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lunes, 12 de febrero de 2024

Los alquileres siguen subiendo

En enero subieron los alquileres, un +1,8%, tras una subida del +10,1% en 2023. Con ello, los alquileres han subido un +69,5% la última década, el triple que la inflación y cuatro veces los salarios. La causa es la escasez de oferta: hay un 30% menos de pisos en alquiler, porque la nueva Ley de Vivienda (en vigor desde mayo) ha desatado los recelos de los propietarios a alquilar, desviando pisos al alquiler turístico, a los alquileres de temporada y la venta. Por eso, los inquilinos tienen cada día más problemas para alquilar (los dueños les “seleccionan”) y pagan de media el 33% de sus ingresos. Los jóvenes lo tienen peor:  el alquiler se come sus bajos sueldos y no funcionan las ayudas del bono joven (autonomías). Y todo puede empeorar en febrero, cuando el Gobierno apruebe los topes máximos al alquiler, que sólo aplicará Cataluña: podría retraer más la oferta. Urge un Plan de choque, para promover más viviendas, sobre todo en alquiler. Más oferta de viviendas, no más controles de precios.  
 
                  Enrique Ortega

El año 2024 ha empezado como terminó 2023 y los años anteriores: subiendo los alquileres. En enero, la subida media fue del +1,8%, según el portal Idealista, con lo que el alquiler medio alcanza los 12,4 euros/m2, un máximo histórico. Todas las capitales españolas tienen alquileres por encima de 2008 y en enero, varias capitales alcanzaron precios históricos del alquiler: Barcelona (20,8 euros/m2), Madrid (18,3 euros/m2), San Sebastián (17,2), Palma (15,7), Bilbao (13,8) y Málaga (13,7 euros/m2), mientras en el otro extremo, con los alquileres más baratos están Zamora (6,3 euros/m2), Ciudad Real (6,7) y Jaén (6,8 euros/m2). Y son ya 11 las autonomías con sus alquileres en máximos históricos, según Idealista.

Esta subida de enero continúa la tendencia de 2023, cuando los alquileres subieron un +10,1%, según el portal Idealista (y el +5,7% según Fotocasa o el +6% según pisos.com). Los alquileres subieron durante 2023 en 50 capitales, sobre todo en Segovia (+24,6%) , Alicante (+16%), Málaga (+14,5%), Córdoba (+13,8%), Madrid (+13,6%) y Barcelona (+12,4%), por los pisos de temporada y turísticos más la fuerte demanda de alquileres. Y con esta subida, 28 capitales españolas tienen sus alquileres en máximos históricos, entre ellas Barcelona, Madrid, Palma, Bilbao, Valencia, Alicante, Zaragoza, Málaga, Girona, Lleida, Cádiz, A Coruña, Oviedo, Valladolid o Burgos.

La subida de alquileres de 2023 (+10,1%) es superior a la de 2022 (+8,4%, según Idealista) y a la de 2020 (+4,6%), tras haber bajado los alquileres sólo en 2021 (-3,6%), tras lo peor de la pandemia. Y entre 2014 y 2019, los alquileres ya habían subido un +50%, según el portal Idealista. Con ello, en la última década (2014-2023), los alquileres han subido en España un +69,5%, el triple de lo que han subido la inflación general (+21,3%, según el INE) y cuatro veces los salarios en convenio (+17,66%, según Trabajo).

¿Por qué suben tanto los alquileres? Todos los expertos coinciden: porque falta oferta. Aumenta más la demanda de alquileres, por los jóvenes y las nuevas familias (200.000 cada año), que la oferta, porque se hacen muchas menos viviendas nuevas (81.600 estimadas en 2023, frente a 597.632 en 2006 y 365.000 en 2009) y muchas viviendas actuales no se alquilan (hay 1,9 millones de viviendas vacías). Pero este problema de fondo, mucha demanda y poca oferta, se ha agravado en los dos últimos años, por la gestación y aprobación de la Ley de Vivienda, en vigor desde mayo de 2023. La nueva norma, empujada por Podemos, defiende “un atajo populista” para fijar topes a los alquileres en las zonas tensionadas, además de limitar la subida de los alquileres (3% en 2024) y obligar a los propietarios a pagar la formalización de los contratos. Medidas que han provocado una caída del 30% en la oferta de alquileres desde la aplicación de la nueva Ley, según las inmobiliarias.

