Temor a la inflación en invierno: más ayudas

La inflación parece darnos una tregua en octubre: los precios del gas y la luz han bajado drásticamente, aunque los carburantes suben. Todavía no hace frío y se teme que, con el invierno, los europeos tengamos más problemas para pagar calefacción y luz. Por eso, Europa ha fijado un recorte del consumo, que no afecta en España a las familias, aunque somos uno de los 4 países europeos que consume más gas y carburantes que el año pasado. El Gobierno español aprobó este martes nuevas ayudas (3.000 millones) para reducir la factura de la calefacción y ampliar los descuentos en la luz a 4 de cada 10 familias. Vale, pero la clave es atajar la subida de la energía en Europa, no sólo paliar sus consecuencias. Y los 27, reunidos hoy y mañana en otra Cumbre, no se ponen de acuerdo en extender “la excepción ibérica” y poner un tope al gas. Urge impedir más subidas este invierno, porque las ayudas públicas no pueden ser infinitas.

Enrique Ortega

Llevamos ya más de un año con alta inflación, desde que en septiembre de 2021 alcanzamos una subida de precios del +4%, que subió al +6,5% en diciembre y se disparó al +9,8% en marzo de 2022, tras la invasión de Ucrania (24-F), superando el 10% en junio (+10,2%), julio (+10,8%) y agosto (+10,5%), para moderarse en septiembre (+8,9% de inflación en España y el +10,9% en la UE-27). Hay esperanzas de que en octubre vuelva a bajar la inflación, ya que está bajando el gas y la electricidad, aunque suben el petróleo y los carburantes. Pero el frío no ha empezado y, a falta de gas ruso en Europa, se teme que el invierno relance los precios de la energía, no sólo en diciembre sino a principios de 2023.

De momento, el precio del gas natural se ha desplomado esta semana, debido a que la mayoría de países europeos tienen llenos sus depósitos (las reservas están al 92% de media) y con el temor de algunos proveedores a que Europa ponga un tope al precio del gas importado. La consecuencia es que los precios del gas han caído esta semana a un precio nunca visto este año: hoy 20 de octubre, el precio del gas en el mercado ibérico está en 28,76 euros MWh (el precio más bajo en 15 meses y muy lejos de los 230 euros que costaba a finales de agosto) y en el mercado europeo (TTF holandés) baja a 112,51 euros (mínimo desde primavera y lejos de los 346 euros que costaba en agosto). Con ello, la luz (que lleva un año encareciéndose por el gas), también veía caer drásticamente su precio mayorista en España, hasta los 86,66 euros MWh hoy, la tercera parte del precio de hace un mes (243,55 euros, incluyendo la compensación al gas y el precio más bajo de la electricidad desde octubre 2021 (recordemos que llegó a costar 544 euros MWh el 9 de marzo, antes de que entrara en vigor la “excepción ibérica”, el 15 de junio).

En paralelo, el petróleo ha remontado algo su precio en octubre (de 87,90 dólares barril el 30 de septiembre a 93,25 dólares hoy), por el acuerdo entre la OPEP y Rusia para reducir su producción (a partir de octubre). Y eso, junto a la reducción del refino en Europa (Francia) y el corte de suministro de Rusia, ha provocado una nueva subida de los carburantes en octubre: la gasolina cuesta esta semana en España 1,75663 euros litro de media (+7,5 céntimos que a finales de septiembre) y el gasóleo 1,9492  euros (+ 12,7 céntimos), según el Boletín Petrolero Europeo de hoy. Eso sí, los alimentos no bajan (subieron un +14,4% hasta septiembre) y, por efecto de la sequía, las menores cosechas y los mayores costes, parece que seguirán caros hasta fin de año.

Así que mejora la factura del gas y la electricidad, empeoran los precios de carburantes y alimentos, junto a una subida de muchísimos productos, por lo que la inflación en octubre (el dato se conocerá el día 28) podría bajar algo, pero poco. En cualquier caso, la incertidumbre sobre los próximos meses es enorme, sobre todo cuando empiece el frío en Europa y los países echen manos de sus reservas de gas y tengan que comprar más. El temor no es tanto este año, sino el repunte de precios en el primer trimestre de 2023.

