La España vaciada, a 3 velocidades

Todos hemos oído hablar de “la España vaciada”, pero quizás no sepamos su tremendo alcance: afecta a casi la mitad del país, 23 provincias que han perdido población en los últimos 70 años (-1 millón),  mientras las 27 restantes la ganaban (+20 millones de habitantes). Una España vacía muy envejecida, que creció menos y perdió también más empleo y riqueza.  Y lo peor es que esta España vaciada tiene un negro futuro, según un estudio de Funcas: 11 de estas provincias decrecen (7 de las 9 provincias de Castilla y León, Lugo, Orense, Cuenca y Teruel) y otras 6 se estancan (Extremadura, Albacete, Ciudad Real, Córdoba y Jaén), remontando sólo las 6 restantes (Valladolid, Burgos, Guadalajara, la Rioja, Zaragoza y Huesca). En consecuencia, no sólo hay que multiplicar las ayudas a la España vaciada, sino que hay que concentrarlas en esas 17 provincias que están peor. Urge un Pacto de Estado para recomponer el mapa de España, aprovechando los Fondos europeos. Reequilibrar el país para 2050.

Enrique Ortega

España es un país poco poblado, con menos densidad de población que la mayoría de Europa: 92,9 habitantes por kilómetro cuadrado (2019), lejos de los grandes paises, como Reino Unido (279 habitantes/km2), Alemania (240). Italia (206) o Francia (119) y lejos también de la densidad de población de paises pequeños, como Paises Bajos (507), Bélgica (381), Dinamarca (136), Polonia (124) o Portugal (112), según Eurostat. De hecho, sólo tenemos más densidad de población que Noruega (15 habitantes/km2), Finlandia (18), Suecia (24) y Grecia (81). Y además, esta escasa población viene de lejos: en el año 1700 ya teníamos la mitad de población (20 habitantes/km2) que Reino Unido, Alemania, Italia o Francia y la tercera parte que los Paises Bajos o Bélgica. Y esa distancia siguió aumentando hasta principios del siglo XX (año 1900), donde España tenía 30 habitantes por kilómetro cuadrado frente a 190 el Reino Unido, 180 Alemania o 80 Francia, según los estudios del demógrafo Jordi Nadal. Y aunque en el último siglo la población se ha duplicado, la brecha con Europa sigue.

Otra anomalía de España frente al resto de Europa es la gran desigualdad en el reparto de la población, al coexistir zonas muy pobladas con otras despobladas: somos el país UE con menor proporción de áreas habitadas y el 2º con mayor densidad de población en esas áreas. El dato es impactante: el 90% de la población española se concentra en el 30% del territorio, con lo que el 70% de España tiene sólo el 10% de la población total (“la España vacía”), según datos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y otro dato del desigual reparto de la población en España: el 48% de los 8.000 municipios españoles tienen menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la Unión Europea considera que menos de 12,5 habitantes/km2 es una “muy baja” densidad de población. Los demógrafos creen que la historia está detrás de esta despoblación desigual, desde la Reconquista y la posterior colonización, a las cargas fiscales y humanas impuestas durante la época de los Austrias y el coste humano de la colonización americana.

Al final, nos encontramos hoy con una España poco poblada y con un reparto muy desigual de la población, que ha dado un gran salto en el último siglo largo, multiplicándose por 2,5: hemos pasado de 18.618.086 españoles en 1.900 a 40.847.371 habitantes en 2001 y a 47.329.981 el 1 de enero de 2020, según el INE. El problema ha estado en que casi la mitad de España (el interior del país) ha sufrido una pérdida de población, sobre todo a partir de 1.950 (por las migraciones interiores) y la otra mitad (Madrid, todas las provincias de costa, salvo Lugo, y las islas) han recibido población, concentrándola en las ciudades.

Un reciente estudio de FUNCAS (Fundación Cajas de Ahorro) establece el alcance de  la España vacía, las provincias que cumplen 2 criterios: haber perdido población entre 1950 y 2019 y tener ahora una densidad de población inferior a la media española (92,9 habitantes por km2). Salen 23 provincias que integran la España vaciada: las 9 provincias de Castilla y León, las 2 de Extremadura, las 3 de Aragón, 4 de Castilla la Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara), 2 de Galicia (Lugo y Orense), la Rioja y 2 provincias de Andalucía (Córdoba y Jaén). En conjunto, han perdido más de 1 millón de habitantes desde 1950 (de 9.588.194 habitantes a 8.511.743), mientras las 27 provincias restantes han ganado más de 20 millones de habitantes (de 18.529.6679 a 38.514.465). Esta España vacía ha pasado de tener el 34,1% de la población española en 1950 a aportar el 18,1%  del censo en 2019, casi la mitad, según el estudio de Funcas. Y supone el 46% del territorio.

Dentro de esta España vacía o vaciada, el mayor vacío demográfico lo han sufrido 6 provincias que han perdido la mitad de población o más: Soria (ha perdido dos tercios de su población desde 1950), Teruel, Zamora, Palencia, Ávila y Cuenca, provincias que son “el núcleo duro” de la España vacía y que están entre las zonas más despobladas de Europa, con densidades de población “muy bajas”, inferiores a 12,5 habitantes/km2: Soria (4,9), Teruel (6,8), Cuenca (8,7), Palencia (10,4), Zamora (10,7) y Ávila (12,8), según el estudio de FUNCAS. Un 2º grupo son 5 provincias que han perdido el 40% de su población desde 1950 y que tienen una densidad de población “baja”, entre 11,7 y 17,8 habitantes por km2: Burgos, Segovia, Cáceres, Salamanca y León. Un tercer grupo en esta España vacía son 5 provincias que han perdido un 40% de población pero tienen mayor densidad de población (de 24,3 al 28,2 habitantes/km2), como Lugo y Orense, o que han perdido menos población (entre -25 y -35%) y tienen una densidad mayor (+35 habitantes/km2), como Badajoz, Córdoba y Jaén. Y hay un 4º grupo, de 7 provincias que han recuperado la población de 1950 pero que tienen una baja densidad de población: Huesca, Zaragoza, Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, la Rioja y Valladolid, con un menor problema demográfico que el resto.