Parece claro que la nueva Ley de Vivienda “asusta” a los arrendadores, que han reaccionado alquilando menos o cobrando más y poniendo muchos requisitos a los inquilinos. Según una Encuesta de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), hecha a 637 Agencias, el 45,59% de los propietarios han subido los nuevos alquileres (para cubrirse de bajas revalorizaciones y posibles impagos) y han endurecido los requisitos que exigen a sus potenciales inquilinos (obligan a “casting” muy severos, para “filtrarles” por ingresos, empleo y contrato, edad, nacionalidad o color de piel y tipo de familia). Otro 15,44% responde que los propietarios han trasladado el alquiler permanente a alquiler de temporada, un 6,2% se han pasado al alquiler turístico y otro 13,07% han decidido vender el piso que hasta ahora alquilaban. Todo esto explica, según la FAI, que haya un 30,57% menos de oferta de alquileres tras la Ley, agravando la falta de oferta.

Los expertos han detectado tres vías por las que se ha reducido la oferta de alquileres en los últimos años. La primera, el desvío de alquileres a pisos turísticos. En España había 340.000 viviendas turísticas registradas a finales de agosto, +10,8% que hace dos años, según el INE, a las podrían sumarse otras 200.000 “ilegales”. Por autonomías, la mayor oferta se registra en Andalucía (79.065), seguida de la Comunidad Valenciana (58.337), Cataluña (52.026), Baleares (26.507), Galicia (18.080) y Madrid (16.970 viviendas turísticas). Pero por ciudades, la mayor oferta se registra en Madrid (14.133 viviendas turísticas), Barcelona (7.531), Málaga (6.550), Valencia (5.892) y Sevilla (5.432 pisos). El problema se agrava en algunos municipios turísticos (hay 48 con más del 10% de sus viviendas dedicadas al alquiler turístico) y en los centros de algunas capitales, como Barcelona, Madrid (el 28,3% de viviendas de la zona de Sol son turísticas), Málaga, Sevilla (6 de cada 10 viviendas del Barrio de Santa Cruz), Palma, Valencia o San Sebastián.

Otro camino por el que se desvían alquileres tradicionales es su cambio a alquileres de temporada: propietarios que ahora no quieren alquilar su piso 12 meses a unos jóvenes o a una familia y que prefieren alquilarlo por temporada, a estudiantes (9 meses), trabajadores desplazados (profesores, médicos, camareros, temporeros…) o por vacaciones. Estos alquileres de temporada no se rigen por la Ley de Vivienda (ni en el importe a cobrar ni en las subidas) sino por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), con lo que las condiciones las pactan “libremente” las partes. Y son también diferentes a los alquileres turísticos, que regulan autonomías y Ayuntamientos, no la Ley de Vivienda.

El auge de los alquileres de temporada, empujados por la nueva Ley de Vivienda, es evidente: a finales de 2013, suponían el 11% de todos los alquileres, tras crecer un +58% en el 4º trimestre, según el portal Idealista. Pero es mucho mayor su peso en las ciudades donde los alquileres son más escasos y caros: San Sebastián (un 32% de todos los alquileres ofertados son por temporada), Barcelona (el 30%), Cádiz (22%), Valencia (15%), Málaga (14%) y Madrid (13%). Esto explica, por ejemplo, que Segovia haya sido la ciudad donde más subieron los alquileres en 2023: los propietarios prefieren alquilar sus pisos a los estudiantes y no a las familias que los necesitan todo el año. El problema (y el “fraude”,  posible hoy) es tan serio que el Ministerio de Vivienda ha creado un grupo de trabajo para tomar medidas. Incluso las Asociaciones Inmobiliarias (agencias) se ha ofrecido a participar.

El tercer camino por el que se reducen alquileres son los propietarios que deciden vender su piso en vez de alquilarlo, a la vista de la nueva Ley de Vivienda y empujados por la subida de precios: en 2023, los pisos subieron un +4,7%, a pesar de bajar las ventas (por la subida de tipos y la caída de hipotecas). Pero también hay más demanda que oferta para comprar piso y por eso muchos propietarios optan por vender y quitarse de problemas. A la vista de los datos de las agencias (un 13,07% de propietarios han decidido vender), podría haber más de 100.000 pisos que ya no se alquilan porque se han vendido en 2023.