Para evitar problemas de suministros y que la inflación vuelva a dispararse este invierno, la Comisión Europea aprobó el 30 de septiembre un paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética, que corroboraron los líderes europeos en la Cumbre de Praga del 3 de octubre. La primera medida clave es conseguir un ahorro en el consumo de electricidad del 15% entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2023. Y plantean hacerlo por 2 vías: una reducción voluntaria del consumo eléctrico global del -10% y una reducción adicional del -5% en horas punta. Ahora, se trata de concretar esta rebaja por paises y definir las “horas punta”, diferentes según los países.

España ha conseguido un recorte menor, del -6,4% en el consumo eléctrico, porque somos una “isla energética” (sólo importamos el 4,1% de la electricidad consumida, según REE) y porque tenemos una alta capacidad de importar y transformar gas natural, al contar con 6 de las 20 regasificadoras europeas. Para cumplir este objetivo el Gobierno aprobó en agosto una serie de medidas de ahorro: calefacción a 19º en comercios, cines, hoteles y espacios públicos, apagado escaparates a las 10 de la noche y cierre automático de puertas en los comercios. Y ha pactado con las autonomías y Ayuntamientos la revisión del alumbrado público, para tratar de ahorrar (sobre todo ayudando a cambiar las farolas para instalar leds), aunque no parece que los municipios vayan a reducir el alumbrado de Navidad. Para los particulares, no habrá limitaciones de consumo, aunque se pedirá a las eléctricas que incluyan en la factura el consumo medio por zonas, para saber si gastamos de más.

En paralelo a estas medidas de ahorro, el Gobierno español aprobó este martes nuevas ayudas (con un coste de 3.000 millones de euros) para que las familias afronten la factura de calefacción y electricidad este invierno. La más llamativa es que los 1,7 millones de hogares con caldera colectiva (comunidades de vecinos) puedan acogerse (hasta finales de 2023) a una nueva tarifa regulada (TUR 4), con un descuento del 40% en el precio del gas que utilicen, siempre que revisen la caldera, tengan instalados contadores (o llaves) de control individual de consumo (o los instalen antes de septiembre de 2023) y que no gasten más que la media de los últimos 5 años (si gastan más, el precio se les penaliza un 25%). Además, los 1,5 millones de clientes individuales de gas con tarifas TUR (1,2 y 3) seguirán beneficiándose del tope al precio del gas (5% de subida) todo el año 2023.

Otra medida importante es que se refuerza el bono social eléctrico, el descuento en el recibo de la luz a las familias más vulnerables. Por un lado, aumenta el descuento (al 65 y al 80%, según sus ingresos) a los 1,3 millones de hogares que lo tienen hoy (los que ganan menos de 12.159 euros). Y además, se crear un nuevo bono social, con un descuento del 40% en el recibo a otro millón y medio de hogares con ingresos reducidos (familias con dos niños que ganan menos de 28.000 euros). Y se duplica el presupuesto para financiar  el bono social térmico (para pagar gastos de calefacción y agua caliente), hasta una franja de 40 a 375 euros al año (ahora son 35-350 euros).

En conjunto, el Gobierno estima que estas ayudas benefician a 4 de cada 10 familias. Y se suman a otras 9 medidas aprobadas desde junio de 2021 para rebajar el precio de la luz, básicamente la bajada de impuestos a la luz y el gas, la “excepción ibérica” (tope al precio del gas para producir electricidad) y la rebaja de costes regulados. Unas medidas con un alto coste para el Presupuesto (más de 20.000 millones de euros) pero que han servido para “reducir un 33% la factura de la luz el último año” (según la ministra Ribera) sobre el precio que tendríamos que pagar si el Gobierno no hubiera tomado medidas.

Ahora hay que esperar si estas nuevas ayudas permiten contrarrestar las esperadas subidas del gas y la luz en los próximos meses. El presidente Sánchez dijo este martes en el Senado que movilizará “los recursos públicos que sean necesarios” para doblegar la inflación. Y eso incluye renovar las ayudas actuales a la energía para 2023, una decisión que el Gobierno tomará en diciembre. Parece claro que renovará la bajada de impuestos a la luz y el gas, así como las ayudas específicas a empresas y sectores (transporte, campo, pesca). La duda es si mantendrá la bonificación de 20 céntimos a los carburantes, porque es muy costosa y beneficia más a los que más tienen (y a los turistas y vecinos portugueses y franceses), además de fomentar el consumo: en gasolinas, se ha consumido un 12,5% más entre enero y agosto y en gasóleo, un 3,5% más, según CORES.