El problema de esta España vaciada no es solo que hayan perdido población y tengan una baja densidad de habitantes, sino que son provincias envejecidas, porque los que se han sido han sido los jóvenes. Por eso, la España vaciada está a la cabeza del envejecimiento en España (el 7º país más envejecido de Europa, con un 19,3% de población mayor de 65 años): Zamora (33% población tiene +65 años), Orense (32%), Lugo (31%), Soria y Ávila (29%), León (27%) o Palencia (26%). Y en contrapartida, todas tienen un bajísimo porcentaje de jóvenes (menores de 20 años), la mayoría entre el 12 y el 14% (con la excepción del 23% de Guadalajara), por debajo del 19,5% de media en España, según el INE.

La despoblación y la pérdida de peso económico de la agricultura han hundido la economía de la España vaciada, que ha crecido menos que el conjunto de España, según el estudio de FUNCAS: si el crecimiento del país fue del +3,7% anual entre 1950 y 2017, el peor grupo de la España vaciada (Soria, Ávila, Cuenca, Zamora, Palencia, Segovia y Orense) creció un 1% menos (ojo: -1% cada año, durante 67 años es una tremenda “brecha”). Y un segundo grupo (Salamanca, León, Lugo, Badajoz, Cuenca, Teruel y Ciudad Real) crecieron un 0,5% menos cada año, mientras las restantes (Valladolid, Burgos, Zaragoza, Cáceres, Albacete, Guadalajara, La Rioja, Córdoba y Jaén) han crecido en línea con el conjunto de España. Pero en conjunto, las 23 provincias de la España vaciada han pasado de aportar el 26,7% del crecimiento (VAB) en 1950 a sólo el 16,1% en 2017.

Este menor crecimiento ha supuesto que la España vaciada haya perdido más empleo en el siglo XX: -571.000 empleos entre 1950 y 2000 (-2,01 millones en la agricultura y +1,44 millones en el resto), mientras las 27 provincias restantes creaban +5,84 millones de empleos. Y en este siglo, entre 2000 y 2017, las 23 provincias vaciadas han creado sólo +227.000 empleos, frente a +2,45 millones creados por las 27 provincias restantes. Globalmente, entre 1950 y 2017, la España vaciada ha perdido -344.000 empleos, mientras el resto del país ganaba +10,7 millones de empleos, según el estudio de FUNCAS. La mayor pérdida de empleo (+40%) la han sufrido Zamora, Orense, Soria, Teruel y Cuenca, seguidas (pérdida entre +30 y +40%) de Ávila, Lugo y Cáceres, y a más distancia (+20/+30% de pérdida de empleo) León, Palencia y Jaén. Mientras, en estos 67 años, se mantuvo (o cayó poco) en Albacete, Burgos y Huesca y se creó empleo neto en Valladolid, Zaragoza o la Rioja.

Al final, con la pérdida de población, el menor crecimiento y la pérdida de empleo, el nivel de vida de la España vaciada ha ido por detrás del resto de España, aunque las ayudas europeas y del Estado, la política regional, las inversiones y los impuestos han compensado algo su retraso, con una mayor “convergencia” con el resto de España entre 1950 y 1980, un estancamiento entre 1980 y 2008 y un empeoramiento de la brecha con la anterior crisis. Con ello, si en 1950, toda la España vacía (salvo Zaragoza y la Rioja) tenía una renta (VAB per cápita) inferior a la media, en 2017 había 8 provincias vaciadas que tenían una renta superior o igual a la media (Huesca, Zaragoza, Burgos,  La Rioja, Teruel, Soria, Palencia y Valladolid), según el informe de FUNCAS. Eso sí, las 15 provincias”vaciadas” restantes están por debajo de la renta media y 11 están entre las 20 provincias con menor riqueza de España.

Ahora, ¿qué futuro tiene esta España vaciada? Quizás lo más innovador del informe de FUNCAS es que analiza su diferente potencial, teniendo en cuenta 10 variables demográficas y económicas. Y así, hacen 3 grupos. Uno con la España vacía que decrece, 11 provincias que tienen un serio problema demográfico que dificulta su desarrollo económico (a pesar de tener una base industrial aceptable y un paro bajo): 7 de las 9 provincias de Castilla y León (todas salvo Valladolid y Burgos), Lugo y Orense, Cuenca y Teruel. Otro, la España vacía estancada, 6 provincias donde el problema no es tanto demográfico (han perdido menos población) como económico (provincias agrarias con bajo peso de la industria y mucho paro): Cáceres, Badajoz, Albacete, Ciudad Real, Córdoba y Jaén. Y las 6 provincias restantes conforman la España vacía que remonta, porque tienen una mejor situación económica que demográfica: Valladolid, Burgos, Guadalajara, La Rioja, Zaragoza y Huesca.