En definitiva, si faltaban pisos para alquilar, ahora faltan más porque muchos se han desviado al alquiler turístico, al alquiler de temporada o a la venta. Y eso provoca que los alquileres habituales sean más escasos y sigan subiendo. Con ello, las familias tienen más problemas para pagar su alquiler. El “esfuerzo” que exige alquilar suponía destinar el 33% de los ingresos del hogar a finales de 2023, un +3% que hace un año, según el portal Idealista. Y hay 10 capitales donde el alquiler supera o ronda el 30% de los ingresos, el tope recomendable: Barcelona (se lleva el 44% de los ingresos familiares), Palma (43%), Valencia (39%), Málaga (38%), Madrid (37%), Alicante (35%), San Sebastián (33%), Las Palmas (32%), Bilbao (30%) y Segovia (30%). Pero hay alquileres en la provincia de Málaga que se llevan el 53% de los ingresos, como en zonas de Baleares (el 48%) y de Canarias (37% en las Palmas o 35% en Santa Cruz), lo que explica que falten camareros, médicos o docentes. Y otro dato llamativo: el esfuerzo de alquilar (33% ingresos familiares) es mayor que el de comprar (22%) en toda España, salvo en San Sebastián, Palma, Granada y A Coruña.

Los que lo tienen aún más difícil, con la subida de los alquileres, son los jóvenes. Su “esfuerzo”, en caso de querer alquilar, se lleva todo su sueldo (no el 33% del resto), porque su salario medio es de 1.005 euros (en 12 pagas) y el alquiler medio era de 944 euros en 2023 (y si sumamos los gastos de luz, agua y suministros, subiría a 1.082 euros mensuales, más de lo que ganan), según el Laboratorio de Emancipación. Eso explica que la mayoría de los 7 millones de jóvenes (menores 30 años) vivan con sus padres y sólo el 16,30% estén emancipados (frente al 31,9% en la UE).

El problema no es sólo que los jóvenes tengan “imposible” alquilar, sino que no funcionan las ayudas aprobadas, los “bonos de alquiler joven”. A principios de 2022, el Gobierno aprobó 200 millones de euros para financiar esta ayuda de 250 euros mensuales (durante 2 años) para ayudar a los jóvenes (hasta 35 años) a alquilar, con 2 requisitos: que el alquiler no supere los 600 euros (900 en algunos lugares) y que ganen menos de 24.318 euros. En abril de 2022 se repartieron esos 200 millones por autonomías, las que gestionan esas ayudas. Y en 2023, había autonomías que todavía no las habían adjudicado. Un caso típico es Andalucía (también hay quejas en Madrid): a 21 de diciembre de 2023 (20 meses después del reparto), sólo había recibido 17.000 solicitudes de bonos de alquiler y se habían concedido 6.790 (hay 1.725.200 jóvenes andaluces de 18 a 35 años…). El Defensor del Pueblo andaluz ha reiterado fallos en la gestión del sistema y el propio Moreno Bonilla ha pedido 2 veces disculpas.

Ahora, la nueva ministra de Vivienda ha prometido que aprobará más fondos para el bono de alquiler joven en 2024, pero el problema es que su adjudicación se retrasa (años, no meses) y no llega a muchos jóvenes, por el exceso de burocracia y los alquileres superiores a 600 euros. Otra medida que ultima el Gobierno para mejorar los alquileres es la aprobación de los topes al alquiler que recoge la nueva Ley de Vivienda y que se publicarán este mes de febrero. El Ministerio decidirá los criterios para que una zona (localidad) pueda ser declarada “zona tensionada” por sus altos alquileres y la Ley permite a las autonomías que lo soliciten que autoricen a esos Ayuntamientos a limitar los alquileres.

La Ley establece dos topes posibles a los alquileres en esas zonas tensionadas. Para los alquileres actuales, los congela en el caso de la mayoría de los arrendatarios (con menos de 5 viviendas en alquiler) y los limita al índice de alquiler tope que ahora se fije en el caso de inmobiliarias y grandes propietarios (más de 5 alquileres). Para los alquileres futuros, desde 2025, tanto los particulares como las inmobiliarias, no podrán cobrar un alquiler superior al índice establecido para cada municipio tensionado.