Precisamente, España tiene un problema cara a este invierno y es cumplir los planes de ahorro a que nos obliga Europa: somos uno de los 4 países europeos que ha aumentado su consumo de gas este año (+2% de enero a septiembre) junto a Grecia, Croacia y Eslovaquia, mientras lo bajaba un -7% la Unión Europea en su conjunto, sobre todo 11 países, principalmente Finlandia (-53%), Letonia (-30%), Lituania (-25%), Estonia (-20%) y Dinamarca (-20%), con un recorte del -11% en el consumo de gas de Alemania, según Bruegel. La “culpa” de este mayor consumo de gas en España, a pesar de los precios disparados, la tiene la producción de electricidad, al haber fallado la producción hidráulica (por la sequía) y la eólica (por el clima) y por la mayor demanda de Portugal (el 25% de la demanda se la cubre España) y de Francia (por problemas en sus centrales nucleares). Así que una parte del mayor consumo de gas de España es “por solidaridad con los vecinos europeos”, como subrayó el martes la ministra Ribera, en apoyo de una mayor interconexión energética europea. Eso sí, España ha reducido el consumo eléctrico este año, pero poco: un -2,1% hasta septiembre, según REE, aunque ha bajado más la demanda doméstica.

Ahora, el Gobierno Sánchez estudia la prórroga de las ayudas contra la inflación y ya ha comunicado a Bruselas que “tiene margen presupuestario” para hacerlo, porque se ha dejado un colchón en los  Presupuestos de 2022 y 2023 de 20.500 millones “extras” de ingresos para afrontar las medidas anticrisis sin bajar la guardia en el recorte del déficit público (del -5% al 3,9% en 2023). El problema es que si la guerra sigue y los precios no se controlan, este colchón puede ser insuficiente en unos meses: recordemos que las medidas contra la inflación llevan gastadas en España 35.500 millones (más los 3.000 recién aprobados). Y más de 500.000 millones de euros en toda Europa…

El debate es doble. ¿Hasta dónde se puede gastar? ¿Cuánto gasta cada país? Y aquí, los países pobres, como España, están en clara desventaja frente a los ricos: Alemania ya ha anunciado un paquete de ayudas de 200.000 millones de euros, que ha irritado al resto. Es injusto que  los paises ricos tengan más músculo que los pobres para ayudar a sus ciudadanos y frenar la contestación social (que ya ha estallado en Francia)… Una opción sería hacer como se hizo frente a la pandemia: crear un Fondo europeo para financiar las ayudas contra la inflación, una alternativa que no gusta a los ricos (pagarían más). De momento, la Comisión Europea ha intentado “desviar este debate”, proponiendo que se deriven 40.000 millones no gastados de los Fondos de Cohesión a amortiguar la crisis energética europea… Una cifra ridícula si la comparamos con los 500.000 millones ya gastados en ayudas y los 850.000 del Fondo Next Generation frente a la COVID.

La otra parte del debate es atajar el problema de origen, las causas de la inflación, en especial la subida del gas y la electricidad: intentar frenar más los precios, para no tener que gastar tanto en ayudas para paliar sus efectos sobre empresas y ciudadanos. Y aquí, los líderes europeos han avanzado, pero lentamente. Y no son capaces de tomar medidas drásticas para una situación excepcional que nos está llevando a una recesión. Y así, por este camino, los distintos Gobiernos tendrán que exprimir al máximo sus cuentas para seguir dando ayudas y llegará un momento en que no frenarán la contestación social.