Tras este estudio, la primera medida debería ser concentrar los esfuerzos y las ayudas en mejorar la situación de las 11 provincias de la España vacía que decrece, así como en las 6 provincias de la España vacía estancada, sin olvidar a las 6 restantes, para que sigan remontando. Pero de momento, hay más Planes y palabras que hechos. Ya en enero de 2017, la primera Conferencia de Presidentes autonómicos con Rajoy decidió tomar medidas. Y en marzo de 2019, el Gobierno Sánchez aprobó una primera Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, con 7 objetivos y 80 medidas, que volvieron a refundirse en un Plan de choque contra la despoblación, presentado en la Rioja en febrero de 2020, 30 medidas sin mucha concreción. Hasta que vino la pandemia y los Fondos europeos, con lo que la despoblación pasó a ser el punto 1 del Plan de recuperación presentado en octubre de 2020.

Pero la primera medida concreta no se toma hasta el 1 de diciembre de 2020, cuando el Consejo de Ministros aprueba el Plan para la conectividad y el impulso del 5G, una inversión de 4.320 millones en 5 años, que pretende ampliar a todo el país, en 2023, la cobertura de banda ancha de alta velocidad (que hoy llega al 75% del territorio). Una medida largamente pedida por la España vaciada, a la vez que se prorrogan a 2021 las ayudas de Red.es para instalar conexión a Internet vía satélite en los pueblos con menos de 5.000 habitantes. Y todo este dinero para mejorar la conectividad de la España vaciada se incluye en los Presupuestos 2021, a la espera de los Planes futuros para gastar en proyectos para la España vaciada parte de los 140.000 millones de los Fondos esperados de la UE.

Pero las soluciones a la España vaciada no son sólo llevarles Internet e inversiones en nuevas energías. Urge una revisión de las inversiones en infraestructuras, desde el tren a las carreteras, para que no sigan aislados. Y planificar una cartera de servicios públicos esenciales en zonas rurales, desde las urgencias y la atención sanitaria, a las escuelas, la formación profesional  y la enseñanza universitaria (también a distancia, con la UNED), el cuidado de los mayores y los servicios sociales. Y es muy importante impulsar una política de vivienda, con ayudas a la rehabilitación, para atraer población. Aunque, al final, lo que la atrae es que se instalen nuevos proyectos económicos (privados y públicos), lo que exige una política de incentivos fiscales y de suelo, reduciendo la burocracia. Y sobre todo, la España vaciada ha de estar presente en todo lo que haga Europa, el Gobierno y las autonomías, lo que exigiría definir el mapa de zonas prioritarias y crear una Agencia de Desarrollo Territorial.

Tenemos una España vaciada, fruto de 70 años de cambios demográficos y económicos, que no se puede cambiar en una Legislatura ni sólo con los Fondos europeos: hacen falta décadas de cambios y ayudas, de una diferente política económica y empresarial, que tenga en cuenta la integración de los territorios. Pero necesitamos un punto de partida y ese puede ser la reconstrucción del país tras la pandemia, los Planes y reformas que se preparan con Fondos europeos. Y aquí, la clave es unir esfuerzos en la misma dirección, lo que exige un Pacto de Estado contra la despoblación, para remodelar el mapa de España en las próximas décadas. Reequilibrar el país con la vista puesta en 2050. Otro gran reto.

Pandemia: "abrir la mano"... a la 4ª ola

Los contagios llevan 25 días bajando, aunque 39 provincias superan el nivel de “riesgo extremo” y España tiene más incidencia que la mayoría de Europa. Pero muchas  autonomías han aprovechado la bajada de contagios para “abrir la mano” y levantar restricciones a la hostelería, el comercio y la movilidad, mientras se mantienen en Europa, lo que atrae a Madrid a turistas franceses o alemanes que no pueden ir a un bar o restaurante desde noviembre. El riesgo de una “desescalada” precipitada  es grave, porque estamos en un nivel alto de contagios (295 frente a 188 al final de la 2ª ola), hay un 20% de cepa británica (más contagiosa) y se retrasa la vacunación. Y pronto querrán “salvar la Semana Santa”. La OMS ha pedido mantener las restricciones y bajar más la incidencia, para reducir las camas en hospitales y UCIs y salvar vidas: 336 muertos diarios la última semana y 21.590 fallecidos desde principios de diciembre, una factura inadmisible. Quédate en casa.

Enrique Ortega

Tras cumplirse un año largo de pandemia, los contagios se están reduciendo en todo el mundo, por 5ª semana consecutiva, bajando de los 300.000 contagios diarios (la mitad que hace un mes). Con todo, son ya 111.366.034 personas contagiadas en 192 paises, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. El epicentro de la pandemia sigue en América (49.296.115 contagiados) y Europa (37.559.336), seguidos de lejos por el sudeste asiático (13.345.590), Oriente Medio (6.181.023), África (2.789.884) y el Pacífico (1.576.330), según la OMS. Por paises, destacan los contagios en Estados Unidos (28.134.123 contagiados), India (11.005.850) y Brasil (10.168.174), seguidos de Reino Unido (4.127.574), Rusia (4.117.992), Francia (3.597.540), España (3.133.122), Italia (2.809.246), Turquía (2.638.422), Alemania (2.394.515), Colombia (2.226.262), Argentina (2.064.334), México (2.041.380) y Polonia (1.638.767).