El problema es que las 11 autonomías del PP (y Vox) rechazan solicitar la declaración de zona tensionada y del resto, sólo se aplicará en Cataluña, a 140 municipios (donde viven 6,8 millones de personas, el 80% de los catalanes), sobre todo de Barcelona y provincia (ver mapa). El problema es que este control de alquileres, estos topes, van a reducir aún más la oferta de alquileres, porque habrá propietarios que no quieran alquilar y derivarán su vivienda al alquiler turístico, al alquiler de temporada o la venta. Y así, los topes conducirán a más subidas de los alquileres, no a que bajen, como denuncian la mayoría de profesionales del sector, que piden buscar otros caminos y no “ir contra el mercado”, con un “intervencionismo contraproducente”, que ya ha restado oferta y la restará más en 2024, especialmente en Cataluña, donde el problema del alquiler es más grave. Por eso, la mayoría de expertos apuestan porque los alquileres subirán en 2024, entre un +5 y un +10%, porque se reducirá aún más la oferta, crecerá la demanda (por la creación de empleo y mejora de salarios) y aumentarán las viviendas desviadas del alquiler a la venta, por la bajada de tipos.

Ante este panorama, muchos profesionales piden un Plan de choque que aumente la oferta de vivienda por tres vías. Una, facilitando la construcción de nuevas viviendas, dado que la obra nueva se ha estancado (81.600 viviendas en 2023, la mitad de las que harían falta) e incluso ha caído en 2023 en Madrid (cae un -32,1%), Barcelona (-75,5%) y Málaga (-57,6%), donde hacen más falta. Urgen acuerdos entre promotores, Ayuntamientos, autonomías y Estado para conseguir suelo y financiación suficientes, para construir unas 120.000 viviendas al año, una parte para alquiler. La segunda vía es configurar un parque público de vivienda, promovido por el Estado, autonomías y Ayuntamientos, con viviendas de la SAREB (los municipios sólo han comprado 350 viviendas sociales de las 21.000 ofertadas por "el banco malo)" y otras que compren y promuevan ellos, para alcanzar una oferta suficiente de viviendas en alquiler para las familias más vulnerables, que no puede pagar los alquileres de mercado. Y la tercera vía, incentivar a los propietarios de viviendas vacías (1,9 millones) para que las rehabiliten y alquilen, dándoles ayudas y seguridad jurídica, incluso con apoyo de entidades públicas de gestión de alquileres, como hace Euskadi (Programa Bizigune).

En conjunto, hacen falta 1,3 millones de viviendas en alquiler en los próximos 10 años, según la inmobiliaria Culmia y GAD3, que podrían salir de las viviendas vacías, el parque público y las nuevas viviendas que se construyan. Eso sí sería eficaz para bajar los alquileres y resolver el grave problema de la vivienda a familias y jóvenes. Déjense de topes y “atajos populistas”. La vivienda sí tiene enmienda: aumentar la oferta. 

lunes, 10 de enero de 2022

Revisión masiva de alquileres

Tenemos una inflación disparada y eso obligará  a revisar millones de alquileres en 2022, tras años de no revisarlos por tener una inflación baja o negativa. La revisión media será de 46 euros al mes (552 al año), más alta para los que hicieron el contrato en el primer semestre y menos para los que lo revisan después del verano. Esta revisión aumentará los precios de los alquileres nuevos, que se espera vuelvan a subir, entre un +3% y un +5%,  tras dos años de ligeras bajadas. Y a finales de año podría entrar en vigor la nueva Ley de Vivienda, que congelará los futuros alquileres en zonas tensionadas, lo que podría reducir la oferta y subir más los alquileres. Antes, este mes de enero, el Gobierno aprobará un decreto-ley para entregar un cheque alquiler de 250 euros mensuales a 66.000 jóvenes con bajos ingresos, lo que aumentará la demanda y también tensionará al alza los alquileres. Así que, otro año más, alquilar será difícil y caro.