Por eso, urge avanzar en contener los precios de la energía como sea. Pero la Comisión Europea no logra aprobar medidas eficaces, como poner un tope al gas que se importa o generalizar “la excepción ibérica” (un tope al precio del gas para producir electricidad, una medida que ha rebajado un tercio la subida de la luz de españoles y portugueses frente a la del resto de europeos). España y otros 14 países europeos les han enviado una carta pidiendo un tope al precio del gas importado, pero Alemania y Holanda lo bloquean, porque temen que si se “interviene el mercado” (que no funciona, salvo para especuladores) haya problemas de suministro de gas (y de electricidad si se extiende a toda Europa la excepción ibérica”). Y entre tanto, Bruselas defiende “parches”, como la compra conjunta de gas (el 15% de las reservas estratégicas), acuerdos de solidaridad entre Estados (sólo los han firmado 9 países, del centro y norte de Europa) y un nuevo índice de precios del gas (el TTF holandés es irreal y muy especulativo), que tardaría meses en implantarse y sería “temporal”.

España y muchos países creen que estas medidas, propuestas esta semana por la Comisión Europea, son “poco ambiciosas” y apenas van a bajar los precios. Y temen que la Cumbre Europea que aborda la crisis energética, hoy y mañana en Bruselas, no tome medidas eficaces para evitar un nuevo repunte del gas y la electricidad este invierno. Ya se sabe que Europa sólo reacciona cuando se encuentra al borde del precipicio. Así que quizás habrá que esperar a enero y febrero de 2023, con facturas energéticas imposibles de pagar y una creciente contestación social en toda Europa, para que intervengan de verdad y frenen unos precios disparados del gas, la luz y muchas materias primas. Quizás entonces sea tarde para que muchos políticos se salven. Y el coste de las ayudas habrá hundido a muchos países en un gasto imposible de financiar. Ojalá me equivoque.

Europa se prepara para el invierno

El pasado viernes, los ministros de Energía de la UE aprobaron medidas extraordinarias para que los europeos afrontemos los recortes de gas y los precios disparados de la energía. El gran objetivo es evitar “apagones” este invierno y garantizar el suministro, para lo que habrá que ahorrar luz y energía. Además, aprobaron un impuesto extraordinario a las energéticas, que ingresará 140.000 millones extras para ayudas. España recortará un -6,4% el consumo eléctrico, con medidas para restringir el alumbrado y la calefacción en locales públicos, no en hogares. Pero todo dependerá de la guerra y los precios del gas. Los 27 están divididos sobre nuevas medidas (más drásticas) para frenar los precios de la energía. Si continúa la espiral, harán falta más recortes de consumo y más ayudas (impagables: Europa se ha gastado ya 500.000 millones, 35.500 España, el 4º país que más en la UE). Y tras el invierno, 2023 será un año muy difícil, con recesión en Alemania. Así que nos esperan meses duros, que agravarán las presiones políticas para parar la guerra en Ucrania.

Enrique Ortega

Tras más de 7 meses de guerra en Ucrania, la crisis económica desatada por la energía y los precios sigue ahí, muy preocupante. La inflación en Europa ha empeorado (del +9,1 al +10% en septiembre), aunque baja algo en España (la inflación ha bajado del +10,5 al +9% en septiembre, gracias a la luz y los carburantes). Y los precios de la energía, aunque mucho más altos que antes de la invasión de Ucrania, han bajado en el último mes, desde el petróleo (más barato hoy que el 23F) y los carburantes al gas y la electricidad. Pero la situación es muy inestable, con los atentados a los gasoductos NordStream 1 y 2 y los referéndums ilegales en Ucrania, que agravan los cortes de gas a Europa y sobre todo a los países del norte, muy dependientes del gas ruso. Y todo se complica más con la llegada del frío y del invierno, que hace temer por aumentos de consumo y cortes de suministros, sobre todo en industrias y hogares del centro y norte de Europa.

Para evitarlo y asegurar el suministro de energía, los ministros de Energía de la UE aprobaron el viernes 30 de septiembre un paquete de medidas urgentes frente a la crisis energética, que tendrán que corroborar los dirigentes europeos en la Cumbre de Praga de este jueves 3 de octubre. La primera medida clave es conseguir un ahorro en el consumo de electricidad del 15% entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo de 2023. Y plantean hacerlo por 2 vías: una reducción voluntaria del consumo eléctrico global del -10% y una reducción adicional del -5% en horas punta. Ahora, se trata de concretar esta rebaja por países y definir las “horas punta”, diferentes según los países.