La pandemia también ha reducido los muertos diarios, que bajan por 3ª semana consecutiva (5.007 el 21 de febrero, la tercera parte que hace un mes). Pero el balance es escalofriante: 2.466.263 muertos hasta hoy, la mayoría en América (1.171.294 fallecidos) y Europa (838.561 muertos), según la OMS. Por paises, destacan EEUU (498.897 muertos), Brasil (246.504), México (180.107), India (156.385), Reino Unido (120.810), Italia (95.718), Francia (83.5465), Rusia (81.926), Alemania (67.946) y España (67.101), según los datos de la Universidad Johns Hopkins. Somos el país nº 13 del mundo en muertos por población (142 por 100.000 habitantes), un ranking encabezado por Bélgica (190), Eslovenia (181), Reino Unido (179), República Checa (176), Italia (156), Portugal (152) y USA (158). Y también tenemos menos letalidad (2 muertos por cada 100 contagiados) que la mayoría de Europa: 3,4% en Italia, 2,9% en Reino Unido, 2,8% en Alemania o 2,4% en Francia, según Sanidad.

En las últimas 2 semanas han bajado los contagios en toda Europa, tras las restricciones impuestas en la mayoría de paises. España también ha bajado los contagios, desde el pico de la 3ª ola (899,93 contagiados/100.000 habitantes el 27 de enero) a 750,77 el 5 de febrero y los 294,72 contagiados del viernes 19. Pero seguimos siendo el 5º país europeo con la mayor tasa de contagios, muy por delante de Alemania (126 contagios/100.000 habitantes), Italia (278) e incluso Reino Unido (286) y también peor que Polonia (213), Austria (216), Bélgica (240), Irlanda (251) y Paises Bajos (283). Sólo tienen más contagios Chequia (1.043 contagios), Portugal (428), Suecia (402) y Francia (391), según Sanidad.

En España, la bajada en los contagios dura ya 25 días (empezó el jueves 28 de enero) pero es lenta (la incidencia acumulada en los últimos 14 días ha bajado de 899,9 a 294,72). Y sigue siendo muy desigual por autonomías. Todavía hay 11 regiones que superan los 250 contagios recientes por 100.000 habitantes, un nivel de “riesgo extremo”, según los baremos de Sanidad : Melilla (490), Madrid (427), Ceuta (415), Andalucía (344), País Vasco (340), Castilla y León (336), Aragón (326), Asturias (311), Comunidad Valenciana (295), Galicia (263), Cataluña (252). Otras 5 autonomías  están en situación de “riesgo alto”  (de 150 a 250, según Sanidad): Castilla la Mancha (240 contagios/100.000 habitantes), La Rioja (208), Navarra (190), Murcia (183) y Cantabria (182). Y sólo tenemos 3 regiones con un nivel de contagios “medio” (de 50 a 150 contagios/100.000 habitantes): Canarias (116), Baleares (136 y Extremadura (140), según los datos de Sanidad del viernes 19 de febrero.

Un 2º indicador importante es el porcentaje de positivos que se detectan con las pruebas PCR (689.780 la última semana) y los test de antígenos (489.466 semanales): la media en España ha bajado al 8%, pero hay varias regiones donde se revela un nivel de transmisión comunitaria todavía muy elevado, con riesgo “alto” (más del 10%): Comunidad Valenciana (15,63% positivos en las pruebas), Ceuta (12,90%), Aragón (12,66%), Melilla (12%), Andalucía (11,78%) y Castilla la Mancha (10%), según el último dato de Sanidad.

La bajada de contagios ha reducido también las hospitalizaciones en las últimas dos semanas (de 28.586 el viernes 5 a 16.314 el viernes 19), aunque bajan más despacio los últimos días. Pero los hospitales siguen saturados, con un 12,83% de camas ocupadas por enfermos COVID (del 10 al 15% supone un riesgo “alto”, según los baremos de Sanidad), siendo peor la situación (“riesgo extremo: más del 15% de ocupación) en Madrid (18,79%), Castilla y León (16,57%), Ceuta (16%) y Asturias (15,43%).

También ha mejorado  la ocupación de camas UCI por enfermos de COVID: había 4.795 el viernes 5 de febrero y estaba en 3.739 el viernes 19, con una tasa de ocupación media del 34,77%, un nivel de riesgo “extremo” (+ del 25%) para los baremos de Sanidad. Y lo más preocupante es que hay 13 regiones con una tasa de ocupación de UCIs por enfermos COVID que supera es 25% (riesgo extremo”), con 4 autonomías superando el 40% de ocupación: Madrid (47,47%), Castilla y León (43,59), Cataluña (41,92%), y Ceuta (41,18%). Y las 6 regiones restantes tienen un nivel de riesgo “alto” en las UCIS (ocupación del 15 al 25% por enfermos COVID). Esta alta ocupación de las sigue provocando el retraso de operaciones en la mayoría de hospitales.

Y al final están las muertes, que se han reducido aunque siguen muy altas: se ha pasado de 3.067 muertos (la semana del 29 de enero al 5 de febrero) a 3.361 muertos la siguiente (5 al 12 de febrero) y a 2.354 la última semana (12 al 19 de febrero), una media de 336 muertes diarias (+397 el viernes). El mayor aumento de muertes se ha dado en Andalucía (+537 muertos la última semana), Comunidad Valenciana (+459), Castilla la Mancha (+431), Madrid (+283), Cataluña (+258), Castilla y León (+128), Castilla la Mancha (+127), País Vasco (+93), Aragón (+94), Galicia (+91) y Murcia (+88). Tras un año de contagios, España acumula 67.101 muertes por COVID 19, la mitad de ellas causadas en residencias de ancianos (31.500 muertes). Lo más llamativo es que casi un tercio de todas las muertes son recientes: 21.590 personas han fallecido desde principios de diciembre.  