Enrique Ortega

Los hogares en alquiler han aumentado mucho en los últimos años, por la crisis y el empleo precario de los jóvenes, a los que resulta casi imposible ser propietarios. De hecho, España es el país europeo donde más ha crecido el alquiler entre 2015 y 2020: un +9,2%, muy por encima de Dinamarca (+2,8%), Alemania (+1,7%) o Francia (+0%), mientras caía en Polonia (-3,10%), Finlandia (-2,75%), Reino Unido o Paises Bajos (-2,7%), según un estudio de Savills Newman. Con ello, España, que era un país de propietarios, se coloca en un puesto medio en el ranking de alquileres en Europa: el 24,9% de la población vive de alquiler (11.800.000 españoles), algo menos que la media de la UE-27 (30,3% de la población son inquilinos), un continente donde las mayores tasas de alquiler se dan en el centro y norte de Europa (49,6% de la población en Alemania, 44,7% en Austria, 40,7% en Dinamarca, 36% en Francia o 35,5% en Suecia) y las menores en los paises del Este (sólo 3,9% de inquilinos en Rumanía, 7,7% en Eslovaquia o un 8,7% en Croacia y Hungría), según Eurostat (datos de 2020).

Por hogares, el 17,3% de las familias españolas (3.244.580 hogares) vivían de alquiler en 2020, según la Encuesta de Hogares 2020 del INE. Son millones de españoles preocupados por su alquiler, que este año tendrán que revisar al alza sus contratos  al haberse disparado la inflación, tras varios años en que no se los han tocado porque la inflación era mínima o incluso negativa (abril a diciembre de 2020). Ahora, la revisión media de los alquileres será de 46 euros al mes (552 euros anuales), según la web Idealista. Una revisión que variará según las ciudades, notando más la revisión los que vivan en ciudades con los alquileres más caros: San Sebastián (la revisión será de 60 euros mensuales y el alquiler medio quedará en 960 euros), Barcelona y Madrid (54 euros de subida y un alquiler medio que subirá a 854 euros) y Bilbao (+52 euros y un nuevo alquiler medio de 832 euros). Y la revisión será menor en los alquileres de Ciudad real (+23 euros y 373 euros de alquiler ahora) o en Ávila, Cuenca, Lugo y Orense (+25 euros y un nuevo alquiler de 400 euros).

La revisión del alquiler ya la habrán notado los que tenían que revisar su alquiler en el cuarto trimestre de 2021 (les habrá subido hasta un +5,5%) y menos los que hayan revisado en el tercer trimestre y en el verano de 2021. Ahora, en 2022, las revisiones más altas serán para los que alquilaron en el primer trimestre del año (entre un +4,8 y un +4,5%) y los que hicieron su contrato en primavera y hasta agosto (revisiones del +3,8% al 2,7%), notándolo menos ahora los que contrataron a partir de septiembre, que ya sufrieron una mayor revisión en 2021. La revisión exacta, según el mes del contrato, se puede calcular en esta web del INE. Eso sí, los propietarios solo podrán actualizar el alquiler con el IPC si está reflejado así en el contrato firmado por el inquilino (en los contratos firmados antes de marzo de 2015, el propietario puede exigir la revisión aunque no figure explícitamente).

Los que todavía no viven de alquiler y buscan arrendar un piso, lo tendrán difícil en 2022, porque sigue habiendo más demanda que oferta, lo que sube precios en las grandes ciudades y obliga a los que buscan a pasar por un proceso de “selección”, un “casting” donde se les mira su nacionalidad, su edad y, sobre todo, su contrato e ingresos. Y otros propietarios imponen “clausulas abusivas. Ahora, si la economía se recupera, habrá más demanda y  las dificultades para alquilar arreciarán. La previsión de los expertos es que los alquileres suban este año 2021 entre un 3 y un 5% (previsión de la Agencia Negociadora del Alquiler), tras haberse estancado en 2020 (-0,1%) y  haber bajado en 2021 un -4,5% de media, según Idealista, aunque hubo 42 capitales y 12 autonomías donde los alquileres sí subieron en 2021 (la bajada de los alquileres en algunas zonas de Madrid, Cataluña y Euskadi son las que bajaron la media en 2021).