España ha conseguido un recorte menor, del -6,4% en el consumo eléctrico, porque somos una “isla energética” (sólo importamos el 4,1% de la electricidad consumida, según REE) y porque tenemos una alta capacidad de importar y transformar gas natural, al contar con 6 de las 20 regasificadoras europeas, lo que nos permite disponer ya del 85% de las reservas de gas en los almacenes (frente al 80% exigido por Bruselas para el 1 de noviembre). Pero ahora queda concretar cómo se hace este recorte de consumo y conseguirlo, algo que no será fácil, dado que el consumo de electricidad solo ha bajado un -1,7% hasta julio, según REE, a pesar de que los precios se han disparado. De momento, el Gobierno ha aprobado una serie de medidas de ahorro para conseguirlo: calefacción a 19º en comercios, cines, hoteles y espacios públicos, apagado escaparates a las 10 de la noche y cierre automático de puertas en los comercios. Y ha pactado con las autonomías y Ayuntamientos la revisión del alumbrado público, para tratar de ahorrar (sobre todo ayudando a cambiar las farolas para instalar leds), aunque no parece que los municipios vayan a reducir el alumbrado de Navidad. Para los particulares, no habrá limitaciones de consumo, aunque se pedirá a las eléctricas que incluyan en la factura el consumo medio por zonas, para saber si gastamos de más.

A pesar del acuerdo del viernes sobre el recorte del consumo eléctrico (-15%), los 27 países UE  siguen divididos ante tomar medidas más drásticas para frenar la subida de la energía (sobre todo el gas y la electricidad). Una de ellas, extender la “excepción ibérica” (tope al gas en España y Portugal) al resto de Europa, es defendida sobre todo por Francia e Italia. Y eso, porque han visto la efectividad de poner un tope  al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (primero 40 euros MWh y después hasta 70 euros, cuando ahora cuesta en el mercado 187 euros MWh). Así, el viernes 30 de septiembre, el precio de la electricidad en el mercado mayorista en España y Portugal costaba 118,39 euros y aun contando con la compensación por el tope que hay que pagar a las eléctricas, el coste mayorista de la luz en España era de 153,13 euros, la tercera parte del coste mayorista de la luz en Alemania (386 euros), Francia (392) e Italia (459 €)…

Otra medida más drástica, que han pedido España y otros 14 países europeos (entre ellos Francia, Italia, Portugal, Grecia, Bélgica y Polonia) es poner un tope al precio del gas que compre Europa, venga de donde venga, porque se considera que el precio actual es desorbitado y fruto de la presión política de Putin. La Comisión Europea no apoya esta medida (tampoco Alemania), porque temen que produjera un desabastecimiento. Y plantean como alternativa hacer compras conjuntas de gas toda la UE (como con las vacunas) y aprovechar este enorme poder de compra para negociar precios más bajos (y  contratos a más plazo) con EEUU y los países árabes y africanos que nos venden gas.

La otra gran medida que se aprobó el viernes en Bruselas fue crear un nuevo impuesto a las energéticas (petroleras, gasistas y empresas de carbón y refino): un gravamen del 33% sobre cualquier ganancia superior al 20% del beneficio medio que han obtenido en los últimos 4 años. Sería un impuesto temporal, a pagar sólo en 2023 por los beneficios extraordinarios en 2022. Otra medida complementaria es la aprobación de un tope temporal a los “beneficios caídos del cielo” que obtienen algunas eléctricas por producir  luz con energías más baratas que el gas (renovables, nucleares, carbón) y sin embargo cobrarlas al precio del gas (se plantea ponerles un precio tope de 180 euros por MWh producido, con lo que dejarían de recibir más de la mitad de lo que cobran hoy).

Entre ambas medidas, la Comisión Europea espera ingresar 140.000 millones extras de las energéticas para financiar las ayudas a familias y empresas por la subida del coste de la energía. Ambas medidas ya las había tomado el Gobierno español. En el decreto del 31 de marzo, el gobierno Sánchez amplió los impuestos a pagar por estos beneficios caídos del cielo a la generación eléctrica hidráulica, nuclear y renovable. Y  a finales de junio, el presidente Sánchez anunció un nuevo impuesto a las energéticas (y bancos) para gravar sus beneficios extraordinarios. El objetivo es el mismo, pero el impuesto es diferente al que ahora quiere aprobar Europa: el español es un impuesto sobre las ventas (no sobre los beneficios) y quería aplicarlo en 2023 y 2024. Ahora, la ministra de Hacienda ha reiterado que el Gobierno “adaptará su impuesto a lo que se apruebe en Bruselas”.