Tras este balance detallado de contagios, positivos, hospitalizados y camas UCI, los 4 indicadores que vigila Sanidad, el Ministerio resume así (ver mapas) la situación de la pandemia hoy: hay 13 regiones en situación de “riesgo extremo”, en alerta 4 (Madrid, Castilla la Mancha, Castilla y León, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Aragón, País Vasco, la Rioja, Galicia, Asturias, Ceuta y Melilla), 5 autonomías en alerta 3  (Baleares. Murcia, Extremadura, Navarra y Cantabria) y sólo 1 región en alerta 2  (Canarias). Visto a nivel provincial, hay 39 provincias en alerta 4 (la máxima), 9 provincias en alerta 3 (Pontevedra, Orense, Baleares, Cáceres, Badajoz, Navarra, Cantabria, Cuenca y Zaragoza) y sólo 2 provincias en alerta 2 (Tenerife y las Palmas). Dicho de otra manera, hay 40 millones de  españoles en alerta 4 (la máxima) por la pandemia.

A la vista de este balance, que baja los contagios pero sigue con un nivel muy elevado de hospitalizaciones, enfermos en UCIs y muertes, algunas autonomías han aprovechado para “bajar la guardia” y suavizar restricciones a la movilidad, la hostelería y el comercio. Empezaron hace dos semanas Cataluña, Extremadura y Castilla la Mancha y han seguido la semana pasada Galicia, la Rioja, Aragón, Navarra, Castilla y León (un juez les ha obligado a pasar el toque de queda de las 20 a las 22 horas) y, sobre todo Madrid, que aumentó el jueves los horarios de bares y comercios hasta las 11 horas, como el toque de queda. Y muchos han levantado los confinamientos perimetrales (ver restricciones por autonomías).

La OMS ha “advertido” a España por esta “nueva desescalada”, mientras el Centro Europeo de Control y Prevención de enfermedades (ECDC) ha pedido “mantener y reforzar las restricciones”. Y  muchos paises europeos, como Francia, Alemania o Reino Unido,  siguen con fuertes restricciones a la hostelería, comercios y eventos, con toques de queda más rigurosos que España, a pesar de tener menos contagios. Con este “abrir la mano” aquí,  hay muchos franceses y alemanes que viajan a Madrid, para sentarse en una terraza, comer o tomar copas hasta las 11 de la noche, porque en su país los bares están cerrados desde finales de octubre (Francia) o primeros de noviembre (Alemania). Y la presidenta de Madrid (la región peninsular con más contagios) sigue apostando más por la hostelería y el comercio que por la salud (“la salud no es solo no contagiarse” es su penúltima perla), cuando un reciente informe de su Consejería de salud revela que la mayoría de los brotes se han detectado en el “ámbito social” (bares, restaurantes y reuniones sociales).

Relajar ahora las medidas restrictivas supone un enorme riesgo de que se frene la caída de contagios y entremos a una 4ª ola, acelerada por la Semana Santa (a principios de abril). Esto ya nos pasó con la desescalada de junio y luego con la desescalada previa a la Navidad. Pero ahora partimos de una situación peor, porque en la 2ª ola bajamos los contagios de 529 a 188, un nivel de contagios mucho más bajo del que tenemos ahora (295 contagios/100.000 habitantes el pasado viernes). Si antes no conseguimos bajar los contagios de 100 (el objetivo debe ser bajarlos de 25), ahora lo tenemos más difícil.

Y encima tenemos otros 2 factores en contra, además del riesgo de “salvar la Semana Santa”. El primero, el aumento de contagios con la cepa británica, que apareció en septiembre y se ha detectado ya en 73 países, entre ellos España, donde supone ya el 20% de contagios (y más de un 25% en Baleares, Andalucía y Madrid, donde alcanza un 50% en el pueblo de Collado-Villalba, según la consejería de Sanidad). Y Sanidad ya ha advertido que será la variante “dominante” en España a finales de febrero o principios de marzo, lo que preocupa especialmente porque la cepa británica es más contagiosa (+70%) y más letal (+30%). Aún es peor la cepa sudafricana (detectada en Vigo y Cataluña) y se teme por la cepa brasileña (1 caso ya en Madrid), por lo que se han prohibido  los vuelos desde Sudáfrica y Brasil. 

Pero hay otro problema adicional: España y las autonomías carecen de medios suficientes para secuenciar el virus y detectar sus posibles variantes : lo hacen sólo en un 1% de casos, frente al 10% que lo hace Reino Unido y que pide la UE, con lo que no sabemos el alcance real de las variantes británica, sudafricana o brasileña (y lo conocemos con retraso).

El segundo factor de riesgo para frenar los contagios y evitar una 4º ola es el retraso en las vacunaciones, por la intermitencia en la llegada de vacunas y la falta de una estrategia clara y medios en la mayoría de autonomías. Hasta el 18 de febrero, sólo se habían administrado 2.936.011 dosis, inmunizando con las dos a 1.171.026 personas, según Sanidad. Así que falta inmunizar a 31 millones (para alcanzar el 70% objetivo) y para conseguirlo antes del 21 de septiembre, había que administrar 62 millones de dosis en 7 meses, lo que supone 300.000 pinchazos diarios todos los días de la semana, algo poco menos que imposible visto que llevamos una media de 55.000 vacunaciones diarias.

Cuanto más crezca la cepa británica o sudafricana (que podría ser resistente a algunas vacunas) y cuanto más se retrase la vacunación de los mayores (9 millones de mayores de 65 años, la mayoría todavía sin vacunar, salvo en las residencias), más difícil será bajar la cifra de contagios por debajo de 100. Y más si las autoridades autonómicas abren la mano en la movilidad y en la apertura de bares, restaurantes, comercios y ocio, forzados por las presiones de estos sectores, que llevan un año con un desplome de la facturación. Por eso, no debemos caer en otra desescalada, aunque estemos muy cansados de esta pandemia y de las restricciones. Habría que mantener las restricciones, aunque a cambio haya que compensar a los negocios con más ayudas.