La esperada subida de los alquileres en 2022 se debe a 2 factores. El primero, que aumentará la demanda, al mejorar el empleo de los jóvenes y de algunas familias. Y el segundo factor, que podría retraerse la oferta de pisos en alquiler, por la futura Ley de Vivienda, que permite a los Ayuntamientos congelar los alquileres “en las zonas más tensionadas(básicamente 109 ciudades de 22 provincias y 10 autonomías). La futura Ley de Vivienda, aprobada en primera lectura en octubre de 2021 y que deberá volver al Consejo de Ministros en enero, no entrará en vigor hasta finales de 2022 y con muchas cautelas (para las empresas y grandes inmobiliarias, la normativa tardará después 18 meses en aplicarse), pero ya está creando recelos entre los propietarios y existe el temor de que muchos decidan no alquilar sus viviendas, vendiéndolas o dejándolas vacías. Y por eso, los expertos creen que podría bajar este año la oferta de alquileres y así subirían otra vez sus precios.

Otra novedad que va a jugar en el mercado de los alquileres serán las ayudas a los jóvenes. El Gobierno ha anunciado que este mes de enero aprobará un Decreto-Ley para implantar el bono joven para el alquiler, un cheque mensual de 250 euros (por 2 años) que se entregará a los jóvenes de 18 a 35 años (con ingresos inferiores a 243.726 euros anuales) para ayudarles a alquilar un piso. La intención es que la ayuda se pueda cobrar con efecto retroactivo desde enero de 2022, aunque tardará en ponerse en marcha porque, tras el Decreto, habrá que transferir los fondos a las autonomías, que son las que tienen que gestionar esta ayuda y donde los jóvenes tendrán que solicitarla.

El Gobierno central ha consignado para esta ayuda 2.000 millones en los Presupuestos de 2022, lo que indica que estima financiar el cheque a 66.666 jóvenes, pero podrían llegar a 100.000 los jóvenes beneficiados si sumamos las ayudas al alquiler consignadas en el Plan estatal de Vivienda 2022-2025. El problema de este bono joven es que la ayuda de 250 euros mensuales sólo se concede cuando el alquiler no supera una cantidad que, salvo cambios de última hora, es muy baja: 600 euros mensuales y 900 euros en algunas ciudades, lo que va a dificultar conseguir esta ayuda para muchos alquileres de Madrid y Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Valencia, Málaga o Sevilla, entre otras ciudades.

Otra novedad que se anuncia con ese Decreto-Ley es la creación de un seguro de impago para ayudar a los jóvenes a alquilar una vivienda. La idea es que el Estado financie una póliza privada que garantizaría al propietario una renta de un año en caso de problemas del inquilino, con un límite máximo para el coste de esa póliza: la aseguradora no puede cobrar de prima más del 5% del alquiler anual que se cubre, 360 euros al año para el alquiler medio con ayudas (600 euros) o 540 euros de prima para un alquiler de 900 euros en grandes capitales. Ahora falta ver que las aseguradoras entren en este mercado y que la operativa sea sencilla y convenza a los propietarios, para animarles a alquilar más.

Este bono para que alquilen los jóvenes y el seguro público de impago son dos buenas noticias, ya que miles de jóvenes tienen problemas hoy para alquilar, o bien porque no tienen trabajo o bien porque tienen contratos precarios y mal pagados. De hecho, los jóvenes menores de 30 años tienen que destinar el 90% de sus ingresos al alquiler (el 100% en Madrid  y por encima del 100% en Cataluña, Baleares y Canarias), según un estudio de Fotocasa e InfoJobs, lo que les lleva a compartir piso o seguir viviendo con sus padres (el 64,5% de los que tienen entre 18 y 34 años, según el Instituto de la Juventud). Pero ojo: estas nuevas ayudas van a aumentar la demanda de alquileres y si no crece la oferta (o incluso se reduce, por temor a la nueva Ley de Vivienda), el resultado será que ayudarán a subir aún más los alquileres en 2022. Incluso habrá propietarios que suban el alquiler pensando que ahora los jóvenes tienen 250 euros más para pagar

La solución al problema de los escasos y caros alquileres pasa, para la mayoría de los expertos, por aumentar la oferta, no por controles de precios e imposición de cuotas de alquileres en las futuras promociones. Y las ayudas a los jóvenes son “un parche (necesario) que puede incluso subir los alquileres. Hay que promover más viviendas nuevas y destinar una gran parte al alquiler, porque se estima que harían falta 1 millón más de viviendas en alquiler para cubrir la demanda de jóvenes y nuevas familias. Un objetivo que se podría alcanzar en varios años por 3 vías: más promoción pública de viviendas en alquiler, incentivar la promoción privada de viviendas y fomentar el alquiler de particulares y empresas (bancos) que tienen casas vacías.