Ahora falta que cada país aplique los recortes de consumo aprobados por los 27 y que se consigan ingresar esos 140.000 millones extras en impuestos para financiar las ayudas, en las que Europa lleva gastados ya más de 500.000 millones de euros, según un reciente informe de Bruegel. España es el 4º país de la UE que más ayudas públicas ha gastado para afrontar la crisis energética (35.500 millones de euros, el 2,9% del PIB), sólo por detrás de Alemania (100.500 millones, el 2,8% de su PIB), Francia (71.600 millones, el 2,9% de su PIB) e Italia (59.200 millones, el 3,3% del PIB), aunque el país que lidera las ayudas es Reino Unido (con 178.400 millones, el 6,5% de su PIB: una cifra tan extraordinaria que los mercados dudan que puedan pagarla si baja drásticamente impuestos).

El problema de este ingente paquete de ayudas públicas europeas es doble: hay que financiarlas (con deuda o con déficit o con las dos cosas) y habrá que mantenerlas en el futuro, muchos meses más, si la guerra y la crisis energética siguen ahí. Por eso, la Comisión Europea y la mayoría de gobiernos europeos, aunque sean conservadores y liberales, apuestan por subir la recaudación fiscal, para que paguen más impuestos las empresas energéticas que se están beneficiando de la crisis. Y eso defiende también la OCDE, el FMI y el BCE, porque saben que afrontar la actual crisis exigirá más ingresos. Sólo la primera ministra británica, el PP español (y quizás la ultraderechista Meloni) defienden bajar impuestos.

Pero ojo a las ayudas frente a la actual crisis energética y de inflación, porque tenemos un doble problema con ellas. El primero, que agravan el Cambio Climático. La OCDE acaba de criticar que se den “ayudas indiscriminadas a la energía”, porque las subvenciones se están dirigiendo al consumo de combustibles fósiles (ayudas de 20 céntimos al consumo de carburantes en España, bajada de impuestos al gas y a la electricidad), lo que alimenta el consumo y las emisiones. Y aportan una cifra impactante: los 35 países de la OCDE van a destinar 169.000 millones directamente a subvencionar combustibles fósiles, que agravarán el Cambio Climático. Por eso, piden que se acabe con las  “ayudas generalizadas”, que alimentan el consumo de combustibles fósiles, y se opte por ayudas directas a las familias vulnerables para pagar la energía al precio que valga (sin subvencionarla). Un dato revelador: en España, entre abril y agosto (cuando se ha subvencionado con 20 céntimos), el consumo de carburantes ha subido: un +8,28% la gasolina y un +2,72% el consumo de gasóleo, según las estadísticas de CORES.

El segundo problema de las ayudas públicas generalizadas es que “alimentan la inflación”, como acaba de denunciar el Banco Central Europeo (BCE). Por dos vías. Una, permiten que las familias gasten más (gracias a las ayudas), con lo que el consumo no cae lo suficiente ni tampoco los precios. La otra, que los países se ven obligados a subir su déficit y su deuda, y este mayor gasto público también alimenta la inflación. Por eso, el BCE también considera, como la OCDE y el FMI, que los países deben limitar sus ayudas y dirigirlas de manera muy selectiva a los más necesitados, no a la mayoría (aunque políticamente sea más vistoso). Y en paralelo, creen que los países deben aumentar su recaudación para financiarlas, no bajar impuestos. Incluso, el economista jefe del BCE, Philip Line, ha ido más allá: acaba de pedir a los países “que financien las ayudas con subidas de impuestos a los más ricos y a las empresas más rentables”. Nada de bajar impuestos con la que está cayendo…