El Gobierno ha prometido nuevas ayudas a las empresas más afectadas por la pandemia, aunque las retrasa hasta marzo porque quieren asegurar que el dinero público vaya a empresas viables. Habría que pensar si tiene sentido sostener 300.000 bares, si hay que meter dinero público en mantener que un barrio de Madrid tenga más bares que toda Noruega. O si sería mejor dejar que cierren muchos, “pinchar la burbuja” de los bares, restaurantes y comercios (que han crecido ante la falta de trabajo en otros sectores) y destinar el dinero público a empresas productivas con futuro. Es un debate del que nadie quiere hablar (sería muy “impopular”), pero que está detrás del retraso en las ayudas estatales a la hostelería y el comercio. El Gobierno trasvasó a las autonomías 33.000 millones de dinero público en 2020 (ver el reparto y destino) y anticipó en enero otros 8.000 millones de Fondos europeos (REACT-EU), que podrían servir para conceder unas ayudas públicas de urgencia a la hostelería y el comercio (para evitar cierres y despidos), aunque sólo las han dado en cuantía importante la Comunidad Valenciana, Canarias, Castilla la Mancha, Extremadura, Baleares y Galicia, poco las demás autonomías y nada Madrid (ver cuadro).

Volvemos a estar donde estábamos a principios de diciembre, cuando habían bajado drásticamente los contagios de la 2ª ola. Y en lugar de aprender de lo sucedido en verano, volvimos a apostar por una desescalada sin control, con la Navidad por medio. Y nos estalló la tercera ola, más virulenta, que nos ha costado 21.590 muertos. Ahora, en vez de aprender de los errores, los gobiernos autonómicos vuelven a la carrera de quién “abre más la mano”, presionados por unos negocios exhaustos y unos ciudadanos hartos. En unas semanas, volverán a subir los contagios o seguirán demasiado altos, con una lenta bajada que seguirá colapsando hospitales y dejando muertos. Y la mayoría tratará de hacer su vida, evitando contagiarse y morir, intentando  incluso “salvar la Semana Santa”. Pero hay otro camino: no abrir la mano, seguir con las restricciones hasta septiembre, aguantar el tirón y salvar vidas (336 diarias) y empleos. Porque mientras la pandemia no remita, la economía no se recuperará. No se creará empleo y se perderán muchas vidas. Quédate en casa.

 

Bajan los alquileres (insuficiente)

En enero han bajado los alquileres (-0,1%) en toda España, por primera vez tras 6 años de fuertes subidas (+43% desde 2015). Ya en 2020, con la pandemia, los alquileres bajaron en las grandes capitales y esa tendencia sigue hoy, empujada por una menor demanda y por el trasvase de viviendas turísticas al alquiler. Ahora, se espera que los alquileres bajen algo más, recuperándose las subidas para final de año. Pero, a pesar de estas ligeras bajadas, los alquileres son muy caros y se llevan el 40% del sueldo de las familias y más. El Gobierno retrasa una Ley de alquileres, por la pelea entre el PSOE y Podemos, que quiere imponer topes a los alquileres. Un “atajo” populista que preocupa a los propietarios, reduciría la oferta y subiría los alquileres. La solución es ampliar la oferta, fomentar el alquiler de las viviendas vacías y multiplicar el suelo disponible para promover viviendas en alquiler. Pongan más pisos en alquiler y bajarán seguro.

Enrique Ortega

Antes de la pandemia, los alquileres llevaban subiendo año tras año desde 2015, una media del +50% entre 2014 y mayo de 2019, según el portal Fotocasa (que analiza los anuncios que ponen los propietarios que alquilan), y la mitad, un +24,6% (entre 2014 y 2018), según los datos del Ministerio de Fomento, que utiliza las estadísticas de las fianzas que depositan los inquilinos. Si hacemos una media entre las dos estadísticas, puede estimarse que los alquileres subieron un +37% entre 2015 y 2018. Y en 2019, los alquileres volvieron a subir otro +5,1%, según los datos de Fotocasa. En total, una subida  de los alquileres del +42,1% entre 2015 y 2019, 6 veces lo que subieron los precios (+6,5% subió el IPC) y los salarios (+7,1% subieron los salarios de convenio) en esos cinco años.

Con la pandemia, los alquileres moderaron su subida en 2020, sobre todo en los meses de confinamiento, aunque todavía subieron una media del +1,4%, por 6º año consecutivo, según el portal Idealista. La subida se debe al tirón de precios en la primera parte del año y durante el confinamiento, ya que en el 4º trimestre cayeron los precios (-3,7%). La subida, menor que en los años anteriores, fue generalizada, mayor en Galicia (+6,7%) y Castilla y León ( +6,4%), bajando sólo los alquileres en 2020 en Baleares (-7,3%), Madrid (-4%), Cataluña (-2,8%) y Canarias (-2,8%), las autonomías más afectadas por la recesión del coronavirus. Pero también bajaron los alquileres durante 2020 en las grandes ciudades: Barcelona (-9,4%), Madrid  (-7,3%), Palma (-6,2%), Málaga (-5,6%), Sevilla (-5,2%), Valencia (-1,7%) y Zaragoza (-0,6%), según los datos del portal Idealista.

