomías pactaron un Plan de choque, con el compromiso de que el Presupuesto estatal aportaría un 44% más a la Dependencia (+3.600 millones) entre 2021 y 2023. Y eso hizo, Pero el primer año, hubo 11 autonomías que aprovecharon esta mayor aportación estatal (+608 millones) para “hacer caja” y aportar ellos menos (-188,7 millones). Y en 2022 volvió a repetirse el “truco”: el Estado aportó otros 669 millones más y 9 autonomías aportaron - 203,4 millones menos: Cataluña (-57,3 millones), Andalucía (-51,6), Comunidad Valenciana (-40,6), Madrid (-15), Extremadura (-11), Asturias (-10,8), Cantabria (-8,7), Castilla y León (-7,4) y Murcia (-1), según acaban de denunciar los Directores de Servicios Sociales. Algo especialmente grave si tenemos en cuenta que hay 350.000 dependientes “en lista de espera” y que muchos son ancianos y mueren antes de llegarles las ayudas (45.360 dependientes murieron esperando  sólo en 2022)…

Visto el panorama, está claro que el Estado del Bienestar no se consolida y quienes han de financiarlo y gestionarlo (las autonomías), gastan menos cada año, en dinero real y en porcentaje. Y eso, a pesar de que España gasta menos que la mayoría de Europa en sanidad, educación y gastos sociales. En Sanidad, España gastó  94.694 millones en 2021 (el 7,8% del PIB), 2.001 euros por habitante, frente a 4.785 euros Alemania (11% del PIB), 4.019 euros en Reino Unido (10,36% del PIB), 3.852 euros Francia (10,4% del PIB) y 2.141 euros Italia (7,1%) del PIB), según Sanidad. En Educación, gastamos 11.123 dólares por estudiante, frente a 12.275 la UE-25 y los 12.647 dólares de la OCDE, según el Panorama de la Educación 2023 (OCDE). Y en Servicios sociales, España gasta el 4,7% del PIB, frente al 6,5% de media que gasta la UE-27, según Fedea. Así que España gasta menos y encima las autonomías, los gestores del gasto social, le dan cada año menos peso en sus Presupuestos.

Lo más preocupante de este panorama es que refleja la situación en 2022 y el deterioro desde 2009, un periodo en el que “la izquierda” ha gobernado la mayoría de las autonomías, salvo Madrid, Murcia, Galicia, Castilla y León, Cataluña y Euskadi.  Ahora, tras las elecciones de mayo, el PP gobierna 11 autonomías (6 con el apoyo de VOX), lo que hace temer que le den aún menos prioridad al gasto social, a la recomposición de la sanidad, la educación y los servicios sociales, dado que defienden el trasvase de recursos públicos a la sanidad privada y a la educación concertada (y privada), considerando que son las familias las que deben cubrir el gasto en Dependencia y no priorizan los servicios sociales.

Además, hay otro motivo de preocupación: la bajada generalizada de impuestos que las autonomías del PP (y VOX) han prometido para 2023, tras las rebajas que ya hicieron algunas en 2022. Eso supondrá menos ingresos públicos y, en consecuencia, se teme que vuelva a caer el gasto social. De hecho, el Gobierno central ha enviado a Bruselas unas previsiones presupuestarias donde reflejan que las autonomías van a tener menos recaudación por la bajada de impuestos aprobadas o anunciadas: -801,9 millones en 2023 y -2051 millones en 2024. Unos menores ingreso que podrán compensar con una mayor transferencia de recursos desde el Presupuesto del Estado, que lleva años recaudando más (por el aumento del empleo y la actividad) y transfiriendo más fondos a las autonomías. Así, las autonomías recibirán en 2023 26.130 millones más del Estado que en 2022 (+24%). Y así viene pasando en los últimos años: han recibido 178.750 millones adicionales en los 5 años completos de Gobierno Sánchez (2019-2023) sobre los recibidos en los cinco años anteriores completos del Gobierno Rajoy (2013-2017). Pero como se ve, no los han dedicado a gastos sociales. Y el temor es que ahora, con más  autonomías gestionadas por la derecha, el Estado del Bienestar se debilite aún más. Esto es lo que deberíamos vigilar: que gasten en lo que importa.