Pero hay más. La política generalizada en Europa de multiplicar las ayudas públicas para afrontar la inflación obliga al BCE a subir los tipos de interés más de lo necesario, lo que puede provocar una recesión. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, se quejaba hace unos días de que tiene que hacer “el papel de mala” (ya ha subido dos veces los tipos, al 1,25%, y los subirá al 2% a finales de octubre) porque los gobiernos europeos “hacen el papel de buenos” (más y más ayudas, realimentando la inflación). Y pide coherencia entre la política fiscal (menos ayudas y más selectivas, aunque no sea popular) y la política monetaria. Porque cuanto más suban las ayudas públicas, más tendrá que subir el BCE los tipos de interés. Y este "ricino monetario" será doloroso para las familias (hipotecas) y nos llevará a la recesión. De hecho, la OCDE ya ha rebajado el crecimiento de la UE al +0,3% en 2023, un +1,5% para España y que Alemania entre en recesión (su PIB caerá un -0,7%).

Así que el debate de fondo ya no es sólo como afrontar el invierno (lo más urgente) sino cómo afrontar la crisis de la energía y de la inflación sin que Europa caiga en recesión.  Urge un "cambio de timón" en la política europea contra la inflación: centrarse en medidas drásticas y eficaces para bajar los precios del gas, la luz y los alimentos, en lugar de poner "parches" y dedicarse a paliar los efectos de la inflación con ayudas millonarias que los países no pueden pagar (ni deben).Y además, según la OCDE, el FMI y el BCE, Europa debe concentrar esas ayudas  en las familias y empresas más vulnerables (nada de ayudas generalizadas, que además hunden más el clima) y financiarlas con subidas de impuestos a empresas y los más ricos (nada de bajadas generalizadas de impuestos). 

Y en paralelo, los Gobiernos europeos deben convencer a los ciudadanos que estamos en “una guerra económica”, que tiene costes para todos que debemos asumir (nos "empobrece"), aunque repartiéndolos de forma justa. Y que el coste de esta guerra en Ucrania (en defensa de la legalidad internacional y contra el imperialismo autocrático de Putin) no puede evitarse totalmente, sólo paliarse. Que tenemos que “aguantar el tirón” en los próximos meses, sacrificarnos, porque “papá Estado” no puede subvencionar el coste de la inflación a todos los ciudadanos y empresas. Tenemos que apretarnos  el cinturón y ajustar nuestro consumo de luz, gas y carburantes, hasta que las  medidas surtan efecto o la guerra se acabe. Y los Gobiernos tienen que decir claro a los ciudadanos que las ayudas no pueden llegar a todo. Aunque sea impopular.

Gasóleo a precio de gasolina

Más de la mitad de los automovilistas tienen ya un coche de gasoil, porque gasta menos y un carburante más barato. Pero se ha roto la tendencia y el gasóleo ha costado más que la gasolina durante un mes, aunque ahora esté más barato. Y pronto volverá a subir, por la mayor demanda de vehículos y calefacciones. También por los impuestos, que ya han subido el 1 de enero para transportistas y taxis. Bruselas quiere equiparar los impuestos de la gasolina y el gasóleo, que además son más bajos en España. Y penalizar más al gasóleo a partir de 2015, por sus emisiones de partículas, peligrosas para la salud. Quizás haya que ir pensando en volver a la gasolina. O mejor, a los híbridos y al coche eléctrico.

enrique ortega

En la semana del 14 de noviembre, el gasóleo pasó a costar 1,310 €/litro, más caro que la gasolina (1,29 €), algo que no ocurría desde marzo de 2008. Siguió subiendo y con un precio mayor un mes más, aunque ahora esté por debajo, debido a que paga menos impuestos que la gasolina (10 céntimos menos), ya que la cotización internacional del gasóleo lleva subiendo desde abril y sobre todo desde septiembre. Y por eso, el precio del gasóleo subió a los automovilistas en 2011 más del doble que el de la gasolina (10,8% frente a 4,2%).