La gran novedad es que en enero de 2021, los alquileres bajaron en toda España sobre los de un año antes, el -0,1%, según el portal Idealista y un -1,8% según pisos.com, mientras Fotocasa estima que el alquiler medio no subió nada, algo que no pasaba desde junio de 2014. Los expertos creen que esta bajada de alquileres quizás se produjera antes, desde octubre, porque los portales inmobiliarios recogen las peticiones de alquiler de los propietarios, no los alquileres reales, que generalmente son algo más bajos. Con todo, los datos de enero reflejan lo que ya indicaban los datos de 2020, que los alquileres caen más en las grandes ciudades: -12,2% cayeron en enero  en Barcelona, 8,6% en Madrid, - 14,7% en Sevilla, -3,1% en Valencia, -7,4% en Málaga y -0,3% en Zaragoza, según la media de portales inmobiliarios.

¿Por qué bajan ahora los alquileres? Básicamente, porque se ha reducido la demanda (hay menos movilidad de estudiantes y trabajadores que cambian de piso o ciudad y más familias en apuros y jóvenes que no pueden alquilar) y ha aumentado la oferta, porque se han desviado viviendas turísticas al alquiler y hay muchos propietarios dispuestos a alquilar dado que es mal momento para vender (la venta de viviendas cayó un -17,7% en 2020, la mayor caída desde 2011). Esta situación provoca que haya muchas más viviendas para alquilar (en Madrid, de 10.000 viviendas a principios de 2020 a 30.000 a finales de año y en Barcelona, de 10.000 a 22.000), según el portal Idealista, y menos inquilinos buscando, con lo que se tarda mucho más en alquilar (antes en el día y ahora se tardan semanas).

Los expertos creen que la bajada de alquileres de enero va a continuar, al menos hasta el verano y quizás hasta otoño, porque los jóvenes y las familias no ven el futuro claro como para lanzarse otra vez a alquilar. Se apuesta por una bajada de alquileres del -8 al -10% en el primer semestre, siendo de nuevo mayor en las grandes ciudades. Y si se doblega la pandemia y se inicia la recuperación, los alquileres podrían volver a subir a finales de año y en 2022. Porque sigue habiendo un problema de fondo: hay más demanda que oferta y cuando se “despierte”, volverá a haber subidas en los lugares con menos alquileres.

A pesar de “la tregua” de la pandemia, el problema de los alquileres sigue ahí y es crucial para muchas familias, para 3.371.251 hogares que viven de alquiler en España, el 18,1% de todos según el INE. Primero, porque los alquileres están por las nubes, tras estos 6 años de subida: el alquiler medio es de 11,1 euros por metro cuadrado, lo que da 999 euros de alquiler por una vivienda de 90 metros cuadrados. Y en Madrid son 15 euros/m2 (1.350 euros de alquiler) y en Barcelona 14,96 euros (1.346 euros), según el portal Idealista.  Esto supone que muchas familias destinan el 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, según un estudio de Fotocasa e InfoJobs. Y hay 4 autonomías donde los alquileres se llevan la mitad del sueldo o más: Cataluña (56,5%), Madrid (55,7%), País Vasco (51,3%) y Baleares (49,8%). Mientras, en otras, se llevan menos de un tercio de los ingresos: Extremadura (20,4%), Castilla la Mancha (23,4%), Murcia (27,5%), la Rioja (28,6%), Castilla y León (28,9%) y Galicia (29%).

El mayor problema para pagar el alquiler lo tienen los jóvenes y las familias más vulnerables, con empleo precario, madres solas con niños o inmigrantes. De hecho, el 46% de las familias más pobres (el 20% con menos ingresos, unas 300.000 familias) destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler en España, frente al 33% de media en la OCDE y el 17,2% en Francia, mientras al 20% de familias con las de rentas más altas les supone un 15,8% de sus ingresos y al 20% siguiente sólo el 7%. A los jóvenes, el alquiler medio se lleva el 94,4% de sus ingresos (2019), según el Consejo de la Juventud. Y si comparten piso de alquiler, les toca aportar el 30,8% de sus ingresos, hasta el 30/40% en 21 capitales y a más del 40% en Madrid y Barcelona. Resultado: el 81,4% de los jóvenes menores de 30 años siguen viviendo con sus padres (el 70% en Europa).

Ahora, con la recesión desatada por la pandemia, muchas familias y jóvenes han tenido serios problemas para pagar el alquiler, a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno para retrasar pagos y evitar desahucios. Y muchos jóvenes han vuelto a vivir con sus padres mientras familias se han agrupado o cambiado a un alquiler más pequeño. Y tanto Cáritas como Cruz Roja  alertan que el 2º mayor problema de “los nuevos pobres”, tras comer, es pagar el alquiler, lo que está llevando a aumentar la pobreza. El último Informe Foessa (Cáritas) advierte que casi la mitad de las familias vulnerables (el 49,2%) “no pueden hacer frente al pago del alquiler o la hipoteca” y que el 13,2% de estas familias vulnerables “viven con una amenaza de expulsión y desahucio”. Un grave problema que puede estallar cuando se levanten las medidas de apoyo ligadas a la pandemia.

Por todo esto, con o sin subida, los alquileres son uno de los graves problemas de España. El Gobierno aprobó en marzo de 2019 un Real Decreto con medidas urgentes, ampliando el plazo de los alquileres (de 3 a 5 años), limitando las subidas (al IPC), fijando un límite a las fianzas (3 meses), limitando los desahucios y anunciando un índice de alquileres (creado en junio 2020) para que los Ayuntamientos pudieran tomar medidas de control de alquileres. Y además, se han ampliado a 2021 las ayudas públicas al alquiler de jóvenes y mayores (del 40 al 50% de un alquiler de 600 a 900 euros), que abonan las autonomías. Pero son sólo “parches”, que apenas han mejorado el mercado del  alquiler, mientras los propietarios están nerviosos: han aumentado los retrasos e impagos de alquileres con la pandemia, temen los futuros controles y muchos piensan en no alquilar.