El primer camino ha de recorrerlo el Estado, desde la Administración central a las autonomías y Ayuntamientos, promoviendo más viviendas públicas, ya que en los últimos años ha hecho dejación de su responsabilidad: en 2020 se terminaron 9.038 viviendas de promoción pública (y 6.313 de enero a septiembre de 2021), cuando se promovían 63.990 VPO en 2008 (en plena burbuja inmobiliaria) y hasta 114.067 viviendas VPO en 1985 (el 67,2% del total de viviendas). Y por culpa de este retraimiento, nos encontramos con un parque de vivienda social en alquiler de 290.000 viviendas, el 1,6% del total, frente al 10% en Europa, el 34% en Paises Bajos, el 16,7% en Reino Unido, el 14% en Francia  o el 2,7% en Alemania. Y ahora, el objetivo del Gobierno Sánchez es promover (con Fondos europeos) 20.000 VPO en 2022, una cifra todavía insignificante.

Otra vía para aumentar la oferta de viviendas en alquiler es relanzar la promoción privada de viviendas, para venta y alquiler. Aquí, la clave sería negociar con las empresas privadas (constructoras e inmobiliarias) un Plan ambicioso de nuevas construcciones, ofreciéndoles gratis suelo público (lo hay en la mayoría de las ciudades), incentivos fiscales y financiación barata (con avales del ICO) a cambio de que destinen una parte de esas futuras promociones a viviendas en alquiler a precios asequibles. Sin imponerles cuotas, como pretende la nueva Ley de Vivienda (30% de las futuras promociones), que ya han sido rechazadas por el sector: es mejor pactar un acuerdo realista que funcione y sustituya a la situación actual, donde no se hacen promociones privadas de VPO, por los bajos precios y el exceso de burocracia.

La tercera vía es fomentar el alquiler de los particulares (y bancos) que tienen viviendas vacías: hay realmente 1,9 millones de viviendas vacías, según estima un informe de Tecnocasa y la Universidad Pompeu Fabra, aunque la última estadística oficial (INE 2011) indicaba 3,4 millones de viviendas vacías (una cifra que los expertos consideran exagerada hoy). Se estima que al menos un tercio de las viviendas vacías (633.000) podrían sacarse al mercado y ponerse en alquiler con 2 medidas sencillas que no se han abordado en la nueva Ley de Vivienda: fuertes incentivos fiscales y las máximas garantías jurídicas, para que sepan que pueden recuperar pronto la vivienda si el inquilino no paga (hoy se quejan de retrasos de meses en los Juzgados). Otra buena medida sería copiar el Programa Bizigune del Gobierno vasco: ha creado una empresa pública que garantiza al propietario el pago del alquiler y la devolución de la vivienda en buen estado al finalizar el contrato, lo que les ha permitido alquilar 6.800 viviendas vacías en Euskadi.

Actuando en estos tres frentes se podrían sumar al mercado del alquiler unas 200.000 nuevas viviendas al año, lo que permitiría cubrir en cinco años el actual déficit de 1 millón de alquileres. Eso sí bajaría drásticamente los alquileres. Es un objetivo razonable y posible, siempre que existan acuerdos entre las distintas administraciones y se cuente con la colaboración de propietarios y promotores, a los que hay que sumar al proyecto, no asustar con cuotas y topes al alquiler. Es evidente que la solución pasa por aumentar la oferta y que poniendo más viviendas en el mercado, bajarán los alquileres. Y que las medidas de la Ley de Vivienda, un “atajo populista” impuesto por Podemos, retraerán la oferta y a la larga subirán los alquileres. Y más en 2022, cuando la inflación disparada obligue a una revisión masiva de alquileres. Será un mal año para alquilar.