Del precio del gasóleo en el surtidor, un 42,18% son impuestos (especiales, IVA y el céntimo sanitario autonómico) y algo más de la mitad son los costes de producirlo (46,30%) y los costes de almacenarlo, transportarlo, distribuirlo y venderlo (11,52%). El coste del gasóleo en los mercados internacionales lleva nueve meses por encima de la gasolina debido al fuerte aumento de la demanda mundial, por varias razones. La principal, el mayor consumo de China, India y países emergentes, que usan el gasóleo para el transporte terrestre, marítimo y ferroviario, para la continua mecanización de su agricultura y el creciente parque de automóviles, así como para la industria y generar electricidad. Otra, el cambio en EEUU, donde ha subido la demanda del gasóleo y ha caído la de las gasolinas. La tercera, el aumento de vehículos diesel en Europa (del 25 % de nuevas matriculaciones en 1998 al 50 % en 2010). La cuarta, el invierno, que aumentó la demanda de gasóleo de calefacción. Y como colofón, el cierre inesperado de algunas refinerías, en Asia.  

Más demanda, menos oferta y un gasóleo que hay que importar en buena medida (Europa en un 10% y España un 38%), porque las refinerías no se han adaptado al cambio en la demanda (en España han invertido 6.000 millones para reajustarse). Y eso supone pagarlo en dólares con un euro depreciado (-10% en 2011), lo que aumenta la factura. Al final, el problema es mayor para España, no sólo porque importamos más sino también porque consumimos más: el 80% del consumo de carburantes es gasóleo (en Europa es el 55%), debido a que tenemos más peso del transporte de mercancías por camión (83% en España y 45% en la UE-27) y un mayor parque de vehículos diesel: el 52% frente al 37% en la UE.

La fiebre del diesel en España es relativamente reciente. En 1990, sólo iban con diesel el 10% de los vehículos, básicamente camiones y taxis. En el 2000 se pasó al 29% y ahora es el 52 %, el parque con más diesel de toda Europa, salvo Francia y Bélgica. Y, lo más llamativo: son diesel el 71 % de los vehículos vendidos en 2010. La mayoría ha optado por el diesel porque gasta menos (entre un 10 y un 40%), es un motor más duradero (hasta 400.000 km, aunque ahora, los de gasolina con inyección electrónica llegan a 300.000 km) y era un carburante más barato, lo que compensaba el mayor coste del vehículo (entre 2.000 y 5.000 €) y un seguro y mantenimiento más costosos, siempre que se recorrieran más de 25.000 km al año.

Ahora, esos argumentos pueden cambiar en contra del diesel si, como parece, el gasóleo sigue encareciéndose y vuelve a costar más que la gasolina. Primero, porque la demanda va a seguir alta, al menos hasta primavera, lo que seguirá tirando al alza de los precios internacionales (y más con un petróleo al alza, por  la tensión en Irán e Irak). Segundo, porque importar gasóleo nos costará más euros, al debilitarse la moneda europea en 2012 (hasta 1,20 € por dólar). Y sobre todo, porque van a subir los impuestos del gasóleo.

De hecho, a los 200.000 transportistas profesionales (camiones, autobuses y taxis) les cuesta más caro el gasóleo desde el 1 de enero, al obligar  Bruselas a España a no devolverles los 2,9 céntimos por litro que percibían de bonificación. Además, la Comisión Europea va a imponer una armonización fiscal que, en el caso de España, supondrá subir el gasóleo 8 céntimos por litro (ahora pagamos 13 céntimos menos de impuestos que la media UE). A medio plazo, Bruselas quiere que el gasóleo y la gasolina paguen los mismos impuestos. Además, proponen combatir con más impuestos a los carburantes más contaminantes y el gasóleo se lleva la palma: emite menos CO2 (aumenta efecto invernadero, pero no es tóxico) que la gasolina pero seis veces más partículas PM 2,5 y más óxido de nitrógeno (NO2), ambos muy nocivos para la salud. Y en  2015 entra en vigor una Directiva que limita las emisiones de NO2 de los diesel.

En definitiva, los precios, los impuestos y la contaminación se conjuran contra los vehículos diesel en los próximos años, lo que va a obligar a una difícil reconversión del sector del transporte (más ferrocarril, más barcos y menos camiones) y  a un cambio de mentalidad de los conductores privados, con una posible vuelta a la gasolina, mientras ganan peso (despacio) los híbridos y el coche eléctrico, sobre todo para las ciudades, que van a vetar cada vez más al coche de gasoil. Eso seguro.