Ante este panorama, el Gobierno ultima una nueva Ley de Alquileres, que se está retrasando por la pelea interna entre el PSOE y Podemos, que quiere forzar a Fomento a medidas intervencionistas: obligar a los grandes alquiladores (quieren que lo sean quienes tenga 5 o más alquileres) a destinar un 30% de sus pisos a alquiler social, facilitar a los Ayuntamientos el control y tope de los alquileres (como se aprobó en Cataluña en septiembre de 2020) y medidas sobre la ocupación y los desahucios de viviendas. Es importante que esta Ley sea “ecuánime”, que se preocupe de los intereses de los inquilinos pero también que dé garantías jurídicas a los propietarios. Porque lo que defiende Podemos es “un atajo” populista que puede ser muy contraproducente y volverse en contra: en vez de forzar un parque de alquiler, puede provocar que los propietarios se retraigan y no alquilen, con lo que habría menos viviendas en alquiler y subirían los alquileres en vez de bajar. Es lo que temen los expertos.

El camino debe ser otro: aumentar la oferta de alquileres, para que bajen, como ya propuso en junio el Gobernador del Banco de España en el Congreso. Y eso puede hacerse por 2 vías. Una, sacando más viviendas privadas en alquiler, animando a los propietarios de las 3,44 millones de viviendas vacías (Censo del INE 2011) a que las alquilen, con rebajas fiscales e incentivos municipales, pero sobre todo con más seguridad jurídica y práctica (como crear una Agencia pública que asegure los cobros del alquiler). Y facilitando la rehabilitación de estas viviendas (para alquilarlas mejor), llegando incluso a comprar viviendas a particulares y bancos, para crear un gran parque público de viviendas para alquilar. La otra vía debe ser promover nuevas viviendas para alquilar, públicas y privadas.

Precisamente, lo que ha pasado en España en las últimas décadas, a partir de la burbuja inmobiliaria, es que el Estado, autonomías y Ayuntamientos han dejado de promover viviendas y las pocas VPO que se han hecho han sido en venta y no para alquiler. Los datos de Fomento son impactantes: en 1.985 se terminaron en España 114.067 viviendas protegidas (el 67,2% del total), pero en 1991 cayeron a 44.514 (el 16,3%), en 2008 remontaron a 68.587 VPO (sólo el 10,8% del total, en un año de explosión de la construcción) y a partir de ahí se han desplomado y sólo se terminaron 6.615 viviendas protegidas (VPO) en 2019, el 8,5%, unas cifras mínimas de los últimos 40 años desde 2015.

Y junto a este desplome de las viviendas con ayudas públicas se ha producido un desplome de las viviendas de titularidad pública, con lo que España tiene un parque de viviendas sociales de los más reducidos de Europa: 452.040 viviendas, el 2,5% del total de viviendas, según el último Boletín de Vivienda Social. Es casi la cuarta parte de viviendas sociales que la media europea (el 9,3% del parque en la UE-28) y muchas menos que en Países Bajos (2.081.846 viviendas, el 30% del total), Reino Unido (4.627.402, el 17,6% del parque), Francia (4.689.392, el 17,6%), Alemania (1.439.860, el 3,9%) o Italia (893.002, el 3,7% del parque), según Eurostat. Y de este parque social, 290.000 son viviendas para alquilar: 180.000 de las autonomías y 110.000 los Ayuntamientos, según Fomento.

No tenemos un parque de viviendas sociales como los europeos, porque el Estado, las autonomías y los Ayuntamientos llevan cuatro décadas sin apenas promover viviendas, dejándoles toda la iniciativa a los promotores privados. Y gastando una miseria en protección social a la vivienda: 35,4 euros por habitante al año (entre 2007 y 2017), frente a 148,2 euros de ayuda en la UE-28, 439 euros en Reino Unido, 204,3 euros/habitante en Alemania o 155 euros de los Paises Bajos, paises nada sospechosos de “atacar la promoción privada”. Y dentro de España, hay regiones que gastan más en protección social a la vivienda (211 euros/habitante Navarra y 73,8 el País Vasco frente a 52 Madrid, 33 Cataluña o Andalucía y 23 Baleares) y también hay mucha diferencia en los Ayuntamientos (154 euros/habitante de ayuda en  los municipios navarros, 72 euros los vascos, 63 euros/habitante Madrid y 29 euros los ayuntamientos de  Andalucía y Baleares), según los datos de Fomento.

Así que en vez de imponer topes a los alquileres, hay que promover que haya más alquileres en el mercado, facilitando que los particulares alquilen (100.000 nuevas viviendas en alquiler al año)  y promoviendo la construcción de viviendas para alquiler, con los promotores privados, a los que se puede facilitar suelo público medio regalado y financiación, para volver a esas 100.000 viviendas protegidas al año que se construían en los años 80 del siglo pasado. Serían 200.000 viviendas más en alquiler al año, 1 millón en 5 años, un objetivo posible si se lanza un Plan con incentivos fiscales, financiación y suelo, con la colaboración de promotores privados, bancos, autonomías y Ayuntamientos. Un Plan para facilitar alquileres a precios asumibles a familias vulnerables y jóvenes, pero que, además, al aumentar drásticamente la oferta, serviría también para bajar los demás alquileres del mercado. Es un camino más largo que los “atajos” del control de alquileres, pero más seguro: si hay más alquileres, bajarán los precios.